Camilo Sebastian Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

Desde el mediados de enero la vía que atraviesa el fundo Yavi Yavi en Cusco que conecta el Proyecto Minero “Las Bambas” al puerto de Matarani se encuentra bloqueada por habitantes de la comunidad de Fuerabamba.

Los manifestantes, quienes vivían en las inmediaciones del actual yacimiento de “Las Bambas”, fueron reasentados luego de un largo proceso de negociación con la comunidad en años anteriores. A cada familia se le hizo entrega de modernas viviendas de tres pisos, se les efectuó un pago en efectivo por sus terrenos y se les transfirieron tierras en el área de Yavi Yavi en Cuzco.

El bloqueo que lleva cerca de 50 días, genera pérdidas diarias de $6 millones de dólares para la Empresa minera. Por otro lado, la región Apurímac ha dejado de percibir cerca de 25 millones de soles por concepto de regalías en lo que va del conflicto. La conducta de los diversos actores con poder en este caso es ilustradora respecto a las dinámicas de poder existente entre manifestantes, el Estado y las Empresas Mineras en el Perú.

Se encuentra bastante difundida la imagen de las empresas mineras como “poderosas” gracias a los enormes recursos económicos de los que dispone. Los sectores a la izquierda del espectro político acostumbran incluir en su discurso la idea de un Estado cooptado por la actividad minera. Un escenario en el que la regulación, las fuerzas del orden y el funcionariado actúan en función de la defensa de los intereses de las empresas mineras. Implícita en esta narrativa esta la idea de un efectivo mecanismo de transformación del poder económico minero en poder político, mediático y coactivo en las zonas de operaciones de las grandes empresas mineras.

Sin embargo, tanto el actual conflicto como los bloqueos previos a las vías de acceso a Las Bambas ponen en duda esta supuesta equivalencia entre poder económico y poder político. En este caso un proyecto minero que demandó una inversión de 10,700 millones de dólares se mostró incapaz de presionar al Estado a garantizar el libre paso de su producción lo que ha llevado a la empresa a perder varios millones de soles a causa de la acción ilegal (Puesto que existe un Estado de Emergencia y leyes que castigan la obstrucción de carreteras) de unos pocos cientos de ciudadanos.

La narrativa impulsada por los anti-mineros busca caracterizar a la empresa como poderosa y abusiva, con control absoluto sobre la Policía y que ha logrado cooptar al Poder Ejecutivo y Judicial. De modo contradictorio se reconoce que esa misma empresa reporta perdidas millonarias diariamente por su incapacidad para llevar al desalojo de los manifestantes por parte de una Policía que supuestamente es “mercenaria” de la empresa. Creemos que esa narrativa es poco coherente con la realidad. Según la narrativa anti-minera (que múltiples ONGs subscriben), la Policía Nacional está sometida a los intereses de las empresas mineras. Esta podría ser enviada a desalojar a los manifestantes sin consecuencias relevantes puesto que cualquier posible penalización ante el abuso de derechos humanos sería neutralizada por un Poder Judicial controlado por las mineras y ocultada por una prensa sometida a los intereses mineros. 

La debilidad de esta visión proviene de una simplista equivalencia entre poder político y económico cuyas limitaciones se manifiestan en el caso del actual bloqueo a “Las Bambas”. Un enfoque sustentado en el tipo de intereses de los diversos actores involucrados en este conflicto podría brindar una interpretación más ajustada a los hechos.

Las comunidades de Fuerabamba tienen por interés racional el maximizar los beneficios económicos de sus miembros. Para ellos es racional -independientemente de la justicia de su reclamo- el asociarse con asesores externos como los hermanos Chávez con el fin de obtener compensaciones financieras ya sea por parte de Las Bambas o del Estado. El mecanismo más fácil para canalizar estas rentas, dados los recursos financieros y logísticos de los que disponen, consiste en infringir costos financieros a la “Las Bambas” y costos políticos al Gobierno mediante el bloqueo de vías de comunicación. Esto parte de un análisis costos beneficio básico, en la medida que ilícitos como el bloqueo carreteras no sean penados, mayores incentivos se tendrá a realizar bloqueos si se generan costos lo suficientemente altos a los actores con recursos económicos (Empresas y Estado). Posteriormente, estos actores se verán obligados a destinar recursos a los movilizados con el fin de dejar de ser perjudicados.

Un Gobierno, en democracia, tiene intereses tanto políticos como de gestión. De la misma manera que los recursos financieros son aspectos críticos para la empresa privada, la popularidad del gobierno es el principal activo a proteger por parte del Gobierno y de sus operadores. Aun un ministro o presidente corrupto se preocupa por su popularidad puesto que la misma afecta la continuidad de la posición de poder de la cual lucra. La decisión respecto a acabar o no con el bloqueo a Las Bambas, la cual corresponde al Gobierno Central, se piensa en términos de los efectos de esas decisiones sobre la popularidad gubernamental. Es decir, se toma en función a los efectos políticos esperados de semejante intervención, los efectos económicos sobre el país son de segundo orden para los gobernantes.

Para el Gobierno Central, despejar la carretera en Las Bambas implica una mejor recaudación fiscal futura e imagen de imperio de la ley frente a los inversionistas y algunos líderes de opinión. Por otro lado, implica un conjunto de riesgos, imágenes de violencia que faciliten el caracterizar al gobierno como abusivo, ruptura con sectores políticos afines a los manifestantes y perdida en la popularidad de ministros específicos (En especial el presidente del Consejo de Ministros, al que se le responsabiliza de la gestión de los conflictos sociales). Como se puede ver los factores a considerar para el Ejecutivo son eminentemente de orden político mientras que los efectos sobre la empresa minera son eminentemente económicos.

En este caso lo que está en disputa es la capacidad de los camiones “Las Bambas” para transitar por una determinada carretera. El orden legal autoriza a la empresa a hacerlo y quienes realizan el bloqueo lo hacen en contra del orden legal vigente. Sin embargo, el bloqueo se mantuvo puesto que la población movilizada se constituye en un poder factico dentro de la zona frente a una Empresa que no puede realizar acciones de fuerza de manera autónoma y un Estado que calcula políticamente su ejerce o no monopolio de la fuerza que institucionalmente le corresponde.

Esto es así porque los movilizados y sus aliados son fuertes en factores críticos de los que depende el análisis de costos y beneficios (De naturaleza política) del que dependen las decisiones del Gobierno Central en este caso. Una empresa puede disponer de muchos millones de dólares, pero hasta ahora los comuneros, políticos y activistas se muestran efectivos en infringir costos y beneficios políticos al gobierno por permitir el bloqueo. El poder discursivo comunicacional de quienes bloquean la vía y de sus aliados en la prensa, fuerzas políticas y líderes de opinión se muestra, hasta ahora, comparable o superior al de la Empresa minera y sus aliados.

Quienes bloquean la carretera son apoyados comunicacionalmente por ONGs, congresistas, algunos periodistas y líderes de opinión. Por el lado de los intereses mineros el apoyo mediático no tiene la amplitud ni la intensidad del otro bando. Este es un juego de capacidades políticas y comunicacionales más que económicas. Las Bambas es poderosa desde el punto de vista económico, pero no desde el político, por ello unos pocos cientos manifestantes pueden infringirles costos millonarios a pesar de los miles de millones de dólares que representan este proyecto minero. Lamentablemente las empresas mineras y los gremios no se han dedicado a construir los instrumentos (tales como voceros, think tanks, estudios académicos) necesarios para poder competir en pie de igualdad con los anti-mineros.

La equivalencia entre poder económico y político forma parte de las creencias básicas de gran parte de la inteligentsia peruana a pesar de los miles de millones dólares en de proyectos mineros paralizados u obstaculizados que son evidencia de lo falso de esta creencia. El sector privado tiene que entender que mientras el poder discursivo de los adversarios sea superior, en muchos casos, no podrán esperar un respaldo gubernamental consistente. Lampadia

El mundo al revés: Los policías que detienen o abaten a delincuentes se van presos o son sometidos a interminables investigaciones, mientras que ladrones y sicarios son liberados para que continúen generando zozobra en la ciudadanía. Realmente indignante. El último caso en que el Poder Judicial inexplicablemente invierte los roles (apresa a policías y libera criminales) es el de los suboficiales Harold Palomino, Cristian Ramos y Miguel Vásquez. Los dos primeros acaban de salir del penal de Lurigancho en el que pasaron dos meses luego de que el juez, Carlos Nieves, del Noveno Juzgado del Callao ordenara su detención por haber ultimado a un delincuente prontuariado luego de asaltar a una persona en mayo del año pasado. El suboficial Vásquez, aún se halla preso por este injusto fallo. Este hecho ha provocado una campaña ciudadana exigiendo la inmediata absolución de estos efectivos y sobre todo que el PJ empiece a merituar mejor estos incidentes en un momento en que la seguridad ciudadana se deteriora a pasos agigantados y la delincuencia se hace cada vez más violenta y sanguinaria. 

El trato recibido por estos suboficiales es absolutamente vejatorio e, incluso, viola el derecho a la defensa y el principio de inocencia. Como ha relatado el suboficial Ramos en una entrevista a Perú21: “Yo llegué a la audiencia pensando que era algo de rutina. Creí que, como otras veces, solo iba a sustentar cómo había sido la intervención. Sin embargo, triste fue nuestra sorpresa cuando escuchamos al juez. [Carlos Nieves, del Noveno Juzgado del Callao]. En esos momentos sentí gran frustración. Nosotros fuimos para ayudar a un ciudadano y no para abatir a un delincuente, como lo aseguró el fiscal”.

Lo mismo señala el suboficial Palomino: “En mi opinión, considero que no se siguió el debido proceso. El juez no debió firmar esa detención. Nos sentimos agraviados por la forma en que ha procedido el Poder Judicial. Es algo ilógico lo que nos ha pasado. El Ministerio Público, que denunció el caso, nunca nos citó para escuchar nuestros descargos”.

A pesar del maltrato y los malos momentos pasados, no solo por estos policías, sino por sus familiares, ambos mantienen la moral y aseguran que “no dudaría en utilizar nuevamente mi arma. Lo volvería a hacer por un ciudadano. Voy a cumplir con mi función combatiendo a la delincuencia. No tengo temor. Voy a cumplir a cabalidad. Ante todo, soy policía por vocación. Hay que recordar que nuestra labor es de todos los días: intervenir delincuentes, incautar armas, decomisar droga. Es el pan de cada día y siempre voy a estar preparado”, señala Palomino. Valientes declaraciones, lo cierto es que este es un precedente nefasto para los efectivos que tienen que estar en calles cada vez más peligrosas, con delincuentes sumamente avezados y casi todos armados. Lo más probable es que los policías se sientan inseguros de usar sus armas por temor a que jueces y fiscales los encarcelen por usar sus armas de reglamento en una intervención legítima.

Mientras nuestro sistema de justicia les da este tipo de trato a nuestros policías, el 95% de los detenidos por la PNP son liberados (según cifras del Ministerio del Interior) y el mejor de los casos el 91% (de acuerdo al PJ y el y el Ministerio Público) son devueltos a las calles. Un escándalo que explica en parte la seria crisis de inseguridad que vivimos. La cuál se agrava día a día. Como manifiesta un Editorial de El Comercio: “Es pasmoso, sin embargo, comprobar cómo esa situación original, ya bastante mala, se sigue deteriorando y a una velocidad difícil de reportar. La percepción de inseguridad en Lima se ha incrementado en 17% durante los últimos dos meses. Y, según la última encuesta de El Comercio realizada por Ipsos-Perú, nueve de cada diez limeños afirman sentirse inseguros en la ciudad”. 

Los homicidios y el sicariato se han, literalmente disparado. El uso de armas de fuego se ha generalizado entre los delincuentes. No hay casi asalto, atraco o hecho criminal en la que no se amenace a los ciudadanos con armas de fuego. Pero lo que es alarmante es como las extorsiones se expanden a casi todas las actividades económicas. De la construcción, han saltado al transporte público y bodegas. Ahora son extorsionados dueños de colegios, hostales, restaurantes, pequeños comercios. Todos los días se reportan casos de esta naturaleza en la que se dejan granadas en puertas de negocios o se disparan contra fachadas. Esta actividad se ha salido de control por completo y es urgente remediarla pronto.

Al igual que en los casos de lucha contra la delincuencia común, los jueces se ponen de parte de manifestantes violentos y criminales cuando estallan conflictos políticos. Así lo demuestra la actuación de la jueza de Investigación Preparatoria de Mollendo, Janeth Lastra, quien desestimó el pedido de la Fiscalía que solicitó prisión preventiva de nueve meses contra 13 procesados a los que detuvo la policía por bloquear vías públicas y por enfrentarse con las autoridades.

A pesar que la jueza sostuvo que habían suficientes indicios de que estos sujetos habían incurrido delito de entorpecimiento de vías públicas, que tiene como pena mínima cuatro años de prisión, los dejó para se les siga el proceso en libertad y los sometió a reglas de conducta. Y como en el caso de los delincuentes comunes, tampoco consideró que se había probado la existencia de indicios que demostraran que los detenidos lanzaron piedras a los policías para causarles daño, sin considerar los numerosos heridos y  el asesinato de uno de ellos. Es decir nadie defiende a los policías contra los radicales que los amenazaron con violar a sus mujeres. (Ver en Lampadia: No se puede poner a los policías como carne de cañón)

Es hora pues que toda la ciudadanía se una contra la delincuencia y defienda a la policía de ataques en protestas violentas y en su lucha por preservarnos de la delincuencia común. Es imperativo que el Sistema  Justicia esté alineado con este clamor cívico. Lampadia