Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 12 de febrero de 2021
Para Lampadia

Si un grupo de vándalos no hubiera bloqueado a la bruta la carretera Panamericana en Ica, las protestas de diciembre pasado hubieran pasado inadvertidas. Me refiero a las protestas contra las empresas agroexportadoras. En efecto, prácticamente todos los trabajadores hubieran asistido libre y voluntariamente a sus centros de trabajo. Y – por ende – todas las empresas hubieran trabajado con total normalidad, tal como lo están haciendo actualmente… y tal como lo venían haciendo hasta antes de los bloqueos.

Por eso hay que preguntarnos – objetivamente – si lo de Ica fue una genuina protesta laboral, o un acto vandálico promovido políticamente para simular una protesta laboral. Yo estoy seguro que lo de Ica fue esto último… un acto de sabotaje político en contra de las empresas agroexportadores. Y lo mismo diría de las protestas de Chao… en la pujante irrigación de CHAVIMOCHIC. Incluso, años atrás pasó algo parecido contra las empresas mineras. Recordemos las protestas contra Conga en Cajamarca, Tía María en Arequipa, y Las Bambas en Apurímac. En mi opinión, todas fueron “protestas” entre comillas. Es decir, actos de sabotaje político con fines anti empresariales.

El cinismo de los promotores fue tal, que siempre se ampararon en el derecho constitucional a la huelga, a la protesta, y a la sagrada libertad de expresión… con lo cual todos estamos de acuerdo. Sin embargo, el bloqueo de carreteras – y el vandalismo delincuencial – fue el común denominador en todos los casos en cuestión. ¡Pobre de aquellos que no se plieguen a la protesta! ¡Ay de aquellos que no apedreen a la Policía! Les cortaban el agua para sus parcelas, les quemaban sus casas, y hasta los agredían físicamente… la sanción era implacable y cruel. Y encima eran tildados de traidores, cobardes… y todo lo demás. ¡Quemen los vehículos que osen circular frente a los piquetes que bloquean las carreteras! Piedras, fuego, bombas Molotov… ¡todo valía! A eso le llamaban marchas pacíficas.

Bueno pues… así está la situación. No obstante, vandalismo y delincuencia hay en todo el mundo. Incluso en países desarrollados como Suiza, Estados Unidos, Japón… entre otros. La diferencia es que allá hay autoridad, mientras que acá… no. Nuestras autoridades son “autoridades” … entre comillas. ¡He ahí el problema!

• Y no me refiero – solamente – al Presidente Sagasti, quien humilló y descabezó hace poco a la Policía Nacional del Perú (PNP), y se doblegó mansamente ante a los vándalos que exigían la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria.
• Me refiero también al ex Presidente Vizcarra. ¿Cómo olvidar su cobarde rendición ante el innombrable Gobernador de Arequipa, en el caso de Tía María? Y así por el estilo. El ex Presidente Humala… muy castrense él, pero hasta “cosito” lo llamaban. Y paro de contar.

Sin embargo, aparte de la pusilanimidad gubernamental frente a los bloqueos de carreteras y vandalismo delincuencial, hay un sesgo marcadamente anti empresarial en muchas autoridades políticas de nuestro país, secundadas – eso sí – por no pocos periodistas, académicos, dirigentes sociales, y ciudadanos en general. No podemos tapar el sol con un dedo.

Para esos propulsores del estatismo, las empresas privadas – todas las empresas – son abusivas, evasoras de impuestos, especuladoras, acaparadoras y mil etcéteras más. Las empresas – en esencia – son malas. Sólo el Estado – y nadie más que el Estado – puede velar por el bienestar y progreso de los trabajadores, los consumidores y la ciudadanía en general. Así se expresan muchos presidentes, ministros, congresistas, gobernadores regionales, alcaldes, etc. Y como acabo de mencionar, cuentan con mucho respaldo académico, periodístico y dirigencial… lamentablemente.

Pusilanimidad gubernamental y estatismo ideológico… eso es lo que tenemos. Conste que nadie – en su sano juicio – pide la vuelta del autoritarismo abusivo y arbitrario. Nada que ver. Lo que pedimos muchos peruanos – no todos… valgan verdades – es autoridad legítima. Un Estado firme, servicial y eficiente. Pero – repito – lamentablemente no lo tenemos.

¿Qué hacer entonces? Pues denunciar a los vándalos ante el Ministerio Públicos. Denunciar a los vándalos que bloquean carreteras y apedrean a vehículos particulares. Denunciar a los vándalos que masacran a policías desarmados. Y dado que el Gobierno no hace nada al respecto, hacerlo nosotros desde la ciudadanía. ¡Eso es lo que debemos hacer!

Se trata de exigir orden, estabilidad, seguridad, legalidad, predictibilidad, civismo. ¡Estamos en nuestro derecho! No queremos “protestas” entre comillas. Y menos… “autoridades” entre comillas. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 12 de junio de 2020
Para Lampadia

Proponer – como proponen muchos – que “hay que formalizar a los informales” es una verdad de Perogrullo. Una tautología. En otras palabras… una estupidez. ¡Claro que hay que formalizar a los informales! La cuestión es ¿cómo?

Espero que no lo tomen a mal, pero proponer “formalizar a los informales” es como aquel letrero colgado en la puerta una tienda de Palencia – España que dice: “Abrimos cuando llegamos, cerramos cuando nos vamos, y si vienes y no estamos, es que no coincidimos”. Así son las perogrulladas.

Bromas aparte… más allá de las implicancias tributarias y laborales, la informalidad hizo fracasar la cuarentena. Obvio. La informalidad – por definición – opera al margen de la legalidad. No acata las disposiciones del Estado. Por ello fracasó la cuarentena. Por otro lado, el programa Reactiva Perú fracasó porque el financiamiento no llegó a los informales. Y así por el estilo.

El problema de la informalidad es muy grave. De su solución depende el bienestar y progreso de millones de peruanos. Por ello hay que tomar al toro por las astas, y resolver este tremendo problema nacional.

Entonces ¡vamos a eso! En primer lugar, hay que simplificar – y digitalizar – muchos trámites burocráticos en todos los estamentos del Estado… municipalidades, ministerios, poder judicial, etc. Incluso, en muchos casos hay que eliminar trámites inútiles. Efectivamente, hay muchos trámites que sólo sirven para que funcionarios corruptos chantajeen a los informales.

Segundo. Hay que bajar la tasa del Impuesto General a las Ventas (IGV). El 18% vigente es muy alto para formalizar a los informales. Un IGV de 10% facilitaría mucho el proceso de formalización. Y no me vengan con que caería la recaudación tributaria. ¡Falso! En economía hemos estudiado – hasta la saciedad – que cuando bajan las tasas tributarias, aumenta la actividad económica, se formaliza la economía, y al final se recauda igual – o incluso más – que con altos niveles de impuestos.

Simultáneamente, hay que reducir – mejor dicho, eliminar – los gastos estatales innecesarios. Al pan, pan; y al vino, vino. El Estado está atiborrado de Richard Swings que cuestan un montón de plata, y lo único que hacen es maltratar y chantajear a la ciudadanía. Y particularmente a los informales.

Tercero. ¡Hay que flexibilizar la legislación laboral! Pongamos en práctica el clamor de miles de pequeños empresarios… incluso de millones de trabajadores; sobre todo jóvenes. Seamos objetivos y pragmáticos… además de sinceros. La Ley General del Trabajo es un fracaso. Si no ¿cómo explicar el 70% – y más – de informalidad laboral en nuestro país? Y todo por las rigideces absurdas de la ley de marras.

¡No a la estabilidad laboral absoluta! La flexibilidad laboral formaliza el empleo, lo multiplica, y mejora las condiciones laborales y remunerativas en favor de los trabajadores. El Régimen Laboral Agrario es una muestra de ello.

Cuarto. Hay que propiciar la bancarización del sector informal mediante líneas de financiamiento a plazos y tasas competitivas. ¿Cómo? Abriendo el mercado local a empresas financieras internacionales especializadas en microfinanzas. Las tasas de interés que cobran los bancos locales a los pequeños empresarios son muy altas. Sobre todo, las tasas por el uso de tarjetas de crédito. Sin embargo, cabe aclarar… ¡Dios nos libre de una ley que ponga topes a las tasas de interés bancarias! Eso sería lo peor. Las tasas bancarias deben bajar como producto de una mucho mayor competencia entre la banca local con instituciones financieras del exterior.

Quinto. Capacitación. El Estado debería propiciar la capacitación técnica y administrativa a todo nivel, a través de instituciones de excelencia como SENATI, TECSUP, y otras similares. Capacitación en todo tipo de disciplinas productivas, comerciales, contables, financieras, informáticas, etc. En síntesis, capacitación en administración de negocios.

Por último – o sea, sexto – disponer de una fracción del IGV como fuente de aportes individuales para las pensiones de los respectivos compradores. En realidad, se trata de una propuesta de Lampadia, y de algunos especialistas en sistemas pensionarios que merece ser implementada. Una propuesta innovadora, justa, súper inclusiva, y claramente formalizadora.

Además de todo lo anterior, el Estado debe propiciar un vasto programa de inversiones en todos los ámbitos de la economía peruana – recursos naturales, industrias manufacturas, servicios y turismo, innovación y creatividad, infraestructura, salud, educación, vivienda, agua y saneamiento, etc. – para generar millones de puestos de trabajo… y mercados formales para pequeños y microempresarios.

¿Cómo formalizar a los informales? Pues ahí está mi propuesta. Lampadia

Llegó el último escándalo internacional de filtración de documentos: Los llamados ‘Panama Papers’ son una fuga documentaria sin precedentes de 11.5 millones de archivos de la base de datos de la cuarta mayor firma de abogados offshore del mundo, Mossack Fonseca. Los registros se obtuvieron de una fuente anónima por el diario alemán Süddeutsche Zeitung, que los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que luego los distribuyó a su red de socios internacionales.

¿Qué revelan? Muestran las miles de maneras en las que las empresas, organizaciones e individuos pueden proteger sus recursos en espacios distintos al origen de los mismos. Las motivaciones que están detrás de estas prácticas son muy variadas, pueden deberse a requerimientos de seguridad personal, condiciones de riesgo político en sus países de origen, a dificultades familiares, a facilidades operativas y económicas para su disposición posterior y a la consolidación de recursos de distintas fuentes operativas. Pero también pueden vincularse a delitos fiscales, lavado de dinero o que se originen en actividades ilícitas o producto de distintos tipos de delitos.

¿Son ilegales? Recurrir a sociedades “offshore” no es ilegal per se. Según declaraciones de Julio Velarde, Presidente del Banco central de Reserva: “No hay ninguna prohibición legal para tener dinero afuera, habría que ver si han cumplido con el pago de impuestos, etcétera, pero a priori condenar a alguien porque tenga la plata afuera es una exageración, porque usted, yo y todos tenemos plena libertad de sacar nuestro dinero al país que querramos”.

Lamentablemente, los documentos de Panamá pueden terminar siendo la caja del tesoro para persecuciones, escándalos y cacerías de brujas. Tienen todos los ingredientes para producir jugosos artículos y para que periodistas inescrupulosos o irresponsables hagan escandalosas acusaciones con solo mencionar nombres prominentes como Mauricio Macri, Lionel Messi, Mario Vargas Llosa, Gastón Acurio y Vladimir Putin.

Mientras Gastón Acurio se ha apresurado a transparentar sus ingresos, fuentes de rentas y patrimonio, para salvaguardar su bien ganado buen nombre, el gobierno ruso solo ha atinado a hacer una acusación de ‘Putinofobia’. Hasta la fecha, la víctima más notoria es la del primer ministro de Islandia, que tuvo que renunciar apresuradamente.

Sin lugar a dudas, no queda otra cosa que los países vinculados a los nacionales implicados desarrollen las investigaciones o comprobaciones correspondientes, pero en el mundo intercomunicado de hoy, la sola mención de un nombre puede afectar injustamente el honor de muchas personas. Los medios de comunicación deben tener el cuidado de señalar que “mucho de esto es perfectamente legal”, y que las “cuentas en el extranjero no son ilegales por sí mismas”, como es el caso del Perú.

Hasta ahora, nada de lo que se menciona en los informes por sí solo es una prueba de delito o ilegalidad. Los clientes pueden optar por ser discretos en sus transacciones financieras. Por lo tanto, ¿es prudente y ético publicar la información sin verificar la legitimidad de esas inversiones? Los documentos de Panamá no tienen la capacidad de establecer ningún delito por parte de las personas nombradas. Sólo crean sospechas que debieran ser trabajadas en investigaciones muy rigurosas.

Vale la pena señalar que incluso ICIJ sostiene que “las transacciones financieras off shore no son ilegales por sí mismas, aunque pueden ser utilizados para ocultar los bienes del control fiscal, blanqueo de capitales procedentes de actividades delictivas o disimular riqueza.”

Es importante y es la responsabilidad de quienes publican titulares escandalosos, verificar la veracidad de esta información y no acusar libremente para manipular al público y lograr más rating. Lampadia

¿Qué son los papeles de Panamá y por qué importan?

La explicación de The Economist

Publicado el 4 de marzo de 2016

The Economist

Traducido y glosado por Lampadia

La firma de abogados de Panamá, Mossack Fonseca está en el centro de un gran escándalo fiscal y de blanqueo de dinero que se ha hecho evidente por los ‘Panama Papers’.

Empresas como Mossack se especializan en ayudar a extranjeros a ocultar su riqueza. Los clientes pueden querer esconder su dinero lejos de futuras ex-esposas, esquivar sanciones, blanquear dinero o evadir impuestos. Las principales herramientas para hacerlo son compañías anónimas ‘cascaron’ (que sólo existen en papel) y cuentas en el extranjero en paraísos fiscales (que a menudo vienen con beneficios tales como el secreto bancario y casi ningún impuesto). Estas estructuras ocultan la identidad del verdadero titular del dinero.

Pero las autoridades (y descontentas ex esposas) acaban de obtener un gran logro. Más de 11 millones de documentos se han filtrado de las oficinas secretas Mossack. Este fin de semana, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) hizo públicas sus conclusiones de que la firma había ayudado a sus clientes, consciente o inconscientemente, a evadir o eludir impuestos, lavar dinero o enmascarar sus orígenes. Más sorprendente que sus métodos usados, fue la escala de la actividad y las personas involucradas. Se cree que los 2.6 terabytes de datos que contienen información sobre 214,500 empresas en 21 jurisdicciones offshore y nombres de más de 14,000 intermediarios (tales como bancos y bufetes de abogados).

Aunque de ninguna manera todos estos son criminales, los primeros ejemplos públicos sorprenden mucho. En la lista de los ‘malos’ se encuentran personas como el presidente de Ucrania, Petro Poroshenko. Otros jefes de gobierno, como el de Rusia, Vladimir Putin, y el de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson.

Tras el nombramiento inicial y la vergüenza pública, en las próximas semanas se hará más claro quién estaba usando estas estructuras por razones dudosas. Aunque la mayor la atención estará en dictadores, terroristas y carteles de la droga, sería una vergüenza si otros malhechores logran escapar. La industria mundial de proveedores de servicios que venden el secreto financiero, en algunos casos, han obtenido grandes ganancias aprovechándose de políticas fiscales mal diseñadas. Se estima que el 8% de la riqueza del mundo (US$ 7.6 millón de millones según la economista Gabriel Zucman,) está en cuentas ‘off-shore’, en cuentas en el exterior, la mayoría son perfectamente legales, como afirma una serie de relacionistas públicos de los clientes mencionados en la prensa. Sin embargo, legales o no, los periódicos ahora apuntan a Mossack y a empresas similares. Están en sintonía con el sentimiento contemporáneo: la desconexión fundamental entre las élites globales y el resto.

The Economist, destaca el tema en una segunda publicación, con un sugestivo título:

El furor de los ‘Panama Paper’ sólo crecerá aún más.