Fernando Rospigliosi
Para Lampadia

La mayoría de desavisados y descuidados ciudadanos guarda sus ahorros en un banco, invierte en fondos mutuos o acciones o, en última instancia, esconde sus caudales bajo el colchón de su cama. Son tan cándidos que no se han dado cuenta que la manera más segura y rentable de hacerlo, es guardarlo en el baño de la oficina -no de la casa-, como hace el secretario de Pedro Castillo. 

Eso sí, siempre y cuando ese baño esté en Palacio de Gobierno, un lugar absolutamente seguro, salvo que se cometa la torpeza de dejar las evidencias del tráfico de influencias, chantaje y delitos conexos en un chat, en cuyo caso los fajos de billetes verdes ya no están completamente protegidos de una incursión de la fiscalía.

Bromas aparte, es muy obvio que se trata de un caso de flagrante corrupción. Que le encuentren esa cantidad en efectivo al secretario de Pedro Castillo, al mismo individuo al que se le acaba de descubrir tratando de favorecer empresas que hacen millonarios negocios con el Estado o a individuos que practican la minería de manera dudosa, indica que muy probablemente se trata de un soborno, el pago por alguna gestión realizada desde la cúspide del poder.

La justificación de ese individuo es, por supuesto, ridícula, más grotesca aún que la del parlante de la vecina de Luis Barranzuela. Si bien tiene un sueldo altísimo, que ya quisieran ganar millones de peruanos, sus emolumentos netos en los tres meses que lleva en ese cargo suman unos US$ 15,000. Aún en el caso imposible que no gastara nada, las cifras no cuadran. Y de seguro, si la fiscalía revisa algún día sus cuentas, se demostrará que ese dinero no provenía de fuente legal.

Además, por supuesto, que a nadie en su sano juicio se le ocurriría guardar sus ahorros en efectivo en el baño de su oficina.

Adicionalmente, se puede inferir que luego del escándalo y cuando su jefe, Castillo, lo despidió ante la enorme presión pública, el sujeto en cuestión debe haber limpiado todo lo que consideraba comprometedor o valioso. Si solo hubiera tenido un paquete de dólares, es improbable que lo olvidara. Aunque es cierto que la gentuza que ha llegado al gobierno con Castillo está saliendo rápidamente de la pobreza -como les prometió su cabecilla-, tampoco US$ 20,000 se olvidan fácilmente. A menos, claro está, que ese haya sido solo uno de los paquetes que recibía por sus destacados servicios a la Nación. En ese caso, se explica su negligencia.

Como ocurrió, dicho sea de paso, con los dinámicos del centro que, advertidos de los allanamientos que se venían, olvidaron una maleta repleta de billetes, seguramente una de las tantas que atesoraban.

Este es el último de una ininterrumpida cadena de escándalos desde que Castillo se instaló en el gobierno. Nunca, ni una sola vez, ha dado una explicación a los ciudadanos del Perú, como está obligado a hacer un funcionario público en una democracia. Solo los dictadores tienen ese comportamiento y, aunque todavía no ha cumplido su propósito de instaurar una dictadura chavista, su desempeño no deja lugar a dudas sobre su verdadera entraña autoritaria.

Su diatriba del martes pasado en Huancavelica, contra el Congreso y los medios de comunicación -no le dará el dinero del Estado, como si fuera de su bolsillo, a los que lo critiquen-, muestra claramente cuales son sus blancos favoritos. Cuando tenga la fuerza para hacerlo, cerrará el Congreso y suprimirá la libertad de prensa.

Todavía hay una ventana de oportunidad para impedir que eso ocurra. Pero se cerrará pronto. Lampadia

CONTROVERSIAS
Fernando Rospigliosi
Para Lampadia

La salida de Luis Barranzuela del Ministerio del Interior repite la aviesa treta del gobierno: despiden a un impresentable que jamás debió ocupar ese puesto y consigue un nuevo respiro, al tiempo que ofrece argumentos a los que están listos para justificar cualquier desatino de Pedro Castillo y sus adeptos. Y, por supuesto, le da el pretexto necesario a los congresistas de los grupos que están impacientes por aprobar el gabinete presidido por la anti minera Mirtha Vásquez.

Lo mismo ocurrió con Guido Bellido, otro indecente que solo en un gobierno como el actual podía ocupar un cargo en el Estado. Su defenestración fue recibida con aplausos por lo que denominé la coalición vizcarrista –que sigue viva y actuando-, aunque su reemplazante fuera tan mala como él, solo que con mejores modales y menos estridente.

Similar fue el caso de Iber Maraví, un individuo absolutamente inaceptable en cualquier puesto público en cualquier gobierno –salvo en uno filo senderista-, sustituido por alguien que sin tener el prontuario de ese sujeto, comparte sus propósitos, como el de la asamblea constituyente.

De esta manera, van avanzando y ganando tiempo, consolidándose en algunas instituciones que son fundamentales para su objetivo de implantar una dictadura chavista.

Entretanto, se sigue propagando la violencia de las turbas, toleradas e incentivadas por el gobierno. En Ayacucho quemaron las instalaciones de la minera Apumayo e hicieron correr a los policías, maniatados por el gobierno y atemorizados, porque saben que si se enfrentan a los violentos, los acusados y perseguidos serán ellos. Eso ocurrió en el gobierno de Francisco Sagasti y sucederá ahora.

“La empresa es la responsable de todo lo que está pasando acá, el abandono de los últimos años en que no han remediado nada”, dijo, entre otras cosas, uno de los ministros del gobierno comunista que viajó para “dialogar” con los vándalos y obligar a la empresa a aceptar sus demandas.

En Piura quemaron los sembríos de Caña Brava y varios vehículos. El mismo libreto y ninguna reacción de las fuerzas del orden.

En Ancash paralizaron Antamina, una de las minas más grandes del Perú y del mundo. Allí no solo los han dejado actuar, sino varios ministros se han hecho presentes en el lugar donde se cometió el delito de bloqueo de carreteras, sancionado con 8 años de cárcel, para respaldar y dar la razón a los bloqueadores.

Por supuesto, ese comportamiento significa alentar a que muchos otros recurran al mismo expediente de bloquear carreteras, quemar instalaciones –también incendiaron varios vehículos de Antamina- y atacar a quien les plazca sabiendo que quedarán impunes y serán respaldados por el gobierno.

Antamina es un proyecto con altísimos estándares ambientales, que paga millones de dólares de impuestos y la única que tiene un mineroducto por el cual despacha el mineral desde su operación al puerto. Si esa empresa es acosada de esa manera, no es difícil imaginar lo que pasará con otras.

Desgraciadamente nada de esto conmoverá a los grupos que en el Congreso solo esperaban un pretexto para dar el voto de confianza al gabinete de la anti minera Vásquez.

El juego perverso de poner a alguien malísimo y luego, cuando las críticas son ensordecedoras, sacarlo y reemplazarlo por otro igual de malo pero menos grosero, le está funcionando -hasta ahora-, al gobierno, gracias a la complicidad de los caviares y medios de comunicación que pretenden imponer sus propios intereses.

Lampadia