No sorprende a los ciudadanos, y menos a Lampadia la dación de “Normas Contra-Propósito”, absurdas y contrarias a sus denominaciones y a sus aparentes objetivos, que muchas veces proponen y dictaminan nuestros congresistas, políticos y funcionarios. En esta ocasión se trata del Proyecto de Ley No. 4505/2014-CR que pretende modificar la Ley de Arbitraje, un ejemplo internacional sobre la resolución extra-judicial de conflictos civiles. El proyecto de marras fue presentado por el congresista Héctor Becerril Rodríguez del Grupo Parlamentario Fuerza Popular, grupo que se ufana de hacer una oposición racional y de representar un espíritu de buen gobierno.

Como bien han ponderado distintos jurisconsultos, el arbitraje es una de las pocas reformas al sistema de justicia peruano que ha funcionado eficientemente. Como señala Alfredo Bullard: “El arbitraje en el Perú es una historia de éxito. Es usado masivamente reduciendo la congestión judicial, bajando el tiempo de los litigios de cinco años en las cortes ordinarias, a alrededor de un año. Ha reducido los riesgos de corrupción, da un manejo más técnico y especializado a los casos. Ha generado seguridad jurídica. Su efecto en el desarrollo institucional reduciendo los costos de transacción a la economía y fomentando la inversión y el crecimiento ha sido enorme. Diversos especialistas internacionales han calificado la ley peruana como una de las más modernas del mundo y la experiencia del Perú como uno de los desarrollos más positivos y exitosos del arbitraje en la historia”. 

Como sostiene el portal Enfoque Derecho, un blog de la revista de derecho Themis: “Renombrados especialistas en arbitraje como Fernando Mantilla-Serrano [una autoridad mundial en la materia] señalan que ‘No podemos más que felicitar al legislador peruano por sus esfuerzos en materia de arbitraje, pues supo, a través de sus reformas, identificar al Perú dentro del grupo de países que han promulgado leyes modernas y favorables al arbitraje’.Lo que esto demuestra es que el Perú se encuentra bien posicionado en el arbitraje internacional y ello se debe principalmente a nuestra ley de arbitraje”.

A pesar de que esta institución está tan bien considerada por propios y extraños, y tiene una vigencia de 20 años, el congresista Becerril está empeñado en borrarla de un plumazo. Por supuesto se escuda en una razón aparentemente loable. Evitar que los malos ciudadanos hagan un uso perverso del sistema.

Becerril justifica su proyecto aduciendo que: “Como se sabe, la mafia de Rodolfo Orellana utilizó las debilidades del sistema arbitral para crear una red delincuencial que, a través de laudos arbitrales, se adueñaba ilícita e injustamente de decenas de propiedades inmuebles (…). Ante estos hechos, es imposible no hacer nada. Tenemos que mejorar los vacíos del sistema arbitral que utilizó Orellana y sus secuaces para apropiarse de casas, terrenos y otras propiedades”.

El problema es que como indica Bullard, este “proyecto cae en lo que se conoce como “regulación anecdótica”: crear regulaciones generales por problemas causados por actividades aisladas. El problema se corrige aplicando la ley existente a los delincuentes, no afectando el derecho legítimo de los [buenos] ciudadanos”.

Así mismo, Enfoque Derecho señala: “este Proyecto (…) ataca la base del arbitraje. En un mal intento por solucionar el problema, el legislador podría terminar con el sistema arbitral peruano”.

Esta Norma Contra-Propósito mataría el arbitraje en tan sólo 5 pasos, según Enfoque Derecho:

1. Crea dos instancias: Propone la creación de una segunda instancia, lo que no resuelve el problema, pues esta no inhibiría su mala aplicación por delincuentes.

2. Impone arbitrajes de talla única: Obligar a que todos los arbitrajes que incidan directa o indirectamente con la transmisión de bienes muebles registrables o inmuebles sean institucionales (es decir en centro arbitral que dependa de una institución como el de la Cámara de Comercio). El arbitraje es como un traje a medida. Las partes pactan el convenio arbitral que más se acomode a lo que necesitan. Pueden elegir un arbitraje ad-hoc o institucional. El proyecto vulnera la voluntad de las partes y establecería una talla única. La limitación a la libertad contractual es injustificable.

3. Elimina la confidencialidad: Propone que, al iniciarse el arbitraje, se publique en el periódico quiénes son las partes, cuál es la materia controvertida y cuáles son los bienes en controversia. La publicidad como regla general en el arbitraje es innecesaria. Esa es una de las características que hacen que el arbitraje sea preferido frente al Poder Judicial, en especial por empresas que no desean que el mercado conozca desavenencias o problemas que podrían afectar el normal desenvolvimiento de negocios.

4. Aplica figuras judiciales: Propone la aplicación de la figura judicial de ‘tercerías de propiedad’ a arbitrajes en curso lo que dejaría al tercero en peor situación en la que se encuentra con la legislación actual y desconoce el sistema de incorporación de partes no signatarias, regulado en la ley de arbitraje. La solución está en el amparo arbitral, que hace inejecutables, frente a terceros, los laudos que afectan sus derechos.

5. Desnaturaliza la responsabilidad civil arbitral: Hace a las instituciones arbitrales solidariamente responsables de los daños y perjuicios ocasionados por decisiones “arbitrarias o contrarias a derecho” de los árbitros que la integran (concepto dudoso e impreciso). No se entiende cómo es que una institución arbitral respondería por las decisiones arbitrales si dicha institución no participa en el proceso. Los árbitros son independientes. Peor aún, las instituciones arbitrales terminarían respondiendo por árbitros que ni siquiera han nombrado y por cuestiones que no incumben al encargo de administración de los arbitrajes que se les encomienda. Esta propuesta no es coherente con el sistema de responsabilidad civil arbitral, ni con los criterios generales de responsabilidad civil establecidos en nuestro ordenamiento general.

Como se aprecia, existen suficientes razones como para impedir que esta norma sea promulgada. Es hora de que los congresistas legislen con mayor propiedad y no para la tribuna, el aplauso fácil y dar la impresión de que están protegiendo a los ciudadanos, cuando en realidad hacen lo contrario. Es además imperativo que los partidos a los que pertenecen ejerzan un mayor control sobre este tipo de iniciativas. Basta de iniciativas y normas contrapropósito que destruyen y traban el desarrollo integral del país. Lampadia

Las aguas están movidas. Las políticas, las económicas y las de confianza en el futuro. El gobierno y la oposición acaban el año, en medio una guerra de guerrillas (que caigan Sansón y los filisteos), que solo agravan los cuestionamientos de la población. El gobierno, cercado por serias acusaciones de corrupción que amenazan, de una u otra forma, la conducción del país. A esto se suma la merma de la bancada oficialista en el Congreso y la pérdida de aliados políticos, lo que impide la rápida aprobación de Leyes clave para reactivar la economía. Todo esto mantiene la popularidad de la pareja presidencial y de las instituciones públicas, en niveles de “pena”. El Ministro de Justicia en la picota y, por supuesto, todo esto en el contexto del colapso del crecimiento de la economía.

Lo económico tampoco pinta bien. A duras penas el país crecerá un 2.7% (¿?). Buena parte de esta desaceleración se debe al descuido en el que el gobierno tiene a los sectores minería, energía e hidrocarburos, los auténticos motores del crecimiento del país en la última década (ver en Lampadia (L): Otra vez la parada (esta vez en la inversión)). Curiosamente, con un tonito circense, el Ministro de la Producción se burla de todos los peruanos diciéndonos: “El menor crecimiento favoreció también la simplificación administrativa y mejoras en la regulación”. Y agrega: “El 2014 no ha sido un año de crisis, sino de oportunidades aprovechadas, pues la preocupación por el menor crecimiento impulsó la renovación de la políticas económicas”. (El Comercio, “Mirando el largo plazo”, por Piero Ghezzi, 18 de diciembre 2014). Ya parece un editorialista del Pravda o Granma.

La razón de la parálisis de la inversión no es porque no se quiera invertir en el Perú, ni mayormente por la debilidad de la economía internacional. Es porque se ha hecho casi imposible invertir, tanto en negocios grandes como en pequeños. Desde abrir una mina hasta poner un restaurante. Desde levantar una antena para comunicación celular hasta tramitar un cambio de uso de terreno, desde conseguir permiso para abrir un nuevo colegio hasta colgar un letrero en la fachada de una bodega. La debilidad política del gobierno (Conga) y la maraña burocrática han trabado la inversión y el crecimiento, lo ha impedido hasta casi detenerlo por completo. (Ver en L: La “liciensitis” afecta las inversiones pequeñas, medianas y grandes).

El otro problema es la incapacidad que han demostrado los funcionarios para echar andar los grandes proyectos de inversión pública. Atrapados en las arenas movedizas de la tramitología y el pánico a tomar decisiones, dado el torpe e inhibidor sistema de control nacional. El dinero que debió poner en marcha las ruedas de nuestra economía nunca llegó a movilizarse. A eso hay que sumar las elecciones regionales y los gravísimos casos de corrupción que descabezaron a regiones y municipios de sus autoridades, con lo que la inversión pública se quedó en las cuentas bancarias.

Si bien el gobierno ha intentado mejorar este panorama mediante una serie de medidas que incentiven la inversión privada, (los cinco paquetitos pre-navideños) todavía es muy pronto para ver sus resultados. Algunos se pararon en el Congreso, otros se siguen discutiendo, y otros se reputan de tardíos e insuficientes. En todo caso, no han conseguido impulsar el crecimiento del producto este año y, aunque se espera que el próximo será mejor, ya no se puede creer en los pronósticos oficiales.

La debilidad del Gobierno y su aislamiento se han hecho notorios los últimos días. La oposición que está enfrentando la Ley Laboral juvenil es un síntoma de ello. Todos los personajes y partidos que en su momento apoyaron esta iniciativa, ahora se retractan, generando un desentendimiento político innecesario para una medida a todas luces positiva (ver en L: No me importa estar mal, si los demás corren la misma suerte).

Que Pedro Pablo Kuczynski, Keiko Fujimori y Alan García se opongan a ella, sumándose a las cúpulas sindicales como la CGTP, es un contrasentido y una vergüenza. Después de haberla señalado conveniente, hoy, por mero cálculo político de corto plazo, la atacan duramente. El Gobierno ha decidido defenderla con uñas y dientes. Ojalá persista y muestre algún saldo de fortaleza.

La irresponsabilidad de la oposición, propiciada por la agresividad del propio Presidente de la República, está arrinconando al Ejecutivo. Semejante postura, puede llevar al gobierno a olvidarse de un programa sensato y hacerlo optar por un populismo que le de réditos inmediatos y lo haga subir en las encuestas. (Ver en L: Queda poco tiempo para evitar los peores escenarios al 2016). Ese sería el peor escenario. La economía no permite este tipo de juegos. Es vital que todos recuperen la cordura y que se busque retomar la armonía y el crecimiento.

Como hemos reseñado en Lampadia: Niall Ferguson, el historiador británico, en una recientevisita a Santiago, dijo que Chile era el “país más inteligente” de la región pero que ahora estaba “ejerciendo su derecho a ser estúpido”. En el Perú hemos sido estúpidos mucho tiempo, “es hora de ejercer nuestro derecho a ser más inteligentes”. Lampadia