Las leyes de este Congreso llevan a un Estado inviable y fallido

Jaime de Althaus
Para Lampadia

La irresponsabilidad del ex presidente Vizcarra, que lo llevó a disolver el congreso anterior por puro deporte populista puesto que no buscó tener mayoría en el nuevo Congreso, ha producido el parlamento más populista y destructivo de la historia del Perú. En el año que tiene de funcionamiento, ha logrado socavar seriamente los pilares del crecimiento económico nacional, comprometiendo gravemente la viabilidad del país.

En efecto, las leyes aprobadas, como podemos ver en el siguiente cuadro, han atacado peligrosamente los 4 fundamentos del modelo económico que nos había permitido crecer a tasas altas y reducir la pobreza a la tercera parte de lo que era.

Esos 4 pilares o fundamentos son el equilibrio fiscal y la meritocracia, los motores emblemáticos de crecimiento, la libertad económica y de precios y la seguridad jurídica de los contratos.

Siete leyes han comprometido la viabilidad fiscal del Estado:

• La de devolución de aportes a la ONP –que esperamos el Tribunal Constitucional declare inconstitucional- que no solo abre un forado de 18 mil millones de soles, sino que deja a muchos pensionistas sin pensión con la contingencia de que en el futuro terminen reclamando al Estado un apoyo. La misma contingencia fiscal se presentará con las tres leyes de retiro de fondos de las AFP que hasta ahora se han aprobado.
• La ley que fija 2 puntos del IGV para gastos de inversión en las Regiones, cuando ahora ese gasto no pasa de 1 punto. Una carga rígida adicional de 1 punto del IGV a los futuros presupuestos.
• La ley de rentas para las municipalidades de centros poblados, que saldrá de las municipalidades provinciales. Una carga adicional a los presupuestos futuros que hasta ahora no existía.
• Están además las leyes que derogaron sendos decretos de urgencia que ordenaban la negociación colectiva en el Estado y la reposición judicial de los CAS que al vencer su contrato acudían al Poder Judicial para que los repusieran con nombramiento permanente, ¡sin concurso! Ambas situaciones estaban fabricando una bomba fiscal que los decretos desactivaban, Al derogarlos, la bomba continúa creciendo.
• Antes de eso había aprobado la ley de nombramientos y ascensos automáticos en Salud y Essalud, que no solo implicaba un incremento permanente de cerca de 4 mil millones de soles anuales, sino que eliminaba toda meritocracia, sin la cual es imposible avanzar en la reforma del sistema de salud. Felizmente esta ley ha sido declarada inconstitucional por el TC.
• No contento con eso, aprobó además la ley que pone fin a los Contratos Administrativos de Servicios (CAS) y ordena el nombramiento de todos los contratados con esa modalidad, con gran costo presupuestal, sin concurso
• Aprobó también la ley que pone fin a los Contratos Administrativos de Servicios (CAS) y ordena el nombramiento de los más de 300 mil contratados con esa modalidad, agregando un peso permanente y agravado al erario y sin concurso, sin que ingresen al régimen meritocrático de la ley del servicio civil. Una capa burocrática que se enquistará sin obligación de rendimiento alguna. Más peso muerto, improductivo.
• Y la cereza de la torta: la reforma constitucional que eleva el presupuesto de educación al 6% del PBI, cuando ahora los ingresos tributarios apenas superan el 14%. Necesitaríamos subir los ingresos tributarios a 17 o 18% del PBI y destinar todo el aumento solo a educación. ¿Y las otras cargas que se han aprobado? ¿Y los otros sectores?

En suma, este Congreso no solo ha incrementado significativamente el gasto Estatal reduciendo sus fuentes de financiamiento, generando así un déficit estructural inmanejable en el mediano plazo, sino que, además, ha dictado leyes que imposibilitan toda reforma de Estado para que pueda brindar servicios eficientes. Más gasto más ineficiente. El Estado como peso muerto. 

Pero el déficit fiscal engendrado con esas leyes quizá podría atenuarse en alguna medida en el largo plazo si es que se hubiese aprobado reformas de productividad y reformas laborales que permitan subir la tasa de crecimiento potencial y reducir la informalidad, a fin de incrementar la recaudación. Pero el Congreso ha hecho lo contrario. Es decir, incrementa el gasto público, pero reduce sus fuentes de financiamiento tributario al ralentizar o anular el crecimiento, pues ha aprobado leyes que atacan sectores punta del crecimiento, afectan la libertad económica y de precios, y la seguridad jurídica y de los contratos. Tenemos, así:

• La ley de régimen laboral agrario, que corta de un tajo el dinámico crecimiento que tenía la agroexportación y aborta los dos nuevos motores económicos que se habían incorporado en la ley anterior para encenderlos: la acuicultura y el desarrollo forestal. Solo quedará la minería como locomotora, pero ya sabemos que ella también está bajo ataque.
• Las dos leyes de retiros de fondos de las AFP aprobadas por este congreso, sumadas a la ley 95.5, que merman los fondos de pensiones que son el ahorro nacional que nunca habíamos tenido para financiar proyectos de inversión públicos y privados.
• A ello hay que sumar la ley de topes a las tasas de interés, que van a dejar sin crédito a la pequeña y micro empresa, que ha sido en las últimas décadas, con el desarrollo del microcrédito, uno de los motores del crecimiento y de la generación de empleo. Se corta también de un tajo el desarrollo del sector de microfinanzas que en el Perú ha sido particularmente exitoso, así como el proceso de inclusión financiera, fuente de energía para el crecimiento, y para un crecimiento equilibrado.
• Esta ley, sumada a la ley agraria, son un duro golpe a la inclusión económica y formalización de la base de la pirámide. Perderán acceso al crédito formal y al mercado cientos de miles de pequeños productores del campo y de microempresas urbanas, y perderán empleo formal cientos de miles de trabajadores. El dualismo económico y la desigualdad se agravarán. No habrá impulso de crecimiento desde abajo.
• Para no hablar de las leyes que afectan la confianza del empresariado al violentar la seguridad jurídica y los contratos, como la ley de peajes y la del congelamiento de deudas a los bancos, que felizmente logró ser neutralizada en alguna medida por el Ejecutivo. Pero el precedente ya está dado.

En suma, lo que este Congreso ha hecho es generar un Estado estructuralmente desfinanciado e inviable. Ha aumentado su tamaño reduciendo la capacidad económica del país y anulando la meritocracia. La receta perfecta para un Estado fallido. Lampadia