Carlos Hakansson
Doctor en Derecho (Universidad de Navarra)
Profesor de Derecho Constitucional (Universidad de Piura)
Titular de la Cátedra Jean Monnet (Comisión Europea)
Publicado en Semana (Suplemento dominical del Diario El Tiempo (Piura)
Domingo 4 de diciembre de 2022

La confrontación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo ha sido una constante en la forma de gobierno peruana. El problema no es el diseño propuesto por la Constitución, que data de mediados del siglo XIX y ha evolucionado hasta la actualidad, sino la incapacidad para realizar la política en cada caso concreto. Es un problema de personas, no de textos.

La Constitución estadounidense de 1787, probablemente la más sobria en su redacción, opera por el empeño de su clase política para hacerla funcionar. El norte de toda actividad política es alcanzar el bien común y, para lograrlo, se requiere diálogo y objetividad para descubrir la solución más adecuada a una crisis.

El diálogo de la clase política es el deseo común por alcanzar una solución (forma). La objetividad es el realismo para discutir cuáles son las opciones más viables para ser discutidas y llegar al bien del conjunto (materia).

En otras palabras, no todos los países cuentan con las suficientes condiciones para realizar la política, pese a tratarse de una actividad propiamente humana. Con el paso del tiempo, los países con tradición política inspiran frases que revelan cierta predictibilidad en la toma de soluciones; por ejemplo, los parlamentarios estadounidenses suelen decir: “el Senado es el plato donde se enfría el té de la Cámara de Representantes”.

La forja de una tradición política requiere de unos presupuestos básicos: alternancia democrática, Estado de derecho y una sólida clase media que reclama mejores servicios públicos al ciudadano. Los políticos surgen, precisamente, para la defensa de las libertades y la fiscalización de la administración pública. El tiempo producirá los distintos perfiles, ideas y facciones (léase partidos políticos) para la discusión de distintas perspectivas de solución a los problemas de una sociedad. El paso del tiempo registrará sus buenas prácticas, también producirá usos y convenciones constituciones para la progresiva renovación de la clase política y consolidar una tradición.

Nuestra historia republicana se caracteriza por producir un golpe de Estado cada vez que el Gobierno carece o pierde mayoría parlamentaria. Las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo en el Perú se mantienen estables mientras el Gobierno conserve una mayoría propia o por coalición con bancadas afines.

La continuidad democrática inédita que vivimos a inicios del siglo XXI, los gobiernos de Perú Posible, PAP y Nacionalista se interrumpen en julio de 2016, tras la victoria electoral del partido PPK y luego el Vizcarrismo con la inconstitucional disolución del Congreso (30 de septiembre de 2019), sumado a nefastas reformas constitucionales como una errónea interpretación de las instituciones parlamentaristas.

La crispación política que atravesamos se resume en el sistemático menoscabo a la autonomía constitucional del Congreso y a la clase política.

En primer lugar, se ha permitido la constante mutación de las bancadas, producto del transfuguismo, pero camuflada de una objeción de conciencia, que desconoce la vital relación inversa de toda asamblea nacional: “a mayor representatividad, menor gobernabilidad” (Exp. Nﹾ0006-2017-TC/PI).

En segundo lugar, en su momento, se ha interpretado que la cuestión de confianza puede plantearse “para cualquier cosa”, cuando solo cabe para las competencias reservadas al Ejecutivo; lo contrario resulta una intromisión a la autonomía funcional del Congreso (Exp. Nﹾ0006-2018-TC/AI). Este problema acaba de superarse gracias al Legislativo (Ley Nﹾ 31355) y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (Exp. Nﹾ 00032-2021-PI/TC).

La no reelección inmediata de parlamentarios fue el tercer cambio que promovió la orfandad política, impidiendo la profesionalización de sus cuadros y el fortalecimiento de partidos (Ley Nﹾ 30906).

La cuarta reforma fue la eliminación de la inmunidad parlamentaria (Ley Nﹾ 31118), que provocó el desconocimiento del principio de inviolabilidad, es decir, la garantía de no hacerse responsables “ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones” (artículo 93 CP).

Todo lo anterior, sumado a la resolución que avaló al jefe de Estado para interpretar una “denegación fáctica de la cuestión de confianza” (Exp. Nﹾ 0006-2019-TC/PC), fue un arma nuclear que promovería la disolución de un Congreso incómodo. La reciente reforma al reglamento parlamentario ha corregido esta errónea interpretación (inciso (d), artículo 86 RC).

Por todo lo anterior, los últimos seis años han sido nefastos para una forma de gobierno que, con sus más y menos para la gobernabilidad, ha venido operando durante cuatro mandatos democráticos consecutivos.

A partir de julio de 2021 se reedita el deseo para menoscabar las competencias parlamentarias, insistir con la idea del Congreso “obstruccionista”, “golpista” y el malicioso ejercicio de la cuestión de confianza. Lo que acontece es el resultado de acciones inoficiosas de parlamentarios que y en grupos de opinión influyentes desde medios afines. No fueron acciones y reformas promovidas por políticos de profesión, sino operaciones a cargo de intereses progresistas y foráneos. Lampadia

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

No debería dejar de resonar en nuestra memoria, la expresión del abogado Aníbal Torres, cuando actuaba como representante legal de Perú Libre. Definitivamente, un abogado viejo y cazurro, inescrupuloso y capaz de atarantar, a punta de boquilla, a cuanto muchachito se le ponga por delante. Recordemos nomás, los chispazos de demencia senil que lo llevan cotidianamente a insultar, a defender y encumbrar, sin ninguna vergüenza ni recato, la memoria de genocidas de la historia, a provocar división y confrontación entre peruanos y a atreverse a generar inquina en la mente de los niños, cosa a la que ninguna persona decente se atrevería, por tratarse del tesoro más preciado de nuestra nación.

Ya llevamos un largo período de 16 meses con Castillo, período durante el cual estamos tonteando con discusiones de orden legal.

Mientras, el aparato del Estado viene siendo copado por gente incapaz e inescrupulosa, los presupuestos mal gastados, en puro gasto corriente para pagar favores políticos a partidarios y ayayeros, degradando hasta el infinito la calidad de los funcionarios públicos, en una tarea que destruye al sector público y aniquila el manejo acertado de políticas públicas. Con individuos incapaces de ejecutar debidamente los presupuestos de inversión, que cierren brechas sociales. En resumen, agudizando, por esta vía, las contradicciones que ampliarán las brechas socioeconómicas que tanto deseamos cerrar.

En paralelo a la degradación y alta rotación de funcionarios, han creado mecanismos para canalizar (robar) los recursos públicos, para pagar actividades políticas de masas, conducentes a promover, a la mayor velocidad posible, la tan mentada Asamblea Constituyente, vía un sinnúmero de prefectos, subprefectos y gobernadores, que no son otra cosa que operadores políticos locales.

No contentos con eso, ahora quieren echar mano de FONAFE y poner en los Directorios de todas las empresas públicas, a gente que, lejos de demostrar calidades profesionales, sólo tendrán que ser gente del entorno y funcionales a la cúpula de gobierno, sin interesar su capacidad para crear valor, en favor de todos los peruanos.

Y aquí nos encontramos, con un ejecutivo extremando sus malas artes para provocar el cierre del Congreso, sin importar si el tema es legal o no. Mientras del otro lado, tenemos unos parlamentarios que debieran estar haciendo un trabajo político de cara a la población, pero que no se les ve movilizar a sus votantes, en tanto que, al interior del propio parlamento, debieran estar adelantados a las posibles jugadas del Ejecutivo.

Pero no, resulta que, teniendo la Constitución y las leyes de su lado, se están tomando todo el tiempo del mundo para ir al Tribunal Constitucional, para que éste defina una posible contienda de competencias, y así, poder actuar en el plano político. Por supuesto que también en el ínterin, se estarían tomando su semana de representación.

Es evidente que el Congreso no tiene ningún sentido de urgencia, que no cuentan con ninguna experiencia política, que les falta a raudales la malicia que al expremier y titiritero de la presidente del consejo de ministros y del gobierno, le sobra. Creen todavía que estos temas se resolverán mediante la interpretación de la constitución y las leyes, por parte de algunos abogados.

Ya sabemos meridianamente que, respecto a cualquier disputa legal, habrá tantas opiniones como abogados opinantes exista y, por lo tanto, esto debe tener un manejo político astuto y muy rápido, caso contrario, tendremos que lamentarlo por mucho tiempo.

Ya debiéramos haber tenido una conferencia de prensa efectuada por un nutrido grupo de abogados constitucionalistas reconocidos, quienes debieran pronunciarse públicamente y de cara a las Fuerzas Armadas, para que ellos, que no son especialistas en temas legales, tengan muy claro cómo y cuándo estar del lado de la defensa de la Constitución y no subordinados a las personas.

Muchos ciudadanos calificados, deberían estar informando a la ciudadanía respecto a nuestras opciones y posibles rutas de nuestra democracia, ante las acciones que pretende propiciar el gobierno.

El Congreso debe proceder muy rápidamente con el proceso de vacancia y no dilatar los tiempos, pues estos inescrupulosos, van a manejar psicosociales, atemorizar a los congresistas que pudieran estar persuadidos de apoyar la vacancia o asustar a la población con amenazas de levantamientos u otros, para atarantar a quienes, sin experiencia política y poca decisión, se puedan dejar avasallar por esta gavilla de delincuentes. Lampadia

Por: Tribunal Constitucional 
Perú21, 2 de Diciembre del 2022

El Tribunal Constitucional (TC) admitió a trámite la demanda competencial interpuesta por el Congreso de la República para que esclarezca si, como alega el Ejecutivo, se rechazó la cuestión de confianza que conllevó a la renuncia del expremier Aníbal Torres hace una semana.

Además, el máximo intérprete de la Carta Magna concedió la medida cautelar para suspender los efectos de cualquier decisión adoptada por el gobierno de Pedro Castillo por interpretar un rechazo a la confianza.

Para el Legislativo, no existió denegatoria porque fue la Mesa Directiva, y no el Pleno, la que se encargó de no admitir la cuestión de confianza de Torres al advertir que vulneraba las “competencias exclusivas” del Congreso.

El entonces jefe del gabinete recurrió a este mecanismo buscando derogar la Ley N° 31399 que regula la herramienta del referéndum. Lo que quería era promover cambios en la Constitución sin la participación del Parlamento.

No obstante, el TC aclaró en un último fallo que toda consulta popular debe ser aprobada por el Congreso, en virtud del artículo 206 de la Constitución.

Con la demanda competencial se quiere evitar que el gobierno de Castillo busque la disolución del Poder Legislativo ante un nuevo rechazo de la confianza.

Fernando Rospigliosi
CONTROVERSIAS
Para Lampadia

Ahora ni los más ilusos, los que creían que la situación de crisis permanente podía prolongarse hasta el 2026, o los que pensaban que Pedro Castillo y sus secuaces no se iban a atrever a disolver el Congreso y establecer una asamblea constituyente controlada por ellos, ya se han dado cuenta de los siniestros propósitos de la gavilla que asaltó el gobierno.

Los congresistas, muy alarmados, están reaccionando como pueden, interponiendo recursos ante el Tribunal Constitucional y tratando de explicar la ilegalidad de las acciones del Ejecutivo. También han presentado una nueva moción de vacancia. Eso está muy bien. Pero, finalmente, a la corrupta camarilla comunista le importa un comino la legalidad, la constitucionalidad y cualquier tipo de “pelotudeces democráticas”. A ellos solo les interesa la fuerza para salirse con la suya. Y, al parecer, ya han avanzado bastante, aunque no lo suficiente todavía.

Les falta poco, en realidad. Algunos cambios más en el Ejército y las Fuerzas Armadas y ya tendrán lo que necesitan para garantizar su pasividad cuando provoquen una asonada y disuelvan el Parlamento. El control total vendrá después.

Los que podrían evitar la destrucción del país, duermen. O se acomodan. A muchos no les gusta lo que ven, la descarada violación de la ley y la Constitución por una cuadrilla de delincuentes comunistas, pero no se atreven a hacer nada, entre otras cosas, por el temor a las represalias posteriores. En verdad, si bien es cierto que existe un riesgo -siempre lo hay-, no necesariamente los resultados son los que, con mala intención, auguran algunos.

Digresiones históricas

En las últimas décadas ha habido varias interrupciones bruscas en el Perú.

• En 1962, una Junta Militar encabezada por el general Ricardo Pérez Godoy derrocó a Manuel Prado aduciendo fraude en las elecciones de ese año (fue el primer gobierno institucional militar en América Latina). Reorganizaron el sistema electoral y realizaron elecciones limpias en 1963. El general Nicolás Lindley López reemplazó a Pérez Godoy cuando este quiso quedarse en el gobierno.

La transición fue ordenada y a nadie se le ocurrió intentar sancionar a los miembros de la Junta ni a quienes los acompañaron en el gobierno. (Lindley fue luego embajador en España en los gobiernos de Belaunde y Velasco).

• En 1968 el general Juan Velasco derrocó a Fernando Belaunde. La dictadura militar se prolongó durante doce años, pero hubo una transición ordenada y pactada, con Francisco Morales Bermúdez en 1980. Ningún militar ni funcionario que participó fue perseguido ni procesado. Algunos ministros, como el general Luis Cisneros Vizquerra y Javier Silva Ruete, también ocuparon carteras ministeriales en los siguientes gobiernos y a nadie se lo ocurrió objetarlos.

En esa dictadura se hicieron cosas más que discutibles. Además de expropiaciones, deportaciones y persecución de políticos y periodistas, se denunciaron casos de corrupción (nunca a Velasco ni Morales Bermúdez) y hubo cientos de muertos en las protestas sociales (5 de febrero de 1975, paros nacionales de 1977, 1978, etc.).

• No obstante, la experiencia que se tiene siempre presente es la del golpe del 5 de abril de 1992, protagonizado por Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. A diferencia de la Junta Militar anterior, que terminó en medio de una situación económica y social desastrosa, ese gobierno tuvo importantes logros en la economía -detuvo la hiperinflación, privatizó muchas empresas estatales, propició el crecimiento de la economía-, y en la derrota del terrorismo.

Incluso sorteó las consecuencias del golpe, negociando con los EEUU (a través de la OEA) en Bahamas en mayo de 1992) para realizar elecciones en noviembre de ese año y concluir su periodo en 1995.

Sin embargo, terminó muy mal. Veintidós años después, los miembros del triunvirato que gobernó -Fujimori, Montesinos y Nicolás Hermoza Ríos- están presos. Varios otros también.

¿Por qué esa diferencia? Samuel Huntington lo explica así: “En las transformaciones y traspasos, los líderes de los regímenes autoritarios dejaron la política y volvieron tranquilamente a los cuarteles o la vida privada, con algún respeto y dignidad. En contraste, los líderes autoritarios que perdieron el poder a través de los remplazos sufrieron un destino menos grato.” Terminaron exilados o presos. (“La tercera ola. La democratización a finales del siglo XX”).

Huntington usa “reemplazo” como sinónimo de colapso o ruptura, y “transformaciones” como transacción o negociación.

En el caso de Fujimori fue un colapso. Además de la crisis mundial y el fenómeno del Niño de 1998, y las protestas del 2000, el motivo fundamental fue la venta que hizo Montesinos de 10,000 fusiles AKM a las FARC en 1999, precisamente cuando el gobierno norteamericano empezaba el “Plan Colombia”, invirtiendo miles de millones de dólares para combatir el narcotráfico y el terrorismo. Los fusiles los compraron a Jordania usando documentos falsos del Ejército Peruano. Cuando norteamericanos y colombianos lo descubrieron, Montesinos inventó una historia absurda, responsabilizando a un capitán y unos sub oficiales del Ejército de ese descomunal negocio (las FARC pagaron con 10,000 kilos de cocaína).

El 21 de agosto de 2000 Fujimori apareció al lado de Montesinos en conferencia de prensa -junto con todos los mandos militares- tratando de justificar el negociado. Selló su suerte. El 14 de setiembre apareció el primer “vladivideo” y el 16 renunció a la presidencia y disolvió el SIN. En noviembre fugó.

A Montesinos, Hermoza y otros militares se les encontraron cuentas millonarias producto de la corrupción.

No se puede saber que hubiera pasado si Fujimori abandonaba el poder en el 2000, después de dos periodos, en una transición pactada -o traspaso, en terminología de Huntington-, pero probablemente su destino hubiera sido distinto y muchos le hubieran agradecido las cosas positivas que realizó.

En síntesis, el asunto no es como empiezan sino como terminan los gobiernos que surgen de alguna emergencia. Lampadia

Por: Adriana Tudela
Diario Correo, 30 de Noviembre del 2022

La legisladora de Avanza País, Adriana Tudela, presentó una denuncia constitucional contra quienes firmaron el acta del Consejo de Ministros Extraordinario del 24 de noviembre, en la que se afirma que la cuestión de confianza del Ejecutivo fue “rehusada expresamente” por el Congreso.

Según la denuncia de Tudela, el Gabinete que lideró Aníbal Torres habría violado los artículos 38, 39, 45, 90, 125 y 133 de la Carta Magna. Los ministros denunciados son: Aníbal Torres (expremier), Betssy Chávez (ex- Trabajo), César Landa (Relaciones Exteriores), Daniel Barragán (Defensa), Kurt Burneo (Economía), Willy Huerta (Interior) y Félix Chero (Justicia).

También están incluidos Rossendo Serna (Educación), Kelly Portalatino (Salud), Jenny Ocampo (ex-Desarrollo Agrario), Alejandro Salas (Trabajo), Jorge Prado (ex- Producción), Roberto Sánchez (Comercio Exterior), Alessandra Herrera (ex-Energía), César Paniagua (Vivienda), Claudia Dávila (ex-Mujer) y Wilbert Rozas (Ambiente).

El Ejecutivo oficializó en dicha acta la interpretación de que el Parlamento le negó la primera cuestión de confianza.

Esta es la segunda denuncia presentada contra los miembros del Gabinete, luego de que Patricia Chirinos, (Avanza País), interpusiera también la suya, que incluye al presidente Pedro Castillo.

Por: Carlos Basombrío 
El Comercio, 30 de Noviembre del 2022

“La ‘cuestión de confianza’ […] es una espada de Damocles que penderá sobre todos los 130 congresistas”.

La crisis política que vive el Perú es de tal profundidad y gravedad que el escenario más probable es que siga su curso por los desagües por un período largo. Aún si hacemos las cosas bien, tomará tiempo antes de que pueda discurrir por aguas razonablemente potables.

La principal manifestación de esa crisis es el alejamiento casi completo de la población de la vida pública. Bajo el principio de que todo está podrido (y, de hecho, casi todo lo está), se produce un desapego profundo a nivel de todos los sectores sociales: “no me hablen de política, no me malogren la noche”, “no leo diarios ni veo programas, es deprimente”, “todos son lo mismo, todos roban igual”.

Es verdad que el camino de la solución a la crisis requiere un volver a empezar con mejores reglas y que ello incluye al Ejecutivo y al Congreso. Y si bien la salida “que se vayan todos” es –según el IEP– apoyada por el 87%, cabe preguntarse cuántos sacrificarían hoy algo importante por empujar esa salida.

Aun asumiendo que muchos se movilicen en apoyo del valioso esfuerzo de los colectivos ciudadanos, se requiere, primero, reunir 75.000 firmas y, luego, casi 3 millones. ¿Un par de años?

¿Qué Perú habría para entonces dada la paralizante y destructiva colisión entre el Ejecutivo y el Congreso?

Por eso, si decir que la única solución es “que se vayan todos” y se convirtiese en excluyente, esto podrá tranquilizar conciencias, pero nada más.

La pregunta es más prosaica y se resume en: ¿qué es peor hoy para el país?

A mí no me queda duda, lo es la continuidad de un presidente que ya no tiene otra agenda que la de su impunidad y que ha llegado a la conclusión que la permanencia de este Congreso es un riesgo inminente de perderla.

El arma escogida es la “cuestión de confianza”. Eso sí, pervertida, al punto de que se presenta no para conseguirla, sino para que se deniegue (“fácticamente”). En la medida en que Castillo y la media docena de ministros investigados por corrupción y obstrucción a la justicia no pueden darse el lujo de perder, esta seguirá siendo una espada de Damocles que penderá sobre la sobrevivencia de todos los 130 congresistas. Y a la primera distracción, ¡zaaaasss!

Acá el problema principal no es la falta de diálogo político, como pretenden los miembros de la misión de la OEA. Estamos esencialmente ante un tema de supervivencia de actores con intereses contrapuestos. Los unos, evitar ser disueltos; los otros, evadir la acción de la justicia.

En mi opinión, si Castillo dejara el cargo por cualquiera de las variantes constitucionales que se exploran, no se solucionaría la crisis, pero al menos quedaría abierta la puerta para que se gobierne en democracia. Estaría así incólume la posibilidad de que, si un sector importante de la población produce una movilización social masiva y persistente, se puedan lograr elecciones con reglas nuevas que ayuden a la difícil reconstrucción de una democracia abajo asedio.

En cambio, si Castillo logra dar un golpe de estado cerrando unilateralmente el Congreso con leguleyadas, no va a ser para luego retornar a las “pelotudeces democráticas” y tener, seis meses después, un Congreso igual o más complicado para sus fines.

Toda lógica indica que buscará conseguir su objetivo: impunidad. Ello requiere, al menos, llevarse de encuentro a la fiscal de la Nación y toda continuidad de las investigaciones. No descartaría tampoco que pongan restricciones a la libertad de prensa. También –aunque su insuperable incompetencia juega fuerte en su contra– buscaría imponer una asamblea constituyente en base a representantes de sus “organizaciones populares” que le asegure permanencia más allá del 2026.

Ambas armadas soltaron ya las amarras. Las próximas semanas van a ser de un nivel de tensión altísimo y el escenario político del 2023 será otro.

¿Cuál? Nada está asegurado ni desechado. Dado que la definición será sin hinchada (las portátiles no cuentan), el resultado va a depender exclusivamente de cómo y cuan rápido muevan sus fichas el Ejecutivo y el Congreso, así como de las decisiones que tome (o no tome) un Tribunal Constitucional del que no sabemos mucho cómo piensan sus nuevos integrantes.

Entre tanto, el trabajo en la fiscalía sigue avanzando.

Muy importante ha sido la detención del oscuro asesor de Castillo, Henry Shimabukuro (no se sabe siquiera con certeza si es de la DINI). La fuga y posterior entrega de Hugo Chávez, ex mandamás de Petro-Perú. La prisión de Samir Abudayeh, el beneficiado con el millonario contrato que luego fue anulado por el escándalo. Y, lo más significativo, nada menos que José Luis Fernández, exjefe de la DINI, ya con detención preliminar y arriesgando algunos años de preventiva.

Estas detenciones no parecen ser el colofón de las investigaciones. Más bien, son un episodio más que emerge de 47 carpetas fiscales que involucran a muchos más de los ya descubiertos.

Castillo sabe que no conocemos sino una parte de lo ocurrido y que el tiempo juega en su contra.

Su pánico se agudiza y lo ratifica en que necesita jugarse el todo por el todo.

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Los argumentos que despliega el acta del consejo de ministros para justificar la declaración de que la confianza le ha sido denegada al gabinete Torres son inauditos y confirman que el interés del gobierno no es la aprobación de tal o cual política de gobierno, pues ni siquiera se ha planteado cuestión de confianza sobre tal cosa sino sobre el referéndum, que nada tiene que ver con una gestión del Ejecutivo, sino acumular dos supuestas denegaciones de confianza para configurar la disolución del congreso. 

La esencia del argumento del consejo de ministros es la siguiente:

“Sostenemos, entonces, de manera categórica, que el rechazo, rehúsamiento, o negación de la cuestión de confianza, se configura con cualquiera de estos mecanismos: la inadmisibilidad, el rechazo de plano, la improcedencia o negación de la cuestión de confianza, para evitar el abuso del derecho o el fraude a la Constitución”.

El argumento de Aníbal Torres es, como vemos, insólito: declarar la improcedencia equivale a rechazar la cuestión de confianza. Algo carente de toda lógica: el rechazo se refiere al contenido de la propuesta. La improcedencia se refiere a que tal cuestión de confianza no se puede presentar, que su contenido no es materia de una cuestión de confianza.

Que es lo que establece la ley 31355 que regula la cuestión de confianza, siguiendo, por lo demás, el sentido común y lo que estableció el Tribunal Constitucional en una sentencia: la cuestión de confianza tiene que versar sobre materias relacionadas a la gestión del Ejecutivo, a sus políticas, a sus funciones. El Ejecutivo no solo se salta esta norma, sino, peor aún, desconoce que, según esa misma ley, solo el Congreso puede determinar si ha rechazado o no una cuestión de confianza. Ya no existen las denegaciones fácticas.

La intención golpista del Ejecutivo es descarada. Por eso, es correcto que la moción de vacancia se haya presentado. Los congresistas deben acelerar la búsqueda de los 87 votos y asegurarlos antes de que sea demasiado tarde, y la ciudadanía debe prepararse para movilizarse.

Hay quienes sostienen que la ley de la cuestión de confianza ha desequilibrado las relaciones entre los poderes dejando sin armas ni recursos al Ejecutivo, que prácticamente no podría plantear cuestión de confianza sobre nada. Pero esto no es cierto. El Ejecutivo, por ejemplo, hubiera podido plantear cuestión de confianza sobre la ley de presupuesto, si es que juzgaba que los agregados del Congreso afectan el equilibrio fiscal. O sobre cualquier otra materia de su competencia que el Congreso no quisiera aprobar. Pero no es eso lo que le interesa. Ni siquiera tiene planes o propuestas. Plantea cuestiones de confianza no para llevar adelante un plan de gobierno, sino para disolver el congreso. No porque el Congreso sea obstruccionista: apenas ha censurado a 5 ministros de los 80 ministros que han renunciado. Mas bien se le acusa a este congreso de no ejercer control político.

La actitud del gobierno tiene su raíz en la peor motivación imaginable: evitar el progreso de las investigaciones y los procedimientos contra el presidente y su entorno. La impunidad. Eso es todo. No se puede permitir. Lampadia

Entrevista a Víctor García Toma
Perú21, 28 de Noviembre del 2022
Por: Mayra Calderón Cornejo 

Perú21TV conversó con el abogado constitucionalista Víctor García Toma sobre la conducta del Ejecutivo, al hacer una interpretación que está fuera de la ley sobre la cuestión de confianza.

Víctor García Toma, abogado constitucionalista, reafirma que la única intención del Ejecutivo es disolver el Parlamento de forma inconstitucional.

¿Es legal el acta que firmaron los ministros sobre la negación de confianza?

El Consejo de Ministros, el 24 de noviembre, ha hecho un acta contra el sentido expreso de la ley y una sentencia emitida del TC que respalda al Congreso. ¿Qué dice el TC? No existe en la Constitución la denegación fáctica. Si se hace se comete una infracción a la Constitución de parte de los ministros que firmaron esta acta. El artículo 38 de la Constitución dice bien claro que todos los ciudadanos peruanos están en la obligación de cumplir con la Constitución. El art. 128 dice que los ministros son responsables de los actos contrarios a la Constitución, lo que significaría una inhabilitación de cargos políticos de 1 a 10 años.

¿Qué busca el Ejecutivo?

El Poder Ejecutivo sigue avanzando en la intención de un autogolpe, de un gobierno de facto. El nombramiento de Betssy Chávez es una muestra más; no merecería tener el voto de confianza. Es una ministra muy cuestionada. Primero por ser censurada por incompetente y ahora por ser una persona investigada por haber nombrado a personas allegadas su pareja, hecho que podría significar una imputación penal. Es decir, el gobierno la ha puesto ahí para eso (para que el Congreso no le dé la confianza)

¿Por qué es importante que el TC se vuelva a pronunciar por tercera vez?

Esta resolución del Tribunal Constitucional es importante porque cierra la discusión; impide que el Ejecutivo trate de engañar a la ciudadanía con interpretaciones falaces. Con ello quedaría claro que la conducta del Ejecutivo es inconstitucional. Se trata de buscarle pulgas al piojo: “vamos a ver de dónde nos agarramos para que el Congreso les quite la confianza a dos gabinetes y con eso vamos rumbo a una disolución del Congreso”.

Por: Anibal Quiroga
Expreso, 29 de Noviembre del 2022

Como representante legal del Congreso, el constitucionalista Aníbal Quiroga presentará una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional y una medida cautelar contra el Poder Ejecutivo, con relación a la cuestión de confianza que pretende aplicar el gobierno de Pedro Castillo.

“La medida cautelar se va a presentar al mismo tiempo que la demanda. Es lo que dice el Código Procesal Constitucional. En cuanto a los plazos, el proceso debería terminar en unos cuatro meses y la medida cautelar tendría que ser resuelta en dos semanas. Claro que hay urgencia porque nos estamos presentando ante una posible disolución del Congreso”, dijo en RPP.

Alertó que esto podría llevar a una situación de impunidad para quienes son investigados por corrupción, como el Presidente y varios de sus allegados.

“No solamente desaparecía el Congreso y las principales libertades públicas, sino que, además, ya no va a haber Tribunal Constitucional, porque inmediatamente se va a convocar a una Asamblea Constituyente y el tema se va a subvertir de manera completa (…) también se van a llevar de encuentro a la Fiscalía de la Nación, el Poder Judicial”, agregó Quiroga, alertando que la democracia está en peligro.

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Lima, 25 de noviembre de 2022
Para Lampadia

El Poder Judicial y la Universidad Privada San Juan Bautista (UPSJB) firmaron el 20 de febrero de 2017, un Convenio de Cooperación Interinstitucional mediante el cual, la referida universidad “se compromete a otorgar descuentos especiales a los Magistrados y auxiliares jurisdiccionales, así como también a los familiares directos de estos (cónyuges e hijos) …” ¿Qué tal?

¿Acaso el Poder Judicial no debería ser totalmente autónomo e independiente?

¿Qué pasaría si algún funcionario de la universidad comete algún delito y es denunciado ante el Poder Judicial?
¿Acaso el juez y / o auxiliares jurisdiccionales encargados de impartir justicia no estarían frente a un caso flagrante de conflicto de intereses?
¿Cómo juzgar a un funcionario universitario denunciado por algún delito, si los jueces y / o auxiliares jurisdiccionales, y sus cónyuges e hijos estudian en la referida universidad… en condiciones económicas particularmente ventajosas?

¿Qué pasaría – por ejemplo – si el principal accionista de la UPSJB, presentara una querella por difamación contra un columnista de un medio periodístico, por opinar críticamente respecto de la referida universidad o de su persona? ¿Acaso no habría conflicto de intereses, que los jueces y / o auxiliares jurisdiccionales que fallen contra el querellado, estén ellos – o sus familiares – estudiando o enseñando en la universidad de propiedad del querellante?

Pues bien, eso que podía suceder… sucedió. El querellado referido en el párrafo anterior, fui yo. Y el querellante, el Congresista José Luis Elías Ávalos, principal accionista de la UPSJB.

Y todo porque a mediados de 2018 escribí un artículo de opinión en Lampadia – y en el Diario Correo de Ica – titulado “Las Almas Mater de la Corrupción en el Estado Peruano”, dónde precisamente, me referí a aquellas universidades, como la UPSJB de José Luis Elías Ávalos, la César Vallejo de César Acuña, la Alas Peruanas de Joaquín Ramírez, la Garcilaso de la Vega de Luis Cervantes Liñán, la Telesup de Pepe Luna Gálvez, entre otras que, en mi opinión, no son nada santas. En todo caso, se trata de universidades de propiedad de cuestionados políticos en actividad, las cuales acogen en sus aulas – en condiciones económicas ventajosas – a muchos jueces y auxiliares jurisdiccionales, a sus familiares e hijos, y a muchas autoridades estatales. ¡Un descaro moral!

Pregunto ¿acaso los jueces que fallaron en mi contra actuaron con independencia y autonomía? Claramente, NO. ¿Acaso el Congresista Elías Ávalos – repito, dueño de la UPSJB, donde estudian jueces y auxiliares jurisdiccionales, y sus familiares (esposas e hijos) en condiciones económicas ventajosas – no tiene influencia sobre los magistrados del Poder Judicial que fallaron en mi contra? Claramente, SI.

Es verdad; el fallo en mi contra redujo la reparación civil de S/, 8’000,000 solicitada por el querellante a S/. 20,000; o sea, a apenas el 0.25% del monto solicitado. Pero el problema es el fallo; no el monto de la reparación civil. El hecho es que el dueño de una universidad me querelló por difamación, por un artículo periodístico que refleja mi opinión sincera respecto de un grupo de universidades peruanas de pésima calidad. Y el Poder Judicial que falló en mi contra, claramente está comprometido con dicha universidad, a través de un Convenio de Cooperación Interinstitucional, que le quita independencia y autonomía.

¡Qué problema! Tengo la mejor impresión de la Dra. Elvia Barrios, Presidenta del Poder Judicial y de la Corte Suprema de Justicia de nuestro país, y de un número – no menor – de jueces y fiscales probos y valientes. Pero sí quisiera que se sepa públicamente que este tipo de convenios existen, y que es menester corregir esta mala práctica generalizada en el mundo académico – universitario de nuestro país.

El Poder Judicial – por definición – debe ser independiente y autónomo. Y para ser independiente y autónomo, no debe deberle favores a nadie… y menos a universidades y / o políticos de conductas chuecas. Suscribir convenios como el referido en el presente artículo, es como firmar Convenios de Cooperación Interinstitucional… para delinquir impunemente. Y eso me parece mal… muy mal. Lampadia

Por: Jaime de Althaus
El Comercio, 26 de Noviembre del 2022

“El Congreso tiene que actuar con celeridad”.

La designación de Betssy Chávez como presidenta del Consejo de Ministros confirma la percepción de que el Gobierno ha decidido radicalizar su estrategia de confrontación con el Congreso para acumular políticamente hasta disolverlo. La flamante primera ministra, carente de credenciales, es uno de los cuadros más agresivos del entorno presidencial y su nombramiento es una provocación directa no solo al país, sino en particular al Congreso, que ya la había censurado en una ocasión.

El plan del Gobierno es muy claro. Fue anunciado por el renunciante primer ministro Aníbal Torres cuando presentó su cuestión de confianza: declarar la denegación fáctica de la confianza aún si fuera declarada improcedente y volver a hacerlo luego por segunda vez para disponer la disolución del Congreso.

Por supuesto que un cierre del Parlamento así ejecutado sería abiertamente ilegal porque, según la ley, solo el Congreso puede determinar el sentido de su decisión sobre una cuestión de confianza y la falaz denegación fáctica ya no existe, de modo que el Ejecutivo solo podría imponer el cierre del Congreso por la fuerza, mediante un golpe de Estado abiertamente inconstitucional.

Para eso, sin embargo, necesitaría el apoyo de la fuerza armada, que no lo tiene, aunque habría que ver si la Policía Nacional obedecería una orden de impedir el ingreso de los congresistas al Parlamento. De ocurrir algo así, ingresaríamos por esa vía a una confrontación de magnitudes imprevisibles. Por lo demás, si ello no le funcionara, el Gobierno cuenta con las algaradas que Antauro Humala logre armar en Lima en el verano, luego de haber convocado a los asistentes a todos sus mítines a sumarse a esa marcha de 500 mil reservistas que dice vendrán a la capital precisamente para cerrar el Congreso.

El Congreso tiene que actuar con celeridad. Debería apurarse en reunir los 87 votos para la vacancia antes de que sea demasiado tarde. Que no nos extrañe que la nueva primera ministra plantee ya una cuestión de confianza sobre algún tema improcedente la próxima semana, aunque en puridad constitucional debería esperar hasta su presentación en el Congreso para exponer la política general del Gobierno y solicitar cuestión de confianza para dicha política, para lo cual tiene 30 días.

La propia vicepresidenta Dina Boluarte comunicó vía Twitter que ha decidido no continuar en el próximo Gabinete Ministerial. Sin duda, conoce los planes destructivos del Gobierno y por eso se retira escribiendo que “no tengo duda que la polarización actual perjudica a todos, especialmente al ciudadano de a pie”. Podría terminar reemplazando a Castillo más temprano que tarde, pero tendría que hacerlo con un gabinete respetable capaz de iniciar la recuperación nacional.

Un golpe como el que pretende el Gobierno, tan evidente y descarado, debería provocar una muy fuerte movilización ciudadana de protesta. El problema acá es que la oposición social al Gobierno está profundamente dividida entre la “derecha” y los “caviares”. A las marchas, por ejemplo, no asisten los “caviares”. La aversión recíproca es patológica. Se necesita empezar a dialogar para coordinar y sumar esfuerzos de manera orgánica a fin de defender la democracia.

Porque el proyecto gubernamental va más allá de la sola desesperación por evitar la vacancia o la suspensión temporal. Retoma el designio original de cerrar el Congreso y convocar una asamblea constituyente para concentrar el poder y perpetuarse en él. No fue casualidad que la cuestión de confianza fuera contra la ley del referéndum, que no elimina ese derecho, como quieren engañar, sino que lo subordina a una primera votación del Congreso, como dice el artículo 206 de la Carta Magna. Ahora, la asamblea constituyente se ha vuelto el seguro de vida de Castillo para, desde allí, anular las investigaciones por corrupción y salvarse de las sanciones. Es la misma promesa que le hace Antauro, su última esperanza.

Carlos Milla Vidal
Desde Cusco
Para Lampadia

Los actores importantes de la política peruana, han decidido iniciar LA BATALLA FINAL, por el poder. Los resultados, están a la vista,

EL EJECUTIVO:

Un ejecutivo acorralado, enlodado por la corrupción más que evidente, usa un arma que le ha sido muy útil, y le ha hecho ganar muchos puntos en la popularidad del presidente (paradójico pero cierto).   ¿Cuál es su estrategia? Torpe pero muy eficaz, victimizarse, confrontar, poner a un premier desquiciado, algunos ministros escuderos obtusos, y ciegos ante la evidencia, pero también útiles y confrontacionales.

Hicieron la que pretendía ser una “jugada maestra”, al buscar una cuestión de confianza totalmente discutible. Es decir, hacer cuestión de confianza por una ley que regula la cuestión de confianza. (mi profesor de secundaria diría… “un galimatías”), y adicionalmente una ley que ya había sido sancionada por el tribunal constitucional.

Entre gallos y medianoche, renuncia el premier, pretendiendo que ésta es una “denegación fáctica”  (Un perverso aporte a la política peruana del Lagarto.)

El presidente, en su discurso, trata de apelar a esta barbaridad jurídica.

Así terminó el día de ayer.

EL CONGRESO:

Nuestro congreso es el espejo de la polarizada sociedad que tenemos. Sin embargo, hoy, el General Williams, Presidente de este poder del estado, se ha puesto a la altura de sus responsabilidades.  Ha evitado enviar a comisiones, el pedido del ejecutivo, lo ha pasado al pleno, y el pleno ha rechazado la propuesta del ejecutivo, que pretendía que el congreso claudique por temor a “la bala de plata”. De haber sido así, el ejecutivo tendría un congreso sometido.

Williams lo explica bien:

https://twitter.com/Politica_ECpe/status/1596190640316239874?s=20&t=eiyGhnKRhNVIksl2mmE4ZQ

Es decir.  Estamos del lado de la Constitución, y éstas son las reglas de juego.

Lo que iba a ser un atropello por goleada del ejecutivo, se convirtió en una victoria para el legislativo (con goles en los descuentos).

LO QUE SIGUE:

Estamos en un juego por penales.

• El ejecutivo tratará de forzar su segunda bala, y cerrar el congreso. Para eso acaba de jurar como premier Betsy Chavez, la censurada ministra de trabajo, repuesta por capricho en otra cartera, en la cual sólo ha tenido desatinos, al margen de las graves acusaciones, por favorecer con puestos del estado a los familiares del novio.
• El legislativo no reconoce la entelequia de la denegación fáctica, por dos motivos: No existe en el ordenamiento legal, y no puede ser hecha por temas exclusivos y excluyentes de la función legislativa, planteará la suspensión del presidente (camino complicado pero posible porque se requieren menos votos.) Mientras tanto, es posible que se junten los 87 votos para la vacancia, harán lo primero que ocurra.

El Ejecutivo tratará de llamar al “pueblo” a una insurgencia popular, tendrá actores (y actrices) prestas a levantar las calles, han estado trabajando mucho tiempo en desprestigiar el congreso. Sin embargo, no les asiste ni la razón ni la ley, y tampoco la fuerza, porque lo que están haciendo es del todo grotesco.

Los tres tomos de acusaciones y evidencias de corrupción del mismísimo presidente, que han sido entregados a la OEA, pesan en la conciencia del ejecutivo.

Y “el pueblo” ya no cree en su inocencia… Ser el pobre campesino a quien los ricos desprecian, es un discurso que acabó.

La opinión pública debe seguir haciéndose eco de las noticias, y formando eso… OPINION.

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL:

El máximo intérprete de la carta magna, ya falló a favor del congreso, reconociendo por segunda vez la vigencia de la ley y la no procedencia de la cuestión de confianza

LAS FFAA

Las fuerzas armadas, han sido hasta hoy, la única institución, que pese a que muchos de sus mandos han sido copados, se ha mantenido firme a su principal juramento lealtad a la constitución. Y de no ser deliberante.

Hasta hoy teníamos un “delincuente constitucional” en palacio, y lo respaldaban. (está claro que porque era constitucional, aunque sea delincuente.

Pero si el delincuente deja de ser constitucional, perderá el respaldo.

El momento decisivo ha llegado, y no tengo dudas del desenlace.

Las FFAA no van a respaldar a Castillo.

El desenlace será constitucional, el Congreso debe hacer lo suyo: Vacancia o suspensión YA.   Y ambas medidas son constitucionales. Lampadia