Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 26 de junio de 2020
Para Lampadia

Un tema tabú es como un secreto a voces. Todo el mundo lo sabe, pero nadie se atreve a hablar de él públicamente. Lo políticamente correcto – o incorrecto – tiene mucho que ver en el asunto.

Veamos. El fracaso de la Ley General del Trabajo… es un tema tabú. El desmedido crecimiento burocrático del Estado peruano durante los últimos 15 años… también. El fracaso de las empresas municipales de agua y saneamiento. La corrupción en la salud pública. El fracaso de la regionalización. La proliferación de las burocracias distritales en todo el país. Las mafias municipales que promueven las invasiones de tierras. La inoperancia del Estado en materia de administración de justicia. La precariedad del Congreso de la República. La corrupción en el Jurado Nacional de Elecciones. La redundancia institucional en el Estado. El chantaje periodístico en todo el país. La infiltración del narcotráfico en el Estado.

La política peruana está llena de temas tabúes. Sin embargo – en aras del bien y la justicia – es mejor cantar las verdades, aunque resulte políticamente incorrecto. Siempre – por supuesto – proponiendo soluciones para corregir los problemas. Además… ¿no es acaso la ciudadanía la gran perjudicada de los temas en cuestión?

Precisamente por ello – por los trabajadores informales…. jóvenes, sobre todo – hay que flexibilizar la legislación laboral. La Ley General del Trabajo – seamos sinceros – es la madre del cordero de la informalidad laboral en nuestro país. ¡Qué importa que chillen las élites laborales formales! La pregunta es ¿cómo formalizar a 12 millones de peruanos que trabajan en condiciones informales? ¡Ese es el reto!

El tema del agua potable no da para más demagogia. Hay que seguir el ejemplo de las concesiones de otros servicios públicos, supervisados por el Estado; como la telefonía, la electricidad, el gas domiciliario, etc. El objetivo es llevar agua potable a la población, a precios razonables. El objetivo no debe ser – tal como ocurre actualmente – mantener las burocracias enquistadas en las empresas municipales de agua y saneamiento… fallidas. Y lo mismo hay que hacer con el recojo de basura y tratamiento de residuos sólidos.

Por el lado de la salud pública, hay que replicar en todo el país las exitosas experiencias de los hospitales Alberto Barton del Callao, y Guillermo Kaelín de Villa María del Triunfo – de la red de hospitales de EsSalud – donde empresas especializadas se encargaron del diseño, construcción, equipamiento, y operación y mantenimiento de los hospitales. Aquí la palabra final la tienen los pacientes y sus familiares. Y las palabras más recurrentes de parte de los pacientes de estos hospitales son: satisfacción, gratitud, aprecio, y otras por el estilo.

Y termino – por cuestiones de espacio – con las mafias municipales distritales. Me refiero a las que promueven invasiones de tierras para la instalación de asentamientos humanos sin ningún criterio urbanístico. Es decir, viviendas de esteras o de cartón… sin agua, sin luz, sin parques ni áreas de recreación, sin escuelas, sin postas médicas, sin comisarías, etc. En síntesis, la indignidad humana en su máxima expresión.

Ante ello, hay que quitarles a las municipalidades distritales la competencia de otorgar certificados de posesión de terrenos. Simplemente, porque en la mayoría de los casos, son los propios alcaldes – y sus regidores – los promotores de dichas invasiones, para lucrar indebidamente con todo lo que sigue a continuación: ventas de esteras y agua en cisternas, titulación de las propiedades invadidas, servicios de seguridad y vigilancia, y otros negocios de baja estofa.

La solución a este respecto pasa por la creación de una autoridad nacional autónoma cuyo fin único sea el de desarrollar – a nivel nacional – urbanizaciones populares para acoger a cerca de un millón seiscientas mil familias peruanas que carecen viviendas dignas. Demás está decir que el financiamiento de este vasto programa urbanístico no requeriría de fondos públicos por cuanto el mismo dinero que cobran las mafias de las invasiones de tierras, alcanzaría – y sobraría – para financiar el proyecto urbanístico en mención.

En fin… estas son ideas – solo ideas – respecto de ciertos temas tabúes de la política peruana. Lampadia

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

El tema único del Sr. Vizcarra es la lucha contra la corrupción y no podemos estar más de acuerdo que, ese es un tema central en el Perú.

Dicho esto, es importante revisar qué encierra el concepto corrupción, pues pareciera que “ponerse del lado de los buenos” es la posición a la que aspira el señor presidente y me parece que ahí, hay mucha tela para cortar…

En términos generales, la corrupción es planteada como dos caras de una misma moneda; una activa, la del corruptor y la pasiva, la del corrompido por ese corruptor. Ese es un enfoque muy usado en la narrativa de los políticos que plantean el tema de la corrupción y fundamentalmente en la relación entre el sector público y el sector privado.

Con frecuencia se describe a un empresario que busca tomar ventajas en su relación con el sector público, corrompiendo a un funcionario para que le facilite los resultados por él esperados. Es cierto que esa dimensión de la corrupción existe, pero mucho más frecuente es aquella que el político y el burócrata, haciendo uso de su poder circunstancial, fuerza las condiciones para hacer inminente la “necesidad” de generar una “contraprestación” (coima) para otorgar la buena pro de una licitación o dar simplemente trámite a una autorización o permiso, de esos que en los últimos años han proliferado, para ejecutar algún proyecto o tan simple como obtener un brevete o certificado médico. No quiero aquí levantar el caso de las mafias organizadas de médicos que no cumplen sus labores correctamente, ni atienden a todos los pacientes que debieran atender. Tampoco el de los médicos que otorgan certificados médicos fraudulentos para generar indemnizaciones y pensiones por “enfermedades profesionales” inexistentes y estafar así al sistema de seguros de actividad de riesgo (SCTR).

Detesto levantar el caso de malos policías que, lejos de perseguir el crimen y otorgar seguridad a los ciudadanos, están en los patrulleros a la caza de algún incauto que pueda tener alguna condición vulnerable para sacar ventaja económica de ella y así hacer su guardia y lograr ingresos económicos que largamente excederán su remuneración. Más detestable aún los casos de generales de las FFAA y PNP que tomaron ventaja de su rango y posición, para robar los bienes (combustible, por ejemplo) que debieran haber sido usados para el servicio o robar los recursos otorgados para la alimentación de su tropa. Estos casos se hacen públicos y los levanta la prensa, pero nadie se refiere a la forma como alcaldes y gobernadores regionales incurren en las mismas prácticas para el robo de los recursos del Estado.

Pero más allá de estos casos de corrupción evidentes a los ojos de la población, tenemos el caso más nocivo de corrupción, más impactante y dañino, pero silencioso y este es el de la asquerosa pasividad (una resistencia pasiva a trabajar) de los gobernantes y burócratas que, llenos de parafernalias, prebendas y “honores”, pasan los días sin cumplir la misión que la Nación les encomendó y, por su omisión de función, han logrado paralizar al país, hacer que la inversión privada se retraiga, que los proyectos privados se posterguen y que la inversión pública no llegue sino a la mitad de lo previsto y presupuestado.

Viajar sin propósito no es gobernar, repetir discursos de plazuela como disco rayado tampoco lo es. No haber trazado un plan de gobierno ni una reforma adecuada del Estado, ni convocar a gente idónea para ejecutar el reclamado plan, es peor. Eso es CORRUPCIÓN, aunque por lo solapada que es, nadie se percate.

Cuando hay niños anémicos y desnutridos, subsiste la carencia de hospitales y colegios, no se ejecuta la reconstrucción con cambios del norte del país, después de tres años de la tragedia y no haber llegado ni a la mitad de la meta (¿un tercio tal vez?), no avanzar en la educación escolar a niveles que nos permita insertarnos y competir en el mundo moderno, haber lanzado una “reforma política” inconclusa y dañina, al igual que una reforma judicial peor ejecutada, al punto que se haya llegado a una guerra interna tanto en el poder judicial, como en la fiscalía, sin que nadie pueda ser capaz de poner orden…

Todo lo anterior, por acción u omisión es CORRUPCIÓN y no lo debemos permitir. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 27 de diciembre de 2019
Para Lampadia

Todo el mundo dice luchar contra la corrupción. Incluso, los propios corruptos. Así son de hipócritas. No hay persona más cínica que un corrupto. Pero ese no es el tema. El tema es que el gobierno NO está luchando – de verdad – contra la corrupción. Ese es el tema.

Veamos el caso del presidente Vizcarra. Aparte del estribillo “no me van a doblegar” – que tanto propalan Los Chistosos cuando remedan al presidente por la radio – preguntémonos ¿qué ha hecho el presidente – o el gobierno – para luchar contra la corrupción? Por ejemplo, en cuanto a los procesos de compras y contrataciones – donde las coimas van y vienen como Pedro en su casa – ¿acaso ha habido algún cambio de procedimiento o tecnología para contrarrestar la corrupción?

En cuanto a la meritocracia en el Estado ¿alguien sabe de alguna disposición que exija la contratación de Gerentes Públicos de SERVIR, para evitar el clientelismo político, la inoperancia del Estado, la venta de puestos, y el maltrato a la ciudadanía?

Una más. En cuanto a la burocratización del aparato estatal ¿acaso ha habido alguna disposición para frenar el incremento desmedido – e indebido – de los Contratos Administrativos de Servicios (CAS) en el Estado?

¡No nos vengan con cuentos! El gobierno NO está luchando contra la corrupción. El presidente, lo único que hace es repetir – y repetir – su famoso estribillo… y punto.

A los hechos me remito. Muchos médicos siguen abandonando los hospitales en horarios de trabajo. Las ventas de puestos en los gobiernos regionales y locales siguen como de costumbre. Las mafias de los brevetes siguen sueltas en plaza. Las coimas en las compras y contrataciones del Estado siguen tal cual. La planilla estatal sigue creciendo vertiginosamente.

Es innegable. En materia de corrupción vamos mal. Peor aún, vamos de mal en peor. Y la ciudadanía – como siempre – es la que paga los platos rotos.

La lucha contra la corrupción de los peces gordos no está mal. Aunque en muchos casos se trata de justicia mediática. Enjuiciar – y sancionar – a presidentes, ministros, gobernadores, congresistas, alcaldes, jueces y empresarios corruptos está bien. Pero falta la lucha contra la corrupción de los peces chicos. La de los policías coimeros. La de los soldados que protegen a los narcos. La de los jueces y fiscales que cobran por lo bajo para liberar a delincuentes. La de los médicos que cobran indebidamente a pacientes pobres. Esa corrupción – la brava – sigue intacta.

Una verdadera lucha contra la corrupción tendría que verse reflejada en acciones concretas. Como – por ejemplo – imponer la contratación de Gerentes Públicos de SERVIR en todas las instituciones del Estado. Sobre todo, en los gobiernos regionales y locales. Convertir a Perú Compras en la Central Única de Compras y Contrataciones del Estado… 100% digital, cero coimas. Implementar una radical simplificación y digitalización del Estado… cero papeles, cero colas. Fusionar instituciones públicas redundantes como Provías Nacional y Provías Descentralizado… y muchas más. Y – lo más importante de todo – destituir a funcionarios y servidores probadamente corruptos, tal como hicimos en el Gobierno Regional de Ica en el período 2015 – 2018… con muy buenos resultados.

No hay nada que discutir. Para luchar – de verdad – contra la corrupción, hay que tomar al toro por las astas. Todo lo demás es… puro floro. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 6 de diciembre de 2019
Para Lampadia

Todo el mundo sabe que el Estado es un mal comprador… y un pésimo contratante. Los procesos de compras y contrataciones estatales están plagados de vicios, sobrevaluaciones, sobornos… y todo lo demás. Todas las instituciones – nacionales e internacionales – que han analizado el tema, llegaron a la misma conclusión. Las políticas, los procedimientos, la proliferación de organismos públicos, los funcionarios involucrados en dichos procesos… todo está mal.

Aparte de estar mal estructurado, el sistema es ineficiente, obsoleto, engorroso, y – lo que es peor – promueve la corrupción. Varios puntos del PBI están en cuentas personales de estas pandillas de facinerosos que nos roban – de manera descarada y sistemática – a todos los peruanos.

Pero no solo plata se roban esos desgraciados. Los servicios públicos devienen en deplorables. Hospitales inoperativos. Equipos médicos obsoletos. Medicamentos vencidos. Colas de amanecida. Carreteras destrozadas. Puentes inservibles. Represas inacabadas. Ciegos con brevetes. Pésima educación pública. En resumen… corrupción, despilfarro, y maltrato a más no poder.

El problema se mide en miles de millones. O sea, billones. Cualquiera sea la moneda – soles, dólares o euros – estamos hablando de un chorro de dinero. Así de grande es la nuez. Todos los días, todos los meses, todos los años, la corrupción se llena de plata… a costa de todos los peruanos.

Los números y opiniones que vienen a continuación provienen de un reporte del Banco Mundial. (Reporte No. ACS22743). ¿Quién solicitó dicha evaluación? El MEF. O sea, el Estado peruano, a través del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Qué dice el reporte?

A eso quería llegar. En la compra de vehículos, cemento, y combustibles… ahí está la gran cutra. El Banco Mundial – es entendible – debe guardar las formas. Pero nosotros no. Nosotros decimos las cosas por su nombre. Al pan, pan y al vino, vino.

La proliferación de “Unidades Ejecutoras” ha generado una gran dispersión de precios por el mismo bien o servicio. Algunas veces incluso comprados al mismo proveedor.

¡Pongan atención a lo que viene a continuación! Los precios de cemento comprado por diferentes organismos gubernamentales varían en 350%. O sea, lo que unos compran a 100, otros compran a 350. ¡Qué tales choros! Los precios de vehículos sedán varían en 600%. O sea, un vehículo que cuesta – digamos – US$ 15,000, unos sinvergüenzas lo compran a US$ 90,000. Peor aún. ¡Tres cuartas partes de los procesos de compras y contrataciones del Estado tienen un solo licitador!

El Estado tiene alrededor de tres mil entidades compradoras. ¡3,000! Salvo poquísimas excepciones, cada una es más corrupta e ineficiente que la otra. La pregunta es ¿por qué no se digitalizan los procesos de compras y contrataciones del Estado? ¿Por qué no se le encarga a Perú Compras la función de compras de TODAS las instituciones del Estado? Si Perú Compras existe y conoce del tema ¿por qué no se toma al toro por las astas? y solucionado el problema.

Mas claro… ni el agua. El Gobierno NO está interesado en combatir la corrupción. Lo mismo se puede decir de los gobiernos anteriores. Todo el floro anticorrupción es eso… puro floro. No hay voluntad política para combatir la corrupción.

Mientras no se centralicen y digitalicen los procesos de compras y contrataciones del Estado, la corrupción seguirá suelta en plaza. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 25 de octubre de 2019
Para Lampadia

Los destapes de corrupción no tienen cuándo acabar. Como que todo está podrido. Lo de Luciana León cayó como un baldazo de agua fría. Tan linda ella… pero tan coimera. En fin. Como dice el refrán… a lo hecho, pecho. O sea, a asumir las consecuencias. La justicia debe aplicarse a todos por igual. Con todo el rigor de la ley. Caiga quien caiga. Le duela a quien le duela.

Pero lo de Lucianita no fue el único destape de la semana. Ahora resulta que hasta los árbitros eran corruptos. Los que supuestamente eran personas honorables, de trayectoria intachable, y conspicuos paradigmas de la justicia y la legalidad, resultaron ser tan corruptos como los peores exponentes de la banda de Los Cuellos Blancos del Puerto.

Por ello – una vez más – insisto… la polarización entre peruanos no debe basarse en consideraciones políticas, sociales, culturales, o de cualquier otra índole que no sea de tipo moral. En otras palabras, no debemos enfrentarnos porque algunos son de izquierda y otros son de derecha; o porque unos están a favor de una economía dirigida por el Estado y otros prefieren una economía de mercado. Lo mismo se puede decir de los que están por un Estado promotor y supervisor, y los que están por un Estado empresario y controlador. Ciertamente, todo ello es debatible. Y está bien que sea así. Cada peruano tendrá sus argumentos para sustentar su posición ideológica, la cual debe merecer respeto y tolerancia.

Pero cuando la moral está de por medio – ahí sí – la cosa cambia. Sobre todo, sabiendo que el principal problema de nuestro país es la CORRUPCIÓN. ¡Ese es el problema! Entonces, la única disyuntiva por la que sí se justificaría una polarización entre peruanos, es cuando está en juego el discernimiento entre valores como ¿Verdad o Mentira? ¿Justicia o Injusticia? ¿Bien o Mal? ¿Vida o Muerte? ¿Integridad o Corrupción?

En efecto, qué sentido tendría discutir ¿quién es peor? ¿Un corrupto de izquierda o un corrupto de derecha? O ¿quién le hace más daño al país? ¿Un juez corrupto o un empresario corrupto?

Ahora bien, lo peor de la corrupción – llamémosle de alto vuelo – es la frustración e indignación que causa en la ciudadanía. Y qué decir del efecto contagio que causa en los funcionarios de niveles más bajos en el escalafón del Estado… policías, médicos, maestros, y demás funcionarios públicos. Es decir, en aquellos que están en contacto directo con la ciudadanía.

“Si los de arriba – presidentes, ministros, congresistas, gobernadores, alcaldes, empresarios, y jueces – son unos grandes coimeros ¿qué de malo tiene que yo sea un pequeño coimero?” Ese parece ser el razonamiento que se ha enquistado en – prácticamente – todo el aparato Estatal.

Y los paganos somos todos los peruanos. Sobre todo, los pobres. Las colas y coimas en los hospitales públicos. Los maestros acosadores. Las mafias de los brevetes. La corrupción en el otorgamiento de licencias de funcionamiento y / o de construcción. El fracaso municipal en cuanto a los servicios de agua y saneamiento, y limpieza pública. Todo ello – y varios etcéteras más – son consecuencias de la corrupción en nuestro país.

¡Metástasis! La corrupción ha hecho metástasis en nuestro país. Tanto que hasta los árbitros eran corruptos. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Como sabemos, hace unas semanas el presidente Martín Vizcarra inició una campaña en defensa de la salud orientada a que las farmacias vendan una mayor proporción de medicamentos genéricos “para que la población de escasos recursos pueda acceder a los medicamentos”, y envió un proyecto de ley al respecto al Congreso. En su mensaje de 28 de julio insistió: “¡no es posible que los peruanos continuemos pagando los precios más elevados por las medicinas en comparación con otros países! …, los medicamentos forman parte del derecho humano a la salud y no una mercancía”. Ver en Lampadia: Mentira presidencial.

Sin duda, el acceso a medicamentos baratos y de buena calidad es clave para el bienestar de la gente. Y es probable que las cadenas de farmacias puedan vender una proporción algo mayor de genéricos puros en comparación a los de marca, pero, como veremos, el problema central está en los establecimientos públicos que, debido a ineficiencias y corrupción, no tienen los medicamentos en suficiente cantidad.

Digemid se demora demasiado

Como demuestra un estudio de Ipsos realizado en 7 países de América Latina, los medicamentos genéricos en el Perú son, en realidad, los más baratos de la región, pero en parte debido a que no hay estudios de bio equivalencia, es decir, a que no está garantizado que sus efectos sean similares a los originales. Allí está el problema: no en el precio, que es bajo, sino en la calidad. La Digemid recién está haciendo estudios de bioequivalencia para 7 moléculas, cuando en realidad son 1,500.

• Se importa genéricos de países sin alta vigilancia sanitaria, sin calidad comprobada –por eso son baratos-, pero cuando se quiere importar de países de alta vigilancia sanitaria o con certificaciones comprobadas, donde el registro debería ser automático, la DIGEMID se demora meses o años en revisar los expedientes de bioequivalencia para otorgar el registro sanitario.  

Los bajos precios relativos de los medicamentos y genéricos en el Perú han sido comprobados además por un estudio hecho en Chile: “Análisis Comparativo de Precios de Medicamentos en América Latina” realizado por Roberto Álvarez y Aldo González del Departamento de Economía de la Universidad de Chile, que concluye lo siguiente:

“A nivel agregado y en salida de farmacia, el ranking de país más barato a más caro es el siguiente: 1° Perú, 2° México, 3° Argentina, 4° Chile, 5° Colombia y 6° Brasil. En innovadores, Argentina y luego Perú serían los países con menores precios a público final. En productos similares o genéricos de marca los precios más bajos a público se encuentran en México y Argentina, mientras que para genéricos puros, Perú y luego Chile serían los más baratos”. 

Problema está en los establecimientos públicos

Pero el problema central está, como decíamos, en los establecimientos públicos. La población de “escasos recursos”, como dice el presidente, debe tener acceso a medicamentos no baratos sino gratuitos, y en los establecimientos de Salud del Estado. Y eso no ocurre no por falta de recursos sino por diversas corruptelas que el presidente debería conocer para combatirlas, dándole así un contenido concreto y eficaz a su lucha contra la corrupción.

Según la Encuesta Nacional de Satisfacción de Usuarios en Salud 2014, el 52% de los pacientes del SIS no encontraron los medicamentos recetados, sea porque no había en farmacia pese a que el SIS sí los cubre (35,1%), sea porque el SIS no los cubre (16,8%). Según la encuesta de Susalud del 2016, solo un 60% de los pacientes recibió sus medicamentos completos en los establecimientos del MINSA.

Si consideramos que los afiliados al SIS representan alrededor del 54% de la población peruana, y quienes están en Essalud otro 36%, resulta que cerca del 90% de la población se atiende en principio en establecimientos públicos. Es allí entonces donde debe centrarse la preocupación gubernamental.

Por ejemplo, una empresa proveedora puede ganar una licitación del Ministerio por 100, pero los establecimientos o direcciones regionales emiten órdenes de compra solo por 60 o 70. El resto lo destinan a compras directas al menudeo a mayor precio y con beneficios por lo bajo. Allí hay corrupción, y el presidente podría lanzar una campaña contra ella.

Sin embargo, Fiorella Molinelli nos informa que Essalud está diseñando un sistema informático que, a partir de las historias clínicas electrónicas, podrá atar el inventario de medicamentos e insumos a las recetas entregadas a cada paciente. Así podrá controlar los desvíos y ajustar mejor la demanda. Si funciona, el MINSA debería importar esa tecnología.

Pero en Essalud los tiempos de espera para cirugías siguen siendo mortales.  Aquel software quizá ayude a mejorar eso, pero en general, todo el sistema de salud pública está mal y en el gobierno no hay voluntad para una reforma a fondo.

El SIS no debería pagar a los hospitales por número de atenciones, incentivando la multiplicación (corrupción) del uso de insumos, medicamentos, análisis y consultas. Debería pagar por resultados: número de pacientes que resuelven sus problemas y se llevan todos sus medicamentos gratis, como hizo el Dr. Moisés Rosas en Lima Este el 2006 e intentó replicar a nivel nacional el 2017, hasta que lamentablemente fue retirado. En Lima Este con menos dinero aumentó la provisión de medicamentos y la satisfacción de los usuarios y minimizó corruptelas como el desvío de medicinas y el escape de los médicos.

Los hospitales en APP (Kaeli y Barton) reciben un pago por persona de la red que atienden, y se esmeran en prevenir para no tener que curar enfermedades avanzadas, porque así mejoran sus ingresos.

En suma, si queremos asegurar medicamentos gratuitos y de calidad a los sectores de bajos ingresos, se requiere una reforma del SIS como la que planteó el Dr. Rosas, y aplicar la tecnología informática de Essalud si llega a funcionar. Y para que haya más acceso a genéricos puros de calidad en las farmacias, se requiere afrontar la reforma total de la DIGEMID convirtiéndola en un organismo autónomo y simplificando radicalmente sus procedimientos y normas internas, para que deje de ser un cuello de botella.

A ver si el presidente enfrenta estos temas. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 9 de agosto de 2019
Para Lampadia

Ciudadanía. Sociedad civil. Población. Llámenle como quieran. El hecho es que los ciudadanos tenemos que ser más firmes y valientes frente al Estado respecto a la lucha contra la corrupción. La consigna es ¡cero coimas! Asimismo, tenemos que ser más exigentes y rigurosos en cuanto a los servicios que el Estado está obligado a brindarnos. ¡Trato digno y eficiente! Esa es la otra consigna.

Por ejemplo, tenemos que ser mucho más exigentes con nuestras autoridades respecto a nuestro derecho al libre tránsito. El derecho a atenciones hospitalarias oportunas y de calidad para los asegurados del Sistema Integral de Salud (SIS). El derecho de obtener licencias de conducir – sin coimas de por medio – a quienes cumplamos los requisitos y aprobemos los exámenes correspondientes. Etcétera. Etcétera. Etcétera.

Digo esto porque – si bien – el Estado cuenta con sus propios organismos de control, estos no funcionan como debieran. A los hechos me remito. ¡Cómo es posible que por un problema minero – me refiero al conflicto por Tía María en Arequipa – se haya bloqueado la Carretera Panamericana Sur! Y peor aún ¡cómo es posible que un grupo de vándalos apedree a vehículos particulares, establecimientos comerciales – incluso a la Policía – sin recibir ninguna sanción!

Veamos ahora qué está pasando en Ica. Últimamente – y de manera creciente – estoy recibiendo informes y testimonios de ciudadanos iqueños que dan cuenta del severo deterioro de los servicios y atenciones de los hospitales públicos en la región. Y en particular, del Hospital Regional de Ica.

¿Qué dicen los iqueños? Pues que nuevamente hay médicos que abandonan los hospitales en horario de trabajo. Y, por ende, de nuevo las colas. De nuevo el maltrato a los pacientes. De nuevo los cupos por puestos de trabajo. De nuevo los negociados con medicinas robadas. En resumen… volvió la corrupción a los hospitales de Ica.

Pero ahí no queda la cosa. La mafia de los brevetes está de vuelta en Ica. La Dirección Regional de Transportes se ha vuelto a llenar de tramitadores. Todo Ica lo sabe. S/. 500 cuesta cada brevete. Tal cual el brevete de la hija del Congresista Segura. 100% legal. Pero eso sí… ¡sin exámenes! Ante ello uno se pregunta. ¿Y los órganos de control del Estado?

¡Es una lástima! Lo que tanto costó corregir en la gestión anterior, se ha echado a perder en cuestión de unos pocos meses. Por ello, ante la inacción de los organismos de control del Estado, y ante la evidente corrupción de Gobernadores Regionales, alcaldes, y demás funcionarios públicos, la ciudadanía tiene que participar más decididamente en desenmascarar a estos sinvergüenzas… incluso a las primeras damas. Y a los maltratadores, también. Caiga quien caiga. Y le duela a quien le duela.

Este artículo pretende marcar el derrotero del nuevo rol que nos toca a los ciudadanos de a pie.

• Una ciudadanía participativa y exigente respecto de nuestros derechos civiles.
• Una ciudadanía confrontacional e intransigente frente a la corrupción en el Estado.
• Una ciudadanía consciente de que – ante la corrupción y el maltrato – nosotros tendremos que asumir el rol de control y fiscalización de nuestro propio Estado.

¡Hay que rebelarnos! Es el turno de la verdad. Es el turno de la justicia. Es el turno de la ciudadanía. Lampadia

Reproducimos un video de Fernando Cillóniz, quién después de terminar su período de gobernador (Ica), se apresta a desarrollar una gira nacional para intercambiar ideas sobre la gestión pública.

Fernando Cillóniz B.
Gobernador Regional de Ica
Ica, 17 de agosto de 2018
Para Correo Ica y Lampadia

Aunque el Congresista Segura diga lo contrario, el brevete de su hija es falso. Tan falso como que la joven nunca dio ningún examen para obtener su licencia de conducir. Aunque… valgan verdades – en aquel entonces – la corrupción era el común denominador en el Gobierno Regional.

En ese sentido, Segura podría haber dicho… así era la nuez. Pero no… insiste en que el brevete es legal. Incluso, varias veces lo ha mostrado ante la prensa. Como si mostrándolo demostraría su legalidad. ¿Acaso la mafia – a la cual Segura recurrió – no vendía brevetes “con todas las de la ley… sin tener que dar exámenes de manejo”?

En fin… ahora quisiera referirme a la probidad de la Doctora Rossana Vera Pariona – nuestra Directora Regional de Transportes – y su liderazgo en la reforma de dicha importante dependencia regional.

La mafia de los brevetes se embolsicaba no menos de 100 mil soles diarios. Echemos pluma. Las coimas para las licencias A-I (Automóviles Particulares) variaban entre S/. 500 y S/. 700 cada una. Las más caras incluían el “delivery”. Las A-II (Vehículos para Transporte Público de Pasajeros) costaban entre S/. 700 y S/. 1,500. Y las A-III (Transporte de Carga Pesada) entre S/. 1,500 y S/. 3,000 cada una. 

100 brevetes truchos al día… multiplicados por una coima promedio de S/. 1,000 cada una. Ahí están los S/. 100 mil diarios. Además, se sabe que todas las tardes se reunían los mafiosos – en la oficina del director de turno – para la repartija correspondiente. La cual incluía a tramitadores, funcionarios y… “hasta el Número 1”. Obviamente… los ciudadanos honestos que postulaban a un brevete legal (de verdad) eran tratados con la punta del pie. Así era la nuez.

Bueno pues… en Ica se acabaron las coimas para obtener licencias de conducir. Los que pagan plata a algún tramitador… lo hacen de puro mongos. Nuestra Directora Regional de Transportes y su equipo, lograron lo que – para muchos – era “La Misión Imposible”.

Pero… la mafia no se ha quedado tranquila. El contraataque está reflejado en la andanada de denuncias calumniosas dirigidas contra la Doctora Vera y mi persona. Efectivamente, las denuncias de los Flores Camargo, los de la Fuente, los Gavilano, la prensa chantajista – incluso de Segura – son puras calumnias.

A ese respecto, ¡qué ridículos quedan esos mafiosos cuando fungen de moralistas! Ni sus Mamás les creen. Y eso va para todos aquellos que se regocijan cuando alguien de mi entorno es ampayado in fraganti. ¡Claro que hay corrupción en el Gobierno Regional! Mil veces lo he dicho y reconocido. Pero nadie puede negar que estamos luchando contra ella… a capa y espada.

Por ello va mi invocación a los fiscales de Ica, para que sepan distinguir la paja del trigo. ¿Cuándo una denuncia tiene fundamentos… y cuándo se trata de un ardid de la corrupción?

El hecho es que – en Ica – el que aprueba los exámenes de manejo, recibe su licencia de conducir… en el acto. ¡Sin coimas! Eso es probidad. Eso es eficiencia. Eso es bienestar para los iqueños. Eso es seguridad ciudadana. Eso es la nueva Dirección Regional de Transportes. ¡Un aplauso para ellos! Lampadia

Fernando Cillóniz B.
Gobernador Regional de Ica
Ica, 17 de agosto de 2018
Para Correo Ica y Lampadia

Nunca jamás imaginé encontrar tanto maltrato, tanta indolencia, y tanta corrupción como la que había en los hospitales Ica. Yo sabía de la crueldad de las colas de amanecida. Pero tal nivel de maltrato a los pacientes… jamás. Por ello – aún sin tener experiencia en la materia – me propuse solucionar el problema.

Inmediatamente, ciertos médicos corruptos – léase… las vacas sagradas del Hospital Regional – pretendieron hacerme creer que se trataba de un problema presupuestal. Falta plata… decían. Para esa gente, la culpa la tenía el Gobernador Regional. Ellos se juraban inmaculados.

No pasó ni un mes para darme cuenta de que el problema no era presupuestal. Eran ellos mismos – los médicos indolentes que abandonaban su trabajo – los que generaban las colas interminables.

Aunque la situación era parecida en los demás hospitales, veamos el caso puntual del Hospital Regional. ¡Lo que es tener liderazgo e idoneidad profesional y moral! Desde que la Dra. Diana Bolívar – Gerente Público de SERVIR – asumió la dirección del hospital, las cosas cambiaron radicalmente. Había que golpear a la mafia… y les dimos de alma. Una pandilla de médicos, enfermeras y técnicos – de mal vivir – eran el problema. Salimos de ellos – con todas las de la ley – y las mejoras vinieron una tras otra… a ritmo vertiginoso.

El Hospital Regional de Ica no es el John Hopkins de los EEUU… considerado – por muchos – el mejor hospital del mundo. Pero… comparado con el caos que heredamos cuando asumimos el Gobierno Regional, la mejora es abismal.

Ahora ¡no hay colas en ningún hospital de Ica! Incluso en el Regional… donde – sin aumentar el presupuesto – hemos triplicado la atención. De 200 paciente por día, ahora estamos atendiendo a 600. Y algunos días pasamos los 1,000.

El Hospital Regional de Ica es – ahora – un hospital de alta complejidad. Antes referíamos a Lima al 10% de pacientes… ahora sólo el 0.3%. Prácticamente todos los casos complejos están siendo atendidos en Ica.

Ahora hacemos:

• Diagnósticos de cáncer
• Tratamientos de quimioterapia
• Cirugía oncológica general y ginecológica.
• ¡Se acabó el martirio de tener que ir a Neoplásicas en Lima!
• En cardiología – además de pruebas de esfuerzo, ecografías Doppler, e implantes de Marcapasos
• Este fin de mes haremos la primera cirugía cardiovascular en la historia del hospital.
• Gracias al Recuperador Sanguíneo – que estaba tirado por ahí – estamos haciendo cirugías a corazón abierto.
• Así mismo, al poner en operación al equipo de Urodinamia – que estaba refundido… adrede – estamos a la vanguardia en diagnósticos y curaciones urológicas complejas.

Nuestros especialistas – altamente calificados… jóvenes y no jóvenes – están haciendo intervencionismo en gastroenterología, neurología y neurocirugía. Brindan atención psicológica y psiquiátrica especializada. Nuestros servicios de dermatología, oftalmología y hemodiálisis son de primera. Tenemos un estupendo sistema de telemedicina con el Instituto Nacional del Niño de San Borja… y con otros hospitales del país y del exterior.

Contra lo que dicen algunos amargados, el hospital está bien equipado y bien abastecido de insumos, materiales y medicamentos.

Yo no soy ningún experto en salud pública. Pero – como cualquier ciudadano de a pie – sí sé de pesares, gratitudes, maltratos… y otros sentimientos humanos. Pues bien… al Hospital Regional acuden cada vez más pacientes, asegurados y no asegurados. Incluso pacientes asegurados de EsSalud, y pacientes de otras regiones. Y todos coinciden en señalar que el Hospital Regional – y la salud pública en general – ha mejorado mucho en Ica.

Los únicos criticones son los funcionarios sancionados… y sus defensores:

• El Colegio Médico de Ica
• Los Congresistas
• Los Consejeros Regionales que los apañan
• Los periodistas chantajistas que forman parte de la mafia

En fin…  ni caso. Más bien, reconozcamos a la buena gente.

• Gracias Doctor Constantino Vila… Director Regional de Salud.
• Gracias Doctora Diana Bolívar… Directora del Hospital Regional.
• Gracias directores de los demás hospitales de la región.
• Gracias a todos los médicos, enfermeras, técnicos, y servidores de la salud de Ica.

¡Salud por la salud de los iqueños! Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

En los últimos 50 años la corrupción en el Perú ha cambiado varias veces de naturaleza y de intensidad. Pero la que tenemos ahora, como veremos, es la más grave y peligrosa de todas.

1. Durante el gobierno militar de los 70 y de manera mucho más aguda durante el primer gobierno de Alan García, donde fue casi una política de Estado, la corrupción fue un subproducto, bien instrumentado, del modelo económico estatista e intervencionista. En efecto, en una economía llena de permisos, licencias, aranceles, distintos tipos de cambio (dólar MUC), precios controlados y subsidios, había que pagar a los funcionarios encargados de administrar esos controles para poder funcionar, para poder producir o importar, para poder vender a un precio razonable o para obtener el mejor tipo de cambio o la protección arancelaria o el subsidio o alguna otra de las diversas ventajas que el modelo ofrecía o para generar una ventaja propia. Las empresas estatales, por su parte, eran nidos de corrupción con la subasta al mejor postor de coimas para los contratos que se ofrecían. Para no hablar de la obra pública.
2. Ese tipo de corrupción, derivada del modelo económico, prácticamente desapareció en los 90 con el reemplazo de ese modelo económico por uno basado, en términos generales, en la libertad económica, en el que ya no había protecciones ni subsidios ni controles de precios ni licencias para importar y donde la capacidad de gestión empresarial se trasladaba de los pasillos de los ministerios a la competencia con los otros empresarios en el mercado. Sin embargo, paulatinamente fue gestándose otro tipo de corrupción, derivada no del modelo económico sino del modelo político, en la medida en que el gobierno de Alberto Fujimori fue concentrando cada vez más poder al punto de someter a las instituciones democráticas y finalmente comprar parte de la prensa escrita y la totalidad de la televisión de señal abierta. El control político de las instituciones brindó la cobertura perfecta para vender decisiones importantes, robar en las voluminosas compras de armamento y en el manejo de los fondos de inteligencia, y usar el Poder Judicial como un arma extorsiva contra algunos empresarios. Fue un tipo de corrupción más focalizado, pero más perverso, consecuencia e instrumento a la vez del intento de perpetuación en el poder.
3. En los años 2000 no teníamos ya ni la corrupción derivada del modelo económico intervencionista ni aquella derivada del modelo político autoritario, pero fuimos pasando a un tipo de corrupción muy peligrosa derivada del relajamiento excesivo de Estado que ha comprometido la ya débil vigencia del imperio de la ley en el país. Se trataba de pasar del personalismo presidencial de Fujimori al gobierno de las instituciones, pero terminamos pasando de un extremo al otro: de un modelo político autoritario a uno anárquico, generado por la defección y la incompetencia de los partidos encargados de la restauración democrática, partidos que conformaron el sector al que se ha dado en llamar, en un abuso ontológico del término, “republicano”.

Se restableció, entonces, la división de poderes y la independencia judicial, pero los partidos políticos no fueron capaces de llevar adelante una reforma política que pudiera reconstruir el sistema de partidos ni llevar adelante una reforma del sistema judicial y la policía que permitiera impulsar el imperio de la ley desde las instituciones, no desde un liderazgo autocrático. Se creó una comisión para diseñar un plan de reforma judicial –el CERAJUS- pero el prurito del respeto a la autonomía y auto gobierno de las instituciones hizo que tanto el Congreso como el Ejecutivo perdieran todo impulso y voluntad apenas el Poder Judicial expresó su rechazo a la reforma medular la que la Comisión planteaba: una Corte Suprema pequeña dedicada solo a revisar casos especiales para formular jurisprudencia vinculante a partir de ellos. Las fuerzas armadas y la policía, de otro lado, acaso por haber sido instrumento de poder del gobierno de Fujimori, perdieron prioridad e interés, pese a tratarse de instituciones fundamentales para el imperio de la ley.

En lo relativo al Poder Ejecutivo, la reacción frente a la concentración autocrática del poder en los 90 fue dar paso a una descentralización del poder que buscaba que el desarrollo no estuviese en manos del providencialismo presidencial sino de instituciones autónomas, los gobiernos locales y regionales. Todas las funciones transferibles fueron transferidas aceleradamente sin capacitación y sin establecer mecanismos de rectoría, control, monitoreo e intervención en caso de falencia aguda del servicio. Los gobiernos sub-nacionales pasaron de ejecutar alrededor del 5% de la inversión pública a ejecutar alrededor del 60%, y en una época en la que la economía crecía aceleradamente y con ella los ingresos del Tesoro. Muchos de ellos se convirtieron, entonces, en apetitosos botines presupuestales para candidatos y alcaldes que respondían cada vez menos a partidos políticos nacionales y cada vez más a movimientos regionales o locales frecuentemente organizados precisamente para asaltar el poder local.

Se multiplicaron entonces las mafias de proveedores, de extorsionadores de obras públicas y de usurpación de terrenos ajenos. Para no hablar del narcotráfico y la minería ilegal. Los usurpadores necesitaban del alcalde y de fiscales y jueces para convalidar legalmente sus invasiones. Así fue como las redes de compadrazgo de un sistema judicial que nunca fue modernizado, se empezaron intersectar con las redes criminales externas. El presidente del Poder Judicial, Víctor Prado, informa que hay alrededor de 14 Cortes Superiores infiltradas por organizaciones criminales.

Son innumerables los casos de gobiernos regionales y municipalidades tomados por organizaciones criminales, desde el alcalde hasta el último funcionario. El caso de la municipalidad de La Victoria ha sido notorio.

Lo que tenemos ahora, entonces, es un sistema de corrupción basado en la expansión de las mafias, del crimen organizado, en partes importantes del territorio nacional. Estas mafias han capturado directamente instituciones o han cooptado redes internas de gobiernos sub-nacionales, de la Policía, del Ministerio Público, de las Cortes Superiores y de otros organismos del Estado.

Lo que esto significa es que hay amplias zonas del país donde no impera la ley sino la ley de la selva. Es un tipo de corrupción mucho más preocupante que los anteriores porque es imposible que desaparezca de un día para otro como cuando cambiamos el modelo económico o derrocamos a un régimen autoritario. Este tipo de corrupción está arraigado, en el Estado, en redes de relaciones personales antes que meritocráticas, y ha organizado el funcionamiento mismo de la sociedad y de las instituciones por medio de lealtades basadas en sobornos o en amenazas.

Además, sobre todo en las regiones, las mafias también han cooptado diversos medios de comunicación o programas específicos que las protegen o presentan disfrazadas de benefactores.

Entonces no hay bala de plata para eliminar o reducir el impacto de este tipo de corrupción. La única manera de hacerlo es mediante un conjunto de acciones que ataquen simultáneamente todos los flancos de ese fenómeno de manera sostenida a lo largo del tiempo y con gran impulso político. 

Nosotros ya hemos indicado en otros artículos cuáles serían esas acciones (ver en Lampadia: Para acabar con el ordenamiento mafioso del país). Aquí un breve resumen:

1. Reforma política, para reconstruir un sistema de partidos, mejores canales de representación, y afianzar la gobernabilidad.
2. Reforma radical del sistema judicial y de la policía, para pasar de sistemas neo-patrimonialistas de redes personales a sistemas meritocráticos:
   1. Reforma del CNM
   2. Reforma de la Corte Suprema
   3. Limpieza de las Cortes Superiores
   4. Evaluación del desempeño de jueces y fiscales
   5. Expediente digital
3. Mantener el ritmo de los mega-operativos para desarticular las organizaciones criminales. Derogar el artículo 454 del Código Procesal Penal para dejar de blindar a jueces y fiscales.
4. Reforma del Estado:
   1. Meritocracia a todo nivel y gestión por resultados. Aplicación de la ley de Servicio Civil.
   2. Simplificación administrativa, desregulación y digitalización total. 
   3. Reducir dependencias inútiles o contraproducentes y destinar ese dinero al sistema judicial
5. Reforma de la descentralización, para recuperar capacidad central de monitoreo y control y profesionalizar las administraciones sub-nacionales.

Convendría, adicionalmente, eliminar la participación de los movimientos regionales en las elecciones sub-nacionales, al mismo tiempo que incrementamos la financiación pública a los partidos políticos de modo que puedan establecer mejores filtros para seleccionar a sus candidatos y capacitarlos mejor. Por supuesto, a mayor financiamiento público, mayor fiscalización por parte de la ONPE.

Necesitamos tomar conciencia de que el enemigo que estamos enfrentando no es solo la corrupción. Es el crimen organizado, las mafias, que pueden terminar controlando buena parte del Estado y del territorio nacional si no aplicamos una estrategia seria, persistente y completa para derrotarlo. De lo contrario volveremos a fracasar, pero esta vez habremos perdido al país. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

La propalación de los audios judiciales abre una oportunidad única no solo para llevar a cabo por fin la gran reforma del sistema judicial sino para abordar el problema estructural básico que está en la raíz de nuestros males: el dualismo, la coexistencia entre sectores modernos de un lado, y sectores informales, ilegales y patrimonialistas, de otro lado, en la economía y el Estado.   

El sistema judicial, la Policía y segmentos del Estado funcionan todavía, en mayor o menor medida, con sistemas de gestión patrimonialista basados en redes de compadrazgo, amistad, parentesco o compañerismo universitario que se convierten en redes de intercambio de favores y eventualmente ejecución de actos ilícitos. Algunas de esas redes están intersectadas con el crimen organizado.

Lamentablemente el crecimiento económico de las últimas dos décadas y media, salvo en ciertas áreas, no ha venido acompañado de desarrollo institucional. Y entonces lo que hemos tenido es el avance creciente de un ordenamiento mafioso favorecido por una descentralización mal hecha que transfirió muchos recursos a los gobiernos sub nacionales convirtiéndolos en botines presupuestales apetecidos por mafias de proveedores y de extorsionadores de obras, y cooptados por organizaciones criminales de usurpadores de tierras necesitados de alcaldes y jueces que validen sus asaltos a la propiedad ajena.

Este proceso retroalimentó y se vio favorecido a la vez, por la fragmentación del sistema de partidos. En cada elección la proporción de alcaldes pertenecientes a partidos políticos nacionales ha sido menor, y los que representan a movimientos regionales o locales (ver gráfico). Los aventureros políticos y los mafiosos tuvieron la facilidad adicional de no tener que responder a un colectivo nacional que ejerza algún grado de control.

Lo que tuvimos fue una estructura política crecientemente entrópica, desintegrada y capturada por redes ilícitas, con perdida también creciente de la autoridad y el control central. Policías, fiscales y jueces fueron captados por esas organizaciones criminales. Y, por supuesto, también funcionarios públicos.

La tarea de limpiar y arreglar este sistema, entonces, va más allá de la sola reforma judicial, ver en Lampadia: Aportes a la reforma del sistema judicial.

Esta supone actuar simultáneamente en los siguientes ámbitos:

1. Mantener el ritmo de megaoperativos para desarticular las organizaciones criminales, lo que supone profundizar la reforma de la inteligencia policial, que hasta ahora ha sido exitosa. Pero para que los megaoperativos realmente sean efectivos se requiere:

a. Modificar el art. 454 del Nuevo Código Procesal Penal que blinda a fiscales y jueces, de modo de poder detenerlos en los megaoperativos y acusarlos directamente, sin pasar los órganos de control interno. 

b. Instalar de una vez por todas bloqueadores de celulares en las cárceles, porque los cabecillas capturados siguen organizando golpes desde los centros penales. O permitir los celulares e instalar sistemas de escucha que permitan anticipar los delitos organizados desde los penales.

2. Profundizar la depuración de la Policía Nacional, lo que requiere de un acuerdo político para aprobar una ley que impida que los jueces repongan a policías corruptos o no idóneos.

3. Retomar y redoblar la reforma del servicio civil, que fuera abandonada durante la etapa de PPK. Ahora el premierato de Villanueva le ha dado nuevamente prioridad política. Ello es indispensable para pasar de una administración pública basada en elementos patrimonialistas a una basada en la meritocracia y la evaluación de resultados. No solo se le debe dar impulso al tránsito al régimen de la ley de Servicio Civil, sino que debería darse la directiva a las distintas entidades del Estado de que soliciten a SERVIR la designación de gerentes públicos, cuya asignación hoy depende de que la entidad se interese en pedirlos.

4. Reforma de la descentralización.

a. Por primera vez este gobierno ha pedido facultades para resolver algunos de los problemas que presenta el desorden descentralizado. Las ha pedido para delimitar mejor las funciones entre los tres niveles de gobierno para algunos procesos o servicios en salud, educación, transportes y saneamiento. A nuestro juicio, habría que ir más allá, fortaleciendo la competencia del gobierno nacional en el manejo de recursos estratégicos tales como el desarrollo forestal o la pesca. Y debería rescatarse y poner en práctica la reingeniería del Seguro Integral de Salud (SIS) que llevó a cabo el Dr. Moisés Rosas cuando estuvo a cargo de esa entidad.

b. El Ejecutivo ha pedido facultades también para facilitar y desarrollar mancomunidades macroregionales, y para organizar Agencias Regionales de Desarrollo que busquen coordinar mejor la acción del Estado y del sector privado en áreas determinadas, como el corredor minero del sur, por ejemplo. También ha pedido facultades para juntar dependencias del gobierno central en las regiones en locales de servicios compartidos, a fin de ahorrar en alquileres y personal y facilitarles la gestión a los ciudadanos.

c. Un avance importante desde el punto de vista de la recuperación del control central, es que desde setiembre las Oficinas de Control Interno de los gobiernos regionales y las municipalidades provinciales, pasarán a depender directamente de la Contraloría General de la República y ya no de sus dependencias originales. Esto será útil siempre y cuando la Contraloría vaya sustituyendo las auditorias de cumplimiento de normas, que solo sirven para inhibir a los honestos, por auditorías de gestión o de desempeño, de la mano con el avance de la reforma del servicio civil y de los presupuestos por resultados. 

d. Algo que debe incorporarse a la normativa de la descentralización es asegurar que los ciudadanos y empresas tengan, en las regiones, una segunda instancia a la que recurrir antes las decisiones de los gobernadores y alcaldes.

e. Deben fortalecerse los mecanismos de rendición de cuentas de las autoridades regionales y locales, así como las capacidades del gobierno central para intervenir en su gestión, en casos de extrema necesidad.

f. Hace falta tener un Plan Nacional de Infraestructura que reduzca discrecionalidad a la corrupción en la programación de la obra pública.

5. Reforma política. Este es el lado más débil, porque el Congreso no ha asumido hasta ahora con seriedad la tarea de diseñar las reformas constitucionales y legales que permitan reconstruir un sistema de partidos, mejorar los canales de representación y propiciar la formación de gobiernos que tengan mayoría en el Congreso, para facilitar la gobernabilidad. Las reformas necesarias acá son las siguientes:

a. Equilibrio de poderes y gobernabilidad

1. Bicameralidad
2. Elección del Congreso después de la segunda vuelta presidencial
3. Elevar el porcentaje de votos que requiere el Congreso para insistir en una ley observada por el Ejecutivo, que en el Perú es muy bajo.

b. Partidos y representación

1. Eliminación de voto preferencial
2. Distritos electorales más pequeños
3. Elecciones internas por organismos electorales
4. Barreras bajas al ingreso, pero altas a la permanencia
5. Financiación de publicidad en campañas

Necesitamos emprender todo este conjunto de reformas a la vez si queremos dejar de ser un Estado mafioso y pasar a ser uno basado en la meritocracia y el cumplimiento de metas que garantice seguridad jurídica y ciudadana y reduzca sustancialmente los niveles de corrupción. Lampadia