Embajador ® J. Eduardo Ponce Vivanco
Para Lampadia

Los incendios en la Amazonía afectan vastas zonas de selva en las sequías de verano. Los que asolan el Brasil ahora son de magnitud comparable a los ocurridos en 2016 que, sin embargo, no suscitaron una alarma internacional  tan notoria.  El primer pronunciamiento del G-7  sucedió a la declaración del Presidente del Consejo Europeo sobre el acuerdo de libre comercio UE-MERCOSUR:  “resulta difícil imaginar el proceso armonioso de ratificación por los países europeos, mientras el Gobierno brasileño permite la destrucción de los pulmones verdes de la Tierra”. En calles y plazas resuenan indignadas protestas ciudadanas por la aceleración del cambio climático. Pero  ¿a qué se debe que la reacción actual sea mucho mayor que la de 2016?

A Trump y Bolsonaro, sin duda.  El primero cumplió sus ofertas electorales de terminar “la guerra contra el carbón” y denunciar el Acuerdo de París.  Y aunque Bolsonaro renunció a su promesa de retirar al Brasil del mismo acuerdo, sí cumplió con una frase lamentable que repitió en su campaña, anunciando que no protegería “ni un milímetro” de tierra que pudiera explotarse en la Amazonía. Al populista norteamericano le divierte provocar y ser criticado. Pero Bolsonaro ha comenzado a pagar facturas por imitar a su mentor de la Casa Blanca, justo cuando Europa bate records de calor y las presiones de Trump para comprar Groenlandia se suman al deterritimiento del hielo en el  Artico.  

La modesta rebaja del interés de la FED, la caída de Wall Street y la guerra comercial con China agudizan los presagios de recesión global. El impacto es duro en la economía brasileña, pero no tanto como el desprestigio diplomático de Itamaraty  por haber dado a Macron el mejor pretexto para soliviantar a los europeos contra el TLC con MERCOSUR que aterroriza a la agricultura francesa por la competitividad de las exportaciones mercosureñas, que amenazan con liquidar un sector fuertemente subsidiado en Europa. Más aún, la política amazónica de Bolsonaro afecta las expectativas de sus socios argentinos, uruguayos y paraguayos en el acuerdo con Europa.

Paradójicamente, la idea de organizar un sistema de cooperación entre los países sudamericanos de la inmensa cuenca hidrográfica que ayuda a respirar al mundo provino de los mentores ideológicos del controversial mandatario brasileño.  Cuando el General Morales Bermudez gobernaba el Perú y el General Ernesto Geisel presidía Brasil,  Itmaraty lanzó la iniciativa que culminó con la firma del Tratado de Cooperación Amazónica suscrito en julio de 1978, después de una ardua negociación que me tocó coordinar con el Embajador Hubert Wieland (logramos evitar que Ecuador avanzara su aspiración de  conquistar una cabecera en la ribera peruana del Amazonas).  El TCA – cuya Secretaría (OTCA) tiene sede en Brasilia –  reafirma la soberanía sobre los territorios amazónicos de las Partes y proclama “el necesario equilibrio entre el crecimiento económico y la preservación del medio ambiente”. Era urgente entonces que los Cancilleres se reunieran para cooperar frente a los incendios que podrían transponer  fronteras en la Amazonía (Perú limita con con los Estados de Acre y Amazonas, lo que podría afectar a Madre de Dios, Ucayali y Loreto).

Lamentablemente, esa posibilidad se frustró por una cínica operación de propaganda montada por Maduro y Evo Morales para denunciar a Bolsonaro y, después,  convocar el encuentro ministerial que ellos mismos habían petardeado*. Una infamia más del populismo bolivariano-boliviano con el apoyo de Cuba y Rusia (evidenciado en el diario comunista Granma y la potente TV rusa RT, imitación moscovita de la CNN).

Es deplorable que la ideología perturbadora de esos regímenes antidemocráticos haya bloquedado el funcionamiento armónico del organismo sudamericano de cooperación amazónica, pero no debe ser un obstáculo para que nuestra Cancillería coordine acciones eficaces con Colombia, Ecuador y Brasil. No solo se trata de proteger nuestra propia región amazónica sino de asumir la responsabilidad que nos corresponde frente a una comunidad internacional angustiada por la preservación de un  ecosistema vital para el planeta. Gracias al oportuno pedido de Bogotá, el G-7 acaba de ofrecer ayuda para sofocar los incendios amazónicos.

COOP 20, la reunión preparatoria más importante del Acuerdo de París sobre Cambio Climático, se celebró en Lima (2014) bajo la presidencia y responsabilidad de Torre Tagle. El prestigio diplomático cosechado entonces debería servir para gestionar la cooperación de Estados y organizaciones internacionales no solo para luchar contra eventuales incendios en nuestra Amazonía sino para monitorear el control ambiental en proyectos mineros como Tía María y La Tapada, que son cruciales para el desarrollo nacional. Lampadia 

*http://mppre.gob.ve/comunicado/venezuela-ofrece-ayuda-para-el-amazonas/
http://mppre.gob.ve/comunicado/gobierno-bolivariano-paises-miembros-grupo-lima/

Prioridad 1: Salvar Vidas y Preservar Infraestructura Básica de Producción y Servicios

Ing. Raúl Delgado Sayán
Para Lampadia
11 de julio, 2019

Quienes hemos nacidos en los años 50 del siglo pasado, conocíamos que en el Perú y en la costa del Pacífico de Sudamérica había una intensa actividad sísmica, pero con los conocimientos de aquel entonces no sabíamos ni la magnitud ni el cuándo ocurriría un gran terremoto. La ciencia sismológica en todos estos años, al igual que las otras ramas, ha desarrollado instrumental de alta tecnología y ahora sí nos permite conocer la magnitud de la energía, que merced al silencio sísmico, necesita ser liberada, inclusive la zona y la profundidad probable de este gran sismo. Lo único que nos falta conocer es el cuándo ocurrirá esta gran liberación de energía, pero que ocurrirá es indiscutible y por los más de 273 años de silencio sísmico en la costa de Lima ello será más pronto que tarde.

Lagunas Perú

El 26 de mayo pasado ocurrió un sismo magnitud 8 en Lagunas, Loreto con una duración de 127 segundos que causó solo 2 víctimas fatales. La razón de los pocos daños fue que la zona de ruptura (foco del sismo) ocurrió a 123 kilómetros de profundidad.

Pocos días después, el 31 de mayo, hubo un simulacro nacional para un sismo de magnitud 8.5 MW para Lima a tan solo una profundidad de 35 kilómetros, que es la profundidad normal de ocurrencia en los sismos costeros en nuestro litoral y se le ha asignado una duración de 1 minuto (particularmente me parece muy poca duración para la enorme cantidad de energía liberada). Ello vino acompañado por una altura de masa de agua desplazada de 10 metros y un tiempo para la llegada a la costa de 15 minutos (tsunami).

El reporte de Andina mencionó que como consecuencia de ello se habrían producido 41,600 fallecidos, 248,553 heridos y 773,581 damnificados; 66,123 viviendas colapsadas; 131,308 viviendas inhabilitadas y 89,284 viviendas afectadas, siendo las áreas más vulnerables: San Juan de Lurigancho; Villa El Salvador, Villa María del Triunfo; San Juan de Miraflores; La Molina y el Centro de Lima.

Para imaginarnos la real magnitud de este megasismo se han elaborado tablas de cantidad de energía liberada medidas con equivalentes que nos es más fácil de imaginar y en base a ello queremos explicar que este terremoto grado 8.5 y el subsiguiente tsunami corresponderán a una energía equivalente a 5,699 bombas de Hiroshima y/o 84’802,436 Toneladas de dinamita (TNT); claro está a 35 km de profundidad dentro de la masa de tierra con onda expansiva viajando hacia la superficie.

¿Existe la posibilidad de que tengamos pronto en Lima y Callao un sismo de esa magnitud?

Ciertamente que sí, ¿cuándo?… no lo sabemos. La Placa Nazca que va desde el sur de Chile hasta el Ecuador es una de las placas tectónicas más activas de la tierra y por consiguiente el sismo grande va a venir de todas maneras y hay que tomar acciones de a de veras. Ya no es solo un tema de investigaciones sismólogos o de geofísicos. Ellos ya han hecho su trabajo al medirlo y alertarnos que va a venir de todas maneras y puede ser perfectamente igual o aún peor que el de Chile de febrero de 2010, con el agravante de que nuestro mayor centro densamente poblado: Lima y Callao está en la costa. Lima apenas a 14 km y como los epicentros son en su mayoría costeros, los efectos van a ser extremos. Hay que estar preparados.

Un recuento histórico, según los records del Servicio Geológico Norteamericano (USA), nos muestra que en el Perú sí han ocurrido sismos de esta magnitud: Grado 9 ocurrió en Arica el 13.08.1868 cuando aún era territorio peruano, pero también en la costa peruana ocurrieron otros sismos que han excedido el grado 8, como en Lima el 20 de octubre de 1687 con 8.5 grados, también en Lima el 28.10.1746 sin datos de la magnitud pero de efectos devastadores por el famoso tsunami que atacó la costa del Callao, 8.2 grados el 24.05.1940 en el Callao y por cierto, a partir de esa fecha a la presente 6 sismos más que han excedido el grado 8 en la costa del Perú.

Para darnos cuenta de la enorme magnitud de este fenómeno natural es conveniente mencionar que un estudio realizado por la Central para Estudios de Riesgos de la Universidad de Cambridge, por encargo de la Reaseguradora Lloyds de Londres, ha considerado a la ciudad de Lima en el primer lugar entre las 10 ciudades de mayor riesgo sísmico en el mundo con una probable perdida material de 36,000 millones de dólares americanos solo por efecto del sismo, sin considerar la ocurrencia de un tsunami, que dada la gran amplitud de nuestra costa incrementa considerablemente esta cifra de riesgo en pérdidas de vidas humanas y materiales.

¿Cuán preparados estamos para sismos de esta magnitud y cuál es el efecto en pérdidas humanas y materiales que ello pudiera significar?

Desde el punto de vista de vidas humanas, es claro que los mayores riesgos se originan cuando los epicentros están muy cercanos a centros altamente poblados y el conjunto urbanístico de Lima y Callao ocupa el lugar número 22 en el mundo en densidad poblacional, según estadística de Naciones Unidas. Las pérdidas de vidas humanas dependerán también de la hora del día en que ocurra el movimiento sísmico, siendo la más perjudicial en la noche. Por cierto, también preocupa la realidad negativa de tener un 60% de las viviendas de la capital en situación informal de autoconstrucción, sin haber participado en ella ingenieros especializados, siendo que la mayoría de ellas se ubica precisamente en las áreas más vulnerables de la ciudad.

Para disminuir las pérdidas de vidas humanas es imprescindible instruir a nuestra población para que logren en los primeros 20 segundos desde la percepción del sismo la evacuación de su vivienda hacia la calle o áreas libres lejos de paredes y techos susceptibles de colapsar, puesto que por lo general luego de los primeros 20 segundos el sismo estará en su máxima magnitud.

La información a la población y los simulacros en sus viviendas son importantes porque mucho es lo que se puede hacer en esos 20 segundos críticos si uno automáticamente sabe a dónde dirigirse sin vacilación ni pérdida de tiempo. Sin embargo, ello no es suficiente. Los simulacros carecen de dos elementos fundamentales que ocurren durante el sismo. El primero de ellos es el pánico y el segundo el hecho de que el piso se sacude y mueve considerablemente.

¿Qué hacer entonces para disminuir las pérdidas de vidas?

Creo que no son suficientes tan solo los simulacros ni las mochilas ni las recomendaciones generales que la mayoría de la población difícilmente entiende. Una sugerencia más efectiva es que, al igual que durante un determinado día se le visita a la población en sus hogares para efectuar el censo poblacional, deberá planificarse que en un determinado día, estudiantes del último año de los programas de ingeniería civil, debidamente adiestrados, visiten a los ciudadanos en sus respectivas viviendas, particularmente en las zonas más vulnerables, para que de acuerdo a la realidad de cada uno les enseñen como proteger su vida y ponerse a buen recaudo dentro de los primeros 20 segundos desde que sienten el sismo y tomar acciones sin esperar a determinar si se trata de un temblor pequeño o si es realmente un terremoto importante. En caso de que no exista la posibilidad de ganar la calle en ese corto tiempo, identificar dentro de la vivienda la zona menos vulnerable para señalarla con un código de seguridad; sugerir en esa zona un reforzamiento especial y sobre todo enseñarles a proteger la cabeza, que es la parte de más riesgo vital del cuerpo humano.

La Protección y Reforzamiento de Infraestructura Básica de Producción y Servicios

Aparte del tema de vivienda y de salvar las vidas humanas, el otro aspecto fundamental se refiere a las pérdidas materiales de la gran infraestructura de producción y servicios que con gran esfuerzo se ha construido a lo largo de muchos años, parte pública y parte privada, y que es de vital importancia siga operando después del mega sismo y sus correspondientes réplicas fuertes.

Se tiene la responsabilidad frente al país de salvaguardar al máximo esa infraestructura puesto que mucha de ella tiene que prestar servicios imprescindibles después que ocurra el terremoto, entre ellos hospitales, cuyos pacientes no pueden abandonar sus camas durante la ocurrencia del sismo y por cierto estas instalaciones necesitarán atender a los heridos después del sismo; centros educativos que en el momento del sismo pueden albergar a población infantil muy vulnerable, pero que después podrán servir como centros de protección y abrigo en caso de un desastre mayor; al igual que estadios, coliseos, iglesias, entre otros; carreteras que son imprescindibles para la comunicación, auxilio y ayuda inmediata a las comunidades más afectadas y puentes, cuya rehabilitación en caso de colapso demora muchísimo; plantas de tratamiento de agua potable como las de Sedapal y Huachipa; redes de agua y reservorios; plantas de generación de energía eléctrica, comunicaciones, puertos, aeropuertos, instalaciones industriales de importancia, refinerías, viaductos en la ciudad, redes de gas, entre otras que constituyen sistemas que no pueden colapsar.

El sismo ocurrido en febrero de 2010 en Concepción, Chile de 8.8 grados de magnitud originó daños por un valor de US$ 30,000 millones que representa el 10% del valor total de infraestructura afectada de US$ 300,000 millones y una población en la zona mayor a 8 grados de magnitud del orden de 3’548,000 personas.

Si comparamos los índices de infraestructura per cápita de Chile con los de Perú y que la población de Lima Metropolitana es de 10’580,900 habitantes, el valor total de infraestructura de Lima que podría ser afectada por el sismo sería de US$ 849,932 millones, y si de allí calculamos el porcentaje estimado de daños del 10%, similar al de Chile, tendríamos un valor potencial de daños estimados de US$ 84,993 millones.

Para tener una idea de magnitud de esta cifra es bueno recordar que ella representa aproximadamente 9 veces el total anual de inversiones en obras públicas consideradas en el Presupuesto de la República, 38% del PBI actual del Perú y es casi 1.3 veces el total de las reservas internacionales netas. En síntesis, una hecatombe inimaginable que comprometería no solo a nuestra generación sino también a las generaciones futuras. Ciertamente debemos realizar de inmediato las acciones pertinentes para mitigar y reducir considerablemente estas pérdidas de vidas y de daños materiales.

Sugerencias para Reforzamiento de Infraestructura de Producción y Servicios

Como expresamos anteriormente, este ya no es un tema de geofísicos o sismólogos. Es un trabajo fundamentalmente de ingenieros civiles estructurales con especialización en diseño antisísmico que puedan revisar las estructuras de instalaciones existentes más críticas para reforzarlas y hacerlas capaces de resistir sismos de esta magnitud. La experiencia señala que inversiones del orden de apenas un 8% a 10% del valor de las instalaciones más críticas antes mencionadas, pueden lograr duplicar la capacidad sismo resistente de las mismas, adecuarlas a las normativas sísmicas más recientes y mejorar sus capacidades de resistencia. Para ello, un procedimiento inmediato en acción que sugerimos es el siguiente:

Que todas las entidades públicas y privadas que tienen a su cargo la operación y mantenimiento de estas instalaciones dispongan de inmediato la realización de un primer estudio de determinación prioritaria del estado de vulnerabilidad de estas instalaciones, concluyendo en una lista de prioridades de mayor a menor importancia relacionadas con su funcionamiento crítico.

Que respetando esa orden de prioridades se proceda a hacer un acopio de la información existente en cuanto a planos de sus estructuras y que con ellos se proceda a hacer una inspección visual para definir el estado de servicio presente y resistencia de estas estructuras. Esta inspección visual permitirá detectar fisuras en los elementos de soporte para ver si estas fisuras son estructurales o de otro orden (contracción de fragua que no tendría mucha significación) y luego determinar cuáles de ellas son sospechosas de no reunir las condiciones de seguridad adecuadas.

Proceder a hacer un cálculo resistente detallado de aquellas estructuras que el paso anterior haya determinado que se encuentran en estado crítico, sometiéndolas a un sismo extremo incluso mayor que el ocurrido en Chile en cuanto a aceleraciones críticas y aspectos de diseño, para proceder a hacer un proyecto de reforzamiento estructural que corrija las deficiencias actuales e incremente su capacidad sismo resistente.

Por cierto, la pregunta lógica que surge es la siguiente: ¿cuánto costará esto y en qué tiempo se podrá realizar? Siendo que la mayoría de estas instalaciones críticas son responsabilidad del Estado a través de sus 3 niveles de gobierno, las más altas autoridades deberán dar de inmediato las directivas de ejecución de los pasos 1 y 2 antes mencionados con profesionales especializados, para de allí ya disponer y contratar la realización de los proyectos de reforzamiento y el Gobierno Nacional proveer los recursos económicos en los ejercicios presupuestales para que ello se realice. Si bien es cierto una primera estimación de lo que ello pudiera significar en costo para las instalaciones críticas de Lima y Callao pudiera significar una cifra que oscilaría entre los US$ 1,500 a US$ 2,000 millones, esta cifra podría ser programada para realizarse en 3 ejercicios presupuestales en base a una lista priorizada de instalaciones según su estado de criticidad. De todas formas, aún en el caso de ser esta cifra de US$ 2,000 millones, solo en pérdidas materiales, ella sería apenas el 2.8% del total potencial de las pérdidas, lo cual justifica ampliamente que no nos quedemos dormidos en el letargo de la indiferencia.

Espero que luego de la lectura del presente artículo, el cual lo he tratado de escribir en términos y lenguaje muy simple, las autoridades de todo nivel de gobierno y los lectores coincidirán en que no existe mayor riesgo que el descrito y que la pérdida de más de 50,000 vidas es algo que no debemos permitir que ocurra. La Constitución nos expresa como mandato en su primer artículo que: “El ser humano es el fin supremo de la sociedad y del Estado” … y ciertamente nada es más sagrado que preservar la vida de nuestros compatriotas.

Nota final: Al término de la redacción del presente artículo, tomé conocimiento con mucho pesar del fallecimiento del Dr. Ing. Julio Kuroiwa Horiuchi, insigne catedrático, investigador y dilecto amigo, que dedicó su vida a precisamente estudiar los efectos de los sismos para evitar pérdidas de vidas y materiales excesivas, dejando un legado y obras sobre lecciones aprendidas que han sido reconocidas internacionalmente. Dedico el presente artículo como homenaje a tan ilustre colega peruano, pidiendo al Estado que su memoria quede perennizada como corresponde por calles y plazas y centros de investigación. Lampadia

El Índice de Competitividad Regional – INCORE elaborado por el IPE es una herramienta muy útil para identificar las fortalezas y los cuellos de botella que enfrentan las 24 regiones del país en su desarrollo económico, social e institucional – necesarios para alcanzar una mayor competitividad. Siguiendo la metodología ideada por el economista Xavier Sala i Martín para el Índice de Competitividad Global publicado por el Foro Económico Mundial, el IPE construye un indicador compuesto que pondera seis pilares para determinar la competitividad de cada región: Entorno Económico, Infraestructuras, Salud, Educación, Laboral e Instituciones. La edición del 2019 se publicó recientemente, por lo que a continuación repasamos y analizamos las principales conclusiones del mencionado informe.

Regiones que mejoraron

En primer lugar, como se puede apreciar en el gráfico líneas abajo, Lima ostenta el lugar de la región más competitiva del país, seguida de Arequipa, Tacna y Moquegua, por mencionar algunas. Por otra parte, entre las regiones menos competitivas se encuentran Huancavelica, Cajamarca, Huánuco y Loreto.

Fuente: IPE

Fuente: IPE

Los 16 primeros puestos no han registrado cambio alguno respecto a la edición del 2018; sin embargo, a partir del puesto 17, se puede destacar el avance de dos regiones. Así, Ucayali pasó de ocupar el puesto 20 al 17 y Loreto, del puesto 24 al 22. En el caso de Ucayali la mejora en su posición se ha dado principalmente por avances en el pilar de salud – 4 posiciones – y laboral – 3 posiciones. En relación al avance de Loreto, este quedó explicado principalmente por su avance en el pilar de instituciones, concretamente, un incremento de 18 posiciones en el indicador referido a la ejecución de la inversión pública.

Apurímac y Junín entre las regiones que más empeoraron

Por otra parte, es menester señalar que Apurímac, región que registró el mayor avance en el INCORE el año pasado (ver Lampadia: Apurímac avanza en su potencial de desarrollo), se encuentra – junto a Junín – entre las regiones que más empeoraron en el ranking general de competitividad – cayendo del puesto 17 al 20.

Tabla 1. Índice de Competitividad Regional de Apurímac

Fuente: IPE

Esta caída se ha dado principalmente por el descenso de 9 posiciones en el pilar instituciones, 5 posiciones en el pilar laboral y 3 posiciones en el pilar entorno económico. Es de destacar la caída del pilar instituciones, explicada por descensos en los indicadores de resolución de expedientes judiciales y percepción de la gestión pública. Asimismo y en relación a este mismo pilar, la región se ubica como la segunda con mayor tasa de conflictividad social, reflejo, entre otras cosas, de un agravamiento en los últimos meses del conflicto minero del gran proyecto cuprífero Las Bambas. Como explicamos en Lampadia: Esfuerzo Intelectual Anti-minero, este hecho responde a los ausentes esfuerzos anticipados por parte del Gobierno y del sector minero para estructurar un discurso que permita detener el creciente avance del movimiento anti-minero de los últimos años, promovido por ONG’s y diversos académicos asociados a ellas.

El proyecto Las Bambas – que actualmente se encuentra amenazado con otro bloqueo en su corredor minero, para impedir la salida de la producción de cobre para ser exportada – significó a Apurímac una inversión total de US$ 10,000 millones en una vida útil de 18 años, con una producción de 453,000 toneladas al año. Los ingresos fiscales producto de tal actividad hubieran significado sendos avances en los ámbitos de infraestructura, educación y salud, tan importantes para que más hogares de la región escapasen permanentemente de la pobreza e indigencia. Por otra parte – aunque no se menciona en el informe – este paro indudablemente ha debido estar asociado a las ya mencionadas caídas en los pilares de entorno económico – traducido en un menor gasto real por hogar – y en el laboral – concretamente por una reducción de la creación de empleo formal.

Otro caso a destacar, como mencionamos, es el de Junín que registró también una caída de tres posiciones en el ranking general de competitividad, pasando del puesto 11 al 14. Este retroceso estuvo explicado por notables caídas en los pilares de salud y laboral – 4 posiciones – así como también en los pilares de entorno económico e instituciones – 3 posiciones.

Tabla 2. Índice de Competitividad Regional de Junín

Fuente: IPE

Es de destacar la caída en el pilar de salud, la cual está explicada por un incremento en la incidencia de desnutrición crónica en menores de 5 años – situando a la región en el puesto 22 – y una mayor prevalencia de la anemia infantil – situando a la región en el puesto 19 – ambas enfermedades que – como se explica en el informe de Macroconsult: La anemia infantil, un enemigo silencioso – generan efectos irreversibles en el desarrollo del cerebro temprano de los niños, comprometiéndolos a un bajo rendimiento tanto escolar como universitario.

Esperemos que los resultados de este informe puedan ser tomados en cuenta por los hacedores de política para enfocar mejor sus intervenciones en las regiones, priorizando las necesidades y oportunidades de mejora en cada una de ellas y considerando además que el presupuesto público hacia los gobiernos regionales, como todo presupuesto, cuenta con una restricción de recursos que debe ser usada de manera eficiente y eficaz para hacer frente a los problemas que aquejan – en este caso – a los peruanos al interior del país. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 19 de abril de 2019
Para Lampadia

Parafraseando a García Márquez, hay que vivir la realidad loretana para contarla. Es que no hay palabras para expresar la belleza de la Amazonía peruana. Las fotos y videos ayudan, pero no lo suficiente. Repito. Para describir la realidad loretana, hay que vivirla para contarla.

El paraíso terrenal está realizado en la Selva del Perú. La diversidad de su flora y fauna es infinita. Su hidrografía es majestuosa. Troncos y follajes colosales. Animales de agua, tierra y aire. Ríos y lagunas de ensueño. ¡Nuestra Amazonía es preciosa!

El problema de Loreto está por el lado del Estado. ¡Cuándo no!

• A pesar de estar rodeada por un “mar de agua dulce”, Iquitos no tiene agua potable. Cientos de millones se invirtieron en dicho proyecto, pero nada. Odebrecht y su pandilla se embolsicaron el dinero. ¡Corrupción total!
• Por otro lado – en materia energética – Iquitos está aislada del resto del país. La ciudad de cerca de 500 mil habitantes no está integrada al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN). Iquitos se abastece de energía térmica cara e inconstante. Así las cosas, las empresas loretanas compiten en desventaja frente a sus pares del resto del país.
• En el ámbito logístico, Iquitos es – quizás – la ciudad de mayor población del mundo sin acceso terrestre. Efectivamente, a Iquitos sólo se puede llegar por aire o por agua.

Por todos estos motivos – y con justa razón – los loretanos claman por la línea de trasmisión de energía Moyobamba – Iquitos, y por la carretera Iquitos – Saramiriza – Costa Norte. Los trazos y especificaciones técnicas de ambos proyectos están definidos, y sólo queda ejecutarlos. Pero eso sí – ojalá – sin coimas ni sobornos de por medio.

El Trapecio Amazónico – o triple frontera – compuesto por Santa Rosa (Perú), Tabatinga (Brasil) y Leticia (Colombia) es un monumento a la desigualdad. Perú pobre y abandonado. Y Colombia y Brasil dignos y civilizados. ¿Migraciones y Aduanas? Mejor sería establecer una zona de libre transito de personas y mercaderías, pero no. Hay que crear controles para poder coimear.

Pero eso no es todo. A los males del aislamiento y la corrupción, a Loreto hay que sumarle la debacle de sus otrora prósperas industrias petrolera y maderera.

Los continuos sabotajes al oleoducto norperuano – y la permisividad del Estado frente al vandalismo y la delincuencia – han causado daños irreparables en la industria hidrocarburífera. Resultado: se esfumó el canon petrolero de Loreto.

En el ámbito forestal la cosa es similar. Muchas empresas madereras han desaparecido. Miles de trabajadores han quedado desamparados. La lucha contra la tala ilegal – con la cual estoy de acuerdo – no fue contrarrestada con una política que promoviera una forestería formal, bien manejada y sostenible. Total, nuestra balanza comercial forestal sigue siendo deficitaria, a pesar de tener uno de los bosques más extensos y productivos del mundo.

OTROSÍ DIGO: Los loretanos valoran mucho lo hecho en Ica respecto al dinamismo del sector agroexportador, a la hermandad del agua con Huancavelica, a la eliminación de las colas en los hospitales, y a la lucha contra la corrupción. Por eso fui invitado a Iquitos la semana pasada. Para contarles cómo lo hicimos.

Y la pasé de maravillas. Los charapas son como los iqueños. ¡Lo máximo! Pero están aislados y maltratados. ¡Así está Loreto! Lampadia

Hace pocos días, el Ministerio de la Producción consideró necesario retirar su conformidad al desarrollo de un centro comercial de propiedad de extranjeros en Tacna, dada la interpretación de una disposición constitucional que viene desde 1920.

Fuente: landscare.org

El eventual desarrollo de dicho centro comercial originó una serie de movilizaciones de grupos minoritarios de Tacna, dado que la mayoría de los tacneños, según encuestas reportadas por Ipsos, está a favor de su desarrollo. Además de las movilizaciones de tacneños, llama la atención el involucramiento en el tema de organizaciones académicas y de ciertos grupos de élite, como el llamado Grupo Basadre, que usurpando el espíritu peruanista de nuestro insigne historiador Jorge Basadre, se presentan como anti-chilenos radicales, cuando Jorge Basadre nunca lo fue.

Líneas abajo compartimos con nuestros lectores el lúcido artículo de Alfredo Torres sobre una prohibición inconveniente.

El veto constitucional que impide la inversión privada extranjera en zona de frontera

Una prohibición centenaria

Alfredo Torres
Presidente ejecutivo de Ipsos Perú
El Comercio, 20 de agosto de 2017

“El Perú tiene nueve regiones que ven limitado su desarrollo por la interpretación vigente del artículo 71 de la Constitución”.

“Por Tumbes y Tacna ingresan en conjunto 1,2 millones de turistas al año. La cifra podría duplicarse para el 2021 si se abren esas economías a la inversión extranjera”. (Ilustración: Giovanni Tazza).

La historia ha demostrado reiteradamente que los países que más progresan son los que abrazan la modernidad, mientras que los que se quedan rezagados son los que se aferran al pasado y se encierran en sus fronteras. El Perú ha venido haciendo en las últimas décadas valiosos esfuerzos por abrirse al mundo, logrando así reducir significativamente la pobreza, sin embargo, todavía conserva ideas y normas de otros tiempos. Uno de estos casos es el artículo 71 de la Constitución que establece que los extranjeros no pueden adquirir ni poseer ningún tipo de propiedad dentro de los 50 kilómetros de las fronteras, salvo caso de necesidad pública y con aprobación del Consejo de Ministros.

Cuando se rastrea el origen de esa norma, se llega a la Constitución de 1920, nueve años antes de que el Tratado de Lima resolviese el retorno de Tacna al Perú. Era lógico que el Perú tomase precauciones entonces, para evitar que más chilenos se afincasen en Tacna y pudiesen votar en el esperado plebiscito del retorno a la patria. La desconfianza fronteriza continuó, con altibajos, hasta fines del siglo XX, con lo cual la disposición se mantuvo en las constituciones de 1933, 1979 y 1993. Felizmente, nuestras relaciones con los vecinos cambiaron radicalmente con el acuerdo de paz firmado entre el Perú y Ecuador en Brasilia en 1998 y el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya del 2014 que cerró el diferendo marítimo entre el Perú y Chile. 

Sin embargo, la vieja disposición subsiste, frenando el desarrollo de las ciudades de Tacna y de Tumbes –que quedan dentro de los 50 kilómetros de frontera– y de innumerables poblaciones en esas regiones y en Piura, Cajamarca, Amazonas, Loreto, Ucayali, Madre de Dios y Puno. Al impedirse esta inversión no se pueden instalar, por ejemplo, hoteles de cadenas internacionales, que serían muy útiles para atraer un mayor flujo de turistas de los países vecinos. Tampoco se puede recibir inversión extranjera para construir un centro comercial o un cine si no puede demostrar su utilidad pública y previa aprobación del Consejo de Ministros.

Precisamente, en estos días el Gobierno ha frenado la construcción de un centro comercial en Tacna como reacción a la oposición cerrada de comerciantes –la mayoría informales– temerosos de enfrentar una competencia moderna, acompañados de algunos veteranos políticos, militares retirados e intelectuales nacionalistas. Unos y otros empezaron a organizar marchas, artículos y pronunciamientos para oponerse al proyecto en defensa de la patria, como si un centro comercial representase un riesgo para la seguridad nacional. 

En todas las encuestas efectuadas en Tacna –incluida una de Ipsos– se encuentra que la mayoría está de acuerdo con que se permita una inversión extranjera para construir un nuevo centro comercial. El apoyo popular es lógico: el centro comercial generaría 5 mil puestos de trabajo formales y una notable mejora en su calidad de vida. Lamentablemente, el apoyo de la mayoría no es suficiente. Como ocurrió con el aeropuerto de Chinchero, bastó con que políticos ansiosos de figuración acusaran al gobierno de ‘lobbista’, de querer favorecer a inversionistas privados, para que se desate una crisis que llevó a la caída de dos ministros y a que el proyecto se paralice. Los mismos políticos oportunistas y algunos más contrarios a la inversión privada tenían en el proyecto de Tacna –si el Consejo de Ministros lo aprobaba– la excusa perfecta para pedir la censura del Gabinete acusándolo no solo ya de ‘lobbista’ sino de antipatriota.

El gobierno se ha salvado de un riesgo político mayor, pero a costa de frenar el desarrollo de Tacna. Comprensiblemente, los tacneños están ofuscados. El ministro de la Producción, Pedro Olaechea, ha declarado que no podemos quedarnos congelados en los años 20, que la norma es absurdamente restrictiva, que debemos buscar una solución integral y definitiva para el desarrollo de todas las fronteras, que los gobernadores pueden plantear al Congreso que se declare de necesidad pública la inversión extranjera en su región. La ruta es plausible, pero hay que actuar rápido.

Por Tumbes y Tacna ingresan en conjunto 1.2 millones de turistas al año. La cifra podría duplicarse para el 2021 si se abren esas economías a la inversión extranjera en turismo y comercio, con la consiguiente creación de miles de empleos formales y mejora de la calidad de vida de la población. El Perú tiene nueve regiones que ven limitado su desarrollo por la interpretación vigente del artículo 71 de la Constitución. Todas con oportunidades para progresar en diversos sectores sedientos de inversión.

 Esta semana se reúnen los gobernadores regionales con el Gobierno Central en el GORE Ejecutivo. Es una excelente oportunidad para revisar el tema. Los congresistas de las regiones de frontera deben también sumarse a esta causa. El desarrollo del siglo XXI no puede seguir frenado por una prohibición centenaria.

Veamos algunos párrafos de dos publicaciones que destacan lo absurdo de la disposición constitucional indicada:

• En el año 2009 el Tribunal Constitucional emitía una sentencia por la cual un ciudadano italiano quedaba impedido de registrar un inmueble a su nombre, predio que heredó de su madre, también italiana, debido a que el inmueble está ubicado en Tacna y como extranjero no puede ser propietario ni poseedor de tierras que están ubicadas a menos de 50 Km. de la frontera, salvo que sea necesidad pública (Artículo 71 de la Constitución).
• Hace días la compañía Sodimac, parte del grupo chileno Falabella, compró el 100% de las acciones de la empresa Maestro Perú por un valor total de S/. 1,404 millones, el paquete adquirido incluye las 30 tiendas de Maestro entre ellas la tienda de la ciudad de Tacna, ubicada en la Prolongación 2 de mayo a unos 31 Km. de la frontera, convirtiéndose así, quizás sin proponérselo, en la primera de su tipo en tener una tienda en una ciudad peruana fronteriza.

Ver: La compra de Maestro por Sodimac y el artículo 71 de la Constitución, por Félix Villanueva

• El artículo 71 no solo limita la propiedad, sino también el alquiler de inmuebles. Si uno revisa en detalle la norma, esta especifica que “los extranjeros no pueden adquirir ni poseer título alguno”. Jurídicamente hablando, poseer se interpreta como alquilar y esto agrava aún más la situación.

Ver: El desarrollo fronterizo y el artículo 71, por Aldo Fuster

Así es como los peruanos debilitamos nuestro desarrollo, especialmente el de las poblaciones emergentes de nuestras fronteras, causando un daño severo a aquellas menos integradas a la vida nacional, como son las de Piura, Cajamarca, Amazonas, Loreto, Ucayali, Madre de Dios y Puno, que no tienen la misma dinámica de Tumbes y Tacna. Esperamos que en los próximos días se pueda reflexionar adecuadamente sobre esta trampa constitucional.

Lampadia