Las críticas del prestigioso economista Nouriel Roubini – apodado  “Dr. Doom” por haber predicho la crisis financiera del 2008 – hacia las monedas digitales,  conocidas como “criptomonedas” (ver Lampadia: Nouriel Roubini: Blockchain y Bitcoin son las mayores estafas del mundo), continúan y con el pasar del tiempo cobran mayor fuerza y rigurosidad.

Recientemente publicó un artículo en Project Syndicate, que compartimos líneas abajo, en el que puso al descubierto los distintos tipos de fraudes a los cuales se han visto sometidos los inversionistas minoritarios en las plataformas de intercambio de criptomonedas. Según su diagnóstico, dichos mercados, en tanto sigan operando al margen de la regulación financiera local e internacional, serán proclives a ser capturados por toda clase de criminales, que utilizaran la criptografía (código de registro de las cuentas de los usuarios) para el lavado de dinero, la falsificación de identidades, por mencionar solo algunos de los delitos posibles.

De ser ciertas tales denuncias, coincidimos plenamente con las recomendaciones propuestas por Roubini, puesto que se estaría atentando con los derechos de propiedad de los inversionistas, sobre su propio dinero, ya sea digital o físico, así como del uso de este. Este es un principio fundamental que una sociedad libre debe tener como base para su desarrollo. En ese sentido, esperemos que los reguladores de EEUU prosigan con las investigaciones correspondientes y de ser comprobados los delitos imputados, que caiga todo el peso de la ley a los promotores de tales plataformas de intercambio. Lampadia

El gran robo criptográfico

Nouriel Roubini
Project Syndicate
16 de julio, 2019
Traducido y glosado por Lampadia

Las criptomonedas han dado lugar a toda una nueva industria criminal, que comprende intercambios offshore no regulados, propagandistas pagados y un ejército de estafadores que buscan inversores minoristas. Sin embargo, a pesar de la abrumadora evidencia de fraude y abuso desenfrenado, los reguladores financieros y las agencias de aplicación de la ley siguen dormidos al volante.

NEW YORK – Hay una buena razón por la cual cada país civilizado en el mundo regula estrechamente su sistema financiero. La crisis financiera mundial de 2008, después de todo, fue en gran medida el resultado de un retroceso en la regulación financiera. Los ladrones, criminales y timadores son un hecho de la vida, y ningún sistema financiero puede cumplir su propósito adecuado a menos que los inversores estén protegidos de ellos.

Por lo tanto, existen regulaciones que exigen que los valores se registren, que las actividades de servicio de dinero tengan una licencia, que los controles de capital incluyan las disposiciones de “antilavado de dinero” (AML) y “conozca a su cliente” (KYC) (para evitar la evasión fiscal y otros flujos financieros ilícitos), y que los administradores de dinero sirven los intereses de sus clientes. Debido a que estas leyes y regulaciones protegen a los inversionistas y a la sociedad, los costos de cumplimiento asociados con ellos son razonables y apropiados.

Pero el régimen regulatorio actual no captura toda la actividad financiera. Las criptomonedas se lanzan y comercializan de forma rutinaria fuera del dominio de la supervisión financiera oficial, donde la evitar los costos de cumplimiento se anuncia como una fuente de eficiencia. El resultado es que el mundo de las criptomonedas se ha convertido en un casino no regulado, en el que la criminalidad no controlada genera disturbios.

Esto no es mera conjetura. Algunos de los jugadores criptográficos más grandes pueden estar abiertamente involucrados en la ilegalidad sistemática. Considere BitMEX, una plataforma de intercambio no regulada de billones de dólares de derivados criptográficos que está domiciliado en las Seychelles, pero activo a nivel mundial. Su director ejecutivo, Arthur Hayes, se jactó abiertamente de que el modelo de negocio de BitMEX consiste en vender productos derivados criptográficos de “jugadores degenerados” (es decir, inversores minoristas despistados) con un apalancamiento de 100 a uno.

Para ser claros, con un apalancamiento de 100 a uno, incluso un cambio del 1% en el precio de los activos subyacentes podría desencadenar un margin call y eliminar toda la inversión. Peor aún, BitMEX aplica tarifas altas cada vez que uno compra o vende sus instrumentos tóxicos, y luego toma otra porción de la manzana al desviar los ahorros de los clientes a un “fondo de liquidación” que probablemente sea mucho más grande de lo que es necesario para evitar el riesgo de la contraparte. No es de extrañar que, según las estimaciones de un investigador independiente, las liquidaciones a veces representen hasta la mitad de los ingresos de BitMEX.

Los informantes de BitMEX me revelaron que este intercambio también se usa a diario para el lavado de dinero a escala masiva por parte de terroristas y otros delincuentes de Rusia, Irán y otros lugares; el intercambio no hace nada para detener esto, ya que se beneficia de estas transacciones.

Como si no fuera suficiente, BitMEX también tiene una mesa de negociación interna con fines de lucro (supuestamente con el propósito de hacer mercado) que ha sido acusada de abusar de la información privillegiada de sus propios clientes. Hayes lo ha negado, pero debido a que BitMEX no está regulado por completo, no hay auditorías independientes de sus cuentas y, por lo tanto, no hay forma de saber qué sucede detrás de la escena.

En cualquier caso, sabemos que BitMEX no cumple con las regulaciones de AML / KYC. Aunque afirma que no sirve a los inversores estadounidenses y británicos que están sujetos a dichas leyes, su método de “verificar” su ciudadanía es examinar su dirección IP, que puede enmascararse fácilmente con una aplicación VPN estándar. Esta falta de due diligence constituye una violación descarada de las leyes y regulaciones de valores. Hayes incluso desafió abiertamente a cualquiera para que intente demandarlo en las Seychelles no reguladas, sabiendo que opera a la sombra de las leyes y regulaciones.

A principios de este mes, debatí con Hayes en Taipei y clamé su fraude. Pero, sin que yo lo supiera, él había obtenido los derechos exclusivos del video del evento por parte de los organizadores de la conferencia y se negó durante una semana a lanzarlo por completo. En su lugar, publicó “hitos” seleccionados para crear la impresión de que se desempeñó bien. Supongo que esto está a la par del curso entre los estafadores criptográficos, pero es irónico que alguien que dice representar la “resistencia” contra la censura se ha convertido en el padre de todos los censores ahora que su estafa ha sido expuesta. Finalmente, avergonzado en público por sus propios partidarios, cedió y lanzó el video.

El mismo día que debatimos, la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido propuso una prohibición total de las inversiones de criptografía de alto riesgo al por menor. Sin embargo, a menos que los responsables de la formulación de políticas respondan de forma concertada, los inversores minoristas que son atraídos al dominio criptográfico continuarán siendo engañados. La manipulación de precios es rampante en todos los intercambios criptográficos, debido a los esquemas de bombeo y descarga, comercio de lavado, suplantación de identidad, ejecución frontal y otras formas de manipulación. Según un estudio, hasta el 95% de todas las transacciones de Bitcoin son falsas (incluso en los casinos en línea de Bitcoin), lo que indica que el fraude no es la excepción sino la regla.​

Por supuesto, no es sorprendente que un mercado no regulado se convierta en el patio de recreo de estafadores, delincuentes y vendedores de aceite de serpiente. El comercio de productos criptográficos ha creado una industria multimillonaria, que abarca no solo los intercambios, sino también los propagandistas que se hacen pasar por periodistas, los oportunistas que hablan de sus propios libros financieros para vender “shitcoin” y los cabilderos que buscan exenciones regulatorias. Detrás de todo hay un fraude criminal emergente que avergonzaría a la Cosa Nostra.

Ya es hora de que EEUU y otras agencias policiales intervengan. Hasta ahora, los reguladores han estado dormidos al volante mientras el cáncer criptográfico ha hecho metástasis. Según un estudio, el 80% de las “ofertas de monedas iniciales” en 2017 fueron estafas. Como mínimo, debe investigarse a Hayes y a todos los demás que supervisan estafas similares desde refugios en alta mar, antes de que millones de inversionistas minoristas más sean estafados en la ruina financiera. Incluso el secretario del Tesoro de EEUU, Steven Mnuchin, que no es fanático de la regulación financiera, está de acuerdo en que no se debe permitir que las criptomonedas se “conviertan en el equivalente de cuentas secretas numeradas”, que durante mucho tiempo han sido preservadas por terroristas, mafiosos y otros criminales. Lampadia

Nouriel Roubini, profesor en la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York y CEO de Roubini Macro Associates, fue Economista Principal para Asuntos Internacionales en el Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca durante la administración Clinton. Ha trabajado para el Fondo Monetario Internacional, la Reserva Federal de los Estados Unidos y el Banco Mundial.

César Azabache Caracciolo
Para Lampadia

Todos tenemos claro ahora que recibir clandestinamente fondos exhorbitantes para financiar la política ha sido usual. Lo de Humala o lo del entorno de la señora Fujimori no ha sido una excepción o una singularidad. Estamos discutiendo entonces una práctica que hemos tolerado por todo este tiempo, y la práctica es ya un asunto probado, no parte de nuestro saber escondido o susurrado.

La cuestión entonces consiste ahora en establecer cómo debe resolverse de manera consistente esto que es más que un impasse generalizado. Porque creo que tenemos claro que lo que ahora reconocemos como efectivamente ocurrido no debe hacerse más.

La circulación de fondos clandestinos no declarados en política debe ser prohibida de inmediato y sin tapujos como los que ensayó el Congreso hace unos meses al distorsionar al extremo los proyectos de ley discutidos casi durante todo el 2018 sobre financiamiento de partidos políticos. Debe prohibirse toda forma de circulación de fondos no declarados, tanto en cabeza de la organización que los recibe como de la persona que los entrega.

Pero además debemos representar nuestro reconocimiento a lo irregular de lo que hemos hecho de una manera al mismo tiempo equilibrada y clara. Seguir pretendiendo que lo que se hizo no era delito porque Jorge Barata y Odebrecht no eran reconocibles como lavadores de activos en el 2010 o antes es acaso la única teoría seria presentada en este debate. Pero como ya se ha dicho, la teoría ha sido expuesta con tantos “no” y “si acaso” poblados de cinismo que el debate hasta ahora no ha logrado un punto claro de razonabilidad.

En lo personal sigo pensando que con la clandestinidad en el manejo de dinero pasa lo mismo que con la auto exposición en caso de enfermedades contagiosas o de transmisión riesgosa: Cuando alguien se expone irresponsablemente a contraerlas no es posible que pretenda haber sido víctima de un engaño. Por eso la regla desde mi punto de vista debe ser la indiferencia: Quien acepta mover dinero clandestinamente se arriesga a que parte del dinero que mueve provenga de una lavandería. Entonces si esto ocurre (es decir, si en el camino se contamina con fondos que vienen de un lavandería) entonces no tiene nada sobre qué protestar.

Muchos de los profesores de derecho penal del medio no están necesariamente de acuerdo conmigo. La idea que sostiene es que más allá de la irresponsabilidad o la indiferencia el delito es solo imprudente, no sancionable en estos casos, si la indiferencia es el único factor en la mesa. Para ellos, además de la clandestinidad y la exorbitancia que conducen a la indiferencia sobre el origen es necesario que el sujeto que porta los fondos que se entregan exhiba de alguna forma, revele de alguna manera, represente o comunique claramente su conexión con alguna lavandería.

Desde mi punto de vista una teoría cómo esta, que sin embargo reconozco como fuerte y seria, ha quedado fuertemente afectada por el cinismo con el que algunas personas han organizado su propia defensa. Las teorías legales, para funcionar, deben obtener cierto respaldo moral que el cinismo generalmente resta. Pero además de eso, la teoría que pide la recognoscibilidad del otro como elemento del delito, crea una difícil paradoja moral. En el caso, Odebrecht y Jorge Barata no habrían sido recognoscibles como lavadores de activos (usuarios de una lavandería) porque la clandestinidad en el comportamiento de los financistas de la política era tan alta que “todos hacían más o menos lo mismo”.

La teoría de la recognoscibilidad del otro es entonces tan potente conceptualmente como ambigua en sus consecuencias prácticas. Crea por ello un caso moral y legal difícil que sólo la Corte Suprema puede resolver.

Mi pedido entonces: un pleno casatorio nuevo que resuelva clara y directamente este dilema.

El sistema debe dirigirse ya a presentar acusación y discutir estas cosas en juicio. Resolver estos asuntos de manera apropiada se convierte entonces en una necesidad imperativa. Lampadia

Luiz Inácio Lula da Silva, el ex presidente de Brasil, puede estar a punto de ir a la cárcel por hasta 10 años si un tribunal de apelaciones confirma este mes una condena por corrupción. Esto, sin embargo, no ha impedido que continúe con su carrera política y que aún cuente con un fuerte apoyo.

El juicio de Lula en segunda instancia está programado para el 24 de enero, donde tres jueces federales deberán decidir si convalidan la sentencia del juez Sergio Moro, quien condenó al líder del Partido de los Trabajadores a 9 años y medio de prisión. Sin embargo, Lula todavía no va a la cárcel ya que el juez Moro afirmó que “Considerando que la prisión cautelar de un expresidente de la República no deja de envolver ciertos traumas, la prudencia recomienda que se aguarde antes de extraer las consecuencias propias de la condenación”. (Cuidado que no se tuvo en el Perú con el ex presidente Humala y su señora, ni con empresarios que no tenían procesos abiertos y se les dio prisión preventiva. Una práctica abusiva que debe suspenderse).

Como afirma Sebastiao Mendonça Ferreira en Un juicio para la historia, “La sentencia de Moro sobre Lula es considerada un ejemplo académico de calidad y la tradición en el TRF-4 es confirmar o ampliar las sentencias dictadas por Moro. Sin embargo, este fallo afecta grandes intereses políticos y los partidarios de Lula están organizando manifestaciones en todo el país para presionar a los jueces del TRF-4”.

De acuerdo a las leyes de Brasil, hay una segunda instancia y hasta que ésta no lo condene, Lula puede postular. Sin embargo, si la sentencia se ratifica en esta segunda instancia, Da Silva no podrá volver a postular a la presidencia en el 2018.

En Brasil hay aparentemente dos tipos de inclinación: hay gente que dice que sería muy bueno que se le condene de una vez para que no postule y hay otros que dicen que sería muy malo que la condena sea antes de las elecciones porque, como piensan que no va ganar, consideran que lo ideal sería que el Partido de los Trabajadores (PT) tenga una derrota política en su haber. Si la condena sale después de la elección y él saliera elegido, se suspende su aplicación hasta que termine su mandato, en cuyo caso el haría todo lo posible por alargarlo de alguna u otra manera hasta que ya no importe si va a la cárcel o a un hospital.

Lo cierto es que, desde este lunes, los magistrados han viajado a Brasilia en busca de “garantías” contra manifestaciones de los seguidores de Lula como también de sus opositores. Afirmaron que el juicio correría “peligro” ante los ánimos enervados de los fieles y de los adversarios. En simple, El Mercurio resume las tres alternativas posibles (glosadas):

“Lula es absuelto

Si el ex Mandatario es declarado inocente, puede postular a la Presidencia. Sin embargo, la fiscalía podría recurrir a los tribunales superiores.

Condena por unanimidad

Si al ex Presidente lo consideran culpable, irá a la cárcel. La defensa tiene entonces hasta el viernes 26 de enero para presentar el recurso de casación, que pone en duda el proceso judicial o sus omisiones, pero que no suspende los efectos de la sentencia. Lula no podría presentarse a las presidenciales.

Condena por dos votos contra uno

Si dos jueces están a favor de la condena a Lula y uno la rechaza, la defensa tiene dos días para presentar el recurso de casación y pedir que el voto que beneficia el imputado prevalezca por sobre los demás. Habría un nuevo juicio, compuesto por siete jueces federales, incluyendo a los tres magistrados.”

Recordemos que Lula viene del noreste brasileño, donde la política ha estado siempre dominada por caciques regionales que adoptaron una serie de acciones de corrupción para controlar y mantener el poder. De alguna manera se puede decir que Lula llevó las prácticas corruptas de sus socios políticos del noreste brasileño al gobierno central, donde entronizó la cooptación de críticos y opositores, y habría participado en el montaje de los circuitos de corrupción de Petrobras y los más grandes grupos empresariales brasileños del sector de la construcción.  Ver en Lampadia: La caída de un gigante crea incertidumbre en la región.

Lula, que gobernó el país durante ocho años y lo llevó hacia el proteccionismo y el asistencialismo, cooptando a sus opositores y promoviendo altísimos niveles de corrupción gubernamental, fue detenido brevemente el 4 de marzo, como parte de la operación de Lava Jato. Fue interrogado por acusaciones de haber recibido “beneficios ilícitos” del esquema de sobornos de Petrobras. Los fiscales presentaron cargos de lavado de dinero en contra suya. Ver en Lampadia: La caída de un gigante crea incertidumbre en la región.

La mayoría de los inversores creen que la victoria de Lula en las elecciones presidenciales sería perjudicial para la economía brasileña porque el ex presidente ha sido un crítico enérgico de las reformas fiscales adoptadas por la administración actual.

De hecho, Lula dijo que convocaría un referéndum para deshacer esas reformas si es elegido. A los votantes pareció gustarles la idea. La última encuesta de Datafolha, de diciembre, mostró que el 36% del electorado apoyaría al ex presidente en la primera ronda de elecciones. El candidato de extrema derecha Jair Bolsonaro tuvo el segundo mayor apoyo, del 18%. En una segunda ronda potencial, Lula ganaría en todos los escenarios posibles, dijo Datafolha.

Los votantes apoyan al ex presidente porque, durante sus años como jefe del Ejecutivo, Lula estableció el Programa de Subsidio Familiar (Bolsa Família, en portugués), un programa de transferencia monetaria condicional que beneficia a familias de bajos ingresos.

Sin embargo, fue también durante la presidencia de Lula que estalló un importante escándalo de corrupción, conocido como “Mensalão”. Los fiscales dijeron que la administración del ex presidente sobornó a los legisladores para que aprueben proyectos de ley propuestos por el gobierno. José Dirceu, jefe de gabinete de Lula, fue sentenciado a la cárcel, así como algunos legisladores.

Después del final de su mandato, Lula fue acusado de encabezar un esquema de corrupción aún mayor, donde las constructoras brasileñas -incluida la más grande del país, Odebrecht- se organizaron en cárteles y pagaron sobornos a altos ejecutivos de Petrobras y otros funcionarios del gobierno. Lula terminó controlando una gran maquinaria que debemos llamar ‘Corrupción de Estado e Imperialismo’. Esto fue la hipocresía política llevada a su máxima expresión, un movimiento de izquierda que capturó grandes empresas para corromper y reinar. Adiós las ideas del socialismo, adiós los pobres de la región, adiós los valores de la democracia. Era un inmenso juego político para apoderarse del subcontinente. Ver en Lampadia: La peor Red de corrupción latinoamericana

Lamentablemente los políticos están perdiendo legitimidad. Esperamos que esta sea la oportunidad para limpiar las casas de todos los países implicados en el mayor escándalo de la historia de Latinoamérica, empezando por supuesto, por el malévolo diseño corruptor de la izquierda de Brasil y sus soberbias empresas constructoras, con las que organizó una ominosa acción imperialista en el Perú y otros países de la región. Lampadia

Según declaración de Marcelo Odebrecht, su empresa montó un sistema para generar fondos negros en su proyecto del extranjero, para pagar las coimas en Brasil. (Ver líneas abajo, artículo de Fohla, traducido y glosado por Lampadia).

Generaron varios instrumentos para generar dinero que no se contabilizaba en Brasil y que luego se aplicaba a sus tropelías en o desde el mismo Brasil.

El 7 de febrero pasado publicamos en Lampadia, ‘El negociazo del Gasoducto del Sur’, artículo en el que explicamos cómo se había planeado generar un importante beneficio extraordinario para Odebrecht, escondido en el uso de una tasa de interés que era mucho mayor al costo de oportunidad del concesionario. En otras palabras, al usar la tasa de 12% anual para el cálculo de la remuneración al contratista, en vez de un 7.5%, se generaba, sin que se haga explícito, a favor de Odebrecht, un sobre-pago de US$ 298 millones por año, durante los 34 años de la concesión. Un escándalo increíble. Ver el siguiente cuadro:​

El artículo de Fohla habla de que los esquemas de generación de fondos negros, estaban compartamentalizados, de modo que una unidad de Odebrecht no supiera lo que hacían las otras. Muy lógico, pues el sistema celular, usado por los grupos terroristas, permitía una operación más difícil de delatar e investigar. De esto también se podría colegir que difícilmente Odebrecht podría haber compartido sus malabares y fechorías con sus socios locales en los distintos países donde montaron su red criminal.

En Brasil es cada día más claro que el andamiaje organizado por Lula y sus brazos seudo-empresariales era para crear un ‘imperio del mal’, que sería gobernado por el PT de Brasil y las izquierdas locales de los distintos países, a quienes se les ayudaba a tomar y/o conservar el poder mediante el uso de dinero mal habido. Lampadia

Odebrecht cometía fraude en el extranjero para pagar sobornos

Letícia Casado
Bela Megale
Camila Mattoso
Fohla de Sao Paulo
3 de marzo, 2017
Traducido y glosado por Lampadia

Los testimonios de los ejecutivos de Odebrecht revelan que la empresa constructora   estableció un esquema de fraudes en los contratos del extranjero, llamado sector de “generación”, para abastecer un área de pagos ilícitos de las “operaciones  estructuradas” dentro y fuera de Brasil.

Según Folha, por personas cercanas a la investigación, más del 90% de los recursos asignados al departamento de sobornos, que movió US $ 3,390 millones entre 2006 y 2014, se generaron por medio de un modelo financiero vinculado a las obras ejecutadas en países extranjeros.

La estrategia se creó para evitar la operación y el seguimiento de los recursos desviados de los contratos firmados con los organismos gubernamentales en Brasil.

Tres ejecutivos de la compañía, entre ellos el heredero y ex presidente del grupo, Marcelo Odebrecht, dieron detalles de este esquema en un testimonio ante el ministro del Tribunal Superior de Justicia, Herman Benjamin, ponente del proceso de impugnación de Dilma-Temer en el TSE (Tribunal Supremo Electoral).

“Hemos creado un proceso en el cual la planificación fiscal -la mayor parte hecha fuera de Brasil, en países en los que se podía hacer este tipo de planificación, ya que no era un delito- era una fuente de generación de recursos”, dijo Marcelo Odebrecht.

“A continuación, estos fondos se colocaron en empresas de terceros. Y algunos ejecutivos de la organización podían utilizarlos para hacer pagos no contabilizados, incluyendo la caja 2, y todo. Y algunos de ellos lo usaron para hacer sobornos”, dijo.

Otro informante, Fernando Migliaccio, un ex funcionario del llamado Sector de Operaciones Estructuradas, dio detalles de la operación: “Esta área aprovechaba obras verdaderas de Odebrecht en todo el mundo, donde se generaban excedentes de operaciones oficiales”, dijo. “Estos excedentes se utilizaban para suministrar a nuestra área [de pago de sobornos]”.

Hilberto Mascarenhas, otro delator de Odebrecht, dio un ejemplo de cómo funcionaba este esquema con las obras del extranjero: “Cada vez que la empresa crecía, obtenía una obra;  en Angola, una hidroeléctrica allá tenía un bono.”

¿Qué era un bono? Mascarenhas explica: “Bono, no, tenía dos cajas allá.” Él dirigió el “Departamento de Sobornos” entre 2006 y 2015.

El responsable de este sector de “generación” era Marcos Grillo, uno de los 78 informantes del grupo de Bahía.

Según el esquema detallado por los fiscales, Odebrecht informó que este departamento llevaba a cabo la generación de contratos ficticios con proveedores de servicios externos que reducen el margen de beneficios y los impuestos a pagar. Por lo tanto, se creaban fondos excedentes que se suministraban al área de la corrupción en Brasil.

Mascarenhas, dijo que si bien este esquema era el principal, no era el único modus operandi.

“Yo sé que él [Marcos Grillo] tenía varias operaciones. Por ejemplo, las transacciones financieras para comprar un determinado papel, que se vendía a pérdida, no era real, dejaba algo de dinero fuera de la caja. Era otro flujo de la caja 2”, explicó.

El ex ejecutivo se refería a una transacción con derivados (instrumentos financieros derivados de otros valores).

En este caso, Odebrecht y otra empresa, en complicidad, simulaban una operación en la que el contratista perdía y el otro se beneficiaba.

El resultado se combinaba y parte de la ganancia suministraba al sector de generación.

Los expertos consultados por Folha dijeron que en algunos países las operaciones de control de los sistemas financieros son menos rígidas que en Brasil, lo que facilitaba este mecanismo.

De acuerdo con las pruebas presentadas, aparte de la caja 2, también se utilizaba  dinero para pagar servicios no declarados al fisco y reembolsos de empleados en el extranjero o bonificaciones de salarios altos.

A pesar de la conexión entre las dos áreas, estos sectores no trabajaban juntos.

“Todo esto fue construido de una manera en que había una ‘Muralla China’ enorme entre el área de generación y la nuestra”, dijo Migliaccio. Lampadia

El mayor caso de corrupción en la historia latinoamericana y que abarca prácticamente a toda la región,  nació desde el gobierno de la izquierda brasileña, del Partido de los Trabajadores de Lula da Silva y Dilma Rousseff. Esta calamidad hizo carne en las virginales caretas de las izquierdas de la región, llegando con escándalo y a veces con sorpresa, a Argentina, Uruguay y Chile. El mismo habría afectado también al Perú, empezando por el gobierno municipal de izquierda de Susana Villarán y del mismo modo a  los gobiernos nacionales de Toledo, García y Humala.

El caso más publicitado y de múltiples reverberaciones es el de Odebrecht, empresa cuyo CEO ha sido condenado a 19 años por la justicia brasileña y, que en el Perú está vendiendo todos sus negocios.

Últimamente, ha empezado a difundirse con mayor intensidad, las denuncias contra OAS,  otra empresa constructora brasileña, que está siendo investigada en Argentina, Uruguay, Chile y Perú, por eventuales ilícitos vinculados al financiamiento irregular de campañas políticas, lavado de dinero y fraude en licitaciones. La firma se encuentra en el centro de una telaraña de ramificaciones del caso Lava Jato (Brasil).

El caso estalló en 2013 cuando la Policía Federal de Curitiba descubrió una red de lavado de dinero en locales de lavado de autos, investigación que fue creciendo hasta descubrir que existía un completo cuadro de pago de sobornos y blanqueo de capitales a políticos y ejecutivos de Petrobras. Este se ha convertido en el caso de corrupción más grande del país (en el que se habrían desviado unos 10,000 millones de reales -US$ 3,850 millones- en sobrefacturación de obras y contratos de la gigante Petrobras) y a arrasado con el alicaído prestigio en los partidos políticos brasileños, en especial al Partido de los Trabajadores de Lula da Silava y Dilma Rousseff, pero también el de las más importantes empresas del país. (Ver en Lampadia: El Estatismo alienta la corrupción e ineficiencia y Brasil pierde por goleada en corrupción y economía).

Este escándalo llevó al proceso de destitución de Dilma Rousseff de la presidencia de Brasil, con el eco del gran descontento y decepción con su peor crisis económica desde 1930. Como hemos comentado anteriormente, los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT), del endiosado Lula, han echado por la borda la mejor oportunidad histórica de Brasil para consolidarse como un país desarrollado. Hoy, está profundamente enfrentado y dividido, y podría terminar con el gobierno de izquierda que se veía dominando por mucho tiempo. Ver en Lampadia: El fin de Dilma Rousseff y ojalá de la corrupción política en Brasil

Desde su reelección, la presidenta Dilma Rousseff no ha tenido muchos motivos para sonreír. Todo lo contrario. Y no nos referimos solo al pésimo rumbo de la economía brasileña (con una inflación por encima de lo previsto y en recesión por segundo año seguido), ni porque la caída del precio del petróleo amenaza con golpear aún más al país. Sus preocupaciones se centran en el llamado caso del “Lava Jato” (algo así como lavado de auto, o lavado a chorro) o “Petrolao”. Ver en Lampadia: El escándalo en Petrobras pone contra las cuerdas a Rousseff. 

Por su lado, el ex presidente Lula da Silva, viene del noreste brasileño, donde la política ha estado siempre dominada por caciques regionales que adoptaron una serie de acciones de corrupción para controlar y mantener el poder. De alguna manera se puede decir que Lula llevó las prácticas corruptas de sus socios políticos del noreste brasileño al gobierno central, donde entronizó la cooptación de críticos y opositores, y habría participado en el montaje de los circuitos de corrupción de Petrobras y los más grandes grupos empresariales brasileños del sector de la construcción. Ver en Lampadia: La caída de un gigante crea incertidumbre en la región.

Pero el Petrolao no solo ha contaminado a la política y a la economía brasilera, sino que ha revelado ramificaciones en Argentina, Uruguay, Chile y Perú. En nuestro país, empresas brasileras como Odebrecht y OAS habrían otorgado dádivas a figuras políticas (incluso presidenciales y funcionarios de los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y el gobierno municipal de Susana Villarán) para obtener concesiones de obras en el país.

En el caso de nuestro país, hace poco se hizo público un informe de la Comisión Lava Jato que indicaría que la ex alcaldesa Susana Villarán habría recibido aproximadamente unos US$ 1’200,000 por parte de empresa brasilera OAS para apoyar en el financiamiento de la campaña contra su revocatoria. Al menos cuatro ciudadanos brasileños confesaron haber participado como ‘mulas’ llevando dinero por orden de Alberto Youssef llevando no menos de 100 mil dólares en cada viaje desde finales del 2012 (uno de los “doleiros” habría movilizado aproximadamente US$ 900 mil).

“La comisión investigadora, en base a las declaraciones dadas por estas personas que se han acogido a la delación premiada, estima que en esta quincena se habría podido trasladar desde Brasil un aproximado de US$ 1’200,000 para ser entregados, posiblemente, para la campaña de la revocatoria municipal de Lima”, indica el informe.

Recordemos que OAS, al igual que otras constructoras brasileñas, ha jugado un rol clave en la realización de proyectos de inversión pública en el Perú, particularmente en infraestructuras, sucesivamente, durante los gobiernos de Alejandro Toledo (2001-06), Alan García (2006-11) y Ollanta Humala (2011-16). Por su lado, Susana Villarán habría favorecido a la empresa OAS con la construcción del proyecto Línea Amarilla (en ese momento denominado Vía Parque Rímac) y del Proyecto Río Verde. El protagonismo de OAS en las obras de infraestructuras en Perú es sorprendente dadas sus deudas en Infocorp (según América Televisión).

Ante las contundentes pruebas de corrupción en contra de OAS y las demás empresas implicadas,  esperamos que continúen las investigaciones de presuntas coimas a los funcionarios de los gobiernos indicados y a Susana Villarán, mencionada específicamente en las últimas denuncias; quien, tras el fracaso de su gestión, perdió al íntegro de sus regidores en el proceso de revocatoria, que solo la dejó a cargo para gobernar con sus opositores.

Por su lado, otros países en Sudamérica no se libran de problemas de corrupción relacionados a OAS. En Argentina, se han iniciado investigaciones por acusaciones de sobornos a casi 100 empresas, entre ellas varias de origen brasileño, por sospecha de “algún tipo de réplica en las maniobras de cartelización que hubo en Brasil”. Entre las casi 100 empresas involucradas están también las brasileñas Andrade Gutierrez, OAS y Camargo Correa. La Fiscalía ya pidió a la Tesorería General de la Nación los pagos realizados a las empresas involucradas durante el período 2006/12 y luego analizará las licitaciones.

En Uruguay, el Congreso abrirá una comisión investigadora por irregularidades en la construcción de una planta gasificadora. La constructora OAS desarrolló varias obras en el país pero sus problemas la llevaron en abril del año pasado a pedir protección patrimonial y a incumplir su contrato con el consorcio gasífero GNLS, que actualmente está paralizada. El diputado nacionalista, Pablo Abdala, ha denunciado que, tras la rescisión del contrato de OAS por parte de GNLS, la firma brasileña incumplió pagos, a su vez, con 380 empresas uruguayas por más de US$23 millones. OAS quedó debiendo dinero a constructoras, empresas de telefonía celular, imprentas y agencias de viajes. “Se fueron sin pagar las comunicaciones celulares”, dijo el diputado.

El escándalo de corrupción vinculado a Petrobras también envuelve a otras grandes constructoras además de OAS, como Camargo Correa y Odebrecht. Esta última habría pagado en 2009 y 2010 sobornos al ex secretario de Transporte de Argentina, Ricardo Jaime, por adjudicarse obras ferroviarias en las cercanías de Buenos Aires. 

En Chile también se ha destapado un escándalo de corrupción. El diario La Tercera, afirmó el 11 de julio que el ex director de Asuntos Internacionales de la constructora OAS, Augusto César Ferreira e Uzeda, reconoció que el jet privado que utilizó el político izquierdista y al candidato antisistema a la presidencia Marco Enríquez-Ominami (durante la campaña electoral de 2013) pertenecía a la empresa brasileña OAS. La gravedad de este acto es que la ley electoral chilena prohíbe expresamente donaciones extranjeras a campañas políticas. Además, según El País de España, “el Ministerio Público indaga el pago de alrededor de medio millón de dólares de SQM a una sociedad vinculada a la campaña del exdiputado.”

Como señaló la columnista de Veja, el mayor semanario brasileño, Joice Hasselman, el Petrolao es más que un caso de corrupción ordinaria; es un intento de corromper la democracia. El esquema es el peor y más peligroso tipo de corrupción que existe, porque va más allá de llenar los bolsillos de los corruptos. Por un lado los corruptos (funcionarios) y los corruptores (empresarios) trabajan en conjunto para beneficiarse, pero el dinero de la corrupción va a los partidos, financia sus campañas y la compra las voluntades ciudadanas. “Eso es un ataque directo a la democracia”, señala. Y es cierto. La democracia de Brasil y de varios países de Sudamérica está a prueba.

Lamentablemente los políticos están perdiendo legitimidad. Esperamos que esta sea la oportunidad para limpiar las casas de todos los países implicados en el mayor escándalo de la historia de Latinoamérica, empezando por supuesto, por el malévolo diseño corruptor de la izquierda de Brasil y sus soberbias empresas constructoras. 

Lampadia

Llegó el último escándalo internacional de filtración de documentos: Los llamados ‘Panama Papers’ son una fuga documentaria sin precedentes de 11.5 millones de archivos de la base de datos de la cuarta mayor firma de abogados offshore del mundo, Mossack Fonseca. Los registros se obtuvieron de una fuente anónima por el diario alemán Süddeutsche Zeitung, que los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que luego los distribuyó a su red de socios internacionales.

¿Qué revelan? Muestran las miles de maneras en las que las empresas, organizaciones e individuos pueden proteger sus recursos en espacios distintos al origen de los mismos. Las motivaciones que están detrás de estas prácticas son muy variadas, pueden deberse a requerimientos de seguridad personal, condiciones de riesgo político en sus países de origen, a dificultades familiares, a facilidades operativas y económicas para su disposición posterior y a la consolidación de recursos de distintas fuentes operativas. Pero también pueden vincularse a delitos fiscales, lavado de dinero o que se originen en actividades ilícitas o producto de distintos tipos de delitos.

¿Son ilegales? Recurrir a sociedades “offshore” no es ilegal per se. Según declaraciones de Julio Velarde, Presidente del Banco central de Reserva: “No hay ninguna prohibición legal para tener dinero afuera, habría que ver si han cumplido con el pago de impuestos, etcétera, pero a priori condenar a alguien porque tenga la plata afuera es una exageración, porque usted, yo y todos tenemos plena libertad de sacar nuestro dinero al país que querramos”.

Lamentablemente, los documentos de Panamá pueden terminar siendo la caja del tesoro para persecuciones, escándalos y cacerías de brujas. Tienen todos los ingredientes para producir jugosos artículos y para que periodistas inescrupulosos o irresponsables hagan escandalosas acusaciones con solo mencionar nombres prominentes como Mauricio Macri, Lionel Messi, Mario Vargas Llosa, Gastón Acurio y Vladimir Putin.

Mientras Gastón Acurio se ha apresurado a transparentar sus ingresos, fuentes de rentas y patrimonio, para salvaguardar su bien ganado buen nombre, el gobierno ruso solo ha atinado a hacer una acusación de ‘Putinofobia’. Hasta la fecha, la víctima más notoria es la del primer ministro de Islandia, que tuvo que renunciar apresuradamente.

Sin lugar a dudas, no queda otra cosa que los países vinculados a los nacionales implicados desarrollen las investigaciones o comprobaciones correspondientes, pero en el mundo intercomunicado de hoy, la sola mención de un nombre puede afectar injustamente el honor de muchas personas. Los medios de comunicación deben tener el cuidado de señalar que “mucho de esto es perfectamente legal”, y que las “cuentas en el extranjero no son ilegales por sí mismas”, como es el caso del Perú.

Hasta ahora, nada de lo que se menciona en los informes por sí solo es una prueba de delito o ilegalidad. Los clientes pueden optar por ser discretos en sus transacciones financieras. Por lo tanto, ¿es prudente y ético publicar la información sin verificar la legitimidad de esas inversiones? Los documentos de Panamá no tienen la capacidad de establecer ningún delito por parte de las personas nombradas. Sólo crean sospechas que debieran ser trabajadas en investigaciones muy rigurosas.

Vale la pena señalar que incluso ICIJ sostiene que “las transacciones financieras off shore no son ilegales por sí mismas, aunque pueden ser utilizados para ocultar los bienes del control fiscal, blanqueo de capitales procedentes de actividades delictivas o disimular riqueza.”

Es importante y es la responsabilidad de quienes publican titulares escandalosos, verificar la veracidad de esta información y no acusar libremente para manipular al público y lograr más rating. Lampadia

¿Qué son los papeles de Panamá y por qué importan?

La explicación de The Economist

Publicado el 4 de marzo de 2016

The Economist

Traducido y glosado por Lampadia

La firma de abogados de Panamá, Mossack Fonseca está en el centro de un gran escándalo fiscal y de blanqueo de dinero que se ha hecho evidente por los ‘Panama Papers’.

Empresas como Mossack se especializan en ayudar a extranjeros a ocultar su riqueza. Los clientes pueden querer esconder su dinero lejos de futuras ex-esposas, esquivar sanciones, blanquear dinero o evadir impuestos. Las principales herramientas para hacerlo son compañías anónimas ‘cascaron’ (que sólo existen en papel) y cuentas en el extranjero en paraísos fiscales (que a menudo vienen con beneficios tales como el secreto bancario y casi ningún impuesto). Estas estructuras ocultan la identidad del verdadero titular del dinero.

Pero las autoridades (y descontentas ex esposas) acaban de obtener un gran logro. Más de 11 millones de documentos se han filtrado de las oficinas secretas Mossack. Este fin de semana, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) hizo públicas sus conclusiones de que la firma había ayudado a sus clientes, consciente o inconscientemente, a evadir o eludir impuestos, lavar dinero o enmascarar sus orígenes. Más sorprendente que sus métodos usados, fue la escala de la actividad y las personas involucradas. Se cree que los 2.6 terabytes de datos que contienen información sobre 214,500 empresas en 21 jurisdicciones offshore y nombres de más de 14,000 intermediarios (tales como bancos y bufetes de abogados).

Aunque de ninguna manera todos estos son criminales, los primeros ejemplos públicos sorprenden mucho. En la lista de los ‘malos’ se encuentran personas como el presidente de Ucrania, Petro Poroshenko. Otros jefes de gobierno, como el de Rusia, Vladimir Putin, y el de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson.

Tras el nombramiento inicial y la vergüenza pública, en las próximas semanas se hará más claro quién estaba usando estas estructuras por razones dudosas. Aunque la mayor la atención estará en dictadores, terroristas y carteles de la droga, sería una vergüenza si otros malhechores logran escapar. La industria mundial de proveedores de servicios que venden el secreto financiero, en algunos casos, han obtenido grandes ganancias aprovechándose de políticas fiscales mal diseñadas. Se estima que el 8% de la riqueza del mundo (US$ 7.6 millón de millones según la economista Gabriel Zucman,) está en cuentas ‘off-shore’, en cuentas en el exterior, la mayoría son perfectamente legales, como afirma una serie de relacionistas públicos de los clientes mencionados en la prensa. Sin embargo, legales o no, los periódicos ahora apuntan a Mossack y a empresas similares. Están en sintonía con el sentimiento contemporáneo: la desconexión fundamental entre las élites globales y el resto.

The Economist, destaca el tema en una segunda publicación, con un sugestivo título:

El furor de los ‘Panama Paper’ sólo crecerá aún más.