Desde el inicio de sus operaciones en 2004, el proyecto de Camisea tuvo importantes impactos positivos en el Perú, generando recursos fiscales y empleo, que contribuyeron con la economía nacional. Además de implementar proyectos y programas socio ambientales que benefician a las poblaciones de sus zonas de influencia, Camisea ha ido más allá, diseñando y ejecutando iniciativas que aportan a la masificación del gas natural, permitiendo que esta energía llegue -por ejemplo- a Cusco, de donde sale el recurso, o brindándole a los transportistas la posibilidad de acceder a vehículos que funcionan con GNV.

GAS NATURAL AL CUSCO

“Gas Natural para uso vehicular en la Región Cusco”, es el proyecto impulsado por el Consorcio Camisea y el Gobierno Regional de Cusco con una inversión de USD 1.9 millones de dólares, para viabilizar la venta de GNV a través de tres gasocentros: dos en Cusco y uno en Quillabamba. El objetivo es que los cusqueños tengan no solo un combustible más económico, sino también una energía que reduce riesgos en caso de fugas o accidentes, además de aportar al cuidado del medio ambiente por producir menor cantidad de emisiones.

A inicios de este año la primera estación de GNV en Cusco, ubicada en el distrito de San Jerónimo, inició sus operaciones representando un paso importante para la masificación del gas natural en esa región. Pronto se construirán dos gasocentros entre Cusco y Quillabamba, zonas estratégicas para el comercio, el turismo y la actividad agropecuaria.

La nueva estación dispensará más de 2.5 millones de m3 de Gas Natural Vehicular en el primer año de funcionamiento. Actualmente en la ciudad de Cusco ya existen más de 120 vehículos convertidos para que funcionen con GNV y se estima que al cierre de año se adecúen un total de 1,500 automóviles, facilitando que más cusqueños accedan a un combustible que es 56% más económico que la gasolina y 45% más barato que el diésel.

TRANSPORTE PÚBLICO Y DE CARGA CON GNV

Recientemente Camisea puso en marcha un fondo de cerca de USD 39 millones de dólares con el fin de promover la adquisición de buses y camiones nuevos que funcionen con Gas natural Vehicular en forma dedicada. La iniciativa proyecta incorporar más de 3 mil nuevas unidades con este combustible en los próximos tres años.

Un vehículo de carga pesada o de transporte urbano a GNV es aproximadamente 20% más costoso que otro a diésel, por lo que el programa de estímulo prevé otorgar beneficios económicos que ayuden a los transportistas a costear este mayor costo. Además, accederán a los beneficios de un combustible más limpio y barato que les concederá una mayor rentabilidad.

En Lima circulan unos 123 mil camiones y 23 mil buses de transporte urbano, que tienen una antigüedad, en promedio, de 25 y 15 años, respectivamente. Se estima que menos del 3% de los vehículos funcionan a GNV, y que el ahorro de los transportistas por migrar del diésel al GNV estaría en el entorno del 50%, explicaron los representantes de Camisea.

El objetivo de esta iniciativa es también contribuir con el Estado en los planes de masificación del Gas Natural para conceder a los transportistas los beneficios de un combustible más barato que además contribuye con un medio ambiente más limpio.

El Gas Natural permite tener un aire más saludable y facilita la reducción de hasta un 40% y 60% en las emisiones de compuestos químicos y dióxido de azufre, que son los principales causantes de los problemas respiratorios en las grandes ciudades como Lima, que sufre los estragos de la pandemia por COVID-19.

Asimismo, Camisea se encuentra trabajando en los detalles finales de un acuerdo con las autoridades para facilitar el desarrollo del Gas Natural Licuado (GNL) como combustible para carga pesada y movilidad. El GNL es un combustible cuyo costo es aproximadamente el 50% del precio del diésel, es ambientalmente amigable, y además permite una gran autonomía para los vehículos, lo cual lo torna particularmente ventajoso para el transporte de carga y pasajeros de largas distancias.

IMPACTOS POSITIVOS

Camisea es el yacimiento de gas natural más grande del Perú y uno de los más importantes de Latinoamérica. Su aporte al cambio de la matriz energética en el país ha permitido cumplir con los compromisos asumidos con el Acuerdo de París en la lucha contra el cambio climático, que busca mantener el aumento de la temperatura mundial por debajo del 2° respecto a niveles preindustriales.

Solo en el 2019, la reducción de CO2 de Camisea fue equivalente a 17,100 hectáreas de bosques húmedos amazónicos, es decir, se evitó el 11% del total de bosques perdidos durante el 2018, que ascendió a 154,800 hectáreas.

Según estimaciones de la consultora Macroconsult, gracias a la producción de este recurso por parte del Consorcio Camisea, se dejaron de emitir 64.3 millones de toneladas de dióxido de carbono entre 2004 y 2019, lo que equivale a la conservación de 166 mil hectáreas de bosques húmedos amazónicos.

Además del impacto ambiental, el componente económico se convirtió en un factor fundamental para el progreso del país. Al tratarse de un combustible más barato, representó un avance importante para el Perú, al reemplazar energías más costosas que habrían significado un freno para el desarrollo y mayores gastos para todas las empresas. Según Macroconsult, entre el 2004 y 2019, el ahorro generado por el uso del gas natural habría llegado a más de US$ 100,600 millones por la sustitución de combustibles.

Estos beneficios económicos también se extendieron a los peruanos y se traducen en hechos tangibles como por ejemplo que el 40% de la energía eléctrica en Perú se genera con gas natural de Camisea. Además, entre el 2004 y 2019, se estiman ahorros de US$ 77 mil millones por parte de los usuarios de los distintos sectores industriales del país.

En los últimos 17 años el gas natural de Camisea ha generado grandes beneficios para el país en términos de ahorros económicos para la población y las industrias, y un medio ambiente más saludable; sin considerar el pago de regalías y canon que impulsan el desarrollo del país, así como con la generación de puestos de trabajo para muchos peruanos. Lampadia

Tras haber sido uno de los países más golpeados por la pandemia – contaba con una de las cifras más altas en exceso de muertes por millón al cierre del año pasado – el Reino Unido ahora se asoma como uno de los líderes de la vacunación global, junto a Israel y EEUU, habiendo inoculado a casi la cuarta parte de su población. Ello le ha valido una notable reducción de sus contagios y muertes por covid 19 como se observa en el siguiente gráfico.

Fuente: Macroconsult

¿Qué lecciones se pueden extraer del país británico desde el Perú que aún se encuentra en un nivel bastante lento de vacunación, sin contar además de las carencias de oxígeno y cama UCI que limitan los niveles de atención en la primera línea y exacerban las muertes día a día?

Un reciente artículo publicado por The Economist presenta las líneas de acción emprendidas por el país británico que cualquier país debería implementar no solo en la pandemia sino para potenciar la innovación en muchos otros campos del desarrollo, a destacar: flexibilizar los procesos gubernamentales, explotar la data existente de contagiados para acometer aislamientos rápidos y lo más importante, trabajar de la mano con el sector privado.

En este último punto, The Economist es enfático en decir que esta relación fue clave para cerrar los contratos con las vacunas por el know how del sector farmacéutico que tuvo el equipo técnico que asesoró al gobierno, algo que en nuestro país por el contrario fue siempre rechazado.

Si bien en los últimos días el ministro Ugarte ha declarado que los privados pueden negociar con los productores de la vacuna rusa Sputnik V, la premier Bermúdez ha vuelto a torcer sus declaraciones mencionando que ninguna empresa privada podrá cerrar contratos con privados “por el momento”. Todo ello sin considerar que hay por lo menos 10 plantas de oxígeno donadas por el sector minero que no están operando por absurdas trabas burocráticas (ver Lampadia: Hay diez plantas [de oxígeno] paradas por burócratas).

Esperemos pues que nuestras autoridades tomen en cuenta del éxito que está siendo la experiencia británica y den cuenta sin el apoyo y la innovación del sector privado, difícilmente podremos darle buena batalla al covid 19. Lampadia

Chispas vuelan
Lecciones de la pandemia británica sobre la promoción de la innovación

Actuar con rapidez y eliminar las barreras es lo mejor que puede hacer el gobierno

The Economist
27 de febrero, 2021
Traducida y comentada por Lampadia

 “Lo que es importante rara vez es urgente”, declaró Dwight Eisenhower. “Y lo urgente rara vez es importante”. Eisenhower no tuvo que liderar a EEUU a través del covid-19. La urgencia y la importancia de la tarea durante el año pasado han desterrado casi todo lo demás de la mente de la mayoría de los líderes. Pero ahora que la vacuna está entrando en acción, el gobierno británico está comenzando una vez más a pensar en las cosas que importarán más adelante. La próxima semana, junto con un presupuesto diseñado para hacer frente a las tensiones fiscales en el país, se espera que publique un “plan de crecimiento” para impulsar la productividad, con la innovación en el centro.

El gobierno tiene razón al intentar tirar la palanca de la innovación. El mundo puede estar en el umbral de un boom tecnológico con las ciencias de la vida, en las que Gran Bretaña sobresale, en su corazón. La innovación es crucial para la productividad y, en este frente, el desempeño de Gran Bretaña se ha quedado a la zaga de sus competidores en los últimos años. Su bajo gasto en I + D -menos de las tres cuartas partes del promedio de la OCDE, como porcentaje del PBI- aboga por un impulso.

Aquellos que recuerdan la década de 1970 pueden considerar esto como un camino peligroso. La promoción de la innovación puede convertirse rápidamente en un ejercicio para elegir ganadores o, como suele ser el caso, perdedores. La compra por parte del gobierno de 500 millones de dólares el año pasado de una participación en OneWeb, una empresa de satélites en quiebra, sugiere que ha olvidado las lecciones humillantes de esa triste década. Un segundo peligro es que las agendas políticas se confundan. El gobierno ha prometido “nivelar” las áreas más pobres del país, por lo que las ciudades desfavorecidas están presionando para obtener más dinero para sus universidades. Pero tratar de impulsar la innovación enviando dinero a instituciones débiles probablemente lleve a que las universidades promedio produzcan ideas sin importancia. El sistema británico de financiación de la investigación es despiadadamente elitista. Debe permanecer de esa manera.

El primer paso del gobierno para impulsar la innovación fue el anuncio el 19 de febrero de un plan para una Agencia de Investigación e Invención Avanzadas (ARIA), que se basa en la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de EEUU. Ese es un comienzo prometedor. El propósito de ARIA es financiar investigaciones de alto riesgo y alta recompensa, probablemente financiando directamente a científicos excepcionales. Pero el dinero no es todo lo que importa. La exitosa traducción de la investigación de las ciencias de la vida en tratamientos durante la pandemia sugiere algunas medidas económicas que también pueden marcar la diferencia.

Uno es acelerar los procesos gubernamentales. La rapidez con la que se movió el regulador médico británico durante la pandemia es una de las razones por las que el despliegue de la vacuna está atravesando la población y los medicamentos identificados en Gran Bretaña están salvando vidas en todo el mundo. La urgencia no es exclusiva de las pandemias. Hacer las cosas rápidamente puede hacer que una inversión valga la pena y determinar dónde elige un emprendedor como base.

Otra medida útil que el gobierno debería utilizar es su capacidad única para superar las barreras. Al comienzo de la pandemia, los investigadores de covid-19, por ejemplo, no pudieron acceder a diferentes líneas de datos de servicios de salud. El gobierno alivió las restricciones sobre los datos existentes y permitió que los investigadores pidieran a las personas que habían dado positivo por covid-19 que se unieran a los ensayos. Ambos fueron cruciales para el esfuerzo.

Un último principio es el valor de las conexiones entre el gobierno y el sector privado. Kate Bingham, una capitalista de riesgo que dirigió el esfuerzo de adquisición de vacunas, sabía cómo tratar con las compañías farmacéuticas. Muchos de los funcionarios que trabajaban con ella tenían experiencia comercial. La cercanía del gobierno con las empresas durante la pandemia ha sido criticada, y quizás se otorgaron algunos contratos inútiles a compinches. Pero sin él, el esfuerzo de la vacuna no habría tenido éxito.

La innovación llevó a los seres humanos de las cuevas a las computadoras. Es algo difícil de alcanzar. Una buena educación, un régimen de inmigración acogedor y un entorno empresarial amistoso harán más para atenderlo. Pero algunos principios sensibles pueden ayudar a mantener encendida la llama. Lampadia

Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia

Si nos llevamos por la narrativa del gobierno y de la prensa adicta al mismo, la gran mayoría de periódicos radios y canales de televisión, el Perú debería estar superando con éxito la doble crisis de la pandemia, la sanitaria y la económica.

Lamentablemente, la realidad nos muestra todo lo contrario.

En cuanto a la crisis sanitaria, el Perú es el octavo país con peores resultados en el mundo. Ver los datos de Worldometer:

Fuente: Worldometer

En términos del impacto económico de la cuarentena, decretada a raíz de la pandemia, los resultados no pueden ser peores. Según el Banco Mundial, el PBI peruano caería en el 2020 12%, solo después de Belice (-13.5%) y de Maldivas (-13%). En Latino América tendríamos largamente el peor resultado, detrás nuestro estarían Brasil cayendo 8%; México, 7.5%; Ecuador, 7.4%; y Argentina, 7.3%. Nuestros otros socios de la Alianza del Pacífico caerían solo 4.9% Colombia y 4.3% Chile. Ver tabla del Banco Mundial:

Fuente: Banco Mundial

Estas cifras muestran una muy cruda realidad, tenemos los peores resultados imaginables, tanto en lo sanitario como en lo económico.

Por su lado el Consejo Fiscal ha producido un análisis de escenarios que confirman esta triste realidad.

A nivel global ve un rango de caída del PBI de 3.8 a 6.2%.

Para nuestros socios comerciales se ve una caída entre 3.5 y 6%.

Pero en cuanto a nuestro PBI, coincidiendo con previsiones del IPE, Macroconsult y Apoyo, el Consejo Fiscal muestra escenarios de caída que van de 10 a 20% para el 2020.

Los resultados fiscales se ven cayendo entre 5.4 y 9.9%.

Y nuestra deuda pública no financiera crecería el 2020 a 35.1 o hasta 41.8% del PBI, desde un 27% para el 2019.

Fuente: Consejo Fiscal – Informe N° 004-2020-CF
Análisis de escenarios macroeconómicos y sus efectos en las cuentas fiscales ante el COVID-19

Estos resultados no son casuales. Son producto de decisiones de gobierno, tanto en lo sanitario como en lo económico.

Para empezar, el gobierno rechazó el apoyo del sector privado, de las iglesias y de las Fuerzas Armadas, en diferentes instancias. Los problemas se trataron a puerta cerrada con un complejo de Superman, como dice Fernando Cillóniz.

En lo sanitario no se tomaron previsiones oportunas para el abastecimiento de pruebas moleculares, las únicas efectivas. No se entendió la naturaleza de las condiciones de vida de buena parte de la población que se gana el pan día a día, y se abastece de comida dos o tres veces por semana.

Además, se restringieron horarios de atención y se establecieron paralizaciones que generaron congestiones y, por lo tanto, se multiplicaron los contagios.

En lo económico se tomaron decisiones planas cerrando todas las regiones, incluso las que no tenían amenaza de contagios; y se cerraron todos los sectores, incluso los que podían operar con controles adecuados. Por ejemplo, los países que compiten con nosotros en minería, Australia, Canadá y Chile, no cerraron el sector y mantuvieron un mayor crecimiento económico.

En la fase de reactivación económica se siguieron cometiendo errores, estableciéndose protocolos equivocados, imposibles de cumplirse que sabotean la posibilidad de reiniciar operaciones. Los errores se corrigen tarde mal y nunca, y se pierde tiempo.

La caída de la economía será dramática y profunda. La recuperación tardará mucho tiempo y, mientras tanto, la pérdida de empleos y la quiebra de empresas se multiplicará sin límites. Hoy se habla de la pérdida de dos millones de empleos.

Ayer el presidente del Consejo de ministros convocó mesas con el sector privado para recibir sugerencias. En nuestra opinión, como en la gran mayoría se casos, las mesas son un saludo a la bandera. De lo que se trata es de transferir responsabilidades a verdaderos expertos, a los representantes del sector privado. También se trata de promover el apoyo de las iglesias y de convocar a las Fuerzas Armadas para asuntos logísticos y otros.

Esto no puede seguir así. El país no es propiedad del gobierno, es propiedad de todos los peruanos. Se debe convocar a todos los estamentos que tienen capacidades naturales para diseñar y ejecutar planes de acción adecuados, como lo han hecho, cerca de nosotros, en Medellín y Guayaquil. Lampadia

Una de las principales líneas de los discursos de las izquierdas políticas gira en torno a la redistribución del ingreso y la mayor carga tributaria hacia los segmentos de las poblaciones más acomodadas que ello implica.

La discusión de la desigualdad en la región, hoy en día en boga a propósito de las protestas en Chile, ha retomado fuerza y según tales grupos políticos, es causado principalmente por la sobreabundancia de multimillonarios egoístas, cuyas cuotas de poder se mantienen a expensas de un Estado distraído e irresponsable.

Pero la verdad del asunto es que este enfoque implementado en la práctica no solo yerra sino que filosóficamente también es peligroso. La idea de que para tener una sociedad más igualitaria pasa necesariamente por imponer más impuestos a las clases ricas no solo ha fracasado en nuestra región, sino también en el mundo desarrollado.

A continuación, se muestra un gráfico elaborado por Macroconsult para la región que muestra cómo la políticas redistributivas han tenido apenas un impacto marginal en reducir el coeficiente de Gini-  indicador más utilizado para medir la desigualdad del ingreso en una economía – en todos los países del bloque.

Fuente: Macroconsult

Siendo además conscientes de que el Estado por naturaleza es ineficiente en la asignación de recursos, el foco de la atención no debiera ser la redistribución de ingresos para reducir la desigualdad, sino la generación de mayor crecimiento económico para un escape persistente de la pobreza y la consecuente mejora de la calidad de vida de los hogares, evitando que sectores privilegiados capturen rentas indebidamente, sin competencia, por ejemplo. Es de esta forma que se reduce la verdadera desigualdad, puesto que permite a los individuos con un mayor poder adquisitivo acceder a mejores servicios salud, educación, vivienda, entre otros sin que haya una dependencia presente de las arcas fiscales y los impuestos que ello conllevan.

Lamentablemente y aún con la evidencia en mano, el vapuleo de las clases ricas como principal arma para combatir la desigualdad sigue aún vigente en las discusiones políticas no solo en nuestra región sino también en países desarrollados como EEUU y Gran Bretaña. Ello lo muestra un reciente artículo escrito por The Economist que compartimos a continuación.

Creemos que es imperativo no solo desechar dicho enfoque por su fracaso en la práctica sino porque además, como bien enfatiza el popular medio británico, la generación de impuestos punitivos a las clases ricas puede introducir desincentivos a la innovación e inversión y por ende reducir la generación de empleo que beneficiaría a las clases más necesitadas, justo a las que se quiere ayudar.

La batalla de ideas persiste y nosotros seguiremos defendiendo, como hemos estado haciendo, nuestra postura de que el crecimiento económico es el motor más potente del progreso humano. Lampadia

En defensa de los multimillonarios
Las grandes fortunas personales son una guía poco confiable de por dónde la política del gobierno salió mal

Los ataques indiscriminados contra los súper ricos harán más daño que bien

The Economist
9 de noviembre, 2019
Traducido y glosado por Lampadia

Vapulear a los multimillonarios está ganando popularidad, especialmente entre los candidatos para ser presidente de EEUU. Elizabeth Warren quiere tomar hasta el 6% de su riqueza en impuestos cada año. Bernie Sanders dice que “no deberían existir”. “Cada multimillonario es un fracaso político”, dice un eslogan común de izquierda. También en las elecciones británicas, los súper ricos están bajo fuego. Jeremy Corbyn, el líder del Partido Laborista, dice que una sociedad justa no contendría nada. El 31 de octubre prometió “perseguir” a los plutócratas de Gran Bretaña, destacando a cinco personas y lamentando un “sistema corrupto”.

Los izquierdistas que explotan la desigualdad no son nada nuevo. Pero la idea de que grandes fortunas personales se hacen posibles solo cuando el gobierno va mal es una idea más novedosa y seria. También está equivocada. La riqueza personal es, en el mejor de los casos, una señal poco confiable de mal comportamiento o políticas fallidas. A menudo lo contrario es cierto.

La acusación de la izquierda se basa en un núcleo de verdad. Cuando la competencia es feroz y justa, las ganancias persistentemente altas deberían ser difíciles de mantener. Sin embargo, en ambos lados del Atlántico, demasiadas empresas obtienen ganancias extraordinarias en mercados concentrados. Algunos multimillonarios han prosperado donde la competencia ha fallado. Facebook y Google dominan la publicidad en línea; a Warren Buffett le gustan las empresas con “fosos” que mantienen alejados a sus rivales. Mientras tanto, el sistema político de EEUU está plagado de lobistas que animan a los políticos de turno. Alrededor de una quinta parte de los multimillonarios de EEUU hicieron su dinero en industrias en las que la captura del gobierno o la falla del mercado es común.

Sin embargo, muchos otros operan en mercados competitivos. Los minoristas, propiedad de Mike Ashley, uno de los objetivos de Corbyn, son conocidos por sus bajos precios y su competencia despiadada (así como por sus cuestionables condiciones de trabajo), no por la búsqueda de rentas. Por cada Mark Zuckerberg, el jefe de Facebook, hay varios empresarios de tecnología con muchos rivales. Piense en Anthony Wood, quien creó Roku, una plataforma de transmisión de video; o Tim Sweeney, cofundador de la firma detrás de “Fortnite”, un videojuego. Nadie puede acusar seriamente a estos innovadores de haber cosido sus mercados o de depender de los favores estatales. Lo mismo ocurre con deportistas como Michael Jordan o músicos como Jay-Z, multimillonarios. Incluso los fondos de cobertura enfrentan una feroz competencia por los fondos de los inversores, por lo que tantos están tirando la toalla.

Cuando el capitalismo funciona bien, la competencia reduce las ganancias para algunos, pero también las produce para otros a medida que los empresarios se apoderan de los mercados, frente a políticos adormilados. Su éxito eventualmente desencadenará otro ciclo de interrupción, pero mientras tanto se pueden hacer fortunas. Los fundadores de MySpace, un sitio web de redes sociales, se enriquecieron cuando lo vendieron a News Corp; posteriormente, Facebook comió su almuerzo. Blockbuster, una tienda de alquiler de videos, ayudó a hacer de Wayne Huizenga un multimillonario; entonces llegó Netflix. Este proceso crea grandes beneficios para la sociedad. Según las estimaciones de William Nordhaus, economista, entre 1948 y 2001 los innovadores capturaron solo el 2% del valor que crearon. Quizás es por eso que los multimillonarios son tolerados incluso por países con credenciales socialdemócratas impecables: Suecia y Noruega tienen más multimillonarios por persona que EEUU.

Los impuestos deben imponerse progresivamente. Pero eso no justifica la redistribución ilimitada o los gravámenes punitivos. El impuesto sobre el patrimonio propuesto por Warren ya se ha duplicado una vez durante su campaña. Thomas Piketty, un economista detrás de muchas de las estadísticas de desigualdad más citadas, quiere un impuesto al patrimonio de hasta el 90% sobre los multimillonarios más ricos. Tal expropiación seguramente enfriaría los incentivos para innovar y asignar capital de manera eficiente. Una economía con menos empresarios podría tener menos multimillonarios, pero en última instancia sería menos dinámica, dejando a todos peor.

La riqueza es preocupante cuando se atrinchera o se protege de las fuerzas disruptivas. Donde se ha establecido esa decadencia, los gobiernos deberían abordarla directamente. Independientemente de lo que diga Corbyn, Gran Bretaña apenas es corrupta según los estándares mundiales: el soborno es raro, por ejemplo. Pero sí tiene un problema con la riqueza heredada, la fuente de una quinta parte de la fortuna de los multimillonarios. Mayores impuestos a la herencia serían bienvenidos allí y EEUU, donde es demasiado fácil pasar riqueza entre las generaciones.

Una agenda más amplia para atacar las rentas mientras se mantiene el dinamismo debilitaría la protección excesiva de la propiedad intelectual y los derechos de autor, que a menudo duran demasiado. (Vender Lucasfilm más de tres décadas después de la primera película de “La guerra de las galaxias” no debería haberle dado a George Lucas US$ 4,000 millones). Sacudiría la aplicación de la ley antimonopolio para promover la competencia en las industrias antiguas y nuevas por igual. Y lo más importante, arreglaría las leyes de financiamiento de campañas de EEUU para librar a su sistema político de la captura corporativa tanto a nivel estatal como federal.

Hacer todo esto lograría mucho más que un ataque indiscriminado contra los ricos, y sin el daño asociado. Por supuesto, corrija las fallas de la política. Pero los multimillonarios suelen ser el objetivo equivocado. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

La confrontación entre el Ejecutivo y el Congreso ha culminado con el otorgamiento de la confianza. Es de esperar, entonces, que en la Comisión de Constitución se alcance un consenso para avanzar en la aprobación de los proyectos de reforma política que, junto con la reforma del sistema judicial, es muy importante para construir una institucionalidad que mejore la gobernabilidad e instaure el Estado de derecho, bases fundamentales de la prosperidad y el crecimiento.

Pero no es necesario esperar hasta el mediano o largo plazo para que esos objetivos se alcancen. El gobierno puede y debe ir avanzando con decisiones cruciales que tendrían un impacto muy grande en el corto plazo para mejorar sustancialmente las condiciones para la inversión, el crecimiento y la generación de empleo formal e inclusivo en el Perú. Y también el Estado de derecho. Se trata de la licencia de construcción de Tía María, que debería darse antes del 31 de julio que vence la vigencia del estudio de impacto ambiental de ese proyecto, y la inclusión en el Plan Nacional de Competitividad de un conjunto potente de reformas laborales y tributarias que permitan incluir en la legalidad formal a muchísimas empresas y trabajadores hoy excluidos y que permitan su crecimiento económico, hoy reprimido.

La primera decisión tendría el valor simbólico de señalar que el Estado peruano se decide a desarrollar el enorme potencial minero que tenemos y que puede convertirnos en un país desarrollado, y que empieza a crear las condiciones para ello. Es decir, que empieza a tener la madurez suficiente para manejar procesos que permitan la inversión asegurando los derechos de todos.

La segunda indicaría que hemos empezado un proceso para cerrar la mayor desigualdad estructural y social existente el país: la que separa a los formales integrados al mundo moderno, de los informales e ilegales arrinconados en los márgenes del desarrollo y la legalidad.

Sobre la decisión de otorgar la licencia de construcción a Tía María ya nos explayamos la semana pasada en este mismo portal. Respecto de lo segundo hay que decir que el Estado peruano ha agotado ya todas las instancias de diálogo en el Consejo Nacional de Trabajo (CNT), y no ha sido posible conseguir la participación ni el aporte de las centrales sindicales, con la CGTP a la cabeza. Por lo tanto, es necesario tomar una decisión ante un tema que tiene que resolverse si queremos volver a crecer con oportunidades para todos.

El proceso comenzó a mediados del año pasado con la pre publicación del “documento de política”. En el Objetivo de Política Nº 5, orientado a “crear las condiciones para un mercado laboral dinámico y competitivo para la generación de empleo formal”, se identificaron con claridad los problemas e implícitamente las soluciones:

• El Perú es uno de los países con mayor rigidez para contratar y despedir trabajadores.
• El Perú registra mayores costos laborales no salariales respecto a sus pares de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia y México): 50.3% respecto al salario mensual neto que recibe el trabajador mientras que Colombia es el 30.4%, Chile el 15.8% y México el 21.1%.
• En el Perú la indemnización por concepto de despido injustificado es alta si se compara con nuestros pares de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia y México)

Ese documento de política, luego de recibir comentarios, se convirtió en la “Política Nacional de Competitividad y Productividad”, aprobada por decreto supremo el 31 de diciembre del 2018. El problema es que la “Política…” diluyó y relativizó el diagnóstico que estaba en el documento de trabajo llegando a decir que en realidad la solución no pasa por reducir esos costos no salariales porque ya tenemos regímenes especiales menos onerosos y no han resuelto el problema, una falacia que ya desbaratamos en un artículo anterior.  

La CGTP no se presentó

El hecho es que las centrales sindicales, con la CGTP a la cabeza, protestaron porque no habían sido consultadas para la elaboración del Objetivo de Política Nº 5, y se retiraron, una vez más, del Consejo Nacional de Trabajo (CNT), pese a que el mencionado capítulo no contenía propuesta de cambio alguna. El presidente de la República las invitó a Palacio y allí les solicitó que se reincorporen para discutir precisamente ese capítulo, que se decidiría en el CNT, y se dictó un decreto para disponerlo así.

El pasado jueves 30 de mayo se llevó a cabo la reunión del CNT en la que los sindicatos y los gremios empresariales debían presentar sus propuestas finales respecto del Objetivo de Política Nº 5, pero las centrales no se presentaron. Si hubieran tenido propuestas y argumentos, habrían asistido. No lo hicieron. El gobierno, entonces, tiene el camino libre para incorporar en el Plan Nacional de Competitividad que se apruebe próximamente las reformas necesarias para desentrampar el mercado laboral e incorporar a los marginados.

Los gremios empresariales, en cambio, habían unificado posiciones y presentaron un documento completo que incluye no solo propuestas relativas a la regulación de las relaciones laborales sino otras para resolver problemas de desnutrición y anemia, educación, educación tecnológica, condiciones para la inversión y el crecimiento de las Mypes, simplificación administrativa y análisis de impacto regulatorio de las normas que emite el Estado, extensión de régimen agrario y exportador, etc.

La importante propuesta de Macroconsult

Macroconsult, por su parte, con el auspicio de la Cámara de Comercio de Lima, formó un equipo liderado por Elmer Cuba y Claudia Cooper que elaboró una muy bien pensada propuesta de formalización laboral y tributaria que también ha sido elevada al gobierno. Dicha propuesta tiene como concepto central cambiar el paradigma de regímenes especiales para la micro y pequeña empresa (laborales y tributarios) por escalas graduales basadas en el ingreso del trabajador o en las utilidades de la empresa. Esto para evitar los saltos mortales de un régimen al siguiente, que desalientan el crecimiento y fomentan la subdivisión de las empresas o la informalización de los trabajadores, y para facilitar la formalización de las propias empresas.

Así, en lo laboral se plantea un régimen general único basado en una escala gradual de ampliación de beneficios en función del tamaño del sueldo, tal como podemos ver en el siguiente cuadro, que compara al régimen actual de la microempresa con la escala que se propone, hasta llegar al régimen general actual que sería la última escala de un régimen general gradual:

Fuente: “Reforma laboral para la reducción de la informalidad y el aumento de la productividad (presentación preliminar), Macroconsult, junio 2019

Lo interesante es que la unidad de ampliación de beneficios ya no es la empresa según su número de trabajadores, sino la persona misma, el trabajador, en función del tamaño de su remuneración. Eso implica que en una misma empresa podría haber varios regímenes o escalas o que en una empresa con muy pocos trabajadores pero de servicios profesionales bien remunerados, sus empleados estarían en la escala más alta, por ejemplo.

La propuesta incluye la idea de que cuando el trabajador pasa a la segunda escala (salario entre 1,500 y 2,500 soles), la empresa empieza a pagar a Essalud aunque solo 6%, pero el trabajador no perdería el acceso al SIS, que es más valorado por su prontitud en la atención que Essalud. De esa manera, al mismo tiempo, Essalud tiene un nuevo ingreso sin que tenga que dar el servicio.

La propuesta implica que cuando una empresa crece no pasa de un régimen a otro incrementando sustancialmente los costos no salariales del trabajo, sino que estos se incrementan gradualmente en la medida en que suben las remuneraciones de sus empleados. Pero mejor aún sería plantear una escala de ampliación de beneficios más continua, con rangos más pequeños.  

Evidentemente, sin embargo, el límite al potencial formalizador de esta propuesta y de cualquier otra, está en el nivel relativamente alto del salario mínimo que, según cálculos del IPE, es superior al salario promedio en el sector informal. Se constituye, entonces, en una barrera absoluta a la formalización. Dicho salario no debería ser subido hasta que técnicamente su nivel se adecúe a la realidad del mercado laboral y permita la formalización de los trabajadores sin derechos.

Ahora bien, la propuesta laboral facilitará el crecimiento de las empresas ya constituidas formalmente y evitará la informalización del trabajo dentro de ellas. Pero la gran mayoría de empresas es informal, informal tributariamente, o está en regímenes como el RUS que disfrazan la informalidad o se usan para sacarle la vuelta al fisco. En ese sentido, para facilitar la formalización y el crecimiento de las empresas formales, Macroconsult plantea suprimir los regímenes especiales (parte del RUS, RER, Mype tributario –RMT-, régimen general) y reemplazarlos por un régimen general único gradual y progresivo, algo que siempre hemos demandado en Lampadia. Lo podemos ver en el siguiente cuadro:

Fuente: “Reforma laboral para la reducción de la informalidad y el aumento de la productividad (presentación preliminar), Macroconsult, junio 2019

Esto supone mantener el RUS con un techo más bajo y solo para casos especiales (mercados de abastos y bodegas), que las personas naturales que usan RUS deban migrar hacia el impuesto a la Renta de personas naturales, que las personas con negocios que usan RUS y las que tienen RER y RMT deban migrar al Impuesto a la Renta de tercera categoría progresivo, y que las personas con negocios deben registrarse como persona jurídica. Todos los individuos tendrían que emitir una declaración jurada obligatoria. Por supuesto, la Sunat ayudaría con una contabilidad progresiva.

Nuevamente acá la escala podría ser más continua, para eliminar al máximo los saltos. Y, de hecho, una escala como esta ayudaría a la formalización y el crecimiento  empresarial. La masificación de los comprobantes electrónicos haría todo esto posible.

Las propuestas de Lampadia

Sería conveniente que el gobierno analice esas propuestas y las compatibilice con las que formuló el Consejo Privado de Competitividad en relación al mercado laboral, e incluya también las que hemos discutido en Lampadia en un taller en el que participaron Miguel Jaramillo, Gustavo Yamada, Germán Lora, Jorge Toyama y Pablo Bustamante, que adjuntamos al presente. En dicho taller se elaboró una lista mínima de reformas:

• Cambio de criterio del Tribunal Constitucional, limitando la posibilidad de reposición a despido nulo, conforme a ley (posición de magistrado Sardón de Taboada). O, en su defecto, modificación de artículo 27 de la Constitución Política de 1993, fijando la indemnización por despido arbitrario como mecanismo protector frente al despido, abriendo la posibilidad de reposición únicamente para despido nulo (hay un proyecto de la congresista Letona en este sentido).
• Modificación del artículo 8 del Texto Único Ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, permitiendo pactar la Remuneración Integral Anual (RIA) sin que exista un límite mínimo de remuneración (2 UIT es en la actualidad) para ello (salvo la RMV).
• Considerar la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) solo como seguro de desempleo. Establecer un tope de 6 sueldos en la cuenta de trabajador. Llegado a dicho tope, el empleador no tiene obligación de seguir haciendo depósitos. Esa cuenta solo podrá ser abierta por el trabajador cuando esté desempleado. No se podrá hacer retiros parciales.
• Mejorar la regulación del tiempo parcial: aumentar número máximo de horas trabajadas a la semana a 30 horas. Modificar el Decreto Supremo N° 1-96-TR, estableciendo que será trabajo a tiempo parcial el trabajo realizado en menos de 24(30) horas a la semana, independientemente de los días que se labore.
• Aprobar la ley de empleo juvenil.

Fuera de eso, en Lampadia hemos desarrollado una propuesta clave indispensable para formalizar la economía y el trabajo y resolver el problema pensionario:

• Que los ciudadanos puedan, desde los 18 años, aportar a su cuenta individual de pensiones una parte del IGV que pagan cuando compran cualquier producto. Esto no solo resolvería el problema pensionario de la población peruana, sino que ayudaría a formalizar la economía vía el pedido de facturas. Esta reforma tiene el potencial incluso para construir gradualmente un sistema de salud universal e integrado.

El gobierno está ante la responsabilidad histórica de incorporar en el Plan Nacional de Competitividad estos y otros cambios orientados a modernizar la legislación laboral, tributaria y social para hacerla más inclusiva y más adaptada a la cuarta revolución industrial que se nos viene, y a la que no podremos sobrevivir si es que no actualizamos nuestro marco regulatorio. De paso propiciaría una gran revolución: la que haga posible reducir sustancialmente la gran desigualdad estructural de nuestro país, que es la que excluye al sector informal emergente de la formalidad y el crecimiento económico. Lampadia

“El presidente Vizcarra puede ser el gran reformador del Perú”

Elmer Cuba señala que el nuevo gobierno podría llevar a cabo una gran reforma laboral en el país si es que el mandatario así se lo propone

Entrevista a Elmer Cuba, Director del BCR y socio de Macroconsult
Jaime de Althaus
El Comercio, 02 de abril de 2018

En esta entrevista, el director del BCR Elmer Cuba, quien esta semana estuvo voceado como uno de los posibles candidatos al MEF, explica algunos de los retos que tiene en materia económica el nuevo gobierno.

— Podríamos estar creciendo a tasas mucho más altas si no hubiera habido todo ese entrampamiento político que ha detenido al país el último año y medio. ¿Hemos superado este entrampamiento político?

Sí, podríamos estar yendo al doble de velocidad. Hoy día el Perú está yendo a 2,5% de PBI, podíamos estar yendo a 5%. ¿Por qué no hemos ido a 5%? En parte, por toda la crisis política y, en parte también, por el tema Lava Jato, su mal manejo, y, en parte, por errores de política económica. Tampoco se salva Kuczynski en esto. Entonces, ¿qué puede cambiar ahora? Bueno, el choque externo sigue siendo positivo, el tema Lava Jato comienza a desenredarse con la nueva ley que reemplaza al 003, que es una mejora sustancial, y este arreglo político que era lo que todo el Perú esperaba hace año y medio entre dos grandes agrupaciones que pensaban muy parecido en lo económico, a diferencia de la izquierda que tenemos. Uno observa ahora una colaboración entre el Ejecutivo y el Congreso. Ahora falta saber cuáles serán las primeras medidas tributarias y de gasto público del nuevo ministro de Economía.

— Bueno, se dijo que Elmer Cuba iba a ser el ministro de Economía, pero ha sido vetado por Juan Sheput, por Violeta, por sectores antifujimoristas en las redes…

Sí, seguramente… Mira, nunca me llamó nadie del Ejecutivo en verdad, o sea que ha sido una hipótesis manejada por las redes sociales. Es lamentable que el odio sea transitivo: que por haber colaborado en la segunda parte de una campaña política, en la parte económica, la gente ya te comience a golpear más allá de tus propios méritos personales. Pero, desde donde uno esté, tiene que colaborar con ideas.

— ¿Y qué es lo que habría que hacer para recuperar la economía?

La primera medida de política económica no es propiamente macroeconómica, sino simplemente el arreglo entre el Congreso y el Ejecutivo. Esto, por sí solo, ya es positivo, en términos de una paz política por lo menos de 12 a 24 meses antes de la siguiente campaña electoral del 2021. Esto va a hacer que muchos empresarios desempolven sus proyectos que están listos, que los han guardado por esta incertidumbre. Porque el Perú es una economía muy dinámica. Incluso en la desaceleración, le hemos sacado un punto a todos los países. Además, el Perú ha sido capaz de procesar en democracia un cambio de presidente y además está metiendo a otros presidentes presos. Eso no ocurre en México o en Argentina. Eso es algo positivo más bien, nos estamos graduando como un país que es capaz de juzgar a autoridades.

— Pero tenemos un déficit fiscal…

Sí, y hay que atacarlo. Pasivamente no se va a cerrar. Es preocupante porque es un déficit de 3 puntos de producto y el Perú recauda solo 13 puntos de producto. O sea, no es que el Perú recaude 40 puntos de producto como un país europeo que tiene déficit de 3.

— Pero los ingresos fiscales están subiendo de manera sostenida desde octubre…

Han comenzado a subir efectivamente y la buena noticia es que van a ser mayores por el lado de la minería. Las principales empresas mineras han aumentado sus utilidades casi entre 50 y 100%, que no es poco, y eso va a hacer que cuando se regularice, salte la recaudación. Pero aun así no es suficiente, hay que hacer más cosas para controlar la evasión de IGV y renta que en los últimos dos años es mayor que en la década anterior.

— ¿Cómo?

Hay que identificar cuáles son los focos principales de evasión. Yo creo que están básicamente en el Impuesto a la Renta de empresas medianas, que tienen doble contabilidad e informalidad.

— ¿Por qué ha caído la recaudación?

Primero, por el error de bajar las tasas del Impuesto a la Renta a las personas y aumentar la parte no imponible. En el Perú somos 16 millones de trabajadores y solamente declaran impuestos 3 millones, pero pagan 1 millón. Los otros 2 millones son formales, pero no pagan porque están exentos, porque ganan poco. Recién a partir de 20 mil soles al año comienzas a pagar Impuesto a la Renta. Entonces solamente un milloncito paga y a ese milloncito de personas que sí pagan, digamos los profesionales del Perú, les han bajado los impuestos. Una cosa insólita.

— ¿Habría que subirles nuevamente esos impuestos?

Yo creo que sí. Es volver a lo que teníamos en el 2014. Además ocurre que las empresas se mudan a régimen mype para pagar solo 10% de impuestos contra 29,5 del régimen general. Hay que volver a los regímenes de renta previos al 2014.

— En realidad pagan 10% solo por las primeras 15 UIT de utilidad, lo que permite un incremento gradual. ¿Propones eliminar el nuevo régimen mype, que está diseñado precisamente para hacer un tránsito más gradual, sin salto mortal, al régimen general?

Hay que repensarlo antes de saltar al vacío. Habría que optimizar el RER y el RUS.

— Pero, ¿cómo optimizas RER y RUS? Son sistemas para dar apariencia de formalidad a la informalidad. No pagan IGV. No entran a la cadena tributaria. Están hechos para fragmentar empresas y evadir.

Con las tasas y simplicidad. En un híbrido entre la informalidad y la formalidad. La heterogeneidad productiva obliga a eso.

— La ex ministra Cooper propuso simplificar los regímenes tributarios unificándolos en uno solo, eliminando el RUS y el RER, acompañado esto de la digitalización de los comprobantes. Para que todas las empresas ingresen a la cadena tributaria, del IGV…

No hay estudios concluyentes que digan qué método es mejor, porque el aparato privado peruano es muy heterogéneo y quizá habría que mantener regímenes especiales por un buen tiempo, pero que suavicen el paso de un escalón al otro. Un solo régimen general puede ser más bien infranqueable para los informales y ahí sí tendrías dos mundos: informales para siempre y formales para siempre. Muchos informales no podrían sobrevivir frente a los formales si tienen que pagar IGV y renta. Ahora por lo menos están en el borde, pagan un poco…

— No sería infranqueable si la Sunat te hace la liquidación de impuestos, y al deducirte el IGV terminas pagando menos, que es lo que ocurriría según Claudia Cooper…

Ahí actuamos a ciegas, a diferencia, por ejemplo, del Midis, que tiene la Enaho, con la que mapean la pobreza para hacer políticas sociales. Nos falta conocer realmente las mypes, no las hemos censado, no las seguimos con encuestas, no sabemos cómo acumulan, cómo quiebran, cómo se endeudan, cómo pagan impuestos, cómo contratan. El nuevo ministro tendría que hacer una comisión especial en doce meses con los mejores expertos nacionales e internacionales en el tema para resolver este asunto. No podemos enfrentar bien la informalidad en todas sus dimensiones laborales, tributarias y sobre todo del sector, porque no la conocemos bien. No sabemos cuál ha sido su génesis. En cada sector la causa puede ser distinta. De repente la causa de la informalidad en el sector ‘retail’ al por menor, es la ley laboral. Pero la causa de la informalidad minera sería la ley minera que obliga a que el pequeño tenga un EIA o el cierre de impacto ambiental…

— En el tema laboral es fundamental eliminar la estabilidad laboral absoluta…

El tema es más complejo. Somos 16 millones de trabajadores; solamente 3 millones son formales. El TC, con su sentencia del 2001 que restableció la estabilidad absoluta, indujo a que 2 de esos 3 millones pasen a contrato a plazo fijo, y solamente un millón en contrato indefinido, cuando antes de esa sentencia era al revés. Pero ese problema, que hay que resolverlo con el TC o con el Congreso, va a mejorar la vida solamente de los 3 millones de formales que pasarán más fácilmente a contratos indefinidos…

— Pero también es una barrera a la formalización, ¿no? Muchas empresas no formalizan por temor a no poder desvincular cuando es necesario…

Sí, pero en el caso de las pequeñas y medianas no formalizan sobre todo por los sobrecostos laborales, por los mal llamados derechos laborales que encarecen la formalidad. Por eso hay otro milloncito de trabajadores informales en empresas formales. Ya de ahí para abajo, el tema laboral ya no es laboral, es empresarial. Va a ser imposible que una empresa que es informal per se, tenga trabajadores formales. Estamos hablando ya de 3 millones más, que son trabajadores informales en empresas informales. Entonces ahí la respuesta es: primero formalizas la empresa. El tema es más tributario, y más relacionado con la legislación de cada sector: qué se le pide a la señora que hace galletas, por ejemplo. Y, fuera de estos, los que están en la cola ya son otros 3 millones de independientes –una exageración–, que no tienen jefe ni declaran renta: el gasfitero, el taxista, el cuidador del edificio, el limpia autos, el reciclador, el estibador de mercado… Para no hablar del pequeño agricultor altoandino. Lo más fácil, aunque parezca mentira, es cambiar la sentencia del TC. Lo otro es más complejo. Es la gran reforma laboral de este país.

— ¿La podría hacer el presidente Vizcarra?

La puede hacer si la quiere hacer. Tiene todo para hacerlo. Es un cambio de Gobierno, que tiene ciertas ventajas porque tiene una oposición que no puede ser oposición. Él tiene una cosa importante: su poder de renuncia. El presidente Vizcarra puede ser el gran reformador del Perú si quiere hacerlo o simplemente administrar la cosa esperando que pase el tiempo hasta el 2021.

— ¿Qué efecto va a tener esta alza del salario mínimo?

Si tú me dices, “dame una medida para aumentar la informalidad laboral”: sube el mínimo. Si quieres aumentarlo ya con daños severos, mortales, ponlo en 1.500 soles. Ahorita la mediana de ingresos en el Perú es 900 soles, la mediana. De esos 16 millones de trabajadores, la mitad gana menos de 900 y hemos puesto el mínimo en 930. Por encima de la mediana, de locos. El mínimo está totalmente pervertido. Ya no es el mínimo, es la mediana. Es un enemigo de la formalización.

— ¿Debería haber dos salarios mínimos: uno para la micro y mediana empresa y otro para la mediana y grande o no debería haber simplemente salario mínimo?

El mínimo debería ser mínimo. Deberíamos dejarlo ahí que pernocte varios años para que realmente sea mínimo. Una vez que sea mínimo, lo indexamos al IPC y a la productividad de ese segmento de bajos ingresos formales. Lo central acá es la productividad laboral.

— Entonces, ¿cómo haces para subir la productividad laboral?

¿Por qué el ingreso promedio de un chileno es superior al de un peruano, sea este un guachimán, un médico o un taxista? Porque ellos han invertido más en 20 años, tienen más capital por persona. A más intensidad en capital, más salario real. También lo decía Marx. Como esta es una economía subcapitalizada, tenemos que meterle más inversión privada al infinito para que el ratio, el capital, sea mayor.

BENEFICIOS TRIBUTARIOS

“No sería fácil políticamente eliminar las exoneraciones”

Si los cines no pue- den ganar vendiendo canchita, no va a haber más inversión en cines…

Así es. Esos microrretrocesos, si los juntas, son el principal enemigo de la inversión. Es clave pensar que cada movimiento regulatorio puede tener un daño. Si sumas esas pequeñas cosas, los peruanos nos vamos a entrampar y vamos a perder la batalla. Y lo otro son los costos de transacción por el lado legal judicial. Si la justicia es lenta o corrupta, aumenta también el riesgo de invertir, no te devuelven nunca algo. La tasa de interés en el Perú es alta en parte por el riesgo de cobranza a ese señor que te engañó. Y los que recibimos un crédito pagamos ese sobrecosto.

Se estaría trabajan- do con el Congreso la vieja idea de eliminar exoneraciones. Según el MEF, hay 16 mil millones de soles al año de beneficios tributarios…

Mira, para el mismo MEF, de esos 16 mil, solo 11.600 serían factibles en el corto plazo. Pero no sería fácil políticamente eliminarlas. Por ejemplo, la exoneración más grande, de 1.900 millones, es la del IGV a la educación: habría que cobrar IGV en los colegios, en las universidades o en los institutos. La siguiente es la intermediación financiera, es decir, los créditos, exonerados también del IGV, y la tendencia mundial es a no cobrar IGV para eso. El tercero es la exoneración del Impuesto a la Renta natural para la CTS. Debería pagar, pero habría resistencia. También tienes la devolución anticipada de IGV, que tiene sus ventajas. Y el drawback, que es bien ideologizado, pues si no hay aranceles para importar no debería haber drawback (devolución), que es un subsidio a las utilidades de los exportadores no tradicionales. Y, por último, está el sector agropecuario, que paga solo 15% de Impuesto a la Renta contra 29,5% que pagan todos los demás. ¿Ese ‘boom’ agroexportador va a llegar a su fin si pones el impuesto donde debería estar o hay que dejarlo ahí 15 años más? Esas seis son el 80% de las exoneraciones. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Hace unas semanas el Congreso aprobó una ley vergonzosa que el Ejecutivo debería observar. Se trata de la ley de Carrera del Trabajador Judicial, cuya finalidad es excluir a los trabajadores jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial del meritocrático régimen de la ley de Servicio Civil, para instaurar una carrera en la que la meritocracia brilla por su ausencia, algo inaceptable en estos tiempos. Sólo se establece concurso público –y con excepciones, además- para el ingreso a la carrera, pero de allí en adelante se asegura la estabilidad absoluta: no se dispone evaluaciones para ascender ni menos aún para permanecer en la carrera.

Esto es una burla al país, más aún en la institución encargada de castigar la corrupción. Por eso, es necesario dar la batalla. Si queremos cambiar el Perú, ciertos consensos deben estar afirmados. Uno de ellos es justamente la implantación de la meritocracia en todos los órganos y niveles del Estado, porque se trata de garantizar el buen uso de los impuestos que los ciudadanos pagamos. En esto todos debemos remar en la misma dirección.

Incremento de sueldos a cambio de nada

Con esta ley ocurre todo lo contrario. Su efecto práctico será que se aprobará una nueva escala remunerativa con sueldos considerablemente más altos, a cambio de nada, sin ninguna obligación de rendimientos por parte de los trabajadores. En efecto, la ley no establece evaluaciones de desempeño de ningún tipo, pero si ordena al ministerio de Economía, en su primera disposición complementaria, conformar una comisión para elaborar una nueva escala remunerativa. Y, de hecho, adelantándose, el Poder Judicial contrató a la consultora Macroconsult para que elabore una propuesta de nuevos niveles remunerativos, que es la que vemos a continuación:

De acuerdo a la propuesta, los incrementos de sueldos varían entre 23% y 70%. A cambio de ninguna exigencia. ¿Cuánto representaría eso para el fisco, es decir, para todos nosotros? Lo vemos en el siguiente cuadro:

Es decir, 534 millones en total. A esto habrá que agregar la actualización que esta propuesta deberá hacer luego de que hace pocos días se ha incrementado los sueldos de las escalas salariales del Tribunal Constitucional y del Ministerio Publico, reabriendo la brecha con los niveles remunerativos de otras instituciones que la propuesta de Macroconsult buscaba cerrar. Eso quizá agregue 200 o 300 millones adicionales.

Demasiados trabajadores

El monto tan elevado obedece al número de trabajadores jurisdiccionales y administrativos: 25,000, para solo 3,000 jueces, una relación de 8 a 1, absolutamente injustificable desde ningún punto de vista. Habría que comenzar por reducir drásticamente ese número, pero eso será imposible con una ley que garantiza la estabilidad laboral absoluta.

El abultado número de administrativos sólo sirve para procrear diversas formas de corrupción en las compras y en la gestión de los recursos. Los jueces, concentrados en su labor, no pueden controlar lo que ocurre en el área administrativa, con la cual más bien saben que deben estar en buenos términos para obtener el apoyo material y logístico necesario para sus labores. La Contraloría, por su parte, carece de poder dentro de la judicatura, de modo que es lo mismo que la carabina de Ambrosio. La tan mentada autonomía del Poder Judicial es autonomía también para cometer irregularidades con impunidad.

También excluye a los jurisdiccionales del control de la OCMA

Lo increíble es que esta ley, no contenta con excluir a los trabajadores del Poder Judicial de toda forma de meritocracia, excluye a los trabajadores jurisdiccionales (secretarios y relatores que trabajan directamente con el juez asistiéndolo), que son unos 5,000 del total de 25,000, del control disciplinario de la Oficina del Control de la Magistratura (OCMA) del propio Poder Judicial. Por eso se ha dado el caso insólito que la misma OCMA ha solicitado directamente al Ejecutivo que observe la ley, pues ya no podrá hacer prevención ni combatir los actos de corrupción en los que incurran los auxiliares jurisdiccionales, debilitando su capacidad de acción. La ley encomienda el control disciplinario de los trabajadores jurisdiccionales a la propia administración del (jefe inmediato, jefe de recursos humanos etc.).

La razón por la que el control disciplinario de los trabajadores jurisdiccionales debe estar en manos de la OCMA es obvia: el juez no actúa solo, él es su despacho, y en su despacho está su secretario. Si este comete un acto de corrupción, lo hace dentro de un proceso judicial, no dentro de un proceso administrativo. En ocasiones se acusa al juez por algo que comete su personal auxiliar. Viceversa, el juez no puede desentenderse de lo que hace su secretario. Sabe cuándo éste comete algún acto irregular.

Los congresistas, al aprobar esta ley, han trabajado para los sindicatos del Poder Judicial, en perjuicio del país. La Constitución establece que los congresistas no responden a mandato imperativo, sino que representan a la nación. En este caso no han representado a la nación sino a un interés particular, negativo para la nación. Recordemos que en el Poder Judicial hay tres federaciones y un sindicato, el de Lima. El que más fuerza tiene es este último, el Sutrapoj, pues en Lima se venel 64% de los procesos. Y resulta que, de los 16 delegados del sindicato de Lima, 6 pertenecen o están vinculados al Movadef y, según informaciones, el Movadef está principalmente con los CAS, que son más de 7,500, y lo que propugnan es que pasen directamente a la 728, sin concurso. Si contrariamente, pasaran al régimen de la ley de servicio civil, tendrían obligatoriamente que concursar. 

El problema es que un gobierno débil seguramente tendrá temor a observar la ley en este aspecto, de la misma manera como claudicó frente a la ley que pasó los CAS de Essalud a la 728 en lugar de hacerlo al régimen de la ley se servicio civil. Sin embargo, el pedido de la OCMA al Ejecutivo para que observe la ley en lo que le concierne, abre una ventana de oportunidad para dar la pelea en toda su extensión. No es posible aceptar la existencia de islas patrimonialistas y anti meritocráticas en el Estado. La ley debe ser igual para todos. Nadie puede estar eximido de la obligación de servir con la máxima dedicación y productividad al país. Vivimos en una democracia, no en una tiranía de privilegios. Lampadia  

La infausta ‘huelga magisterial 2017’ va llegando a su fin con resultados que solo podemos calificar de una de las mayores irresponsabilidades históricas de nuestra clase política.

Más de 50 días de huelga y ni siquiera se ha compartido con la ciudadanía, información seria sobre la situación y perspectiva de la educación escolar en el Perú. ¿Qué mejor ocasión para ello, que la de tener todos los días, en todos los medios, el tema de la educación de nuestros niños y jóvenes?

No se ha aprovechado la circunstancia para poner encima de todo el imperioso objetivo de privilegiar la calidad de la educación. No se ha aprovechado la ocasión para poner encima de la mesa, con sinceridad y transparencia, los problemas y los retos de la educación. No se han mostrado los datos que necesitan nuestros ciudadanos para tener una visión mejor informada de nuestra realidad. Más bien, los ciudadanos hemos sido adormecidos con elementos distractivos, medias verdades o mentiras abiertas. Estamos seguros, que hoy, nuestra sociedad está más confundida que empoderada para influir en el diseño del futuro escolar.

Veamos si en Lampadia podemos rescatar un mejor análisis del tema:

• Calidad, reto y encaminamiento

La calidad de la educación escolar en el Perú es una de las peores del mundo, por lo tanto, la sociedad debiera hacer un gran esfuerzo de superación, en el menor tiempo posible.

Si a ello, le agregamos que estamos viviendo una nueva revolución tecnológica (Cuarta Revolución Industrial), que está transformando la vida de las personas, empresas y países, en todo el mundo; con impacto especial en la educación; el reto de superarnos requiere absolutamente, de toda nuestra atención.

Dicha revolución aporta un cambio de paradigma muy importante para la calidad de la educación: la transición de la producción en masa, a la producción en segmentos ‘tamaño uno’. En otras palabras, la educación del futuro será individualizada y, además, basada en el desarrollo de capacidades más que de aprendizajes.

El enfoque de la educación en el Perú sigue siendo regimentado, centralizado e inspirado en los paradigmas del siglo xx. El Ministerio de Educación, bajo la batuta del ex ministro Saavedra, adormeció a nuestra clase dirigente, haciéndole creer que podían desentenderse del tema, pues bastaba con tenerlo a cargo, apoyado por las múltiples consultorías que contrató con la PUCP, mientras combatía el aporte del sector privado a la educación.

• La tragedia de los maestros

La profesión de maestro es una de las más importantes de toda sociedad. Como en todas partes, hasta hace varias décadas, nuestros maestros eran respetados, contaban con los mismos instrumentos y prácticas educativas que se empleaban en el resto del mundo y sus remuneraciones estaban acordes con la realidad del país, sin ningún maltrato relativo a otro sector.

Pero, como hemos explicado en Lampadia (ver: La tragedia de los servidores del Estado ), la hiperinflación creada desde los años 70 por las políticas socialistas de la dictadura militar, mantenida y exacerbada por Belaunde II y García I, desquició la vida de todos nuestros servidores públicos. Ellos tuvieron que recurrir al cachueleo para sobrevivir y finalmente pasaron a jornadas laborales de medio día, con lo que se perdió, tanto para los maestros, como para los médicos y policías, la vocación de servicio.

Ver el perfil de la gran hiperinflación peruana, que duró 25 años y llegó a un pico de 7,482% en un solo año:

A medida que subía la inflación, fueron bajando los ingresos reales de los maestros. Veamos como caen al 12% real, desde la dictadura militar hasta fines de los años 90. Desde entonces empieza la recuperación, multiplicándose por 3.6 veces hacia mediados de la presente década.

Así, fue que nuestros maestros fueron empujados, junto con el resto de los servidores públicos, a privilegiar su esfuerzo por sobrevivir, por encima de cualquier otra cosa.

El siguiente gráfico, muestra la evolución del salario de los maestros durante cada período de gobierno:

Contrariamente a lo declarado por el Presidente PPK, hace cuatro días en el sentido de que hay que entender los reclamos de los maestros, pues sus ingresos habrían estado estacados durante los últimos diez años, podemos ver, según informa Macroconsult, que si bien durante el gobierno de García II bajaron 10% (la economía creció más rápido que sus salarios), durante el gobierno de Humala, el crecimiento fue de 65% real. Lo terrible, es más bien, que este aumento se hizo sin que los maestros se comprometieran con una gesta por la calidad, sin que renuncien a la agenda política de la ‘lucha de clases’, y sin que colaboren, como plantea, Jaime de Althaus  con apoyar el desarrollo de los proyectos mineros y otros, para tener de donde seguir mejorando sus ingresos. Gran irresponsabilidad de Jaime Saavedra.

• El desarrollo sindical

En las condiciones descritas, era solo natural que los maestros, el mayor conjunto de servidores del Estado, buscaran en el desarrollo de un sindicato reivindicativo, el mecanismo más adecuado para negociar con el resto de la sociedad sus mejoras relativas, que, en un país estancado, solo podían lograrse a costa del resto.

Así se sustentó el nacimiento y fortalecimiento del SUTEP, que eventualmente fue capturado por el Partido Comunista del Perú (Patria Roja), que aún hoy día se adscribe a la ‘lucha de clases’. Además, el SUTEP controla la Derrama Magisterial, que hoy maneja alrededor de 1,800 millones de soles.

Durante los últimos años, Patria Roja ha ido perdiendo el liderazgo y el control del sindicato magisterial. Quienes disputan la supremacía del gremio son el CONARE, Pukallacta y otros grupos vinculados al MOVADEF, organismo de fachada de Sendero Luminoso.

Hoy día, los movimientos filo terroristas están muy cerca de tomar el control definitivo de la representación sindical y luego de la Derrama, cuyo directorio está controlado en su gran mayoría por el SUTEP.

• Obsolescencia social y fortalecimiento político

Con la recuperación de la economía ya no hace sentido que se mantenga la existencia de un sindicato reivindicativo, pues hace buenos 15 años hemos pasado de ser una sociedad estancada, donde el modelo político era ‘ganar-perder’ (solo podías mejorar a costa de los demás), a un modelo ‘ganar-ganar’, donde el crecimiento permite que todos progresemos juntos.

Por lo tanto, hace años debimos empezar a desarmar, por obsoleto, el poder del SUTEP y transitar hacia una verdadera revolución educativa que revalore al nuevo maestro y empodere a nuestros niños y jóvenes para una vida plena en el siglo xxi.

Pero, la irresponsabilidad de nuestra clase política ha evitado el transito (necesariamente duro), de reconvertir los elementos estructurales de la educación pública. Uno de los mayores responsables de esta pérdida de enfoque, fue el ministro Saavedra, que prefirió convivir con el statu quo.

• El aporte de la educación privada

A diferencia de otros países, donde la educación es fundamentalmente estatal, en el Perú la participación de la educación privada viene creciendo de forma importante.(Ver presentación de Antonio Rodríguez Lobatón, miembro del Instituto Riva Agüero, en diciembre, 2014, La educación en el Perú y una meta inalcanzable, fuente de los datos que presentamos líneas abajo).

En otros países, la mayor parte de la educación privada goza de subsidios estatales, mediante vouchers educativos o aportes directos, lo que la hace, factualmente estatal. En cambio, en el Perú, el desarrollo de la educación privada es puramente el aporte del sector privado. En el año 1984, la educación privada no pasaba de 15%, sin embargo, desde el año 2000, la matrícula privada se incrementó notablemente, mientras la educación pública, entre 2002 y 2013, perdía alrededor de un millón de alumnos. Hoy se estima que, a nivel nacional, la matrícula privada llega al 30%. El Lima alcanza al 48% y en ciudades como Arequipa y Trujillo, los porcentajes son similares.

En cuanto a la inversión privada en educación, en 1994 alcanzaba el 1.9% del PBI, y la del Estado 2.8%.

Para el año 2000, el aporte privado llegó al 2.6%del PBI y, el total ya superaba el 6% establecido por el Acuerdo Nacional.

En la actualidad, se estima que el aporte privado es de entre 3 y 3.5% del PBI, prácticamente lo mismo que aporta el Estado.

Pero los gobiernos nunca han reconocido públicamente este importante aporte. Quién hizo todos los esfuerzos posibles por ocultarlo y desmerecerlo fue el ministro Saavedra, de triste recordación en Lampadia, donde hace años venimos propugnando una verdadera revolución educativa.

Afortunadamente, el Presidente PPK si lo reconoció hace pocos días, indicando que, en conjunto, el Estado y el sector privado invertían anualmente, más de 6% del PBI.

• La derrota que está a punto de sufrir el Estado

Según la información que tenemos, el gobierno estaría a punto de hacer concesiones absolutamente inadecuadas a las beligerantes dirigencias filo terroristas que están a punto de tomar el control total del SUTEP y la Derrama Magisterial. Se estaría por acordar:

• La dispensa de todos los delitos cometidos durante la huelga.
• No hacer descuentos por los días no trabajados.
• No ir adelante con despidos a los dirigentes violentistas y maestros que dejaron de trabajar.
• Adelantar el aumento general de dos mil soles a noviembre del presente.
• Diluir la evaluación del magisterio y las exigencias de calidad.
• Seguir haciendo aumentos sin el correspondiente compromiso por la calidad de los maestros.

Como un solitario acto de consecuencia y responsabilidad con el futuro de la educación en el Perú, en Lampadia insistimos en ir adelante con una revolución educativa.

Ver:

• Líneas de acción y compromisos para la educación del siglo XXI
• SUTEP: Llegó el momento de decir ‘BASTA’
• Pongamos fin a la dictadura sindical en el magisterio

Estamos viviendo un momento muy difícil en nuestra vida nacional. Ante ello pedimos grandeza y sentido de propósito. Lampadia

Como señala Macroconsult en su último comentario editorial, la legislación laboral peruana sigue preñada por el germen que inoculó la dictadura militar de Velasco Alvarado, que impuso la ‘estabilidad laboral absoluta’ hace más de 45 años. (Ver la opinión de Macroconsult en: La reforma pendiente).

Los daños causado por esta farsa son inmensos, produce los efectos contrarios a su enunciado, ‘debilidad del empleo’. Veamos:

• Baja productividad laboral y su consiguiente efecto negativo en el nivel de ingresos
• Informalidad laboral
• Sobre protección y sobre costos al reducido sector formal de trabajadores, desincentivando la creación de empleo
• Precariedad del empleo no formal y desprotección social
• Cobardía de la clase política para cuestionar una práctica dañina
• Ilusión popular sobre una protección ficticia
• Aprovechamiento político de dirigencias enquistadas en los  gremios laborales que sin representación, manipulan a los políticos, a los medios de comunicación y a la opinión pública

Esta trampa de la estabilidad laboral absoluta se mantuvo y exacerbó durante los gobiernos democráticos de los años 80 (Belaunde II y García I). Se levantó en los 90s, como parte de las reformas económicas que llevaron nuestra economía de regreso a la racionalidad y al realismo normativo que produjo el gran salto de todos los indicadores económicos y sociales, el crecimiento del empleo, la mejora de los ingresos, el advenimiento de la clase media emergente, etc. Pero, por ‘obra y desgracia’ del Tribunal Constitucional, presidido por el nefasto populista, Javier Alva Orlandini, la ‘estabilidad laboral absoluta’ se coló de nuevo en el ordenamiento regulatorio del empleo, y desde entonces ha ido afirmándose en un nuevo período de despropósito normativo. “La vigencia de la estabilidad absoluta en el empleo se ha convertido en la norma jurídica regular”, Macroconsult.

‘Touché’. Incluso Francia, el gran propulsor del ‘Estado de Bienestar’ y la estabilidad en el empleo, ha tenido que reconocer el error que lo ha llevado a niveles altísimos de desempleo y bajo crecimiento económico. Ver en Lampadia: Francia opta por la flexibilidad laboral.

El altar del laboralismo se rinde a la ‘dura prueba de la realidad’. El gobierno socialista de Francia decidió seguir el camino de Alemania y España en la búsqueda de superar el desempleo y alcanzar mayor competitividad.

Alemania, que adoptó políticas similares a las del proyecto del ejecutivo francés, antes de la última crisis financiera global de 2008/9, logró capear los graves problemas de desempleo que destruyeron el clima social en Francia y España.

El primer país desarrollado en salir de la crisis fue EEUU, que siempre se caracterizó por su flexibilidad laboral y gran competitividad.

Después de muchas protestas y a pesar de ellas, el gobierno francés recurrió a un instrumento constitucional extremo para aprobar la reforma. Hollande invocó el artículo 49.3 de la Constitución (llamado coloquialmente la ‘bomba atómica’), que permite al Gobierno imponer un proyecto de ley de modo que se adopte sin necesidad de ser votado en la Asamblea Nacional.

Típicamente, en Francia, las protestas fueron lideradas por los sindicatos y por grupos de jóvenes que serían los beneficiados por la reforma. Un caso parecido al de la marcha de los ‘pulpines’ en el Perú. Es curioso, se supone que los jóvenes, especialmente los millennials, se caracterizan por su independencia de criterio, pero, en uno y otro caso, se ve que son manipulados en contra de sus propios intereses.

En el Perú, la inconsecuencia es de tal nivel, que cuando el gobierno socialista francés planteo su reforma laboral modernizante, la noticia no fue difundida por los medios nacionales, con excepción de Lampadia (ver: Reforma laboral francesa: flexibilidad o más desempleo). Solo cuando las protestas de los jóvenes franceses tomó cuerpo, algunos medios reportaron los desmanes.

Según el World Economic Forum, el Perú es uno de los países con mayor rigidez laboral en el mundo por sus normas de contratación y despido (ocupamos el puesto 14 de 144 donde el primero es el de mayor rigidez).

La revolución que planteó el gobierno socialista francés, debería hacernos  reaccionar sobre nuestras políticas laborales, para que permitan facilitar la creación de empleo de calidad y empezar a superar la perniciosa informalidad a la que hemos condenado, sin protección laboral efectiva, a la gran mayoría de nuestros trabajadores.

Pero, durante la última campaña electoral, ninguno de los candidatos se atrevió a tocar el tema por miedo a recibir un ‘bullying’ político y mediático.

Un gran impedimento a la reforma laboral es el poder que se ha concedido a los gremios laborales, sin que tengan una representación significativa de los trabajadores, pues solo representan a una minoría de los trabajadores formales, quién sabe si llegan al 5% del total de trabajadores.

Las dirigencias laborales se comportan peor cada día y no tienen nada que ofrecer a los ciudadanos. Ahora se están retirando del Consejo Nacional de Trabajo.

José Ignacio Beteta, Director de Contribuyentes por Respeto, escribe hoy en el diario El Comercio, su artículo, Modernización sindical, donde resalta algunos ejemplos de inconsecuencia de las dirigencias laborales que no podemos seguir pasando por alto. Veamos:

• El 17 de marzo, el sindicato de trabajadores de la compañía Lindley se negó a trabajar horas extra, básicas para atender la demanda de agua y la necesidad de ayuda humanitaria en medio de El Niño costero. La razón: según sus líderes, el año anterior la empresa había tenido utilidades históricas, y como aún estaban negociando cuánto más debían recibir los trabajadores por este concepto, no trabajarían ni una hora más. Incluso amenazaron “a los afiliados que incumplan las medidas adoptadas [pues] se les aplicará el reglamento de disciplina”.
• En abril, casi 3,000 trabajadores sindicalizados de la minera Southern estuvieron en huelga (declarada ilegal por el Ministerio de Trabajo). “Estamos afincados –afirmaba José Espejo, dirigente del sindicato– en cada lado de la línea férrea porque no vamos a dejar que pase el tren”. El motivo: percibir también un porcentaje mayor de utilidades. Para conseguir su meta, bloquearon el tren y, por lo tanto, detuvieron la producción que justamente genera las utilidades que reclaman.
• En diciembre del año pasado, se descubrió una mafia –dirigida nada menos que por Gerson Gálvez, ‘Caracol’– que había constituido un sindicato de trabajadores en el Callao. Este sindicato, por cierto, implementaba un mecanismo bastante común en el puerto: cobraba cupos y extorsionaba a sus trabajadores para permitir que diversas obras, como la ampliación de la Costa Verde y el muelle de minerales de la Base Naval, se ejecuten.
• En Chilca, se conformó otro sindicato para implementar el mismo modus operandi, pero esta vez para traficar con terrenos públicos o privados. El sindicato 15 de Enero, alrededor del cual se articulaban autoridades públicas, policías corruptos, sicarios, extorsionadores y traficantes de terrenos, servía como una organización de soporte para causar zozobra y miedo en la población de este distrito.

“Si todos nos esforzamos a trompicones por construir un país más democrático, moderno y transparente, bajo la perspectiva de un modelo económico e institucional que, aún con ciertos vacíos y ajustes pendientes, funciona bien, ¿por qué no podemos exigirle exactamente lo mismo a nuestras organizaciones sindicales?”, remarca Beteta.

Después de que el gobierno ha perdido en gran medida, la posibilidad de recuperar un crecimiento económico alto, es de esperar, que se aproveche la coyuntura para avanzar en una reforma laboral que alcance a todos los trabajadores y no solo a minorías privilegiadas. ¡Cuando uno está calato, ya no tiene nada que ocultar. Es momento para la verdad! Lampadia

Días atrás, en Lampadia dábamos cuenta de la drástica reducción del precio del cobre, el cuál tocó su nivel más bajo desde julio de 2009 para llegar a US$ 2.50 por libra. Este mineral es vital para la economía peruana. Es nuestra principal exportación y la mayoría de proyectos por desarrollarse están orientados a explotar este recurso. La cartera de inversiones mineras suma 47 proyectos, de los cuales 32 son de extracción de cobre. Es decir cerca de los 60 mil millones de dólares en inversión potencial que representa el total de la cartera hasta el 2021 son proyectos de cobre. Además, varias minas de oro transitarán hacia la extracción de este metal.

A estas alturas, muchos proyectos ya se pararon. El caso de Conga es emblemático, se advirtió que marcaría el fin de un ciclo antes de que bajaran los precios de los minerales, pero la tozudez de los movimientos anti-mineros de todo pelaje, la debilidad del gobierno y la inconsecuencia del gremio minero, nunca le dieron a la población la oportunidad de entender lo que estaba en juego. Hoy, después de habernos casi despedido de la inversión minera,  creyendo en la posibilidad de construir otros motorcitos de crecimiento y luego de la tremenda caída del precio de cobre (de US$ 3.20 a 2.50 la libra) es obvio suponer que algunos de estos proyectos podrían posponerse o apagarse. Inclusive advertimos que ya se han empezado a explotar los lechos marinos con lo cual tendríamos que poner cruces encima de nuestros yacimientos, como cuando fallece alguien en una carretera (L).

Es realmente indignante que este gobierno no haya aprovechado la ola de los “superprecios de las materias primas”, como se conoce a este periodo. Entre el 2011 y el 2013, después de su pico por encima de US$ 4, el cobre se estabilizó alrededor de los 3.20 dólares la libra. Sin embargo, en el Perú se dejó de atraer más inversiones y se trabó las que estaban en curso. Los resultados: se frenó la economía, la inversión en otros sectores, la reducción de la pobreza y la disminución de la desigualdad.

Todo esto sucedió a sabiendas, se les advirtió y  se les demostró casi a gritos. El Perú pudo mantener un mayor crecimiento compensando la caída de precios con mayor volumen y bajar, aún más, la pobreza y la desigualdad. No haberlo hecho es INMORAL.

Cuando en agosto 2013, se empezaron a sentir los efectos, recién empezamos con los  paquetitos, pero nunca le explicaron a la población lo que estábamos perdiendo sin la inversión minera, el gobierno se peleó con tirios y troyanos, perdió ascendiente en el Congreso y empezó a hacer pronósticos de crecimiento que había que bajar cada dos meses.   

Lo grave y hasta dramático de esta situación es que al no concretarse los proyectos mineros, se paró el crecimiento de la inversión privada y de la economía. Esto tiene una incidencia directa en la creación de empleos, mejora de ingresos fiscales y por ende en la reducción de la pobreza. Anteriormente, hemos explicado la importancia que tienen la Inversión y el crecimiento en la generación del bienestar en los países.

En Lampadia hemos repetido hasta el cansancio el análisis de la economista peruana Alejandra Zegarra (ver en L: Estudio demuestra la potencia de la inversión minera – El impacto macroeconómico de la minería). “De concretarse todos los proyectos, la producción de cobre podría incrementarse en 140% para el 2024. (…) Los resultados sugieren que por cada dólar de exportación minera, el PBI se incrementa en 0.56 dólares. Esta cifra comprende el impacto inicial de las exportaciones, el del consumo y la reinversión. (…) tan sólo el efecto directo de la producción minera adicional representaría 3.3% del PBI en el 2015. (…) Los impuestos de la producción adicional de cobre representarían en el 2015 el 22.1% del total de la recaudación tributaria minera del 2013. En suma, las inversiones mineras tendrían un impacto macroeconómico apreciable hasta el 2024. Bajo supuestos conservadores, estas inversiones agregarían alrededor de 2 puntos porcentuales a la tasa de crecimiento del PBI. Por otro lado, las inversiones incrementarían el aporte de la minería al fisco en 143% hasta el 2024”.

Como señala Zegarra:  “estos resultados muestran diáfanamente el enorme costo de demorar o atrasar las inversiones mineras. No parece haber otra actividad económica con un aporte macroeconómico potencial tan positivo como la minería. Frenar las inversiones sería además frenar el desarrollo regional pues la minería es una actividad económica descentralizada por antonomasia. Finalmente, el aporte tributario de la minería puede servirnos para financiar bienes públicos esenciales que tanto necesita el Perú”.

Ha sido pues, absolutamente irresponsable, autodestructivo e inmoral no desarrollar estos proyectos, pues el incremento del PBI repercute directamente en la disminución de la pobreza. Según Juan Mendoza, profesor de la UP, casi 85% de la reducción de la pobreza desde el 2004 se debe exclusivamente al crecimiento económico. Sin este crecimiento al día de hoy tendríamos al menos 52% de pobres, [vs. el 23% actual]. Mendoza remarca: “Los datos sugieren que la manera más eficaz de combatir la pobreza no es diseñar programas de transferencias sino fomentar la inversión privada y el funcionamiento de los mercados, que han sido los motores del crecimiento desde 1990.”

Y quienes más se benefician, obviamente, son las regiones y distritos más pobres. Como señaló Macroconsult en su informe titulado ¿Qué implicancias tuvo el crecimiento económico de la última década en la evolución de la pobreza y desigualdad? ( Si desea ver el documento completo consultar en Lampadia): “La elasticidad crecimiento del PBI departamental-Pobreza departamental fue estimada en 0.64. Esto significa que por cada 1% que crece el PBI de los departamentos, la pobreza se reduce en 0.6 pp. Bajo este resultado, si el PBI departamental creciera a ritmo de 6% anual durante los próximos 8 años, entonces la pobreza casi podría desaparecer. Adicionalmente, se encontró que esta elasticidad es mayor en departamentos con niveles medios de ruralidad y en la sierra y selva. La evidencia en torno a la hipótesis de crecimiento propobre (esto es, que la elasticidad sea mayor en áreas más pobres), es apenas leve. En los apartados precedentes observamos que la pobreza se redujo en tiempos recientes y que esta es altamente sensible al crecimiento económico. En términos netos, esto significa que ahora la probabilidad de encontrar un hogar pobre es mucho menor que hace siete años, y que esta probabilidad se viene reduciendo en la medida que crezca el PBI”.

Es hora, entonces de iniciar una cruzada nacional por desarrollar los proyectos y volver a crecer para reducir la pobreza y la desigualdad.  Lampadia

En lo que va del año las estimaciones de crecimiento del país se ha ido reduciendo mes a mes. El viernes último, el BCR, volvió a recortar su estimación para el 2014. Esta vez sostuvo que el PBI se expandiría en apenas 3.1%, cuando anteriormente había asegurado que llegaríamos al 4.4%. Esta última cifra está muy lejos del optimista “por encima del 5%” que proyectó el MEF a fines del 2013, y por supuesto del promedio de la década pasada, 6% anual. Esta situación es sumamente preocupante.

Y es que el crecimiento del PBI es la clave del desarrollo integral (económico y social) de un país. Si la tasa de crecimiento no es óptima, la renta de una nación, es decir su nivel de riqueza, será escaso, su inversión limitada y su capacidad de crear empleo disminuida. Por lo tanto, además, el Estado no tendrá los recursos para atender sus obligaciones. Todo esto redunda directamente en una menor reducción de la pobreza, objetivo número uno de un país emergente como el Perú.

Como señala el reconocido economista de la Universidad de Columbia (EEUU), Xavier Sala-i-Martín: “No es difícil darse cuenta de que pequeñas diferencias en la tasa de crecimiento [PBI], sostenidas durante largos periodos de tiempo generan enormes diferencias en niveles de renta per cápita. Por poner un ejemplo, el Producto Bruto Interno (PBI) per cápita de los Estados Unidos pasó de 2,444 dólares en 1870 a 18,258 dólares en 1990. Ambas cifras en dólares reales de 1985. Es decir en poco más de un siglo, el PBI se multiplicó por ocho. Este cambio sustancial, que representó una tasa de crecimiento anual de 1.75%, convirtió a los EE.UU en el país más rico del mundo. (…) Consideremos ahora lo que hubiera pasado si el mismo país hubiera crecido al 0.75%… El nivel de 1990 no habría sido de 18,258 dólares sino de 5,519 dólares: menos de la tercera parte. Esto significa que, en lugar de ser el país más rico del mundo, EE.UU tendría una renta per cápita del nivel de México o Hungría y disfrutaría de 1,000 dólares por persona menos que Portugal o Grecia. ¡Y la diferencia entre uno y otro escenario es solamente de un punto porcentual!” (Ver gráfico).

Es evidente, entonces que una leve variación del PBI tiene un impacto enorme en los niveles de renta per cápita y, consecuentemente, en la reducción de la pobreza y el bienestar social de un país. Como explica Sala-i-Martín, el crecimiento no siempre es sostenido, lo importante es tener un promedio adecuado a las posibilidades de cada país. Recordemos que el HSBC dice que para el 2050, el Perú podría ser la economía 26 del mundo con no más de 10% de pobres (no-extremos) si crecemos a un promedio de 5.5% anual. (Ver en Lampadia: 2050: ¿El Perú en el puesto 26?).

Esta no es una discusión ideológica. La historia de los pueblos y los datos empíricos determinan que así se produce el bienestar.

“Todo esto empezó a cambiar en 1760 cuando un nuevo sistema económico nacido en Inglaterra y Holanda, el capitalismo, provocó una revolución económica que cambió las cosas para siempre: en poco más de 200 años, el capitalismo ha hecho que el trabajador medio de una economía de mercado media no solo haya dejado de vivir en la frontera de la subsistencia, sino que incluso tenga acceso a placeres que el hombre más rico de la historia, el emperador Mansa Musa I, no podía ni imaginar”, señala el citado economista (Ver en L: El capitalismo reduce la pobreza del mundo).

Para demostrar la fuerza de los postulados del modelo de libre mercado, Sala-i-Martín, señala: “En 1970, el 30% de la población mundial vivía con menos de un dólar al día.  En el año 2011 (último año para el que disponemos de datos), la tasa de pobreza era de menos del 5%. (…) ¿Qué ha pasado desde 1970? Pues, entre otras cosas, que los países más poblados y más pobres del mundo abandonaron los sistemas socialistas de planificación que los condenaban a la pobreza y adoptaron el capitalismo como forma de organización económica. El caso más espectacular es el del país más poblado de todos: la China. (Un dólar al día es la definición de pobreza extrema que la ONU utilizó para fijar los objetivos del milenio en el año 2000)”.

Una magnífica demostración de estas relaciones entre crecimiento y pobreza se aprecian en una reciente conferencia en un instituto sueco, verla en Lampadia: Bill Gates y Hans Rosling debaten el fin de la pobreza extrema.

Sin ir más lejos eso es lo que ha sucedido en el Perú en las últimas décadas. Diversos estudios han demostrado como la pobreza ha venido reduciéndose en el Perú. Según cifras del INEI este indicador ha descendido del 58,7% en el 2004 a 23,9% en el 2013, y la pobreza extrema se ha reducido a 4.7%. Como ha señalado el economista Juan Mendoza, y otros expertos (ver en L: Al menos 80% de la reducción de la pobreza es por el crecimiento).

Es decir, el crecimiento económico, propiciado por el regreso de la inversión privada con la Constitución del 93, es el responsable directo de la disminución de la pobreza y los demás indicadores sociales.

Pero más importante aún que este fenómeno, es que, como ha demostrado Elmer Cuba de Macroconsult, “entre 2004 y 2013 la forma de la pirámide de ingresos ha cambiado a un rombo”. Esto se aplica en el conjunto del país, en los sectores urbanos y rurales. (Ver en L: La Rumba del Rombo).

Aunque muchos critican al PBI, como un indicador que solo mide la pobreza monetaria, un reciente estudio de la Universidad de Oxford demuestra que los índices que miden “la pobreza multidimensional” y el “Índice de Desarrollo Humano” reflejan lo mismo que consigue el denostado PBI. Los resultados del mencionado informen concluye que “para los hacedores de políticas [autoridades y expertos], la data también sugiere que el aumento de los ingresos se traduce en menores niveles de pobreza multidimensional. El crecimiento económico puede, entonces, no sólo ser la mejor manera de superar la pobreza extrema, sino también de reducir los aspectos no económicos, como las terribles carencias sociales” (Ver en L: No nos equivoquemos sobre cómo medir la pobreza).

Ahora que nuestra economía está cuesta abajo, debemos tratar de consensuar prioridades e instrumentos. Lo primordial es disminuir la pobreza y para ello tenemos que mantener la inversión y el crecimiento. Lampadia

Comentado y glosado por Lampadia

El flamante viceministro de pesquería, Juan Carlos Requejo, sin señalarlo de esa manera, continúa realizando correcciones a las medidas tomadas por su antecesor. Ver en Lampadia (L): El fracaso del Decreto 005-Produce. 

Tras el desastre provocado en el sector por el mencionado decreto, se está elaborando un paquete de ocho normas para restablecer el reordenamiento y reactivar la pesca.

Las normas que se vienen preparando según Portafolio, de El Comercio, apuntarían a:

1. Fortalecer el ordenamiento de la anchoveta para CHD-CHI

2. La promoción de la acuicultura

3. Promover el aprovechamiento sostenible de la anchoveta en el sur

4. Reducir trámites en las directivas de convenios de abastecimiento de anchoveta

5. Supervisar y vigilar la trazabilidad de la concha de abanico

6. Modificar el ordenamiento pesquero de la pota

7. Modificar el ordenamiento pesquero del atún

8. Crear la Superintendencia Nacional de Fiscalización Pesquera y Acuícola (Físpesca)

A pesar de descartar conclusiones de análisis de Macroconsult sobre el aumento de la pesca ilegal e informal y la reducción del consumo directo de anchoveta, Requejo afirma que desde el inicio del fortalecimiento de la fiscalización, en el 2012, recién a fines del 2013 se estaría empezando a hacer evidente. Una confesión del fracaso del 005-Produce, sin señalarlo en voz alta. (La República).

“Se establecerán puntos únicos de descarga para evitar pesca ilegal”

Entrevista a Juan Carlos Requejo

Por Rocío Barja Marquina (Gestión, 07 de Octubre del 2014)

Para nadie es un secreto que el 2014 podría considerarse uno de los peores años para la pesca en el Perú. Frente a esta realidad, el nuevo viceministro de Pesquería adelantó a Gestión que su portafolio está trabajando para dotar de mejores condiciones a los privados para la explotación de recursos hidrobiológicos.

¿Cuáles son los objetivos de su viceministerio en el corto plazo?

Lo primero que buscamos es ponerle las patas a la mesa para que el ordenamiento pesquero funcione. Si bien este empezó en el 2012 aún no concluye. En ese sentido, vamos a sacar nuevas medidas para perfilar la supervisión de la anchoveta, y reducir los espacios para la actividad ilegal de desvío de esta especie para consumo humano directo (CHD) hacia harina de pescado.

¿De cuántas normas hablamos y en qué tiempo serán publicadas?

El primer paquete consta de ocho normas, de las cuales cinco serán publicadas en lo que resta de octubre y tres adicionales hasta la quincena de noviembre. Las prepublicaciones para recibir comentarios se iniciarán esta semana.

De este primer paquete, ¿cuál es la norma más importante?

Una de las que tendrá mayor impacto es un decreto supremo que tiene como objetivo final garantizar la erradicación de la pesca ilegal. En ese sentido, vamos a establecer puntos únicos de descarga de anchoveta.

¿Cuál será su impacto?

Actualmente tenemos 3,000 kilómetros de litoral y no podemos tener un inspector en cada kilómetro para controlar el desvío de anchoveta. Por tal motivo, ahora se hace prácticamente lo que se quiere. Es decir, se pesca en cualquier lugar sin control.

Este es uno de los primeros eslabones de la pesca ilegal…

Así es. Además, si controlamos los desembarques también podremos verificar que el recurso sea adecuadamente pesado y se reduzca la manipulación del recurso que es una queja continua de los industriales.

¿Qué más viene?

También prepublicaremos la Ley de Promoción para la Acuicultura. Si bien no puedo adelantar mucho sobre el tema, debo subrayar que la iniciativa que se está preparando es lo suficientemente atractiva como para captar capitales rápidamente.

Para la zona sur, ¿hay alguna iniciativa contemplada?

Sí. Allí se fortalecerá el régimen de extracción de la anchoveta orientado a la pesca industrial. En otras palabras, vamos a eliminar algunas trabas que existen para que las flotas pesqueras puedan capturar con libertad a lo largo del litoral. Actualmente la normativa exige que para que ellos pesquen en esta zona deben haber tomado parte de su cuota en la zona norte centro. Este es un tema que no aporta porque ellos deben pescar donde hay recursos.

Usted ha señalado que lo que se busca es promover el CHD, ¿se evalúa alguna normativa al respecto?

Una norma que viene siendo solicitada por los empresarios dedicados al CHD es la reducción de tramitología que perjudica operativamente este rubro. En este momento se exige a las plantas que celebren convenios con un limitado número de embarcaciones para que les abastezcan de anchoveta. Ahora, el problema es que hoy por hoy tenemos una flota de menor escala que ha sido reducida a menos de un tercio (es decir, de 1,000 embarcaciones solo hay 205) como parte del ordenamiento, lo cual complica la realización de estos convenios. En ese sentido, el ministerio ha considerado que las plantas puedan abastecerse sin convenio previo.

En el tema de otras pesquerías ¿habrá cambios trascendentales?

Habrá modificaciones del ordenamiento pesquero tanto de la pota como del atún en el sentido de eliminar trabas burocráticas para los inversionistas del sector. La idea es fortalecer la extracción a través del sinceramiento de la normativa.

Ahora hay restricciones para la exportación de concha de abanico a Europa…

Ese tema también lo tenemos mapeado y allí mejoraremos las condiciones para garantizar a los mercados internacionales que estamos en la capacidad de controlar la trazabilidad de los moluscos bivalvos. Creemos que la norma que saldrá aportará mucho.

“No soy ‘topo’ de la Sociedad Nacional de Pesquería”

Entrevista a Juan Carlos Requejo. Viceministro de Pesquería. Magíster en Derecho de la Empresa.

Por Alejandra Cruz Cuevas (La República, 07 de Octubre del 2014)

(…)

Es que además algunos empresarios y funcionarios dicen que usted es el ‘topo’ que las grandes pesqueras lograron infiltrar en Produce, tras meses de presionar para sacar a su antecesor, Paul Phumpiu. Dicen que intencionalmente hacía mal su trabajo de fiscalización para que muchos expedientes sancionadores no prosperaran por vicios en la recolección de pruebas.

(Risas). Yo no me creo un topo de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) ni de nadie. Cuando llegué al sector no sabía nada de pesca y fui aprendiendo en el camino. Encontré un sector debilitado y, efectivamente, muchas sanciones no llegaban a buen puerto porque no había procedimientos adecuados y la fiscalización dependía de quien te supervisaba.

(…)

En esa línea de un manejo técnico, ¿concuerdan las cifras de Produce con la conclusión del estudio de Macroconsult que señala que el Decreto Supremo 005 elevó la pesca negra y redujo el consumo directo de anchoveta?

No me parece una afirmación exacta. En 2012 con el Decreto Supremo 005, se empezó a fortalecer la fiscalización, pero este trabajo no se hizo evidente sino a partir del último trimestre del año pasado. Hemos triplicado los recursos y capacidad operativa directa y tercerizada de la dirección de supervisión y fiscalización.

(…).