Jaime de Althaus
Para Lampadia

Ya van 16 días del nuevo bloqueo contra Las Bambas en el corredor minero, y el gobierno simplemente, como sabemos, no existe. La empresa ha tenido que informar a la Bolsa de Hong Kong que, de continuar el bloqueo, tendrá que paralizar totalmente las operaciones el 20 de febrero, porque se quedará sin insumos. Esto, por supuesto, agrava la imagen del Perú como un país ingobernable en el que la minería es crecientemente inviable.

Lo que tenemos aquí es sencillamente un acto delictivo en el que concurren por lo menos dos delitos: bloqueo de carreteras y extorsión. Hay, además, reincidencia y contumacia, porque el gobierno había llegado ya a un acuerdo con las comunidades de Chumbivilcas, que por eso levantaron el anterior bloqueo, pero luego 4 de ellas, las de Ccapacmarca, rechazaron el acuerdo para plantear otras demandas que están fuera de la órbita de la empresa y del propio gobierno.

Piden la descategorización de la carretera de nacional a vecinal, y la incorporación a la zona de influencia de la mina. Lo primero se está ventilando en el Poder Judicial de Cusco y lo segundo depende de criterios establecidos en normas. Y definitivamente esas comunidades están muy lejos del área de influencia. Saben que sus demandas son inviables, porque se los explicó la propia ex premier Mirtha Vásquez, pero se mantienen en su actitud extorsiva.

Aquí la única salida es aplicar la ley y restablecer el orden público. Cuando en años pasados se ha decretado el estado de emergencia y ha ingresado la Fuerza Armada acompañando a la Policía, los bloqueos, que -dicho sea de paso- son de apenas 20 o 40 personas en el peor de los casos, se disuelven automáticamente sin resistencia alguna. Se trata, repetimos, de delitos que no se pueden tolerar.

Debería dictarse el estado de emergencia en todo el corredor minero, como se hizo durante varios meses en años anteriores. La ex primera ministra no creía en esta solución y propició el diálogo, pero ya vemos que fue infructuoso, fuera de condonar y hasta justificar los delitos. El nuevo ministro del Interior debería tomar la decisión, pero no lo hará mientras no haya presidente del consejo de ministros y éste y el presidente Castillo den su venia. Lo que parece casi imposible.

Lo que Castillo debe aprender es que el caos y la ley de la selva solo llevan a la miseria del pueblo, y que, por el contrario, orden y desarrollo van de la mano. Sobre todo, si junto con el estado de emergencia se instala una institucionalidad que permita convertir las regalías y el canon en desarrollo, previniendo de paso los conflictos. Un vicepremierato en el corredor, que coordine al Estado en todos sus sectores y niveles, y un fideicomiso o proyecto especial que canalice las regalías y el canon.

El gobierno ha creado la Zona de Atención Especial, que en realidad es solo una mega comisión integrada por ministerios, comunidades y gobiernos subnacionales, encargada de formular un plan de desarrollo en 90 días, sin órgano ejecutivo alguno. Todavía no se ha producido reunión alguna. Podría ser el germen de la institucionalidad que mencionamos, si adquiriese una forma mucho más ambiciosa.

También se requiere que el sistema judicial establezca una jurisdicción nacional para estos delitos, porque lo que ocurre es que dirigentes y asesores acusados por estos crímenes terminan absueltos, por presión social, lo que alimenta la impunidad y idea de que estas acciones no son delito. Si no hay imperio de la ley, la inversión será cada vez más escasa e involucionaremos a la pobreza irremisible.

Es hora de restaurar el orden y el imperio de la ley, y de instaurar una institucionalidad que permita el desarrollo de la minería y de los pueblos de las zonas mineras, y del país entero. Es un crimen desperdiciar los fabulosos precios de los minerales, que permitirían financiar mejores servicios públicos e infraestructuras en el país para avanzar hacia el desarrollo. Lampadia

Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia

Después de 25 años, el Perú se retira del grupo de países que basan buena parte de su éxito, en el desarrollo de la minería moderna y formal. Le estamos diciendo adiós a Australia, Canadá, y Chile.

De la mano del gobierno marxista de Castillo y Perú Libre, estamos renunciando a la riqueza que nos ofrece la minería, al regalo más grande de nuestra Pachamama. (Ver el Lampadia: La Pachamama nos regaló la minería).

Con los eventos antimineros apoyados y hasta propiciados por el gobierno en el sur de Ayacucho, en Antamina, la renuncia a Tía María, la parálisis de las exploraciones mineras, y especialmente, los desatinos en el corredor minero y la operación de Las Bambas, el Perú ha salido definitivamente, hasta que se produzca un cambio cualitativo en el gobierno del país, del grupo de países que aspiran a la modernidad y el bienestar general de sus poblaciones, aprovechando los recursos que se pueden transformar en riqueza.

Como vamos, ya no habrá nuevas inversiones de nivel mundial, solo tendremos ampliaciones de las operaciones existentes, o inversiones de carácter especulativo o ligadas a la corrupción.

¿Puede seguir habiendo minería en ese ambiente?, claramente sí, pero no a nivel mundial, ahora tendremos minería de segundo nivel, como la que se lleva adelante en algunos países africanos, que sobreviven en medio de guerras, dictaduras extractivistas o sistemas de corrupción abierta.

A diferencia de la minería del Congo, en Australia, Canadá, Chile y Perú (desde mediados de los años 90), se desarrolló una minería con las mejores tecnologías del planeta, con un gran cuidado ambiental y con muy buenas prácticas sociales. Cualquier análisis objetivo de la minería moderna en el Perú lo confirma. El impacto de la minería se manifestó ampliamente en la reducción de la pobreza, la desigualdad, la mejora de las infraestructuras y el desarrollo de múltiples actividades económicas complementarias, además del incremento sustancial de recursos fiscales para el gobierno central y las regiones; desperdiciado en gran medida, por la mala gestión y la corrupción.

La destrucción de la minería en el Perú se inició con el gobierno de Humala, y solo se ha agravado con los de PPK, Vizcarra y Sagasti; para ahora caer en manos de marxistas anti inversión.

A diferencia del verbo pos-extractivista, la minería moderna no contamina, no consume toda el agua, se potencia con la agricultura, paga buenos sueldos, genera otras actividades económicas, paga todos sus impuestos hasta el 47% de la renta, genera múltiples beneficios para las zonas mineras y es la mayor aportante de recursos fiscales que debieran usarse bien en educación, salud, infraestructuras y tecnología, y no desperdiciarse en ineficiencias y corrupción.

Curiosamente, los antimineros y el gobierno apoyan y protegen la minería ilegal que, depreda la naturaleza, genera prostitución infantil y trata de personas, además de lavar dinero y sembrar corrupción a su paso.

¿Entonces de qué se trata?

Como he dicho antes, ‘Indigna la falta de indignación’ (Lampadia). Y ya vemos como las empresas mineras, en vez de dar la batalla, aceptan la falta de apoyo del gobierno, la complicidad del mismo con los delincuentes anti mineros, a los que protegen, y así se dirigen a operar sin las mínimas garantías para el desarrollo efectivo de sus operaciones. Ya veo que habrá empresas que se resignarán a operar menos de 300 días al año, además de sobrecostos abusivos.

Y el país parece no darse cuenta de lo que estamos perdiendo, la única posibilidad de crear riqueza aceleradamente, en los 20 años que nos quedan para hacerlo. Ver en Lampadia: Para superar la pobreza Lo que necesitamos es más Minería.

Todavía podemos reaccionar y forzar un cambio de las desastrosas políticas del gobierno. Para ello tenemos que comunicar y explicar a los peruanos, nuestro potencial de un país verdaderamente próspero, el daño que el gobierno viene haciendo a todos, sobre todo a los jóvenes, que cuando se percaten del desenfoque de gobierno, solo les quedará volver a pensar en migrar a economías de mercado donde puedan tener vidas plenas. 

¡Comunicar, Comunicar y Comunicar!
Lampadia

Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia

Con diversas maniobras políticas, el gobierno ya paró la inversión minera. Estamos en medio de un ‘putsch’ antiminero inspirado en el pos-extractivismo que profesan todas, ‘todas’, las izquierdas desde agosto del 2012.

• Se han detenido las exploraciones mineras en todo el país, la base del crecimiento futuro.

• Se han puesto contra la pared a las minas del sur de Ayacucho.

• Se ha abierto una brecha de conflicto con Antamina, hasta hace poco un caso de inversión emblemático.

• Se ha paralizado el proyecto de Tía María en Arequipa.

• Se han permitido disturbios paralizantes contra Mina Justa en Ica.

• Se ha llevado hasta el nivel de crisis la operación de Cerro Lindo en Ica.

• Se ha paralizado completamente la operación de Las Bambas en Apurímac, la mayor inversión pública y privada en la historia del Perú.

Personalmente me indigna la falta de indignación. Me rebela que nuestra clase dirigente no tenga sangre en las venas y no se vuelque a comunicar a los peruanos que tienen menos información, el impacto empobrecedor de este ataque a la minería y por ende a toda la economía del país; así como a exigir al gobierno una rectificación palmaria de semejante acto de traición a la construcción de nuestro futuro.

En cualquier otro país del mundo, si un gobierno que representa a una minoría política, como Perú Libre, paraliza la actividad económica más importante del país, se produciría una convulsión general. 

• Los medios de comunicación denunciarían con mucha fuerza la afrenta contra el futuro del país. 

• Los empresarios mineros y sus gremios denunciarían el sabotaje a la prosperidad de la nación y se movilizarían junto con sus trabajadores.

• Los académicos más serios saldrían a los medios a alertar a la opinión pública sobre la necesidad de corregir la situación de parálisis del motor más grande de la economía peruana.

• Los representantes de las miles de empresas vinculadas económicamente a la minería, pondrían el grito en el cielo y explicarían las interrelaciones del sector con todas las demás actividades económicas del país.

• Los jóvenes que ansían ser ciudadanos del mundo moderno desde el Perú, se movilizarían en las calles para evitar que el país se empobrezca y se aísle de la prosperidad.

• Los pobladores de las zonas mineras, que más allá de los discursos políticos que soportan, son testigos de los beneficios de la minería en la oferta de empleo de calidad, generación de recursos fiscales y disminución de la pobreza, saldrían por fin a llamar la atención sobre el daño generalizado que sufrirían sin una minería que invierta.

Lamentablemente, los gremios empresariales, especialmente la SNMPE y Confiep, no hicieron nada para contrarrestar la infiltración de las ideas del pos-extractivismo promovido por el uruguayo Eduardo Gudynas, teoría anti productiva que todas las izquierdas peruanas y varios centros de estudio de izquierda asumieron y presentaron al presidente Humala en agosto del 2012. 

En Lampadia descubrimos esta propuesta, llamada ‘Nueva minería exige debate nacional’. La denunciamos como un contrabando ideológico anti inversión y la pasamos a todos los gremios empresariales y partidos políticos. Increíblemente, ninguna de esas instituciones investigó el tema y menos se pronunció al respecto. Luego de un par de años, un think tank liberal recibió una oferta de financiamiento para estudiar la propuesta del pos-extractivismo, pero quince días después se le retiró el financiamiento.

Ver en Lampadia: Exigimos que se renuncie al ‘pos-extractivismo’ – La verdad sobre las izquierdas peruanas.

Así dejamos que percolen y se asienten estas ideas perversas que pretende llevarnos al llamado ‘buen vivir’, un mundo bucólico donde produzcamos lo mínimo posible, donde no exportemos alimentos, y terminemos siendo un brutal remedo de la Edad Media. Donde todos seamos siervos pobres y aislados del resto del mundo; pero eso sí, gobernados por los nuevos señores feudales, la ‘nomenklatura soviética’, la élite privilegiada del partido comunista, o por los ‘cerdos’ de la ‘Granja de Animales’ de George Orwell.

Igual sucedió cuando el congresista, ex cura Arana, del Frente Amplio (que no es frente ni amplio), manipuló a la representación nacional para legislar sobre las cabeceras de cuenca. La SNMPE no estuvo a la altura de la amenaza y la dejó pasar. Solo apareció la solitaria voz de Raúl Benavides Ganoza que denunció la norma como atentatoria contra el interés nacional. Ver en Lampadia: PPK y FP legislan contra la minería – El pos-extractivismo hecho ley.

El impacto de parar Las Bambas es brutal para el desarrollo del Perú, veamos unas láminas del Impacto económico y social de Las Bambas, según el reciente estudio de Macroconsult:

En contra de los que afirman que la minería no produce avance social, el siguiente cuadro demuestra que, con Las Bambas, Apurímac mejoró sustancialmente su PBI per cápita, multiplicándolo 2.5 veces y mejorando su ranking nacional desde el puesto 23 al 8.

Como muestra Macroconsult, la transformación de Apurímac no solo fue económica, lo mismo se produjo en el tema social.

El siguiente mapa muestra palmariamente, que, gracias a la inversión minera, la mejora social de Apurímac entre el 2009 y el 2018, fue verdaderamente incontrastable.

La misma mejora puede verse en el acceso a los servicios de agua, saneamiento, electricidad y telefonía.

La inversión de Las Bambas también explica una mejora sustancial en el aumento de ingresos, la reducción de la pobreza y la mejora del Índice de Desarrollo Humano en Apurímac.

No nos dejemos engañar con relatos falseantes. No asumamos la prédica de los enemigos de la inversión y la prosperidad. No seamos tan pasivos. Están destruyendo un país que puede brindarnos bienestar general. Es hora de indignarnos y de defender el futuro de nuestros hijos y nietos. Lampadia 

CONTROVERSIAS
Fernando Rospigliosi
Para Lampadia

Se equivocan quienes dicen que debido a la inacción del gobierno se paralizan operaciones mineras o se destruye el turismo. El gobierno de Pedro Castillo y Mirtha Vásquez está muy activo incentivando la ruina de las principales actividades económicas del Perú.

Eso, por supuesto, era perfectamente previsible durante el proceso electoral. Castillo y los que los respaldaron en la segunda vuelta no ocultaron sus ideas extremistas y anti inversión privada y, apenas instalado el gobierno, los nombramientos de los principales cargos en el Estado no hicieron más que ratificar eso.

No obstante, todo el coro caviar sigue repitiendo al unísono su último invento para justificar lo que hicieron en el proceso electoral y las expectativas que siguen vendiendo ahora, con el propósito de capturar puestos públicos: la oposición democrática es tan mala como Castillo y sus secuaces.

Es decir, por ejemplo, Luis Carranza, el exitoso ministro de Economía en el segundo gobierno de Alan García, sería tan desastroso como Pedro Francke o Rómulo Mucho sería tan anti minero como el impresentable que hoy ocupa el Minem.

En realidad, las necedades que repiten en conjunto, sin descanso, no tienen ningún asidero en la realidad, pero como tienen una influencia dominante en todos los principales medios de comunicación, sus mentiras sirven para engañar a algunos incautos.

La paralización de Cerro Lindo, de la brasilera Nexa, y de Las Bambas, de la china MMG, están causando pérdidas de cientos de millones de dólares al país, a las regiones en las que están ubicadas y a las empresas. 

Pero quizá más importante es el efecto que tiene sobre las inversiones futuras y la imagen del país. Es obvio que cualquier inversionista que observe lo que está ocurriendo en el Perú no arriesgará ni un dólar mientras siga en el gobierno una gavilla comunista, anti minera, incompetente y corrupta.

Lo mismo vale para el turismo. El bloqueo de la vía a Machu Picchu, el principal atractivo del Perú, causa un perjuicio enorme a una de las actividades más golpeadas por la pandemia. Ante la incertidumbre que se genera para visitantes, sobre todo extranjeros, que tienen itinerarios precisos, es evidente que los turistas serán disuadidos y elegirán otros destinos.

Nada de esto es casual. Lo que hizo Mirtha Vásquez cuando apoyó abiertamente a los violentistas que destruyeron Apumayo en Ayacucho y luego decidió cerrar ilegalmente cuatro minas, ha incentivado -y lo seguirá haciendo- a otros a seguir idéntico camino.

Antes había ocurrido lo mismo con Antamina, una de las minas más grandes del mundo, cuando el gobierno respaldó abiertamente a los delincuentes que obligaron a la paralización de sus actividades por primera vez en dos décadas.

En un reciente artículo en Lampadia, Jaime de Althaus demostró como el gobierno, a través del Ministerio de Energía y Minas, apoyó activamente a los extorsionadores que obligaron a paralizar otra de las minas más grandes del Perú y del mundo, las Bambas. (Ver: Delegación del Minem de sumó a la extorsión).

En suma, no cabe duda alguna, el gobierno comunista no es neutral o simplemente pasivo frente a la sistemática campaña para arruinar la minería y otras industrias. Está muy activo incitando y estimulando su destrucción.

Hemos tenido gobiernos buenos, regulares y malos en las últimas décadas, pero nada como el actual. Solo los comunistas y sus aliados caviares intentan sostenerlo para que siga destruyendo el Perú. Lampadia

Con la venia del gobierno
Jaime de Althaus
Para Lampadia

El ataque a las empresas mineras no cesa. Al incendio de Apumayo y las paralizaciones de Breapampa, La Inmaculada y Antamina hace pocas semanas, se suman el bloqueo a Las Bambas que ya lleva 27 días, la interrupción de la vía de acceso a la mina Cerro Lindo en Ica que lleva ya más de una semana y que ha determinado la suspensión de sus operaciones, y el bloqueo a Minas Justa. Lo que está ocurriendo es que, ante la inacción del gobierno, las dirigencias y activistas locales perciben que tienen luz verde de parte de las autoridades nacionales para bloquear y extorsionar a las empresas, y que eventualmente van a recibir el apoyo de los funcionarios gubernamentales. 

Eso fue lo que ocurrió en Chumbivilcas, donde, como informamos la semana pasada, los delegados del ministerio de Energía y Minas se pusieron abiertamente del lado del Frente de Defensa contra la empresa. Es decir, convalidaron el bloqueo y se sumaron a la extorsión. Por ello la PCM los retiró del escenario y envió al viceministro de Gobernanza territorial, que, sin embargo, tampoco ha resuelto el problema. Antes bien, ante la propuesta de la mina de que las comunidades, que están fuera del área de influencia y están situadas a 100 y 200 km de la operación, participaran con 14 camiones y otros servicios, han respondido que no aceptan menos de 25 camiones y otros trabajos adicionales, reiterando el chantaje de que si no se acepta esas condiciones, mantienen el bloqueo. 

Mientras tanto, el día de hoy Las Bambas entrará ya en paralización total de actividades, con grave perjuicio para las municipalidades, la población, la región y la economía nacional. La imagen de un país en el que impera la ley de la selva es aun más dañina para el futuro de todos nosotros. 

Es sorprendente como se ha institucionalizado la extorsión a las empresas. Se ha vuelto un negocio en el que prosperan políticos, asesores y ONGs. En el corredor minero no hay una demanda ambiental ni social. No se pide el cierre de brechas sociales por ejemplo. Cuando Las Bambas ofreció, a inicios de este gobierno, luego de un bloqueo, un plan integral de desarrollo productivo y servicios de salud y educación al Frente de Defensa de Chumbivilcas, la oferta fue rechazada y lo único que se pide es dinero y contratos. Es la extorsión. 

En gobiernos anteriores se exigía el levantamiento de la medida de fuerza como condición para el diálogo, o se establecía el estado de emergencia. Se desplegaba la fuerza armada y los bloqueos, que son ejecutados por muy pocas personas, se disolvían automáticamente, sin violencia de ningún tipo. Pero, en realidad, ni siquiera es necesario decretar estado de emergencia, porque basta con aplicar el decreto supremo N° 106-2017-PCM que establece que las carreteras son activos críticos que deben ser protegidos. 

Pero ahora ni los fiscales actúan, ante delitos flagrantes. Por eso, si el gobierno no es capaz de imponer el principio de autoridad y restablecer orden público, el congreso o la sociedad civil deberían denunciar por infracción constitucional al Presidente y a los ministros responsables. 

El artículo 118 de la Constitución reza: 

Artículo 118.- Atribuciones del Presidente de la República 

Corresponde al Presidente de la República:

1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados, leyes y demás disposiciones legales.

Es claro que el presidente y los ministros competentes, particularmente el de Interior y el de Energía y Minas, no están cumpliendo su primera función constitucional: cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Al contrario, convalidan su violación. 

Para comenzar, están obligados a hacer cumplir el inciso 11 del artículo 2 de la Constitución establece como uno de los derechos fundamentales de la persona:

11. A elegir su lugar de residencia, a transitar por el territorio nacional y a salir de él y entrar en él, salvo limitaciones por razones de sanidad o por mandato judicial o por aplicación de la ley de extranjería.

Además, el presidente y los ministros están obligados a cumplir y hacer cumplir el código penal, que prohíbe y castiga los bloqueos de carreteras y, además, la extorsión. El artículo 200 del Código penal establece: 

Artículo 200. – Extorsión 

El que mediante violencia, amenaza o manteniendo en rehén a una persona, obliga a ésta o a otra a otorgar al agente o a un tercero una ventaja económica indebida o de cualquier otra índole, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de veinte ni mayor de treinta años.

Esto es exactamente lo que ocurre en las situaciones que estamos comentando. Es hora entonces de denunciar por infracción constitucional y eventualmente por complicidad a los ministros que no cumplen con su función constitucional de cumplir y hacer cumplir las leyes. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Comunidades de Chumbivilcas, que están fuera del área de influencia de la minera Las Bambas, llevan ya 20 días bloqueando la carretera por la que se transporta el mineral para su exportación. Como sabemos, el bloqueo de vías es un delito, y realizarlo para exigir beneficios a una empresa configura otro delito: el de extorsión. 

Incluso los alcaldes de la provincia de Tacabamba han enviado un oficio a la Premier exigiendo que se ejerza el principio de autoridad y se levante el bloqueo. Pero el gobierno no solo no actúa para que se respete la ley, sino que se pone del lado de los que la violentan. Se suma al bloqueo y a la extorsión a la empresa minera. 

En efecto, el martes una delegación del ministerio de Energía y Minas (MINEM) viajó a Chumbivilcas a conducir un diálogo entre el Frente de Defensa, las comunidades y la empresa minera Las Bambas. La delegación estuvo integrada por Marco Sipán, jefe de la Oficina de Gestión Social del MINEM, ex dirigente del MAS de Gregorio Santos, el funcionario Pastor Paredes y nada menos Luciano Ataucuri, un conocido agitador anti minero que ha promovido diversos paros en el corredor minero y que fuera denunciado en el 2012 cuando como presidente del Comité de Lucha del distrito de Llusco promovió un paro contra el gobierno y la minera Anabi que culminó en el saqueo e incendio del campamento de dicha minera. 

Por supuesto, el diálogo se rompió porque las comunidades, que están fuera del área de influencia, a unos 100 y 200 km de la mina, mantuvieron, con el apoyo de la delegación del MINEM, unos pedidos desmesurados que no pueden ser atendidos. Es decir, el gobierno no solo no exige que se levante el bloqueo y la extorsión como condición para dialogar, sino que en lugar de facilitar un acuerdo se suma en buena cuenta a la extorsión. Es lo que constatamos en el acta que reproducimos en el anexo, cuyo primer acuerdo es una confesión de parte: 

“1. El MINEM rechaza la actitud de la empresa minera Las Bambas al negarse mejorar la propuesta para atender a las comunidades…”

Es decir, algo que podría leerse de la siguiente manera; “El MINEM rechaza que la empresa minera las bambas no quiera aceptar la extorsión”. 

Los funcionarios del MINEM no solo respaldan la extorsión, sino que firman un acta que reconoce explícitamente el delito de bloqueo de vías en su punto 4:  

“4. Las comunidades reafirman decisión de seguir manifestando de forma pacífica y garantizar el tránsito de todos los vehículos particulares que transitan por la vía”

Pero no los vehículos de la empresa. La delegación del MINEM acepta el bloqueo y considera “pacífico” impedir por la fuerza el tránsito de los camiones. Es inaudito. 

La Contraloría, la procuraduría y la fiscalía deben tomar acción. Esos funcionarios tienen que ser denunciados y despedidos. 

Hay un problema de fondo: el canon y las regalías aportados por las empresas no funcionan. Tienen que ser redistribuidos y encargados a un proyecto especial que adelante canon futuro y aplique un plan integral en todo el corredor minero. Todas las comunidades del corredor podrían tener un nivel de desarrollo social y productivo muy superior si tal cosa se hiciere. 

Pero el gobierno no está en eso. Está dedicado a sabotear la gran palanca del desarrollo nacional. Se han juntado:

1. El Frente Amplio de Marco Arana y Nuevo Perú de Verónika Mendoza, que quieren extirpar la minería de las “cabeceras de cuenca”. Para ello tienen a Mirtha Vásquez como Premier, a su ex socio en Grufides Pablo Sánchez como viceministro de Gobernanza Territorial, y al líder anti minero Lenin Checco como jefe de asesores del MINEM  

2. El Fenatep-Conare-Movadef que está en el gobierno y también en el Frente de Lucha del sur de Ayacucho que incendió el campamento de Apumayo y que busca generar zonas liberadas a secas, y con el cual la Premier Mirtha Vásquez firmó un acuerdo ilegal para cerrar 4 minas,  

3. Perú Libre, que tiene al ministro de Energía y Minas Eduardo González Toro, hostil a las empresas mineras, y a la congresista Margot Palacios que se reunió días antes del bloqueo de Antamina con el presidente de Aquia, y también con los dirigentes neosenderistas de Ayacucho días previos al incendio de Apumayo, y así sucesivamente.  

Es muy grave lo que está ocurriendo con la minería nacional. No podemos permitir que nuestro principal recurso para conquistar el desarrollo nacional sea anulado por una convergencia de izquierdas anticapitalistas. 

ANEXO: 

Lampadia

Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia

Accionista de las Bambas, incorporada en la bolsa de Hong Kong anuncia que la mina detendrá completamente sus operaciones desde el 15 de diciembre próximo.

“Como resultado de los bloqueos continuos, y la restricción de la logística de entrada y salida, Las Bambas ha sido forzada a paralizar progresivamente sus operaciones, y la producción cesará a mediados de diciembre por falta de insumos”. 

“Las Bambas ha perdido 400 días de transporte de concentrados desde el inicio de sus operaciones a principios de 2016”

La inversión minera más importante del Perú se enfrenta a su paralización total, a pesar de haber desarrollado un muy importante programa social desde antes del inicio de sus operaciones y de sus aportes a la región de sus operaciones, y a toda la economía peruana.

Esta paralización es producto del creciente sabotaje desatado sobre la mina, con todo tipo de armas, desde las más hipócritas, como las de Cooperación de De Echave, que con el cuento del mineroducto, al que originalmente se opuso, sembró insidias en la región; hasta los chantajes de los hermanitos Chávez Sotelo y luego una recatafila de comunidades que pretenden vivir abusivamente de la mina.

Esta paralización se produce en medio de un ciclo de precios muy favorable al Perú. Una afrenta que linda en la traición al país.

Lo peor de todo es que estos acontecimientos se dan en una suerte de complicidad de nuestros gobiernos, PPK, Vizcarra, Sagasti y Castillo, que no han querido explicarle a la población la naturaleza de los conflictos y la importancia de la operación, así como la vergonzosa inacción sin tomar la acciones legales que corresponden cuando se sabotean los intereses de todos los peruanos. 

Vean el comunicado de MMG.

Lampadia

Detrás de la oposición a los proyectos mineros, más allá de las debilidades de las empresas y del Estado, se ocultan las ‘Fuerzas Anti-Mineras’, que son determinantes en el desarrollo de los acontecimientos.

El siguiente gráfico nos muestra su estructura.

Veamos cuales son sus elementos:

1.- El Pos-Extractivismo

La izquierda peruana está detrás del “pos-extractivismo” que en el caso del Perú no es otra cosa que una propuesta para:

• Abandonar nuestros recursos naturales
• No desarrollar industrias que exporten
• Alejarnos del exterior

Quieren convertirnos en una sociedad de pastores pobres y viejos. Pobres porque produciríamos lo mínimo para el sustento diario y viejos porque nuestros jóvenes se irían del Perú a ser parte de la modernidad y del mundo global.

En Lampadia hemos exigido que renuncien a esta ideología, pero ningún miembro de la izquierda lo ha hecho. Ellos siguen apostando por ese mundo idílico sin producción. Ver:

Izquierda propone un país de miserables – Pos-Extractivismo: Autarquía y empobrecimiento

La verdad sobre las izquierdas peruanas – Exigimos que se renuncie al ‘pos-extractivismo’

Todos los conflictos anti inversión, y especialmente los anti-mineros, se sustentan políticamente en el pos-extractivismo. En otras palabras, detrás de los conflictos hay oculto un ¿racional? perverso y destructivo de la prosperidad.

2.- El Rédito Político

Los conflictos anti inversión y anti mineros son un mecanismo extraordinario de ‘Movilidad Política’. Sus dirigentes cobran rápidamente una gran notoriedad pública.

Por ejemplo, en el caso de Tía María, el gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, ha pasado de ser un oscuro y cuestionado líder local, acusado de violaciones, a convertirse en el líder de la baraja anti sistema nacional, en solo un mes.

3.- El Rédito Económico

Las comunidades pueden y tienen que beneficiarse de los proyectos mineros, mejorando su productividad y su infraestructura, pero no de manera perversa, extorsionando a las empresas. 

Lamentablemente, los conflictos anti mineros también ofrecen a diferentes grupos de dirigentes una alta rentabilidad económica.

Veamos por ejemplo el caso de Las Bambas. Todos los comuneros de Fuerabamba recibieron una vivienda de tres pisos y siete habitaciones, más un millón de soles en el bolsillo. Mediante el conflicto buscan más rentas. Pero además sus dirigentes y sus ‘abogados’ se han embolsado grandes sumas de dinero.

Siempre se puede ganar alguito más, el proceso no tiene límites.

4.- El Eco Mediático

Sin embargo, nada de esto sería posible sin el ‘eco mediático’, que ha venido sirviendo como plataforma de divulgación de los relatos y las acciones de los anti-mineros.

Ha llegado el caso de que medios nacionales como América Televisión y Canal N recurran a los instigadores de los conflictos, como referentes sociales y políticos. Ver, por ejemplo, las entrevistas de ambos medios a José de Echave ad portas del conflicto contra Tía María.

5.- La Licencia Social

Finalmente tenemos la Licencia Social, que no es un elemento de los conflictos, pero es el paraguas de sus componentes.

Como tal, la Licencia Social no está definida en ningún espacio regulatorio, pero es un concepto muy atractivo que permite sustentar todo tipo de propuestas y cuestionamientos.

En el Perú, la legislación minera contempla un amplio espacio de participación de la sociedad a lo largo del proceso de aprobación de los proyectos mineros, específicamente, a lo largo del desarrollo de los Estudios de Impacto Ambiental. En ellos se consulta a la población, se hacen talleres y asambleas, y se recogen, naturalmente, una serie de inquietudes.

Pero los anti-mineros pretenden crear un espacio de definición adicional de la viabilidad de los proyectos a la medida de sus particulares estrategias de oposición, la Licencia Social. Estrategias bajo la cuales siempre dicen que no se oponen a la minería, pero…

La minería es el mejor medio para generar riqueza y para sacar al país de su condición de atraso. El potencial de generación de riqueza del sector tiene la capacidad para que enfrentemos las brechas sociales y económicas en educación, salud, infraestructuras y tecnología, que aún no podemos superar. Además, debe permitirnos enfrentar con éxito nuestra inserción en el espacio de la ‘cuarta revolución industrial’.

Renunciar a la renta minera es, por lo tanto, un crimen de lesa patria, y los enemigos de la minería son en esencia, enemigos del Perú.

Para probar que estos procesos van más allá de Tía María, veamos el movimiento contra Quellaveco, que supuestamente hizo todo bien. Además, la inspiración ideológica del pos-extractivismo se puede comprobar observando la oposición de las izquierdas a la ampliación del régimen agrario. Ellos, las izquierdas, no quieren minería y no quieren exportación de alimentos.

Más claro que el agua. No nos dejemos engañar, la minería, en cualquiera de sus proyectos, es el campo de batalla para mantener al país en la pobreza y llevar a los pos-extractivistas a la riqueza y al poder. Lampadia

El Índice de Competitividad Regional – INCORE elaborado por el IPE es una herramienta muy útil para identificar las fortalezas y los cuellos de botella que enfrentan las 24 regiones del país en su desarrollo económico, social e institucional – necesarios para alcanzar una mayor competitividad. Siguiendo la metodología ideada por el economista Xavier Sala i Martín para el Índice de Competitividad Global publicado por el Foro Económico Mundial, el IPE construye un indicador compuesto que pondera seis pilares para determinar la competitividad de cada región: Entorno Económico, Infraestructuras, Salud, Educación, Laboral e Instituciones. La edición del 2019 se publicó recientemente, por lo que a continuación repasamos y analizamos las principales conclusiones del mencionado informe.

Regiones que mejoraron

En primer lugar, como se puede apreciar en el gráfico líneas abajo, Lima ostenta el lugar de la región más competitiva del país, seguida de Arequipa, Tacna y Moquegua, por mencionar algunas. Por otra parte, entre las regiones menos competitivas se encuentran Huancavelica, Cajamarca, Huánuco y Loreto.

Fuente: IPE

Fuente: IPE

Los 16 primeros puestos no han registrado cambio alguno respecto a la edición del 2018; sin embargo, a partir del puesto 17, se puede destacar el avance de dos regiones. Así, Ucayali pasó de ocupar el puesto 20 al 17 y Loreto, del puesto 24 al 22. En el caso de Ucayali la mejora en su posición se ha dado principalmente por avances en el pilar de salud – 4 posiciones – y laboral – 3 posiciones. En relación al avance de Loreto, este quedó explicado principalmente por su avance en el pilar de instituciones, concretamente, un incremento de 18 posiciones en el indicador referido a la ejecución de la inversión pública.

Apurímac y Junín entre las regiones que más empeoraron

Por otra parte, es menester señalar que Apurímac, región que registró el mayor avance en el INCORE el año pasado (ver Lampadia: Apurímac avanza en su potencial de desarrollo), se encuentra – junto a Junín – entre las regiones que más empeoraron en el ranking general de competitividad – cayendo del puesto 17 al 20.

Tabla 1. Índice de Competitividad Regional de Apurímac

Fuente: IPE

Esta caída se ha dado principalmente por el descenso de 9 posiciones en el pilar instituciones, 5 posiciones en el pilar laboral y 3 posiciones en el pilar entorno económico. Es de destacar la caída del pilar instituciones, explicada por descensos en los indicadores de resolución de expedientes judiciales y percepción de la gestión pública. Asimismo y en relación a este mismo pilar, la región se ubica como la segunda con mayor tasa de conflictividad social, reflejo, entre otras cosas, de un agravamiento en los últimos meses del conflicto minero del gran proyecto cuprífero Las Bambas. Como explicamos en Lampadia: Esfuerzo Intelectual Anti-minero, este hecho responde a los ausentes esfuerzos anticipados por parte del Gobierno y del sector minero para estructurar un discurso que permita detener el creciente avance del movimiento anti-minero de los últimos años, promovido por ONG’s y diversos académicos asociados a ellas.

El proyecto Las Bambas – que actualmente se encuentra amenazado con otro bloqueo en su corredor minero, para impedir la salida de la producción de cobre para ser exportada – significó a Apurímac una inversión total de US$ 10,000 millones en una vida útil de 18 años, con una producción de 453,000 toneladas al año. Los ingresos fiscales producto de tal actividad hubieran significado sendos avances en los ámbitos de infraestructura, educación y salud, tan importantes para que más hogares de la región escapasen permanentemente de la pobreza e indigencia. Por otra parte – aunque no se menciona en el informe – este paro indudablemente ha debido estar asociado a las ya mencionadas caídas en los pilares de entorno económico – traducido en un menor gasto real por hogar – y en el laboral – concretamente por una reducción de la creación de empleo formal.

Otro caso a destacar, como mencionamos, es el de Junín que registró también una caída de tres posiciones en el ranking general de competitividad, pasando del puesto 11 al 14. Este retroceso estuvo explicado por notables caídas en los pilares de salud y laboral – 4 posiciones – así como también en los pilares de entorno económico e instituciones – 3 posiciones.

Tabla 2. Índice de Competitividad Regional de Junín

Fuente: IPE

Es de destacar la caída en el pilar de salud, la cual está explicada por un incremento en la incidencia de desnutrición crónica en menores de 5 años – situando a la región en el puesto 22 – y una mayor prevalencia de la anemia infantil – situando a la región en el puesto 19 – ambas enfermedades que – como se explica en el informe de Macroconsult: La anemia infantil, un enemigo silencioso – generan efectos irreversibles en el desarrollo del cerebro temprano de los niños, comprometiéndolos a un bajo rendimiento tanto escolar como universitario.

Esperemos que los resultados de este informe puedan ser tomados en cuenta por los hacedores de política para enfocar mejor sus intervenciones en las regiones, priorizando las necesidades y oportunidades de mejora en cada una de ellas y considerando además que el presupuesto público hacia los gobiernos regionales, como todo presupuesto, cuenta con una restricción de recursos que debe ser usada de manera eficiente y eficaz para hacer frente a los problemas que aquejan – en este caso – a los peruanos al interior del país. Lampadia

Los últimos días y meses han mostrado un gobierno peruano ensimismado en la puesta en marcha de su reforma política, presionando y confrontando constantemente al Congreso y solicitándole cuestión de confianza para llevar a buen término los 6 proyectos de ley planteados que involucran un cambio a la Constitución vigente.

Sin embargo, su misma obsesión por el tema institucional no solo ha generado ruido político – ante la posibilidad latente de un eventual cierre del Congreso – sino que además lo ha desenfocado por completo de los ejes económico y social, fundamentales para una buena gobernanza y para seguir propiciando desarrollo a nuestros pobres (ver en Lampadia: Confrontación sin Gobernanza).

Centrándonos en el eje económico, hay una total incertidumbre respecto a los lineamientos de política a emprender por el gobierno de Vizcarra para lidiar con una desaceleración económica que ya data del 2014 (ver en Lampadia: Aterrizaje en la mediocridad, El 2014 terminó nuestro círculo virtuoso – ahora necesitamos acumen y una agenda de desarrollo efectiva) y que se ha agravado en los últimos meses con el conflicto comercial EEUU-China (ver en Lampadia: Cuidado con el desplome de las exportaciones).

Peor aún, recientes declaraciones del Ministro de Justicia, Vicente Zeballos, han dejado entrever la intención del gobierno de retornar al Estado empresario en industrias estratégicas como la minería y la de aerolíneas, lo cual resulta sumamente peligroso para nuestra economía, a la luz de la experiencia histórica del gobierno velasquista en los años 70, que, planteando políticas similares hasta finales de los años 80, nos llevó al colapso de las cuentas fiscales.

Por otra parte, si nos enfocamos en la coyuntura, las recientes cifras de crecimiento de la inversión, tanto pública como privada, publicadas por el BCRP, no muestran signos de reactivación; por el contrario, el crecimiento se torna cada vez más endeble e incluso negativo. Veamos.

Fuente: BCRP

Como se muestra en la siguiente tabla, en el caso de la inversión privada, el crecimiento del primer trimestre ha pasado de 5.3% el 2018 a 2.9% este año; y en el caso de la inversión pública, este crecimiento ha pasado de 6.8% a -10.9%.

Fuente: BCRP

Este alicaído comportamiento de la inversión ha provocado una caída en la tasa de crecimiento del primer trimestre del PBI de 3.2% el 2018 a 2.3% el 2019, que, de mantenerse por el resto del año, estaría muy lejos del potencial requerido para absorber la mano de obra entrante y para reducir sostenidamente la pobreza (ver Lampadia: Crecimiento, pobreza y desigualdad). De hecho, como informó recientemente El Comercio, el crecimiento de abril (ver el siguiente gráfico), situado en 1.7%, reconfirmaría este hecho al generar un crecimiento anualizado del 3.3%, muy por debajo del potencial de la economía peruana (3.7%) así como del proyectado por el MEF (4.2%).

Fuente: INEI

Por otra parte, la inversión directa extranjera, importante generadora de empleo y principal fuente de acumulación de reservas internacionales (ver Lampadia: El Perú se aleja de los circuitos internacionales de inversión), tampoco presenta signos de reactivación al 2018 en gran parte por el poco empuje y animadversión que sigue habiendo hacia el sector minero. Y pese a que aún no se cuentan con datos al cierre del 2019, los últimos meses, caracterizados por el conflicto social del proyecto cuprífero Las Bambas, augurarían una notable reducción de la inversión minera extranjera también para este año.

Fuente: BCRP

Dado los niveles actuales en los que se encuentra el conflicto Ejecutivo-Congreso, es difícil proyectar cual sería el comportamiento futuro de la inversión privada en el corto plazo. El presidente del BCRP, Julio Velarde, hizo las siguientes declaraciones en un reciente evento regional de Cajamarca ante la posibilidad de una disolución del Congreso: “Durante cuatro meses se gobernaría por decreto. La incertidumbre se disiparía cuando se hayan elegido a los congresistas y ver quiénes serían. Habrá cuatro meses de incertidumbre que puede afectar a la inversión privada”

En ese sentido, consideramos que tal incertidumbre podría ser superada si el gobierno se propusiera poner en marcha los proyectos mineros de envergadura como Tía María, Las Bambas, Galeno, por destacar los más importantes, cuyo enorme potencial podrían reactivar la inversión privada. La puesta en marcha de dichos megaproyectos le daría señales claras al sector privado tanto nacional como internacional de que en nuestro país sí se respetan los contratos, lo cual eventualmente aumentaría la confianza empresarial, tan venida a menos en los últimos años. Además, el impulso de la minería, la cual esta encadenada a por lo menos 6 sectores indirectos (ver Lampadia: El sorprendente valor agregado de la minería), apuntalaría el crecimiento del empleo desde las regiones, que es donde más desarrollo requieren nuestros pobres.

Es hora que el Ejecutivo deje de confrontar y se ponga a gobernar por el bien del país. Los peruanos se lo exigimos. Lampadia

Sebastiao Mendonca Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

La disputa de rentas

La disputa de rentas es una práctica milenaria en todas las sociedades, pero a partir del momento que se desarrolló la agricultura, la artesanía y el comercio, la disputa de rentas se expandió.[i] Los muros de los castillos y las murallas de las ciudades fueron construidos para evitar que los saqueadores pudieran apropiarse de sus riquezas.[ii] La historia universal está llena de ejemplos de invasiones, guerras y saqueos de las ciudades y ciudadanos más ricos.[iii]

En la medida en que las sociedades fueron desarrollándose la disputa de rentas fue asumiendo nuevas formas. Recién con el desarrollo del libre mercado y de protección de la propiedad privada es que la disputa de rentas comenzó a disminuir su rol en los procesos de acumulación de riqueza. En los países con mayor desarrollo institucional la disputa de rentas se da, principalmente, vía la creación de leyes, de monopolios y de la corrupción.

En los países emergentes, como el Perú, las rentas a disputar están relacionadas principalmente a: (1) las actividades extractivas (minería y petróleo), (2) la agro-exportación y (3) el presupuesto de la república. Las dos primeras son actividades económicas que pueden alcanzar niveles de productividad muy superiores al promedio del país, generando una piscina de riqueza que es ambicionada por muchos actores económicos y políticos. El presupuesto de la república pone miles de millones al alcance de los políticos y autoridades públicas: ministros, jueces, gobernadores, congresistas, alcaldes, etc.[iv]

La disputa de rentas asume formas diversas, dependiendo del desarrollo institucional de la sociedad. En muchos países africanos asume la forma de guerras civiles y dictaduras eternas: Zimbabue, Angola, Congo, Guinea Ecuatorial, etc. En otros países, con un nivel medio de desarrollo institucional, como el Perú, la disputa de rentas asume formas de conflictividad social y de luchas políticas.

En América Latina, el caso más dramático de disputa de rentas es el de Venezuela, en donde la apropiación de las rentas del petróleo ha ocasionado la destrucción económica del país. En Venezuela la disputa de rentas se ha dado por medio de la creación de un estado militarizado instrumentalizado con un discurso socialista.

Otro caso, no menos dañino, es el de Argentina, con la apropiación de las rentas de la agro-exportación: carne, soya, etc. En los últimos 100 años, Argentina ha caído bajo da influencia del peronismo y ha vivido una secuencia de crisis que la retiró de la lista de los países desarrollados, igualándolo con sus vecinos en materia de atraso económico y político. En el caso de la Argentina se ha desarrollado un modelo de estado parásito con un discurso de justicia social.[v]

En el Perú, las dos principales formas de disputa de rentas son (a) la corrupción (pública y privada) y (b) la conflictividad minera. La corrupción busca apropiarse del presupuesto público a nivel nacional, regional y local, y la conflictividad minera busca apropiarse de la alta productividad de la minería moderna. [vi]

Lo que viabiliza ese fenómeno en Perú es que el país tiene importantes riquezas minerales y un ambiente de negocios relativamente positivo, capaz de atraer grandes inversiones de empresas con tecnologías avanzadas, pero al mismo tiempo tiene un Estado que carece de la voluntad política y de la capacidad operacional necesaria para garantizar el imperio de la ley en todo el territorio nacional. Como comenté antes en una entrevista a El Comercio, en la medida que uno se aleja de San Isidro el Estado de Derecho se deteriora y la impunidad se incrementa. La realidad institucional de algunas provincias del Perú puede parecerse más a países de África o de Centro América, que a Lima.

Las rentas que se disputan con la conflictividad minera pueden ser económicas, (enriquecimiento fácil), o políticas, (aumento de popularidad y acceso a cargos públicos). En el Perú de hoy, esas dos formas de rentas se alimentan entre si. En las zonas mineras muchos de los líderes de los conflictos (curas desconocidos, profesores mediocres, alcaldes incompetentes, abogados desocupados, etc.) se han enriquecido notablemente y han resultado elegidos alcaldes, gobernadores y hasta congresistas. Es raro que los líderes de los conflictos mineros no terminen envueltos en casos de corrupción. Conga y Tía María son ejemplos recientes y más conocidos.

El caso Las Bambas

Mientras más grande es una empresa, mayores son las expectativas de las rentas a disputar. Las Bambas es una empresa muy grande, una de las tres mayores productoras de cobre del país con una producción de más de mil toneladas de concentrado por día, que ha producido cerca de dos millones de toneladas de cobre en los últimos 5 años, y que ha generado una riqueza aproximada de 12 mil millones de dólares en ese mismo período.

El conflicto en Las Bambas, aún en proceso, es un ejemplo que ilustra la disputa de rentas como una de las principales causas de la conflictividad social. A diferencia de otros conflictos en donde la narrativa de los líderes era de protección ambiental (“agua sí, mina no”, “en defensa de nuestras lagunas”, “protección de la biodiversidad”, etc.), en el caso de Las Bambas, los mismos líderes fueron claros en señalar que el objetivo de su lucha era obtener mayores beneficios económicos de la empresa minera y del Estado Peruano. Lo que aspiran es seguir viviendo de la extracción de riqueza de una empresa altamente productiva y un Estado débil para hacer cumplir con la ley.

Algunas ONGs pos-extractivistas, como CooperAcción, han instalado oficinas en la zona, y han producido documentos diversos intentando desarrollar una narrativa ambiental en contra de Las Bambas, pero la influencia de los buscadores de rentas (Chávez, Rojas et al) resultó dominante. Esas ONGs, contrarias a la minería moderna, buscan justificar los conflictos de Las Bambas diciendo que son “conflictos de convivencia”, cuando existe abundante evidencia para entender que, en realidad, se tratan de “conflictos de extracción de rentas”.

En el intento del 2016, cuando bloquearon la carretera con varias zanjas, el mecanismo de extracción de rentas imaginado fue el cobro de un peaje millonario por el paso de los camiones de minerales, S/.5,000 por cada uno de los 200 a 300 camiones que circulan diariamente, cerca de S/.45 millones al año, algo más de 800 millones en los 18 años de vida útil de la mina. Este primer intento fracasó.

En esta segunda fase del conflicto, los comuneros exigen una indemnización extraordinaria por la carretera que cruza por el terreno entregado a ellos por Las Bambas como parte del cambio del terreno que ocupaban en el “footprint” de la operación. Según sus líderes, la carretera de cerca de 32 metros de ancho ocupa 39 hectáreas, y exigen 31 millones de soles como indemnización, aproximadamente 800 mil soles por hectárea, o 80 soles por metro cuadrado (precio de terreno urbano).[vii]

El gobierno tiene clara responsabilidad por esta segunda fase del conflicto. En la primera fase del conflicto el gobierno hizo una serie de promesas de proyectos de desarrollo, por casi dos mil millones de soles que nunca se ejecutaron. Ello, sin duda, ha generado un clima de frustración en la población. Hoy, el mismo gobierno reconoce que la indemnización por la carretera era un derecho de los comuneros, entonces surge la pregunta: ¿Por qué no los indemnizaron antes de ese nuevo conflicto, por qué esperaron que ocurriera el conflicto para pagar sus deudas con los comuneros?[viii]

Los abogados que los están asesorando, los hermanos Chávez, van recibir una comisión sustantiva del monto obtenido. Si esa comisión fuera de 30%, sería cerca de 10 millones de soles, si la comisión fuera de 20%, sería de un poco más de 6 millones. En ambos casos, los honorarios de los abogados serían extraordinarios para los estándares de cualquier país del mundo. Es más, estarán ganando honorarios para realizar una actividad de extorsión de una empresa minera que invirtió en el Perú y que cumple con todas las obligaciones legales que el país exige, cuando siendo los abogados quienes están promoviendo acciones de violencia y el Estado está renunciando a defender el estado de derecho.

Podemos hacer un cálculo aproximado para evaluar la rentabilidad del conflicto, redondeando un poco los números: una toma de carretera de 60 días, que genera 30 millones de reembolso, significa una renta de 500 mil soles por día de conflicto. Si la solución dada por el gobierno atiende, aún en parte, las exigencias económicas de los líderes conflictivos, la rentabilidad de los conflictos mineros se habrá disparado, enviando la señal a la macro región del sur y a todo el país que es posible extraer cantidades millonarias de riqueza del Estado y de las empresas mineras, si se organizan conflictos sociales. Los abogados de todo el país van encontrar que la asesoría a grupos conflictivos es una actividad de muy, pero muy, alta rentabilidad.

Las victorias de los depredadores, en el caso de Las Bambas y otros conflictos, además de generar costos extra al Estado y para las empresas mineras, va afectar a toda la población del país pues desincentiva la inversión productiva, haciendo que la organización de conflictos resulte mucho más atractiva que la organización de empresas productivas. No hay que olvidar que el emprendedurismo se dirige hacia donde los rendimientos son más altos, si el conflicto es lo más rentable del Perú, ahí va enfocarse la creatividad empresarial del país.

La consecuencia es que la iniciativa empresarial local (mediana y pequeña) se orientará hacia la conflictividad social en vez de enfocarse en la creación de riqueza y en la expansión de las oportunidades para la población local. Se desarrollará entonces un emprendedurismo depredador y socialmente excluyente. Lo que podría volverse un clúster productivo moderno alrededor de la minería, una actividad económica de alta productividad, se transforma en una zona hostil a la minería y a la actividad productiva en general. Esa distorsión de la economía regional tiende a beneficiar a unos pocos líderes conflictivos perjudicando a la gran mayoría de la población. El estancamiento de la ciudad de Cajamarca, resultado del conflicto anti-minero, es ilustrativo de esa tragedia.

Bendición o maldición

A fines del siglo pasado diversos economistas se han interesado por el impacto de los recursos naturales en el desarrollo y han encontrado que, en muchos países emergentes y ricos en recursos naturales, el impacto de dichos recursos no ha sido positivo (Sachs & Warner, 1997). [ix]  Los resultados fueron tan contra-intuitivos que los estudiosos acuñaron el término “maldición de los recursos naturales”.

Estudios posteriores (Mehlum et al., 2006), incorporando la variable institucional, encontraron que los recursos naturales pueden ser una bendición o una maldición, dependiendo si el país tiene o no tiene instituciones capaces de evitar que predomine la disputa de rentas (emprendedurismo depredador). Es decir, un Estado capaz de evitar que las riquezas generadas por la exploración de los recursos naturales se transformen en blanco de extorsionadores, haciendo que el impulso emprendedor de la sociedad se mantenga en la producción y no se oriente hacia la apropiación de la riqueza ya creada.[x]

Botsuana, Malasia, y Chile son ejemplos de países que hicieron de sus recursos naturales una bendición, mientras otros países como Venezuela, Nigeria y Angola han mantenido o incrementado su pobreza a pesar de sus ingentes recursos naturales. Ello significa para el Perú que sus extraordinarias reservas de metales pueden constituirse en un motor del desarrollo capitalizando el país y financiando su diversificación económica, o pueden ser un factor que genere un ambiente de conflictividad que promueva una economía de disputa de rentas y frene su desarrollo. Cajamarca ya se inclinó hacia esta última opción, Apurímac está en esta disyuntiva.

Advertencia

La manera como el conflicto de Las Bambas está evolucionando hace pensar que Cotabambas y algunas otras provincias del corredor minero del sur se están transformando en sociedades de disputadores de rentas, es decir, sociedades de escala sub-nacional con economías atrasadas que, en vez de tomar la minería como un motor del desarrollo económico, optan por el conflicto social como la ruta con que esperan salir de la pobreza.

Si las situaciones de los conflictos mineros en Apurímac siguen evolucionando como están hasta el momento, las reservas de cobre, molibdeno, litio, plata y oro del sur del Perú, que podrían ser un importante motor del desarrollo de toda esa macro-región, van servir para transformar el sur del Perú en un territorio en qur la conflictividad social domina la vida social e inviabiliza los emprendimientos productivos.

La responsabilidad principal la tienen los gobernantes nacionales, son ellos los llamados a revertir esa tendencia destructiva, pero las empresas también necesitan apostar menos en los incentivos económicos y las negociaciones transaccionales y entender que los sentimientos y creencias de la población son determinantes para el clima social. Además, en un ambiente de precariedad institucional y escasa voluntad política de los gobernantes, las empresas mineras necesitan repensar sus estrategias políticas y sociales para ser capaces de evitar que la conflictividad social se vuelva la ruta de capitalización preferida de la población de las regiones mineras.

Michael Porter ha explicado que, en el siglo XXI, la ventaja competitiva de las empresas mineras ya no va estar en la tecnología ni en el modelo de negocio, sino en su capacidad de construir una relación positiva con la población del entorno y la sociedad nacional. En el Perú de hoy, esta habilidad es más que una ventaja competitiva, es una condición para su existencia en el largo plazo. [xi]

Lo que pase en Apurímac y en el corredor minero del sur en los próximos meses va influenciar de forma significativa si los recursos metálicos del Perú son una bendición o una maldición. Quienes deseen el desarrollo del país deberían ver una advertencia en la manera como está evolucionando el conflicto de Las Bambas. Lampadia

Camilo Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

El conflicto en el entorno al proyecto minero las Bambas no ha sido resuelto y dista mucho de serlo. En estos momentos aún se mantienen las negociaciones entre la minera, el Gobierno Central y diversos representantes de la población local. Pese a ello es posible estimar algunos de los efectos de este conflicto en su etapa de mayor participación de acciones directas tales como el bloqueo de carreteras.

Hemos divido los posibles efectos de este conflicto en dos bloques: en primer lugar, están aquellos efectos con una alta probabilidad de ocurrencia, las cuales son de ocurrencia casi segura. Y por otro lado de encuentran aquellos con una moderada probabilidad de ocurrencia. Muchos de estos riesgos son preexistentes al conflicto en Las Bambas y han sido línea de incidencia del activismo anti-minero desde hace varios meses o incluso años; sin embargo, el reciente conflicto ha incrementado su probabilidad de ocurrencia.

Riesgos de probabilidad moderada:

• Eliminación de la depreciación acelerada: Esto reduciría el valor presente de las inversiones mineras. Hay un conjunto de intereses que resultan atraídos por acabar con esta modalidad de depreciación. La existencia de grandes inversiones mineras aun depreciando activos genera la expectativa de importantes ganancias económicas para los gobiernos locales y regionales. El activismo anti-minero está muy atraído por una medida que llevaría a una menor inversión minera. Adicionalmente, la opinión pública que puede ser fácilmente convencida respecto a apoyar lo que se puede caracterizar como el fin de un privilegio tributario para los ricos. El no aporte de Canon por parte de MMG Las Bambas, resultado de este régimen tributario, ha servido de plataforma para diversos actores políticos y sociales para solicitar esta eliminación.
• Fin de los convenios entre empresas y PNP: Este es una línea de incidencia sistemática del activismo anti-minero. Litigios estratégicos que involucran a IDL y la ONG internacional Earthrights han sido interpuestos frente al Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, todos ellos con el fin de restringir la presencia policial en resguardo de la seguridad de los campamentos mineros.
• Expansión en la aplicación de la denominación de pueblos indígenas y expansión de los requerimientos de Consulta Previa: Desde hace un tiempo el indigenismo radical y los pos-extractivistas impulsan la auto identificación como requisito único para considerar a una población como indígena, de manera conjunta se impulsa que la Consulta Previa pase a tener carácter vinculante. El efecto conjunto, si ambas campañas fueran exitosas, consistiría en generar una multiplicidad de actores locales con los que un proyecto minero tendría que negociar porque estarían provistos de poder de veto sobre la viabilidad del proyecto. Se requeriría de la aprobación simultánea de todas las comunidades en el entorno de un proyecto. Este riesgo es especialmente relevante en zonas de lengua mayoritariamente aymara o quechua puesto los activistas anti-mineros podrían apoyarse en los resultados del último Censo para apoyar sus posiciones. En el caso de Las Bambas, los anti-mineros y sus afines mencionan permanentemente que la población en el entorno del proyecto minero las Bambas es indígena y que la conflictividad social en la zona ha sido impulsada por no aplicar estándares de Consulta Previa a la población local.
• Amnistía a Acciones de Fuerza Anti-mineras: Como parte de los acuerdos firmados el 24 de abril en Fuerabamba, entre las comunidades locales y funcionarios públicos se encuentra la presentación de un proyecto de Ley de Amnistía a los acusados de diversos crímenes asociados a la conflictividad social anti-minera en el Corredor Minero del Sur. De aprobarse esta medida se consolidaría la impunidad plena ante acciones violentas por parte de manifestantes hostiles a la minería.

Riesgos de probabilidad de alta:

• Severas restricciones en el uso de las ITSs: El instrumento de los Informes Técnicos Sustentatorios se ha visto severamente deslegitimado con el conflicto en Las Bambas, su uso es un componente importante en el discurso vertido por Cooperaccion respecto a los orígenes mismos del conflicto. En futuros casos de conflictividad social que involucren a los ITSs los funcionarios que autorizaron el uso de esta herramienta serian severamente criticados. Por ello, los funcionarios públicos enfrentan un poderoso incentivo para no autorizar el uso de ITSs.
• Empoderamiento de Cooperacción: La ONG anti-minera Cooperaccion ha ganado múltiples espacios en medios de comunicación y líderes de opinión gracias a este conflicto. Sus voceros han tenido diversas apariciones en la calidad de expertos en la temática de Las Bambas. A esto se le agrega que la interpretación de Cooperacción del conflicto se ha extendido entre líderes de opinión y periodistas. Con voceros e ideas mejor posicionados Cooperación ha sido claramente un beneficiario de este conflicto.
• Elevación del costo de tierras para proyectos mineros y su cadena logística: El conflicto ha generado precedentes de compensación por uso de tierras sumamente elevados. En el caso de Yavi Yavi se menciona pagos del orden de los 80 mil dólares por hectárea por el uso de terrenos de la comunidad para la mejora de la carretera por la que se traslada el material extraído de Las Bambas. En especial en el Corredor Minero del Sur, esto está generando expectativas de pagos semejantes no solo por los terrenos bajo los cuales se encuentran los yacimientos sino también para todas las tierras que en alguna medida son necesarias para las operaciones o logística de un proyecto minero.
• Bajísimos costos de las acciones directas: En el caso de Las Bambas el gobierno central ha mandado una poderosa señal al activismo anti-minero: Que no está dispuesto, casi bajo ninguna circunstancia, a incurrir en el riesgo político de despejar las vías bloqueadas a través de la PNP aun si pocas decenas de manifestantes participan en el bloqueo. Esto reduce los desincentivos para la toma de carreteras como medida de fuerza en un conflicto minero.

Los conflictos como Las Bambas no se dan en compartimientos estancos sin afectar a las otras a las otras empresas del sector minero. Esta clase de conflictos desencadenan dinámicas políticas y sociales que terminan propiciando la ocurrencia de riesgos que pueden terminar afectando al sector minero peruano como un todo. Lampadia