Uri Landman
Para Lampadia

Para los amantes de la “La Guerra de las Galaxias” (Star Wars),  esta es la frase más famosa de toda la serie.

Nos remontamos al episodio conocido como “El Imperio Contraataca” en el cual Darth Vader, en medio de una lucha con espadas laser, le revela a Luke Skywalker que él es su padre. Darth Vader le ofrece unirse a él, para juntos tener el poder de derrotar al emperador y gobernar el universo como padre e hijo. Luke, devastado por esta noticia – ser el hijo de Vader – se lanza al vacío para escapar de su destino.

En la película “La Guerra de las Galaxias”, Darth Vader sabe que él tiene un poder limitado para derrotar al emperador, pero con la ayuda de Luke, ambos pueden vencerlo y ser los más poderosos del universo. Contrario a Darth Vader, él que cree que tiene un poder ilimitado, es Pedro Castillo.

La encuesta de IPSOS Perú realizada por encargo de Semana Económica, nos revela que la persona más poderosa del país es Castillo, según el 86% de los encuestados. En segundo lugar, se encuentra Aníbal Torres, el ex primer ministro y la tercera persona con el 55% de las respuestas, la fiscal de la nación Patricia Benavides.

El portero de palacio, según las palabras de Castillo, Vladimir Cerrón, se encuentra en quinto lugar de los más poderosos del país, para el 48% de los encuestados.

Para mí, es muy difícil creer que la gente perciba a Castillo como la persona más poderosa del país, por lo que revisé con detenimiento la ficha técnica de la encuesta de IPSOS Perú. De acuerdo a lo que pude leer, se entrevistaron solamente a 155 personas en línea, entre autoridades, políticos, periodistas, analistas, intelectuales, académicos, líderes de organizaciones no gubernamentales y líderes empresariales.

Por la descripción de la ficha técnica ya sabemos que la gran mayoría de entrevistados son caviares con una visión sumamente sesgada de la realidad peruana.  

¿Por qué afirmo que es difícil creer que Castillo es percibido como la persona más poderosa del país? Por varias razones:

A pesar que Castillo fue proclamado como presidente del país, un grupo importante de la población duda que su elección fuera limpia.

Una vez en el gobierno ha demostrado en múltiples oportunidades su mediocridad en la toma de decisiones y nombramientos de personas incapaces para resolver los temas urgentes para la ciudadanía.

A pesar de ser presidente, ha demostrado una falta de liderazgo en sus acciones para gobernar el país. Dicho en otras palabras, la mayoría de peruanos pensamos que Castillo no está gobernando y que más bien tenemos un país a la deriva.

La aparición de Aníbal Torres, se puede entender, por las fechas en que fue realizada la encuesta, entre el 25 de octubre al 9 de noviembre. El día de hoy, con Torres fuera del premierato y con Betssy Chávez como la nueva primera ministra, la posición en la encuesta seguramente variaría. Sin embargo, la aparición de Torres nos indica que la población ha percibido a un primer ministro con poder de decisión sobre los temas del gobierno, a pesar que Torres ha dedicado la mayor parte de su tiempo en defender a Castillo, en lugar de gobernar e implementar las políticas del gobierno.

Es curioso encontrar a la fiscal de la nación en el tercer puesto de los más poderosos. Ello quiere decir que la ciudadanía percibe a la fiscal Benavides, como una persona que puede influir de manera directa en la salida de Castillo de la presidencia.

Un nombre que no llama la atención de encontrar en la lista de los más poderosos, es el de Vladimir Cerrón.  A pesar que Castillo negó en todos los tonos la participación del condenado por corrupción, Vladimir Cerrón, en su gobierno, hemos visto a este personaje pasearse por los hospitales como si se tratara del ministro de salud. También lo hemos visto ingresar a Palacio de Gobierno para múltiples reuniones con Castillo, sin dejar de lado el control total que ejerce sobre el Ministerio de Salud a través de los nombramientos de ministros y asesores, todos ellos de su más cercano grupo de poder.

De todos los personajes nombrados, Cerrón es el único que tiene claro la concepción del poder. Según sus propias palabras, la izquierda en el Perú ha llegado al gobierno, pero no al poder. Según él, la izquierda tiene que conquistar los cinco elementos de la sociedad que le garantizarían el poder y ellos son: el ejército, la policía, los magistrados, la burocracia estatal y el clero.

Para aquellos ingenuos que creen que los actos de Castillo y Cerrón no tienen coordinación o un plan detrás, están muy equivocados.

Uno de los primeros escándalos que saltó a la luz, fue la compra de los ascensos de militares y la destitución de los comandantes del ejército y la marina por no acceder a las presiones de Castillo. Luego nos enteramos cómo se compraban los ascensos en la policía a veinte mil dólares por cabeza.

¿Quién puede negar que Cerrón tiene mucha influencia en el poder judicial (por decirlo de manera elegante) cuando a pesar de las contundentes pruebas en su contra, todavía no lo meten preso por terrorismo o lavado de activos?

Ni que decir del copamiento de todos los niveles de la burocracia estatal, con familiares, allegados y amigos de la cúpula en el gobierno.

En el caso del clero, tenemos que resaltar que todavía hay honrosas excepciones, como el Padre Omar Sánchez Portillo, que se opone a los comunistas en el poder. El Padre Omar, recibió una granada como amenaza a su apoyo a la convocatoria de Reacciona Perú.

No seamos ingenuos, los comunistas tienen un plan y no se detendrán hasta conseguir tomar el poder.

Que la fuerza nos acompañe. Lampadia

Por: Yesenia Álvarez
Perú21, 25 de Noviembre del 2022

“(…) como Lourdes Flores piensen que se trata de una derrota dulce porque demostraría que hay una irrestricta división de poderes y que no hay amenazas golpistas. ¿En serio? ¿Hacen una denuncia constitucional para demostrar que hay separación de poderes?”.

Los vientos siempre favorecen a quienes están en el poder. El Ejecutivo tiene oficinas, personal, presupuesto y todo el aparato de comunicación del Estado a su favor, y gracias a esa maquinaria posiciona su discurso y estrategia confrontacional. Por eso existe el Estado de derecho para limitar el poder de los gobernantes y garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos.

Esto que debe ser elemental para quien quiera hacer política, parece no quedar claro para una oposición que desde el inicio ha tratado de guardar balas de plata y persistir en una absurda acusación constitucional a Castillo por traición a la patria, lo cual solo ha servido para darle el oxígeno que necesita para mantenerse en el poder y seguir capturando el Estado.

Y resulta más absurdo aún que ante el hecho de que el Tribunal Constitucional les haya enmendado la plana, sus conceptualizadores como Lourdes Flores piensen que se trata de una derrota dulce porque demostraría que hay una irrestricta división de poderes y que no hay amenazas golpistas. ¿En serio? ¿Hacen una denuncia constitucional para demostrar que hay separación de poderes?

En plena visita de la misión de la OEA convocada por un presidente que manipula y se victimiza, ¿creen que sus conclusiones en este caso van a ser que hay separación de poderes? ¿No se les ocurre pensar más bien que llegarían a la conclusión de que hay un sector de la oposición y del Congreso que está persiguiendo a un presidente con despropósitos? ¿Jamás se les ocurrió que insistir en ello ponía en riesgo otras denuncias en las que sí hay sólidos sustentos?

Realmente esto no ayuda en nada a luchar contra el poder corrupto y autoritario de Castillo, y aquí no concuerdo con el análisis del columnista Richard Arce en este diario (Perú21 23.11.2022) en que llamó a esto un triunfo pírrico de Castillo. Discrepo precisamente porque los vientos siempre favorecen al poder. Todo esto le suma, todo esto le da más poder, más tiempo, más protección, la suficiente para permanecer en el gobierno.

Castillo no necesita grandes triunfos, necesita precisamente este tipo de victorias, que las gana de a pocos, con las que se va haciendo inamovible ante una oposición cobarde, tímida, inexperta, sin habilidades para saber escuchar, incapaz de reflexionar que tiene las de perder ante el Ejecutivo y que por eso debe ser más pensante, íntegra y valiente.

Por: Natale Amprimo Plá
El Comercio, 25 de Noviembre del 2022

“La Constitución nos pone determinados límites no para hacernos perder libertad, sino para potenciar nuestra propia libertad futura”.

Esta semana, el Tribunal Constitucional, por unanimidad, declaró la nulidad del informe de calificación y del informe final que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República evacuó respecto de la denuncia constitucional que contra el presidente Pedro Castillo se presentó imputándole el delito de traición a la patria.

El sustento que esgrime la sentencia es que el informe de calificación y el informe final “han incumplido con el deber de motivar con mínima suficiencia la supuesta infracción”, pues el Congreso no puede iniciar un procedimiento de acusación constitucional imputando un delito por conductas que previamente no se encuentren tipificadas en la ley penal.

Como lo expresamos múltiples veces, una denuncia que imputa la comisión de un delito debe encuadrarse en la tipificación que el Código Penal realiza de dicha figura antijurídica. En ese sentido, más allá de las bochornosas declaraciones que el mandatario tuvo en su entrevista con CNN, la denuncia por traición debía especificar, como bien lo señala el Tribunal Constitucional, en qué medida lo expresado en la entrevista constituía un acto dirigido a someter a la República a la dominación extranjera o a hacer independiente una parte de esta, más aún cuando no han existido actos posteriores de ejecución.

De otro lado, el mismo Tribunal Constitucional nos ha recordado en su fundamento jurídico 78 que “entiende que la investidura del presidente de la República, tal y como ha sido plasmada en nuestro modelo constitucional, genera que solo asuntos de especial consideración y relevancia puedan generar la activación de un antejuicio político en los términos previstos en el artículo 117 de la Constitución”.

Lo indicado debe enfatizarse, pues somos testigos de cómo muchas veces se busca forzar figuras a efectos de que puedan “calzar” en formas habilitantes que contempla la Constitución para apartar del poder a quien ejerce la Presidencia de la República, sin hacer honor al mandato que el pueblo le otorgó. Otras veces comprobamos cómo, con el claro objetivo de capitalizar el razonable descontento popular, se hacen planteamientos que más temprano que tarde terminan en una nueva desilusión. Incluso hay quienes afirman que la solución es solo política y, como tal, puede darse al margen de las previsiones constitucionales, revelando su poco apego al estado de derecho. No se repara en que esas “soluciones” afectan la institucionalidad del país.

Así pues, la situación política actual no se debe a la Constitución. El problema es ético y no de una ausente previsión jurídica, pues cada figura constitucional responde a una razón de ser; y en determinadas situaciones, como Ulises, hay que amarrarse al mástil del barco para no desviarse del rumbo correcto como consecuencia de la seducción que pueden generar los cantos de sirenas; de no hacerlo, el rumbo deberá ser corregido por el Tribunal Constitucional. Entendamos, la Constitución nos pone determinados límites no para hacernos perder libertad, sino para, como dice Gargarella, potenciar nuestra propia libertad futura.

Por: José Luis Gil
Perú21, 24 de Noviembre del 2022

El totalitarismo marxista leninista (amamantado silenciosamente por la progresía) debe ser combatido en el campo de las ideas.

A lo largo de nuestras vidas, muchos hemos aprendido que esta está construida por circunstancias, condiciones y oportunidades; y esta última, que fue graficada claramente por la famosa frase del “tren de las oportunidades”, cobra verdadero sentido frente a las actuales circunstancias políticas en el país. En efecto, los ciudadanos, los partidos políticos, movimientos o colectivos de la derecha peruana (así hay que llamarla sin prejuicios, vergüenza, complejos ni temores) al parecer no estamos percibiendo que son pocas las opciones que tenemos si queremos ser libres en todos los sentidos y si deseamos salvar el futuro del país.

Esta oportunidad única en estos tiempos es lograr, por medio de la unidad de todos, la conformación de un gran bloque político (o frente, como prefieren algunos) que permita enfrentar la dinámica política compleja con un solo candidato y con una sola lista de candidatos al Congreso de la República. El contrapeso político empieza desde hoy, con la capacidad de todos de entender que ese, y solo ese, es el camino para ayudar al país en serio a escalar a mejores condiciones de desarrollo y desarrollo humano. Los ímpetus partidarios (legítimos), los egos personales, los intereses particulares, deben quedar atrás para dar paso a una nueva etapa política. No hay salida.

Hoy, el espectro político ha decantado posiciones claras: la izquierda radical y la del “sancochado ideológico” de Antauro, el liberado asesino de policías que hoy pasea por calles y plazas con “plata como cancha” de quienes han elegido a su nuevo títere, así como el sector progresista que ha quedado expuesto ante todos como los cercanos a la zona zurda, quienes al fin han dejado el clóset de la centroderecha y se han ubicado cómodamente al lado de sus intereses políticos, y de Dina Boluarte, claro. Así era la cosa.

Por eso, nos preocupa que aquellos que se supone que han sido formados en estrategias hoy participen, entusiastas, en la fabricación de más partidos políticos, más movimientos regionales, sumando con ello más división entre todos los peruanos. El camino no es fragmentar; el camino es tener la capacidad de unir a todos con quienes se comparte la misma visión del país, aunque tengan estilos, discursos y actitudes diferentes. La unidad es el camino, la unidad es una necesidad histórica para el país.

Por eso, el totalitarismo marxista leninista (amamantado silenciosamente por la progresía) debe ser combatido en el campo de las ideas, pero también de la praxis política y no esperemos que, nuevamente, el tren de las oportunidades pase como en 1992 en que se derrotó el terrorismo maoísta y nos “embriagamos” de triunfalismo y corrupción, sin avanzar. Hoy, tres décadas después, el tren de la unidad y la libertad vuelve a pasar y ya está frente a nosotros; no dejemos que se vaya vacío. ¡A por la unidad, peruanos! Sí se puede.

Por: Carlos Basombrío Iglesias
El Comercio, 23 de Noviembre del 2022

“En cinco días podrían estar cerrando el Congreso, ya que solo dependería de las ‘convicciones democráticas’ de Castillo y de su ‘palabra de maestro’”.

“Adolfo Hitler visitaba el norte de Italia y Mussolini le muestra una autopista […]. Hitler vio eso, fue a su país y lo llenó de autopistas, de aeropuertos, y convirtió a Alemania en la primera potencia económica del mundo”.

“Ahí tenemos un cura […], el cura Valverde, perdón, me equivoqué, el cura que es autoridad en Huancayo, que en este momento me olvidé su nombre, tan miserable puede ser esta persona”.

“Mala fe, mala entraña, esa mujer que hace eso es mala madre, no puede ser buena madre, es mala esposa, no puede ser buena esposa, es mala hija, no puede ser buena hija, si tiene hijos solo está deformando a sus hijos, los cría con complejos de superioridad”.

Hemos tenido que soportar esta desinformada admiración por la obra de un genocida, los viles insultos al arzobispo que promovía un Gabinete de consenso o el desprecio machista contra una periodista que osó decir que una carretera que prometió este gobierno está paralizada.

No pocos lo atribuyen a que su salud no se encuentra del todo bien. Sea cierto o no, estamos ante infames exabruptos (¡hay muchos más!) del que ejerce el segundo cargo más importante del Ejecutivo y el que, a todas luces, maneja la zigzagueante “estrategia política” del Gobierno.

Oírlo es desagradable y lo fue especialmente en su segunda presentación de una “cuestión de confianza” en una semana. Luego de una perorata leguleya, que ya ha sido destripada por innumerables especialistas, terminó con cuatro minutos estelares.

“No optemos por términos oscuros, por términos ambiguos, por decir que no es admisible, que no es procedente, etc. […] El 133 de la Constitución dice: si la confianza le es rehusada. No dice si la confianza es rechazada, el rehusamiento (sic) puede ser por cualquiera de esos mecanismos, declarar la inadmisibilidad, la improcedencia o cualquier otro mecanismo y eso, por supuesto, lo entenderá el Ejecutivo como un rehusamiento de la cuestión de confianza”.

O sea, hagan lo que hagan, Torres puede interpretar lo que a él le dé la gana. Y como el Congreso legalmente no puede aceptar su admisión, pues la ‘bala de plata’ estaría disparada.

En ese momento de sus divagaciones, se da cuenta de que ha ido demasiado lejos y que los congresistas defensores de Castillo no lo serían al precio de irse a sus casas para salvarlo.

Ensaya una salida: “subrayo que no hay ninguna intención de iniciar un proceso de cierre del Congreso”. Debió detenerse ahí, pero su incontinencia verbal lo domina y agrega: “el Ejecutivo está facultado para presentar, de acuerdo con la Constitución, dos o más cuestiones de confianza incluso simultáneamente y no necesitaríamos de más de cinco días para llegar a la conclusión que pretenden llegar”.

O sea, si Torres cumple y se autodenomina censurado, en cinco días podrían cerrar el Congreso bombardeándolo de “cuestiones de confianza”. El hacerlo o no, solo dependería de las “convicciones democráticas” de Castillo. ¡”Palabra de maestro”!

Al cerrar su perorata, Torres explica por qué les urge tanto hacerlo: “A mí me ha denunciado la misma fiscal de la Nación por participar de una asociación criminal, en una asociación delictiva o por perturbar el desarrollo del proceso, sin mostrar ninguna prueba […], analicen la hoja de vida del que habla y la de la fiscal de la Nación, considerando, por supuesto, lo que han manifestado los propios fiscales que han salido por su mala actuación y considerando las denuncias que tiene ante la Junta Nacional de Justicia, para determinar quién es el que debe ser investigado, si yo o ella, quién es el que debe estar en la cárcel, si yo o ella”.

Si Torres (y también Chero y Sánchez) están muy asustados por las bien merecidas investigaciones sobre obstrucción a la justicia en el Caso Castillo, ¿se imaginan el terror del que figura como líder de la organización criminal en las 375 páginas de una contundente denuncia constitucional que reúne 190 elementos de convicción?

No hay recurso que los abogados de Castillo no hayan presentado al Poder judicial para impedir la investigación y no hayan perdido. El lunes, la Sala Penal de la Corte Suprema, por unanimidad de sus cinco miembros, ha ratificado la legalidad de la investigación de la fiscalía.

La fiscal, por su lado, le ha informado a la OEA que hay 47 carpetas fiscales en curso contra Castillo (las del fraude fueron archivadas). Sabiendo que la denuncia constitucional solo acumula tres de ellas, es fácil prever que las detenciones y las subsecuentes colaboraciones eficaces tienen para rato.

¿Hay suficientes ‘niños’ en el Congreso para garantizar su impunidad? Ya acercándonos a los 10 colaboradores eficaces, Castillo no puede confiar en que sus secuaces estarán dispuestos a ir a la cárcel para protegerlo. De ser así, solo tiene una escapatoria: cerrar el Congreso (lo que en todas las marchas que promueve figura como lema central), para luego, con alguna nueva leguleyada, deshacerse de la fiscal de la Nación.

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Parte de la sociedad civil peruana se pronunció  con firmeza contra la resolución del Consejo Permanente de la OEA que le daba su respaldo al gobierno del Perú en su demanda de aplicar la carta democrática con el argumento inconcebible y cínico de que las investigaciones de la Fiscalía y el Congreso son una nueva modalidad de golpe de Estado.

Por supuesto, la misión que ha venido ya se habrá percatado de la realidad a estas alturas, pero el punto que me interesa relevar es que gremios empresariales tales como  la Cámara de Comercio, ADEX, la Sociedad Nacional de Industrias, la Asociación Automotriz y finalmente la Unión de Gremios, que incluye a 151 organizaciones empresariales, se pronunciaron señalando claramente que no se puede confundir las tareas constitucionales de los poderes del Estado con una nueva modalidad de golpe de Estado. La CONFIEP y Transparencia, sin embargo,  nunca se pronunciaron. Y Proética emitió un lamentable comunicado avalando en buena cuenta la estratagema del gobierno de ganar tiempo o abonar a su estrategia de victimización. Por lo demás, resulta penoso que un país como el Perú acepte una injerencia de esta naturaleza.

Si los comisionados han oído bien lo que les han explicado, deberían recomendarle al presidente Castillo que responda públicamente al país sobre las denuncias de las que es objeto, y que aclare las imputaciones. Eso es lo primero. Y, si no lo quiere o lo puede hacer, debería recomendarle que renuncie. Eso sería lo lógico.

Lo más probable, sin embargo, es que recomienden la instalación de una mesa de diálogo para encontrar formas de convivencia. Pero eso sería equivalente a no recomendar nada. Esa mesa tendría que tener objetivos definidos, como los tuvo la que se formó en los últimos meses del tercer gobierno de Alberto Fujimori. Uno posible sería negociar la salida del presidente Castillo y el adelanto de elecciones generales, pero eso sería una forma de perpetuar la agonía porque no existe en el Congreso voluntad de renuncia. Finalmente, el gran problema acá -sin exculpar al Congreso de sus yerros- es el presidente Castillo.

Se pretende poner al Congreso en el mismo nivel de responsabilidad que el gobierno de Castillo.

Una prueba, se dice, de la voluntad golpista del Congreso, serían las dos fallidas mociones de vacancia que se presentaron, que carecerían de fundamentos. Pero no es que carecieran de fundamentos. Fueron apresuradas, no se trabajaron bien, pero razones para una moción de vacancia ya existían desde la primera que planteó la congresista Chirinos: los dineros de los “dinámicos del Centro” en la campaña, las designaciones de Bellido, Maravi y Béjar, vinculados a o con acusaciones de pertenecer a movimientos subversivos, los intentos de intervenir en los ascensos en las FF.AA., las presiones de Pacheco a la SUNAT, las reuniones secretas en la casa de Sarratea, etc. Y debe resaltarse que esas mociones de vacancia fueron rechazadas en parte por prematuras, pero también debido a la “compra” de congresistas por parte del Gobierno. Esa intervención corruptora en el Congreso para controlarlo constituye, ella sí, una forma sutil de golpe de Estado.

En todo caso, la moción de vacancia actual, que tiene ya más de 100 páginas, es muy seria y muy bien fundamentada.

Varios argumentan que el Congreso ha desequilibrado la relación de poderes al aprobar la ley la cuestión de confianza. Pero lo que hace esa ley es desarrollar lo obvio: que el Ejecutivo puede hacer cuestión de confianza por asuntos relativos a su gestión, a sus funciones, pero no sobre temas que son de competencia exclusiva y excluyente de otros Poderes. Eso fue lo que el propio Tribunal Constitucional había establecido en su sentencia 0006-2018-PI/TC:

“La cuestión de confianza que pueden plantear los ministros ha sido regulada en la Constitución de manera abierta, … para llevar a cabo las políticas que su gestión requiera”.

No es verdad que ya no podría hacer cuestión de confianza sobre nada: podría hacerla sobre los decretos supremos de tercerización o de la derrama magisterial o de relaciones colectivas si el congreso los derogara, o sobre poner límites a la extensión de las tierras o nacionalizar el gas, por ejemplo, entre muchos otros temas.

Se olvida que esa ley se dio, además, para defender al Congreso de los planes de cierre del parlamento y su reemplazo por una asamblea constituyente, plan abiertamente mencionado por el presidente, su premier Guido Bellido en su momento, y por Vladimir Cerrón y Guillermo Bermejo. Por eso ahora insisten -y hasta hacen cuestión de confianza- en un referéndum para convocar a una asamblea constituyente, que sí sería abiertamente un golpe a la democracia para instalar una dictadura bolivariana sin controles constitucionales.

En lo que sí tienen razón los voceros gubernamentales, es en criticar las desautorizaciones a algunos de los viajes presidenciales. Si no se le da permiso al presidente para viajar al exterior, entonces mejor vacarlo. No tiene sentido tener un presidente, y que no pueda representar al país.

La misión de la OEA podría recomendarle también al presidente Castillo que nombre a un primer ministro independiente con capacidad de convocatoria para que instale un gabinete empoderado capaz de empezar la recuperación nacional.

Un acuerdo político sobre esto pondría obviamente en suspenso la acusación a Castillo hasta el 2026. Esta sería una salida práctica si realmente fuera posible que Castillo cediera el poder a un Premier de peso y que alguien así aceptara, pero el problema es que supone que el país se hace de la vista gorda durante cuatro años respecto de las denuncias existentes.

Lo cierto es que alguna solución tendrá que encontrarse, porque el Perú no puede seguir así cuatro años más. Lampadia

Por: María Cecilia Villegas
El Comercio, 21 de Noviembre del 2022

“Cuando la justicia se imparte de manera sesgada, deja de ser justicia y se convierte en un arma”.

En los últimos 20 años se ha instalado en el Perú una tarea constante por deformar los hechos con la intención de que todo sea discutible y, muchas veces, punible a partir de mentiras y no desde la verdad. El objetivo fue lograr acceder al poder y eliminar al rival. Y así se utilizó al Ministerio Público y al Poder Judicial y se forzaron figuras legales para encarcelar o desaparecer al adversario político y amedrentar a sus simpatizantes.

Durante años hemos sabido que los jueces y fiscales en el Perú reciben capacitaciones con un sesgo ideológico. Pero no hemos reparado en ello. La justicia se ha utilizado, además, como plataforma que lanzaba a la fama a jueces y fiscales de pocas luces, pero embargados por un inmenso afán de notoriedad y celebridad. Y los peruanos les hicimos el juego al permitir la judicialización de la política y la vulneración de garantías constitucionales.

Uno de los efectos de la polarización política es que hemos dejado de lado la defensa de la ley y las instituciones. Pasamos por alto actos de corrupción y buscamos explicar hechos que se alejan de la legalidad cuando se trata de nuestros amigos, mientras que cuestionamos duramente y buscamos sanciones impecables para quienes, habiendo hecho lo mismo que los otros, no comparten nuestra ideología.

Como no hay principio más preciado que la libertad, el Tribunal Constitucional peruano ha establecido que solo por razones muy excepcionales se debe privar de la libertad a una persona sin que previamente se haya demostrado judicialmente su culpabilidad. Sin embargo, el abuso de la prisión preventiva y la filtración de información judicial privilegiada a medios afines a intereses determinados se volvió una constante. Muchas veces, esta era celebrada cuando quien era privado de su libertad era alguien con quien no compartíamos ideas ni visión. Y no tuvimos el valor de levantar la voz, aunque sabíamos que en el camino se estaba destruyendo una de las principales instituciones de un país: el sistema de justicia.

Hace unos días, el periodista Umberto Jara publicó en su cuenta de Facebook una crónica donde detallaba la creación de un mercado ilegal de denuncias por lavado de activos y hacía responsable de esto a los tres fiscales del Caso Lava Jato: Rafael Vela Barba, José Domingo Pérez y Germán Juárez Atoche. Estos fiscales, mientras perseguían a unos extendiendo figuras legales donde no aplicaban, liberaban a otros contra quienes los indicios eran claros.

En su ambición por fama, jueces y fiscales, con la excusa de la democracia y la lucha contra la corrupción, han destruido instituciones básicas del derecho. Sin garantías constitucionales y frente al abuso de figuras como la del lavado de activos, todos los peruanos nos encontramos hoy desprotegidos. Jara sostiene que “ha surgido un mercado turbio y delictivo entre policías y fiscales corruptos que, siguiendo el ejemplo de los fiscales del Caso Lava Jato, estiran el concepto de lavado de activos para inventar denuncias sin ningún fundamento y terminan generando verdaderas e injustas pesadillas a los implicados”. Los afectados son ciudadanos de a pie, como usted y como yo, sin vinculación a partidos políticos, empresarios o personas que hoy están siendo investigadas por lavado de activos sobre la base de acusaciones falsas. Y esto es sumamente peligroso, porque cuando la justicia se imparte de manera sesgada, deja de ser justicia y se convierte en un arma.

Cuando las figuras legales se fuerzan, por ejemplo, para enviar a prisión por 36 meses sin acusación penal a un ciudadano, no hay garantías constitucionales. No hay Estado de derecho. ¿Pero qué es el Estado de derecho? Es el sistema de normas e instituciones al que todos los ciudadanos de un país debemos someternos y que nos garantiza, además, que todos somos iguales ante la ley. Sin un sistema de justicia confiable, los ciudadanos estamos indefensos frente a los abusos. Es urgente levantar la voz y arrojar luz sobre lo que viene sucediendo en el Ministerio Público y el Poder Judicial. No debemos permitir que las libertades de todos los peruanos sean vulneradas por grupos delincuenciales enquistados en el sistema de justicia.

Por: Rodrigo Cruz
El Comercio, 22 de Noviembre del 2022

“Queda claro que lo que quieren no es una investigación transparente, sino impunidad”.

Llama la atención la tranquilidad con la que está reaccionando el Ejecutivo a las amenazas de muerte que vienen recibiendo los miembros del equipo especial de la fiscalía. No hablamos ya de un hecho aislado. Hace un mes, dos informantes le advirtieron al coronel PNP Harvey Colchado de que un tal ‘Español’ estaba reclutando delincuentes al norte de Lima para atentar contra su vida, la de su colega Walter Lozano y la de la fiscal Marita Barreto. Semanas atrás, se halló entre las cosas de un interno del penal Sarita Colonia un manuscrito donde aparentemente se coordinaba con sicarios un trabajo semejante. Y hay una tercera amenaza que llegó hace un par de semanas al equipo especial de boca de un colombiano que les advirtió que existía un interés de captar desalmados con el propósito de ultimarlos.

Desde luego, estas amenazas ameritan una investigación seria para identificar y neutralizar a sus promotores o, de ser el caso, archivarlas por falta de pruebas. Tengo entendido que la fiscalía ya está investigando, pero, de nuevo, llama la atención la pasividad del gobierno de Pedro Castillo. No han hecho acción alguna para ayudar a esclarecer lo que está pasando. ¿Están esperando que una de estas amenazas se concrete para recién reaccionar? Prefiero pensar que no. ¿O será que son personas cercanas al régimen las que están detrás de estas intimidaciones?

Estamos ante una prueba más del doble discurso de Palacio. Por un lado, dicen que van a colaborar con las investigaciones porque no tienen nada que temer, pero, por el otro, se le recorta desde el Ministerio del Interior el presupuesto a la división del coronel Colchado. En las plazas aseguran que todo es parte de un plan “golpista”, pero cuando son convocados a declarar a la fiscalía guardan silencio frente a los indicios graves de corrupción. Y ahora estas amenazas, que pareciera no importarles, al tiempo que Castillo y Aníbal Torres despotrican sin guardar ninguna compostura contra quienes los investigan. Queda claro que lo que quieren no es una investigación transparente, sino impunidad.

¿Y el ministro del Interior, Willy Huerta? Su prioridad pareciera estar en la primera semana de diciembre, cuando comienza la evaluación de los generales que deben pasar al retiro para, así, asegurar la continuidad del control político en la PNP. O tal vez contratar a personal cercano a Vladimir Cerrón en su sector, como la excandidata a teniente alcaldesa de Lima por Perú Libre, Margarita Santos Ramírez, que desde el 24 de octubre trabaja como consultora del despacho ministerial. En cambio, sobre apoyar las investigaciones de las amenazas o aumentar el resguardo del equipo especial de fiscales, nada. ¿O están esperando que pase lo peor?

Por: Aldo Mariátegui
Perú21, 22 de Noviembre del 2022

“Está claro que el oficialismo lo que ha buscado es lavarse la cara, arrinconar a la oposición”.

Arribó la delegación de la OEA a Lima y, como correspondía, se está reuniendo con perro, pericote y gato. La gestión para que esta visita se realice fue fruto de las maquinaciones de Manuel Rodríguez Cuadros, nuestro intrigante representante en la ONU –aunque dicen que pronto se cambia a Montevideo– al que se considera el verdadero mandamás actual de Torre Tagle, y de Harold Forsyth, el mayordomo inglés (su “James”) de Castillo en la OEA y gran amigo de Almagro, el camaleónico titular de este ente.

Visto esto, está claro que el oficialismo lo que ha buscado es lavarse la cara, arrinconar a la oposición y ganar tiempo. ¿Le resultará esta estrategia? Por una parte, se sabe que los diplomáticos latinoamericanos suelen ser muy tibios con los regímenes de izquierda, que a la OEA no le gusta pelearse con nadie y que a este gobierno demócrata estadounidense no le incomoda especialmente Castillo (a los Dems siempre LatAm les ha interesado un comino, salvo México y Brasil). Además, los izquierdistas representantes argentino y colombiano que integran la delegación se la van a jugar por entero por Castillo, mientras que su par ecuatoriano jamás se va a pelear a fondo con el gobierno de un país limítrofe por razones obvias.

Los restantes delegados provienen de países más chicos (Paraguay, Costa Rica, Guatemala y Belice) y que no tienen mucho peso propio para confrontar al gobierno peruano. Así que no esperen grandes cosas de esta visita, aunque le prueben que Castillo encabeza una red de corrupción y que no hay golpismo contra él. Lo más probable es que presenten al final algún documento ambiguo y simplemente insten a unas “mesas de diálogo”. Tampoco les veo ninguneando mucho a la oposición, porque las evidencias contra Castillo son clamorosas. Seguramente sentenciarán que “Perú vive en una democracia, “mostrarán su preocupación”, “llamarán al diálogo” y se llevarán gratos recuerdos del pisco sour y nuestra gastronomía. Y nadie quedará contento con ellos en Lima.

Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia

El manejo de la pandemia por parte del gobierno de Vizcarra no solo fue de una gran torpeza, fue, según se estaría comprobando una y otra vez, una sinfonía criminal, en la que se desconocieron los oportunos consejos del personal del Ministerio de Salud, de boca de la propia ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza, que ejerció el cargo desde el 19 de noviembre del 2019, hasta el 20 de marzo del 2020. Día en que fue licenciada para dar paso a una maniobra política y seguramente corrupta de la pandemia. 

En Lampadia advertimos de estos manejos y de los errores que se estaban cometiendo, tres meses después de iniciada la pandemia. Ver uno de nuestros artículos al respecto en: Impacto económico de la cuarentena – La última línea no miente, publicado el 11 de junio de 2020.

“Si nos llevamos por la narrativa del gobierno y de la prensa adicta al mismo, la gran mayoría de periódicos radios y canales de televisión, el Perú debería estar superando con éxito la doble crisis de la pandemia, la sanitaria y la económica.

Lamentablemente, la realidad nos muestra todo lo contrario.

En cuanto a la crisis sanitaria, el Perú es el octavo país con peores resultados en el mundo. [Luego llegamos a ser el de peores resultados en el mundo].

En términos del impacto económico de la cuarentena, decretada a raíz de la pandemia, los resultados no pueden ser peores.

Estas cifras muestran una muy cruda realidad, tenemos los peores resultados imaginables, tanto en lo sanitario como en lo económico. 

Estos resultados no son casuales. Son producto de decisiones de gobierno, tanto en lo sanitario como en lo económico. 

Para empezar, el gobierno rechazó el apoyo del sector privado, de las iglesias y de las Fuerzas Armadas, en diferentes instancias.

En lo sanitario no se tomaron previsiones oportunas para el abastecimiento de pruebas moleculares, las únicas efectivas. No se entendió la naturaleza de las condiciones de vida de buena parte de la población que se gana el pan día a día, y se abastece de comida dos o tres veces por semana.

Esto no puede seguir así. El país no es propiedad del gobierno, es propiedad de todos los peruanos. Se debe convocar a todos los estamentos que tienen capacidades naturales para diseñar y ejecutar planes de acción adecuados, como lo han hecho, cerca de nosotros, en Medellín y Guayaquil”.

Al final el gobierno de Vizcarra y sus colaboradores, fueron responsables de la innecesaria muerte de miles de peruanos. Nunca hicieron caso, como podemos ver a la ministra del sector, ni a los varios que reclamábamos un manejo de la crisis que convocara la ayuda del sector privado, de las iglesias, de las FFAA. Especialmente de donaciones rechazadas criminalmente.

Veamos las declaraciones de la exministra Hinostroza ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, la semana pasada: 

Videos y transcripciones de la Sesión Extraordinaria de la Comisión de Fiscalización y Contraloría

VIDEO 1: “Se buscó convertir la pandemia en un producto político” 1 – YouTube

Este caso era el INS, el 12 de marzo del 2020, mediante Resolución Ministerial 83-2020 de PCM, se crea un grupo de trabajo dependiente de la PCM, para coordinar la prevención y la protección y el control del covid-19, una labor que ya venía realizando el propio Ministerio de Salud, pues coordinada con todos los sectores y con todos los demás poderes, la secretaría técnica estuvo a cargo de señor León Chepén.

A mí me comunican la creación de este grupo de trabajo la secretaría general Miriam Morales en palacio de gobierno y sucede que estando en palacio busco hablar con el presidente porque no había comunicación ya fluida y veo el presidente que estaba en una reunión con el premier.

En ese momento, la secretaría general Miriam Morales me informa de la creación del grupo de trabajo, pido hablar con el presidente y me informa que me van a avisar porque el presidente tenía otra agenda, en la práctica este grupo de trabajo significó darle voz a otros actores, entre ellos la Ministra Economía, la Presidenta de Salud, Fiorella Molinelli, quienes como miembros de este grupo empezaron a dar críticas hacia la prueba molecular, empieza a ver el ataque a la prueba molecular.

La Ministra de Economía habla de un seudo modelo coreano, el que se usaban las pruebas rápidas serológicas, los cuales iba en contra de lo dispuesto por el Organismo Mundial de la Salud y no tenía una base científica, siendo ella economista empieza a opinar de temas médicos a través de este grupo, esta creación de PCM, y a criticar la prueba porque decía que las que se hacían eran insuficientes en número y demoraba en darse los resultados que era la otra crítica que hacían a la prueba molecular.

En la misma línea se encontraba también la Presidenta de Salud, Fiorella Molinelli, pero las dos empiezan a dar críticas y como son opiniones no científicas, no medicas porque ambas son economistas y que prácticamente pues este grupo da una vocería de que todo el mundo empieza opinar de un tema médico, había una política establecida firmemente arraigada en una base científica y promulgada, ese grupo este grupo se demuestra una vez más que se intentó convertir la pandemia en un producto político, dejó de ser un tema médico y para hacer un producto político…

VIDEO 2: “Se buscó convertir la pandemia en un producto político” 2 – YouTube

(…) 15 de marzo del 2020 titulada covid-19 el viral que no queríamos, en una crónica de Fernando Vivas mostro el mismo discurso que la Ministra de Economía y Finanzas promoviendo el testeo masivo a través de pruebas rápidas y serológicas tomando como referencia un seudo modelo coreano, qué es lo que querían ellos introducir en la publicación escrita por el periodista Vivas, dice; conversé con León textualmente y me contó que están en camino de superar el cuello de botella de la INS, como si ese fuera el problema, el único que realiza la culpaciones y centralización de laboratorios, pronto adquiriendo la tecnología para hace test rápidos como en Corea del Sur, el propósito más que llevar a la cuenta era identificar los casos, entonces ya había estás dos instituciones se manifestaban en medio periodístico, sobre lo dicho por León me aprendió sobre manera también porque ella no era médico y del sector salud y sobre todo porque ya había un plan de acción establecido en el decreto supremo 010 del 14 de marzo del 2020,  para fortalecer la prueba molecular.

En esta entrevista también participa el ex asesor del Minsa: Víctor Zamora, quién fue retirado el Ministerio de Salud durante mi gestión, pues no cumplía con las condiciones de expertise para esta pandemia, por eso veo con sorpresa, que Víctor Zamora estuviera dando también opiniones sobre la pandemia.

A raíz de esta intromisión en la Política de Salud, emito la Resolución Ministerial 087-2020 Minsa, del 12 de marzo del 2020 que crea el grupo de trabajo de naturaleza temporal dependiente del Ministerio de salud como objeto de asesorar sobre los temas en materia de atención y manejo del covit eso para fortalecer el sustento científico de la política de salud que veníamos trabajando, pero la prueba molecular, en este grupo de trabajo convoco a expertos de amplio reconocimiento a nivel nacional… como presidente de la academia peruana de Medicina, de Medicina intensiva, neumología, entre otros, con la finalidad de reforzar y tener un refuerzo en la parte científica, de una política que ya estaba promulgada, vigente y en uso, continuando con la línea de tiempo el 15 de marzo se emitió el decreto supremo 044-2020 PCM que declara el estado de emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan…

VIDEO 3: “Se buscó convertir la pandemia en un producto político” 3 – YouTube

Quiero mencionar también motivo de esta investigación, las circunstancias en que se dio la reunión del 18 de marzo en el MEF y para ello quiero mencionar lo que ocurre en horas de la mañana frente a los ataques que se venían dando de voces no científica sobre la prueba molecular, por parte del personal que es señalado anteriormente, convocó al consejo de ministros del 18 de marzo en horas de la mañana, al Director del Centro Nacional de Epidemiología prevención y control de enfermedades CC, el doctor Manuel Loayza Larico, para que presente de manera científica el comportamiento y las curvas epidemiológicas de coronavirus en el Perú.

En ese momento con el propósito de demostrar el adecuado uso de la prueba molecular y la falta de justificación científica de un modelo nuevo de testeo masivo que no era científica y contrario con las normas sanitarias de cuarentena, que ya habíamos dispuesto, sin embargo con mucha recepción veo que termina la exposición el doctor Loaiza y no se le presta la menor importancia debida.

Al término del Consejo de ministros pido nuevamente reunión con el presidente, preocupada porque escuchaba opiniones sin sustento científico y no le dan importancia a la presentación del ente científico reconocido y especializado del manejó de la pandemia.

Coordino con la secretaría general, con la secretaria Miriam Morales me dice que el presidente tiene reuniones agendadas, pero que me iba a avisar en horas de la tarde.

Sobre las 5:30 de la tarde me encontraba en el Minsa y recibo una llamada de la señora Miriam Morales para decirme que el presidente podía atenderme, entonces le digo voy a palacio de gobierno y me dice no el presidente está en una reunión en el Ministerio Economía y Finanza y ahí se va a atender por lo que entendí que me iba a dar la reunión que estaba solicitando.

Llegó al MEF con mi vehículo oficial, se trataba de un auto oficial, dada la cuarentena se encontraba el MEF vacío, las instalaciones y me conducen a un segundo tercer piso de una de las puertas de las instalaciones que se encontraba Miriam Morales a recibirme, me saluda y me informa que el presidente está terminando una reunión y que acto seguido me iba a atender, me invita a pasar al ambiente, una sala de espera para que no me quedé esperando fuera del pasillo y me hace pasar al ambiente, cuando cruzo el umbral de la puerta veo con sorpresa, malestar y hasta vergüenza que no se está respetando.

VIDEO 4: “Se buscó convertir la pandemia en un producto político” 4 – YouTube

A pocos Minutos la señora Miriam Morales se dirige al presidente y a la MEF diciendo creo que ya nos podemos ir y me invitan para salir con ellos por la puerta que está detrás de la mesa, acto seguido el presidente se retira con la MEF y Miriam Morales, y la MEF nos conducen a un ambiente de ese mismo piso que parece un directorio que estaba vacío, siguen conversando entre ellos y luego veo que terminan la conversación nos sentamos, el presidente este, porque estaban haciendo tiempo, me dice veo que tienes bastante trabajo, la MEF te va ayudar con las compras, acto seguido se retira con la MEF sin dar lugar a conversar con él, me causa mucho malestar esta situación de haber ido hasta el Ministerio de Economía para reunirnos por el presidente y el presidente tenga que salir rápido y prácticamente era como que no estamos en la misma sintonía de lo que yo había ido para la entrevista y no puedo tocar el tema porque el presidente sale apurado para una reunión.

Me causó malestar porque yo acudí al MEF y sin embargo veo este fastidio con la indiferencia que había ocurrido en la mañana por eso sumado la indiferencia de la exposición la poca atención que se le va la exposición del director del centro nacional de epidemiologia, es el punto quiero mencionar que tome conocimiento por lo mío de comunicación cuando yo ya no era ministra de salud que una reunión en el auditorio, habían estado empresarios, entendí porque me habían hecho entrar la señora Miriam Morales a ese ambiente utilizado imagen para aparecer al lado de ellos por breves minutos, porque yo estaría como aparte del grupo, fue una emboscada realmente nunca participe de esta reunión ni tome conocimiento y ni emití opinión porque no conocía el que está de qué estaban hablando y que estaban tratando.

VIDEO 5: Se buscó convertir la pandemia en un producto político” 5 – YouTube

Económica y financiera para las adquisición de pruebas de diagnóstico, para la prevención y control del covid-19 conforme a la política de salud vigente plasmada en las resoluciones ministeriales 039, 040, 087 y 095, así como los dos decretos supremos 08 y 010 –  2020, el decreto de urgencia, solo se autoriza comprar prueba diagnóstica, es decir pruebas moleculares, no pruebas rápidas y es falso que para ese  decreto de urgencia se haya tomado en cuenta un sustento técnico que hable de prueba rápida serológica, quiero decir también que no es posible que un decreto de urgencia cambio una política de salud, pues esta norma solo regula medidas económicas y financieras.

El 19 marzo se realiza una conferencia de prensa en palacio de gobierno y recuerdo que en esa conferencia un de los periodistas me pregunta sobre los laboratorios moleculares que se están implementando en Arequipa, informé que el INS ese día estaba terminando de hacer transferencia tecnológica y la capacitación del personal para que inicie actividades operativas en un plazo de 48 horas.

Acto seguido el presidente pide la palabra, le pasa en el micro y sorpresivamente empieza hablar de que van a comprar equipos, incluso habla que se van testear masivamente y ampliar el número de pruebas y de manera intempestiva incluso da cifras de que va a comprar 1,400,000 pruebas rápidas, entendí que el tema del covid ya no se había manejado científicamente, sentía se había politizado, termina la conferencia y sentí mucha incomodidad, el vocero del saludo es el presidente, yo solo puedo hablar cuando los periodistas me dan una pregunta explícita para la Ministra de Salud como ustedes podrán verlo y lo más importante que hablan es de esa compra como que eso fuera el modelo que estaríamos trabajando contra la política salud con ese malestar termina la reunión.

VIDEO 6: “Se buscó convertir la pandemia en un producto político” 6 – YouTube

Toda la gente a tomarle prueba menos en una cuarentena porque ya habíamos parado la trasmisión del virus, con esa decisión firme al día siguiente voy a PCM para presentarme con el premier y renunciar a mi cargo, en horas de la mañana, antes de esto se hace la entrega y relevo de cuántos pacientes había positivos y surge un altercado con la MEF, con la Ministra de Economía, quien ya prácticamente se había empoderado mucho con los temas de salud, parecía que estaba abanderada, jugaba un rol preponderante, llevaba una bandera de ese modelo coreano de su prueba rápida.

La ministra me dice, la ministra se pone de pie y me dice, Ministra supongo que ya tiene la lista para aplicar las pruebas rápidas, yo le digo ministra acá nadie va aplicar pruebas rápidas mientras yo sea ministra, estamos en una cuarentena, no podemos exponer a la población, hay una política de salud vigente, la ministra se ofusca, pierde los papeles y dice que cómo es posible, todo  este trabajo ha sido en vano, se sienta y se empieza a comunicar telefónicamente con el presidente, a los pocos minutos lo llaman al premier telefónicamente al despacho presidencial.

El premier retorna en unos minutos, anuncia que los ministros tienen que ir a la conferencia de prensa, y a mí me dice Ministra nos reunimos en mi despacho, el premier me dice que no tiene cara para decirme, que a él siempre le dan los encargos más difíciles y que va haber un cambio en la cartera de salud, porque me dice que usted lo ha venido haciendo muy bien pero su política de salud no se ajusta con la política que quiere desarrollar el gobierno.

Algo que yo lo respondo que mi política de salud es científica y que obedece a la defensa y la salud de los peruanos y que nunca permitiré el uso de la prueba rápida que iba significa romper con todo el cerco epidemiológico diseminar la infección de manera rápida iba a causar la muerte en miles de peruanos, que fue lo que sucedió, a los pocos minutos y en simultáneo se produce la conferencia de prensa de presidente Martín Vizcarra, anuncia, mi salida ni siquiera haber un cambio en la cartera de salud nombra a Víctor Zamora, quien a las 2 de la tarde como primero acto ministerial a las 3:00 se constituyen en el MEF para formalizar la compra de las pruebas rápidas y esa tarde va al MEF también los viceministros de salud, el director del INS y todo el grupo como si fuera un equipo compacto a formalizar la compra de la prueba rápida, quiero mencionar también que requerimiento del área usuaria que seguir…

Curiosamente, Zamora, el doctor ‘muerte’ sigue siendo caserito de RPP. ¿Hasta dónde se va a tapar este genocidio?

De todo lo actuado y apreciado consideramos que Vizcarra debe ser procesado y terminar con sus huesos en la cárcel. Lampadia

El Parlamento debe denunciar con firmeza la maniobra

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Bajo el manto de un lenguaje engañosamente conciliador, el presidente del consejo de ministros, Aníbal Torres, declaró la guerra al Congreso. Ha planteado una cuestión de confianza contra una ley (31399) que lo único que hace es repetir lo que ya está en el artículo 206 de la Constitución: que cualquier reforma constitucional antes de ir a referéndum debe pasar por el Congreso. Y que, además, no corresponde porque es sobre materia que no tiene que ver con la gestión del Ejecutivo (el referéndum).

Por lo tanto, si no hay sustancia y no corresponde, lo que busca el gobierno es crear un casus belli, una confrontación artificial con el Congreso para obtener réditos políticos y crear las condiciones para el cierre del parlamento, al más puro estilo vizcarrista. 

Sabiendo que el Congreso con razón declarará improcedente o inadmisible la cuestión de confianza, se adelanta sacando de la manga un argumento tan increíble como falaz: que si el artículo 33 de la Constitución (“El Presidente del Consejo de Ministros puede plantear ante el Congreso una cuestión de confianza a nombre del Consejo. Si la confianza le es rehusada, o si es censurado, o si renuncia o es removido por el Presidente de la República, se produce la crisis total del gabinete”) usa la palabra “rehusada” en lugar de “rechazada”, esa palabra incluye declarar improcedente o inadmisible la cuestión de confianza. Algo para engañar a tontos, porque ”rehusar” es sinónimo de “rechazar”.

Con ese argumento falaz el Premier está delatando lo que en realidad el gobierno quiere: declarar la “denegación fáctica” de la cuestión de confianza para avanzar así hacia la disolución del Congreso con el planteamiento de una segunda cuestión de confianza. 

La ventaja de una “denegación fáctica” sería que produciría la renuncia de primer ministro. El gobierno se quedaría sin su principal alfil. Pero no es posible, porque la propia ley 31355, que regula la cuestión de confianza, y que fue convalidada por el Tribunal Constitucional, establece que:

“La cuestión de confianza es aprobada o rehusada luego de concluido el debate y luego de realizada la votación conforme al Reglamento del Congreso. El resultado de la votación es comunicado expresamente a Poder Ejecutivo, mediante oficio, para que surta efecto. Solo el Congreso de la República puede interpretar el sentido de su decisión”.

Es decir, no cabe denegación fáctica. El gobierno quiere pasar por encima de la ley. Lo sabe. En realidad, lo que está haciendo es política, política populista. Allí está el tuit del presidente Castillo diciendo que no se puede recortar el derecho del pueblo a impulsar reformas y que se debe restablecer la democracia ciudadana. Y, por supuesto, en lo que está pensando es en resucitar el proyecto de la asamblea constituyente, que fue la razón por la que se quería reunir firmas para un referéndum directo. La asamblea constituyente es, como sabemos, un instrumento bolivariano para concentrar y perpetuarse en el poder.

El país no puede seguir en este trance. El Congreso debe terminar con esta situación y procurar la vacancia o, en su defecto, la suspensión temporal del presidente mientras se lo investiga, en aplicación del artículo 114. O, de lo contrario, buscar un acuerdo político para empoderar a un gabinete independiente, serio y de calidad que comience a recuperar la institucionalidad gubernamental y la economía. Una u otra. Lo que no podemos es seguir en esta guerra de trincheras que destruye el país. Lampadia

Por: Eduardo Morón
Gestión, 17 de Noviembre del 2022

El Tribunal Constitucional (TC) ha dado un fallo que a mi juicio es errado no solo respecto a lo que señala nuestra Constitución sino también respecto a sus fallos precedentes. Pero la ley manda que le obedezcamos. Así que, dado que estamos -sí, otra vez- en medio de un proceso de intento de reforma del sistema de pensiones, creo que es oportuno anotar lo que ha dicho y plasmarlo en el nuevo sistema que se quiere construir.

En resumen, el TC ha sostenido (4 votos contra 3) que cuando existan circunstancias extremas (en esta oportunidad, la pandemia) los afiliados tendrán la posibilidad de tomar parte de sus fondos que estaban destinados para financiar su vejez y gastárselos como ellos vean por conveniente. La verdad que sorprende tanta ligereza de estos magistrados. Por ejemplo, pudieron haber dicho cosas como “esta disposición extraordinaria en tiempos extraordinarios solo se limita a aquellas personas que perdieron su fuente de ingresos”. Recordemos que según un reciente reporte de la SBS, uno de cada cuatro afiliados que retiraron en pandemia NUNCA perdió su empleo, ni un solo mes. Ese grupo de afiliados sumó 40% del total de los fondos que fueron retirados.

Esto fue un claro despropósito. Se terminó afectando a los demás afiliados que no retiraron al obligarse a vender los activos bajo administración a cualquier precio con tal de conseguir la liquidez que se requería para atender los retiros. Y terminó afectando a las personas de menores ingresos que hoy sufren una inflación de casi 10% gracias a que las autoridades nunca pudieron hacer sentir su voz de la razón y se permitió retirar más de 10% del PBI por gente que nunca perdió su ingreso laboral. Esta disposición de liquidez es tan atractiva que la gente que está afiliada a la ONP ya está haciendo su lobby en el Congreso para que les permitan pasarse al sistema de capitalización individual con su bono de reconocimiento. No porque busquen una mejor pensión, sino porque quieren pasar de una vez por el cajero automático.

Pero hasta ahí la crítica. Ahora tratemos de aprender del error. El error fue no haber incluido dentro de las reglas de operación del sistema de pensiones la posibilidad que ocurra un evento extraordinario que obligue a permitir algún nivel de retiros. Pero la regla sobre esta liberalidad debería definir algunos temas críticos. El primero es ¿qué autoridad será la que decida si hay causales extraordinarias para permitir retiros? ¿El Congreso que siempre quiere ganar votos, o el regulador, que es el encargado de velar por la sostenibilidad del sistema y el cumplimiento de sus objetivos? Seguramente será más fácil que el regulador escoja una solución con mayor criterio técnico como, por ejemplo, no incluir a quienes no perdieron el trabajo. Además, luego de la decisión de permitir el retiro hace falta decidir cuál será el tamaño del retiro.

Segundo tema, si vamos a permitir retiros debe quedar claro que se requiere acompañar ese período de retiros por un posterior período de devoluciones. Luego de que las circunstancias gravosas acaben, se debería pasar a una etapa donde se repone con gradualidad lo que se retiró. Esto segundo es importante porque no queremos volver a ver lo que ha ocurrido ahora que tendremos alrededor de 3 millones de personas que vaciaron sus cuentas previsionales y llegarán a viejos con pensiones ínfimas producto de permitir retiros sin ningún filtro o esquema de reposición. De esta manera se protegería el financiar adecuadamente la vejez.

Aprovecho la columna para destacar que el pésimo ejemplo de Petroperú, cargando a los contribuyentes su pésima gestión, debería poner en alerta a quienes están pensando la reforma del sistema de pensiones y que creen que la administración estatal del mismo es la mejor solución. Si algo nos enseña este episodio de Petroperú es que al gestor público no le importan las restricciones de recursos, la oportunidad y la calidad del servicio a los ciudadanos. Total, si hace mal las cosas la gente puede aguantar pagar combustibles más caros porque siempre el Estado saldrá a rescatarlo con plata ajena.