Jaime de Althaus
Para Lampadia

La reciente decisión de una corte del Poder Judicial de anular la delirante acusación del fiscal José Domingo Pérez contra Pedro Pablo Kuczynski, para quien pedía nada menos que 35 años de prisión como si se tratara de un asesino en serie o del jefe de una banda terrorista y genocida, acusándolo que haber formado una organización criminal con su secretaria y su chofer, confirma una vez más el carácter estrafalario, desenfrenado y politizado de las actuaciones de ese funcionario del Ministerio Público. Como ha señalado Augusto Álvarez Rodrich, los US$12.2 millones que el fiscal afirma que PPK ‘lavó’ resultan de la suma de los ingresos declarados por él en una década provenientes del sector privado incluyendo honorarios y directorios. Como fuere, el fiscal había desdeñado considerar los peritajes y los informes financieros aportados por la defensa, en lo que configura un modus operandi típico de este señor.

Como el caso de Ricardo Briceño, donde no solo no consideró los descargos y explicaciones, ni miró los hechos, sino que fue más allá fabulando un fraude de Briceño contra la propia CONFIEP -pese a que ésta lo desmintió-, para darle más de dos millones de soles a Keiko Fujimori pese a que nunca se habían dado porque se usaron en una campaña de defensa de la economía de mercado. La Corte Superior ordenó anular la decisión del juez Zúñiga de pasar a juicio a Briceño, pero resulta que procurador del Poder Judicial, sumándose a la locura, ha apelado, perpetuando la pesadilla.

A Pérez no le interesan los hechos ni la verdad ni la justicia. Lo que le interesa incriminar a sus fantasmas políticos, a sus enemigos ideológicos, o construirse la imagen de gran luchador contra la corrupción a costa de la verdad y de las personas.

El problema es que con eso comete abusos irreparables. El debería ser denunciado por la destrucción del honor y la estabilidad sicológica de muchos ciudadanos. Allí están el ex ministro de economía, Miguel Castilla o el exfuncionario Alberto Pasco-Font, absurdamente involucrados y acusados. Dos personas intachables.

Para no hablar de Ollanta Humala, Nadine Heredia y Keiko Fujimori, sometidos a injusta y abusiva prisión preventiva por donaciones de campaña que no eran delito pero que fueron criminalizadas con el argumento forzado e insostenible de que se trababa de lavado de activos, cuando ni el origen de los fondos era delictivo, ni los receptores tenían por qué sospechar que pudieran serlo. Hasta Lourdes Flores ha sido imputada.

Aquí no solo se ha destruido a las personas. José Domingo Pérez y el equipo Lava Jato han dinamitado la clase política y por ende la democracia en el Perú, llevando a la cárcel a líderes de partidos importantes como si fueran criminales de altísimo vuelo, y tipificando a los partidos como organizaciones criminales. Hasta alguien como Luis Pasara ha condenado severamente los excesos inconmensurables de estos fiscales.

En una democracia sin partidos, los pocos esfuerzos de construcción partidaria en marcha, como el Partido Nacionalista y Fuerza Popular en este caso, fueron exterminados o debilitados en extremo, dejando al país sin un centro izquierda popular y sin una derecha popular que pudieran representar a parte importante de una sociedad que ahora rechaza la política y a los políticos.

Todo esto se hizo con el concierto del gobierno de Vizcarra, que arremetió contra un congreso visto como el reducto precisamente de Fuerza Popular, congreso al que había que cerrar de la misma manera como que había que enviar a prisión a la líder del fujimorismo. Y ello con el apoyo de la prensa que se compró el cuento de la lucha anticorrupción y disfrutó de las primicias deslizadas desde esa fuente de propaganda destructiva que fue y sigue siendo el equipo LavaJato.

Las guerras santas son dañinas. Crean demonios y adjudican culpas. No caigamos en una tampoco desde el otro lado. Las imputaciones a Zoraida Avalos, por ejemplo, deben merituarse en su exacta dimensión. Hay que romper la retaliación. Lampadia

Fernando Rospigliosi
CONTROVERSIAS
Para Lampadia

Un juez declaró fundado el recurso del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) y anuló la acusación que el fracasado fiscal José Pérez había formulado luego de seis años de supuestas investigaciones. Un fracaso más del politizado y prevaricador magistrado, que ha gastado millones de soles del erario público en pesquisas que no han logrado ninguna condena.

Lo que ha sí ha conseguido ese individuo es acosar y perseguir a los adversarios de la coalición vizcarrista, sobre todo a los incómodos para los caviares, y proteger a los amigos, socios y allegados a estos.

Un caso flagrante es el de Susana Villarán que, según abundantes evidencias, recibió coimas por más de diez millones de dólares siendo alcaldesa de Lima para las campañas de revocatoria (2013) y electoral (2014). A pesar de las pruebas, han pasado muchos años y no hay resultados judiciales tangibles.

A PPK lo han tenido con prisión domiciliaria por años, le han incautado todas sus propiedades y, absurdamente, le inventaron una supuesta organización criminal con su secretaria Gloria Kisic y su chofer José Bernaola, con el propósito de mantenerlo procesado. Y luego, sobre bases endebles, pidieron una extravagante condena de 35 años, como si fuera un criminal terrorista que hubiera asesinado a muchas personas.

Pérez adelantó la acusación sin esperar algunos peritajes porque quería publicitar su tremenda denuncia, antes de fugarse del Ministerio Público.

En realidad, por lo que se conoce hasta ahora, las actividades de PPK pueden ser reprochables, pero parece muy difícil que puedan ser sancionadas como delictivas. Haber realizado operaciones financieras para Odebrecht cuando no era funcionario público y cuando esa empresa no era cuestionada por actos de corrupción, no es un delito. Puede criticarse por criterios éticos, pero no judiciales.

A diferencia de Alejandro Toledo o Villarán, nadie lo ha señalado como receptor de coimas cuando ocupó cargos en el Estado.

Todo indica que lo que está detrás de ese ensañamiento es el odio caviar por haber indultado a Alberto Fujimori en diciembre de 2017, lo que motivó que se obtuvieran los votos necesarios para su vacancia en marzo de 2018, incluyendo los de caviares de la propia bancada que él había llevado al Congreso. Los keikistas solos no hubieran podido hacerlo. (PPK renunció poco antes de la votación sabiendo que el resultado era inevitable).

En suma, la crisis política que comenzó con la defenestración de PPK tuvo varios responsables, no solo los keikistas, como después se ha querido hacer creer. Fueron decisivos los caviares e izquierdistas -que se aliaron con su sucesor, el Lagarto- y también el propio PPK que cometió gruesos errores políticos.

Los fiscales politizados y prevaricadores desempeñaron un rol fundamental en esta trama, persiguiendo no solo a PPK sino a todos los adversarios de los caviares, logrando luego capturar la fiscalía de la Nación con la impresentable Zoraida Avalos, que había llegado a fiscal suprema como parte de una trama corrupta, como denunciaron en su momento los periodistas Ricardo Uceda y Rodrigo Cruz en La República y El Comercio.

Usaron descaradamente el caso de la red de corrupción “Cuellos blancos” para sus propósitos políticos, demoliendo al fiscal Pedro Chávarry para poner a alguien que se prestara a su juego, como Ávalos y, finalmente, crearon la Junta Nacional de Justicia como un instrumento para mantener su influencia o control sobre el sistema judicial.

En síntesis, la deleznable labor de Pérez en la fiscalía ha servido a los objetivos políticos de los caviares y no ha tenido ningún resultado judicial verificable. Peor aún, ha favorecido descaradamente a Odebrecht y a las corruptas empresas del “Club de la Construcción”, cuyos responsables han salido prácticamente indemnes a pesar de los delitos cometidos. (Ver Manuel Romero Caro, “Caso Lava Jato: fracaso total”, Expreso, 22/5/23).

Y ahora, en el colmo de la desfachatez y la desvergüenza, ese sujeto pretende huir de la fiscalía y convertirse en juez superior. Y los caviares quieren hacer con Patricia Benavides lo que hicieron con Chávarry, para entronizar nuevamente a la impúdica Ávalos.

Lampadia

Por: Aldo Mariátegui
Perú21, 24 de Mayo del 2023

“Zoraida (Ávalos) RECIÉN le abrió investigación a (Pedro) Castillo DESPUÉS de que la congresista Chirinos la denunció”.

Zoraida Ávalos está de tour de salvataje por varios programas amigos, en donde desgracias para la profesión como Chincha no solo la dejan despacharse, sino que hasta hacen de focas huaripoleras y apuntadores. Y mi amigo Carvallo de RPP también estuvo muy perdonavidas, con Mávila Huertas al costado de adorno (me imagino que no funcionaría el audífono para que le soplen, aunque es mejor verla callada que de sobona). El libreto es bien simple: Zoraida es una gran fiscal, que es víctima de gente muy mala. Y repite sin sonrojarse que ella sí procesó a Castillo y que nunca fue una obsecuente vizcarrista.

Felizmente, ayer Correo hizo la tarea que la mayoría de medios no ha hecho y le puso los puntos sobre las íes: 1) Zoraida RECIÉN le abrió la investigación a Castillo DESPUÉS (4 de enero de 2022) de que la congresista Chirinos la denunció (21 de diciembre de 2021) por NO hacerlo (omisión en actos funcionales). 2) Es falaz que afirme que no abrió investigación porque esta no podía basarse solo en “una denuncia periodística”. Primero, las denuncias periodísticas suelen presentar indicios muy razonables para que los fiscales hagan su trabajo. Y no era una, sino VARIAS y muy serias denuncias periodísticas: presiones para los ascensos en las FF.AA. con la salida encima del general Vizcarra, el escándalo del puente Tarata, las trapacerías en Petroperú, las aventuras de los asesores y familiares, etcétera. Y su sumisión a Vizcarra fue ampliamente conocida, con esas visitas al “Lagarto” que denunció la secretaria Karem Roca. A pesar de lo escandaloso que fue el caso Richard Swing o el pésimo manejo durante el coronavirus, Zoraida no procesó al hijo de Moquegua. En cambio, sí se prestó al circo político de abrirle investigación a Merino y otros ministros por Inti y Bryan. Finalmente, la mujer del César no solo debe ser honesta, sino también parecerlo, y la sociedad hace rato que le ha perdido la confianza a funcionarios como Zoraida Ávalos. A su casa de una vez, señora.

“El presidente de México está desconociendo un tratado internacional”

Entrevista a José Antonio García Belaunde
El Comercio, 23 de Mayo del 2023
Por: Sebastian Ortiz Martínez

El exministro de Relaciones Exteriores afirmó que el problema con México y Colombia “es por ideología pura”, y que esa tensión “no se puede superar fácilmente”. Dijo que salida de Boluarte al extranjero puede ayudar a contrarrestar narrativa de operadores de vacado expresidente Castillo.

El ex canciller José Antonio García Belaunde consideró que el presidente de México, Manuel López Obrador, “está desconociendo un tratado internacional” al no ceder la conducción de la Alianza del Pacífico al Perú. Agregó que este grupo “no va a disolverse, pero puede estancarse”.

— El presidente de México, Manuel López Obrador, insiste en su negativa de ceder la Presidencia Pro Témpore de la Alianza del Pacífico al Perú. ¿Qué tipo de mecanismos puede activar el gobierno de Dina Boluarte ante esta situación?

No hay ninguna medida, porque este es un hecho insólito, porque lo que establece el tratado [de la Alianza del Pacífico] es que la presidencia es rotativa, y el tratado no establece que para que la presidencia pueda ser ejercida tenga que ser entregada de uno a otro, es rotativa y, por consiguiente, no se pone nadie en el caso que haya un socio que quiera desconocer un artículo de un tratado internacional. [López Obrador] está desconociendo un tratado internacional. No creo que se pueda hacer mucho, porque se podría denunciar ante una corte [internacional], pero cómo van las cosas eso puede demorar más de lo que dure la presidencia del Perú.

— ¿Ante qué tipo de corte?

Eventualmente se podría pedir no sé si una opinión o una medida cautelar ante la corte, pero hacer eso en estos momentos es entrar en un procedimiento judicial que, finalmente, no sé si conduzca a algo, porque si México ha decidido violar el tratado, también puede decidir no cumplir ninguna decisión que emane de una corte. A López Obrador no le importa los tratados con sus vecinos de Sudamérica, pero él no viola sus tratados con Estados Unidos, el único viaje que ha realizado AMLO ha sido para visitar a Trump, pero no ha visitado ningún país de Sudamérica. Él no se atrevería a hacer a Estados Unidos lo mismo [que está haciendo con el Perú].

— López Obrador ha planteado entregar la Presidencia Pro Témpore de la Alianza del Pacífico a Chile o Colombia y que ellos decidan si se la trasladan al Perú. ¿Esta medida es viable?

Sí, sí es viable […] Lo más viable es olvidarse del traslado de la Presidencia Pro Témpore, simplemente término una presidencia y asume otra, no tiene por qué haber ninguna ceremonia de entrega, eso es un formalismo del cual se puede prescindir absolutamente. No veo por qué hay que trasladarlo, simplemente terminó y el Perú como presidente convoca a las reuniones que haya que convocar. Eso es más fácil que hacer todo este tinglado, es barroquismo puro. Entonces, “yo no le entrego la presidencia al Perú, porque no me gusta, se le doy al otro para que el otro se la entregue”, oiga está establecido que es rotativa, no tiene por qué ser entregada.

— Las razones de López Obrador son las mismas: desconoce al gobierno de Boluarte, a quien califica como “usurpadora”. ¿Puede presentar un recurso de queja ante la OEA por las constantes injerencias?

Sí, pero no creo que sirva de mucho, ¿no?

— El Perú ha retirado a su embajador en México, expulsó al representante de AMLO en Lima y ha rechazado las expresiones del presidente mexicano. ¿Hay otras acciones que pueda realizar?

Puede bajar las relaciones a nivel consular para efectos de proteger la colonia peruana que pueda haber allá, pero sí se puede hacer eso.

— ¿La Alianza del Pacífico pasa por un momento delicado ante la postura de López Obrador y Gustavo Petro, de Colombia, respecto al mandato de Boluarte?

Bueno, yo creo que eso es una excusa, porque si realmente les interesa mucho hacer una integración, no estarían creando estos problemas, ya he dicho que no se tiene por qué entregar la presidencia [de la Alianza del Pacífico], tampoco hay una cláusula que determine que los países [miembros] deben reconocer o no a un nuevo gobierno, simplemente con atenerse a lo que dice el tratado, de que la presidencia es rotativa se podría seguir trabajando en la alianza. Yo lo que temo es que no tienen ningún interés en seguir haciendo integración.

— ¿Esta alianza corre el riesgo de quedar desintegrada por diferencias ideológicas?

No, no, corre el riesgo de no avanzar en su gran proyección. Yo creo que lo ha adquirido la alianza es importante, es un patrimonio que ya tiene y eso no se va a diluir, lo que es posible es que no siga avanzando. Un proceso de integración es uno con nuevas metas y probablemente no las tengamos por el momento, pero eso no significa que va a desaparecer. Además, en la Alianza del Pacífico hay otros elementos importantes a tomar en cuenta como son los sectores económicos e, incluso, académicos, ellos tienen su propia dinámica. La Alianza del Pacífico no va a disolverse, pero puede estancarse.

— ¿Y quién o quiénes son los responsables?

De los que no quieren que avance, en principio sí [de López Obrador y Petro]. Lo que no entiendo del presidente Petro es cómo con un vecino, como el Perú, con el que tiene una gran cantidad de temas en común que trabajar puede estar haciendo de líder de una ONG izquierdista, no lo entiendo.

— López Obrador insiste en considerar la vacancia de Pedro Castillo como un golpe de Estado del Congreso. Esto a pesar de que instituciones como la ONU, OEA y la CIDH condenaron la ruptura del orden constitucional en el Perú. ¿Cómo calificaría la actitud del presidente mexicano?

El interés fundamental de López Obrador es su relación con Estados Unidos, la región [Sudamérica] le importa muy poco, y tiene razón, el 80% de su comercio está con Estados Unidos, y el 80% de las inversiones que recibe México son de Estados Unidos, y tiene un problema migratorio muy grande, él ha ayudado mucho a las exigencias de Trump para detener el flujo migratorio no solo de mexicanos sino de centroamericanos. Yo diría que López hoy día su interés mayor es Estados Unidos y su influencia en la región solo es para gobiernos con afinidades ideológicas, pero México no tiene una presencia importante [en Sudamérica], no se puede comparar con la presencia de Brasil, incluso creo que Argentina puede tener más peso. Las cosas hay ponerlas en su verdadera dimensión. ¿Qué es lo que tiene México en juego en América del Sur en concreto? ¿Cuánto de inversión hay, cuánto de comercio hace? ¿Qué compromisos tiene en materia política? Todo eso se debe tomar en cuenta si el peso que tiene por ser economía muy grande se traduce en tener una presencia muy atractiva en la región, yo creo que no.

— El Perú y Colombia han tenido una relación cordial, son pocos los impasses entre ambos países. ¿Se ha roto la confianza con Bogotá?

Me temo que sí, me temo que esa relación que ha sido bastante fluida y que incluso durante algunos años, yo diría hasta los 2000 estuvimos un poco de espaldas, pero en este siglo nos hemos acercado mucho y nos hemos mirado mucho a la cara y hemos trabajado muchas cosas en conjunto. Es una pena que eso se vaya a perder.

— ¿Y cuál es su opinión sobre el rol que ha jugado Petro en esta crisis?

Bueno, no lo entiendo, no entiendo cómo un jefe de Estado de un país vecino puede poner en juego un conjunto de intereses que tienen que ver con el bienestar y desarrollo de los pueblos [del Perú y Colombia] por convertirse en un líder de ONG.

— El primer ministro, Alberto Otárola, ha referido que Castillo, López Obrador y Petro son “caimanes del mismo pozo”. ¿Este tipo de expresiones contribuyen a darle una salida a este conflicto?

Sospecho yo que el primer ministro habrá estado con justa razón indignado por esta descalificación [de parte de AMLO y Petro], porque finalmente la señora presidenta ha sido elegida de acuerdo a las normas constitucionales del país. El señor Castillo dio un golpe de Estado y fracasó, por consiguiente, fue destituido y hay evidencia de eso, no es nuestra interpretación, la interpretación torcida la hacen ellos. Entonces, comprendo que haya cierta indignación, pero yo sí creo que alguien está manejando esto, no me parece gratuito que el mismo día aparezcan con un discurso muy parecido Petro, López Obrador y [Evo] Morales, alguien está articulando esto. Hay una mano negra detrás que los coordina.

— El Ejecutivo ha presentado un proyecto de ley para que la presidenta Boluarte pueda salir del país y ejercer sus funciones de manera remota. ¿Usted está de acuerdo con este mecanismo?

Mire, yo no sé cuál es el mecanismo más idóneo, si la presidenta pueda ejercer remotamente o si deja al primer ministro, como se hace en otros países. Tengamos en claro que cuando el presidente de la República viaja en una situación normal, la Presidencia sigue en sus manos, el vicepresidente solo se hace cargo del despacho. Sí creo que es importantísimo que la presidente del Perú pueda salir a actuar internacionalmente, en una época donde se hace tanta diplomacia presidencial sería un error que la presidente no pudiera salir. Está claro que la actual situación [de un presidente sin vicepresidentes] no fue prevista por los constituyentes de 1993. Hay que cubrir esa situación.

Cualquier figura que se discuta no la voy a objetar, lo importante es asegurarse que, en una época de un mundo bastante interconectado, de tanta diplomacia presidencial, el presidente o en este caso la presidenta del Perú pueda asistir a una reunión internacional, donde hay intereses del país en juego.

— Si, eventualmente, Boluarte puede salir del país, ¿la diplomacia presidencial puede resolver el impase con México y Colombia? ¿Puede contrarrestar la narrativa de los operadores de Castillo?

Si, creo que obviamente su presencia puede ayudar a contrarrestar esa narrativa. No sé si sirva para solucionar los temas de confrontación, yo creo que hay demasiada ideología como para que podamos imaginar que eso se va a solucionar por los buenos modales y las buenas actitudes. No hay acá ningún contencioso, aquí hay ideología pura y dura, “yo soy de izquierda, ha salido [del poder] mi amigo de izquierda, yo soy tu enemigo, no me importa por qué salió, yo me hago mi propia narrativa para poder justificar por qué soy tu enemigo”. Pero [el problema con México y Colombia] es por ideología pura, esto no se puede superar fácilmente. La presencia de la presidenta afuera puede ayudar a que circule mejor la narrativa exacta de lo que ocurrió [en el Perú].

— El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluye que hubo “graves violaciones de derechos humanos” en las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso. ¿En el frente internacional, cómo deja este documento al Perú?

Mire, no es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una institución a la se escuche internacionalmente, probablemente en la región latinoamericana, sí, pero los otros países tienen sus propias fuentes de información. Probablemente, sirva para cierta narrativa en América Latina, pero ni en Estados Unidos ni en Europa el informe de la comisión se conoce ni se divulga.

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 22 de mayo de 2023
Para Lampadia

Según un reciente informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Ica es la única región a nivel nacional donde la pobreza afecta a menos del 10% de la población. En todas las demás regiones la pobreza supera el 10% y en algunos casos llega hasta el 40% de la población. En otras palabras, en base a los indicadores del INEI, Ica lidera el ranking nacional en cuanto a progreso económico y bienestar de sus ciudadanos.

Ciertamente se trata de una noticia positiva para Ica. ¡Cómo no va a ser positivo figurar como la mejor región a nivel nacional, en cuanto a situación económica de nuestra población! ¡Cómo no va a ser gratificante que se nos reconozca como una región pujante y diversificada, con pleno empleo, tal como se comenta con admiración en todos los rincones del país!

Bueno pues – modestia aparte – los iqueños tenemos los méritos para ostentar tan honroso sitial. Recuerdo allá por los años 2015 y 2016, cuando los anti mineros – con el Cura Arana a la cabeza – iban y venían entre Cocachacra y Marcona para tirarse abajo los dos proyectos mineros más emblemáticos del momento: Tía María en Arequipa y Mina Justa en Ica.

Para hacer corto el cuento, Tía María quedó en nada. Las autoridades arequipeñas – y los anti mineros – frustraron el proyecto. Sin embargo, Mina Justa salió adelante. Los iqueños enfrentamos a los anti mineros y le dimos nuestro respaldo al proyecto minero. Hoy, gracias precisamente a Mina Justa, Marcona cuenta con uno de los mejores institutos superiores tecnológicos de Sudamérica – el Instituto Luis Felipe de las Casas Grieve – mientras que la gente de Cocachacra, en el Valle del Tambo en Arequipa sigue en nada: pobre y amargada.

Pero no sólo eso, Shougang Hierro Perú también en Marcona, Nexa Resources en la Sierra de Chincha, y centenares de pequeños mineros que producen cobre y oro en toda la región, han convertido a Ica en una próspera región minera, con todos los beneficios que la buena minería conlleva: empleo formal y bien remunerado, demanda de bienes y servicios locales, tributación, canon minero, divisas y un sinfín de proyectos de desarrollo social en ámbitos tan variados como salud, educación, deporte, cultura, tecnología, infraestructura, turismo y demás.

Por otro lado, nuestra agricultura es lo mejor de lo mejor. ¡Claro que somos una potencia frutícola y hortícola a nivel mundial! Pero también tenemos la mejor avicultura. Somos los mejores en producción de huevos. Incluso, somos muy buenos en producción de pollos, leche y cerdos.

Nuestra pesca es la más limpia del país. Todos los vertimientos de las empresas pesqueras de Pisco se colectan en un solo punto, donde son tratados y luego vertidos mar adentro a través de un gran emisor submarino, diseñado técnicamente para mantener intacta la belleza y diversidad de la flora y fauna marino-costera.

Tenemos un turismo extraordinario: Paracas, Huacachina y Líneas de Nasca son nuestros estandartes. Sin embargo ¡qué decir del “Vamo’ pa’ Chincha Familia” y los maravillosos geoglifos de Palpa! Historia, cultura, naturaleza, aventura… tenemos turismo para todos los gustos.

¿Y nuestros vinos y piscos? Como industria vitivinícola… no hay quien nos iguale. Pero no sólo de excelentes vinos y piscos vivimos los iqueños. Nuestras empresas manufactureras y de servicios son súper diversas e imponentes: siderurgia, petroquímica, textilerías, metalmecánicas, energía térmica, eólica y solar, conectividad digital, tecnológicas, servicios portuarios… en Ica hacemos de todo. ¡Por eso tenemos pleno empleo!

Hasta aquí, la cara brillante de Ica. Ahora, vamos con la cara opaca. Javier Gallegos, Gobernador Regional durante el período 2019 – 2022 está preso. La justicia dispuso su encarcelamiento por liderar una mafia que traficaba con brevetes. Una mafia que él creó apenas asumió funciones en enero del 2019.

Pero eso no es todo. Pronto reventará el chupo de la corrupción en salud. Muchos audios dan cuenta de ello: venta de puestos en hospitales, robo de medicamentos, compra sobrevalorada de equipos, médicos que abandonan hospitales en horario de trabajo, coimas por doquier, etc.

Y como consecuencia de la podredumbre moral de Gallegos y su pandilla, en lo que va del 2023, Ica registra 24 muertes por Dengue. El mayor número de muertes a nivel nacional. ¿Acaso eso no es un indicador de pobreza extrema? ¡Cuánta crueldad, cuánta incapacidad, cuánta indignidad!

Ahora bien, no solo en el Gobierno Regional se cuecen habas. Respecto a las empresas municipales de agua y saneamiento, por ejemplo ¿cómo puede no ser pobre un pueblo que no tiene agua potable? Bueno pues, ese es el caso de la inmensa mayoría de iqueños. Durante todo el mes de marzo pasado, la ciudad de Chincha no tuvo agua. Ni una gota. Mis paisanos tuvieron que sobrevivir comprando agua carísima a camiones cisterna. Y lo mismo sucede en casi todas las ciudades y centros poblados de la región. Los servicios municipales de agua potable de Ica – y de todo el Perú – son un fracaso.

A lo que quiero llegar es que, como todo el país, Ica tiene dos caras contrapuestas. Una cara brillante que representa a nuestra gente; hombres y mujeres; niños, jóvenes y mayores; migrantes que vienen de todo el país a trabajar; empresarios peruanos y extranjeros, muchos arequipeños… dicho sea de paso; toda gente buena, trabajadora, inteligente, solidaria y querendona.

Pero Ica también tiene una cara opaca que representa a nuestras autoridades corruptas. Ciertamente tenemos corrupción en la sociedad civil. Pero claramente, el Estado lidera la podredumbre moral en Ica. Tal cual Raúl Doroteo, nuestro congresista por Ica que cambió votos por obras – y obras por coimas – en el vergonzoso caso “Los Niños”. Tal cual los 90 periodistas iqueños sobornados por Javier Gallegos para encubrir la corrupción en el Gobierno Regional. Tal cual el propio Gallegos, preso por traficar con brevetes. Tal cual algunos jueces y fiscales corruptos, que nunca faltan. Tal cual muchos otros funcionarios corruptos.

Ahí están las dos caras de Ica, la región más próspera del Perú. Sin embargo, entre nos… ¡cuánto mejor sería la región, si hubiera menos corrupción! Lampadia

Por: Mario Saldaña
El Comercio, 18 de Mayo del 2023

“El fallo marca un hito que hace frente a una narrativa perniciosa que desarma a la democracia frente a sus enemigos”.

El reciente fallo vía casación (N°1464-2021/Apurímac) de la Corte Suprema no dice nada que no sepamos desde los primeros años del presente siglo, específicamente a raíz del famoso ‘arequipazo’ durante el gobierno de Alejandro Toledo, cuando se produjeron múltiples desmanes por el intento de privatización de dos empresas eléctricas regionales.

Se supone que no existe peruano o peruana que no sepa que bloquear una carretera, vandalizar propiedad pública o privada, o afectar cualquier infraestructura –sobre todo aquella que sirve para que terceros ejerzan a plenitud sus derechos– es un delito. Permitir este último por la legitimidad de una expectativa incumplida o por algún eventual acto de injusticia sería el reino de la barbarie.

Un delito aquí y en muchos países de la órbita occidental u oriental, con gobiernos de derecha, de centro o de izquierda. El principio es elemental: todos tenemos la facultad de hacernos escuchar, de protestar con toda la fuerza y contundencia que sean necesarias, sin afectar a quienes no comulgan o participan de similar opinión o situación.

He participado en marchas y protestas desde que tengo 17 años por una gran diversidad de móviles. No me arrepiento de haber acudido a ninguna de ellas. Pero, desde mi época universitaria hasta las manifestaciones a las que he asistido en los últimos dos años, nunca se me ha ocurrido que el vandalismo o la agresión abierta a la policía sumaran a mi propósito. Mucho menos, buscar premeditadamente una represión brutal para luego reivindicar muertos.

La casación que comento claramente no está dirigida a las personas que comparten la convicción que expreso arriba, sino a quienes instrumentalizan las protestas como actos de violencia y agresión abierta a los agentes del Estado, o a la infraestructura pública o privada, ya sea para obtener una respuesta tan o más violenta o como extorsión para lograr sus fines.

Es el caso de los sucesos ocurridos tras el 7 de diciembre del año pasado. Los organizadores y financiadores de los desmanes (que derivaron en actos de terrorismo) siempre apostaron, ya sea a una no respuesta (violentar el principio de autoridad, como suele suceder en el país) o al uso de la fuerza con saldos trágicos (como sucedió), para legitimarse políticamente.

El fallo marca un hito clave para hacer frente a una narrativa perniciosa y sesgada que desarma a la democracia y a la legalidad frente a sus enemigos.

Fernando Rospigliosi
CONTROVERSIAS
Para Lampadia

Una de las razones del aumento de la criminalidad en el Perú es la llegada masiva de delincuentes extranjeros, sobre todo venezolanos, que son muy violentos.

Si bien la mayoría de migrantes que han tenido que huir de su país por el absoluto fracaso del socialismo del siglo XXI –que ha provocado el mayor éxodo en la historia de Sud América-, es gente trabajadora que quiere sobrevivir, un porcentaje son delincuentes.

En este momento se calcula que hay, aproximadamente, un millón y medio de venezolanos en el Perú.

Si el 5% son delincuentes, serían 75,000. (En la Policía Nacional algunos oficiales calculan que son el doble de esa cifra).

Si solo el 2% se dedican a actividades delictivas, serían 30,000. En cualquier caso, son cifras muy altas para el país.

Pero el problema más que cuantitativo es cualitativo. La violencia de la delincuencia en Venezuela es brutal, otra de las consecuencias del comunismo del siglo XXI que se instauró en ese desgraciado país.

En 2017, cuando empezó la huida masiva de venezolanos, el índice de homicidios en Venezuela alcanzó un pico de 89 por cien mil habitantes, uno de los más altos del mundo. (Bard, IA de Google).

Y desde esa fecha precisamente ha ido disminuyendo cada año:

2018, 81.4;
2019, 60.3;
2020, 45.6;
2021, 42.2;
2022, 40.4.

No es coincidencia. No es que haya habido una política anti delincuencia exitosa bajo la dictadura chavista. La disminución a menos de la mitad de la tasa de homicidios en cinco años se explica principalmente porque han exportado una enorme cantidad de criminales violentos. Y muchos de ellos están en el Perú.

Delitos como el secuestro, que había sido reducido a su mínima expresión, están volviendo a proliferar. Las extorsiones se han expandido exponencialmente.

La llegada de malhechores extranjeros no es lo único que explica el incremento de la delincuencia. El otro factor relevante es el desastre ocasionado por los últimos gobiernos en materia de seguridad, relacionado con la casi permanente crisis política.

El gobierno de Francisco Sagasti maltrató ignominiosamente a la Policía Nacional responsabilizándola falsa y arteramente de la muerte de dos delincuentes juveniles en los disturbios que le permitieron asaltar el poder. Y luego despidió ilegalmente a los primeros 17 generales del escalafón para poner como jefe a un inútil, cuyo único mérito era ser el engreído de la mafia caviar.

Con Pedro Castillo las cosas fueron peor. No tenían la menor idea de cómo enfrentar la inseguridad –ni les importaba-y el Ministerio del Interior se convirtió en botín de la caterva de delincuentes que se apoderó del gobierno, con compra de ascensos y toda clase de pillerías. Siete ministros y cinco comandos policiales fueron el legado del peor gobierno del siglo.

Con Dina Boluarte las cosas no han mejorado mucho. Tres ministros del Interior hasta ahora, maltrato a la PNP y ninguna política de seguridad ciudadana.

Uno de los problemas que dificulta –o a veces impide- combatir la delincuencia son las algaradas provocadas por los secuaces de Castillo. En esos momentos, la mayoría de policías disponibles se dedican al control de disturbios y muchos otros están en reserva en previsión de nuevos desmanes.

Y a veces frecuentes operativos que son exhibidos con orgullo: más de mil policías para desalojar ambulantes que permanecerán ahí para mantenerlos a raya; cientos de policías para incautar locales de Alas Peruanas; etc. etc. ¿De dónde creen que salen esos policías? ¿Qué tareas dejan de cumplir para efectuar esas otras?

En síntesis, el aumento de la delincuencia se explica, en parte, por la llegada de miles de criminales venezolanos, muchos de ellos muy violentos; y también por el fracaso y absoluto desinterés de los últimos gobiernos para aplicar una política eficaz de seguridad.

Lampadia

Uri Landman
Para Lampadia

Joaquín Guzmán Loera, más conocido como “el Chapo”, es un narcotraficante mexicano que fue jefe del Cártel de Sinaloa hasta su extradición a Estados Unidos en el año de 2017.

Después de su primera fuga en el año 2011 del penal de máxima seguridad de Puerto Grande, en Jalisco-México, se convirtió en el hombre más buscado por el FBI. Se ofreció 7 millones de dólares a quien proporcionara información que llevara a su ubicación y captura.

El 22 de febrero del año 2014, “el Chapo” fue detenido por segunda vez, por personal de la Marina Armada de México, en Mazatlán, Sinaloa.

La noche del 11 de Julio del año 2015 “el Chapo”, protagonizó uno de los escapes más increíbles de la historia. Gracias a la construcción clandestina de un túnel de 1.5 kilómetros de largo que conectaba la ducha de su celda con una casa a medio construir en el exterior del Centro Federal de Readaptación Social Número 1, Joaquín Guzmán logra escapar por segunda vez.

Durante medio año, las autoridades mexicanas persiguieron a “el chapo” hasta que finalmente lo logran atrapar por tercera vez, el 8 de enero del año 2016. Esta vez ya no tendría escapatoria.

A pesar de los recursos presentados por sus abogados, en los cuales alegaban que la extradición del “chapo” era ilegal, éste fue extraditado a Estados Unidos el 20 de enero de 2017 a Nueva York, uno de los estados que reclamaba a Joaquín Guzmán por múltiples delitos.

El juicio a Guzmán fue pospuesto en dos ocasiones por mociones presentadas por la defensa. Finalmente, el 5 de noviembre del año 2018, el juez Brian Cogan dio inicio a lo que se llamó “el juicio del siglo”. Se acusó a Guzmán de liderar una organización criminal, “El Cártel de Sinaloa”, a través de la cual distribuían drogas en Estados Unidos, lavado de activos y tenencia ilegal de armas. En su momento, la revista de finanzas Forbes, estimó la fortuna de “el chapo” en mil millones de dólares.

La acusación, a cargo de la fiscal Andrea Goldbarg, presentó más de 300,000 páginas de evidencia y 56 testigos en contra de Joaquín Guzmán. El juicio duró cuatro meses y en febrero del año 2019, Guzmán fue encontrado culpable de los delitos imputados. En julio de ese mismo año, fue condenado a cadena perpetua por delitos de narcotráfico, más 30 años por violencia con armas y otros 20 años por lavado de activos.

Para los peruanos es casi imposible imaginar un proceso legal que incluye: acusación fiscal, juicio y sentencia, que dure dos años y medio. Leer de un juicio con 300,000 páginas y 56 testigos, en cuatro meses, es algo que linda con la fantasía.

El escándalo de Lava Jato, estalló en Perú en el año 2016 con la publicación por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que revelaba que la constructora brasilera Odebrecht, había realizado pagos millonarios por sobornos, a funcionarios peruanos para ganar licitaciones públicas.

Hasta el día de hoy, 7 años después, el equipo especial Lava Jato, encabezado por Rafael Vela Barba y secundado por José Domingo Pérez, no ha obtenido una sola sentencia condenatoria.

El único funcionario público peruano, acusado y sentenciado por el caso Lava Jato es el ex-gobernador de Ancash, César Álvarez, quien recibió una condena de 8 años y 3 meses de prisión por los delitos de colusión agravada y negociación incompatible al haber recibido 2.4 millones de dólares de Odebrecht, por la carretera Carhuaz-Chacas-San Luis. Sin embargo, este caso no fue visto por los fiscales del equipo especial Lava Jato, sino por el fiscal Elmer Chirre, de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Anticorrupción.

En los casos de Ollanta Humala, Nadine Heredia, Alejandro Toledo, PPK, Keiko Fujimori, Susana Villarán y tantos otros, los fiscales del equipo especial, a duras penas han presentado la acusación fiscal después de años de investigaciones y los juicios ni siquiera han empezado.

En el caso de Susana Villarán, el fiscal José Domingo Pérez se ha tomado nada menos que 6 años para concluir la investigación preliminar y presentar acusación.

Esta “ineficiencia” del fiscal es más escandalosa todavía, en vista que las empresas OAS y Odebrecht han reconocido ante la fiscalía, el haber pagado un soborno de 11 millones de dólares a la ex alcaldesa, quien a su vez ha reconocido haber recibido el dinero. ¿Cómo es posible que el fiscal Pérez haya demorado 6 años en terminar una investigación?

Además de la sospecha evidente que tenemos los peruanos de la manipulación política e ideológica, por parte de los fiscales del equipo Lava Jato de los casos que manejan, ahora nos damos con la sorpresa que el fiscal Pérez, va a dejar la fiscalía al haber postulado a una plaza de juez superior.

¿Se acuerdan cuando Barata declaraba en Brasil antes los fiscales y de manera simultánea IDL publicaba dichas declaraciones reservadas? ¿IDL tenía un “topo” en la fiscalía?

Ante la imposibilidad de los caviares de seguir manejando la fiscalía a su antojo, con la llegada de la fiscal Patricia Benavides, han decidido buscar foros más propicios para su lucha ideológica. Es de conocimiento público que la Junta Nacional de Justicia, entidad que nombra a jueces y fiscales, estaría bajo la influencia de los caviares. Ello, garantizaría una plaza a todos aquellos jueces afines a su agenda política, en un Poder Judicial que no se caracteriza por su honestidad o transparencia.

El fiscal Kennedy dijo: “Cada sociedad tiene el tipo de criminal que se merece”, depende de nosotros tener a los fiscales y jueces que nos merecemos. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 15 de mayo de 2023
Para Lampadia

En el tráfico de terrenos, claramente ganan las mafias. Me refiero a las mafias municipales: alcaldes, regidores y funcionarios corruptos. Además, gana la telaraña, también mafiosa, compuesta por funcionarios de las diversas instituciones registrales del país, como el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI), la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP), los programas regionales de titulación de tierras (PRETT´s), la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN), etc.

Como no podía ser de otra forma, las mafias del tráfico de terrenos también incluyen a efectivos policiales, fiscales y jueces corruptos, matones que nunca faltan, todos coludidos con los traficantes propiamente dichos.

Rodolfo Orellana, Sada Goray, los sobrinos del expresidente Castillo y una larga lista de congresistas y personajes de mal vivir se han hecho conocidos, precisamente, por ser parte de las mafias del tráfico de terrenos en nuestro país.

Sin embargo, ahí no termina la cosa. En el tráfico de tierras, ganan también los proveedores de agua en cisternas, esteras, palos, alambres, calaminas, clavos, plásticos, cartones, etc. Incluso, los que brindan “servicios de seguridad”. El entrecomillado es adrede, porque los tipos esos, de custodios no tienen nada, y sí, mucho de extorsionadores, puesto que cobran por no robar. Efectivamente, el que no paga cupo… ¡ay de él o ella! Chau quiosco, chau moto o triciclo, chau celular, chau lo que sea.

Ahora bien, la otra cara de la moneda del tráfico de terrenos muestra a los que pierden. Entre los perdedores están los propietarios de los terrenos invadidos – el Estado o los privados – que pierden sus propiedades. Pero pierde también la pobre gente que cae en la trampa sin salida de las mafias en cuestión.

Efectivamente, el sangrado mafioso es inevitable, implacable e interminable.

Pago por la “adquisición” del lote. Un papel cualquiera “certifica” la operación de compra – venta.
Pago por afiliación y mantenimiento de la “asociación pro vivienda”. Las asociaciones suelen llevar los nombres de políticos de moda: Ollanta Humala Tasso, Keiko Fujimori Higuchi, Juan Velasco Alvarado, y así.
Pago de cuotas extraordinarias para el saneamiento de los certificados de posesión. El trámite de titulación puede demorar 15 o 20 años, y hasta más, previo pago de cuantiosas coimas, sin ninguna rendición de cuentas de por medio.

Al final, los pagos suman mucho más de lo que se pagaría por un crédito hipotecario comercial para la compra – venta de una vivienda de S/. 100,000, con todos los servicios públicos bien puestos, y con todas las formalidades registrales del caso.

Pero no, mucha gente vive en condiciones deplorables: sin agua, sin electricidad, sin seguridad, sin nada. Sólo polvo y esteras. Aunque, eso sí, infaltable, la desteñida banderita blanquirroja… en el techo.

Bueno pues, 1’600,000 familias peruanas viven así… 8 millones de peruanos. La cuarta parte de la población peruana no tiene vivienda.

Porque no me vengan con que una choza de esas puede considerarse una vivienda digna.

Esta descomunal tragedia urbanística nacional saltó a la luz en la reciente pandemia de COVID 19. ¡8 millones de peruanos no tenían casa para cumplir la cuarentena! ¡Y otro tanto no tenía agua para lavarse las manos! ¡Habrase visto tamaña injusticia! ¡Oh diosa corrupción… cuánto daño, cuánta crueldad, cuánta miseria has traído a nuestro país!

El problema es que el Estado hace muy poco al respecto. Mejor dicho, estoy convencido de que el Estado propicia, adrede, el caos urbano y el tráfico de terrenos a nivel nacional. Repito. El Estado está metido en la colada. ¡He ahí el problema!

Quitarle las competencias de vivienda y urbanismo a los Municipios Distritales y Provinciales de todo el país. ¡Esa es la propuesta!

Y en su reemplazo, crear una Autoridad Nacional Autónoma (ANA) – tipo Banco Central de Reserva (BCR) – encargada de llevar a cabo todos los procesos de planificación y desarrollo urbano en todo nuestro país. Una ANA apolítica, desideologizada, profesional, meritocrática, súper especializada en la materia. Cero tráfico de terrenos. Todos los traficantes a la cárcel. Cero invasiones. Ninguna invasión calificaría para ninguna titulación… nunca.

Incluso, habría que prohibir la autoconstrucción de viviendas en todo el país. Pero eso sí, para que la cosa funcione, el Estado tendría que promover masivamente la construcción de urbanizaciones y viviendas de bajo costo – bien construidas – en terrenos de su propiedad… que los tiene. ¡Y de sobra!

Construir 200 mil viviendas populares al año, para que en 10 años hayamos resuelto el problema de la vivienda en el país. ¡Ese es el desafío! Para ello se requiere invertir US$ 50,000 millones, los cuales generarían un millón de empleos directos. ¡Ese es el reto!

Simplificar radicalmente y digitalizar al máximo todos los procesos de licencias y permisos de construcción y titulación de tierras y de propiedad inmobiliaria. ¡A eso debemos llegar!

¡No a los turbios negocios del tráfico de terrenos! ¡Sí a la vivienda digna para todos los peruanos!

Lampadia

Por: Patricia Benavides
Expreso, 13 de Mayo del 2023
Escrito por: Wilber Torres

Señala que no será ella quien entregue su investigación de grado, para evitar «que hagan escarnio» de ello.

Durante la ceremonia de celebración del 47° aniversario de creación del Ministerio Público, la titular de esa institución, Patricia Benavides, se pronunció e hizo frente a los sectores políticos que cuestionan la obtención de sus grados académicos para deslegitimar su labor.

“Desde que decidí investigar a la corrupción en el poder, he recibido amenazas de muerte contra mí y contra mi familia en el intento de que fuerzas oscuras traten de detener nuestro trabajo. Esta referencia personal no la hago por mí, pues sabré defenderme en el espacio correspondiente, sino porque a través de mi persona se pretende deslegitimar a la institución que hoy represento y eso no lo voy a permitir”, manifestó durante su discurso.

Benavides aseveró con firmeza haber cumplido con todos los requisitos de la ley para ostentar el cargo de fiscal de la nación y aseguró haber guardado silencio todo este tiempo para “no ser parte de un circo”.

“Se ha dicho que no tengo tesis, ante ello he guardado prudente silencio para no seguir alimentando la campaña y para no responder ni ser parte de un circo de aquellos que buscan cinco minutos de fama a costa de los que sí trabajamos y luchamos contra la corrupción.”, dijo.

“Si tengo los grados es porque sustenté y presenté las tesis, pero no seré yo quien las entregue el producto de largos meses de intenso trabajo para que hagan escarnio de él”, agregó.

Benavides también denunció que existe un interés en tener a una Fiscalía sometida a sus intereses. “Aquí se han encontrado con una fiscal de verdad, que no acepta dictados de nadie, más que de la ley”, concluyó.

Fausto Salinas Lovón
Para Lampadia

Antes de que la Fiscal de la Nación Patricia Benavides hubiera presentado el 11 de octubre pasado la denuncia constitucional contra el filo senderista Pedro Castillo Terrones, ya había recibido 3 denuncias constitucionales: una presentada por Kelly Portalatino, otra por Guillermo Bermejo y una tercera por la inefable Betssy Chávez. Todo el aparato de ablandamiento político del gobierno comunista de Castillo ya había disparado contra ella, había iniciado la persecución, buscando evitar lo inevitable: que denunciará al cabecilla de la mafia roja que asaltó el poder el 28 de julio de 2021 gracias al apoyo de tantos tontos útiles de nuestra política.

Los siguientes en denunciar a la Fiscal fueron los abogados de Castillo: doctores Atencio y Noblecilla, quienes no dudaron en solicitar a la Junta Nacional de Justicia su inmediata suspensión cautelar en el cargo. Toda valía a la hora de evitar el enjuiciamiento de Castillo.

El asedio contra la Fiscal había sido de tal magnitud que hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, de probada orientación pro marxista, se vio obligada a dictar una tibia Medida Cautelar en favor de ella y su núcleo familiar en febrero de 2023.

En abril de este año, la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que tarda años en destituir a jueces corruptos, admitió rápidamente a trámite una hilarante denuncia contra la Fiscal por haber recibido una condecoración del impertinente Alcalde de Lima. La impertinencia política de Porky de querer abrazar a todo el mundo sirvió de coartada para un nuevo ataque a la Fiscal. El pretexto: Una denuncia formulada por quienes acusan al esposo de la Fiscal de ser propietario de una empresa proveedora de servicios a la minería, hecho por el cual ciertamente nadie puede ser denunciado.

Susel Paredes, la Congresista de la República del Partido Morado, que había afirmado que Castillo “puede ser un delincuente, pero no hay que destituirlo”, ha acusado recientemente a la Fiscal Benavides de haber plagiado sus tesis, basada en la afirmación de una persona cuyo nombre no puede revelar.

A todos estos acusadores de la Fiscal, cuyo origen y fin político es más que obvio, se suman, lamentablemente y como siempre, los tontos útiles que desde la academia, el foro, la política o la prensa denostan a la Fiscal, no por haber acusado a Castillo (a quien implícitamente defienden), sino por sus títulos de post grado de la Universidad Alas Peruanas, con un tufillo clasista y snob, impropio para estos tiempos.

Dime quienes te acusan y te diré quién eres. Vale para el caso de la Fiscal Benavides.

Felizmente, otros millones de peruanos, entre los que me cuento, que ni siquiera conocemos a la Fiscal Benavides, no vemos el vaso medio lleno de la Fiscal, sino la entereza de asumir la acusación más compleja de la historia política peruana, contra el primer marxista que llegó al Poder y delinquió desde allí, enfrentando a todo el aparato político de respaldo que este tiene hasta hoy y la complicidad internacional que lo socapa. Para nosotros, que bien que haya sido una Fiscal de Huancavelica, con títulos de pos grado de Alas Peruanas quien haya tenido la valentía que otros, con títulos en apariencia más vistosos no hicieron y que más bien se pusieron al servicio del aprendiz de dictador. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

La semana pasada la Comisión de Educación del Congreso aprobó dos proyectos de ley que atentan gravemente contra la meritocracia en el magisterio. Es decir, contra la educación de los niños y jóvenes y contra el futuro del país.

En uno de ellos se dispone el nombramiento extraordinario de los docentes contratados en los Institutos y Escuelas de Educación Superior Tecnológicas y Pedagógicas públicas, es decir, un nombramiento automático, sin concurso público de méritos, contraviniendo no solo solo la Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior, sino la norma para el ingreso a cualquier institución en la administración pública, que requiere concurso público. Una de las consecuencias es que se excluye a miles de profesionales capacitados que podrían postular por una plaza vacante.

Esta fue la votación para ese dictamen:

Roberto Chiabra nos explica que votó a favor del dictamen porque hace muchos años que no se han abierto vacantes en los institutos. Pero si se abren plazas el acceso a ellas debe ser por concurso, no por nombramiento automático. Eso rompe el principio meritocrático que debería ser inviolable si queremos mejorar la educación y el país.

El otro proyecto de ley aprobado en la Comisión es el que establece que los profesores que se desempeñaron como directores o subdirectores en Instituciones Educativas y que fueron retirados por la Resolución de Secretaría General N° 2074-2014-MINEDU, pueden acogerse a un concurso excepcional para poder retornar a sus cargos.

Esto desvirtúa claramente la Carrera Pública Magisterial según la cual los profesores, para acceder a un cargo de director o subdirector, deben pasar por un concurso a nivel nacional en el que solo pueden participar profesores nombrados ubicados como mínimo en la tercera escala magisterial y con trayectoria y experiencia suficientes de modo que terminen ocupando los cargos quienes obtienen mejor puntaje en el concurso. No es posible que se establezca un concurso excepcional para profesores que ya fueron retirados y en el que, por añadidura, tampoco compitan con otros acaso mejor preparados.

Esta fue la votación para este dictamen:

La meritocracia es un principio que debería ser prácticamente sagrado. Violarlo es favorecer a personas eventualmente no calificadas en perjuicio de la calidad de los servicios públicos y del aprendizaje de los estudiantes en este caso. La meritocracia es la única garantía que los recursos del Estado, que son de todos los peruanos, se gastarán con un resultado positivo para la sociedad en su conjunto. No se puede hacer concesiones en este terreno. Esos proyectos no pueden ser aprobados. Lampadia