Fernando Rospigliosi
CONTROVERSIAS
Para Lampadia

La presentación de una cuestión de confianza es un paso más en la escalada del gobierno para amedrentar al Congreso y a la vez distraer la atención de los escándalos que perpetran diariamente, entre otros las groseras diatribas de Aníbal contra Sol Carreño de Cuarto Poder. O el éxito de la marcha opositora del sábado 5.

El tema de la cuestión de confianza, que podría conducir a la clausura del Congreso, no tiene sentido. El gobierno pide derogar una ley aprobada que precisamente regula la cuestión de confianza y que ha sido considerada perfectamente constitucional por el único organismo autorizado para ello, el Tribunal Constitucional.

Pero a este gobierno la legalidad le importa un comino, para ellos la política es una confrontación en la que solo importa la fuerza. (Ver “La política como fuerza”, El Reporte, 30/10/22). Y con eso están amenazando ahora también.

Precisamente el jueves 10, día en que Torres quiere presentarse en el parlamento para sustentar su proyecto, ellos han convocado a una marcha, cuyos temas están reflejados en los afiches de convocatoria de la “Gran marcha nacional La Toma de Lima”. Sus demandas son “Cierre del Congreso y nueva Constitución”, “Renuncia de la fiscal de la Nación”.

En otro cartel, “La Toma de Lima” de supuestos reservistas, dicen: “Sacaremos a todos los korruptos del sistema judicial y el Congreso”.

Son los mismos asuntos que Pedro Castillo, Torres y sus secuaces repiten diariamente, los ataques al Congreso y la fiscal de la Nación. Es decir, como comunistas corruptos que son, no soportan la división de poderes y las investigaciones sobre el saqueo del Estado que perpetran sistemáticamente.

En realidad, lo que están haciendo ahora es solamente reiterar sus verdaderas intenciones, que han manifestado desde la campaña electoral y desde el primer día en que ocuparon el gobierno.

Desde el punto de vista legal y constitucional, como han manifestado los expertos, el proyecto de ley y la cuestión de confianza no tienen sentido, pero como se sabe, eso en el Perú no es decisivo. El 2019 el Lagarto disolvió el Congreso sin justificación legal y se salió con la suya, respaldado por una coalición de caviares, medios de comunicación, políticos izquierdistas y la complacencia de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Como es obvio, el gobierno no es capaz de despertar el entusiasmo de la población y obtener un respaldo en las calles. Pero si puede organizar, usando los recursos del Estado, a matones, delincuentes y antauristas que provoquen disturbios. Manejando, además, a la policía, pueden permitir a esas pandillas realizar asomadas que el gobierno puede utilizar con cualquier propósito.

Paradójicamente, un gobierno repudiado abrumadoramente por la ciudadanía como muestran las encuestas, las espontáneas expresiones de rechazo que suscita Castillo cada vez que aparece en público o movilizaciones como la del sábado pasado, pretende que los representantes congresales le otorguen una confianza que los ciudadanos hace tiempo le han retirado.

Una vez más, es evidente que solo con soluciones radicales se puede impedir que la delincuencial gavilla comunista que se ha apoderado del gobierno termine liquidando lo poco que queda de democracia. Lampadia

Por: Aldo Mariátegui
Perú21, 9 de Noviembre del 2022

“Es delirante que un abogado como Torres presente un disparate como una cuestión de confianza sin ton ni son”.

-No solo estamos gobernados por pericotes baratos, ignorantes supinos e ineptos siderales, sino que ahora le suman la locura a esos atributos. Es delirante que un abogado como Torres presente un disparate como una cuestión de confianza sin ton ni son y como reacción infantil al sentirse muy cuestionado por su exabrupto contra Sol Carreño. Como bien explica el Dr. Ghersi:

“No cabe la cuestión de confianza sobre un proyecto de ley para derogar una ley del Congreso. Es NO es materia de política de gobierno”. Lo más triste es que Torres ha sido decano del Colegio de Abogados de Lima, catedrático en San Marcos e integrante del Consejo Nacional de la Magistratura, por lo que solo cabe pensar que: 1) Torres es otro ignorante como Castillo y que cualquiera entonces puede llegar a esos puestos en el Perú. 2) Torres ya está senil y por reblandecido presenta este dislate o 3) Torres es un mañoso que sí sabe bien lo que hace y lo que busca es agitar las aguas y agudizar el conflicto con el Congreso, sea para confundir a esa visita de la OEA tan cercana, sea para buscar cerrar el Congreso con alguna vizcarrada tipo “denegación fáctica”, ese legicidio golpista que provocó el payaso de Salvador del Solar con su show y que santificaron los indignos miembros del TC Espinosa-Saldaña, Ledesma, Miranda y el finado Ramos (junto a los serviles uniformados de la fotito con “el lagarto” y el aplauso o silencio de la mayoría de la prensa). El Congreso debe rechazar esta maniobra. De insistir Torres, se debe proceder a la vacancia y a la convocatoria de elecciones. Ya estuvo bueno de soportar a esta abominación.

-Qué casualidad que le dieron el pasaporte diplomático a Toledo en ese consulado peruano en EE.UU. justo cuando Manuel Rodríguez Cuadros, canciller bajo el toledismo, controla desde ese cargo en Nueva York a Torre Tagle como si fuera su chacra… Y tal parece que ese ser tan repelente que es Harold Forsyth reemplazará a Oswaldo “Matusalén” de Rivero como embajador en EE.UU.

Quiere reforzar su argumento ante la OEA

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El gobierno sabe que la cuestión de confianza que ha planteado sobre un proyecto de ley que deroga la ley 31355, que regula la cuestión de confianza, no procede justamente porque esa ley, declarada constitucional por el Tribunal Constitucional, establece, con puro sentido común, que el Ejecutivo puede plantear cuestiones de confianza sobre las políticas que le competen pero no  sobre materias “que afecten los procedimientos y las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso…” y de otros órganos constitucionales.

Si lo sabe, ¿por qué lo hace? 

Pues para reforzar su argumento ante la OEA de que el Congreso ha generado un desequilibrio de poderes al limitar la cuestión de confianza y mantener la vacancia, para así llevar adelante una “nueva modalidad de golpe de Estado”. Pero, como sabemos, la vacancia es constitucional, y la ley que se quiere derogar, también.

El gobierno abona así al cuento gubernamental de que el Congreso, la Fiscalía y la prensa incuban un golpe. De paso, abona también el relato de que el Parlamento solo obstruye, censura, abusa del control político, y no propone nada, porque su única obsesión es la vacancia. Lo que, por supuesto, no es cierto. A este Congreso se le critica más bien por dejar de censurar a ministros que clamorosamente debían ser censurados, y esto por haber sido parcialmente sobornado por el Ejecutivo. El Ejecutivo usa la corrupción incluso para controlar al Congreso. 

Y es evidente que, si la denuncia constitucional planteada por la Fiscal de la Nación tiene el problema del artículo 117 de la Constitución, la Carta Magna no puede tampoco permitir la impunidad frente a la corrupción y a la destrucción institucional flagrantes, y por eso una de las salidas es la vacancia por incapacidad moral permanente. Para eso existe esa institución en la Constitución. Por lo demás, es un imperativo demandado por un sector mayoritario de la opinión pública.

Pero hay otra razón que podría explicar la presentación de la cuestión de confianza: buscar que el Congreso, si no la declara improcedente, la rechace, disparando así su primera bala de plata y obligando entonces al consejo de ministros a renunciar. Sería el mejor final que el inefable y cuestionado Aníbal Torres podría imaginar para sí mismo: inmolarse para conseguir, con una segunda cuestión de confianza, la disolución del Congreso.

Y de repente hay iluminados en el consejo de ministros que piensan que una vía alternativa para obtener el mismo resultado, si es que el Congreso simplemente declara improcedente el pedido de cuestión de confianza, sería declarar que el parlamento ha denegado fácticamente la confianza, provocando la renuncia del gabinete. Esto siguiendo el camino lamentable e inconstitucionalmente habilitado por el anterior Tribunal Constitucional luego del cierre del Congreso ejecutado por Vizcarra.

Por supuesto, ni aun así esta vía alternativa sería válida por la sencilla razón de que el Tribunal Constitucional convalidó la constitucionalidad de la ley que el Ejecutivo quiere que se derogue.  

La propia ministra de Cultura, Betssy Chávez, ha declarado ayer: “El objetivo no es cerrar el Parlamento, pese a que hemos ido a diferentes partes del país y hay un pedido de la ciudadanía”. No es casualidad que para mañana 10 de noviembre, fecha en la que el gabinete ha solicitado ir al Congreso a sustentar la cuestión de confianza, se anuncie una marcha de los pueblos y organizaciones del interior al Congreso precisamente para demandar su cierre. El Ejecutivo quiere sustentar su pedido al calor del “clamor” popular.

Como se ha dicho, si el Congreso gastara su primera bala de plata, ello podría animar a muchos congresistas hoy renuentes a votar por la vacancia, para matar antes de morir. Quizá sea lo mejor. Lampadia

Por: SNI
Twitter, 2 de Noviembre del 2022

Por: Aldo Mariátegui
Perú21, 1 de Noviembre del 2022

“En puridad, CSM y su sala deberían descartar el lavado de activos. En puridad, la JNJ debería botar sin asco a CSM…”.

Ciertamente, César San Martín (CSM) no merece ser ratificado este 2 de noviembre por la JNJ como vocal supremo por su “doctorado express” de la UNSA, por su llamada al juez Walter Ríos, por su nombre y sus movidas en la libreta de Nadine, por haber fallado a favor del BCP siendo aún apoderado del banco, por haber coordinado por e-mail la condena a Fujimori con abogados españoles, por haber permitido que Odebrecht pueda seguir trabajando en el Perú o por presionar a la jueza Rojassi en el caso Chavín. Por eso, este audio propalado este domingo en Panorama, en el que se oye a Nadine y Ollanta coordinando una reunión con CSM y que reconfirma su relación ilícita con esta pareja, es una raya más a la pantera: CSM hace rato que es indigno de ser un vocal supremo.

Pero tampoco seamos ingenuos: ese audio es un “guardadito”, que no se ha filtrado “casualmente” justo cuando estamos en vísperas de que la JNJ entreviste a CSM y que este, a su vez, examine una casación clave de los Humala, que determinaría que estos no cometieron el delito de lavado de activos (lo que también beneficiaría a Keiko y otros). Se sabe perfectamente que la Fiscalía (y la caviarada y la Procuraduría) tiembla ante la posibilidad de que esto suceda, pues eso significaría que son unos ineptos o que fueron muy malvados y que metieron presa a mucha gente por gusto. Y saben que la prensa que antes les endiosó tanto ahora se quedaría calladita o les masacraría merecidamente (después de colaborar esta misma prensa con los fiscales y Vizcarra a destrozar juntos a la clase política y crear este vacío que ha parido a Castillo).

Estamos ante varias rutas válidas en su diversidad: en puridad, CSM debería inhibirse por las libretas y este audio. En puridad, CSM y su sala deberían descartar el lavado de activos. En puridad, la JNJ debería botar sin asco a CSM del Poder Judicial. Y en puridad, la Fiscalía y esa prensa se merecen el oprobio; por abusivos unos y serviles otros. Escoja usted su puridad en este W.C.

José Luis Sardón
Presentación en el Congreso de la Red Liberal de América Latina (Relial).
Santiago de Chile, 20 de octubre de 2022

Buenos días. Agradezco a Bertha Pantoja por su cordial invitación a estar aquí esta mañana con ustedes. Me es muy grato participar nuevamente en un Congreso de la Red Liberal de América Latina —en esta oportunidad, para dar, en 5 minutos, una mirada liberal a la cuestión constitucional en relación a la experiencia peruana. Paso de inmediato a hacerlo.

El 2016, el Jurado Nacional de Elecciones del Perú rechazó el pedido de inscripción como partido político que presentó el Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales (Movadef). Esta decisión confirmó una decisión previa de 2012, del Registro de Organizaciones Políticas, indicando que no cabía hacerlo porque adhería a una ideología totalitaria.

Cinco años después, empero, el Jurado Nacional de Elecciones, encabezado por un juez supremo de filiación ideológica extremista, aceptó que Perú Libre —un nuevo partido que tomaba el nombre del pisco con Coca-Cola, y que incluía al Movadef— participara en las elecciones generales, a pesar de que su Ideario y Programa mantenían el mismo contenido que antes había observado. Este incluía la propuesta siguiente:

Asamblea Constituyente y Nueva Constitución.
Necesitamos promover y lograr un cambio constitucional que incorpore un enfoque diametralmente opuesto, es decir, la brega por una Constitución solidaria, humanista, rescatista y nacionalizadora. La nueva CPP debe redactarse mediante una Asamblea Constituyente, la misma que debe concluir en el desmontaje del neoliberalismo y plasmar el nuevo régimen económico del Estado.

Se trataba de una iniciativa claramente inconstitucional, pues la Constitución peruana establece, en su último artículo, que “toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso”. A pesar de ello, habiendo conseguido la presidencia de la República en una ajustada y discutible segunda vuelta, Pedro Castillo —líder de Perú Libre— presentó el proyecto legislativo correspondiente en abril pasado.

En la primera vuelta, sin embargo, Perú Libre había conseguido solo 28% del Congreso. Además, cuando presentó el proyecto, los cuestionamientos a la gestión de Castillo —originados en la festinación de trámites requeridos para contratos públicos en vivienda, energía e infraestructura de transporte— ya se habían multiplicado. Por tanto, cuando el Congreso decidió archivar el proyecto, no hubo mayor protesta.

Pero el tiempo ha seguido pasando y las cosas han seguido cambiando. El abrumador rechazo a la nueva Constitución comunista chilena, del 4 de setiembre, parecería que ha terminado de hundir los ímpetus refundacionales del país de Perú Libre. No obstante ello, el cambio de posición del gobierno de Pedro Castillo es aún mayor.

En junio pasado, juramentó como nueva Fiscal de la Nación Patricia Benavides. Desde el inicio de su gestión, prometió escudriñar las informaciones existentes sobre corrupción en el gobierno. La semana pasada, Benavides culminó sus investigaciones presentando una denuncia constitucional ante el Congreso contra el presidente Castillo, por corrupción y otros tres delitos.

Castillo y sus colaboradores han respondido airadamente, indicando que esta denuncia no se ajusta a la Constitución. Señalan que el Artículo 117 de esta dice que “el Presidente de la República sólo puede ser acusado, durante su período, por traición a la Patria” y otras tres infracciones constitucionales. Parece, pues, que ahora son entusiastas de la Constitución que antes denostaban.

No son los únicos que han cambiado. Algunos constitucionalistas de izquierda —hasta ayer campeones de las interpretaciones audaces en la aplicación de la Constitución— son ahora textualistas y seguidores de Scalia. Habrá que ver en el tiempo hasta qué punto su conversión es auténtica y de corazón. Por si no lo fuera, quiero añadir lo siguiente:

Participar en un proceso electoral implica aceptar las reglas bajo las que se realiza. Si no se está de acuerdo con tales reglas, no se debe participar en él. Posteriormente, se pueden cuestionar tales reglas y plantear cambiarlas, pero a través del procedimiento previsto en ellas. Si no, se habría instrumentalizado el proceso electoral previo y destruido la confianza en todo proceso electoral futuro.

En el Perú, las elecciones generales 2021 se realizaron bajo las reglas de la Constitución de 1993. Resultó elegido Presidente de la República quien obtuvo más votos válidos en la segunda vuelta. No se consideró, por ejemplo, que, en la primera vuelta, esta misma persona obtuvo votos que correspondieron a apenas al 10.8% de los electores hábiles. No, su elección ha sido válida bajo las reglas de la Constitución de 1993.

Ahora bien, si dichas reglas legitiman su elección, resulta inaudito que él mismo pretenda cambiarlas sin seguir el procedimiento que ellas establecen para tal efecto. No cabe recurrir a un conjunto de reglas para lo que a uno le conviene y rechazarlas para lo que no. En un estado de Derecho, las reglas deben regir la conducta de los ciudadanos con independencia de que a alguno le favorezcan en un momento y lo desfavorezcan en otro.

Lampadia

Fernando Rospigliosi
CONTROVERSIAS
Para Lampadia

La liberación de Yenifer Paredes, la hija/cuñada de Pedro Castillo, es una de las más escandalosas evidencias de que el sistema de justicia no es confiable. Si se había dictado prisión preventiva para ella, era no solamente por su obvia participación en la red de corrupción que opera desde Palacio de Gobierno, sino por la posibilidad de que en libertad obstruya la justicia, borre pruebas, amedrente testigos y, eventualmente, fugue.

Con las nuevas informaciones que han aparecido en las últimas semanas, no cabe duda que eso no es solamente una posibilidad sino una realidad.

Por ejemplo, están las declaraciones de un colaborador de la fiscalía que admitió que Castillo le había ordenado quemar documentos comprometedores y arrojar al mar los celulares de edecanes a través de los cuales se comunicaba con sus cómplices para cometer delitos sin ser detectado.

También las visitas a las embajadas de Venezuela y México buscando posibles refugios para para parientes y secuaces. O el dinero que le entregaban a Bruno Pacheco mientras estaba prófugo para evitar que lo capturen y guarde silencio.

La llamada a Alejandro Sánchez, el dueño de la casa de Sarratea, implicado en varios de los negociados de Castillo, para que fugue cuando la policía fue en su búsqueda, es otra de las evidencias de que la gavilla que opera desde Palacio usa los resortes del poder para proteger a sus integrantes.

Sin olvidar, por supuesto, que Fray Vásquez y Juan Silva, dos notorios integrantes de la banda que está saqueando el Estado, siguen prófugos.

Como bien precisó el martes uno de los fiscales del equipo que investiga a esta pandilla, refiriéndose al caso de Yenifer, hay un poder innegable de la organización criminal que dirige Castillo que permite que esas cosas ocurran.

Pero no solo es el caso de Paredes. Recientemente la Tercera Sala de Apelaciones decidió disminuir la condena del corrupto ex gobernador de Cajamarca Gregorio “Goyo” Santos de 19 años y 9 meses de prisión, a 6 años y 8 meses, al anular la sentencia de uno de los delitos por los que fue condenado.

La misma sala revocó la comparecencia restringida que pesaba sobre Vladimir Cerrón por su vinculación con la banda narcoterrorista de los Quispe Palomino y también anuló la caución que debería pagar. (Expreso, 23/10/22).

La moraleja es que robar desde cargos públicos es un buen negocio aún si se es descubierto e incluso sentenciado, como lo muestra el propio caso de Cerrón, que logró que su condena de prisión efectiva fuera cambiada por libertad condicional. O el de Goyo Santos. O el de Wilfredo Oscorima, que fue sentenciado por corrupción y encarcelado, pero que también logró revocar su condena y se convertirá desde el 1 de enero nuevamente en gobernador de Ayacucho, región de sus anteriores fechorías, gracias al respaldo del pueblo.

La misma Tercera Sala de Apelaciones decidió revocar la comparecencia restringida que pesaba sobre los congresistas oficialistas Guillermo Bermejo y Guido Bellido por su relación con los narcoterroristas del Vraem, y también anuló el pago de la caución. Hace pocos días Bermejo fue recibido, junto con Castillo, con honores por las FFAA en Pichari, donde se encuentra la jefatura militar del Vraem.

Así, un sujeto señalado por la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) de la Policía Nacional por sus vínculos con el narcoterrorismo que opera en esa zona, es homenajeado por los que combaten a esa banda asesina y han sufrido -y siguen sufriendo- atentados que cobran la vida de sus miembros. Bermejo, además, fue detenido por la Dircote durante el segundo gobierno de Alan García acusado de preparar un atentado con explosivos contra la embajada de los EEUU. Ahora, junto con Castillo, fue a Pichari a alentar, con la protección de las fuerzas del orden, a los cocaleros ilegales que producen para el narcotráfico, que a la vez son el sostén de los remanentes terroristas de esa zona.

Y todavía hay ingenuos que creen que esta democracia fallida, corrompida desde sus cimientos, puede ser regenerada con sus propios mecanismos. A estas alturas, no hay duda que solo con soluciones radicales se podría evitar la destrucción del Perú. Lampadia

Por: Alfonso Bustamante Canny
Perú21, 26 de Octubre del 2022

“En el Perú habíamos visto a los políticos corromperse durante su gestión en el gobierno, pero nunca vimos a una organización criminal ser elegida para gobernar”.

Ayer leí un Twitter del presidente Castillo, separando al ministro de Salud por indicios de corrupción denunciados por un medio de comunicación. Parece incoherente, por que ante denuncias similares a su gestión, Castillo ataca a la prensa. Seguramente separará también a su administrador de redes, –quien le escribe los tuits– pues en esta línea de pensamiento Castillo debió renunciar a la semana de haber ocupado el sillón presidencial. Recordemos que el presidente Castillo despachaba descaradamente en el jirón Sarratea, recibiendo visitas de lobistas, asesores, contratistas y demás joyones sin dejar rastro ni evidencia de lo ahí acordado entre los visitantes, el presidente y sus ministros.

La Fiscalía formuló una denuncia constitucional a Pedro Castillo por liderar una organización criminal en el seno de su gobierno, por delitos de tráfico de influencias y colusión. Sustenta su acusación en más de 190 elementos de convicción que descubren cobros de coimas por nombramientos en puestos clave, por licitaciones ilícitamente obtenidas y por el uso ilícito de las facultades presidenciales.

En el Perú habíamos visto a los políticos corromperse durante su gestión en el gobierno, pero nunca vimos a una organización criminal ser elegida para gobernar. Tampoco habíamos evidenciado una descarada complicidad como la de los congresistas apodados ‘Los Niños’, presuntamente integrantes de la organización criminal de Castillo, quienes con sus votos negaron en dos oportunidades la vacancia presidencial.

Será tan evidente el deterioro que hasta el arzobispo Barreto y la Conferencia Episcopal se animaron a instar al presidente Castillo a renunciar y al Congreso a convocar a elecciones anticipadas; sin embargo, difícilmente Castillo y su organización criminal harán caso a este pedido.

Más allá de renunciar, Castillo ha convocado a la OEA para sostener su posición en el sillón presidencial. Lo que no es de extrañar, por la ya conocida tolerancia a la corrupción y a las dictaduras del uruguayo Luis Almagro, quien encabeza hoy la OEA (siempre que provengan de la izquierda). Recordemos que mientras sirvió como canciller de su país, Almagro elogiaba al corrupto dictador venezolano Hugo Chávez.

Nota. Recomiendo revisar en las redes sociales la pregunta que el estudiante de la maestría en Democracia y Gobernabilidad, Rafael de Osma Bedoya (@RafaelDeOsma1) formula a Luis Almagro en la Universidad de Georgetown, sobre la cual, lamentablemente, no tuvo respuesta.

Por: Dino Carlos Caro Coria
El Comercio, 26 de Octubre del 2022

“Si el TC declara fundada la demanda, el Congreso no tendrá más remedio que reformar la inmunidad presidencial”.

La Fiscalía de la Nación ha gatillado la denuncia constitucional, la única herramienta que nos otorga la Constitución para que el presidente Pedro Castillo sea efectivamente procesado y eventualmente llevado a juicio por los presuntos delitos que se le imputan, junto a los exministros Juan Silva y Geiner Alvarado, como los de organización criminal, tráfico de influencias y colusión desleal, en torno de los casos de Petro-Perú, Provías y del Ministerio de Vivienda. Por estos hechos, la fiscalía ha agotado la etapa de diligencias preliminares, la más elemental del proceso penal, orientada a recabar las pruebas inmediatas y a construir, aunque de modo provisional, las hipótesis delictivas en orden a formular imputaciones personales contra los investigados.

Sin embargo, conforme a la Constitución, la fiscalía no tiene la capacidad de pasar a la etapa preparatoria sin que previamente formule denuncia constitucional y esta sea tramitada y eventualmente aprobada como acusación por el Congreso. Solo durante la investigación preparatoria, atendiendo a la gravedad de los delitos y del peligro procesal latente –obstrucción de las investigaciones, planes de fuga o destrucción de pruebas–, la fiscalía podría solicitar medidas más graves contra los investigados, desde el impedimento de salida del país hasta una detención preventiva por 36 meses, al tratarse de una organización criminal.

Pero nada de esto es posible sin que el Congreso apruebe la acusación constitucional. Y, como ya es harto conocido, el artículo 117 de la Constitución no permite acusar al presidente sino por cuatro supuestos, entre los que no se encuentran los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.

Esta interpretación literalmente correcta, además de un claro sabor a impunidad, plantea dudas y contradicciones insalvables. Frente a ello, no son pocas las voces que se han levantado en las últimas semanas para postular interpretaciones constitucionales alternativas que superen la valla del artículo 117. La propia denuncia constitucional de la fiscalía sostiene, por ejemplo, que el sistema legal no impide que el Congreso tramite y apruebe dicha acusación porque la Carta Magna obliga al Estado a combatir la corrupción, lo mismo que los diferentes tratados internacionales de los que el Perú es parte y que ratifican ese deber, por imperio del llamado control de convencionalidad.

Una interpretación bastante plausible en los resultados, pero que no deja de ser polémica. Es un principio generalmente aceptado que las normas que establecen excepciones o restringen derechos, como el citado artículo 117, no deben interpretarse de modo extensivo, ni aplicarse por analogía. Ampliar los supuestos del 117, o ir más allá, asume el riego de convertir al intérprete en lo que no es, el legislador constitucional.

Acorde con ello, el rol protagónico de la fiscalía en la persecución de los delitos del presidente, la “corrupción del poder”, debe implicar, a mi juicio, dos acciones más. Por un lado, la presentación de un proyecto de ley de reforma urgente del artículo 117 de la Constitución de modo que la acusación constitucional contra el presidente esté permitida para tasados casos de corrupción, organización criminal o lavado de activos. En paralelo, la Fiscalía de la Nación tiene la legitimidad para interponer ante el TC una demanda de inconstitucionalidad contra el Congreso frente a esta inconstitucionalidad por omisión; es decir, por la inacción del Parlamento de tramitar y aprobar las necesarias reformas constitucionales que levanten la impunidad presidencial que actualmente emana del artículo 117 de la Carta constitucional. Si el TC declara fundada la demanda, el Congreso no tendrá más remedio que reformar la inmunidad presidencial, con efectos inmediatos para los casos de Castillo, por tratarse de una norma procesal sujeta al principio ‘tempus regit actum’ (el tiempo rige el acto, la ley procesal se aplica de inmediato).

Por: Aldo Mariátegui
Perú21, 26 de Octubre del 2022

“César San Martín debería inhibirse en ese caso por aparecer su apellido en las agendas de Nadine…”.

-¿Qué hacen Elvia Barrios y el resto de vocales saliendo a darle un espaldarazo público a un juez tan controvertido como César San Martín (conocido por sus tan precisas iniciales “CSM”) ante las críticas que un miembro del Ministerio Público –que es obviamente el fiscal Vela– le formula a CSM por no inhibirse de participar en la importantísima resolución que su Sala va a hacer en noviembre sobre si el delito cometido por Nadine Heredia es lavado de activos (y ojo que si no es lavado de activos para Nadine, no lo será tampoco para Keiko, cosa que angustia mucho a Vela, Pérez, el IDL, Mohme y el resto de la caviarada)? Todos los presentes en ese respaldo gremial saben perfectamente no solo que CSM debería inhibirse en ese caso por aparecer su apellido en las agendas de Nadine en una maniobra junto a “Ojitos” (¿Qué es Eguiguren, como afirmó Chehade?) para salvar al “Capitán Carlos”, sino que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) no debería ratificar a CSM como magistrado supremo este dos de noviembre próximo a las 15:30 horas (curiosamente, ese mismo día CSM comenzará a revisar la casación de Nadine a partir de las 9 am) por la cantidad de “anticuchos” que CSM acumula.

Hablando de Elvia, ayer se filtró el “Informe Thornberry” del JNJ (dicen que un conocido pajarito caviar lo consiguió y lo soltó), donde se recomienda destituirla como presidenta del Poder Judicial a causa de una aparente contratación irregular de su esposo. ¿Elvia hizo este plantón para también mandarle un mensaje a la JNJ sobre este pedido? ¿O será cierto ese fuerte rumor de que la JNJ está por hacer una poda masiva en la Corte Suprema en noviembre, que no se detendría solo en Elvia y CSM?

PD: Recemos por la salud del excura Marco Arana, del cual dicen que está internado en la UCI del hospital Rebagliatti porque el pericote le ha comido la lengua y le ha dejado mudo sobre Castillo con tamaña herida. De otro lado, su camarada Verónika Mendoza sigue desaparecida en los Pantanos de Villa.

Entrevista a Daniel Soria
Perú21, 21 de Octubre del 2022
Por: Alvaro Reyes Quinteros

Restituido procurador general defiende las investigaciones fiscales contra el presidente Pedro Castillo.

El abogado Daniel Soria logró que un juez constitucional ordenara su restitución en el cargo de procurador general tras batallar durante nueve meses. Su caso es enigmático porque representa un revés legal para el gobierno de Pedro Castillo, que arbitrariamente lo retiró de ese puesto.

El ministro de Justicia, Félix Chero, dijo que ya inició el trámite para ejecutar su reposición, que según el juez debió ser inmediata. ¿Por qué la demora?

Es cierto, hubo un retraso que no debió suceder. Sin embargo, confiamos en que están en la última etapa de este procedimiento. Lo que ha querido decir el ministro es que el proyecto de resolución ya se hizo y, probablemente, ya ha sido derivado al despacho presidencial para la firma correspondiente. Si es así, mañana (hoy) se estaría publicando en diario El Peruano.

Usted fue destituido por este gobierno en febrero de este año, y durante 9 meses guardó silencio mientras recurría a la justicia. ¿Confió siempre en retornar al puesto?

Ante estos problemas uno debe seguir los mecanismos que da la ley. Presenté la demanda de amparo en febrero y la sentencia recién salió este mes. Mi silencio se debió a que esperé la resolución de una autoridad competente; hay que respetar la institucionalidad para no seguir erosionando el Estado.

Su destitución vino después de haber denunciado al presidente Castillo por las visitas a la casa de Sarratea, ¿La Fiscalía actuó como usted esperaba?

Esa denuncia la presenté el 17 de diciembre de 2021, ahora la Fiscalía ha abierto más investigaciones y ha recogido evidencias. Ya tiene un primer producto que permite decir que se debe continuar la investigación en una fase preparatoria, y por eso presentó la denuncia constitucional ante el Congreso –que no es acusación– y ahora el Parlamento tiene un papel muy importante porque tiene que interpretar preceptos constitucionales que se remontan al siglo XIX que nunca fueron actualizados, como por ejemplo los alcances del artículo 117 de la Constitución.

¿Cree que el Congreso proceda a acusar al presidente interpretando la Carta Magna desde el contexto actual?

Cuando el artículo 117 de la Constitución señala que el presidente no puede ser acusado salvo en cuatro casos, esa palabra acusación tiene un contexto que se explica históricamente y se refiere a cuando la Cámara de Diputados la presentaba ante al Senado, no se refiere a la acusación fiscal; ese artículo fue pensado para la Constitución de 1860, mucho tiempo ha pasado y es claro que debe haber un equilibrio entre la inmunidad de los altos funcionarios y los propósitos de combatir la impunidad y la corrupción.

¿Para usted, entonces, es inadmisible que un presidente sindicado de encabezar una red criminal se mantenga en el cargo hasta el 2026?

En una democracia del siglo XXI, el nivel de inmunidad del artículo 117 es inadmisible y la Convención de Naciones Unidas va en ese sentido, señala que debe haber un equilibrio, no puede haber una inmunidad muy intensa.

¿El Congreso debería habilitar a la fiscal de la Nación a continuar investigando al presidente?

La Fiscalía debería continuar la investigación, pero el pase por el Congreso genera consecuencias. La tradicional norma que ha existido en todas las Constituciones es que, si hay elementos para pasar a investigación preparatoria, el funcionario debe ser suspendido del cargo. Algo parecido puede pasar hoy si se supera el escollo del artículo 117.

¿Cómo ha visto el accionar de los dos procuradores generales que han pasado en estos nueve meses? María Caruajulca, por ejemplo, no le formuló ninguna pregunta a Castillo en una diligencia fiscal.

Lo que corresponde a un procurador es preparar preguntas que puedan ayudar a la investigación. Ha habido falta de actuación, por eso es importante que los equipos de trabajo de la PGE se reorganicen y puedan ser un apoyo adecuado en las diligencias que continúen. Y acá no solo bastan las condenas sino conseguir las reparaciones civiles, para que ese dinero que salió de las arcas públicas regrese.

¿Qué opina que el gobierno recurriera a la OEA alegando un “golpe de Estado” por la denuncia fiscal?

Como profesor de derecho puedo decir que la Carta Democrática presentada por el gobierno tiene que ver con que la OEA busque información de manera amplia, no solo del gobierno sino de la sociedad civil, autoridades del Estado, como la Fiscalía y el Poder Judicial, para formarse un juicio. Esa es la forma de trabajar en estos casos y así realizar un diagnóstico adecuado.

Tenga en cuenta

-Según el artículo 117 de la Constitución, el presidente de la República solo puede ser acusado en funciones por traición a la patria, por impedir elecciones, disolver el Congreso ilegalmente y por impedir el funcionamiento de órganos electorales.

-Daniel Soria señaló que su mandato se prolongará por tres años, porque ya había cumplido dos años al ser destituido.

-No obstante, Soria indicó que si el Congreso aprueba el proyecto para que la JNJ elija al procurador general por concurso, está dispuesto a dejar el cargo antes.