La Cuadratura del Círculo es un espacio producido por IIG – Infraestructura institucionalidad y Gestión, con la colaboración de Lampadia como media partner.

Presentamos el siguiente video sobre Gamarra: el problema y la solución. Participan Diógenes Alva, líder empresarial de Gamarra y Juan Infante, ex-director ejecutivo de Prompyme como invitados, y Jaime de Althaus, Fernando Cillóniz y Gonzalo Prialé.

Las opiniones vertidas por los participantes no necesariamente representan la opinión institucional de IIG sobre los temas tratados.

Lampadia

Guido Valdivia
Director Ejecutivo de CAPECO
Para Lampadia

Una reciente investigación de GRADE ha determinado que el 93% de la expansión producida en nuestras 43 principales ciudades en los últimos veinte años, corresponde a tráfico de tierras o a lotizaciones informales. La gran mayoría de estas ocupaciones no es promovida por personas necesitadas de vivienda, sino por poderosas mafias que cuentan con la complicidad de autoridades locales, policiales, fiscales y judiciales. La detención de un número creciente de alcaldes distritales en zonas periféricas de nuestras grandes ciudades es apenas una muestra del nivel de influencia y sofisticación que estas organizaciones criminales han alcanzado.

Este mercado negro se explica principalmente por (a) la indiferencia de las autoridades responsables del desarrollo urbano en el país, tanto en el nivel central como en el local; (b) las restricciones legales y administrativas para incorporar suelo de manera formal al ámbito urbano; y (c) la vigencia un modelo perverso de inversión para la dotación de servicios de agua y desagüe.

En principio, los planes urbanos casi todas nuestras ciudades están completamente desactualizados – Lima aprobó su último plan en 1990 y debió ser reemplazado en el 2010 – y ni siquiera se implementan modificaciones parciales de sus instrumentos de gestión para regular sus áreas de expansión.

 En segundo término, los grandes propietarios de suelo en las periferias son las comunidades campesinas -que están impedidas por ley de transferirlos para usos urbanos- y el Estado que tiene una actitud muy pasiva para defender sus predios y en algunos casos -como el de las fuerzas armadas- muestra una resistencia absurda a poner en el mercado terrenos subutilizados. Claro, estas restricciones solo rigen para el mercado formal, porque los traficantes y lotizadores informales pueden invadir, regularizar y vender con total impunidad. Las 68 mil hectáreas que, según GRADE, se incorporaron irregularmente a las áreas urbanas desde el 2001, ha significado un ingreso no menor de 20 mil millones de soles a estas organizaciones delictivas.

Por último, las empresas prestadoras de servicios solamente “siguen a la invasión” y sus inversiones las hacen con dinero del Ministerio de Vivienda, sin obligación de reembolsarlo, lo que les permite mantener tarifas irrisorias. En cambio, solo un pequeño porcentaje de la inversión (en Lima llega al 20% y en el resto es mucho menos) se destina a la renovación de redes, lo que dificulta la necesaria densificación y provoca grandes aniegos como el que afectó a San Juan de Lurigancho el 2019.

Las invasiones son caras y matan. A la ocupación irregular de suelo, se suma la construcción informal que afecta a no menos de 3 millones de hogares urbanos. La baja calidad de estas edificaciones las vuelve vulnerables. Si un sismo de intensidad semejante al que se produjo en Pisco el 2007 ocurriese en Lima, se vendrían abajo no menos de 550 mil viviendas y morirían 60 mil personas y colapsaría buena parte de las redes de agua y desagüe que abastecen a los 9,000 barrios marginales donde vive casi la mitad de la población limeña. Otorgar estos servicios a familias asentadas informalmente cuesta entre 2 y 9 veces más que si estas vivieran en un proyecto habitacional formal. Todo ello sin considerar la pérdida de productividad que genera una ciudad desarticulada e ineficiente.

Es posible terminar con este modelo pernicioso. El gobierno central debe invertir en la actualización de planes y catastros urbanos; crear una empresa pública de suelo (un Mivivienda de la oferta) que incorpore suelo con servicios al mercado para que promotores privados desarrollen proyectos habitacionales; modificar la legislación sobre terrenos de comunidades campesinas y del Estado; y destinar al menos un 10% del dinero que se “invierte” en agua y saneamiento, a dotar de estos servicios a programas sociales de vivienda.

Finalmente, se necesita triplicar los subsidios y créditos hipotecarios para producir las 120 mil viviendas anuales que se requieren para alcanzar un 80% de construcción formal, proporción que se da en Chile, por ejemplo. Reducir las inversiones en saneamiento sincerando tarifas y otorgando subsidios directos a quienes no pueden pagarlas, así como permitir que los gobiernos sub-nacionales implementen sus propios programas de subsidios utilizando una parte de los recursos que reciben por canon y regalías, alcanzaría para financiar estas metas. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 17 de enero de 2020
Para Lampadia

Muchas personas despotrican contra la informalidad en nuestro país. Políticos, periodistas, académicos… la informalidad tiene muchos detractores. ¿Qué dicen estos sabelotodo al respecto? Pues que la economía del Perú es 70% informal… y que ese es el principal problema del país.

La pregunta es ¿por qué tantos compatriotas compran y venden sin factura? Mejor dicho ¿por qué evaden el IGV? que – como se sabe – es el 18% del valor del producto o servicio en cuestión.

Muchos despotrican – también – de la informalidad laboral. O sea, de las empresas que no pagan “beneficios sociales” a sus trabajadores. La pregunta es ¿por qué evaden los aportes a las AFP y a Essalud? los cuales suman alrededor del 23% de las remuneraciones (14% a las AFP, y 9% a Essalud). ¿Por qué evaden los pagos por vacaciones (1 mes al año), gratificaciones (2 meses al año), y CTS (1 mes al año)? ¿Por qué?

A ese respecto, pregunto: ¿sabrán esos criticones que hay casos en que los “beneficios sociales” superan a las remuneraciones efectivas que perciben los trabajadores? O sea, si un trabajador gana como 100 ¡el costo para las empresas es como 200… o más!

Sí pues… es muy fácil hablar – desde la tribuna – en favor de la formalidad y la estabilidad laboral. Pero ¿por qué no les preguntan a los pequeños empresarios… qué opinan de ello? ¿Por qué no se ponen en su pellejo? ¿Qué pasa si caen las ventas? Y si caen ¿de dónde sacarían la plata para pagarles a los trabajadores?

Bueno pues. Eso que no es mayor problema para las grandes y medianas empresas, sí lo es para miles – y miles – de pequeñas empresas que son la gran mayoría en nuestro país. Reconozcámoslo. Nuestra legislación laboral es muy onerosa – y rígida – para los pequeños empresarios.

Ahora veamos el caso desde otro ángulo… ¿acaso el Estado es un buen administrador de nuestros impuestos? ¿Cómo están los servicios de agua, salud, educación, seguridad y limpieza pública? ¿Y en cuanto a la corrupción en el Estado… acaso no abundan los casos de funcionarios corruptos que abusan – precisamente – de los pequeños empresarios?

Entonces ¿qué esperábamos? ¿Formalidad con alta tributación, rigidez laboral, y corrupción estatal? No pues. Había que ser muy ingenuo para esperar formalidad bajo esa nefasta trilogía.

Pero ahí no terminan los males de los informales. Las altísimas tasas de interés bancarias son un problema. La ausencia de Institutos Superiores Tecnológicos especializados en los rubros “informales” también. Y mil carencias más.

CONCLUSIÓN: El Estado tiene una gran responsabilidad en la problemática de la informalidad en nuestro país. Efectivamente, aparte ser honesto y eficiente, debería bajar el IGV. También debería flexibilizar – e incluso abaratar – el empleo formal. Por otro lado, debería promover una mayor competencia entre empresas bancarias especializadas en el financiamiento de pequeñas y microempresas, para que bajen las tasas de interés. Asimismo, debería asumir un rol mucho más proactivo en el tema de la capacitación requerida por los empresarios informales.

Seamos sinceros. Dejémonos de hipocresías. Si no fuera por los pequeños empresarios informales, el desempleo en el país sería una bomba de tiempo. Y la economía estaría en estado ruinoso. Por todo ello – y por mucho más – el país está en deuda con los informales. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 13 de diciembre de 2019
Para Lampadia

Grandes, medianos y pequeños. Los empresarios privados son los mayores generadores de trabajo, riqueza y bienestar. Hablando de inversión a nivel nacional, se estima que los empresarios privados – sobre todo los pequeños y medianos – aportan alrededor del 80%. Y el Estado – o sea, la inversión pública – alcanza apenas al 20% de todo lo que se invierte en el país.

En otras palabras. Mucho más se invierte en empresas privadas que producen todo tipo de bienes y servicios, que en carreteras, redes de agua y alcantarillado, escuelas, hospitales, etc. ¡4 veces más!

También se sabe que el principal origen de los fondos que se invierten en el país, son locales. Es decir, los inversionistas son – en su gran mayoría – peruanos.

Dicho esto ¿cómo explicar que el Estado maltrate tanto a los inversionistas privados? ¿Acaso el Estado no está para facilitar la generación de trabajo, riqueza y bienestar para la población?

Obviamente, lo van a negar. Pero es así. Las burocracias municipales – sobre todo las distritales – constituyen los mayores obstáculos para los inversionistas privados. Incluso, para las inversiones públicas.

Las Licencias de Construcción han devenido en un escollo tremendo para las inversiones. A ese respecto, las municipalidades se han convertido en unas cajas negras donde si no hay marmaja bajo la mesa… piña. ¡No hay licencia! Y lo mismo ocurre con las Licencias de Funcionamiento de hoteles y restaurantes, tiendas, locales industriales, etc.

La pregunta es ¿y los órganos de control? ¿Y la Policía y el Poder Judicial? ¿Y la Defensoría del Pueblo? En general ¿qué hace el Estado para corregir tamaño maltrato? NADA. Peor aún. El Estado forma parte de las mafias que se oponen al desarrollo empresarial en nuestro país.

Y así por el estilo. Los municipios provinciales y los Gobiernos Regionales son parte de las redes que se oponen a las inversiones. Repito. Inversiones públicas e inversiones privadas. Y el Gobierno Central, igual.

Aunque parezca mentira, Proinversión es una gran traba para las inversiones en el país. Y los ministerios también. Entre ellos, se traban unos a otros. Ambiente y Cultura son claramente anti inversionistas. La pujante y sacrificada pequeña minería iqueña ha sido ilegalizada por el Ministerio de Cultura. Yo puedo dar fe de ello. El Ministerio del Ambiente – y su séquito de Organismos Públicos Descentralizados – se opone al desarrollo portuario de Ica. Su proceder los delata.

¿Qué espera el Gobierno para corregir tanta inoperancia? No se sabe. Pero lo cierto es que los rankings de competitividad denotan este deterioro de manera objetiva, sistemática, y crónica. Cada publicación resulta más de lo mismo. “El Perú cae “x” posiciones en el Ranking Mundial de Competitividad. Cada vez es más difícil y engorroso invertir en el país. La tendencia se mantiene desde hacen 10 años”.

Conclusión: el Gobierno está en otra cosa. No le interesa la competitividad del país. Y menos, las inversiones. El Gobierno está en lo que está. Lo único que le interesa es la confrontación política. La seudo lucha contra la corrupción. Y digo “seudo” porque es falsa. El Gobierno – en el fondo – no está luchando contra la corrupción. Me refiero a la corrupción menuda… por así decirlo. A la golpea directamente a la población. A la corrupción brava. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 22 de noviembre de 2019
Para Lampadia

Viajar por el Perú es apasionante. No hay país en el mundo que nos iguale en prodigios naturales. Además, nuestra gente es encantadora. Sin embargo, las crónicas de maltratos estatales se repiten a lo largo y ancho de todo el país.

Esta semana – aparte de Lima – estuve en Moquegua, Tacna, Trujillo, Chincha y Pisco. Y claro… uno conversa con la gente y se entera de cosas. En Moquegua estuve en ese colosal local del Gobierno Regional que provoca – al menos, en mí – una indignación de aquellas. ¡Cómo es posible que hayan priorizado semejante monstruo cuando el servicio de agua potable para la población es tan deficiente!

El tema “agua” está muy presente en todos lados. Agua para la población. Agua para la agricultura. Desagües paupérrimos. Conflictos por el agua. El problema es que el tema gira en torno a la escasez del agua. O, a su mal uso. Sin embargo, el Estado hace muy poco al respecto. Por no decir, nada.

Pero también está el maltrato en los hospitales públicos. Será porque saben que en Ica mejoramos la atención a los pacientes sancionando a los médicos corruptos, pero lo cierto es que mucha gente me toca el tema. Colas de amanecida. Médicos que cobran por lo bajo. Robos de medicamentos. Equipos malogrados… adrede. Y cosas por el estilo.

Corrupción e indolencia; esos son los denominadores comunes de la salud pública en todo el país. Por eso pregunto ¿y el Ministerio de Salud? ¿Y la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD)? No se oye padre. La salud pública en nuestro país está a merced de mafias. Mafias de la salud. El problema es que el Estado – al parecer – ha resuelto convivir con ellas.

Después está el tema de la corrupción en el Ministerio Público y en el Poder Judicial. Jueces que reponen a funcionarios corruptos. Fiscales que acogen denuncias maliciosas. Y los policías corruptos tampoco se quedan atrás. Y los alcaldes y gobernadores. Y los consejeros y regidores. Y los periodistas corruptos. Como dice la canción “y total corrupción hay en todos lados”.

En el VRAEM la policía brinda seguridad a los narcos. Eso me dijo un taxista en Trujillo. El taxista era un policía en retiro que había servido en el VRAEM. El detalle de su testimonio respecto de la emboscada que sufrió – él y su grupo – fue estremecedor. Pero nada tan impactante como las órdenes que recibía de sus superiores para garantizar la seguridad de las avionetas de los narcos.

Las mafias de las licencias de conducir están sueltas en plaza. Por S/. 500 tienes un brevete sin dar ningún examen… con todas las de la ley. Las licencias de construcción y de funcionamiento salen – si y sólo si – si te matriculas con unos billetes por lo bajo.

Hasta docentes universitarios corruptos aparecen en estas crónicas de unos maltratos anunciados. Si quieres que te apruebe, págame. Así opera el chantaje de maestros a alumnos en algunas universidades de nuestro país.

El aeropuerto de Lima no da más. ¡Una hora tuvimos que esperar en la pista de aterrizaje! ¡Dentro del avión… en tierra! Y todo porque no había mangas ni buses disponibles. Eso también se llama maltrato.

Y colorín colorado estas crónicas de maltratos ha acabado. ¡Por ahora! Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 8 de marzo de 2019
Para Lampadia

La política peruana es un fracaso – entre otros motivos – por la perversa discontinuidad de los buenos funcionarios del Estado. Veamos el caso del deterioro reciente del servicio de salud pública en Ica.

Como se sabe, Ica fue la única región – a nivel nacional – que logró eliminar las colas en los hospitales públicos. Y ¡vaya que fue difícil lograr dicha mejora! Pero valió la pena. Las expresiones de gratitud y aprecio – de muchos pacientes – fueron muy tiernas y reveladoras.

Para ello tuvimos que confrontar a las consabidas mafias enquistadas en los hospitales de Ica, tal como ocurre en muchos hospitales públicos de todo el país. Entre paréntesis… el gremio médico es mucho más corrupto de lo que cualquier ciudadano común y corriente pudiera imaginar.

Para muestra… unos botones. Abandonos de trabajo, cobros indebidos, agresiones físicas, robos de fármacos, compras de medicamentos vencidos, sustracciones de equipos, falsificaciones de títulos académicos, etc. Ante ello, no nos quedó otra alternativa que aplicar la ley. Esto es, destituir y suspender a un centenar de médicos, enfermeras, técnicos, y funcionarios administrativos que formaban parte de las mafias.

El hecho es que – contra viento y marea – logramos modernizar la gestión hospitalaria. No obstante, la gran mejora se logró cuando digitalizamos el sistema de programación de citas para consultas externas. En realidad… el sistema heredado estaba diseñado – deliberadamente – para facilitar el accionar de la corrupción.

Entonces… la pregunta es ¿por qué cambiaron a los directores – y demás funcionarios – que lograron eliminar las colas y mejoraron la atención de los pacientes? ¿Acaso no hubiera sido mejor mantenerlos en sus cargos… al margen de la alternancia en el Gobierno Regional?

¡Qué sabe el burro de alfajores! ¿Qué puede saber – de gestión hospitalaria – un Gobernador Regional cuya profesión es Ingeniero Civil? Dicho sea de paso, yo también soy ingeniero. Y – por ende – tampoco tenía porqué saber de salud pública.

Sin embargo… lo que sí teníamos que saber – ambos – es si la atención era buena o mala. O más fácil… ¿hay colas o no? ¿Los médicos abandonan – o no – los hospitales para atender a los pacientes en clínicas privadas? ¿Hay robos de medicamentos… sí o no? ¿Hay cobros indebidos… sí o no?

A ese respecto – lamentablemente – las colas, los maltratos, y las coimas han vuelto a los hospitales de la región. Y eso lo sabe el Gobernador Gallegos. Incluso, algunos funcionarios destituidos – cuyas sanciones habían sido ratificadas por el tribunal de SERVIR – han sido repuestos en sus cargos. ¡Qué lástima! Lo que con tanto esfuerzo logramos corregir, se ha echado a perder… ¡en menos de tres meses!

Y lo mismo se puede decir de la discontinuidad en la gestión de otras dependencias del Gobierno Regional. Dependencias que requieren de especializaciones muy propias de cada sector…. cosa que no vemos en la actual administración.

Plan Cero Colas, Coro Sinfónica, Startups Tecnológica, Siembra y Cosecha de Agua, Gran Amauta, Tercerización de Huacachina. “Los programas de la gestión anterior… no van más”. Esa fue la orden. El clientelismo político está de vuelta. Los cargos en el Gobierno Regional se asignan al mejor postor. ¿Meritocracia? A esos tipos no les interesa la meritocracia… a esa gente sólo le gusta la marmaja.

Política retrógrada y mafiosa… ¡cuánto daño le haces al Perú! Lampadia

Fernando Cillóniz B.
Ex Gobernador de Ica
CILLONIZ.PE
Ica, 9 de enero de 2019
Para Lampadia

Las Secretarías Técnicas son las instancias administrativas encargadas de velar por el orden y disciplina laboral en las instituciones del Estado. En ese sentido hay que ser sinceros. Las Secretarías Técnicas – en términos generales – no funcionan como debieran. No solo en el Congreso de la República se da el conocido refrán que dice “otorongo no come otorongo”. En las demás dependencias del Estado pasa – exactamente – lo mismo.

En efecto, los Secretarios Técnicos son los que:

• “No ven” a los médicos corruptos que abandonan los hospitales en horario de trabajo.
• Tampoco “ven” a funcionarios corruptos sustraer equipos y materiales.
• “No ven” la corrupción de las mafias de los brevetes.
• Muchos Certificados de Estudios y de Trabajo – falsos – presentados por funcionarios corruptos para acceder a puestos de trabajo están ahí – en los archivos del Estado – “sin ser vistos” por los Secretarios Técnicos.
• Lo mismo sucede con facturas falsas que sustentan gastos de viáticos de manera dolosa.

Las Secretarías Técnicas – salvo contadas excepciones – son parte de las mafias enquistadas en el Estado. Así es la nuez.

Los Órganos de Control Institucional tampoco funcionan como debieran. Los OCI´s se dedican más a denunciar errores administrativos intrascendentes, que a perseguir y sancionar a funcionarios corruptos… los cuales – dicho sea de paso – están frente a sus narices.

Para muestra un botón. El OCI del Gobierno Regional de Ica no detectó – y menos sancionó – a ningún funcionario por las corruptelas indicadas en el párrafo anterior. ¡500 malos funcionarios fueron sancionados – por ese tipo de faltas graves – por el Gobierno Regional de Ica! Sin embargo, el OCI… ¡ni cuenta se dio!

Por otro lado. Los OCI´s no valoran – para nada – los logros institucionales.

Para muestra… otro botón. La Ex Directora Regional de Transportes de Ica – Doctora Rossana Vera Pariona – logró erradicar la corrupción en la entrega de brevetes… cosa que ninguna otra Dirección Regional de Transportes logró a nivel nacional. Y menos… el propio Ministerio de Transportes en Lima. Incluso, agilizó la entrega de brevetes de manera extraordinaria. No obstante, el OCI la está cuestionando por un tema – absolutamente intrascendente – de corte administrativo. Al pan, pan; y al vino, vino.

PROPUESTA: La Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) debería evaluar y capacitar a los Gerentes Públicos de todas las instituciones del Estado. Nadie – en el Estado – debería poder contratar a ningún director o gerente público… sin que previamente haya sido evaluado – profesionalmente y sicológicamente – por SERVIR. Y si SERVIR no pudiera darse abasto para tamaña tarea, empresas privadas especializadas en la materia – supervisadas por SERVIR – podrían hacerlo.

Además, hay que eliminar muchas Secretarías Técnicas y consolidarlas en unas pocas… altamente equipadas y calificadas. Aparte de resultar oneroso mantener a tantos funcionarios inoperantes – y encima corruptos – muchas Secretarías Técnicas generan el gran problema de la disparidad en las sanciones. Yo puedo dar fe de ello. Mientras que en Ica destituíamos a médicos tramposos que abandonaban el hospital en horas de trabajo, en Palpa – por la misma falta – médicos corruptos no recibían ninguna sanción. Obviamente, había un contubernio – descarado – entre la Secretaría Técnica del Hospital de Palpa y los médicos corruptos… a diferencia de lo que ocurría en los hospitales de Ica, donde las Secretarías Técnicas eran probas y eficientes.

Disciplina e idoneidad en el Estado… ¿tanto nos cuesta llegar a ello? Lampadia

Fernando Cillóniz B.
Gobernador Regional de Ica
Lima, 21 de diciembre de 2018
Para Correo Ica y Lampadia

Los iqueños tenemos motivos de sobra para celebrar – felices – estas fiestas de Fin de Año. Ciertamente, no me refiero a los amargados de siempre para quienes todo está mal… nada está bien. Aquellos que lo único que hacen es insultar a través de las Redes Sociales, donde vomitan sus groserías y maledicencias. Eso sí… nunca dan la cara. Son devotos del dios cobardía.

En fin… ¡allá ellos! Mejor celebremos con alegría lo que tenemos a nuestro alcance, y lo que tenemos por venir… “en el nombre del agua, la salud, la educación, y la justicia”.

En el nombre del agua… hemos logrado la Hermandad con Huancavelica y Ayacucho. Gracias a ella, hemos construido decenas de reservorios en las cabezadas de nuestras cuencas. Y con el agua almacenada en dichos reservorios, hemos plantado miles de hectáreas de bosques, y cercado otras tantas hectáreas de pastizales.

Además, la Hermandad del Agua ha propiciado el respaldo huancavelicano a la Iniciativa Privada Cofinanciada para el afianzamiento hídrico de Huaytará – Ica y Castrovirreyna – Pisco. O sea… ¡el sueño del Agua Grande se hace realidad!  

En el nombre de la infraestructura… tenemos obras nuevas muy interesantes. La autopista Chincha – Pisco. El aeropuerto de Pisco… modernísimo. El Puerto de Pisco… en pleno proceso de construcción. Y las carreteras de penetración Chincha – Villa de Armas – Huancavelica, e Ica – Los Molinos – Huaytará.

Por venir… tenemos la autopista Pisco – Ica. La Vía de Evitamiento de Ica. Y la autopista Ica – Desvío Quilca, en Arequipa. También vienen… el Tren de Cercanías Lima – Ica. El Tren Apurímac – Marcona. Y el nuevo Puerto de Marcona.

En el nombre de la salud… pregunto: ¿gente amargada… tanto les cuesta reconocer nuestros logros? Dicho sea de paso… ¡qué impertinente resultó la reciente visita del Gobernador Regional electo – al Hospital Regional – con un séquito de periodistas chantajistas para fotografiar bolsas de basura… listas para su disposición final! ¿Tanto les gustan las vísceras encarroñadas? Peor aún… ¡qué irresponsable la idea de ir – en mancha – a las salas de cirugía y a la UCI, después de haber estado en contacto con materiales contaminados! ¿Chantaje? ¿Arrogancia? ¿Figuretismo?… ¡Pésimo ejemplo!

Aun así, en Salud tenemos mucho que celebrar. Cero colas en nuestros hospitales. Más y mejores servicios asistenciales. Epidemia de Dengue controlada. Mayor nivel de satisfacción de los pacientes. ¡ETCÉTERA!

Sigamos. En el nombre de la educación… estamos muy felices. Más matrículas escolares. Mejores aprendizajes. Hemos triplicado el medallero olímpico escolar. SINFÓNICA – nuestro coro de 1,800 niños – es el deleite de muchos iqueños. Y TECNOLÓGICA ya lanzó al mercado sus primeras “Startups”.

Finalmente, en el nombre de la justicia… ¡qué bien hicimos en darle duro a los corruptos! Estábamos dominados por varias mafias. En Transportes, coimeaban a sus anchas… y no pasaba nada. En Salud, abandonaban el Hospital… y no pasaba nada. Incluso, cobraban como si hubieran trabajado normalmente. Todo amparado por el Colegio Médico de Ica. En Educación, manoseaban a las alumnas… y no pasaba nada. Las mafias incluían a Congresistas, Consejeros Regionales, periodistas, etc. Hasta los “Número 1” estaban metidos en la danza. Pues bien – por fin – esta vez perdieron los corruptos.

Por todo ello – a pesar de los amargados – celebremos felices estas Fiestas de Fin de Año. ¡Salud Ica! Lampadia

El haber llevado a cabo una regionalización apresurada, irresponsable y politiquera viene representando un enorme costo social, político-institucional y económico al país.  Como hemos señalado “el gran culpable de estas decisiones disfuncionales es el ex presidente Toledo y todo el Congreso que acompañó su gestión. Pero no puede dejar de reconocerse que el proceso fue agravado, por las mismas razones, durante el segundo gobierno de Alan García”. De alguna manera el actual gobierno se hace cómplice de este fenómeno básicamente por omisión (ver en Lampadia (L): La fragmentación política favorece ineficacia y corrupción). 

Anteriormente, hemos señalado que comportamientos disfuncionales como corrupción, gastos absurdos (piscinas, estadios, monumentos), autoritarismo (ver en L: Stalinismo en Cajamarca) se deben a un mal proceso de regionalización que, no contempló establecer los debidos “checks and balances”, en especial los referidos a rendición de cuentas y a la discrecionalidad absoluta de la que gozan. Tampoco consideró la elemental designación de segundas instancias para evitar que los (pésimamente denominados) presidentes regionales actúen como reyezuelos.

A eso se sumó el surgimiento de mafias dispuestas a capturar los gobiernos locales a sangre y fuego. Por eso los elevados atentados contra candidatos en las última elecciones. Como señala el estudioso costarricense, Kevin Casas Zamora, “la descentralización política, cualesquiera sean sus virtudes, crea un problema complicado… para un mafioso es mucho más barato y menos visible comprar a un alcalde que comprar a una autoridad nacional”.

Para colmo de males, con esta debilidad institucional se les asignó inmenso recursos fiscales del canon, regalías y “aportes extraordinarios”, justo en un momento en que luego del apagón de treinta años la inversión privada llegó a las provincias (Ver en L: Descentralización y Regionalización – Cara y Sello del nuevo Perú).

Esta situación, como lo señalan diversos estudios es indeseable para la democracia y, puede ser una de las causas del autoritarismo subnacional. Como asegura el politólogo argentino de la universidad de Notre Dame, Carlos Gervasoni, las transferencias fiscales serían una especie de rentismo  (“las rentas entendidas como ingresos (generalmente elevados) percibidos a cambio de un pequeño esfuerzo productivo”). Estos montos convierten a los gobiernos subnacionales en rentistas y al producirse esta relación, por lo general, genera un autoritarismo latente.

Mediante un análisis estadístico para el período 1983-2003 en la argentina Gervasoni estableció una correlación negativa entre renta fiscal y democracia en las provincias de esta nación. De esta forma este politólogo concluye que, las excesivas transferencias que se realizan a determinadas provincias “contribuyen decisivamente al establecimiento de  regímenes subnacionales poco democráticos”. Si bien reconoce que el establecimiento de una democracia saludable se debe a diversas causas, queda claro que el bajo nivel democrático de muchos municipios y provincias y regiones latinoamericanas se debería a este fenómeno que denomina rentista.

Pero en el Perú, no solo ha generado esta situación que explicaría bien lo ocurrido en Áncash y Cajamarca, sino que ha impedido que se entienda que esos ingresos provienen de la inversión privada. De allí el inentendible grito de “canon sí, minería no”.

Si una autoridad regional cree que tiene derecho a seguir recibiendo ingentes fondos sin relación con ningún esfuerzo de su parte, termina asumiendo que no debe: dar cuentas, entender el verdadero origen de los fondos (canon y regalías de los impuestos de las inversiones privadas), usarlos a su libre albedrío para acrecentar su poder o imagen, no necesita de nada más, como promover más inversión privada y, finalmente, comportarse con respeto por lo ajeno y más bien, muchas veces, caen en la corrupción más descarada.

Felices con los recursos, que prácticamente “les caían del cielo”, poco les importó e importa a las autoridades locales esforzarse por atraer y contribuir a que la inversión privada se instale en sus jurisdicciones, por el contrario se han dedicado a obstaculizarla, ponerles gravámenes, trabas e incluso como en Cajamarca, financiar (con dinero público) la oposición a proyectos mineros. Es hora de repensar la regionalización. Lampadia