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El MMM y los planes de Fuerza Popular y Peruanos por el Kambio

¿Alcanzarán las reformas propuestas en los planes para superar las metas señaladas en el MMM?

 

Jaime de Althaus

Lampadia

 

Hay un cierto contraste entre el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) recientemente publicado por el MEF, y los planes de gobierno de Peruanos Por el Kambio (PPK) y Fuerza Popular (FP). En términos generales, el MMM advierte más riesgos en la economía global que dichos planes y es más conservador. Considera una tasa de crecimiento de mediano plazo de 4% a partir del 2018, mientras que PPK la pone en 5%. Postula un déficit fiscal de 1.8% del PBI el 2017 y 1.3% el 2018, mientras que el plan de PPK proyecta una déficit fiscal de 3% del PBI hasta el 2019.

El MMM plantea reducir el déficit fiscal sin afectar la inversión pública, lo que supondría aumentar la recaudación y reducir gasto no prioritario a fin de no reducir el gasto corriente necesario, que más bien tendría la presión de aumento que vendrá del avance de la reforma magisterial y de la del Servicio Civil. De otro lado, el MMM no incluye un incremento del endeudamiento externo ni tampoco una mayor utilización del Fondo de Estabilización Fiscal, como sí lo plantea el Plan de Fuerza Popular. Menos aún aconseja reducir tasas impositivas (PPK) sino más bien incrementar la eficiencia de la fiscalización tributaria a fin de reducir los niveles de evasión que aún son altos “y combatir la evasión de corporaciones internacionales que transfieren recursos hacia países de baja fiscalización”.

La pregunta que debemos hacernos es hasta qué punto ambos planes de gobierno están incluyendo las reformas y políticas necesarias para conseguir un crecimiento de mediano plazo superior al 4% así como una recaudación fiscal y una reducción de gasto no prioritario que permita financiar a la vez el desarrollo de la infraestructura y la consolidación de reformas que requieren aumento del gasto corriente (servicio civil, magisterial, Policía, Judicial). La necesidad de reformas profundas es tanto más necesaria cuanto existe el riesgo de que el entorno económico mundial se agrave si se desatan problemas financieros contenidos y la China crece menos aún de lo esperado, que ya es menor al 6%.

El examen de ambos planes permite encontrar coincidencias en torno a las siguientes reformas y políticas:

1. Eliminación drástica de trámites, requisitos y exigencias en todos los sectores, para impulsar inversión privada y destrabar proyectos de infraestructura.

2. Gobierno electrónico, digitalización del Estado, plataforma de interoperabilidad, integración de las bases de datos.

3. Profundizar la reforma del Servicio Civil y gestión por resultados en todos los niveles.

4. Afianzar la carrera magisterial meritocrática y mejorar los aprendizajes usando tecnologías de la información y pedagogía constructiva.

5. Reforma de la inversión pública:

  • PPK: Nueva Proinversión que verá toda la obra pública y público-privada. Tendrá el banco de preproyectos de inversión y realizará los estudios de cada preproyecto. Tendrá un presupuesto quinquenal de preproyectos y priorizará los proyectos de inversión en base a una evaluación económica y social de los beneficios y contará con un sistema de monitoreo. Tendrá oficinas en todos los Gobiernos Regionales y locales.
  • Fuerza Popular: Creación de un Sistema Integrado de Planeación de Políticas Públicas, que comprenderá funciones de planeación de la implementación de políticas y de inversión, así como de coordinación de dicha implementación entre niveles de gobierno. Tendrá Unidades de Gestión de Servicios y Procesos (UGSP) que tendrán a su cargo la identificación de las prioridades del Estado relacionadas con los servicios así como con la adecuada operación de los procesos de inversión pública.
  • Ambos plantean impulsar y simplificar las APPs.

6. Descentralización: Fortalecimiento del control y de la capacidad del gobierno central para reformar y monitorear  los servicios y entregar recursos a cambio de resultados.

  • Ambos plantean la reforma de la Contraloría (todos los auditores pasan a la Contraloría; fiscalizar resultados y dolo antes que cumplimiento de normas).
  • PPK: la creación del Ministerio de Apoyo a las Regiones (MAR) y la  descentralización de Proinversión.
  • FP:  Unidades de Gestión de Servicios y Procesos (UGSP) para acordar metas, reformar y garantizar los servicios de educación, salud, agua y saneamiento y la inversión pública.
    • Transferencias a gobiernos sub nacionales condicionadas a la reducción de brechas.

Pero ninguno de los dos planes plantea que el gobierno central pueda intervenir o sustituirse temporalmente en casos de falencia de algún servicio, ni tampoco una redistribución de funciones y competencias ni un proceso de recertificación de capacidades.

7. Formalización:

  • Régimen especial temporal con tasas menores para mypes:
    • PPK: 10% del Impuesto a la Renta por 10 años, o Impuesto 2,5% de las ventas, a empresas que facturen hasta 2,300 UIT.
    • FP: Tributación cero durante los dos primeros años para las nuevas MYPES, y luego tarifa  progresiva.
  • IGV:
    • PPK: Reducción del IGV hasta el 15%.
    • FP: Pagar IGV cuando se reciban los ingresos, etc.
  • Incentivos a empresas que contraten jóvenes.
  • PPK: ¿Seguro  de desempleo en lugar de CTS (2.5% del sueldo) y reducir el sobrecosto de los beneficios laborales en 10 puntos (PPK)?
  • Reforma de la SUNAT (reorganizar, facilitar)
  • Titular comunidades campesinas y nativas
  • Formalización de la minería informal:
    • PPK: Nuevo Banco de Fomento Minero que adquirirá producto de los mineros
    • FP: Legislación diferenciada por  costa, sierra y selva, valla más baja. Pero se acaba de anunciar un acuerdo que despenaliza la minería ilegal.

No obstante, ninguno de los dos planes plantea flexibilizar la legislación laboral, sino fortalecer Consejo Nacional de Trabajo para lograr consensos que permitan quizá flexibilizar. Tampoco queda claro cómo sería una reforma integral de sistema de pensiones luego de la aprobación de las ley que permite retirar el 95.5% del fondo acumulado en la AFP al momento de jubilarse. 

8. Coincidencias en políticas productivas:

  • “Adelanto social” en minería.
  • Masificación del gas, petroquímica y modernización de PetroPerú.
  • Extender Sierra Productiva (FP) o Haku Wiñay (PPK) a toda la sierra rural.
  • Profundizar la diversificación productiva.
  • Impulsar la investigación, ciencia y tecnología.
  • Multiplicar el turismo.
  • Plantaciones forestales en sierra y selva: 1 millón de has.
  • Ley fomento de acuicultura (solo FP).

9. Políticas de reactivación:

  • Impulso fiscal: (déficit 3%, utilización del FEF). Estas propuestas no están contempladas en el Marco Macroeconómico Multianual.
  • Impulso tributario: (solo PPK). Propone reducir el IGV 3 puntos, incluir toda la inversión como gasto a fin de reducir el impuesto a la renta y mantener la reducción al impuesto a  la renta dictada por este gobierno. Fuerza Popular plantea derogar esa reducción.  

En conclusión, sea quien fuera que llegue a la presidencia, aplicará –si cumple su plan de gobierno- un conjunto de reformas que ayudarán a reanimar la inversión, mejorar la productividad de la economía y subir la tasa de crecimiento potencial. Sin embargo, hay dos temas clave en los que las propuestas son deficitarias: la reforma de la descentralización y la reforma laboral. Sin eso, será difícil mejorar apreciablemente la capacidad de gestión y calidad del gasto público y formalizar la economía y el trabajo a fin de multiplicar la inversión y aumentar la recaudación. Además, los planes entrañan un incremento significativo del gasto en nuevos programas propuestos, pero no se indica qué gastos o programas se reducirían para hacer eso posible, aunque sí se propone una nueva institucionalidad planificadora y priorizadora.

Lampadia

 




La ‘barbaridad’ de la mayor cobertura de la Ley Servir

La iniciativa del Ejecutivo, refrendada por el Tribunal Constitucional, de instaurar un régimen general para todos los servidores del Estado, incluyendo a los trabajadores del Banco Central de Reserva (BCRP),  para que formen parte de la Ley del Servicio Civil (Ley Servir) es (en palabras de Julio Velarde, Presidente del BCRP) “una barbaridad”.

La ley, dirigida supuestamente a promover la meritocracia en el Estado, pretende homogenizar los tres regímenes laborales generales: la Carrera Administrativa (D.L. 276), de la actividad privada (D.L. 728) y la Contratación Administrativa de Servicios (CAS, del D.L. 1057). Y también los otros 12 regímenes especiales (profesores, profesionales de la salud, magistrados, fiscales, diplomáticos, servidores penitenciarios, militares, policías, entre otros). Esta norma también incluiría a los congresistas, personal de la Sunat y la SBS. 

Una de las mayores críticas es que se generaría espacio para mayor intervención política de los gobiernos en el régimen laboral del Estado, contrariando el objetivo de meritocracia. El abogado laboralista, Alberto Hurtado Chancafe, explica esto diciendo que “la situación será inestable porque cualquier gobierno podrá imponer su propia evaluación a los trabajadores y así despedir a muchos de ellos”. Además, estos empleados perderían sus derechos adquiridos y otros beneficios importantes.

Sin embargo, la crítica más importante es que si el Ejecutivo pudiera entrar a evaluar al personal por mandato de esta ley (la cual pretende promover la meritocracia en ámbito laboral), destruiría la autonomía del BCRP, tema que ha sido crucial para la solidez macroeconómica del país. El BCRP es una de las pocas entidades verdaderamente meritocráticas. En realidad, es la base de su proceso de selección. Pablo Secada explica esto diciendo que “A los jóvenes se les contrata cuando salen de la universidad, se les brinda un curso y permanentemente hay evaluaciones promoviendo a los mejores. Toda la carrera en el (Banco) Central es en base a la meritocracia que [en teoría] promueve la ley Servir”.

Velarde agregó que un fallo de ese tipo “afecta la autonomía del Banco Central y desestabiliza el país”, pues entonces su presupuesto dependería completamente del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Además, afirmó que “el BCR es una institución que se ha caracterizado por eso [la meritocracia], no ha habido una sola persona que ha estado entrando por una recomendación o alguno de estos factores. Quisiera ver cuántas instituciones públicas podrían decir lo mismo. Quisiera ver si Servir tiene éxito en 20 o 25 años, tendría una suerte si logra ser lo que es el Banco Central ahora.”

 En Lampadia estamos completamente en contra de este  fallo del Tribunal Constitucional y de cualquier intromisión política en el BCRP y las otras pocas instituciones que han logrado estar a salvo de la proverbial mediocridad de los servidores del Estado. Líneas abajo compartimos un artículo de opinión del IPE que sustenta los daños que produciría esta Ley.

SI NO ESTÁ ROTO, NO LO ARREGLES

Publicado en IPEOpinión

03 de mayo de 2016

 

La independencia constitucional de la que goza hoy el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) no es un simple capricho de los legisladores. La función del ente emisor es tan importante que debe ser blindada de las voluntades políticas de turno tanto como sea posible. Las consecuencias de menoscabar la independencia del banco las vivió ya el país en la década de los ochenta.

En este sentido, el reciente fallo del Tribunal Constitucional (TC) que incorpora al BCRP y a otras instituciones en el régimen laboral del Servicio Civil (Servir) resulta cuestionable a diferentes niveles. En el caso del banco, desde el punto de vista legal, no queda claro en qué medida la sentencia del TC es compatible con su autonomía, garantizada por su Ley Orgánica y por el artículo 84° de la Constitución Política del Perú. Las autoridades del BCRP han pedido ya una aclaración al respecto.

Desde el punto de vista práctico, resulta un sinsentido forzar a la institución pública que mejores estándares de meritocracia ha exhibido en las últimas décadas a sustituirlos por otros con resultados más inciertos. Las políticas de atracción y retención del mejor talento han sido tan efectivas en el BCRP que no sería descabellado pensar más bien en la fórmula inversa: que Servir busque adoptar algunas de las prácticas del banco.

La construcción de instituciones meritocráticas dentro del aparato estatal, qué duda cabe, es una necesidad urgente. En ese sentido, las políticas de Servir pueden ser un avance para fortalecer a las entidades públicas, sobre todo fuera de la ciudad capital. Ello no impide, sin embargo, reconocer que existen instituciones cuyo mandato constitucional les permite aplicar regímenes laborales ad hoc y que han venido operando con suma eficiencia gracias a ellos. Como dice la vieja frase, no arreglemos lo que no está roto. Lampadia