Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

Ya Lenin, hace cerca de 120 años, acuñó la frase: “Salvo el poder, todo es ilusión” y esta expresión de consigna se ha repetido constantemente en todos los movimientos de izquierda del mundo. Con esa idea fija, los líderes de esos movimientos de izquierda han apelado a todas las estrategias posibles, desde las revoluciones armadas sangrientas con millones de muertos a cuestas, pasando por las acciones terroristas salvajes y cobardes, como las que sufrimos por años en el Perú, hasta la infiltración y captura del Estado, como la que también se está pretendiendo.

Cuando se capturó a Abimael Guzmán, el 12 de setiembre de 1992, este se refirió a que eso era “sólo un recodo en el camino”, pero que seguirían avanzando. Y es cierto, toda la izquierda, desde la extrema hasta la más moderada, cambió su estrategia, crearon organizaciones con nombres diferentes y optaron por capturar al Estado.

La constitución del Foro de São Paulo, fue una reacción inmediata de las fuerzas de izquierda, desde la radical hasta la moderada, ante la caída del Muro de Berlín. Hoy en día esas fuerzas de izquierda gustan decir que, el Foro de São Paulo es un “Think Tank”, pero lo cierto es que en la historia se aprecia que es una organización constituida como instrumento para desestabilizar las democracias de los países de la región, baste observar cómo Lula da Silva la usó para infiltrar, corromper y debilitar las democracias.

El primer paso, fue identificar y captar las fuentes de financiamiento que les permita llevar adelante este proyecto de largo plazo. Para esto, recurrieron a los cocaleros y traficantes de drogas, los que han incrementado en 80% el área cultivada (hoy 72 mil ha) en los últimos 20 años (aunque según DEVIDA son menos de 50 mil ha). Igualmente, la minería ilegal de oro, aquella que, a pesar que destruye el medio ambiente y no cumple con ninguna ley, sea esta laboral, de seguridad, sanitaria o tributaria, exporta de contrabando y genera dinero negro por entre US$800 y US$1,200 millones anuales. La tala ilegal, así como el contrabando ampliamente conocido en las fronteras norte y sur, con la emblemática “culebra” (pero que para algún gobernante sólo era “un poquito de contrabando”). Otra fuente es el tráfico de terrenos, actividad alimentada por un constante movimiento de invasiones, que luego de años de posesión se titulan, pero generan un movimiento ilegal e importante de dinero y un crecimiento desordenado y caótico de las ciudades, causando malestar social. El negocio de las universidades y colegios de ínfima calidad, pero de grandes movimientos de dinero en efectivo, libre de impuestos y sin control. Otro tanto se puede decir de los sindicatos y sus aportaciones forzosas, baste considerar los 548 mil maestros y sus aportes a la Derrama Magisterial. Estos recursos, hasta hoy manejados por el SUTEP de Patria Roja, se han convertido en presa apetitosa para el MOVADEF, quien está pugnando por infiltrarse y controlar.

Este importante flujo de fondos, del orden de los 15 a 20 mil millones de soles anuales (dependiendo de la cotización de la coca, el oro, así como de los riesgos políticos por la tala ilegal e invasión de terrenos), que además recibe “seguridad” para protegerlos de las autoridades, es el detonante de toda una cadena de  actividades comerciales,  industrial y de transporte, que se maneja al margen de la ley y que sustenta al proyecto antes mencionado.

La captura del Estado, se gesta siguiendo varias líneas de acción y en varios dominios. El primero, es el educativo, en el que una población mayoritaria y dominante de maestros de izquierda, del SUTEP, los conductores de las UGELES, así como con una fuerte penetración en todos los estamentos del ministerio de educación.  Esta acción les ha permitido construir todo un esquema, que destruye y ridiculiza los pilares de la educación escolar tradicional, debilita la formación matemática, de lenguaje, de historia y valores, con sentido de pertenencia nacional. A cambio, han incorporado una narrativa con historia reciente sesgada a favor de los terroristas y en contra de las fuerzas del orden que nos defendieron, entre otras. Esa población joven, llega a las universidades y escuelas de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional con una debilidad en valores que, no se inculcó en casa por ausencia de los padres (ambos trabajan) y se les adecuó y moldeó de acuerdo a los intereses del proyecto de la izquierda.

Las actividades económicas mencionadas, con gran manejo de recursos ilegales y en efectivo, para no dejar rastro, han permitido penetrar al Estado, mediante elecciones financiadas por esa actividad ilegal, en los 1870 municipios provinciales y distritales, así como en los 25 gobiernos regionales. Estos gobiernos locales han forjado su propio “reino” y fuente de ingresos, cuando cobran los impuestos y contribuciones municipales, pues la mayoría no lo hace mediante cuentas del Banco de la Nación, sino en ventanilla de la municipalidad. Manipulan y distorsionan a su antojo, la determinación de los impuestos prediales y arbitrios municipales y extorsionan con aplicación de multas bajo pena de clausura de locales. Tienen un poder casi omnímodo para la extorsión a individuos y empresas y con esa fuente corrupta de ingresos, fortalecen su poder político local y su propio patrimonio.

Bajo el argumento de la regionalización y descentralización, el gobierno central se ha desentendido de la gestión eficiente de recursos, compras centralizadas y desarrollo de proyectos de inversión pública. Efectúa una constante transferencia de fondos para diferentes fines, pero que al final se han traducido en un robo permanente de recursos, evidenciada en malas compras, malas inversiones y hasta robo de alimentos que debieron canalizar a las poblaciones más necesitadas. El Estado ha atomizado el manejo administrativo y logístico, incrementando las ineficiencias y ampliando las oportunidades y facilidades de robo.

Las “fuerzas económicas descentralizadas”, generadas como producto de esta actividad económica ilegal, han sido capaces de pagar campañas electorales locales que, durante los últimos procesos electorales, ha llevado al congreso una multitud de individuos conectados a esas fuerzas ilegales y delictivas, que vienen destruyendo la seriedad e imagen del Congreso de la República. Y lejos de velar por la legalidad y constitucionalidad de las propuestas de ley, imponen proyectos que conducen al mayor debilitamiento del Estado.

Las ONGs de izquierda, en particular aquellas con conexiones internacionales, son una fuerza interesada en la captura del Estado. Aprovechan el tremendo poder económico que hay tras ellas para imponerse. Estas hacen grandes inversiones para capturar al poder ejecutivo, al sistema judicial (jueces, fiscales, academia de la magistratura, Tribunal Constitucional y Junta Nacional de Justicia), infiltran el poder legislativo y siempre logran estar muy convocados por la prensa. Estas ONGs internacionales, actúan con sus asociadas locales con una gran opacidad, pero con gran poder. Inyectan recursos a ONGs locales, libres de impuestos, los registros de APCI, entidad que debiera monitorear y ofrecer información transparente de; los ingresos, sus fuentes y usos, los proyectos en que se aplicarán los recursos y el cierre contable financiero de los dineros recibidos, cómo se gastaron, a quién se pagó y en qué se gastó finalmente, son información casi imposible de acceder.

Es claro que los grandes intereses económicos internacionales, que invierten en ellas, están protegiendo sus inversiones ya establecidas alrededor del mundo y eventualmente algunas insospechadas a nivel nacional. Propugnan normas de aparente “protección social y ambiental”, para constituir barreras al desarrollo de ciertos proyectos.

Las acciones más usadas por las ONGs son; el financiamiento de actividades de movilización y protesta popular en los lugares donde se pueda desarrollar proyectos, normalmente ligados a la industria extractiva, para así proteger sus intereses de la misma actividad en otros países, donde han realizado inversión previa o de productos sustitutos. Una forma muy usada, es infiltrar el sistema judicial, mediante el otorgamiento de becas de estudios superiores o de posgrado a jueces y fiscales en formación, con lo que “adquieren” jueces y fiscales incondicionales, que más adelante les “filtrarán” información reservada. Establecerán también vínculos de doble vía, que les permite consultas directas de; cómo conducir un proceso y cómo incorporar teorías o doctrinas conducentes a lograr una sentencia predefinida, incluso antes del proceso.

Otro tanto ocurre en el poder ejecutivo, donde infiltran funcionarios de segundo nivel; directores o directores generales de ministerios o incluso viceministros y ministros. Un mecanismo utilizado por las ONGs, sin ninguna vergüenza es el de puertas giratorias, pasando funcionarios de las ONGs a algún ministerio, para que luego vuelvan a su ONG de origen y más tarde recalar en otro ministerio. Tenemos múltiples ejemplos de funcionarios de ONGs que fueron incorporados al Estado para endurecer la aplicación de ciertas reglas y entorpecer ciertas actividades. Esta es una actividad muy frecuente en el Perú, agregando que estas ONGs tienen una importante relación, influencia y fuente de ingresos en la contratación de consultorías con estos ministerios. Es por eso que, en el Presupuesto de la República, la partida más creciente y difícil de reducir, es el de las consultorías.

No se puede dejar de mencionar que, los organismos multilaterales tienen como costumbre recompensar a los ex ministros que les aceptaron contratos de consultoría, la mayoría de estas financiadas por los propios organismos multilaterales, mediante su posterior contratación como burócratas internacionales. Esto, además de generarles un beneficio económico, acrecienta su prestigio y amplía sus hojas de vida. Algo similar ocurre con los catedráticos universitarios, quienes bajo el nombre de la entidad correspondiente de la casa de estudios, efectúan consultorías conducentes a justificar algunos proyectos de inversión pública. En muchos casos, se ha producido el mecanismo de las puertas giratorias, pues conducen el estudio, luego se incorporan a los más altos niveles del ejecutivo, para después volver a la academia.

Independientemente del creciente número de burócratas en el aparato del Estado, el que se ha multiplicado por 10 durante los últimos 20 años, impresiona que el robo a nuestro aparato estatal, detectado por la Contraloría General de la República para el año 2019, alcance a más de 23 mil millones de soles y aquí no pase nada. El Sr. Vizcarra solo sigue alimentando el robo, transfiriendo más y más fondos. Por su lado, la prensa parece adormecida y no investiga, no denuncia y silencia lo que resulta incómodo al gobierno, mientras resalta aquello que sirva de cortina de humo a tanta ineficiencia y robo.

Lo cierto es que, la izquierda está trabajando intensamente en debilitar al Perú, sus instituciones y valores. Tienen una altísima tolerancia a toda actividad informal, pues eso les permite una alta aceptación popular. Detestan y combaten por todos los medios a su alcance la universalización de las reglas económicas, empresariales y tributarias, al igual que la estabilidad de las mismas, lo que maximizaría la transparencia en la aplicación de esas reglas, así como la confianza de los inversionistas en nuestro país.

Esos movimientos de izquierda, se juntan con los movimientos populistas de cualquier vertiente para tratar por todos los medios de modificar inopinadamente, la legislación y las reglas empresariales. Por eso buscan cambiar la Constitución, en particular el capítulo económico. Si pudieran eliminar los tratados de libre comercio, no dudarían en desaparecerlos. “No entienden” que los reglas comerciales y tributarias en el siglo XXI, son básicamente universales, tanto la carga tributaria, como la interpretación y aplicación de las normas. Claro que, si lo aceptaran, destruirían su narrativa respecto a las “empresas corruptas” y la elusión de impuestos, entre otras.

En esencia, ¿qué mejor transparencia en el manejo de las reglas económicas, que la que se ha universalizado entre los países y economías más destacadas del mundo, donde se ha generado amplia jurisprudencia?

El sueño dorado de la izquierda, es emular lo que Lula da Silva y Dilma Rouseff fueron capaces de ejecutar con el “Partido de los Trabajadores” (PT), controlar importantes y millonarias empresas públicas, organizar y controlar una “red de corrupción empresarial”, que buscaba infiltrar a todos los gobiernos latinoamericanos (y lo logró), financiando a los candidatos de su preferencia, para establecer y extender una red política muy corrupta, bajo un ropaje “empresarial”. Por esta razón, la izquierda evita por todos los medios a su alcance, la constitución de una burocracia fuerte y consolidada, sustentada en una carrera pública meritocrática y transparente (como el BCRP).

Ciertamente, la izquierda ha desarrollado la narrativa adecuada desde la academia, se ha mostrado como impoluta, dicen que son “la reserva moral de la sociedad” (veamos si no los casos de corrupción de funcionarios que siguen en investigación) y pretenden que pueden juzgar a “todas y todos”, porque nunca se han mezclado con la corrupción empresarial.

Pero lo descrito, muestra a las claras que sus intereses ideológicos, están íntimamente ligados a los intereses crematísticos y quieren tener un poder hegemónico universal.

Por eso, la izquierda grita o murmura que: ¡Salvo el poder, todo es ilusión! Lampadia

El primer año de Jair Bolsonaro al mando de la presidencia de Brasil ha estado cargado de críticas favorables y desfavorables a su gestión. Si bien la prensa internacional ha puesto mayor énfasis en ciertas declaraciones provocadoras que realizó a lo largo del año, que ponen en tela de juicio su compromiso con el medio ambiente y su respeto a las libertades democráticas, su trabajo en el ámbito económico le ha vuelto dar impulso a la alicaída inversión en Brasil que venían lastrando su crecimiento en años previos (ver gráfico a continuación).

Fuente: The Economist

Como explica un reciente artículo de The Economist, que compartimos líneas abajo, de consolidarse este comportamiento de la inversión en los próximos meses, Brasil podría terminar siendo uno de los países candidatos a liderar el crecimiento económico de la región este año.

Ello sin mencionar uno de los grandes aciertos de su ministro de Economía Paulo Guedes que fue poner en discusión en el congreso la reforma de un sistema de pensiones, que constituye el centro de los problemas fiscales y deuda pública de nuestro vecino oriental (ver Lampadia: El avance de Bolsonaro). Si bien el plan inicial de Guedes que contemplaba el paso de un sistema de reparto a uno de capitalización individual fue frustrado en las sesiones del congreso, el incremento pactado de la edad de jubilación a los 65 y 62 años para hombres y mujeres respectivamente frente a un sistema que prometía indulgentemente jubilaciones a mitad de los años 50, ahorrará al gobierno federal unos 900,000 millones de reales ($230 mil millones) durante los próximos diez años. Asimismo, calmará a los inversionistas privados impulsando así el crecimiento.

Esperamos que en los próximos meses el presidente Bolsonaro logre una mejor relación con un congreso que hace tambalear su agenda económica. Moderar sus discursos impopulares además podría reestablecer sus relaciones con importantes socios estratégicos como la UE que se han venido a menos por declaraciones relacionadas a la deforestación en la Amazonía. Por lo demás consideramos que el solo espíritu liberal que emana el presidente brasileño de lejos ya debería cimentarlo como el mejor presidente del Brasil en el presente siglo, tras casi dos décadas de corrupción y despilfarro de las arcas fiscales de la izquierda política impulsada por Lula Da Silva y Dilma Rouseff. Lampadia

Por favor, no dejes que me malinterpreten
El polémico primer año de Jair Bolsonaro en el cargo

La imagen global de Brasil es peor; su economía está mejor

The Economist
4 de enero, 2020
Traducido y comentado por Lampadia

Desde que Jair Bolsonaro se convirtió en presidente de Brasil el 1 de enero de 2019, se ha peleado con una impresionante variedad de líderes y celebridades extranjeras. Después de que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, lo acusó de alentar la deforestación de la Amazonía, Bolsonaro llamó fea a su esposa. Cuando Greta Thunberg, una joven activista climática sueca, destacó el asesinato de indígenas en la Amazonía, el presidente brasileño la llamó “mocosa”. Michelle Bachelet, comisionada de derechos humanos de la ONU (y ex presidenta de Chile), criticó el aumento de los asesinatos por parte de la policía en Brasil. Bolsonaro respondió elogiando la dictadura de Chile de los años setenta y ochenta, que torturó a su padre.

Estas disputas son una señal del abismo entre el presidente de extrema derecha de Brasil, que ha hecho una carrera al atacar las ideas liberales sobre la tolerancia, los derechos humanos y la conservación, y las élites que las defienden. Las humillaciones de Bolsonaro sugieren que no le importa causar ofensa. Pero los altos funcionarios de su gobierno se preocupan, especialmente cuando las ONG amenazan con promover el boicot a los productos brasileños y los gobiernos reconsideran si ratifican los acuerdos comerciales.

El mundo está “malinterpretando” a Bolsonaro, dijo el ministro de economía, Paulo Guedes, durante una entrevista en Brasilia, la capital del país, el mes pasado. Tiene “malos modales, pero grandes principios”. Guedes espera cambiar la conversación cambiando el enfoque de la deforestación y la brutalidad policial a lo que considera el proyecto principal del presidente, una transformación radical de la economía que enriquecerá a todos los brasileños, incluidos los más pobres. “En lugar de tirar piedras a Brasil”, la gente debería aplaudir, dice.

Hay mucho que admirar en los planes que describió Guedes. Pero no responden algunas de las mayores dudas sobre la presidencia de Bolsonaro. Y no está claro cuánto del programa llevará a cabo. Los aplausos pueden tener que esperar.

La visión es sin disculpas liberal, o “neoliberal”, como lo llaman sus críticos de izquierda. Guedes culpa a la mayoría de los problemas de Brasil, incluido su alto nivel de desigualdad de ingresos, del estado descuidado, que “gasta mucho dinero en las cosas equivocadas”. Desde la década de 1980, el gasto público como porcentaje del PBI se ha triplicado al 42%, un nivel similar al de los estados de bienestar europeos. La calidad de los servicios es la de los países mucho más pobres.

La burocracia y un complejo sistema impositivo frustran la empresa privada, pero el estado también ataca a algunas industrias a expensas de todos los demás. “Cuarenta años de mercados cerrados” han protegido las industrias de búsqueda de rentas, dice. “Imagínese, seis millones de tontos siendo explotados por seis bancos, seis compañías navieras. Todo en Brasil es seis”. La seguridad social y las universidades gratuitas benefician a los relativamente acomodados más que a los pobres.

Guedes quiere revertir todo esto. Propone simplificar radicalmente el sistema tributario, mientras reduce las tasas y expande la base; privatizar casi todas las empresas estatales; y, después de reducir la burocracia para permitir a las empresas resistir la competencia, abrir la economía al mundo. Los brasileños comunes, afirma, se beneficiarán de dos maneras: de los empleos que creará una economía más libre y del gasto que se concentre más en lo que necesitan, como infraestructura y educación. Idealmente, los estados asumirían más responsabilidad del gobierno federal. Guedes pide “más Brasil, menos Brasilia”.

El gobierno de Bolsonaro comenzó con esta agenda, con una reforma constitucional del sistema de pensiones. Esto ahorrará al gobierno 855,000 millones de reales (US$ 210,000 millones) durante diez años y disminuirá el peligro de que la deuda pública alcance niveles paralizantes. A medida que la reforma tomó forma en 2019, la confianza creció, lo que condujo a una recuperación de la inversión (ver gráfico líneas abajo). La economía creció un 0.6% entre el segundo trimestre y el tercero, más de lo esperado. Se pronostica que el crecimiento anual para 2020 será de al menos 2%. Eso puede hacer de Brasil una de las economías de más rápido crecimiento en América Latina.

Pero hay razones para retener los aplausos. Una es que los gobiernos democráticos que se hicieron cargo después del fin del gobierno militar en 1985 lograron más de lo que Guedes les da crédito. Fue el Plan Real de Itamar Franco, presidente de 1992 a 1994, el que finalmente aminoró la inflación. La reforma de las pensiones comenzó bajo el Partido de los Trabajadores de izquierda, que gobernó de 2003 a 2016, y el predecesor de Bolsonaro, Michel Temer, puso un tope constitucional al gasto público.

No está claro qué seguirá a la reforma de las pensiones. Los planes de Guedes son una “lista de deseos, más que una estrategia de reforma”, dice Ricardo Sennes de Prospectiva, una consultora. En noviembre, Guedes presentó al Congreso propuestas para tres enmiendas constitucionales que frenarían el gasto para cumplir el límite constitucional. El Congreso puede diluirlos.

Bolsonaro le dijo recientemente a Guedes que postergue una reforma del sector público que habría debilitado la seguridad laboral de los funcionarios. El ministro de economía no ha respaldado una propuesta de reforma tributaria que tenga apoyo en la cámara baja del congreso, pero aún no ha presentado una alternativa. El presidente del Senado dijo recientemente que una propuesta para privatizar Eletrobras, la empresa eléctrica estatal, no se aprobaría en el Congreso.

La defensa de Guedes del historial democrático de Bolsonaro es menos convincente que la de su programa económico. “Somos un régimen democrático”, dice. Pero muchos brasileños temen que el compromiso del presidente con esa idea sea débil. Continúa expresando admiración por los generales que gobernaron Brasil desde 1964 hasta 1985. Uno de sus hijos, Eduardo, un congresista, dijo recientemente que si las protestas de izquierda se extendían a Brasil y se salían de control, el gobierno podría emitir un decreto como uno que cerró el congreso durante la dictadura. Bolsonaro respondió a la cobertura negativa en Folha de S.Paulo, un periódico, amenazando con cancelar las suscripciones del gobierno. “Si Brasil toma un giro autoritario, miraremos hacia atrás y diremos que todas las señales estaban aquí”, dice Pedro Abramovay de Open Society Foundations, una ONG.

Hasta ahora, el Congreso ha contenido los instintos autoritarios de Bolsonaro. Ha rechazado o no está programando debatir una docena de propuestas radicales, como un proyecto de ley que permitiría a millones de brasileños portar armas y un proyecto mal concebido para purgar las escuelas de ideología izquierdista.

Los críticos extranjeros se centran menos en el destino de la democracia que en el del bosque. De enero a noviembre de 2019, el Amazonas perdió 8,974 km cuadrados (3,465 millas cuadradas) de bosque, un aumento del 80% durante el mismo período en 2018, según datos preliminares de satélite. Grupos verdes acusan al gobierno de debilitar la aplicación de las leyes ambientales y alentar a los madereros y ganaderos a destruir el bosque. Eso puede asustar a los inversores extranjeros. “Tienen miedo de ser fotografiados con Bolsonaro”, dice Matías Spektor de la Fundação Getulio Vargas, una universidad en São Paulo.

Tales preocupaciones también podrían destruir las esperanzas de Guedes de abrir la economía a través de acuerdos comerciales. El Mercosur, un bloque dominado por Brasil y Argentina, firmó un acuerdo largamente esperado con la Unión Europea en junio. Pero la ira europea por las políticas ambientales de Brasil podría poner en peligro su ratificación (al igual que la reciente elección de Alberto Fernández, un proteccionista de izquierda, como presidente de Argentina).

El progreso en temas económicos puede estar ayudando a la reputación de Bolsonaro en casa. También lo es una reducción en el número de asesinatos en 2019, aunque eso tiene poco que ver con las políticas del presidente. Hasta ahora, Brasil se ha librado de la ola de protestas que azotó a países vecinos como Chile y Ecuador a fines de 2019. Eso puede deberse en parte a que Brasil tuvo tales convulsiones en 2015 y 2016, cuando la economía estaba en recesión y algunos de los poderosos políticos fueron arrestados por corrupción. La ira pública ayudó a provocar la destitución de una presidenta, Dilma Rousseff, y finalmente condujo a la elección de Bolsonaro.

Ahora su familia es perseguida por el escándalo, y sus votos para combatir la corrupción parecen vacíos. Un hijo, Flávio, un senador de Río de Janeiro, está siendo investigado por lavado de dinero. El presidente amenazó con reemplazar al director de la policía federal después de que la investigación revelara vínculos entre Flávio y los grupos de la milicia de derecha. Sergio Moro, el ministro de justicia, no logró aprobar la mayoría de sus propuestas del Congreso para frenar la corrupción. Su credibilidad se vio socavada por las revelaciones de que cuando era un juez de lucha contra la corrupción había cerrado tratos indebidamente con los fiscales.

Hace seis meses, parecía que los escándalos retrasarían las reformas económicas y posiblemente terminarían la presidencia de Bolsonaro antes de tiempo. Se habla poco de eso ahora. Las calles son tranquilas. El índice de aprobación de Bolsonaro cayó en la primera mitad del año, pero se ha estabilizado en alrededor del 30%. El público parece dispuesto a aceptar reformas, incluso si están desencantados con los políticos que los dirigen. “Los brasileños están viviendo un momento social distinto en el que la sociedad es favorable al cambio”, dice Paulo Hartung, ex gobernador de Espírito Santo, un estado que sufrió un duro ajuste fiscal en 2015. Brasil puede avanzar, a pesar de su reñido presidente. Lampadia

El populismo de izquierda – liderado por Lula da Silva y su sucesora Dilma Rousseff – del que fue víctima Brasil en los últimos casi 20 años de historia política le trajo innumerables desgracias en el ámbito económico.

Después de haber sufrido una severa recesión entre los años 2015 y 2016, hoy es una economía que – a pesar de haber cambiado de mando hacia un gobierno de orientación liberal – a duras penas puede sostener un crecimiento que bordea el 1%. Algunos trascendidos ya hablan de la década 2010 como la década pérdida del Brasil, sólo comparable a la que padeció en la década de los 80, cuando el PBI crecía a una tasa de 1.6% promedio anual, una cifra imperdonable para un país emergente con mucho potencial exportable en la región, concretamente en sectores clave como el agropecuario y en minería e hidrocarburos.

¿Por qué pues persiste el estancamiento económico en Brasil, a pesar de los esfuerzos de Bolsonaro para reformar el país?

Uno de los principales problemas, y que además es de carácter estructural, es el insostenible nivel de deuda pública y gasto estatal corriente – en su mayoría, salarios – que hasta el día de hoy emula el gobierno brasilero. Esta es una herencia de la administración anterior que extremó el incremento del tamaño del Estado. Ello con el agravante de que varios estados emblemáticos que circundan el país, como Río de Janeiro y Minas Gerais, adoptaron esta nefasta práctica, en particular, el aumento desenfrenado de la burocracia gubernamental y la consecuente deuda pública.

Y en el centro del problema del déficit fiscal se encuentran las pensiones, que como hemos escrito extensamente en anteriores publicaciones (ver Lampadia: El avance de Bolsonaro, Primeros pasos de Bolsonaro en reforma de pensiones, La necesaria reforma de pensiones de Brasil), tiene como única solución ir hacia un sistema de capitalización individual por los insostenibles niveles de gasto público que ella implica (ver gráfico).

¿Qué puede hacer el gobierno de Bolsonaro para salir de este entrampamiento?

Ciertamente, una política de austeridad es la salida. La reforma de pensiones que se encuentra haciendo el gobierno es un buen primer paso, pero no será suficiente mientras no se ataque el otro gran impasse: la enorme masa salarial de la burocracia. Según estimados de The Economist, esta representa – junto al gasto pensionario – el 80% del gasto público de Brasil.

Para ayudar en esta discusión, compartimos a continuación un reciente artículo publicado por The Economist, en el que se explora una buena práctica de la gestión pública, contra todo pronóstico, en un estado del mismo Brasil: Espírito Santo. Superávit fiscal y altos niveles de inversión caracterizan a dicho estado, entre tanto desorden económico en el país, como hemos mencionado líneas arriba. Esperemos que el presidente Bolsonaro lo pueda tomar como ejemplo, si realmente quiere realizar un cambio de paradigma en nuestro vecino oriental. Lampadia

Esfuerzo enérgico
Un estado brasileño se destaca como modelo de eficiencia

Espírito Santo ha logrado mantenerse al margen de la deuda, a diferencia de la mayoría de Brasil

The Economist
10 de agosto, 2019
Traducido y glosado por Lampadia

La moqueca en Espírito Santo, un estado de 4 millones de personas en la costa del sudeste de Brasil, es más ligera que el estofado de pescado en Bahía, su vecino del norte, explica un camarero de esmoquin en la capital, Vitória. Capixabas, como se les llama a los residentes de Espírito Santo, así les gusta. Sus playas son más pequeñas que las de Río de Janeiro, al sur; sus ciudades coloniales más planas que las de Minas Gerais, al oeste. Antes considerados signos de inferioridad, ahora parecen símbolos de frugalidad. Otros estados están tan endeudados que no pueden pagar salarios, pero las cuentas de Espírito Santo están en orden.

Eso es gracias en gran parte al último gobernador, Paulo Hartung, quien dirigió el estado desde 2003 hasta 2010 y luego nuevamente desde 2015 hasta el año pasado. Hartung se mantuvo en 2014 en una plataforma de austeridad, argumentando que “el gasto es tomar el elevador mientras que los ingresos suben las escaleras”. Al asumir el cargo, comenzó a reducir el gasto en un 14%. Su trabajo significa que Espírito Santo es ahora un modelo a seguir para otros estados brasileños.

La incontinencia fiscal de Brasil es legendaria. El número de funcionarios públicos creció un 60% entre 1995 y 2016, a 12 millones. Dado que los trabajadores del sector público no pueden ser despedidos o reducir sus salarios, se convierten en un gasto permanente una vez contratados. Las ventajas, como los aumentos por antigüedad, pueden incluso extenderse a las pensiones de viudedad, produciendo la exclusiva “promoción pos mortem”. Casi el 80% del gasto público en Brasil se destina a salarios y pensiones, en comparación con un promedio mundial del 50-60%. “En lugar de un Estado que sirve al público, tienes un Estado que sirve al Estado”, dice Samuel Pessôa, del Instituto Brasileño de Economía de la Fundação Getúlio Vargas, una universidad.

En estos días, la crisis es peor a nivel estatal. El déficit de pensiones combinadas de los 27 estados por sí solo está creciendo en 140 mil millones de reales ($ 35 mil millones) al año, más que el del gobierno federal. El déficit se ha duplicado en los últimos cinco años. Siete estados ya no tienen suficiente efectivo para pagar los salarios; 12 más están cerca.

Bajo el mandato de Dilma Rousseff, presidenta de Brasil de 2011 a 2015, estados como Río de Janeiro dependían de préstamos con garantía del Tesoro de los bancos estatales para seguir gastando. Pero el nuevo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha prometido reducir el tamaño del Estado. Su jefe de tesorería, Mansueto Almeida, ha condicionado el alivio de la deuda a los esfuerzos para cumplir con una ley de responsabilidad fiscal, aprobada en 2000 pero ignorada durante mucho tiempo, que restringe el gasto en personal.

Entonces, ¿cómo se ha mantenido Espírito Santo en “números azules”? Una cosa que distingue al estado fue la previsión sobre la profundidad de la peor recesión de Brasil, que comenzó en 2014. Otros gobernadores creyeron que la entonces presidenta Rousseff, quien prometió una recuperación rápida. “Subestimamos el tamaño de la crisis”, admite Julio Bueno, el secretario del Tesoro en Río de Janeiro en ese momento. El PBI de Brasil cayó un 3,8% en 2015 y un 3,6% en 2016. Río terminó con un déficit presupuestario de 11,000 millones de reales. Espírito Santo terminó ambos años con un superhabit.

La audacia es lo segundo que distingue a Espírito Santo. “El ajuste fiscal es una receta de pastel, no una bala de plata”, dice Hartung. Puede salir mal fácilmente. Además de recortar los presupuestos, incluso para el poder judicial y la legislatura, tuvo que enfrentarse a los sindicatos, anunciando el congelamiento salarial en su primer día. Incluso cuando dos años después los policías se declararon en huelga y 200 fueron asesinados, Hartung no dio marcha atrás.

Finalmente, Espírito Santo estaba mejor ubicado para reducir el personal. Su burocracia incluye una gran proporción de trabajadores temporales, incluido aproximadamente el 60% de los docentes. A diferencia de los funcionarios públicos, pueden ser despedidos. Hartung eliminó más de 7,000 puestos, o aproximadamente el 12% de la burocracia. En Río de Janeiro, menos del 3% de los trabajadores del gobierno son temporales.

La austeridad ha sido dolorosa. Sergio Majeski, un congresista estatal que se opuso al ajuste fiscal, dice que los recortes a la inversión pública hicieron que fuera más difícil salir de la recesión. Pero a pesar de despedir maestros y cerrar escuelas, Espírito Santo saltó del noveno lugar al primero en un examen nacional de escuela secundaria entre 2013 y 2017. Majeski dice que esto se debe a que los estudiantes más débiles comenzaron a faltar a clases. Pero según Marco Aurélio Villela, director de una escuela gubernamental en Vitória, los maestros con contratos a corto plazo tienden a desempeñarse mejor porque saben que pueden ser despedidos.

Y reducir el personal ha ayudado al estado a mantener un nivel relativamente alto de inversión. Según un estudio de la tesorería de Brasil, tres estados que limitaron el gasto en salarios (Espírito Santo, Alagoas y Ceará) pudieron invertir, en promedio, 304 reales por persona en 2018. Río de Janeiro, Minas Gerais y Rio Grande do Sul, los estados más endeudados, solo gastaron 91 reales.

¿Pueden otros estados emular a Espírito Santo? Será difícil sin cambios en las leyes federales. La reforma de pensiones de Bolsonaro, que se está abriendo camino en el Congreso, solo puede aplicarse a los trabajadores federales. La corte suprema pronto decidirá si permite a los estados endeudados reducir los salarios y las horas de los funcionarios. Eso proporcionaría algo de alivio, al igual que un proyecto de ley para permitir que las personas sean despedidas por su persistente bajo rendimiento. Pero la mayoría de los políticos se resistirán a los recortes impopulares. Un proyecto piloto dirigido por Ana Carla Abrão, economista de Oliver Wyman, una consultora, descubrió que la ciudad de São Paulo podía reducir su nómina en un 30% sin despedir a nadie, recortando beneficios para todos menos los empleados con mejor desempeño. El proyecto fue archivado por un nuevo alcalde en 2018.

El año pasado, Hartung decidió no postularse para la reelección. Hubiera enviado un mensaje mejor si lo hubiera hecho y hubiera ganado, dice Cristiane Schmidt, secretaria del Tesoro de Goiás, un estado en graves problemas fiscales. Los brasileños tienden a culpar a la corrupción por sus problemas económicos, a pesar de que se pierde más dinero debido a la burocracia inflada. Mientras que Sergio Moro, un juez, ganó fama internacional por liderar la extensa investigación anticorrupción Lava Jato, pocos fuera de Espírito Santo han oído hablar de Paulo Hartung. Eso puede cambiar a medida que más estados encuentren sus arcas vacías. Lampadia

El Perú es el único país de la región, que, para enfrentar el escándalo de Lava Jato, paralizó su sector de la construcción y desestabilizó el conjunto de su economía.

I. El origen del escándalo

Desde que estalló el escándalo del Lava Jato, en Lampadia identificamos la mano de Lula da Silva, el presidente de Brasil, y del Partido de los Trabajadores (PT), como los responsables de haber montado mecanismos de penetración política, en el Perú, aprovechando la ambición de sus empresas constructoras, para corromper a mansalva. Ver en Lampadia:  El traicionero intervencionismo de Lula en el Perú.

II. La confesión de Odebrecht en EEUU

Department of Justice
December 21, 2016
Odebrecht and Braskem Plead Guilty and Agree to Pay at Least $3.5 Billion in Global Penalties to Resolve Largest Foreign Bribery Case in History

lll.  Nuestra oportuna recomendación

Ver en Lampadia: DS 003 y PL 1410, despropósitos y pasiones.

Cuando estalló el escándalo, a fines de diciembre, 2016, el gobierno peruano entró en shock, sin saber qué hacer. Un mes después, (19/1/2016), en Lampadia publicamos, A grandes males, grandes remedios (sin matar al paciente).

Entonces, nuestra principal recomendación fue “intervenir las empresas brasileñas involucradas en la acusación…”. El propósito era muy claro, velar por que los recursos de las empresas no se sifoneen a los accionistas comprometidos en las acusaciones y, preservar el aporte de trabajadores, proveedores y terceros (inocentes), cuidando la fluidez de la economía en su conjunto. Había que evitar que las eventuales intervenciones desordenadas de la Fiscalía, Poder Judicial, Procuradurías, Sunat, et al (al son de los acordes mediáticos y gritas de políticos fariseos), paralizaran empresas y proyectos.

Pero, el gobierno de PPK, presumiblemente por consejo de la entonces ministra de justicia (MPT), consideró que las intervenciones serían ilegales y diseñó el perjudicial Decreto de Urgencia 003. Este decreto, entre otras cosas, suspendía los pagos del Estado a dichas empresas, con lo cual se podía desequilibrar sus operaciones y proyectos. Un primer paso hacia el peligrosísimo corte de la cadena de pagos.

IV. Las consecuencias del error

Sin una estrategia de intervención ordenada, se iniciaron diversas acciones por parte de distintas entidades del Estado, como por parte de la Fiscalía, Sunat y otras, ahondando los impactos sobre la cadena de pagos. Además, se dificultaron las eventuales transferencias de activos y proyectos a empresas que no estuviera implicadas en las acusaciones, dañando el valor de importantes activos, con perjuicio para todas las partes.

Fue tal el impacto en la economía peruana por la paralización de las obras de Odebrecht y de sus empresas consorciadas, que el MEF tuvo que reducir su proyección de crecimiento en el año 2017 en un punto porcentual, reducción que está asociada a 140,000 empleos perdidos y que 320,000 peruanos no hayan salido de la pobreza, según estimaciones de Apoyo Consultoría.

Posteriormente, por ímpetus de algunos políticos, se promueve la extensión del DS 003 a las empresas peruanas que se hubieran asociado con Odebrecht. Como resultado de esta iniciativa, en noviembre de 2017, el Congreso termina aprobando el Proyecto de Ley 1410, que modifica el DS 003, incluyendo en sus alcances a las empresas que se hubiesen consorciado con empresas como Odebrecht, con una participación mayor al 5% de los contratos.

Esto, entre una serie de otras disposiciones, impediría que estas empresas participen en proyectos del Estado, (llámese reconstrucción u otros), y también confiscaría las acreencias, que, por todo concepto, tuvieran con el Estado; incapacitándolas.

Lógicamente, el Ejecutivo se vio obligado a observar la ley, cosa que hizo el 18 de diciembre de 2017; planteando aspectos constitucionales, legales, tributarios y económicos. Advirtiendo que se generaría la ruptura de la cadena de pagos y la paralización de proyectos de inversión por aproximadamente el 13% del presupuesto de inversiones del país.

El Congreso de la República entró en receso en enero 2018, sin haber debatido la eventual insistencia para la promulgación de la Ley 1410. Mientras tanto, la vigencia del dispositivo original, el DS 003, venció el 13 de febrero.

Posteriormente, en mayo 2018, el gobierno de Martín Vizcarra emite el Decreto Supremo 096-2018-EF, mediante el cual aprueba el reglamento de la Ley 30737, con el que se consolidan los errores conceptuales de todo el manejo de la crisis.

Así es como el Perú es el país que peor ha manejado el escándalo de Lava Jato, llegando a destruir inversión, empleos y crecimiento, innecesariamente.

V. El arreglo fiscal con Odebrecht

Nuevo acuerdo de cooperación entre las autoridades peruanas o Odebrecht. Fuente: RPP

Las autoridades peruanas y la constructora brasileña sellaron en la madrugada del sábado su “Acta de Acuerdo Preparatorio de Colaboración y Beneficios”, que entre otoros puntos establece:

• El monto de la reparación civil
  675 millones de soles.

• Acuerdo firmado es sobre cuatro obras
  El acuerdo fue firmado por cuatro obras: Línea 1 del Metro de Lima, la Carretera Interoceánica tramos 2 y 3, Costa Verde Callao y la Vía Evitamiento Cusco.

El fiscal Rafael Vela dijo a El Comercio que “no podemos obligar al colaborador a que admita hechos por los que siente que no ha delinquido. Él sabe que no ha delinquido desde su perspectiva”.

• Odebrecht puede volver a contratar con el Estado
  Odebrecht “recupera su capacidad operativa”. Es decir, también podrá volver “a contratar con el Estado. Pueden postular a competir en obras públicas”.

VI. Impactos de una absurda y discriminatoria paradoja

Mediante el acuerdo de la Fiscalía, Odebrecht estará facultada a contratar con el Estado y así generar los recursos para saldar la reparación civil.

Sin embargo, como consecuencia de las normas indicadas líneas arriba (DU 003 y Ley 30737), muchas empresas peruanas, si bien no están impedidas  están impedidas de contratar con el Estado, están sujetas a innumerables cortapisas, trampitas y mala voluntad por parte de funcionarios del Estado, que debilitan su capacidad de contratar. Veamos:

• Por ejemplo, las empresas del llamado club de la construcción, sin haber sido sancionadas, han sido excluidas de las obras de la reconstrucción, empeño que no logra despegar. Ver cuadro de Apoyo Consultoría, que demuestra un fracaso escandaloso en algo tan importante como recuperar la vida normal de millones de ciudadanos, especialmente en el norte del país:

• En el caso de algunas empresas, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS), en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 30737 y su reglamento, sin tener en cuenta que las obras hayan sido cuestionadas por actos ilícitos, ni hayan sido mencionadas en ninguna de las declaraciones de ODEBRECHT, las ha incluido indebidamente dentro del conjunto de empresas que conforman la denominada Categoría 2.
• El inadecuado tratamiento a los casos de corrupción dado por el tristemente célebre DU 003, que ha sido sustituido por la Ley 30737. Está ley lamentable tampoco funciona, porque los legisladores se concentraron asegurar “el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado”, sin importarles la obra pública, y en dar toda la responsabilidad de la aplicación de la Ley al Ministerio de Justicia, el causante de la inoperatividad del DU 003, y encima contemplaron 31 actos administrativos nuevos a cargo de este Ministerio. 
• La Ley 30737 regula tres categorías (de casos): 1) ODEBRECHT, 2) Sus consorciadas y 3) El supuesto Club de la Construcción. Se acepta como una verdad absoluta la existencia de un Club de la Construcción que se compondría de 30 empresas constructoras y, como es una verdad mediática, nadie hace el menor análisis del proceso judicial.
• La Fiscalía basa su investigación en la declaración de un colaborador eficaz – funcionario de ODEBRECHT, quien entrega una lista de 30 empresas constructoras, casualmente todas las que hacen obra pública, con un claro objetivo: parar toda la inversión pública.
• A partir de lo dicho por el colaborador eficaz, la Fiscalía lanza la investigación con un impactante manejo mediático.
• Lo paradójico es que, a partir de ahí los políticos, los medios de comunicación y los líderes de opinión asuman que las 30 empresas están en calidad de investigadas y comprometidas con el caso. Por esta razón, ninguna entidad de la Administración Pública se atreve a contratar con las 30 empresas para la realización de nuevas obras públicas. Ya ha habido varias licitaciones del MTC que están estancadas porque se ha tachado a todas las empresas de la lista que se hayan presentado. Por su parte, los bancos no les conceden créditos y, es más, tratan de reducir su exposición con las 30 constructoras.
• Por otro lado, la participación de árbitros en procesos seguidos por Odebrecht ha afectado la imagen del sistema arbitral en el Perú, pues se considera que “el arbitraje, terminó siendo un sifón a través del cual la transnacional sacó decenas de millones de dólares más a un Estado inerme, incompetente o cómplice” (IDL).
• Se ha generado el mito de que todos los arbitrajes por contrataciones públicas siempre los pierde el Estado y, como consecuencia de ello, se han introducido sobre-regulaciones que han tenido el efecto contraproducente de disminuir la competencia en las licitaciones de obras públicas.
• La creencia equivocada de que hay un Club de la Construcción integrado por 30 empresas, ha originado que las entidades del Estado busquen cualquier excusa, más allá de lo que establece la ley, para adoptar medidas que desnaturalizan el arbitraje, dilatando los procesos o estableciendo restricciones ilegales en los contratos. 

• A todo esto, se sumará el cambio de mando en los gobiernos regionales y locales en enero próximo. Esto origina impactos que también inciden en la parálisis del sector de la construcción. Por ejemplo, mediante:
  • El desconocimiento de los compromisos asumidos por las autoridades anteriores.
  • El no reconocimiento de las valorizaciones pendientes de pago, no gestionar las transferencias presupuestales para incumplir los pagos o simplemente decidir no pagar los montos reconocidos.
  • El destinar lo presupuestado originalmente para la obra en curso hacia otra distinta, incumpliendo con los pagos correspondientes.
  • El incumplimiento y desconocimiento de los laudos arbitrales
  • En contratos de servicio, el no continuar con los pagos pendientes, con lo cual se interrumpe la prestación de los servicios contratados.

VII. Nuestra Propuesta

RECONSTRUYAMOS EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

1. Viabilicemos los proyectos de infraestructuras
2. Reiniciemos las obras suspendidas
3. Nivelemos el piso para todos los agentes económicos
4. Permitamos que las empresas peruanas del sector construcción sean efectivamente sujetos de contratación por parte del Estado, en Lima y en las regiones
5. Apoyemos la recuperación su capacidad crediticia
6. Permitamos que nuestros mejores técnicos y administradores de obra vuelvan a trabajar sin cortapisas
7. Bajemos la presión mediática generalizada y desenfocada

Todo esto es por supuesto, en gran medida responsabilidad del gobierno. Pero no solo del gobierno, también lo es de la clase dirigente empresarial, académica y mediática.

Sin excusar responsabilidades que deben perseguirse sin tregua, debemos dejar de hacer daños que repercuten en el conjunto de la economía, sin que, además, sean efectivos en perseguir delitos.

Ya hemos causado suficiente daño. Los ciudadanos esperan que el país recupere su sensatez y la construcción de la prosperidad. Lampadia

Lula, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil, condenado a 12 años de cárcel por corrupción desde el gobierno, se ha resistido a su condena con ‘docenas de amparos’ presentados por grandes estudios de abogados. Acaba de perder su última carta ante la Corte Suprema de Brasil, y el reconocido y probo Juez Moro ordenó su encarcelamiento, pero Lula, en rebeldía, se refugió con los sindicalistas metalúrgicos dando un pésimo ejemplo, y dejando por los suelos la imagen de las izquierdas latinoamericanas.

Pero Lula no tenía escapatoria. Después de organizar su entronización como mártir, fue llevado por la Policía Federal a la cárcel de Curitiva, diseñada para albergarlo.

Con la caída de Lula y el fracaso del gobierno del PT en Brasil podemos ver el alma de las izquierdas latinoamericanas.

Siguen cayendo las caretas de los (dizque) defensores de los pobres, de los derechos humanos y de la moral pública.

• Defensores de los pobres: Ya sabemos, producto de tantas experiencias fallidas del comunismo y el socialismo, que el discurso de los izquierdistas sobre su compromiso con los pobres, es solo un mecanismo de acceso al poder. Una vez en el gobierno, son los campeones en la creación de pobreza, por la que muestran desdén y distancia. Ejemplo: Los Kirchner dejaron al 29% de argentinos en la pobreza.
   
• Defensores de los derechos humanos: Otra estrategia electoral. Por ejemplo, Ecuador con Correa, pasó al puesto 156 de 179 países en libertad económica. En Venezuela hay una crisis humanitaria. Los venezolanos se mueren por falta de alimentos y medicinas, pero el socialismo del siglo XXI, no hace nada por evitarlo, y además rechaza la ayuda humanitaria de otros países. Dos derechos humanos pisoteados, la libertad y la vida.

• Defensores de la moral pública: Los gobiernos de las izquierdas suelen ser los más corruptos de todos. Como asumen que gobiernan por una suerte de derecho divino, se alucinan por encima del bien y el mal. No olvidemos el famoso dictum del comunismo moscovita: ‘El fin justifica los medios’. Ejemplos cercanos: Los niveles inhumanos de corrupción del chavismo en Venezuela. La descarada corrupción de los Kirchner en Argentina. Y la inmensa corrupción de Lula con el PT de Brasil, llevada a toda la región con un inaceptable afán intervencionista.

Pero, además, ninguna evidencia es suficiente para que nuestros izquierdistas latinoamericanos reconozcan los delitos de sus socios ideológicos. Veamos algunas manifestaciones en relación al caso de Lula, el gran corruptor de la región:

• Ricardo Lagos, probablemente el más respetado izquierdista de la región

• Evo, Cristina y Maduro

La Corte Suprema de Brasil dictaminó el jueves por la mañana que el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva deberá ser encarcelado y cumplir una pena de 12 años y un mes por delitos de corrupción y blanqueo de dinero, extinguiendo efectivamente su carrera de 40 años en la política brasileña.

La decisión final la dio la presidenta del Tribunal Supremo Federal, Carmen Lúcia Antunes, quien rechazó el recurso de ‘habeas corpus’ preventivo (una petición para evaluar la legalidad de un arresto) presentado por los abogados de Lula después de 11 horas de deliberaciones. La conclusión: Lula fue condenado a la cárcel con el ajustado resultado de seis votos a cinco.

Días antes, un pronunciamiento preliminar del TSF en el sentido de que se podría favorecer a Lula, generó reacciones muy fuertes en el sistema judicial, donde más de 5,000 jueces (un 30% del total), hizo un pronunciamiento absolutamente inusual, criticando al tribunal supremo, pues semejante decisión hubiera generado un grave precedente para la administración de justicia al debilitar la prisión preventiva.  Además, también hubo fuertes reacciones de las fuerzas armadas brasileñas.

Posteriormente, el juez Sergio Moro, líder del proceso del Lava Jato, quien condenó a Lula en primera instancia a nueve años, ordenó su ingreso a prisión para el día de hoy a las 5pm, hora en la que Lula deberá ponerse a disposición de la justicia.

El país está aún más profundamente dividido, después de la acusación contra la sucesora elegida de Lula, Dilma Rousseff, quien fue destituida de su cargo en 2016 bajo la acusación de manipular el presupuesto federal para ocultar los crecientes problemas económicos del país. Su derrocamiento puso fin a 13 años de gobiernos liderados por el Partido de los Trabajadores.

Pero los enormes escándalos de corrupción y la peor crisis económica en décadas dejaron a Rousseff y su partido mal parados. Desde entonces da Silva, conocido comúnmente como Lula, ha estado tratando de reclamar la presidencia. Pero en julio pasado fue declarado culpable de corrupción y lavado de dinero y sentenciado a casi 9 años de prisión. En enero, un tribunal de apelaciones confirmó unánimemente la condena y aumentó la sentencia a 12 años.

Recordemos que Lula viene del noreste brasileño, donde la política ha estado siempre dominada por caciques regionales que adoptaron una serie de acciones de corrupción para controlar y mantener el poder. De alguna manera se puede decir que Lula llevó las prácticas corruptas de sus socios políticos del noreste brasileño al gobierno central, donde entronizó la cooptación de críticos y opositores, y habría participado en el montaje de los circuitos de corrupción de Petrobras y los más grandes grupos empresariales brasileños del sector de la construcción.  Ver en Lampadia: La caída de un gigante crea incertidumbre en la región.

Lula, que gobernó el país durante ocho años y lo llevó hacia el proteccionismo y el asistencialismo, cooptando a sus opositores y promoviendo altísimos niveles de corrupción gubernamental, fue detenido brevemente el 4 de marzo, como parte de la operación de Lava Jato. Fue interrogado por acusaciones de haber recibido “beneficios ilícitos” del esquema de sobornos de Petrobras. Los fiscales presentaron cargos de lavado de dinero en contra suya.

Todavía hay quienes apoyan a Lula porque, durante sus años como jefe del Ejecutivo, Lula estableció el Programa de Subsidio Familiar (Bolsa Família, en portugués), un programa de transferencia monetaria condicional que beneficia a familias de bajos ingresos.

Sin embargo, fue también durante la presidencia de Lula que estalló un importante escándalo de corrupción, conocido como “Mensalão”. Los fiscales dijeron que la administración del ex presidente sobornó a los legisladores para que aprueben proyectos de ley propuestos por el gobierno. José Dirceu, jefe de gabinete de Lula, fue sentenciado a la cárcel, así como algunos legisladores.

Después del final de su mandato, Lula fue acusado de encabezar un esquema de corrupción aún mayor, donde las constructoras brasileñas -incluida la más grande del país, Odebrecht- se organizaron en cárteles y pagaron sobornos a altos ejecutivos de Petrobras y otros funcionarios del gobierno. Lula terminó controlando una gran maquinaria que debemos llamar ‘Corrupción de Estado e Imperialismo’. Esto fue la hipocresía política llevada a su máxima expresión, un movimiento de izquierda que capturó grandes empresas para corromper y reinar. Adiós las ideas del socialismo, adiós los pobres de la región, adiós los valores de la democracia. Era un inmenso juego político para apoderarse del subcontinente. Ver en Lampadia: La peor Red de corrupción latinoamericana.

Ahora, el líder de la izquierda brasileña ha sido acusado de recibir de manos de la empresa OAS (una de las implicadas en la gigantesca trama corrupta destapada por la Operación Lava Jato) un apartamento de lujo en la ciudad de Guarujá, en el estado de São Paulo. Según las investigaciones este inmueble sería una especie de agradecimiento por los favores prestados dentro de la petrolera Petrobras.

El juez federal Sergio Moro ya decretó la prisión del expresidente brasileño y le ha concedido un margen de un día para entregarse. “Al condenado, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, le concedo, en atención a la dignidad del cargo que ocupó, la oportunidad de presentarse voluntariamente a la Policía Federal en Curitiba hasta las 17:00 (hora local), del día 06/04/2018, cuando deberá ser cumplido el mandato de prisión”, señaló Moro en su decisión.

Lula ha sido el padrino de las izquierdas latinoamericanas, fundador del Foro de Sao Paulo con Fidel Castro, y auspiciador y financista de los partidos de izquierda en varios países, incluyendo el Perú; donde, con sus brazos empresariales corruptos montó una estrategia de penetración imperialista absolutamente repudiable.

Esperamos que esta sea la oportunidad para limpiar a Brasil de la corrupción en el mayor escándalo de la historia de Latinoamérica y para quitarle a esas malas izquierdas, las banderas hipócritas de la moralidad, que solo eran señuelos para la toma de poder. ¡Viva la Justicia! Lampadia

Sebastiao Mendonca Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

El Partido de los Trabajadores (PT), fue fundado por diversos grupos de izquierda, líderes sindicales e intelectuales en 1980, en un momento muy favorable para su ideología populista. El gobierno militar estaba en su fase final y todos los opositores a los militares eran vistos como defensores de la democracia. 

Con el fin de la guerra fría, el gobierno americano dejó de apoyar a los gobiernos militares en América Latina, y pasó a apoyar el retorno a la democracia. La ventaja moral de los opositores a los gobiernos militares, mayoritariamente la izquierda, les permitió llegar al poder en muchos países, abriendo el período de los presidentes ex-revolucionarios y de los populismos del siglo 21.

​Desde sus orígenes, el PT ha tenido una estrategia nacional y otra latinoamericana. En 1990, en alianza con Fidel Castro, Lula fundó el Foro de Sao Paulo, con la tarea de expandir su influencia en la región y brindar a la izquierda latinoamericana nuevos referentes ideológicos tras la caída del “socialismo realmente existente” en Europa Oriental. Desde entonces, el Foro se ha reunido 23 veces (Méjico, Habana, Managua, Caracas, etc.) donde fuera necesario para fortalecer algún gobernante o líder populista de izquierda.  En un próximo artículo explicaremos el rol del Foro de Sao Paulo en la estrategia del PT. Como explicamos anteriormente en Lampadia: El traicionero intervencionismo de Lula en el Perú

Una historia abreviada de la Era PT

En el 2002, después de tres intentos fracasados, Lula fue, finalmente, electo presidente de Brasil, dando inicio a lo que serían cuatro gobiernos del PT. Fernando Henrique Cardoso, durante sus gobiernos había superado la inflación y flexibilizado la gestión monetaria, entregando a Lula un país con una economía desacelerada pero macroeconómicamente sana. Lula recibió una casa ordenada.

Gobernante por dos mandatos, simultáneos al auge de las exportaciones, el país creció, la pobreza cayó y Lula terminó sus dos gestiones con alta popularidad y una imagen de líder global. Su fuerza política era tal que pudo elegir a Dilma Rousseff como su sucesora en Brasilia.

Dilma, comienza su gobierno el 1º de enero de 2011, apoyada por la popularidad de Lula y la maquinaria del PT. Desgobierna el país por cinco años, las limitaciones del modelo económico implementado por el PT se manifiestan en la peor crisis económica de los últimos 100 años, incumple las normas presupuestales, altera las cuentas nacionales, y es destituida por un juicio político el 31 de agosto de 2016.

La destitución de Dilma Rousseff cerró la era del dominio político del PT. Quienes gobernaron el país por 13 años y se sentían destinados a gobernarlo por siempre, en nueve meses de conflicto político se vieron fuera del poder ejecutivo. Para el PT fue un golpe traumático del cual no se recuperan hasta ahora. Desde la fundación del partido, esa fue su primera derrota estratégica. No es solo por astucia política que el PT lo llama como “golpe”.

El soporte social al juicio de Dilma fue la realización de las mayores movilizaciones sociales de la historia de Brasil, con cerca de 6 millones de personas en las calles expresando su rechazo al gobierno del PT y su apoyo al juicio político. La izquierda brasileña, para su sorpresa, se vio cuestionada por movilizaciones sociales mucho mayores que aquellas, protagonizadas por ella y que tumbaron al gobierno militar en los 80s. Por primera vez en su historia, el PT perdió las calles.

El 14 de marzo de 2014, se inicia la Operación Lava Jato, investigando el lavado de dinero y la corrupción en la Petrobras. La operación pone en evidencia los esquemas de corrupción montados durante el gobierno del PT para saquear a las empresas públicas, denuncia y encarcela a varios empresarios y políticos poderosos. El país se espanta con los niveles de la corrupción que el PT y sus aliados (PMDB y PP) había instalado durante su gobierno.

Pocos días después de la destitución de Dilma, el Ministerio Público Federal denuncia a Lula da Silva por corrupción y lavado de activos, en colusión con la constructora OAS. El 20 de septiembre del 2016, Juez Sergio Moro acepta la denuncia y abre el primer juicio a Lula. En los meses siguientes se iniciarían seis otros juicios a Lula por corrupción y lavado de activos. Esos juicios siguen en proceso, tres de ellos en Lava Jato, dirigidos por Sergio Moro.

El 12 de julio de 2017, diez meses después, el juez Sergio Moro encontró a Lula culpable y lo condenó a 9 años y seis meses de prisión. Como era de esperarse, el PT lanzó una campaña de desprestigio contra Sergio Moro, presentando el juicio como un acto de persecución política, y Lula apeló su sentencia en el cuarto Tribunal Regional Federal (TRF-4).

Este 24 de enero del 2018, seis meses después, el TRF-4 confirmó, por 3 a 0, la condena dictada por Sergio Moro y amplió la pena a 10 años y un mes de cárcel. Las inúmeras gestiones legales, las presiones políticas, las amenazas a los jueces y la movilización de sus “movimientos sociales” resultaron inefectivas.

Esa condena del TRF-4 fue por unanimidad, sin brechas jurídicas por donde romperla. La falta de manifestaciones sociales masivas en defensa de Lula, volvió a sorprender al PT. Las masas no salieron a defender a Lula, como esperaban los líderes más radicales del PT. Esta sentencia puede ser considerada la segunda derrota estratégica del PT, en menos de 18 meses. Para el PT los vientos ahora soplan de frente y el mar está agitado.

Las perspectivas del PT y de la izquierda

En el terreno jurídico las perspectivas de Lula son pobres. Él puede apelar algunos detalles de la sentencia en el mismo TRF-4 que lo condenó por unanimidad, pero ello se resuelve en pocas semanas, y nadie cree que la respuesta le pueda ser favorable. Posteriormente Lula apelará al Superior Tribunal de Justicia (STJ), una especie de Corte Suprema que revisa el sustento legal de la sentencia del TRF-4. Los expertos en temas jurídicos de Brasil opinan que el STJ difícilmente cuestionará una sentencia como la que fue emitida por el TRF-4.

Queda a Lula apelar al Supremo Tribunal Federal (STF) que opera como una especie de Corte Suprema de segundo nivel y de tribunal constitucional. El STF es un tribunal más politizado, y sus miembros fueron propuestos en su gran mayoría por Lula y por Dilma. Cuando Dilma fue destituida, el STF le permitió conservar sus derechos políticos, aún que la ley le negara ese derecho y que fuera muy clara en ese campo.

Los objetivos del PT en el terreno jurídico son tres:

(a)    que Lula no vaya preso,

(b)   que pueda candidatear y

(c)    que su condena sea anulada, en este orden.

El STF, muy probablemente, va poner a discusión el tema de la prisión en segunda instancia, justo ahora que Lula fue condenado por un juzgado de segunda instancia. De darse esa modificación de la ley, ello permitiría a Lula seguir libre, desafiando al sistema judicial del país y haciendo campaña política.

El argumento de algunos analistas, para oponerse a las condenas de Lula, es la reacción social que su prisión podría desencadenar, pero los antecedentes de los últimos meses no sustentan esa idea. Además, ese no sería el único problema que el STF necesitaría considerar. El Brasil tiene más de 726 mil presos en sus prisiones, el 40% de ellos (290 mil) en la condición de prisión preventiva, y los otros 60% (435 mil) con condenas en primera y segunda instancias. Si el STF toma esa decisión pensando en Lula, abre una caja de pandora para miles de otros condenados. En pocas semanas sabremos si se aplicará la sentencia del TRF-4 a Lula, o se el STF le brindará un trato especial. El derecho debe tratar a todos los ciudadanos por igual, pero como lo explicó George Orwell hacen muchos años, Lula podría ser visto como más igual que los demás ciudadanos.

Los otros dos objetivos de Lula, ser candidatos y ser exculpado son mucho más difíciles de lograrse. Y si algo así sucediera, un sector grande de la sociedad brasileña sentiría como una burla, y las reacciones podrían ser importantes.

En el campo político las cosas no están yendo bien al PT.

Al día siguiente de su condena Lula invitó a todos los partidos de izquierda a presentar una candidatura única a la presidencia. Él, naturalmente, encabezaría dicha candidatura y los puestos congresales se distribuirían entre los miembros de la alianza. Su argumento ha sido la necesidad de la unidad de las fuerzas de izquierda ante la arremetida de la ola conservadora.

Los líderes populistas (Ciro Gomes, Marina Silva, y otros menores), los partidos marxistas (Partido Comunista del Brasil (PC do B), Partido Socialismo y Libertad (PSOL), y otros grupos aún más radicales rechazaron su invitación. En la opinión de ellos, el PT está fracasando y es hora de realizar una renovación en la izquierda brasileña. Como no podría dejar de ser, cada uno de ellos se considera él llamado a liderar esa renovación.

Más allá del discurso de justificación, lo que está en disputa es la herencia política de Lula, quien mantiene entre 30% y 35% de intención de voto, a pesar de todas las denuncias en su contra. Si Lula no puede ser candidato decenas de millones de votantes buscarán a quienes respaldar para gobernar el Brasil. En la disputa por el capital político de Lula, el PT es uno más en la arena. El PT, seguramente, es el más poderoso y lanzará su candidato, pero si ese candidato no es Lula, muchos votantes van a estar desconcertados. Para los otros partidos de izquierda ese desconcierto es una oportunidad política mayor.

El sueño de todos esos líderes y partidos de izquierda es volverse el heredero principal de Lula. Los populistas sueñan con la presidencia y los grupos ideológicos sueñan con volverse importantes. Para aprovechar esa oportunidad ellos tienen que diferenciarse del PT y afirmar una identidad alterna.

Con el sello de la corrupción, el nombre del PT genera anti-cuerpos políticos. Los petistas defenderán a Lula, pues es su única opción, pero los demás partidos de izquierda, para librarse del estigma de corruptos, se presentarán como opción de renovación moral, diciendo compartir las intenciones de justicia social de Lula pero no sus métodos. Es decir, para flotar en medio del naufragio del PT, los partidos de tendrán que atacar a Lula y dificultar la campaña electoral del PT.

Herencias nefastas

(a)    El PT está dejando herencias nefastas para el Brasil, y no es solo el desfalco económico que va requerir una década para cubrirse. Es en el campo de las creencias políticas y la mentalidad de la población que los problemas son mayores.

(b)   Durante sus gobiernos, el PT ha atribuido las causas del crecimiento económico del país y de la superación de la pobreza a sus políticas sociales, ocultando sistemáticamente los hechos detrás de ese proceso económico de dimensiones continentales e incluso global. Un porcentaje importante de la población brasileña hoy cree que, si con Lula vivieron mejor, entonces si él regresa, la prosperidad también regresaría. Ese es su electorado cautivo.

(c)    La influencia del marxismo en las escuelas, universidades, en los medios de comunicación y en el aparato estatal es, en muchos casos, predominante. El adoctrinamiento de los jóvenes es masivo, y las concepciones divergentes del marxismo son consideradas retrógradas y anti-sociales. Esa herencia cultural va tomar más de una década para ser superada. Mientras tanto, una parte importante de la población y de la intelectualidad brasileña va seguir viviendo en el pasado, antes aún de la caída del muro de Berlín.

(d)   La tercera herencia es un presupuesto nacional altamente distorsionado, en donde el 36% de los impuestos es utilizado para pagar la deuda pública y sus intereses, y el 16% es para cubrir un sistema de pensiones deficitario, quedando 48% del presupuesto para todos los demás gastos e inversiones públicas, incluido salud, educación, defensa, etc. Esta herencia se origina antes de la Era PT, pero ellos la han agravado a niveles difíciles de imaginar. 

(e)   La frustración de los militantes petistas y organizaciones, financiadas con el presupuesto de la República (Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra, MST y Movimiento de los Trabajadores sin Techo, MTST) y la radicalización de algunos de sus aliados pueden transformarse en brotes de violencia en los próximos años.

Conclusiones

El Brasil se está liberando, gradualmente, del populismo. Han surgido movimientos liberales en todo el país, y están ganando un espacio mediático significativo. Pero, gran parte de la población aún arrastra la expectativa en un estado paternalista y cree en la manipulación populista. El PT ha sufrido dos derrotas estratégicas, pero no está muerto, Lula es muy hábil haciendo demagogia y mantiene una fuerza electoral grande. Además, el PT tiene un aparato partidario gigantesco. Ellos, difícilmente, ganarían las elecciones, pero en una segunda vuelta podrían definir quienes NO gobernarán el país los próximos cuatro años.

La lucha por la renovación política en Brasil tiene cuatro grandes desafíos:

1.      Elegir nuevos gobernantes y congresistas, que no estén ligados a los sistemas de corrupción y estén dispuestos a realizar reformas políticas y económicas complejas.

2.      Profundizar el combate a la corrupción, reforzando los órganos responsables de esa tarea (Ministerio Público, jueces federales de 1ª y 2ª instancias, Policía Federal, etc.), y acabando, o reduciendo dramáticamente, el foro privilegiado.

3.      Desmantelar los mecanismos de adoctrinamiento que el PT ha montado en las escuelas y universidades.

4.      Desarrollar una polémica pública que permita a la población brasileña asimilar nuevas formas de interpretación de la economía y la política, para transformar el Brasil en una sociedad menos cerrada y de cara al futuro.

Lampadia

Desde que estalló el escándalo del Lava Jato, en Lampadia identificamos la mano de Lula da Silva, el presidente de Brasil, y del Partido de los Trabajadores (PT), como los responsables de haber montado mecanismos de penetración política, en el Perú, aprovechando la ambición de sus empresas constructoras, para corromper a mansalva.

Lamentablemente, el país no ha aquilatado debidamente, la naturaleza política del escándalo del Lava Jato, porque el endiosado Lula, el ‘rey’ de la izquierda latinoamericana, no podía ser señalado como un traidor y un embustero por la prensa peruana, adicta a subsidiar a las izquierdas. Por lo tanto, el bendito escándalo ha terminado siendo reputado como corrupción empresarial, en la que se quiere ahora, meter a tirios y troyanos.

Paralelamente, como nuestra clase dirigente, no política, está ausente del debate nacional, hemos liberado a Lula y su PT, de la ominosa responsabilidad que les toca arrastrar por el resto de su existencia.

Pero, como diría el politiquero de la PUCP-Harvard, Steven Lewinsky, ‘ahora no quedan dudas de la traicionera maniobra de la izquierda brasileña’, organizada para favorecer a sus ‘súbditos’ peruanos; como, los Humala-Heredia, Villarán, et al, y sus agentes recaudadores; así como para comprometer a toda la clase política.

Veamos como la colaboración a Humala-Heredia, candidato en el que no creían, fue ORDENADA por Lula y el PT, según Marcelo Odebrecht:

La traducción oficial del testimonio de Odebrecht en Curitiba

El Comercio accedió a la transcripción oficial del audio del interrogatorio al ex CEO de la constructora realizado en noviembre del 2017 (…)

—Ollanta Humala—

Sobre la entrega de US$3 millones para su campaña electoral.

Fiscal José Domingo Pérez: […] ¿Cuál era la finalidad o qué buscaba posteriormente con el aporte que daba a la campaña?

Marcelo Odebrecht: En el caso del aporte que yo manejé, que fue ese que se hizo a Ollanta Humala, yo, en realidad […] no fue iniciativa mía. Hice eso… a pedido del gobierno de Lula, por mi relación con el gobierno de Lula […], al dar un apoyo político de 3 millones de dólares, al saber que nosotros éramos personas de confianza del gobierno brasileño, eso, de cierto modo, te abre las puertas y permite que uno tenga más acceso a él para influir. (Audio 2 – Páginas 86-87/ Versión web 12-13)

Marcelo Odebrecht: […] En el caso específico de Ollanta Humala, nosotros teníamos más acceso a Ollanta Humala que los empresarios peruanos que vivían en constante lucha con él. (Audio 2 – Página 98/ Versión web 24)

Marcelo Odebrecht: Del monto que yo tenía aquí con el PT [Partido de los Trabajadores]; es decir, ellos me pidieron que lo destine a Ollanta Humala, yo, en esa época incluso comenté que no sabía, en realidad, si era por una cuestión geopolítica; es decir, de Brasil… eh… por similitud política entre el PT y Ollanta Humala, o si era por una cuestión de que existían dos ex integrantes del PT, Garreta y Favre, que apoyaban la campaña de Humala, pero de cualquier manera me pidieron dar esa donación. (Audio 2 – Página 104/ Versión web 30).

No quedan pues dudas sobre la naturaleza de la corrupción brasileña y su origen y destino político. El ‘rey’ de las izquierdas, el forjador del Foro de Sao Paulo, que albergó a todos nuestros proponentes del pos-extractivismo, es el peor corruptor de la izquierda latinoamericana.

Igualmente esclarecedora, es la entrevista de agosto del 2015 a Salomón Lerner, primer ministro de Humala, quien marcó diferencias con el chavismo, para recalar en la esfera de Lula y el PT.

Entrevista de El Comercio a Salomón Lerner Ghitis
El Comercio
Sebastián Ortiz Martínez
27.08.2015

“Al gobierno de Maduro le falta tolerancia frente a oposición”

Así lo afirmó el ex primer ministro Salomón Lerner Ghitis, quien dijo que no permitirá veto de Arana y Mendoza a Simon

Salomón Lerner Ghitis, ex primer ministro y ex financista del Partido Nacionalista, afirmó que si bien la primera dama, Nadine Heredia, cumplió un destacado rol en la promoción de la política social del Gobierno de Ollanta Humala, hizo mal “en entrometerse en otras tareas del Estado”. También analizó el futuro de una izquierda fragmentada de cara a las elecciones del 2016.

(…)

¿Quién trajo a Luis Favre al Perú? ¿Usted hizo las gestiones para que se concrete esa asesoría?

El señor Favre fue una propuesta hecha por el Partido de los Trabajadores [de Lula y Dilma Rousseff] dentro de una terna que vino a Perú. (…).

¿Exactamente quién del Partido de los Trabajadores les propuso a Favre? ¿Fue José Dirceu?

No, no hemos tenido relación con Dirceu. Nosotros teníamos relaciones con la oficina de Relaciones Exteriores del PT. Teníamos una relación con Walter Pomar y también con Marco Aurélio García, quien hasta ahora asesora a la Presidencia brasileña en política internacional. 

¿Por qué el PT estaría interesado en ayudar al Partido Nacionalistas con Favre?
Los partidos de América Latina de la izquierda progresista, que son entre 90 y 100, trabajan en forma conjunta en el Foro de Sao Paulo. El PT es parte de ese foro, donde también estuvo el Partido Nacionalista. Entonces, ahí se tiene la posibilidad de conseguir los perfiles de los asesores de los grupos de izquierda progresista de la región. [¿Y la plata?]

Ahora, el ‘rey’ Lula ha sido condenado por corrupción a 12 años de cárcel. Esperemos que nunca retome el poder en Brasil. Ya es hora que las izquierdas dejen “el fin justifica los medios” del estalinismo.

Aprendamos a señalar las cosas como son. No dejemos que los ‘relatos’ (especialidad del régimen cubano), difundan más pos-verdades, para corromper las mentes de nuestros ciudadanos. Lampadia

Luiz Inácio Lula da Silva, el ex presidente de Brasil, puede estar a punto de ir a la cárcel por hasta 10 años si un tribunal de apelaciones confirma este mes una condena por corrupción. Esto, sin embargo, no ha impedido que continúe con su carrera política y que aún cuente con un fuerte apoyo.

El juicio de Lula en segunda instancia está programado para el 24 de enero, donde tres jueces federales deberán decidir si convalidan la sentencia del juez Sergio Moro, quien condenó al líder del Partido de los Trabajadores a 9 años y medio de prisión. Sin embargo, Lula todavía no va a la cárcel ya que el juez Moro afirmó que “Considerando que la prisión cautelar de un expresidente de la República no deja de envolver ciertos traumas, la prudencia recomienda que se aguarde antes de extraer las consecuencias propias de la condenación”. (Cuidado que no se tuvo en el Perú con el ex presidente Humala y su señora, ni con empresarios que no tenían procesos abiertos y se les dio prisión preventiva. Una práctica abusiva que debe suspenderse).

Como afirma Sebastiao Mendonça Ferreira en Un juicio para la historia, “La sentencia de Moro sobre Lula es considerada un ejemplo académico de calidad y la tradición en el TRF-4 es confirmar o ampliar las sentencias dictadas por Moro. Sin embargo, este fallo afecta grandes intereses políticos y los partidarios de Lula están organizando manifestaciones en todo el país para presionar a los jueces del TRF-4”.

De acuerdo a las leyes de Brasil, hay una segunda instancia y hasta que ésta no lo condene, Lula puede postular. Sin embargo, si la sentencia se ratifica en esta segunda instancia, Da Silva no podrá volver a postular a la presidencia en el 2018.

En Brasil hay aparentemente dos tipos de inclinación: hay gente que dice que sería muy bueno que se le condene de una vez para que no postule y hay otros que dicen que sería muy malo que la condena sea antes de las elecciones porque, como piensan que no va ganar, consideran que lo ideal sería que el Partido de los Trabajadores (PT) tenga una derrota política en su haber. Si la condena sale después de la elección y él saliera elegido, se suspende su aplicación hasta que termine su mandato, en cuyo caso el haría todo lo posible por alargarlo de alguna u otra manera hasta que ya no importe si va a la cárcel o a un hospital.

Lo cierto es que, desde este lunes, los magistrados han viajado a Brasilia en busca de “garantías” contra manifestaciones de los seguidores de Lula como también de sus opositores. Afirmaron que el juicio correría “peligro” ante los ánimos enervados de los fieles y de los adversarios. En simple, El Mercurio resume las tres alternativas posibles (glosadas):

“Lula es absuelto

Si el ex Mandatario es declarado inocente, puede postular a la Presidencia. Sin embargo, la fiscalía podría recurrir a los tribunales superiores.

Condena por unanimidad

Si al ex Presidente lo consideran culpable, irá a la cárcel. La defensa tiene entonces hasta el viernes 26 de enero para presentar el recurso de casación, que pone en duda el proceso judicial o sus omisiones, pero que no suspende los efectos de la sentencia. Lula no podría presentarse a las presidenciales.

Condena por dos votos contra uno

Si dos jueces están a favor de la condena a Lula y uno la rechaza, la defensa tiene dos días para presentar el recurso de casación y pedir que el voto que beneficia el imputado prevalezca por sobre los demás. Habría un nuevo juicio, compuesto por siete jueces federales, incluyendo a los tres magistrados.”

Recordemos que Lula viene del noreste brasileño, donde la política ha estado siempre dominada por caciques regionales que adoptaron una serie de acciones de corrupción para controlar y mantener el poder. De alguna manera se puede decir que Lula llevó las prácticas corruptas de sus socios políticos del noreste brasileño al gobierno central, donde entronizó la cooptación de críticos y opositores, y habría participado en el montaje de los circuitos de corrupción de Petrobras y los más grandes grupos empresariales brasileños del sector de la construcción.  Ver en Lampadia: La caída de un gigante crea incertidumbre en la región.

Lula, que gobernó el país durante ocho años y lo llevó hacia el proteccionismo y el asistencialismo, cooptando a sus opositores y promoviendo altísimos niveles de corrupción gubernamental, fue detenido brevemente el 4 de marzo, como parte de la operación de Lava Jato. Fue interrogado por acusaciones de haber recibido “beneficios ilícitos” del esquema de sobornos de Petrobras. Los fiscales presentaron cargos de lavado de dinero en contra suya. Ver en Lampadia: La caída de un gigante crea incertidumbre en la región.

La mayoría de los inversores creen que la victoria de Lula en las elecciones presidenciales sería perjudicial para la economía brasileña porque el ex presidente ha sido un crítico enérgico de las reformas fiscales adoptadas por la administración actual.

De hecho, Lula dijo que convocaría un referéndum para deshacer esas reformas si es elegido. A los votantes pareció gustarles la idea. La última encuesta de Datafolha, de diciembre, mostró que el 36% del electorado apoyaría al ex presidente en la primera ronda de elecciones. El candidato de extrema derecha Jair Bolsonaro tuvo el segundo mayor apoyo, del 18%. En una segunda ronda potencial, Lula ganaría en todos los escenarios posibles, dijo Datafolha.

Los votantes apoyan al ex presidente porque, durante sus años como jefe del Ejecutivo, Lula estableció el Programa de Subsidio Familiar (Bolsa Família, en portugués), un programa de transferencia monetaria condicional que beneficia a familias de bajos ingresos.

Sin embargo, fue también durante la presidencia de Lula que estalló un importante escándalo de corrupción, conocido como “Mensalão”. Los fiscales dijeron que la administración del ex presidente sobornó a los legisladores para que aprueben proyectos de ley propuestos por el gobierno. José Dirceu, jefe de gabinete de Lula, fue sentenciado a la cárcel, así como algunos legisladores.

Después del final de su mandato, Lula fue acusado de encabezar un esquema de corrupción aún mayor, donde las constructoras brasileñas -incluida la más grande del país, Odebrecht- se organizaron en cárteles y pagaron sobornos a altos ejecutivos de Petrobras y otros funcionarios del gobierno. Lula terminó controlando una gran maquinaria que debemos llamar ‘Corrupción de Estado e Imperialismo’. Esto fue la hipocresía política llevada a su máxima expresión, un movimiento de izquierda que capturó grandes empresas para corromper y reinar. Adiós las ideas del socialismo, adiós los pobres de la región, adiós los valores de la democracia. Era un inmenso juego político para apoderarse del subcontinente. Ver en Lampadia: La peor Red de corrupción latinoamericana

Lamentablemente los políticos están perdiendo legitimidad. Esperamos que esta sea la oportunidad para limpiar las casas de todos los países implicados en el mayor escándalo de la historia de Latinoamérica, empezando por supuesto, por el malévolo diseño corruptor de la izquierda de Brasil y sus soberbias empresas constructoras, con las que organizó una ominosa acción imperialista en el Perú y otros países de la región. Lampadia

Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia

Como siempre en el Perú, mientras los abusos afectan a los ciudadanos comunes y corrientes, la sociedad no toma nota. El hecho es que las cárceles del país están llenas de reclusos que esperan se abran sus procesos o se sentencien, y mientras tanto son víctimas de la ominosa ‘prisión preventiva’.

Esta figura toma relevancia pública recientemente, con el encarcelamiento del ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia. Entonces, yo consideré que dicha medida era un exceso, y publiqué los siguientes tweets:

En los últimos días, se vuelve a usar la misma figura de la ‘prisión preventiva’, aparentemente, vulnerando una serie de derechos, exhibiendo supuestas pruebas que los acusados no han podido contrastar, y sin aclarar una evidente contradicción de fechas. Ver la publicación de Lampadia: Fiscalía y Poder Judicial deben mantener independencia frente a la presión política y mediática.  

(…) según la Fiscalía, Barata conversó con las empresas peruanas sobre los pagos ilícitos, antes de la adjudicación. Y según fuentes vinculadas a los empresarios investigados, en el punto 35 del documento se reseña que Barata afirma que comunicó a los socios de “sus tratativas con Alejandro Toledo Manrique para hacerse de la licitación”.

Pero según dichas fuentes, el acuerdo entre Barata y Maiman sobre los 35 millones para el presidente Toledo, y la subsecuente emisión de los decretos supremos y resoluciones que facilitaron el otorgamiento de la obra, ocurrieron antes de que se formara el consorcio y por lo tanto los socios locales no podían estar enterados de nada.

No solo eso, los posibles socios se encontraban en ese momento enfrentados a Odebrecht porque una Circular del 14 de febrero 2005 cambiaba las bases del concurso exigiendo una participación peruana del 40% en los consorcios.

Pero quizá el argumento principal de los investigados se refiere a la afirmación del equipo del fiscal Hamilton Castro de que peritos financieros han establecido que bajo el concepto de “riesgos adicionales” se ha dado apariencia de legitimidad a activos que tenían como fuente el delito de colusión. Es decir, ese concepto sirvió para disfrazar el pago del soborno.

Los investigados señalan que esa afirmación se basa en un Acta de Distribución de Utilidades de las Juntas de Accionistas del 1 de junio 2011, pero, según ellos, la Fiscalía no reconoce que en dicha acta se dice que dicha distribución de utilidades se hace “conforme a lo acordado en la Junta de Accionistas del 15 de febrero 2011”.

Es decir, la Fiscalía concluye que los “riesgos adicionales” serían los montos correspondientes a los pagos ilícitos efectuados por Odebrecht basándose en el acta de 1 de junio, sin considerar ni incluir el Acta del 15 de febrero 2011 (firmada por Jorge Barata), donde “se ve claramente que los “riesgos adicionales” están detallados en 5 obras concretas que representaban problemas y riesgos inminentes en la ejecución de las obras inclusive requiriéndose un aumento de capital”.

Video de Cesar Nakasaki:

En enero pasado, publicamos: Los factores que permiten luchar contra la corrupción.

(…) el juez Sergio Moro, se ha nutrido minuciosamente de la experiencia italiana de Mani Pulite (Manos Limpias) en el caso de Bettino Craxi.

No ha sido fácil crear este proceso en Brasil, que incluye acusaciones directas contra Lula da Silva, uno de los presidentes más populares y poderosos de su historia. Ello ha requerido la acción de un conjunto de jueces y fiscales con sentido de misión y entereza de carácter. Para afrontar tremenda tarea, Moro priorizó las siguientes estrategias:

• Independencia política del sistema judicial
• Respaldo de la opinión pública
• Colaboración eficaz
• Prisión preventiva

Estas últimas dos son las que permitieron la multiplicación de confesiones y delaciones.

La idea del juez Moro era encarcelar al jefe de la mafia, Marcelo Odebrecht, y con él preso, negociar la delación premiada.

A diferencia de Brasil, en el caso del Perú, lo que se estaría haciendo, es liberar de todo cargo al jefe de la mafia en el Perú, Jorge Barata, y liberando sus bienes (que ya podría enviar al Brasil); para luego recibir sus declaraciones. A mi entender, se tendría que haber mantenido el embargo de sus bienes hasta que termine el proceso y se hayan podido contrastar y probar sus afirmaciones. Lampadia

Como explicamos la semana pasada, la crisis política y económica que está interrumpiendo nuestro desarrollo es producto de los escandalosos niveles de corrupción diseñados y ejecutados por el ‘putch’ imperialista de la izquierda brasileña, comandada por el ‘gran Lula da Silva’ y sus socios del chavismo y del castrismo. (Ver en Lampadia: Dios perdona el pecado, pero no el escándalo).

Fuente: youtube.com

Efectivamente, la estructura de corrupción diseñada por el Partido de los Trabajadores y las empresas constructoras brasileñas, con cuentas especiales y diversos mecanismos para la canalización de fondos, tenía tres propósitos fundamentales:

• Apoyar la consolidación en el poder, de las izquierdas latinoamericanas.
• Comprometer a políticos, periodistas y empresarios, en redes de corrupción, por el activismo de las empresas brasileñas,.
• Multiplicar la participación de las constructoras brasileñas en obras que puedan retroalimentar fondos para profundizar los circuitos de la corrupción.

Este gran desarrollo mafioso fue felizmente desbaratado por los notables jueces brasileños y el sistema judicial estadounidense. Algo que debemos agradecer y ponderar; y en todo lo posible, imitar; tal como se hizo en Brasil con el ejemplo de ‘Manos Limpias’ en Italia.

Apenas estalló el escándalo de Lava Jato en el Perú, nuestra primera preocupación fue cómo separar la paja del trigo, cómo evitar que el remedio hiciera daño, afectando nuestra debilitada economía.

Es claro que hay que cortar la enfermedad de raíz, pero no podemos matar al paciente: nuestra economía. Los daños de la enfermedad se propagan por una serie de vericuetos que habrá que dilucidar, pero hay muchos inocentes que rescatar.

• Entre ellos el personal peruano de las empresas brasileñas en el Perú, que han mostrado niveles de profesionalismo muy depurados y que, en su inmensa mayoría, no tienen nada que ver con las expresiones de corrupción.
• Muchos funcionarios públicos de segundo nivel, que tampoco estarían involucrados en los malos manejos.
• Las mismas obras que, desarrolladas o en desarrollo, son necesarias para seguir construyendo y otorgando mejores servicios a los ciudadanos.
• Las empresas y profesionales peruanos que pueden haber estado vinculados comercialmente a los corruptos, pero no necesariamente a los actos de corrupción.

Esto configura una situación muy difícil de manejar. Hay que separar la paja del trigo y, para ello, se necesita enfrentar esta crisis con mucha seriedad, sin cacería de brujas, que nos pueda llevar a apuntar a elementos ‘distractivos’ o ‘scapegoats’, en lugar de los peces gordos.

En nuestra opinión, en vez de jugar a la ‘gallinita ciega’, una delicia para los medios irresponsables, debemos empezar a tomar medidas drásticas alrededor de la mata de corrupción, por ejemplo: por necesidad moral de la República, el gobierno debe intervenir las empresas brasileñas involucradas en la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que ha singularizado a corruptos y corruptores.

(Ver en Lampadia: A grandes males, grandes remedios (sin matar al paciente).

Lamentablemente, el gobierno no quiso escuchar, y la desenfocada ex ministra de Justicia, Marisol Pérez, diseñó el Decreto de Urgencia 003, que ha terminado trayendo más problemas que soluciones. Este decreto ha determinado la parálisis de obras muy importantes, la dificultad de transferir el control de proyectos a nuevos operadores, y, como temíamos, ha interrumpido los flujos de caja de una serie de proyectos, afectando severamente a miles de trabajadores peruanos, a subcontratistas, y al propio Estado, que no ha podido dirigir sus cuidados a acciones efectivas de resarcimiento.

Últimamente, Fuerza Popular propuso extender los alcances del Decreto de Urgencia 003, para comprender específicamente a las empresas peruanas que se asociaron con Odebrecht, como es el caso de Graña y Montero.La semana pasada, el Congreso promulgo la Ley que modifica el 003 que, como explica el especialista en Derecho, José Antonio Payet, es una ley con nombre propio que incurre en una serie de vicios constitucionales.

Julio Luque ya nos había alertado, en su artículo, El futuro de Graña y Montero, sobre la necesidad de tomar nota de importantes antecedentes internacionales, para evitar cometer errores innecesarios y costosos.

¿Qué tienen en común Siemens, Walmart, Daimler, Glaxo, British Aerospace, Avon, ABB y Alcatel, además de ser empresas globales líderes? Durante la década pasada, todas fueron halladas culpables de corrupción y soborno de funcionarios estatales en diversos países. (…) hoy todas han logrado sobreponerse al escándalo generado por sus malas prácticas.

¿Funciona, entonces, una especie de impunidad empresarial a nivel global? En absoluto. Todas estas empresas pagaron un alto costo. En el caso de Siemens, multas por más de 1.600 millones de dólares, además de cárcel para los directivos hallados culpables. Pero en ningún caso se pensó que el castigo debía ser la quiebra o el cese de operaciones. Las empresas son mucho más que sus accionistas y sus principales directivos. Cuando se comprueban casos de corrupción, se busca que caiga todo el peso de la ley sobre los culpables, pero se hace lo posible para no afectar al resto de stakeholders.

Estamos pues, llevando el escándalo más allá de lo adecuado a los intereses del país, pensando que al generalizar la lista de culpables hacemos justicia, cuando más bien se están pisoteando todos los derechos procesales. Incluso se está condenando sin que se hayan abierto investigaciones, y muchos menos, acusaciones.

Por otro lado, y más allá del caso de Graña y Montero, en el Perú se está asumiendo que las declaraciones de Marcelo Odebrecht sobre temas peruanos, también están enmarcadas en su convenio de beneficios penitenciarios con la justicia brasileña. ¿Es efectivamente así?

Mientras tanto, la primera ministra, Mercedes Araoz dice que la norma violaría presunción de inocencia y afectaría la cadena de pagos. “No soy abogada, pero sí creo que hay que respetar el tema de presunción de ino­cencia. Acá no estoy defen­diendo a nadie, si hay que investigar a algún funcio­nario de una determinada empresa que haya hecho un acto de corrupción, que se investigue”, dijo Aráoz.

Esperamos que este asunto encuentre la mayor sensatez y que sepamos preservar los mejores intereses del país. Lampadia

Durante los últimos tiempos, después de haber apostado por Alberto Fujimori en 1990 y terminar con el rabo entre las piernas, en el albor de la democracia del nuevo milenio, las izquierdas tradicionales peruanas se la jugaron por el ‘socialismo del siglo xxi’ del chavismo, por la mano de Lula con el Foro de Sao Paulo, y en su última jugada por el gobierno por el nacionalismo de Humala.

En los tres casos salieron chamuscados, pero haciendo mucho daño en el camino. Hoy no tienen ya con qué cubrirse, ni de donde traer ideas, dinero ni soporte político. ¡Nuestros izquierdistas se quedaron calatos!

La jugada por el chavismo
Como ya no se puede negar, el chavismo, el albismo, y el ‘socialismo del siglo xxi’, fueron la nueva estrategia cubana por hacerse de recursos financieros y de penetrar ideológica y políticamente la región latinoamericana ,desde Centro América hasta la Patagonia.

Lógicamente, con ello, nuestros izquierdistas, no solo tuvieron otra oportunidad de continuar su filiación a la dictadura cubana, también encontraron un nuevo sustento  ideológico con el refrito del llamado ‘socialismo del siglo xxi’, para respaldar sus ‘ideas muertas’ y refundacionales, y, tal vez al final lo más importante para ellos, se les presentó una fuente inmensa de recursos financieros para soportar sus agendas políticas.

No es pues de extrañar, que nuestros izquierdistas hayan hecho todo lo posible por justificar el gobierno de Chávez y Maduro, de relativizar sus gruesos errores, de tapar la descarada corrupción de sus líderes y de negar la dictadura chavista; incluso cuando la pestilencia del régimen venezolano había llegado a traer un hedor nauseabundo.

Ahí están, escritas sobre piedra, las sucesivas declaraciones de todos los personajes de nuestra izquierda, como las del cura Arana (caserito de RPP) y Marisa Glave de Tierra y Libertad (luego separados), de Verónika Mendoza, la ex candidata del Frente Amplio (FA) (que no es ni frente, ni amplio), de la fracasada ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, de Gregorio Santos, del MAS, y de todos los demás, casi sin excepción. Del mismo modo se expresan los repugnantes votos de la representación parlamentaria del FA, con respecto a las condenas al régimen dictatorial del chavismo.

A estos izquierdistas, supuestos defensores de los pobres, no se les mueven ni los párpados ante la crisis humanitaria por la que atraviesan los abusados venezolanos, no se inmutan por la falta de alimentos y medicinas, o por los asesinatos de jóvenes en las protestas callejeras, ni  por los presos políticos.

La jugada por Lula 
La opción por Lula y el Foro de Sao Paulo tuvo en Javier Diez Canseco (el ícono de la izquierda), su inicial y más notorio adherente.

Hoy sabemos (sin dudas) que Lula, dueño del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil, había montado un plan de penetración política y económica en toda la región. Para ello complotó con las grandes empresas constructoras brasileñas para generar estructuras societarias, refugios financieros y cuentas secretas con los que manejaría inmensos recursos que le permitieron cooptar a los políticos de su país y, además, extender sus brazos para financiar el acceso al poder de las izquierdas latinoamericanas.

El Foro de Sao Paulo, apadrinado por el propio Fidel Castro y el ‘Apparátchik’ cubano, ofrecía sustento político internacional a los huérfanos (de ideas) izquierdistas locales, y los fondos corruptos generados por los brazos empresariales de la estructura imperialista de Lula, facilitaban el acceso al poder de sus socios políticos en la región.

Lula terminó controlando una gran maquinaria que debemos llamar ‘Corrupción de Estado e Imperialismo’, que digitaba a través de Odebrecht y otros, los pagos a los políticos peruanos como Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Susana Villarán y personajes menores del Apra, por mencionar los que hasta ahora han sido denunciados por los compinches de Lula.

Esto fue la hipocresía política llevada a su máxima expresión, un movimiento de izquierda que capturó grandes empresas para corromper y reinar. Adiós las ideas del socialismo, adiós los pobres de la región, adiós los valores de la democracia. Era un inmenso juego político para apoderarse del subcontinente.

Esto no era la descomposición de los representantes corruptos del sector privado, esto era corrupción política de las izquierdas más encopetadas de la región.

Y por supuesto, nuestros izquierdistas se enorgullecían de estar bajo la sombra y el favor del gran Lula y su PT.

La jugada por Humala
La adhesión de las izquierdas peruanas al nacionalismo de Humala fue desvergonzada desde el inicio. Para variar, en 2005, los pobres izquierdistas no solo eran huérfanos de ideas por su atomización, tampoco tenían candidato para el 2006. Así que, ‘facilito’, se auparon al nacionalismo sin importarles la consistencia ideológica de Humala ni su expediente político y delictivo.

Es entendible que un ciudadano común pueda decir no sabía aquilatar los eventos de Locumba con su tufo montesinista, o de la violencia del Andahuaylazo, o de las acusaciones por los delitos de Humala en la base anti terrorista de Madre Mía con sus consiguientes maniobras judiciales;  pero los políticos ‘aupados’, no pueden ahora alegar desconocimiento. Necesitaban el vehículo para llegar al poder y ni siquiera se taparon la nariz para buscar posiciones políticas.

En la campaña del 2006, la influencia del dinero chavista era muy clara, así como la inaceptable intromisión del propio Chávez. Posteriormente, en la campaña del 2011, escondieron la participación del chavismo y presentaron con orgullo a su nuevo ‘padrino’, el mismísimo Lula.

Recordemos como Salomón ‘Siomi’ Lerner, el exitoso empresario, auto definido como izquierdista (amigo predilecto de Toledo durante su gobierno), y auspiciador principal de las candidaturas de Humala, decía, nosotros no estamos con Chávez, somos amigos de Lula. Pues ahora sabemos que clase de amistad era esa.   

En ese predicamento estuvieron todos nuestros izquierdistas, y con Siomi Lerner a la cabeza como Primer Ministro, tomaron posesión del  gobierno del nacionalismo, hasta que la muy lista y astuta Nadine Heredia se deshizo de buena parte de esos malos socios de conveniencia (lamentablemente el gobierno siguió teñido de una orientación anti economía de mercado que rompió el proceso virtuoso de crecimiento que gozamos -especialmente los pobres- hasta el 2011).

Muchos niegan ahora su complicidad con ese proceso político. Los activistas de los derechos humanos, solo se sumaron a Humala para el 2011. Antes, hasta lo habíann denunciado. Ahora, muy pocos, como Francisco Soberón, de la Coordinadora de Derechos Humanos, tienen la franqueza de reconocer que su odio lo haría repetir exactamente lo mismo.

Hay muchos responsables de esta inconsecuencia que deben ser señalados, empezando por Mario Vargas Llosa, el garante-padrino de Ollanta Humala y Nadine Heredia, que solo hace pocos días ha declarado que la plata recibida de Odebrecht en la campaña no calificaría como delito penal, pues entonces el buen señor, no era funcionario público.

La desnudez de nuestros izquierdistas
¿Y ahora qué harán nuestros izquierdistas tradicionales? El chavismo está en una descomposición total, Lula apesta a una corrupción sin límites, y Humala se está convirtiendo en ‘el innombrable’.

¿Qué van a hacer ahora, sin ideas propias, sin las ideas de sus antiguos socios, sin el dinero de Venezuela o Brasil y con el mal olor de sus cuestionables andanzas?

Bueno, todavía tienen una tablita en medio del mar, increíblemente, el gobierno de PPK les dio ‘vela en el entierro’, y por más que no brinden un apoyo real, están por todas partes. Igualmente, todavía se multiplican en los medios, especialmente en la radio y la televisión, donde son caseritos, mañana, tarde y noche.

Pero los ciudadanos ya sabemos lo que hicieron y lo poco que tienen que ofrecer. Ya sabemos que: ¡Nuestros izquierdistas se quedaron calatos! Lampadia