Como lo demuestra el comportamiento de una serie de indicadores económicos y sociales de la actividad agraria en el país, desde la entrada en vigencia de este régimen especial en el año 2001, se ha observado un crecimiento inusitado y exponencial de la agroexportación, algo jamás antes visto en toda nuestra historia republicana. Estos hechos los ha reflejado muy bien la Sociedad de Comercio Exterior – ComexPerú en una reciente presentación que compartimos al final del artículo.

Veamos los indicadores más destacables:

• Un incremento de la formalidad en el empleo del sector, que ascendió a casi 20 puntos porcentuales en la costa.

• Posicionamiento de las empresas agrarias entre los principales empleadores a nivel nacional. Entre las empresas del rubro a destacar se encuentran Complejo Agroindustrial Beta (5°), Camposol (7°), Danper Trujillo (8°), Sociedad Agrícola Virú (9°) y Sociedad Agrícola Drokasa (19°).

• Un aumento considerable de la participación de la mujer en la fuerza laboral del sector, la cual está considerada entre las más altas en toda la economía.

• Un incremento significativo de la contribución a las arcas del Estado por parte del agro gracias al crecimiento económico experimentado por dicho sector.

• Un crecimiento exponencial de las agroexportaciones las cuales se multiplicaron por 10 en las últimas dos décadas.

• Exportaciones que además son altamente productivas, lo cual se sustenta en su formidable capacidad para equilibrar la balanza comercial (ver Lampadia: La Nueva Agricultura Peruana), y por ende, en constituirse como importantes fuentes de divisas. Así, en el Perú usamos tan solo 180,000 hectáreas de cultivo de productos agroindustriales, a cambio de 2’570,000 hectáreas de cultivo en productos tradicionales que se cultivan en el resto del mundo, lo cual nos hace 14 veces más productivos respecto al resto del globo en este rubro.

• Ello sin mencionar nuestro posicionamiento como líderes mundiales en varios de los mercados internacionales de agroexportación.

Así, recientemente se vienen discutiendo algunos cambios a la ley, así como su prórroga por 10 años más, a propósito del dictamen emitido por el Ministerio de Agricultura y Riego (en adelante, Minagri); sin embargo, ambas iniciativas no están encausadas hacia lo que debiera ser por amplio margen la prioridad de este sector: la vigencia permanente del régimen especial agrario.

Según cálculos de ComexPerú, la renovación de la Ley de Promoción Agraria, dándole un horizonte de largo plazo, permitiría alcanzar un millón de puestos de trabajo directos y dos millones de puestos indirectos, en un sector (agroexportación) que además representa el 3% del PBI y el 11.4% del trabajo formal del sector privado. Asimismo, permitirá:

• Duplicar el empleo formal en los próximos 5 años.
• Potenciar los beneficios para los peruanos en las zonas más alejadas del país ej. Inversiones de palmito en selva (Amazonas).
• Acercar al ciudadano oportunidades de empleo y esperanza de un futuro mejor.
• Otorgar seguridad jurídica y predictibilidad a las inversiones para asegurar la ejecución de los proyectos de irrigación.
• Consolidar al Perú como potencia agroexportadora y proveedor de alimentos a nivel global.

Por otra parte, es menester señalar que entre los aciertos de esta discusión impulsada por el Minagri, es que la ministra ha mostrado la intención de hacer efectiva su aplicación al sector forestal y acuícola. Consideramos que de darse tal suceso, se promovería una mayor dinámica económica a ambos sectores, cuyo enorme potencial aún ha sido poco explorado por nuestras autoridades, en particular, el sector forestal.

Lamentablemente la ministra ha declarado: “El dictamen es por 10 años y nosotros hemos conversado con el Congreso, porque lo que tenemos que encontrar es un régimen, que vaya acercándose al general, porque ya sabemos que es temporal”.

Lo que quiere decir que Fabiola Muñoz no entiende la importancia del sector para las más caras necesidades del país, empleo y formalización.

Esperamos que la discusión en torno a la vigencia permanente del régimen especial agrario pueda ser ponderada en las sesiones próximas que se darán en el Congreso. Aún estamos a tiempo de seguir generando desarrollo en el sector que más empleo genera en nuestro país. Lampadia

A continuación, compartimos la presentación completa elaborada por ComexPerú respecto del éxito del sector agroexportación en las últimas dos décadas.

El esposo de Keiko Fujimori, Mark Vito Villanella y su abogada Giuliana Loza han confirmado, en entrevista con la conductora Milagros Leiva, versiones que la propia periodista tenía acerca de las condiciones carcelarias de las personas vinculadas a Keiko Fujimori.

• Resulta que Ana Vega, con más de 70 años y problemas de salud, ha sido recluida en una celda chica, sucia, con un hueco en el piso como inodoro.
• Vicente Silva Checa durmió los tres primeros días de su reclusión en el piso porque no le dejaron ingresar el colchón y no le permitieron ingresar una botella de agua ni sus pastillas, siendo diabético.
• A la propia Keiko Fujimori no le permitieron comer la primera noche de la detención preliminar. Leiva informó que Keiko durmió en el suelo. Mark no lo confirmó y dijo que si es cierto Keiko no se lo iba a decir.  

Según denuncia del mismo Villanella y su abogada ante el Defensor del Pueblo, el juez no elevó en 24 horas, como corresponde de acuerdo a ley, la apelación de la sentencia de cárcel a Keiko Fujimori. No lo había hecho desde el 17 de noviembre, en que se presentó la apelación, hasta el pasado 24.

Los procesos están plagados de excesos. Se criminaliza conductas que no son delito y se abusa de la detención preventiva, como ya ha señalado el Tribunal Constitucional. Se allanó indebidamente las oficinas de un estudio de abogados. Ahora se ha citado nuevamente a la fiscalía a los empresarios que aportaron a la CONFIEP por donaciones formales que se hicieron a una campaña de defensa de la economía de mercado.

Sin embargo, el presidente del Poder Judicial, el Magistrado Víctor Prado, afirma que los procesos judiciales son impecables y ajustados a la ley y la Constitución. “La ley es igual para el más grande y el más chiquito” (El Comercio). Así debe ser, sin duda, pero que sea igual no significa que sea justa, más bien parece que es injusta para todos. Además, una cosa es la letra de la ley, y otra su aplicación. Si, por ejemplo, manifiestamente no se cumplen las normas como las sentencias del Tribunal Constitucional, no se puede hablar de justicia. El presidente del Poder Judicial debiera reconocer las fallas de aplicación de la justicia y enmendarlas.

Por su lado, el presidente Vizcarra debería llamar a poner freno a la criminalización de las organizaciones políticas. Y también a los maltratos carcelarios, que ultrajan la dignidad humana de las personas y expolian sus derechos humanos. No es posible que una democracia se comporte de esta manera. Recordemos que el ministerio de Justicia maneja el INPE.  

Debería considerarse la instalación de cárceles adecuadas para personas que se someten a largos períodos de reclusión preventiva para investigaciones durante las que se debe considerar la presunción de inocencia, máxime si los encausados son miembros de partidos políticos, que pueden correr riesgos distintos a los de un reo por crímenes comunes. Por supuesto, la reforma carcelaria está pendiente para todos los reos, que sufren condiciones inaceptables.

Si se vela por aplicar el debido proceso y se aplica condiciones adecuadas para las eventuales reclusiones, nadie tendría justificación alguna para excluirse del ámbito de la ley. Como vemos, una situación bastante lejana de la realidad actual. Lampadia

EDITORIAL DE LAMPADIA

El Congreso aprobó anoche el segundo proyecto de reforma constitucional, el referido a la financiación de los partidos.

El cambio más importante es el que dispone que “sólo se autoriza la difusión de propaganda electoral en medios de comunicación radiales y televisivos mediante financiamiento público indirecto”. Esto significa que los partidos y candidatos ya no podrán comprar spots radiales y de televisión, sino que estos tendrán que ser colocados en las franjas electorales que el Estado compre en las estaciones de radio y los canales de televisión.

Esta disposición tendrá varias consecuencias. La primera es que tenderá a haber mayor igualdad entre las agrupaciones políticas desde el punto de vista del acceso de sus mensajes de propaganda al gran público. Ello ya no dependerá de los ingresos que para tal efecto logre recaudar el partido. Esto sin duda beneficia a las organizaciones políticas menos proclives a recibir financiamiento de fuentes empresariales o ilegales.

Pues la segunda consecuencia es que los partidos necesitaran, efectivamente, mucho menos recursos para desarrollar sus campañas porque es sabido que el gasto mayor en el que incurren en una campaña electoral es precisamente en el de la propaganda televisiva y radial. Esto podría ser calificado como un avance desde el punto de vista democrático.

Y una consecuencia derivada de esta es que, por esa misma razón, tenderá a haber menos dependencia de fuentes ilegales.

Además, en este mismo sentido, se establece que “el financiamiento privado se realiza a través del sistema financiero con las excepciones, topes y restricciones correspondientes”. Se incorpora así en la Constitución algo que ya estaba en la ley: la bancarización de los aportes. Eso es importante. Y, felizmente, se retiró del texto final la prohibición a las empresas formales de hacer contribuciones en las campañas. Esta prohibición, sin embargo, se mantiene en la ley.

Otra consecuencia debería ser que, en la medida en que los candidatos al congreso ya no puedan comprar publicidad en esos medios, pues el voto preferencial pierde el principal instrumento que tenía para potenciarse. Por esa razón, pero sobre todo porque si el Estado va a invertir mucho más dinero en financiar las campañas de los partidos vía la compra de espacios publicitarios, no tiene sentido que al mismo tiempo propugne un tipo de voto que atenta contra la unidad y consistencia de los partidos al fomentar la competencia y la lucha fratricida entre los candidatos del mismo partido y la emisión de mensajes diferenciados. Por lo tanto, no debería prosperar la parte de la propuesta del proyecto del Ejecutivo que restablece la bicameralidad que, si bien elimina el voto preferencial para la elección de senadores, lo mantiene en los distritos binominales para elegir diputados.

Asimismo, igualmente, si el Estado va a aportar –vía compra de espacios en la televisión y la radio- una cantidad de recursos mucho mayor que en el pasado en beneficio de los partidos, resulta fundamental ir a una reforma que apunte a reducir drásticamente el número de partidos eliminando aquellos que no lo son en realidad. Para ello son buenos los distritos binominales pero también requisitos más fuertes para mantener la inscripción partidaria y para ingresar al Congreso.

Ahora bien, sería importante, si luego se va a aprobar la absurda reforma constitucional que prohíbe la reelección de los congresistas, que en una ley posterior se establezcan incentivos para que las empresas puedan donar recursos para crear think tanks en los partidos a fin de que los congresistas que no puedan ir a la reelección inmediata puedan reciclarse en ellos hasta la siguiente elección. Esto a fin de paliar el sabotaje a la formación de una clase política experimentada que implica la no reelección de congresistas. El mecanismo de impuestos por partidos para este fin podría ser una opción muy interesante. También debería crearse en el nuevo congreso bicameral –si se aprueba- o en el actual, una o dos oficinas de estudios parlamentarios en las cuales también se pueda contratar a congresistas que por razón de la no reelección se encuentran en periodo sabático. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Algunas de las propuestas del presidente Martín Vizcarra en su discurso de 28 de julio tienen el potencial de lograr un verdadero cambio de era en el Perú, de pasar a una sociedad gobernada por la ley. Nos referimos a la reforma constitucional orientada a elegir el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) por concurso público y aprobarla mediante referéndum, en la medida en que dicha reforma sea la punta de lanza de una serie de medidas que apunten a cambiar las características básicas -el neo patrimonialismo y el favoritismo- del Estado pre moderno que tenemos, por la meritocracia y la imparcialidad, elementos clave del Estado moderno. Significa pasar de organizaciones basadas en redes personales de intercambio de favores y, en ocasiones, de venta de decisiones, a organizaciones basadas en los méritos y en la evaluación de resultados. 

No toda estructura tradicional es mafiosa. Es normal y correcto que en una familia o en una comunidad campesina o en un grupo de amigos prevalezcan los lazos de lealtad y reciprocidad mutuas. El problema se presenta cuando trasladamos los valores familiares, comunales o amicales al manejo de la institucionalidad estatal. Esa es la realidad de muchas entidades públicas en el Perú, desde gobiernos locales y regionales hasta el Poder Judicial, pasando por algunos ministerios. Las “islas de modernidad”, que funcionan sobre la base del mérito, la evaluación del cumplimento de metas y la aplicación de la “razón técnica” a la solución de los problemas, son escasas.

No solo eso. En la medida en que, desde los 2000, lanzamos un proceso de descentralización sin amarrar bien los controles centrales y transferimos ingentes recursos a los gobiernos sub-nacionales, lo que ocurrió fue que mafias se organizaron para extorsionar las obras, proveer bienes y servicios y eventualmente tomar los propios gobiernos locales o regionales para apropiarse de recursos públicos. En ese momento las tradicionales redes familiares, amicales o de compadrazgo se transformaron en redes para el delito. Se intersectaron, por ejemplo, con organizaciones criminales dedicadas a la usurpación de terrenos, que cooptaron redes de policías, fiscales y jueces en varias Cortes Superiores del país.  

Este proceso se vio agravado por la fragmentación política derivada de la disgregación del sistema de partidos. En cada nueva elección una proporción cada vez menor de alcaldes pertenecía a partidos nacionales, de modo que ni siquiera dichos alcaldes estaban sujetos algún tipo de control derivado de la pertenencia a un grupo nacional. El país se feudalizó. Incluso a nivel del sistema de justicia, la influencia que entes tenían los partidos políticos en él pasó a ser ejercitada por organizaciones criminales.   

Por eso, la introducción del principio meritocrático en el sistema de justicia sería un avance gigantesco, un cambio fundamental. La elección del CNM por concurso público de méritos, en ese sentido, es clave. Pero tiene que estar bien hecha, para que logre atraer a los mejores. Un nuevo CNM que reclute jueces también de manera realmente meritocrática, rompería, a su vez, el sistema de selección de fiscales y jueces por redes amicales, familiares o políticas. Por supuesto, como hemos reclamado, esto tiene que venir acompañado de otros elementos:

• Un sistema serio de evaluación del desempeño de policías, fiscales y jueces, que no existe
• La digitalización y oralización de los procesos
• Una Corte Suprema pequeña dedicada a sentar jurisprudencia y predictibilidad –para reducir espacio a sentencias compradas
• Un proceso de depuración de la Policía Nacional, que requiere una ley que cuyo proyecto ser elaborado y presentado al Congreso
• También supone una reforma radical de las escuelas de la Policía, que no solo padecen una muy baja calidad académica, sino que son la puerta de entrada de delincuentes al cuerpo policial.

Liderazgo presidencial y del ministro de Justicia

El presidente Vizcarra no entró en estos temas, pero si anunció un proyecto de ley que crea el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia presidido por él mismo e integrado por los presidentes del Congreso, Poder Judicial, Fiscal de la Nación, Tribunal Constitucional, presidente del Consejo Nacional de la Magistratura y el Defensor del Pueblo. Si el presidente mantiene el liderazgo en esta reforma integral –que incluye la de la Policía- podremos esperar resultados. Pero en la medida en que la secretaría técnica de ese Consejo estará en el ministerio de Justicia, se requiere que el ministro de esta cartera tenga el peso y la capacidad para liderar también la gran reforma. Esto es crucial y sin duda en este momento es una incógnita, por decir lo menos.

Limpiar las Cortes Superiores

Por supuesto, como bien ha señalado Javier de Belaunde, no se puede reformar la Corte Suprema como queremos si no se limpia las Cortes Superiores, pues, como decíamos, hay distritos judiciales tomados por la mafia. En ese tema podemos ser optimistas, porque el presidente anunció además un proyecto de ley que crea la Autoridad Nacional de Integridad y Control en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, en lugar de la OCMA y la Fiscalía de Control Interno. Sus miembros serán elegidos también por concurso público, y tendrá asignada una policía especializada precisamente para destapar redes de corrupción en los distritos judiciales más infectados. Esto es fundamental. Y el nuevo CNM debe terminar la tarea, nombrando buenos jueces y fiscales superiores.

Faltó, sin embargo, anunciar un proyecto de ley para modificar el artículo 454 del Código Procesal penal que impide acusar directamente y detener, en los mega-operativos, a los fiscales y jueces vinculados a organizaciones criminales.

Distritalizar la justicia penal

Y es claro también que aún no se coloca en la agenda gubernamental la necesidad de distritalizar la justicia penal, integrando en un solo local municipal o en la comisaría a un fiscal, un juez y una carceleta, a fin de acabar con la impunidad y reducir la altísima victimización por delincuencia común. Si esto va de la mano con Barrio Seguro y Vecindario Seguro, tendremos grandes avances en seguridad ciudadana. El presidente podría liderar una cruzada llamando a los alcaldes y comisarios a reunirse en los comités de seguridad ciudadana para elaborar y ejecutar estos planes. 

Reforma del servicio civil

Ahora bien, la modernización y la limpieza no son solo las del sistema de justicia. Es la del Estado en su conjunto. Para ello, un elemento central es la instauración del nuevo régimen de la ley de servicio civil en todas las entidades públicas. Es decir, la implantación, acá también, de la meritocracia. Este proceso clave perdió apoyo político durante la etapa del presidente Kuczynski, pero el Premier Villanueva, en su discurso al Congreso, le devolvió la prioridad perdida. El presidente, sin embargo, no lo mencionó en su discurso. Esperemos que esto no signifique que no lo considere fundamental, porque este es el típico cambio complejo y difícil de hacer que requiere de mucha tracción política. El presidente debe exigirlo a los ministros y a los gobernadores regionales.  

Reforma de la descentralización

Esto es particularmente importante para los gobiernos sub-nacionales pues, como decíamos, el proceso de descentralización que hemos tenido ha llevado a que el Estado central haya perdido autoridad y control sobre el territorio, que ha sido ganado en medidas diversas por mafias de distinto tipo. Entonces se requiere una reforma de la descentralización que reconstruya la autoridad central. 

Al respecto, el presidente anunció que el presupuesto total para los gobiernos regionales y locales pasará del 30% aproximadamente al 40% en el 2019 (lo que no se dice es que, en realidad, el presupuesto de inversiones es alrededor del 65% del total de la obra pública). Pero no precisó con qué medidas de control y monitoreo del gasto vendrá acompañada esta mayor transferencia, a fin de que no sirva solo para incrementar las arcas de la corrupción. Sí explicó que “nos proponemos delimitar con mayor claridad las competencias y las responsabilidades”. Esto es fundamental, sobre todo en la medida en que implique un fortalecimiento de la capacidad rectora y de control del gobierno central.

Pero habría que ir más allá, fortaleciendo la competencia del gobierno nacional en el manejo de recursos estratégicos tales como el desarrollo minero, forestal o la pesca. Y debería rescatarse y poner en práctica la reingeniería del Seguro Integral de Salud (SIS) que llevó a cabo el Dr. Moisés Rosas cuando estuvo a cargo de esa entidad.

No solo eso. Debe autorizarse al gobierno central a intervenir en la gestión de los gobiernos sub-nacionales en casos de extrema deficiencia o necesidad, y fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas de las autoridades regionales y locales.

Un avance importante desde el punto de vista de la recuperación del control central, es que desde setiembre las Oficinas de Control Interno de los gobiernos regionales y las municipalidades provinciales, pasarán a depender directamente de la Contraloría General de la República y ya no de sus dependencias originales. Esto será útil siempre y cuando la Contraloría vaya sustituyendo las auditorias de cumplimiento de normas, que solo sirven para inhibir a los honestos, por auditorías de gestión o de desempeño, de la mano con el avance de la reforma del servicio civil y de los presupuestos por resultados. 

Un elemento importante es tener un Plan Nacional de Infraestructura, para que los proyectos respondan a una priorización técnica y no política o una tan discrecional que favorezca la corrupción. Al respecto, el presidente anunció que se pondrá en marcha el Plan Integral Multianual de Infraestructura a nivel regional y Programas Integrales de Mantenimiento de Infraestructura a nivel provincial.

Por supuesto, la reforma política es clave para reconstruir la unidad del Estado nacional y mejorar las estructuras de gobernabilidad.

Informalidad

Reducir los espacios para la corrupción implica también simplificar los trámites para obtener cualquier licencia o autorización y reducir sustancialmente la carga regulatoria. El presidente no habló de esto, pero sabemos que en la PCM se está avanzando en estos campos.

Esto incluye también las cargas sobre la empresa y el trabajo, a fin de reducir la informalidad. Pues la frontera entre la informalidad y la ilegalidad es difusa. Si la mayor parte de los peruanos y de las empresas desarrollan sus actividades fuera de la ley, significa que no hay imperio de la ley. Esto se debe, en parte, a que la ley es muy onerosa, impone cargas insoportables, exige obligaciones incumplibles.  Necesitamos, entonces, una ley atractiva, inclusiva. Una reforma de la regulación. De eso habló muy poco el presidente. Dijo que se estaba trabajando en la “formalización de las empresas y nuestro mercado de trabajo”, pero no dijo cómo, salvo el anuncio de que “se masificará el uso de comprobantes de pago y libros electrónicos” y “se implementarán medidas que creen incentivos a las personas naturales para demandar comprobantes de modo que se conviertan en socios del Estado en el proceso de formalización de las actividades económicas”. La reforma laboral sigue siendo el gran tema pendiente.

En resumen, para dar el salto histórico a la implantación del imperio de la ley en todo el territorio y ahogar a la corrupción, es necesario atacar las redes ilícitas en todos sus frentes para no dejar resquicio a la reagrupación del mal, implantar la meritocracia en todo el Estado y reformar la descentralización, la política y la legalidad. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Hace unas semanas el Congreso aprobó una ley vergonzosa que el Ejecutivo debería observar. Se trata de la ley de Carrera del Trabajador Judicial, cuya finalidad es excluir a los trabajadores jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial del meritocrático régimen de la ley de Servicio Civil, para instaurar una carrera en la que la meritocracia brilla por su ausencia, algo inaceptable en estos tiempos. Sólo se establece concurso público –y con excepciones, además- para el ingreso a la carrera, pero de allí en adelante se asegura la estabilidad absoluta: no se dispone evaluaciones para ascender ni menos aún para permanecer en la carrera.

Esto es una burla al país, más aún en la institución encargada de castigar la corrupción. Por eso, es necesario dar la batalla. Si queremos cambiar el Perú, ciertos consensos deben estar afirmados. Uno de ellos es justamente la implantación de la meritocracia en todos los órganos y niveles del Estado, porque se trata de garantizar el buen uso de los impuestos que los ciudadanos pagamos. En esto todos debemos remar en la misma dirección.

Incremento de sueldos a cambio de nada

Con esta ley ocurre todo lo contrario. Su efecto práctico será que se aprobará una nueva escala remunerativa con sueldos considerablemente más altos, a cambio de nada, sin ninguna obligación de rendimientos por parte de los trabajadores. En efecto, la ley no establece evaluaciones de desempeño de ningún tipo, pero si ordena al ministerio de Economía, en su primera disposición complementaria, conformar una comisión para elaborar una nueva escala remunerativa. Y, de hecho, adelantándose, el Poder Judicial contrató a la consultora Macroconsult para que elabore una propuesta de nuevos niveles remunerativos, que es la que vemos a continuación:

De acuerdo a la propuesta, los incrementos de sueldos varían entre 23% y 70%. A cambio de ninguna exigencia. ¿Cuánto representaría eso para el fisco, es decir, para todos nosotros? Lo vemos en el siguiente cuadro:

Es decir, 534 millones en total. A esto habrá que agregar la actualización que esta propuesta deberá hacer luego de que hace pocos días se ha incrementado los sueldos de las escalas salariales del Tribunal Constitucional y del Ministerio Publico, reabriendo la brecha con los niveles remunerativos de otras instituciones que la propuesta de Macroconsult buscaba cerrar. Eso quizá agregue 200 o 300 millones adicionales.

Demasiados trabajadores

El monto tan elevado obedece al número de trabajadores jurisdiccionales y administrativos: 25,000, para solo 3,000 jueces, una relación de 8 a 1, absolutamente injustificable desde ningún punto de vista. Habría que comenzar por reducir drásticamente ese número, pero eso será imposible con una ley que garantiza la estabilidad laboral absoluta.

El abultado número de administrativos sólo sirve para procrear diversas formas de corrupción en las compras y en la gestión de los recursos. Los jueces, concentrados en su labor, no pueden controlar lo que ocurre en el área administrativa, con la cual más bien saben que deben estar en buenos términos para obtener el apoyo material y logístico necesario para sus labores. La Contraloría, por su parte, carece de poder dentro de la judicatura, de modo que es lo mismo que la carabina de Ambrosio. La tan mentada autonomía del Poder Judicial es autonomía también para cometer irregularidades con impunidad.

También excluye a los jurisdiccionales del control de la OCMA

Lo increíble es que esta ley, no contenta con excluir a los trabajadores del Poder Judicial de toda forma de meritocracia, excluye a los trabajadores jurisdiccionales (secretarios y relatores que trabajan directamente con el juez asistiéndolo), que son unos 5,000 del total de 25,000, del control disciplinario de la Oficina del Control de la Magistratura (OCMA) del propio Poder Judicial. Por eso se ha dado el caso insólito que la misma OCMA ha solicitado directamente al Ejecutivo que observe la ley, pues ya no podrá hacer prevención ni combatir los actos de corrupción en los que incurran los auxiliares jurisdiccionales, debilitando su capacidad de acción. La ley encomienda el control disciplinario de los trabajadores jurisdiccionales a la propia administración del (jefe inmediato, jefe de recursos humanos etc.).

La razón por la que el control disciplinario de los trabajadores jurisdiccionales debe estar en manos de la OCMA es obvia: el juez no actúa solo, él es su despacho, y en su despacho está su secretario. Si este comete un acto de corrupción, lo hace dentro de un proceso judicial, no dentro de un proceso administrativo. En ocasiones se acusa al juez por algo que comete su personal auxiliar. Viceversa, el juez no puede desentenderse de lo que hace su secretario. Sabe cuándo éste comete algún acto irregular.

Los congresistas, al aprobar esta ley, han trabajado para los sindicatos del Poder Judicial, en perjuicio del país. La Constitución establece que los congresistas no responden a mandato imperativo, sino que representan a la nación. En este caso no han representado a la nación sino a un interés particular, negativo para la nación. Recordemos que en el Poder Judicial hay tres federaciones y un sindicato, el de Lima. El que más fuerza tiene es este último, el Sutrapoj, pues en Lima se venel 64% de los procesos. Y resulta que, de los 16 delegados del sindicato de Lima, 6 pertenecen o están vinculados al Movadef y, según informaciones, el Movadef está principalmente con los CAS, que son más de 7,500, y lo que propugnan es que pasen directamente a la 728, sin concurso. Si contrariamente, pasaran al régimen de la ley de servicio civil, tendrían obligatoriamente que concursar. 

El problema es que un gobierno débil seguramente tendrá temor a observar la ley en este aspecto, de la misma manera como claudicó frente a la ley que pasó los CAS de Essalud a la 728 en lugar de hacerlo al régimen de la ley se servicio civil. Sin embargo, el pedido de la OCMA al Ejecutivo para que observe la ley en lo que le concierne, abre una ventana de oportunidad para dar la pelea en toda su extensión. No es posible aceptar la existencia de islas patrimonialistas y anti meritocráticas en el Estado. La ley debe ser igual para todos. Nadie puede estar eximido de la obligación de servir con la máxima dedicación y productividad al país. Vivimos en una democracia, no en una tiranía de privilegios. Lampadia  

En Lampadia nos felicitamos por tener acceso a la siguiente reflexión anónima de alguien evidentemente informado, especializado y comprometido con la salud cívica del país, sobre el devenir de la aplicación de la ley y la cautela de los derechos de los ciudadanos en una sociedad regida por la democracia y el Estado de Derecho.

Nuestro preocupado especialista nos alerta acerca de las posibles perniciosas consecuencias de tres reformas que estarían en curso: la eventual autonomía de la Procuraduría,  derechos inadecuados que se otorgarían a la Unidad de Inteligencia Financiera y facultades impropias para el levantamiento del secreto de comunicaciones.

Consideramos que el análisis siguiente es muy consistente y extraordinariamente valioso. Debe llamar a la reflexión y debate sobre las normas en cuestión por parte de los ciudadanos más informados al respecto, para salvaguardar la mejor salud de nuestra sociedad. No sigamos dejando más vacíos y lejanías en el noble deber de diseñar nuestro futuro como el de una sociedad democrática, justa y próspera.

Por ‘Colaborador Desconocido’

Traducido y editado por Lampadia

Hay planes para modificar la legislación vigente sobre (1) el status de la PROCURADURÍA, (2) de la Unidad de Inteligencia Financiera y (3) el levantamiento del Secreto de Comunicaciones.

A pesar de que, en principio, modificaciones para mejoras son siempre bienvenidas, es sorprendente y alarmante el poco debate profesional público sobre estos temas tan importantes. Las discusiones son principalmente dirigidas por los promotores de dichos planes quienes, por supuesto, tratan de ‘vender’ sus ideas y tienen de su lado a los medios más importantes, desafortunadamente, sin la debida reflexión, pues estos temas navegan bajo la bandera popular de la lucha contra la corrupción.

PROCURADURÍA (PRO): El objetivo de esta pretendida modificación es otorgarle a la PRO un estatus autónomo. Sin embargo, antes de considerar este plan en detalle, uno debe primero discutir, en principio, si la PRO es necesaria o beneficiosa en absoluto (aparte de ser simplemente los departamentos legales de los ministerios e instituciones del gobierno). La mayor parte de los países occidentales no tienen una PRO en absoluto, sino sólo una Fiscalía. Interesantemente, la mayoría de esos países tienen un sistema judicial que funciona mucho mejor que el de los países que tienen una PRO además de la Fiscalía. Por lo tanto, parece que las razones para tener un sistema de justicia satisfactorio no residen tanto en la forma del sistema, sino en su cultura.

El cambio propuesto no garantiza automáticamente una mejor PRO. Más bien puede empeorar: mientras más autónoma es una institución, más potencialmente propensa es al abuso, y/o puede, a su tiempo, convertirse simplemente en una  fuente de corrupción adicional. Los promotores del plan desean asegurar calidad mediante la introducción de estándares profesionales más altos para los miembros de la procuraduría; sin embargo, ser recto y no corrupto no es un tema de estándares profesionales, sino de carácter (y ¿cómo se evalúa el carácter?).

Otro aspecto es la importancia del equilibrio entre el investigador/acusador y el investigado/acusado. Lo ideal sería que las partes (aunque en un sentido estrictamente  formal, la Fiscalía es la parte en el proceso) tengan iguales derechos e “instrumentos”.  En realidad, sin embargo, este no es el caso, pues la Fiscalía, como la parte   investigador/acusador, tiene muchos instrumentos soberanos  a su disposición (ya sea directamente o mediante aprobación judicial) y puede, por lo tanto, hacerle la vida miserable al investigado/acusado, aunque dicha parte sea todavía legalmente inocente. Una PRO autónoma desplazará el equilibrio ya  inexistente aún más en favor de la parte que investiga/acusa, ya que una PRO autónoma es, como el Ministerio Público, parte de la organización estatal y va a buscar -al igual que cualquier institución- fortalecer su propia imagen, para demostrar su derecho a existir y para ganar influencia y  poder. Ésta  es también la razón por la que la PRO debe pagar, como cualquier otra parte, los costos judiciales, etc., causados por sus actos y no debe estar exenta de hacerlo, como está planeado. Los promotores de la propuesta enfatizan constantemente que la Procuraduría “sólo” actúa como un “abogado” del Estado; si es así, no debe tener más derechos que el abogado que representa a la parte investigada/acusada. Dicho sea de paso, el argumento de ser sólo un “abogado del Estado”, es erróneo, puesto que un abogado nunca es autónomo en lo que concierne a su cliente.

Otra tema abierto es el del control de la PRO y sus miembros, porque cualquier institución requiere una supervisión y control constante y, de ser aplicable, sanción. Estos problemas no se han planteado en absoluto hasta el momento.

Y por último, el gobierno, que representa al Estado, debe tener el derecho a intervenir en el trabajo de la Procuraduría en casos de interés nacional.

Unidad de Inteligencia Financiera (UIF): el levantamiento del secreto bancario es una interferencia muy seria en los derechos básicos y en los asuntos personales de los ciudadanos. En consecuencia, tiene que haber un umbral muy alto para levantar el secreto bancario, y bajo ninguna circunstancia esta interferencia excepcional debería convertirse en algo usual. En la mayoría de los países, esta medida requiere la autorización de un juez: aquí en el Perú se encuentra, hasta el momento, por lo menos en manos del Fiscal de la Nación. Permitir ahora a la UIF (e incluso a otras partes en las investigaciones), la misma facultad, causará un manejo totalmente arbitrario de esta facultad. La UIF es una institución especial: opera en la trastienda, sus informes son anónimos y sus funcionarios no pueden hacerse responsables de sus actos ni son estos apelables. Un gran porcentaje de sus reportes no tiene ningún fundamento legal sólido, pero está lleno de conjeturas, suposiciones, insinuaciones y generalizaciones al estilo de “no podemos descartar”. Un enfoque de este tipo puede traer algunos aspectos e información que soporten el trabajo de la Fiscalía, pero no puede formar la base para otorgar la facultad esencial de levantar el secreto bancario, puesto que nadie que no sea responsable y cuya decisión no sea apelable, debe nunca tener la posibilidad de interferir con los derechos de otros, ni poder dañar potencialmente a alguien que todavía es inocente ante la ley. Permitir que la UIF tenga el derecho de levantar el secreto bancario para acceder directamente a información de las cuentas, significa que esta medida extrema se convertirá en una práctica cotidiana, y no en una medida de último recurso. La consecuencia sería que el investigado/acusado estará sujeto a una “muerte civil”, aunque todavía se encuentre bajo la presunción de inocencia, ya que los bancos, normalmente, van a cerrar inmediatamente sus cuentas, líneas de crédito, etc. y no permitirán una re-apertura de cuentas antes que el caso haya sido archivado (en tiempos de progresiva bancarización se puede vivir sin amor y sexo, pero no sin una cuenta bancaria). Esto destruirá la vida de la parte investigada/acusada, como, por ejemplo, fue el caso de “Santa Natura” que fue erróneamente investigada/acusada por la UIF y la  PRO. Por lo tanto, antes de conceder a la UIF dicha atribución, uno tendría que cambiar en primer lugar el marco legal y la base de operación de la UIF, para que sea ‘accountable` y responsable [“liable”], para hacer sus decisiones apelables y ponerla bajo un eficaz control y supervisión. Puesto que la UIF se opondrá a dejar su espacio secreto de trabajo (en parte por buenas razones), no debe recibir la atribución propuesta. Dicha atribución debe mantenerse solamente en manos de la Fiscalía (o transferírsela al Poder Judicial), más aún desde que los datos bancarios están difícilmente sujetos al periculum in mora, porque la información se refiere a hechos dados, que no pueden ‘escaparse’ ni esconderse. Ésta es otra razón para discutir una forma alternativa de obtener la información pertinente, que no debe tener un efecto dañino en la parte afectada.

Por cierto, el sistema actual de reportar transacciones monetarias “sospechosas” tiene un defecto de nacimiento: las partes informantes (bancos, etc.), así como la UIF, deberían solamente tener el derecho de clasificar transacciones como “inusuales” (que es de por sí un término neutral) y no, como es el caso ahora, como “sospechosas” (que es de por sí un término negativo); luego el fiscal debería tener el derecho y la obligación de clasificar el tema como “sospechoso” (y, acusable, de ser aplicable) o “no-sospechoso” y, finalmente, se debe mantener el derecho y la obligación del juez de calificar la causa en el sentido de estar dentro o en contra la ley, y por lo tanto emitir la sentencia correspondiente. Nadie, cuyas decisiones no acarreen responsabilidad, y/o que no se puedan apelar, puede tener el derecho a calificar una cuestión como “sospechosa” y, por lo tanto, causar potencialmente un daño injusto y sustancial a la parte agraviada.

Secreto de Comunicaciones: Lo indicado líneas arriba se aplica por analogía al plan de otorgar a cualquier parte encargada de una investigación, el derecho de levantar el secreto de las comunicaciones de la parte investigada. Por supuesto, pueden ocurrir situaciones extremas que justifiquen acciones judiciales inmediatas. Sin embargo, otra vez, debe haber mecanismos restrictivos y de control, puesto que de otra manera el levantamiento del secreto de comunicaciones se convertirá en una práctica cotidiana. Y, como el ejemplo de otros países (EE.UU., GB, Alemania, etc.) y del Perú ha demostrado, las avanzadas tecnologías para interferir las comunicaciones telefónicas, emails e internet etc., han causado abusos significativos. Por lo tanto, se requiere ajustar  y no flexibilizar las facultades para intervenir.  

En general: la sustancial corrupción en marcha, el aumento de la tasa delincuencial, el desempeño insatisfactorio de varias ramas gubernamentales y estatales diferentes (incluido el Parlamento y el sistema fiscal/judicial), han generado una profunda frustración y una fuerte reacción de parte del público, de ciertos grupos e individuos, así como de los medios. El objetivo de poner fin a los fracasos o al menos reducirlos es altamente entendible y justificado; sin embargo, la forma en que se expresa la consternación y la forma en que se busca el remedio, son en gran parte erróneas, y no conducirán a una mejora de la situación. Por el contrario, puesto que los remedios buscados actualmente están motivados en parte por bases ideológicas, en parte por razones de  beneficio político y en parte también como una “guerra” personal y por lo tanto  tomados sin mayor escrutinio por los medios y por el público, simplemente, un mal sustituirá a otro. La única manera de conseguir mejoras y cambios, radica en abordar los temas “sine ira et studio” (“sin odio y sin sesgo”) y sin aplicar un estilo “twitter” y “facebook”, si no de forma profunda, mesurada y equilibrada.

La calentada atmósfera (populista), impulsada por la reciente campaña electoral, ya ha producido significativas consecuencias negativas: (a) la presunción de inocencia, introducida en el siglo II DC por el emperador romano Antonino Pío (y que incluso forma parte de la ley islámica ), se está perdiendo cada día más y más, (b) las sustentadas sospechas iniciales se están sustituyendo por sospechas generalizadas y vagas, (c) muchas y  exageradamente largas detenciones preventivas en espera de juicio se imponen, pese a que debieran ser lo más excepcionales y cortas en la privación de la libertad de una persona que todavía está bajo la presunción de inocencia, causando así un daño duradero a su vida y su familia, (d) los jueces son censurados con dureza sin que los críticos conozcan los detalles del caso y de la sentencia o (e) a los jueces se les dice por adelantado cómo tienen que ser las sentencias, (f) existe la intención de  invertir la jerarquía de los delitos y las sanciones correspondientes, evolucionadas durante miles de años, (g) la estricta confidencialidad de las investigaciones individuales es sustituida por fiscales y procuradores que  buscan ser el centro de atención del público y por filtraciones intencionales, (h) la ley y la justicia se politizan para obtener pingues beneficios económicos y políticos, (i) y los medios de comunicación y la calle usurpan los campos y funciones que no se supone sean los suyos, etc. etcétera. Es muy difícil encontrar otro país fundado en la democracia, que esté tan lleno de diarias sospechas,  investigaciones, denuncias, etc. etc., como el Perú, envenenando, por lo tanto, el tejido básico de la convivencia  cotidiana.

Además existen ciertos individuos y grupos que, posiblemente con las mejores intenciones, han comenzado una cruzada personal, obsesionados como Robespierre  con traer la salvación al país (por cierto, es interesante estudiar el lenguaje corporal de aquellas personas). Implementar sus intenciones significaría establecer la dictadura de la letra de la ley; sin embargo, cualquier dictadura, incluyendo la dictadura de la letra de la ley, es el mal. En la historia, cada vez que se ha tratado de realizar un ideal sin aplicar simultáneamente el sentido de la realidad y el pragmatismo, el sentido de la razón y las proporciones, sin tomar en cuenta la naturaleza humana, se ha terminado en un desastre, en lo contrario de lo que se intentaba (“el camino al infierno está plagado con buenas intenciones”).

La democracia y el Estado de Derecho no son formas ideales (no existen formas ideales). Tienen muchos puntos débiles. Sin embargo, este es el precio a pagar por  cierta libertad personal y para vivir dentro de un sistema social que da, comparativamente, una alta protección contra fallos soberanos arbitrarios, decisiones y persecuciones, contra la tendencia de los gobiernos y los políticos a abusar de la ley como un pretexto para aumentar su poder e influencia y restringir la libertad de los ciudadanos, así como contra los entes privados que (ab)usan de la ley para ajustar cuentas personales u obtener ventajas personales. Quién no esté dispuesto a pagar el precio del Estado de Derecho, asume el riesgo de perder la libertad (relativa) y que la sospecha, la arbitrariedad, la persecución, el prejuicio, los pre-juicios, abusos, etc., se hagan cargo. Debemos ser muy conscientes de este riesgo, pues cualquiera de nosotros puede ser, en cualquier momento, la próxima víctima inocente.

Ya es hora de encontrar un enfoque adecuado y medido de los problemas, sin ideología, sin politizar, sin buscar titulares baratos en los medios de comunicación, sin entrar en las cruzadas demagógicas, sin buscar soluciones inmediatas para problemas que tomarán años, si no décadas, en ser resueltos. Una de las mayores y más difíciles tareas de un estado de derecho es de buscar un justo balance entre el derecho de los ciudadanos a vivir en orden y seguridad en un lado, y su derecho a vivir en libertad personal y bajo una mínima interferencia del Estado, en el otro lado. Dicha tarea forma un constante acto de balancear, donde no existen soluciones simples, generales y populistas, sino una constante ponderación caso por caso. Sería una tarea noble y  muy importante de los medios de comunicación serios, tomar el liderazgo de tal reconsideración y reflexión, abordando estos temas de gran complejidad en profundidad y de manera equilibrada, objetiva y viable.

Lampadia

Francia está en búsqueda de una serie de reformas laborales. La ley apodada ‘Loi El- Khomri’, tras el nombre de la ministra del Trabajo, es un intento de hacer frente a un problema estructural con el desempleo y el ridículamente anticuado e inflexible mercado laboral que domina el país, y está contribuyendo a su incapacidad para promover el crecimiento económico mantener a raya la inflación. Desafortunadamente, el gobierno no ha logrado gran avance y en las últimas semanas ha habido muchas huelgas. Cerca de medio millón de personas acudieron a las manifestaciones en toda Francia, según cifras estimadas por varios sindicatos. La CGT afirmó que sólo en París se concentraron 100,000 personas.

Esta revolución que ha planteado el gobierno socialista nos debería hacer reaccionar sobre nuestras políticas laborales, para que permitan facilitar la creación de empleo de calidad y empezar a superar la perniciosa informalidad a la que hemos condenado, sin protección laboral efectiva, a la gran mayoría de nuestros trabajadores. (Ver en Lampadia: El altar del laboralismo se rinde a la ‘dura prueba de la realidad’ y Sin flexibilidad laboral perdemos empleo y productividad). Nuestras regulaciones laborales y sus impactos en el mercado de trabajo son muy similares a las de Francia, quienes ahora consideran indispensable emprender una profunda reforma flexibilizadora.

Así como seguimos a Francia cuando levantamos los muros que desincentivaron la creación de empleo, nos toca ahora, acompañarlos en una reforma efectiva que corrija nuestra rigidez laboral, una de las más extremas del mundo. (Ver en Lampadia: Por décadas, nos equivocamos siguiendo a los franceses). No sigamos promoviendo los malos ejemplos de los opositores a la reforma francesa, liderada por los jóvenes que no tienen empleo, tal como sucedió el año pasado en el Perú con la llamada Ley Pulpín, lo que determinó que los jóvenes se quedaran sin ninguna protección laboral en el mundo de la informalidad.

Existen muchas razones por las que se considera necesaria la reforma. En los últimos años, Francia, con la excepción de España, ha quedado sistemáticamente detrás de sus pares de la zona euro en términos de creación de empleo y tasa de desempleo en Francia, que actualmente es de 10.2%. El mercado laboral está afectando la competitividad y el bienestar de la población.

Revisando un poco de historia, Francia ya ha venido sufriendo este problema desde hace mucho. En 1992 Francois Mitterrand pronunció la célebre frase: “en la lucha contra el desempleo, lo hemos intentado todo”, que resumía el desconcierto de los poderes públicos ante el desarrollo aparentemente ineludible del desempleo masivo a lo largo de los últimos cuarenta años.

Desde entonces, la clase política francesa, ya sea de derecha o izquierda, ha intentado hacer frente al problema número uno del país. Empleos subvencionados, la reducción de tiempo de trabajo, la reducción de impuestos para los empleadores, despidos más fáciles: ninguna de estas medidas ha tenido un impacto sustancial. Más preocupante aún, el desempleo a largo plazo en los jóvenes es particularmente alto, y el problema del mercado laboral es real: el 87 % de las contrataciones son los contratos temporales (al 2015) y, desde el año 2000, su número se ha disparado, mientras que las de los contratos indefinidos se han estancado.

Como afirma un informe de la HSBC: “En nuestra opinión, la falta de reformas en el mercado laboral explican el bajo rendimiento de la economía. El problema más obvio es el alto nivel de los costes laborales, que pueden subdividirse a los siguientes factores.” Esos factores son los altos niveles de impuestos, una falta de incentivo para trabajar y el débil crecimiento salarial.

Como muestra el gráfico inferior, una de las grandes razones por las que el mercado laboral de Francia está fracasando es que, en pocas palabras, muchas personas sin empleo no tienen un incentivo real para trabajar en un trabajo mal pagado. Las cargas fiscales sobre los trabajadores franceses son las más altas de cualquier país de la OCDE.

Además, los salarios en Francia no responden a los cambios en el desempleo y se crea un mercado de trabajo donde los costos son simplemente demasiado altos. Sobre esto, la HSBC afirma que: “El alto costo de la mano de obra está obstaculizando considerablemente la competitividad de la economía francesa. De hecho, a diferencia de varios otros países, Francia no ha frenado significativamente el crecimiento de sus costes laborales unitarios desde el año 2008, lo que ha llevado a una pérdida de competitividad en comparación con muchos de sus principales competidores comerciales.”​

El principal objetivo de la reforma planteada por el gobierno socialista francés para salir de la trampa del desempleo, es dar más espacio para la negociación a nivel de empresa con respecto al tiempo de trabajo e indemnización con el fin de facilitar la adaptación a los nuevos entornos de mercado. La legislación del trabajo y los estándares establecidos a nivel sectorial serían menos importantes. En otras palabras, el proyecto de ley sería un gran avance en la flexibilidad interna de la empresa, en lugar de modificar los parámetros principales de la legislación laboral francesa.

Específicamente, las empresas tendrían la posibilidad de implementar una menor tasa de pago en las horas extras. Hoy en día, las horas extraordinarias tienen un sueldo 25 % mayor por las primeras 8 horas (a la semana) y 50 % más si es por más tiempo. 

El otro aspecto importante de la reforma es facilitar el despido. Hoy en día, los empleados con contrato permanente sólo pueden ser despedidos por razones económicas en caso de quiebra (riesgo) o cambio tecnológico. La ley de El-Khomri ampliaría el alcance de los “despidos económicos frente a cualquier caso de dificultades económicas” probadas (como una disminución sostenida de órdenes de compra o un deterioro del balance general). Por otra parte, una compensación económica por despidos injustos ” sería más estrictamente regulada”.

En un esfuerzo para equilibrar las cosas, se ha añadido una extensión de la “Garantía Juvenil” de 50,000 a 200,000 jóvenes en 2017. La garantía ofrece una red de seguridad financiera y asesoramiento especializado a cualquier persona joven (menor de 26 años) que no esté empleada en formación.

Está comprobado que la sobreregulación afecta el normal desenvolviendo de los mercados y el laboral no es una excepción. Por tanto es urgente que Francia, y el pueblo francés, tomen decisiones drásticas al respecto y realicen las reformas que el país tanto necesita. Lampadia

Ver más artículos de Lampadia al respecto:

Por décadas, nos equivocamos siguiendo a los franceses

Sin flexibilidad laboral perdemos empleo y productividad

Editorial

Muchos reclaman y otros se preguntan estos días ¿cómo es posible que los trámites y los procesos electorales sean tan absurdos, detallistas y complejos? ¿Qué les pasa a los Magistrados del Poder Electoral para exigir tantos requisitos y demorar tanto sus laudos?

Pues los Magistrados del sistema electoral no están desquiciados, no son torpes, no son la exageración del burocratismo. Solo tienen que aplicar las leyes, normas y procedimientos que se han ido dictando para complicar todo, para crear una ‘urdimbre regulatoria’ (urdimbre = maniobra, intriga, maquinación, enredo, etc.) de la cual solo se puede salir cambiando las normas y mientras tanto, nos guste o no, aplicando leyes y procedimientos. ‘Dura es la ley, pero es la ley’.

Exactamente lo mismo se ha tejido para las relaciones de los ciudadanos con el Estado en sus trámites con la burocracia, con el Poder Judicial, con los municipios, etc.

Igualmente sucede con las empresas, desde las más pequeñas hasta las más grandes. Así es el ‘vía crucis’ para sacar una licencia, ya sea del letrero de un nuevo negocio, las inspecciones de Indeci, las licencias municipales, la aprobación de un nuevo programa universitario, la autorización para poner una clínica, un colegio, un centro comercial, una fábrica, una antena de celulares, un proyecto minero, pesquero, maderero, etc., etc., etc.

Esa es la locura que se ha urdido a pulso con el afán normativo de los funcionarios públicos, fundamentalmente desde el gobierno de Paniagua, con distintos ritmos de creatividad, hasta el ultra-paralizante gobierno de Humala.

Sí queridos lectores, por eso es que todo demora, por eso es que se frenó el crecimiento de la economía, por eso es que la corrupción está a la orden del día, detrás de cada requisito. Por eso cayó la inversión privada y la productividad de la economía. Ver el siguiente gráfico:

Como hemos dicho muchas veces, la inversión de la nueva minería ha sido uno de los motores más importantes del crecimiento, no solo por sus impactos directos, también por los indirectos, producto de su encadenamiento con los demás sectores de la economía. Veamos en los siguientes dos gráficos, la evolución de la normativa minera:

Lo mismo que determina la dinámica del sistema electoral y del sector minero, afecta todas las inversiones y la vida de todos los ciudadanos.

Evidentemente, esta frondosa realidad tramitológica origina que muchos ciudadanos y empresas opten por la informalidad. Pero ese no es el camino, ni de los partidos políticos, ni de las empresas. El camino es emprender una poda masiva y generalizada de las ligaduras que están asfixiando la economía nacional y la sociedad en conjunto.

El camino no es el del irrespeto que registra el comportamiento del partido político ‘Todos por el Perú’ (que está dando un ejemplo clamoroso de falta de civismo). El camino es la reforma institucional detrás de una visión compartida de desarrollo integral que nos lleve a recuperar la capacidad de ser una sociedad exitosa en el mundo que nos toca vivir.

Estamos por elegir nuevas autoridades nacionales, aprovechemos la experiencia que el proceso electoral ha puesto a la luz, para entender nuestros males y comprometernos con el rediseño institucional. Es un mandato urgente del que ahora nadie puede esconderse. Lampadia  

“El hombre es lobo para el hombre”, afirmaba Hobbes (autor del Leviatán) para destacar la importancia del Estado como organizador de la vida en sociedad, de la convivencia pacífica que atenúe o limite las acciones negativas y egoístas de los seres humanos y los lleve a colaborar y pensar en el bien común. Sin Estado, se impone la anarquía. Una de las principales funciones del Estado es la de proveer seguridad e impartir justicia. Así se evita que los hombres se hagan justicia por mano propia y que se imponga la ‘Ley del más fuerte’. Los espacios vacíos siempre se llenan, si el Estado no cumple con sus responsabilidades, los ciudadanos y las mafias adoptan otras modalidades de justicia, algunas de ellas violentas, como ‘juicios populares’, linchamientos y asesinatos.

Las rondas campesinas que surgieron en el Perú en la década de los 70 para combatir al abigeato y se propagaron por buena parte del país en los 80 para defenderse de la insania de Sendero Luminoso, fue una respuesta de las comunidades ante la ausencia e incapacidad del Estado para proveer seguridad. Hace 39 años consiguieron reconocimiento legal mediante la Ley 27908. En esa norma se les permite conciliar en conflictos y apoyar a la justicia. 

Las rondas y comités de autodefensa, que fueron claves en la derrota de Sendero, han ido pasándose al ‘lado oscuro de la fuerza’: Se han politizado,han sido capturadas  por movimientos anti sistema como Patria Roja, participando abiertamente en acciones anti-inversión, como en Cajamarca;algunas se han vinculado a mafias como las del narcotráfico y; otras, ante la ausencia y poca efectividad de la justicia formal, han  incrementado sus capacidades para ‘impartir justicia’, al punto que hoy la policía ha dejado de entregar a los delincuentes que captura al Ministerio Público (fiscalía), como ordena el Código Penal, para dejarlos en custodia de los ronderos. (Ver en Lampadia: La injusticia informal (paralela) no es la solución).

Esta situación ha llevado a que los ronderos se excedan en sus funciones. Se los ha visto flagelando a parroquianos de prostíbulos y bares, golpeando a infieles, secuestrando a estudiantes y profesores por problemas de límites entre comunidades rivales, participando en acciones violentas en marchas, protestas y huelgas, además de mantener un control territorial sobre zonas comunales donde impiden el paso y el libre tránsito (ver en Lampadia: Territorios liberados amenazan libertad, democracia y prosperidad).

A pesar de estos excesos,las rondas han sido legitimadas porel Poder Judicial (PJ) en el 2009,  cuando la Oficina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena (ONAJUP) adoptara un acuerdo de la Corte Suprema para reconocer la capacidad de las rondas campesinas para ‘impartir justicia’. Desde entonces, esta interpretación del artículo 149º de la Constitución, representa la posición formal del PJ con la que renuncia a sus obligaciones, dejándolas en manos de las rondas campesinas.

Cuando la Comisión de Justicia del Congreso, quiso limitar esta excesiva facultad, pues las rondas podrían detener, pero no juzgar, saltaron las ONG y otros socios de la creación de territorios libres. El Poder Judicial (que no deseaba que le enmendaran la plana) y los propios ronderos que hicieron huelgas, paros, marchas, tomas de carreteras y otras amenazas con la violencia. Los congresistas, como es su costumbre, retrocedieron y convalidaron las prerrogativas que detentan las rondas. De esta forma se volvió a legitimar una nueva instancia judicial paralela en el Perú.

Como la propia Constitución reconoce, al igual que distintos convenios internacionales, las comunidades campesinas y nativas (cualquiera sea su origen), tienen el derecho a impartir justicia dentro de sus áreas de influencia, de acuerdo a sus costumbres, tradiciones y usos. Es decir, una tercera instancia de administración (paralela) de justicia.

La preservación de las facultades de las rondas son una contradicción con los principios más elementales de lo que es administrar justicia. Esta requiere de diversas instituciones, del derecho a la defensa y de la doble instancia. Las rondas (armadas) ejercen las funciones de la policía (capturan), de los fiscales (acusan), de los jueces (condenan) y del sistema carcelario (castigan con reclusiones abusivas y con castigos físicos como azotes, apedreamientos y hasta linchamientos que ‘no pueden controlar’.

El país necesita “Gobernanza”como hemos propuesto varias veces en Lampadia, según la definición del Diccionario de la Real Academia: “Arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía”.

Sistemas de justicia paralelos, sin controles de la sociedad, sin límites a sus acciones y sin que se respeten los principios básicos de la administración de justicia en las sociedades civilizadas, son la negación de la propia justicia y uno de los caminos para que en el Perú se consoliden los ‘territorios libres’ controlados por actividades ilegales y anti nacionales como el terrorismo, el narcotráfico, la tala ilegal, la minería ilegal y las culebras armadas del contrabando puneño. (Ver en Lampadia: Visión de Futuro antes que un Acuerdo Nacional).

Así no se hace País. Ya es hora de que las decisiones de gobierno, en cualquiera de sus instancias, se basen en los objetivos de largo plazo de la República y, no en la politiquería cortoplacista y cobarde que solo busca el voto y el aplauso del populismo y los medios.  Lampadia

En noviembre pasado, el Ministro de Economía, Alonso Segura, lanzó uno de sus paquetes reactivadores cuyo corazón era un conjunto de medidas tributarias (reducción del impuesto a la renta personal, del impuesto selectivo al consumo y otros) destinadas a dejar en manos de los ciudadanos unos 4,500 millones de soles el 2015. La idea era  reactivar el consumo y por ende la economía. Por eso, no se entiende como la Sunat (la cual depende del MEF), haya prepublicado días atrás una nueva reglamentación para el fraccionamiento de las deudas con el fisco que endurece las condiciones para acceder a esta figura. Un contrasentido total, pues el ahorcar a los contribuyentes, especialmente a los más afectados por el menor crecimiento de la economía, va en contra de la política expansiva que impulsa Segura en representación del Gobierno.

Si se reducen los plazos máximos de fraccionamiento (de 72 a 48 meses), como se indica en el nuevo reglamento y, ahora este será condicionado al pago de cuotas iniciales y garantías (carta fianza o hipoteca), dependiendo del comportamiento del contribuyente, está claro que a las personas naturales y jurídicas con problemas les será más difícil salir de ellos, pues contarán con menor liquidez o no podrán acceder a un mecanismo facilitador de la recaudación y la formalidad.

Por si fuera poco, como se ha denunciado en varias oportunidades (la más reciente, por Rosa María Palacios), “la Sunat, ¡vivísimos ellos! no reciben solicitudes [de fraccionamiento],  porque no activan los formularios para solicitar el fraccionamiento hasta dos meses después de la fecha original de pago. ¿Mientras tanto? Te mandan resoluciones de cobranza coactiva a pagar en 7 días. ¿Qué te queda? Vaciar la cuenta del banco de la EIRL, que felizmente en mi caso, está vacía porque no tengo ingresos o romper el chanchito y pagar la deuda completa. Es decir, te quedas sin fondos o capital de trabajo”. Como señalamos líneas arriba todo lo contrario a lo que aspira la política de expansión del MEF.

La denuncia, obviamente no ha sido atendida. Para la Sunat la cosa es cobrar como sea, al mejor estilo del Sheriff de Nottingham (la némesis de Robin Hood). Incluso como este personaje de la Inglaterra medieval, torciendo la Ley acosta de los ciudadanos. Como bien ha señalado Palacios: “El Fraccionamiento de una deuda tributaria no es un dádiva, un regalo, o un premio. Es un derecho otorgado por la LEY (sí, en mayúscula, a ver si la señora Tania Quispe entiende) con el que la administración tributaria no puede hacer lo que le da la gana para cercenarnos ese derecho”.

Ante las críticas a este proceso, la Sunat acaba de anunciar una flexibilización de sus nuevas normas de fraccionamiento. Lamentablemente, lo único que ha hecho es discriminar entre los que tengan deudas menores a 38,500 soles (10 UIT) y los que superen dicho monto. Esto, que puede parecer aparentemente justo, en verdad sigue condenando a los pequeños y medianos empresarios a mayores dificultades financieras y  fomentando, indirectamente, la informalidad.

Además, como ha reportado el diario Gestión el 21 de abril pasado, de ahora en adelante “Solo los gastos ineludibles serán deducibles del Impuesto a la Renta”. Según la nota de Gestión: “La Sunat desconoce como gasto de las empresas los pagos de indemnizaciones contractuales o gratificaciones extraordinarias de trabajadores, ya que considera que pueden evitarse. (…) El fisco, dispone que para aceptar un gasto como deducible del pago del Impuesto a la Renta (IR), debe ser ‘ineludible o inevitable’. Es decir, cuando no exista otra posibilidad que solo efectuar el gasto. (…) Otro ejemplo ocurre cuando una empresa contrata con otra un servicio y luego, por discrepancias entre los contratantes, llegan a un arbitraje y la primera de ellas pierde el caso. (…) En este caso, la Sunat no aceptará el pago de la indemnización [ordenado por el laudo], ya que pudo evitarse si la empresa cumplía el contrato”. Este criterio contaría ahora con un presedente de la Corte Suprema, informa Gestión.

Aparte del abuso que representan estas medidas de la Sunat, lo que se persibe son enormes contradicción es en el Gobierno. Por ello, cabe preguntarse: ¿En el Ejecutivo se coordina la política económica? ¿La señora Tania Quispe, Superintendente Tributaria, no lee los periódicos? ¿El Ministro de Economía no se entera de este tipo de cosas? ¿Están realmente comprometidos con devolverle el crecimiento al país?

¿No sería bueno, por el bien del país; la imagen de las instituciones que tienen la suerte y responsabilidad de dirigir; e incluso, por su prestigio profesional que se sentaran a evaluar los objetivos a los que aspiran?.  Lampadia