Jaime de Althaus
Para Lampadia

El caprichoso pase al retiro del comandante general de la PNP Luis Vera sin razón valedera alguna, solo para que el general chotano Segundo Mejía Montenegro pudiera seguir ascendiendo y alcanzara el puesto de Inspector General de la PNP, desde el cual poder procesar la denuncia del presidente Pedro Castillo contra el coronel Harvey Colchado, es un acto de arbitrariedad dictatorial que supera todo lo que habíamos visto antes.

Castillo está destruyendo la institucionalidad policial solo para armar una guardia pretoriana que lo defienda de las acusaciones de corrupción que pesan sobre él, su familia, sus paisanos y amigos. Esto es demasiado visible y burdo como para que el Congreso y la ciudadanía no reaccionen.

No se puede pasar al retiro a cinco comandantes generales y a cerca de diez generales, sin importar sus méritos y trayectorias, como ha precisado Rodrigo Cruz en El Comercio, solo para encumbrar a los favoritos del presidente. Es la destrucción de la meritocracia en una institución tan importante como la Policía Nacional, echando por tierra las aspiraciones de los oficiales que se esfuerzan por tener una carrera limpia en un entorno que no lo favorece.

Esta sí es una razón para que la ciudadanía se movilice. Si el presidente alcanza un control absoluto de la PNP para sus propios fines, corren peligro las libertades y derechos de los ciudadanos y la democracia misma porque puede enfilar la fuerza y la inteligencia policiales contra sus adversarios políticos, contra la prensa que lo fiscaliza y contra la fiscalía y los jueces que procesan sus casos.

Como de hecho está ocurriendo ya en el plano político. Hemos sido testigos de las invectivas del Presidente y del Premier contra la Fiscal de la Nación y contra los fiscales que investigan y descubren actos presuntamente delictivos, y de la manera como se arma un ejército de troles para disparar mentiras contra los fiscales. Aníbal Torres ha llegado al extremo difamatorio de afirmar que “el narcotráfico ha tomado a un sector de la justicia que investiga a la familia del presidente”. Está en marcha un operativo destinado a deslegitimar las investigaciones fiscales contra el presidente y su entorno, al que se han sumado abogados y ONG que en su momento impulsaron la justicia plebiscitaria contra los Humala y Keiko Fujimori.

Pero el ataque a la fiscalía rebasa el plano político porque la denuncia al jefe del equipo policial encargado de dar soporte a los fiscales es un ataque a la capacidad operativa misma de la justicia, que se complementa con el control político de la PNP para conseguir impunidad. Es perverso usar a la PNP para defender y proteger a los presuntos delincuentes de las denuncias que pesan sobre ellos. Peor aún, para disponer de un poder de intimidación contra fiscales, jueces, políticos y periodistas, contra la democracia como sistema de pesos y contrapesos.

Se está usando (y destruyendo) la Policía para el mal y se quiere desprestigiar a la justicia solo por cumplir su deber. Si esto no constituye incapacidad moral permanente, ya no imaginamos qué podría serlo. La democracia y los valores republicanos tienen que defenderse. La declaración de vacancia de la presidencia de la República no debería esperar. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 26 de agosto de 2022
Para Lampadia

¡3,000 obras públicas paralizadas – y abandonadas – por actos de corrupción en el Estado, en todo el país! ¡S/. 30 mil millones que no sirvieron para nada! Todo torcido… desde el inicio. Perfiles y expedientes técnicos copiados de otras obras. ¡Oh “Copy – Paste” … cuántas trafas se han hecho en tu nombre! Términos de referencia y bases de licitaciones direccionadas. Adjudicaciones amañadas. Contratistas y supervisores fantasmas. Total: hospitales y centros de salud, escuelas y centros deportivos, puentes y carreteras, sistemas de agua y alcantarillado, rellenos sanitarios, parques y plazas, monumentos, pistas y veredas… todo inacabado y abandonado. ¡Oh corrupción… cuánto daño nos haces a los peruanos!

La salud pública está como está; no por falta de presupuesto, tampoco por falta de profesionales y técnicos, ni por falta de infraestructura, tampoco por falta de equipos y medicamentos. La salud pública es un fracaso… por las mafias de la salud. Es decir, por la corrupción.

Médicos que abandonan los hospitales en horario de trabajo para atender en sus consultorios y clínicas privadas.

Operarios que sustraen medicamentos de las farmacias de los hospitales para venderlos – por lo bajo – a boticas particulares.

Médicos que malogran – adrede – los equipos de los hospitales para usar los suyos, y cobrar indebidamente por ello.

Directores de nosocomios que venden puestos de trabajo en los hospitales.

Y lo peor de lo peor: médicos que no son médicos… mejor dicho, médicos “diplomados” en Jirón Azángaro. ¡Oh corrupción… qué fue del juramento hipocrático de tantos médicos corruptos de nuestro país!

Por otro lado ¿hasta cuándo vamos a delegar el otorgamiento de brevetes y licencias de conducir a los Gobiernos Regionales? ¿Acaso “Dinámicos del Centro” sólo hay en Junín? ¡Nada que ver! Las mafias de transportes están en todo el país. Son multimillonarias.

En Ica – que somos una región pequeña – la mafia de transportes se embolsicada S/. 150 mil diarios. Sin embargo, a pesar de su inmenso poder económico… la decapitamos. ¿De dónde salían los S/. 150,000? Echemos pluma: 300 brevetes truchos diarios a S/. 500 cada uno… 3 x 5 = 15 más 4 ceros. Ahí están las 150 lucas. Dicho sea de paso, la mafia de los brevetes volvió con la actual gestión del Gobierno Regional. ¡Las malas hierbas nunca mueren! ¡Oh corrupción… cuántos accidentes fatales han causado las mafias de transportes en todo el país!

Y por limitaciones de espacio, terminemos con la última. El Gobierno es tan – pero tan – corrupto que no ha podido comprar ni un solo kilo de urea. Han pasado 11 meses – ¡casi un año! – desde que el presidente Castillo anunció la compra del fertilizante. Sin embargo… nada. Ni un solo kilo de urea. Cero puntos, cero balas.

Van tres licitaciones internacionales, pero no. Ninguna ha prosperado. La primera licitación se cayó porque – claramente – estaba direccionada. ¡Oh corrupción… cuántos direccionamientos esconden las Bases de Licitaciones amañadas! La segunda licitación abortó porque la Contraloría detectó una coima de US$ 8 millones a favor de un amigo de Vladimir Cerrón que fungía de mandamás de Agro Rural. ¡Oh corrupción… cuánta plata pretendían robarnos a los agricultores! Y la tercera se cayó porque ningún proveedor internacional – mínimamente decente – quiere participar en una licitación convocada por un comprador tan inepto y corrupto como el Estado peruano.

Desempleo, pobreza, hambre, delincuencia, basura, pésimos servicios de agua, salud y educación. ¡Oh corrupción… cuánto daño nos haces a los peruanos! Por eso:

¡Claro que debemos luchar contra la corrupción!
¡Claro que debemos respaldar a los congresistas, fiscales, jueces, policías y militares que están luchando contra la corrupción!
¡Claro que debemos aunarnos a los periodistas que están investigando y desenmascarando la corrupción en el Estado!

¡Bravo tacneños por expresar tan claramente su repudio al No. 1 en plena Procesión de la Bandera! Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

En un muy buen artículo publicado en El Comercio, Carlos Meléndez explica que “El presidente Pedro Castillo ostenta dos herramientas políticas que usa instintivamente: el ´cuoteo´ y el asambleísmo.

La primera consiste en distribuir convenientemente parcelas de poder en el Ejecutivo a socios políticos (partidos, facciones o personalidades)”, con la finalidad de asegurar un mínimo de votos en el Congreso que prevenga la vacancia.

El segundo, el asambleísmo, consiste en convocar a actores y organizaciones sociales, sea a los consejos descentralizados, sea al patio de Palacio de gobierno, con la finalidad de generar apoyo social y popularidad entre los seguidores y miedo entre los opositores. Afianzar el respaldo de sectores populares vía la polarización con los “grandes”.

Me parece que el “cuoteo” cabe dentro de una categoría más amplia y general, que es el patrimonialismo. El patrimonialismo es ese estilo de gestión que considera los bienes públicos como propios y que entonces le permite al presidente disponer, en este caso, de ministerios o entidades públicas que se entregan, por ejemplo, a Perú Libre (Cerrón) o al Bloque Magisterial como si fueran feudos dentro de los cuales se aplican las mismas prácticas patrimonialistas. Se le retribuye a Cerrón haberle dado el vehículo para llegar al poder y se asegura su lealtad.

Ese mismo mecanismo es el que funciona para distribuir puestos y obras públicas a familiares, amigos y empresarios informales (o ilegales) que contribuyeron a la campaña. Se paga los favores de campaña con contratos dolosos, pero también, como estamos viendo, la propia familia presidencial se hace directamente de obras a través de empresas hechizas y testaferras. El mecanismo -la entrega de obras- se usa también para captar el apoyo de congresistas. De allí los niños.

Patrimonialismo y reciprocidad están íntimamente vinculados. El patrimonialismo es una forma de reciprocidad cómplice. La reciprocidad es un mecanismo de funcionamiento de la economía y la sociedad campesina, pero extrapolado a la gestión gubernamental se convierte en una forma de lealtad mafiosa. Absolutamente contraria a la meritocracia, por supuesto, y a cualquier gestión por metas o resultados.

Pero, además del patrimonialismo, el gobierno hace uso de otro instrumento de adhesión política y social: el clientelismo. Esto ocurre cuando entrega beneficios legales o rentistas a determinados grupos, organizaciones o sindicatos, para conseguir su lealtad y su disposición a defender el régimen. Lo que tenemos ahora es un clientelismo desbocado:

• A la CGTP se le regala la Agenda 19. Por ejemplo, los decretos supremos que facilitan las huelgas, empoderan los sindicatos, y restringen la tercerización.
• Al Fenate se le entrega la Derrama Magisterial.
• Al SUTEP se le ofrece un aumento sustancial de sueldos para los maestros y otros beneficios.
• A las Rondas Campesinas se las incorpora en la base de datos de los pueblos originarios.
• A los mineros informales se les ofrece derogar los decretos legislativos sobre la formalización y prorrogar el REINFO.
• A los cocaleros se les da DEVIDA y la erradicación voluntaria.
• A los dueños y trabajadores de restaurantes y hoteles se les hace creer que fue el gobierno quien les redujo el IGV al 8%.
• A los estatales se les regaló la negociación colectiva como medio para aumentar sueldos.
• A los campesinos se les ofrece la segunda reforma agraria, que es un fiasco.

Y así sucesivamente. Si con el patrimonialismo se destruye la meritocracia y se roba el Estado, con el clientelismo se destruye la libertad económica y la salud fiscal del país. Tenemos que poner fin a estos males. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 19 de agosto de 2022
Para Lampadia

Los corruptos siempre fungen de santurrones. Siempre. Tal es el caso del presidente Castillo y su pandilla: su esposa, su hija, sus sobrinos, sus cuñados, sus amigos, incluidos algunos empresarios. El cinismo está en la naturaleza de los corruptos. Está en sus ADN.

Efectivamente, no hay corrupción sin cinismo. La narrativa de la corrupción es idéntica a la narrativa de la integridad. Las palabras transparencia, honestidad, justicia, dios, legalidad, verdad, pueblo, etc. se repiten como disco rayado en sus discursos.

Por otro lado, están los que combaten la corrupción.

Este es el caso de la Fiscal de la Nación, Doctora Patricia Benavides y el equipo de magistrados especializados en la lucha contra la corrupción.

También están algunos policías (hay buenos policías), algunos congresistas (también hay buenos congresistas), algunos periodistas de investigación (también hay buenos periodistas), y la ciudadanía en general.

Estos también hablan de integridad, justicia y todo lo demás. El problema es que unos lo dicen de verdad, y otros – los corruptos – lo dicen de mentira.

En ese sentido, a veces es difícil discernir entre quién dice la verdad y quién miente. ¿Quién es el bueno, quién es el malo? Ante ello – para descubrir la verdad – hay que investigar, escarbar, ahondar, recurrir a testimonios, pruebas, analizar comportamientos, acumular revelaciones, encontrar coherencias e incoherencias, etc.

Por ejemplo, a mí me resultó difícil conocer la verdad en el caso Martín Vizcarra. Aquel expresidente que – en su momento – fungió de paladín de la justicia y la lucha contra la corrupción en nuestro país. Confieso: me la creí… al igual que muchos compatriotas. Sin embargo, resultó siendo un tremendo coimero. Ahora se sabe que coimeó en el Gobierno Regional de Moquegua. Coimeó en el Ministerio de Transportes. Coimeó en la Presidencia de la República. ¡Un sinvergüenza!

Pues, algo parecido es el presidente Castillo… y su pandilla. A los corruptos no les entran balas. ¿Vergüenza por mentir? Ellos no sienten vergüenza de nada. ¿Reconocimiento de coimas, adjudicaciones de obras a dedo, ventas de puestos? Jamás. – ¿Cómo voy a deshonrar la educación de mis padres? – responde a cada rato el presidente con total cinismo. Y la más descarada de todas – ¿acaso un maestro de escuela podría ser corrupto? –. ¡Tremendo hipócrita!

Los corruptos llegan a tales extremos de cinismo que son capaces – siempre lo hacen – de denunciar a sus perseguidores… precisamente, de corrupción. O sea, el mundo al revés. Ellos – los corruptos – son los buenos, y – en este caso – la Fiscal de la Nación es la corrupta. ¡Descaro total!

Guardando las distancias, yo puedo dar fe de ello. En el Gobierno Regional de Ica – durante la gestión 2015 / 2018 – combatimos la corrupción muy eficazmente, a todo nivel.

Gracias a ello, mejoramos sustancialmente los servicios de salud y educación en toda la región. La mafia de los brevetes – tal cual los Dinámicos del Centro del Gobierno Regional de Junín – fue desarticulada y destituida de sus funciones. Los brevetes se entregaban en cuestión de minutos, una vez aprobados los exámenes correspondientes… ¡sin coimas!

Bueno pues – producto de esa lucha – yo y mis colaboradores fuimos denunciados decenas de veces… por corrupción. Incluso, seguimos inmersos en sendos procesos fiscales interpuestos por los mismos funcionarios corruptos, a los que destituimos de sus cargos. Eso sí, siguiendo los debidos procesos, en los que la última instancia siempre fue el Tribunal del Servicio Civil de SERVIR. O sea, un tribunal independiente.

Por ello – por lo sacrificado que resulta combatir la corrupción en nuestro país – debemos respaldar a la Fiscal de la Nación, y a TODOS los que están librando dicha lucha. Es cuestión de justicia y gratitud. Además, nuestra libertad está en juego. Castillo y su pandilla quieren aniquilar a todas las instituciones que les resultan incómodas para cometer sus fechorías. Quieren eliminar – literalmente – a todos sus perseguidores… empezando por la Doctora Benavides. ¡Muy peligroso!

Repito. Así operan los corruptos. Siempre. Los corruptos siempre fungen de santurrones. El cinismo está en sus ADN. Por eso alcemos nuestras voces. La corrupción – aparte de ser un descaro moral – genera desempleo, pobreza y hambre.

¡Respaldemos a la Fiscal de la Nación y a todos los que la acompañan en su lucha frontal contra la corrupción! Lampadia

Presentación en la conferencia Procesos constituyentes en América Latina, organizada por la Asociación Libertad Perú. Cámara de Comercio e Industrias de Arequipa, 11 de agosto de 2022.

José Luis Sardón
Abogado experto en Derecho Público y árbitro
Exvicepresidente del Tribunal Constitucional del Perú

Buenas tardes. Me es grato estar aquí —en la Cámara de Comercio e Industrias de Arequipa, donde trabajé como Coordinador del boletín Cámara QP hace casi cuarenta años— para participar en esta conferencia sobre los Procesos Constituyentes en América Latina. Agradezco a los organizadores de la conferencia, la Asociación Libertad Perú, por su cordial invitación. Realmente, me siento en casa.

Dentro del tema general de la conferencia, desarrollaré el tema específico de las Constituciones aparentes.

En la jurisprudencia constitucional, se utiliza el concepto de argumentación aparente. El derecho al debido proceso dice el Código Procesal Constitucional, incluye el de obtener una resolución fundada en Derecho (con D mayúscula). A veces hay resoluciones judiciales que aparentan tener tal fundamentación, pero no la tienen realmente. En esos casos, los amparos contra esas resoluciones son estimados.

En la base de este concepto está la distinción entre lo real y lo aparente. Lo real es aquello cuya existencia es “innegable, como las piedras y los árboles”, diría Borges. Lo aparente, en cambio, es lo falso o engañoso. El Diccionario de la lengua española dice que es lo “que parece y no es”.

Ahora bien, así como existen resoluciones judiciales que adolecen de una argumentación aparente, existen también Constituciones que no lo son.

El juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos Antonin Scalia —con quien vine a Arequipa poco antes que muriera— contrastaba la Constitución de los Estados Unidos de 1787 con la de la Unión Soviética de 1977. Si se observan sus listados de derechos, decía, la segunda parece superior; empero, eso no es lo esencial de una Constitución. Lo esencial es la estructura política que establece.

La Constitución de la Unión Soviética de 1977 no evitó que ese país desapareciera en 1991. En cambio, la de los Estados Unidos de 1787 permite que éste persista y se siga desarrollando. Ello es así no por los derechos que reconoce sino por la estructura política que establece. Lo que la distingue es su esquema de separación de poderes, diseñada para que “el poder detenga al poder”, como quería Montesquieu.

La idea de la Constitución como límites al poder no está escrita en el topus uranus. Se desprende de su historia. El constitucionalismo moderno irrumpe buscando poner límites a los caprichos de los reyes de la Edad Media. La Carta Magna de 1215 es su punto de partida, pero no porque estableciera una democracia sino porque sustituyó la monarquía absoluta por una limitada, al prohibir que el Rey Juan I de Inglaterra pudiera efectuar ciertas acciones.

Mucho después, al proclamar su independencia, los Estados Unidos quisieron sustituir la monarquía por una república. Entonces, en El Federalista, Publius explicó que, para fijar límites a un Rey, una declaración de derechos hubiese sido suficiente, pero, para poner límites a una mayoría, ello no bastaba. Había que crear una estructura política con reglas de conformación y organización del gobierno pertinentes.

Solo los representantes de la Cámara Baja debían ser elegidos directamente por el pueblo. Además, debían serlo uninominalmente, para que “la gran variedad de intereses” asegurara que “una coalición de una mayoría de la sociedad se produjera muy rara vez sobre principios que no fueran los de la justicia y del bien general”. La multiplicidad y diversidad de intereses evitaría el surgimiento de facciones mayoritarias.

Por otro lado, debían separarse las funciones de gobierno —y establecerse pesos y contrapesos— entre tres poderes del Estado.

El Poder Legislativo, incluso, debía estar separado en dos cámaras. El Ejecutivo debía poder vetar las decisiones del Legislativo; y el Judicial, que revisaría la constitucionalidad de las leyes, debía estar a cargo de jueces vitalicios.

How Democratic is the American Constitution?, se pregunta Robert A. Dahl, uno de los politólogos americanos más reconocidos del siglo XX. Y se responde: no mucho. Es cierto. Sin embargo, allí está su valor, pues, al combinar instituciones democráticas y no democráticas, hizo realidad la “república comercial extendida” con la que soñaron los Padres Fundadores.

El Bill of Rights fue añadido a la Constitución como un complemento recién en 1791. Es un listado de cuestiones que el gobierno no puede hacer. La Primera Enmienda, por ejemplo, dice:

El Congreso no hará ley alguna por la que (…) coarte la libertad de palabra o de imprenta, o el derecho del pueblo para reunirse pacíficamente (…).

En esta perspectiva, “un derecho no es lo que alguien te debe dar; un derecho es lo que nadie te debe quitar”. El gobierno o el Estado no crea los derechos; los derechos están en nuestra naturaleza; provienen de ella o, si se quiere, de Dios.

En el tiempo transcurrido desde que se promulgó esta Constitución, muchas cosas han cambiado. El contenido del concepto de derecho se ha invertido; además, frecuentemente, se ha soslayado la distribución de funciones y la conformación de los poderes del Estado, como si los instrumentos para proteger los derechos no requiriesen del mayor cuidado.

Este fenómeno empezó en Latinoamérica, con la Constitución mexicana de 1917. Ella declaró como derechos ya no solo atributos con los que venimos al mundo —como la vida y la libertad, es decir, la capacidad de decidir siempre nuestro curso de acción, así estemos condicionados por las circunstancias— sino también prestaciones que necesitamos para desarrollarnos en él.

Sin embargo, esto implicaba invertir su sentido: los derechos ya no son lo que “nadie te debe quitar” sino “lo que alguien te debe dar”. Ese alguien es el Estado. Empero, como el Estado es una entelequia, el alguien concreto son nuestros conciudadanos. Por mandato constitucional, estos deben hacerse cargo de nosotros. El constitucionalismo social desplazó el locus de control de la persona de dentro a fuera de ella.

La consecuencia de este nuevo enfoque, como era previsible, ha sido la expansión de los derechos. El 2016, en el XI Congreso Iberoamericano de Justicia Constitucional, hice el siguiente recuento:

1. El artículo 10 de la Constitución peruana de 1979 estableció que “Es derecho de la familia contar con una vivienda decorosa”.

2. El inciso I del artículo 20 de la Constitución boliviana de 2007 establece que “Toda persona tiene derecho al (…) gas domiciliario (…).”

3. El artículo 52 de la Constitución colombiana de 1991 “(…) reconoce el derecho de todas las personas a la recreación (…)”.

4. El artículo 13 de la Constitución ecuatoriana de 2008 dice que “Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos”. Y,

5. El artículo 86 de la Constitución venezolana de 1999 dice que “Toda persona tiene derecho a la seguridad social como servicio público de carácter no lucrativo, que garantice la salud y asegure protección en contingencias de maternidad, paternidad, enfermedad, invalidez, enfermedades catastróficas, discapacidad, necesidades especiales, riesgos laborales, pérdida de empleo, desempleo, vejez, viudedad, orfandad, vivienda, cargas derivadas de la vida familiar y cualquier otra circunstancia de previsión social.”

En los últimos años, la inversión del concepto de Constitución ha continuado e incluso se ha agravado. El 2019, al cumplirse 60 años de gobierno comunista, Cuba promulgó una nueva Constitución. Esta se prodiga en un amplio programa de gobierno, lleno de definiciones y clasificaciones que pretenden traer el Cielo a la Tierra. Sin embargo, concretamente, declara, en su artículo 5, lo siguiente:

El Partido Comunista de Cuba, único, martiano, fidelista, marxista y leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, sustentado en su carácter democrático y la permanente vinculación con el pueblo, es la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado.

Así, pervierte ya no solo el concepto de derecho sino también el de partido. Los partidos políticos, como explica Giovanni Sartori, representan la idea de pluralismo, puesto que buscan articular y agregar las ideas e intereses de una parte de la sociedad. Puede haber democracias deficitarias, con un partido dominante o incluso hegemónico, pero no con un partido único. Este sería un oxímoron.

La nueva Constitución cubana, ciertamente, podría ser un manotazo de ahogado. El 11 de julio de 2021, miles de cubanos, salieron a las calles, en distintos lugares de la isla, a manifestar su insatisfacción con el régimen. Como señaló Julio César Guanche, ya no se podía negar la existencia de “clases sociales en Cuba”, la trabajadora y la parasitaria, enquistada en el gobierno.

Sin embargo, ello no es tan claro, ya que en Latinoamérica hay simultáneamente distintas tendencias. Poco antes del estallido cubano, el 18 de octubre de 2019, estalló también una fuerte protesta social en Chile, motivada por un aumento de las tarifas del metro. Habiendo este país despuntado como líder del crecimiento económico en los 30 años previos, resultaba difícil comprender su carácter iracundo.

Este debe tener varias explicaciones, pero la principal podría ser la sustitución, el 2018, del sistema electoral binominal por uno proporcional. Claramente, esto abrió las puertas del Congreso a tendencias extremistas. Instaladas en la arena política más relevante, impulsaron desde allí dicha protesta. Arrinconado por la violencia, en todo caso, Chile pareció no tener otra salida que la convocatoria a una Convención Constitucional.

El proyecto de Constitución chilena preparado por esta Convención exuda marxismo — o, al menos, progresismo— por todos sus poros. A manera de ejemplo, cabe mencionar las siguientes normas:

El Artículo 1.2 “Reconoce como [valor intrínseco e irrenunciable] la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza”.

• El Artículo 6.2 señala que “Todos los órganos colegiados del Estado, los autónomos constitucionales, los superiores y directivos de la Administración, así como los directorios de las empresas públicas y semipúblicas, deberán tener una composición paritaria que asegure que, al menos, el cincuenta por ciento de sus integrantes sean mujeres.
• El artículo 29 dice que “El estado reconoce la neurodiversidad y garantiza a las personas neurodivergentes su derecho a una vida autónoma (…)”.
• El Artículo 40 dice que “Toda persona tiene derecho a recibir una educación sexual integral, que promueva el disfrute pleno y libre de la sexualidad”. Y,
• El artículo 60 establece que “Toda persona tiene derecho al deporte”.

El disparate es de tal magnitud que incluso una publicación insospechable de conservadorismo como The Economist ha aconsejado a los chilenos rechazar la nueva Constitución, considerando que es solo una lista de deseos izquierdistas fiscalmente irresponsable. Pero no es solo ello. Yo agregaría que las incoherencias del proyecto —a nivel de sus objetivos— son evidentes.

El proyecto no restablece el sistema electoral binominal, que le permitió a Chile avanzar en la configuración de un sistema de partidos, con una alternancia ordenada de partidos en el poder. Al contrario, profundiza las reglas que llevaron a la fragmentación legislativa: el Congreso de Diputados se elegirá proporcionalmente, pero con paridad de género y escaños reservados para naciones indígenas.

La mayor fragmentación legislativa, además, se dará ahora en un “unicameralismo disfrazado de bicameralismo asimétrico”, como bien ha señalado el Instituto Libertad & Desarrollo. El Senado, en efecto, será sustituido por una Cámara de las Regiones que no tendrá funciones de cámara revisora. Propiamente, esta queda fuera de la estructura del Congreso.

Reticentemente, el proyecto mantiene al Tribunal Constitucional —rebautizándolo como Corte Constitucional, a la colombiana, y formalmente le da menos facultades. Empero, dada la amplitud y generalidad de los principios y derechos que reconoce, le da también un enorme poder, ya que, cuanto más numerosas y abstractas son las normas, mayor arbitrariedad pueden tener quienes están a cargo de interpretarlas y aplicarlas.

Si el proyecto de Constitución chilena llega a ser aprobado en referéndum el 4 de setiembre próximo, la incertidumbre institucional espantará a la inversión privada, motor del desarrollo. Como Cuba y Venezuela, Chile se hundirá en el atraso y la pobreza de los que tan notablemente empezaba a salir.

El proyecto de Constitución chilena contiene un hipermoralismo. Como anota Andrew Hartz en una reciente columna en The Wall Street Journal,

es seductor porque parece bueno y virtuoso. Pero en la práctica amortigua la espontaneidad, la alegría y la tranquilidad, y a menudo tiene matices de odio.

Como amigos y vecinos, los peruanos debemos recordárselo a los chilenos, y señalarles los casos de Cuba y Venezuela. Allí, Constituciones aparentes e hipermoralistas similares han servido de coartada para prolongar la permanencia en el poder de los comunistas. Sin embargo, si no los persuadimos, si cae Chile —digo, es un decir—, tomemos nota de qué pasos dieron en su camino al precipicio, y no los repitamos.

Muchas gracias.

Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Parece que los milagros ocurren. El lunes nos sorprendió la noticia de que la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada y la Policía Nacional del Perú habían realizado un megaoperativo, en las ciudades de Abancay y Cusco, contra la organización criminal “Los Chavelos”, integrada por los hermanos Jorge y Frank Chávez Sotelo -abogados de la comunidad de Huancuire-, y funcionarios del Poder Judicial de Abancay, quienes declaraban fundados, a cambio de dinero, los recursos legales que aquellos presentaban en contra del Estado y Las Bambas, pese a que se basaban en sustentos fraudulentos y contrarios a ley.

Después meses y años de inacción total de la policía y la fiscalía frente a las acciones de extorsión contra las minas, aparece de pronto un movimiento en la dirección de establecer el orden y la convivencia civilizada en el territorio. Por supuesto, hay reclamos justos y es lógico que las comunidades pugnen por una participación mayor en la renta minera, pero de allí a bloquear o invadir para exigir por la fuerza la aceptación de demandas ilegales o desmesuradas, tal como ha venido ocurriendo impunemente y hasta con el respaldo del ex ministro de energía y Minas Carlos Palacios y de funcionarios de la oficina de Gestión Social de ese ministerio, que eran operadores de Perú Libre, hay un trecho que estaba llevando a la inviabilidad de la actividad minera en el Perú.

Las Bambas necesitaba pasar ya desde el 2019, a explotar su segundo tajo, el de Chalcobamba, para mantener los niveles de producción y productividad.

Para eso le compró el terreno respectivo a la comunidad de Huancuire pagándole dos veces un total de S/ 222.4 millones en total (S/ 1.73 millones por comunero). Mientras tanto la consulta previa se demoró más de dos años porque la comunidad no quiso participar, y cuando finalmente el ministerio otorga la Autorización de Inicio de Actividades (AIA), los comuneros invaden el futuro tajo que habían vendido dos veces reclamando un nuevo pago (que sería el tercero) y la anulación del AIA. Todo esto guiados por los abogados expertos en extorsión.

Los abogados han sido intervenidos, pero los comuneros no abandonan el terreno. La ley no ha terminado de aplicarse.

Es obvio que la minería no es viable en ese tipo de condiciones. Ojalá entonces que esta acción fiscal no sea flor de un día y sea el punto de partida de un proceso que establezca progresivamente el imperio de la ley y una gobernanza que permita el desarrollo integral de las zonas mineras y de una relativa armonía entre la actividad minera y su entorno social.

Porque nada funciona bien en este ámbito.

En teoría la minería produce los recursos para el desarrollo de las zonas rurales y urbanas en las regiones donde ella se encuentra. Para eso están las regalías y el canon. Pero esos recursos, como sabemos, en manos de alcaldes y gobernadores regionales, se pierden en corrupción y en obras inconcusas o mal ejecutadas. Se requiere una reforma del canon de modo que sea ejecutado por una unidad gerencial que aplique un plan integral con participación de las comunidades. Y se necesita una suerte de vicepremier en las zonas mineras que coordine al Estado para asegurar que se ejecuten los proyectos, se brinden los servicios públicos y se atienda los reclamos antes de que estallen.

Por supuesto, las empresas mineras, mientras tanto, deberían involucrarse mucho más en el desarrollo de sus entornos, integrándose a ellos. Dialogar, desarrollar relaciones de confianza, construir conjuntamente el desarrollo.

Y también deberá encontrarse un arreglo que permita la convivencia y eventualmente complementariedad entre la minería artesanal y la gran o mediana minería formal. Este no es un asunto menor. Potencialmente puede ser explosivo, ahora que se ha formado la Confederación Nacional de Comunidades Indígenas Mineras que, por ejemplo, demanda la anulación de las concesiones dadas en terrenos comunales. La Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (CONFEMIN), por su parte, acudió ayer a Palacio demandando la derogación de los decretos legislativos vigentes y la anulación del REINFOI. Se requiere, efectivamente, una nueva ley, facilitadora. La normativa actual informaliza y criminaliza. La violencia que observamos cada vez más en esta actividad es la consecuencia de la ley de la selva. Es necesario encontrar un ordenamiento que permita su formalización dentro del respeto a estándares ambientales.

Parte del problema en Huancuire, arriba citado, son comuneros que hacen minería ilegal en ese tajo. Una solución allí serían contratos de servicios de algún tipo. Pero para eso la mina debe poder explotar el tajo.

En general, se requiere de una autoridad que ponga orden y busque acuerdos para, por ejemplo, fomentar contratos de explotación entre los concesionarios y los artesanales. Contratos con obligación de respetar estándares ambientales. Y, por supuesto, simplificar el proceso de formalización. Es algo que no se ha pensado suficientemente pero que requiere un contrato social en un país de inmensa riqueza minera y con comuneros propietarios de la tierra que quieren participar en su explotación. Lampadia

Fernando Rospigliosi
CONTROVERSIAS
Para Lampadia

Según una investigación del diario El Comercio, 1,403 candidatos a gobiernos regionales y municipales tienen sentencias (627 sentencias penales, 972 sentencias civiles, 196 sentencias penales y civiles). (Ariana Lira, ECData, 7/8/22).

Otros 89 tienen investigaciones o están procesados. Un candidato del partido de César Acuña en San Martín está en prisión preventiva por tráfico de drogas.

Obviamente esto es solo una muestra. Muchos otros no han sido investigados ni procesados todavía, por la ineficacia y corrupción del sistema judicial, Y muchos más, que no han tenido aun la oportunidad de acceder a cargos públicos, no han podido cometer todavía ninguna fechoría punible. Solo están esperando su oportunidad.

Según la Contraloría el año pasado hubo un perjuicio por la corrupción en el ámbito regional y municipal por más de trece mil doscientos millones de soles (S/. 13,200 millones), con Piura y Arequipa a la cabeza. (Jorge Falen, ECData, 7/8/22). Eso sin contar, por ejemplo, las obras innecesarias realizadas tanto por la incompetencia como por la corrupción.

En suma, los gobiernos regionales y municipales son un barril sin fondo, un hueco negro donde cada año se hunden miles de millones que van a engrosar las arcas de las nuevas oligarquías regionales que, fortalecidas con ese dinero, se perpetúan indefinidamente y, peor aún, han adquirido un poder nacional que las hace prácticamente invulnerables. (Ver: Nuevas oligarquías regionales Lampadia, 16/6/22).

El citado informe de ECData muestra que los “partidos” con más sentenciados son APP, Somos Perú, Perú Libre, Podemos, Juntos por el Perú. En realidad, difícilmente se puede calificar de partidos políticos a lo que son redes u organizaciones criminales dedicadas al saqueo de los recursos públicos y a proteger negocios privados de dudosa honestidad.

Un ejemplo de cómo funciona este entramado es el que denunció Panorama el domingo 7.

Trabajadores de la congresista de APP Rosío Torres, que preside la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales, se dedican a hacer campaña para su esposo Fernando Meléndez, que postula al gobierno regional de Loreto por APP. Meléndez fue gobernador regional entre 2015 y 2018 por el Movimiento de Integración Loretana y fue denunciado en varios casos de corrupción. En 2020 fue electo congresista por APP.

Su hermano, Jorge Meléndez, fue congresista en 2016 por Peruanos Por el Cambio (PPK), ministro en el Midis con Pedro Pablo Kuczynski y luego con Martín Vizcarra. Tuvo que renunciar en octubre de 2019 cuando se difundieron audios que lo vinculaban al tráfico ilegal de madera en Loreto, ilícito negocio en el que presuntamente participaba junto con su hermano, el actual candidato.

Un resumen de algunas andanzas de esta linda familia, según Wikipedia:

“En marzo de 2017 la fiscalía intervino la sede oficial del Gobierno Regional de Loreto en Iquitos por las constantes acusaciones de varios sectores internos del gobierno regional que acusaban un acto de corrupción durante una licitación de útiles escolares para el periodo 2017-2018 en las cuales Meléndez Celis y toda su junta de regidores supuestamente habían sido coimeados por una de las empresas competidoras para que recibieran la buena pro de la licitación.

En abril de 2017 el diario nacional El Comercio mostró que Meléndez Celis era investigado por el presunto delito de lavado de activos. La fuente del diario se basaba en un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), según el informe Meléndez movilizó grandes cantidades de dinero mal habido.

A finales de octubre de 2019, se destapó que durante la gestión de Meléndez, junto a su hermano Jorge Meléndez Celis formaban parte de una red de tala ilegal de madera en la provincia de Loreto. En el momento del escándalo, su hermano ocupaba el cargo de titular de Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, del cual tuvo que renunciar por las fuertes críticas.” (9/8/22).

La congresista Rosío Torres ha sido descubierta en falta porque sus trabajadores del Congreso eran usados ilegalmente en la campaña electoral de su esposo Fernando Meléndez. ¿Cómo evitará una sanción? Negociando con otros congresistas en su misma situación. Protección mutua. Y da la casualidad que ella preside la sub comisión que tiene a su cargo las acusaciones contra Pedro Castillo y Dina Boluarte, entre otros.

Este es solo uno de los muchos ejemplos de los intrincados entramados de corrupción que se han tejido en las últimas dos décadas y que han convertido el sistema político en una democracia fallida, que no puede arreglarse en su propio marco institucional.

¿O alguien cree que el Congreso, donde dominan los mismos “partidos” que albergan esa cantidad de indeseables que postulan en las próximas elecciones corregirá esas gravísimas lacras?

Se necesitan soluciones radicales. Lampadia

Fernando Rospigliosi
CONTROVERSIAS
Para Lampadia

El untuoso ministro del Interior fue al Congreso a responder por el secuestro de periodistas en Chota y terminó pidiendo, con todo desparpajo, facultades delegadas para legislar sobre seguridad ciudadana. Hacer eso sería como entregar a una gavilla de delincuentes -literalmente- la llave de la casa para que la desvalije. Pero en este Parlamento, donde con los votos y la activa participación de la oposición se ha aprobado una bárbara ley para armar a las rondas campesinas, cualquier cosa puede pasar.

Al anterior ministro lo censuraron a las pocas semanas de asumir el cargo por no capturar a los prófugos secuaces y parientes de Pedro Castillo. Al actual nadie lo presiona ni le exige lo mismo.

Se trata, al parecer, del “síndrome Mirtha Vásquez”. Algo similar ocurrió cuando designaron a la anti minera cajamarquina para reemplazar al impresentable Guido Bellido. Muchos medios de comunicación, sectores empresariales, analistas y, por supuesto, la mafia caviar, la saludaron como la gran esperanza de mejora del gobierno, a pesar de sus antecedentes.

Como era obvio, se trataba de expectativas infundadas. Ella se reveló como lo que siempre había sido, alentando a los vándalos que quemaron y destruyeron campamentos mineros y garantizándoles impunidad, mintió descaradamente cuando ofreció la relación de visitantes a la guarida de Sarratea. Y así hasta su salida, sin pena ni gloria de la PCM.

Aun así, tuvieron que pasar largos meses para que la legión de ilusos se desengañara. Cuando eso ocurrió, el daño ya estaba hecho y Castillo y su banda habían ganado tiempo para seguir cometiendo nuevas fechorías.

Ahora sucede algo similar con el ministro del Interior. Bastó para que, después de muchas horas en que había tratado de encubrir los hechos, pronunciara la palabra “secuestro”, para que muchos cándidos crean que es diferente a la caterva con la que comparte el gabinete ministerial.

En realidad, él, al igual que todo el gobierno, ha protegido a los perpetradores del secuestro, extorsión y robo. El delito se hizo público el miércoles 6, poco después de las 8 pm. La flagrancia, en la legislación actual, se extiende por 48 horas. El jueves 7 pudo haber enviado a la policía a detener a los delincuentes para ponerlos a disposición de las autoridades judiciales, sin más trámite. Tenía tiempo hasta el viernes a las 8 pm. No lo hizo. Ahora las cosas están en manos de la fiscalía de Cajamarca, que realizará sus engorrosos procedimientos más lentamente de lo acostumbrado. Los responsables van a quedar impunes, con toda seguridad.

En otro caso, “La Defensoría critica a Gonzáles por inacción”, por el secuestro y tortura de varias mujeres por parte de ronderos de Pataz. (Expreso”, 12/7/22).

Como bien ha advertido Mario Ghibellini, “Este gobierno y quienes lo encabezan no van a cambiar. No se van a volver buenitos de un día para el otro ni, conmovidos por las reacciones adversas a su manera de actuar, van a empezar a poner repentinamente funcionarios competentes y probos, allí donde hasta ahora solo han puesto a antiguos o futuros protagonistas de las páginas policiales. No lo van a hacer, sencillamente, porque eso va en contra de aquello que los impulsó a tentar el poder en primera instancia. Lo que nos lleva de regreso a la pregunta inicial: ¿qué podría haber llevado al “ministro del amor” a sumarse a esta gavilla impresentable? ¿Lo ha hecho acaso llevado por nobles sentimientos patrios? ¿De puro iluso, de puro corazón? (“El Comercio”, 9/7/22).

En suma, nada ha cambiado ni va a cambiar mientras Castillo permanezca en Palacio. Y no deberían darle, con ningún pretexto, facultades legislativas. Porque la lucha contra la inseguridad no es un problema de leyes sino de acciones. Y porque si tienen alguna propuesta, que la envíen al Congreso para que allí sea evaluada.

Otrosí digo. La semana pasada publiqué aquí un artículo sobre el patrimonialismo de Castillo y su familia, que no diferencian entre bienes públicos y privados. Ahora el ministro de Defensa ha mostrado que él tampoco puede establecer esa distinción y se fue de fin de semana con sus hijas en un avión de la Marina. No tienen remedio. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

¿La ronda campesina del caserío de La Palma en la provincia de Chota, cometió el delito de secuestro al detener durante 5 horas a periodistas de Cuarto Poder? La ex Premier Mirtha Vásquez ha declarado que “las rondas no cometen secuestro” porque tienen facultades jurisdiccionales y pueden “retener” personas.

Pero una cosa es retener o detener a un comunero por alguna falta o delito que haya cometido contra otro, administrando justicia comunal, y otra cosa es detener a personas ajenas a la comunidad para impedir que se conozca información de interés público que puede involucrar delitos cometidos por familiares del presidente de La república. Eso está completamente fuera de las facultades jurisdiccionales de las rondas campesinas.

El artículo 149 de la Constitución establece que:

Las autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas, con el apoyo de las Rondas Campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona.

Lo que hace la Constitución es recoger una realidad: que, de hecho, las comunidades y las rondas campesinas ejercen desde siempre formas de justicia penal que incluyen “…ordenar la detención de una persona que presumiblemente haya cometido una conducta considerada delictiva al interior de la comunidad o centro poblado, ejercer la fuerza coercitiva necesaria para que se encuentren presentes durante su juzgamiento, evaluar la responsabilidad de los acusados, determinar la consecuencia correspondiente de acuerdo a las reglas (escritas u orales) de la comunidad y ejecutar la sanción señalada. En estas y otras prácticas de la justicia comunal pueden encontrarse los elementos básicos de un debido proceso, pues el procesado es conducido ante la Asamblea Comunal, predeterminada conforme a las normas comunales y es ésta la que adopta una decisión, motivada, tras un contradictorio en el que se escucha a los acusados tanto como a los agraviados, así como a los testigos. De encontrarse responsable al acusado, la decisión, cuya ejecución es garantizada por la propia comunidad, suele tener un carácter reparador de las víctimas y resocializador, de integración a la comunidad, además de buscarse la prevención general”.[1]

La justicia comunal para resolver conflictos internos o castigar faltas o delitos entre miembros de la comunidad, tiene la ventaja de que no es formalista como la justicia regular, sino rápida y eficaz. Pero ocurren situaciones que involucran eventualmente a bandas de personas de la comunidad o de fuera de la comunidad que cometen delitos relativamente mayores, tales como abigeato o asalto en los caminos. En esos casos las rondas suelen entregar a los delincuentes a las autoridades policiales o judiciales. El problema es que, con mucha frecuencia, el sistema judicial los libera de manera casi inmediata, generando frustración en las comunidades y provocando la decisión de aplicar sanciones propias:

“Debido a ese tipo de experiencias, existe una presión social por el recurso a la institucionalidad comunal para la sanción de diversos delitos. Aunque las modalidades de sanción varían en cada lugar, la tendencia nacional es preferir la prestación de servicios comunitarios y la “cadena ronderil”, que consiste en hacer rondar a los condenados por los caseríos donde cometen sus crímenes…, al mismo tiempo que se permite su reconocimiento por los pobladores. Este reconocimiento es especialmente importante en los delitos contra la libertad o la indemnidad sexual, en los que existiría una percepción de extrema inefectividad del sistema penal común para sancionarlos”[2]

Existen, pues áreas de intersección entre la justicia comunal y el sistema de justicia nacional que no están bien reguladas, y un problema serio de ineficacia de la justicia regular que provoca respuestas comunales propias. Es posible que la oralización en marcha de la justicia penal y civil y la directiva de instaurar los procesos inmediatos o en flagrancia ayuden a proporcionarle más eficacia a la justicia ordinaria de cara a la comunal. Por lo demás, tampoco se ha avanzado con lo que dispone la última parte del artículo 149º de la Constitución: “La ley establece las formas de coordinación de dicha jurisdicción especial con los Juzgados de Paz y con las demás instancias del Poder Judicial”. Esa ley, que podría ayudar a delimitar ámbitos y mejorar las relaciones, no se ha dado.

Pero lo que queda claro es que la jurisdicción comunal de ninguna manera autoriza a detener a periodistas que investigan un posible delito cometido por familiares del presidente de la República. En este caso, por lo tanto, la ronda está sencillamente infringiendo la disposición constitucional que autoriza las funciones jurisdiccionales ejercidas de acuerdo con el derecho consuetudinario, “siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona”. La ronda violó los derechos fundamentales a la libertad personal y a la libre expresión. El problema es que privar a una persona de su libertad configura el delito de secuestro, un delito muy grave. Dice el Artículo 152º del Código Penal:

Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de veinte ni mayor de treinta años el que, sin derecho, motivo ni facultad justificada, priva a otro de su libertad personal, cualquiera sea el móvil, el propósito, la modalidad o circunstancia o tiempo que el agraviado sufra la privación o restricción de su libertad.

Calza exactamente con los hechos. Hubo, además, extorsión, porque se obligó a los periodistas a leer y difundir por medio de América TV, en vivo, una rectificación y una disculpa.

Si bien las rondas campesinas cumplen una función jurisdiccional y de seguridad ciudadana necesaria en sus territorios, también cometen excesos.

En algunos casos se han convertido en cuerpos de seguridad del narcotráfico, precisamente en algunas zonas de Cajamarca y la sierra de Piura, por ejemplo. Es un tema que debe analizarse con cuidado a fin de aprobar las regulaciones necesarias que permitan prevenir la perversión de estas instituciones. Lampadia

Fausto Salinas Lovón
Para Lampadia

Son peligrosos, errados e inoportunos los mensajes que envía la Junta Nacional de Justicia al destituir nuevamente al ya destituido magistrado Luis Arce Córdova por el hecho de haber “declinado al JNE” cuando este, de la mano de Jorge Luis Salas Arenas, se negaba a revisar los votos ante los pedidos de nulidad formulados en la elección de junio del 2021 y echaba al tacho de basura nuestro derecho a la “autenticidad electoral”. Ver en Lampadia: Las elecciones en los tribunales (17.06.2021).

Son peligrosos, porque la JNJ, avala de este modo un resultado electoral que cada vez está más cuestionado y cuyas manchas, salpicarían inevitablemente a toda la JNJ. Lo son aún más cuando señala que la denuncia de Arce Córdova de “colusión política de ciertas instituciones”, que son expresiones de la libertad de opinión en cualquier parte del mundo, constituyen causas “graves de destitución”.

Son errados porque la irrenunciabilidad de ciertos cargos prevista en leyes y en la propia Constitución ya ha sido puesta en tela de juicio por Javier Valle Riestra y Marco Tulio Falconí con sus renuncias al Congreso en ejercicio de la amplitud de sus libertades políticas y por Ricardo Beaumont con su renuncia al Tribunal Constitucional, en este caso santificada por una decisión judicial que determinó que su vacancia fue inconstitucional (dictada pese a que él había renunciado) y el TC decidió por mayoría de votos no cuestionar dicha decisión favorable al renunciante y acatar la sentencia.

Son inoportunos porque se dan en el contexto en el cual las Salas de Derecho Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima están por resolver las apelaciones interpuestas contra las resoluciones que han declarado la IMPROCEDENCIA de las ACCIONES DE Amparo presentadas contra el proceso electoral 2021 en primera y segunda vuelta. La JNJ, la que destituye a los jueces superiores, está enviando un inoportuno mensaje a los jueces acerca de las consecuencias de amparar acciones legales incoadas contra un proceso electoral que esta misma Junta está santificando por la forma y los conceptos contenidos en la destitución de Arce Córdova.

La JNJ ha cruzado de este modo, de manera inevitable, la línea divisoria entre lo opinable y lo parcial y se ha puesto, lejos de lo que le corresponde, del lado equivocado.

Arce Córdova debería llevar su caso al TC y forzar de esta manera una decisión que zanje de una vez por todas estos conflictos. La reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional y las reiteradas sentencias dictadas por el doctor César Landa, ahora Canciller de Perú Libre, le puede servir de apoyo para sustentar de que forma la justicia constitucional es prevalente sobre la justicia electoral y que “no existen espacios de la vida pública exentos del control constitucional”. Lampadia

Jaime Spak
Para Lampadia

El cinismo consiste en ver las cosas como quieres que sean y no como realmente son.

Desde hace 10 meses estoy tratando de entender este surrealista gobierno y me resulta sumamente difícil poder adjetivar o al menos ver por dónde va la cosa.

Mi primera conclusión es que no se trata de un gobierno comunista, sino de un gobierno oportunista a la deriva.

Haber cambiado a mas de 50 ministros en 10 meses es una clara muestra de improvisación.

Un presidente que ha demostrado una ignorancia supina en asuntos de gobernanza nos conduce a inferir que estamos ante un gobierno incompetente y cínico.

El presidente no habla con la prensa porque en realidad no tiene la menor capacidad de poder entender las preguntas, ni de poder responder sin anteponer la palabra pueblo en cada oración.

Esta semana que paso estuvo en la cumbre de las Américas y en una pequeña alocución que hizo ante los miembros de prensa pronuncio 37 veces la palabra pueblo.

Pedro Castillo cree que el pueblo esta con el y no sabe que casi el 75% está en directo desacuerdo con él.

Con un cinismo total sale a los medios extranjeros a decir lo contrario.

Pero el máximo cinismo se refleja en no haber dicho una palabra sobre sus dos sobrinos, su ex secretario de palacio y su cómplice ex ministro de transporte.

Para Castillo y su abogado el delito es personal, entonces yo me pregunto, ¿si este gobierno es un desastre y nos esta llevando al abismo, la responsabilidad de cada congresista no debería de ser personal y no grupal?

Al margen de cada una de las 11 bancadas, se debería de preguntar a cada uno de los congresistas, que justifique por qué no votaría por la vacancia de Castillo sabiendo que este gobierno nos está llevando a la deriva.

Cada congresista es responsable personal por su voto y si no saben distinguir entre el bien y el mal, entonces serán responsables cada uno del desastre si este gobierno no enmienda.

Para seguir con el cinismo, los que defienden a Castillo, argumentaran que lo desean vacar “por qué no lo dejan gobernar”, “porque es un humilde profesor de provincias y le hacen la vida imposible” “la derecha es la culpable” “no toleran que un campesino este sentado en el sillón de Pizarro”.

Entonces el pueblo debería de preguntarles a cada congresista que justifica la resistencia a vacar a Castillo y que piensan del futuro del país.

Seguramente en un exceso de cinismo dirán: “con una nueva constitución se arregla todo “.

Me gustaría reunirme con Castillo y hacerle algunas preguntas puntuales:

¿Por qué piensa que Saga es un monopolio?

¿Por qué le dedico al hermano Santiago una felicitación cuando le habían mencionado a Santiago de Chile y no Santiago Pérez?

¿Al final qué paso con el pollo y el niño?

¿Sigue pensando que la prensa es un chiste?

¿Sigue pensando que las garantías a la inversión extranjera las dará la policía?

¿Cerrón sigue siendo portero?

¿Dónde están Bruno, Fray y Juancito Silva?

Siendo usted docente ¿por qué cree que California y Los Ángeles son países?

¿Los tamales que comía en Sarratea eran de tan buena calidad que para no compartirlo con nadie se camuflaba cambiando de sombrero y yendo a comer esta delicia a las 11 de la noche?

¿Sigue pensando que usted ira a donde le citen así sea la punta del cerro, porque su abogado está desesperado para que anulen la investigación?

¿Sigue pensando que solo los ociosos se morirán de hambre por falta de alimentos?

¿Usted es el jefe de la Chota Nostra?

¿Me podría indicar cuando y donde hizo su tesis y quien lo ayudo y si copio de alguna tesis de colegas suyos?

¿Sigue pensando que su gobierno no es ni comunista ni capitalista, sino todo lo contrario?

¿Qué fue de su proyecto de convertir el palacio de gobierno en un museo?

¿Como así ingreso Karelim a festejar en palacio el cumpleaños de su hija, sin que usted este enterado?

¿Sigue pensando que la pandemia no es un problema sanitario sino un problema histórico (sic)?

¿Qué cantidad de corruptos por exportar cree usted que hay en la actualidad, sin contarlo a usted y sus colaboradores?

¿Sigue pensando que la guerra es entre Rusia y Croacia?

Pero en el colmo del cinismo le preguntaría, dígame señor presidente acá le muestro este video donde se aprecia a usted disparar a esta persona que cayo herida.

Me imagino que su respuesta sería: esta persona cayo herida por una bala que doblo la esquina. PLOP¡!!! Lampadia

Fausto Salinas Lovón
Para Lampadia

En el preámbulo de esta tragedia nacional hay varios cuentos caviares que explican lo que estamos viendo. Uno de ellos es la cacareada “Reforma Judicial”. Ese cuento explica cómo hoy todas las criaturas de la izquierda, Castillo y Cerrón a la cabeza, Bruno Pacheco, Pinturita, los sobrinos y Silva, evaden la justicia. Gracias a ese cuento, no deberá extrañarnos que, tal como señalan bien las redes sociales, podemos llegar a un escenario en el cual no pase nada así veamos a Castillo recibiendo coimas en vivo y directo por cadena nacional.

La Reforma Judicial fue uno de los cuentos más rentables que los caviares inventaron para sostener a Vizcarra y apartarlo de la alianza obvia que debió hacer para ser leal al sentido del voto recibido el 2016.  Este cuento, inventado luego de que se revelaran los audios de los jueces corruptos del Callao y la Corte Suprema, convirtió a Vizcarra y a su entorno caviar en falsos adalides contra la corrupción, le permitió a él pasar a ocupar toda la iniciativa política y la media, le hizo posible desarmar el Consejo Nacional de Justicia y determinar su nueva composición, le permitió que sus aliados en la fiscalía persigan a sus enemigos políticos, le permite hasta hoy evadir la justicia y, sobre todo, le permitió que nada cambie en el Poder Judicial y que el statu quo del cual se benefician algunos magistrados, muchos abogados, políticos, lobistas y litigantes, se mantenga tal y como estaba, sin cambios relevantes.

El pueblo, ignorante de los avatares judiciales (junto con varios respetables juristas e instituciones), aplaudió las medidas. En el primer caso por candidez e ignorancia, en el segundo, por obvios intereses en consultorías, designaciones, nombramientos y honores.

La Reforma Judicial hizo ruido, pero no consiguió nada relevante:

• Cambiar el CNM por la JNJ no es ni meritorio, ni relevante, ni mucho menos suficiente si jueces y fiscales corruptos tardan años en ser separados del cargo o nunca lo serán.
• La Reforma Judicial no sirve si en la Corte Suprema siguen las cosas como estaban y decenas de miles de casos duermen y la Fiscalía de la Nación no investiga a quienes debe investigar.
• La Reforma Judicial no sirve si los Órganos de Control de la Magistratura sólo sancionan lo obvio y dejan pasar, bajo el mantra del “criterio jurisdiccional”, las inconductas más rentables.
• La Reforma Judicial no sirve si las fiscalías evaden su responsabilidad de perseguir el delito dejando que venza el tiempo de la investigación sin actuar nada y disimulando su mala actuación con acusaciones sin sentido en casos mediáticos.
• La Reforma Judicial no sirve si la justicia anticorrupción tiene hemiplejia y sólo persigue a un lado de la política y la delincuencia nacional.
• Tampoco sirve si en Lima, la Corte más lenta del país, la admisión de una demanda demora más de 3 meses, los procesos no contenciosos tardan años o las apelaciones se elevan a ruego y después de meses.
• La Reforma Judicial tampoco sirve si las libertades provisionales, las prisiones preventivas, las variaciones de mandatos de detención siguen siendo negocios libres de algunos jueces.
• La Reforma Judicial no sirve si no se cortan los vasos que comunican a la justicia con la defensa, la política, el poder mediático o el poder económico.
• La Reforma Judicial no sirve si la “familia judicial” litiga o si esta tiene asientos en la acusación, el juzgamiento y la defensa.

La designación en curso de nuevos Jueces Supremos y el desempeño que tengan los dos nuevos Fiscales Supremos designados por la JNJ permitirá corroborar este lamentable diagnóstico o mostrarnos que no todo está tan mal como parece.

Si la corrección política de los elegidos, su adscripción a los credos jurisdiccionales en boga o sus diplomas de papel pesan, es probable que nada cambie.

Si en cambio, se evalúa la performance económica de los postulantes, si se revisa su desempeño jurisdiccional o profesional y el manejo de los despachos y cargas procesales, si se revisa su criterio en casos críticos, si se pondera su autonomía frente al poder político, económico, social o mediático, tal vez tengamos nuevos aires y mejores vientos en la Justicia.

Sin embargo, esto será solamente el principio. La verdadera mejora del sistema de justicia requiere, entre muchas otras reformas técnicas, lo siguiente:

• Que el procesamiento de jueces y fiscales corruptos sea justo pero sumario y ejemplificador, tanto en las Oficinas de Control como en la JNJ.
• Celeridad en la resolución de casos, desbrozando la carga judicial de la maleza recursiva en la Corte Suprema que no busca unificación de criterios o el establecimiento de jurisprudencia, sino dilatar la ejecución.
• Exigiendo desde el Congreso a la Fiscalía de la Nación resultados concretos en la persecución del delito, sobre todo del gran delito, del delito que se esconde en las ánforas, en los votos y en el sistema político.
• Modificando las leyes del Poder Judicial para que los “criterios jurisdiccionales” interesados o contaminados no sean el refugio de la inconducta.
• Modificando las leyes del Poder Judicial y del Ministerio Público para que la “familia judicial” no tenga vasos comunicantes y ventajas.
• Estableciendo indicadores de desempeño fiscal, según los cuales las investigaciones concluidas por vencimiento del plazo o las investigaciones que no tienen acusación en plazos razonables o que no cuentan con acusación sean demérito, causal de cese o impedimento de ascenso.
• Desalentando la litigiosidad inconducente con el incremento de las tasas judiciales en los casos comerciales y civiles, de manera que el litigio sea la última ratio para las partes y no una secuela más del conflicto o una moneda de cambio entre las partes.
• Extrayendo de manera definitiva del ámbito judicial los temas de menor relevancia como los divorcios, las sucesiones intestadas, los inventarios, entre otros, sin permitir su re encauzamiento judicial por oposiciones, observaciones o similares.
• Reformar las normas procesales para que las condenas de costos y costas sean disuasivas, de forma tal que se frene la litigiosidad inconducente.
• Sancionar a los funcionarios públicos o privados que desacatan mandatos judiciales de manera deliberada, particularmente los mandatos judiciales reiterativos y dictados en casos análogos, que solo abarrotan de causas los juzgados y tribunales, impidiendo que los jueces se ocupen de los temas relevantes y que necesitan pronunciamiento judicial.

La Reforma Judicial ha sido un cuento caviar.  Hablemos más bien de LA MEJORA DEL SISTEMA DE JUSTICIA. Convirtamos a esta en una necesidad nacional. Nunca se debió permitir que sea una necesidad política o un cuento caviar.

Para lograr mejoras en el sistema de justicia y conservar lo que está bien, funciona y resuelve conflictos apropiadamente, empoderar a los buenos jueces y fiscales, separar el trigo de la paja y cambiar lo que está mal y no debe continuar, no debemos dejar que este tema siga siendo un cuento de políticos. Si no lo hacemos, aparecerá otro cuentista para decirnos lo que debemos hacer. Lampadia