Jaime de Althaus
Para Lampadia 

El caso de Ricardo Briceño, ex presidente de la CONFIEP, acusado por José Domingo Pérez de haber de haber cometido fraude contra la propia CONFIEP al haber desviado a la campaña de Keiko Fujimori dos millones de soles donados por empresas para una campaña en defensa de la inversión, es increíble. Al punto que ha tenido que interponer un hábeas Corpus, según ha revelado su abogado, el constitucionalista Luciano López.

De acuerdo con lo explicado en el programa Punto Final, el tema es delirante.

Según la acusación fiscal, Briceño (que ya ni siquiera era presidente de CONFIEP, porque su periodo había terminado) convocó a una reunión a varios empresarios para que donaran un aporte a una campaña comunicacional en defensa de la inversión. Las donaciones se produjeron y acto seguido -según el fiscal- Briceño destinó ese dinero no a la campaña mencionada sino al financiamiento de la campaña electoral de Keiko Fujimori, para lo cual falsificó los balances y estados financieros del gremio omitiendo que la finalidad de esos ingresos era solventar la campaña política de dicha candidata. ¡Como si la campaña de defensa de la inversión no hubiera existido! Todo el mundo vio la campaña por televisión y allí están las facturas.

Es decir, Briceño, según esta fabulación, habría engañado y cometido fraude contra la propia CONFIEP. Por supuesto, la CONFIEP desmintió en un comunicado que haya sido agraviada por su expresidente. Incluso aclaró que Briceño ni siquiera manejó esos fondos. Y que estos se destinaron, efectivamente, como todo el mundo sabe, a la campaña televisiva por la inversión.

Y, naturalmente, la fiscal María León Pizarro, de la segunda Fiscalía Corporativa de la Victoria, a la que el propio José Domingo Pérez le había encargado que investigara y fundamentara esta acusación, archivó el caso declarando que no procede formalizar la investigación preparatoria contra Ricardo Briceño porque no se encontró evidencia alguna de fraude contra la persona jurídica mencionada.  

Pese a que el caso ya había sido archivado por la propia fiscal a quien él encargó el tema, José Domingo Pérez insistió en la acusación y el juez Zúñiga no archivó el caso.

Por eso, explicó Feliciano López, Briceño ha interpuesto un hábeas Corpus, porque acá se está violando el principio de la cosa decidida y el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales. Por tanto, se viola su derecho a la libertad personal porque se le lleva indebidamente a un juicio cuestionando su inocencia con una absurda acusación.

Lo que hay acá es un abuso, una voluntad ofuscada de acusar a como dé lugar, no solo inventando hipótesis delictivas que solo pueden provenir de una intención persecutoria irrefrenable que busca obsesivamente su propósito sin mirar los hechos, sino pasando por alto la resolución de una fiscal que, por supuesto, no encontró nada delictivo.

En realidad, la principal imputación del fiscal a Briceño es, cuando no, lavado de activos, que es la figura que usó, también de manera forzada e impropia, para otorgarle carácter delictivo a las donaciones de campaña a Keiko Fujimori y a Ollanta Humala, entre otros. Las donaciones de campaña no eran delito, y como se trataba de criminalizar a los políticos y a sus partidos, sobre todo si eran de oposición al régimen de entonces, se usó indebidamente la figura del lavado de activos. La consecuencia fue la destrucción de parte importante de la clase política.

Y la destrucción de las personas. En este caso, como no tenía cómo convertir en lavado de activos la actuación -por demás inexistente- de Briceño en este asunto, se le ocurrió la fantasía del fraude a la persona jurídica como delito fuente. Pero esto fue archivado por la fiscal León Pizarro. Pese a ello, sigue acusando a Briceño de lavado de activos. A una persona que ni siquiera era ya presidente de CONFIEP, que no pidió ni manejó los fondos, los cuales se usaron efectiva y probadamente en una campaña de comunicación en defensa de la inversión, y no para financiar la campaña política de Keiko Fujimori.

Hay 54 imputados o acusados en el caso cócteles. ¿En cuántos de ellos se habrá inventado historias imaginarias como esta para mantener a los imputados con la espada de Damocles por algo que ni siquiera fue delito? Es hora de detener estos abusos. Lampadia

Entrevista a Franco Olcese
Perú21, 6 de Abril del 2023
Por: Mayra Calderón Cornejo

Perú21TV conversó con el investigador de Wiñaq, Franco Olcese sobre la situación política de ‘Los Niños’, la Comisión Permanente solo dio luz verde a la denuncia constitucional contra los congresistas Vergara, Doroteo, Flores y Espinoza.

Franco Olcese, investigador del Centro Wiñaq, asegura que las bancadas de centro y derecha en el Congreso deben crear un precedente en el caso ‘Los Niños’ para que la historia no vuelva a repetirse.

¿Qué lectura le da a lo que viene ocurriendo con ‘Los Niños’?
La Subcomisión acusa a cuatro de los seis congresistas sindicados como tal, pero todavía queda el espacio como para tener una penalización política. Creo que no deberíamos quedarnos en esta primera parte sino esperar a cuál será el resultado final. Lo que sí es importante, es que este tipo de acciones quede como antecedente, aunque sea como una penalización política.

A veces la penalización política no es suficiente.
En general hay un acuerdo con las bancadas que eran del oficialismo, porque ellas también podrían estar involucradas con algunas de estas acusaciones. La pregunta es si los espacios de centro y principalmente el sector de la derecha, van a querer usar este caso como un caso emblemático para penalizar este tipo de arreglos bajo la mesa, como se hizo con PPK, inclusive Fujimori y los vladivideos, por el esfuerzo de comprar congresistas. La pregunta es si la mayoría en el Congreso, el centro y la derecha van a jugar también este papel.

¿Deberían ser suspendidos como Betssy Chávez?
La comparación con Betssy Chávez es un poco difícil en el sentido que su caso tiene una carga probatoria muchísimo más sólida y el evento en el que estuvo involucrada –el golpe de Estado de Castillo– fue televisado, lo que se añade a un hecho mayúsculo.

¿Entonces?
Sería importante no olvidar que Pedro Castillo no es una víctima y eso es algo que tal vez el sector de la derecha y centro han estado olvidando; tomando en cuenta que Castillo ya dejó de ser un riesgo para ellos. Creo que el símbolo de Castillo sí puede ser importante en el futuro y para eso es vital que la memoria histórica recuerde que no era una víctima, que sí estaba articulando con el Congreso. Una medida disciplinaria fuerte serviría para que la gente no se olvide de lo que hizo Castillo. Penalizarlos es penalizar a Castillo. Incluso, Acción Popular tiene que pagar como partido un costo político. Debe darse una penalización también de la bancada, porque los involucrados siguen siendo imagen de Acción Popular.

Por: Federico Salazar
El Comercio, 2 de Abril del 2023

“Castillo no solo cooptó el poder, sino que lo lotizó y subastó. Vendió posiciones en la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y algunos ministerios”.

El plan de Pedro Castillo fue, desde un inicio, dar un golpe de Estado. Quiso pasar por inocente y se disfrazó de campesino, incluido un sombrero que luego abandonó.

“Rechazo rotundamente que vamos a traer modelos de otros países. No somos chavistas, no somos comunistas, no somos extremistas, menos somos terroristas”. Esto declaró Castillo, luego de su proclamación, en julio del 2021.

La mentira flagrante es una de las marcas distintivas del poder absoluto.

No era extremista, pero buscó a los extremistas; no era comunista, pero entregó ministerios y prefecturas al partido oficialista –Perú Libre–, marxista por autodefinición.

Castillo no era chavista, pero quiso hacer la trampa de Hugo Chávez. Esa estrategia es la de obtener el poder dictatorial por la vía democrática inicial. No era extremista, pero entregó el país a los violentos extremos.

Castillo no solo cooptó el poder, sino que lo lotizó y subastó. Vendió posiciones en la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y algunos ministerios.

Geiner Alvarado, exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ha sido detenido hace pocos días. Se le investiga por licitaciones arregladas. Incluso, habría pagado mensualmente una suma de dinero a Pedro Castillo para mantenerse en el puesto.

Desarrollar ese sistema de ratería requería de oscuridad. Había que silenciar o desprestigiar a la prensa, a la fiscal de la Nación y al Congreso.

En el Congreso, aparentemente, hubo compra de conciencias. La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, al parecer, fue objetivo de actos preparatorios para un asesinato por sicariato. La prensa fue acusada de “basura”, “mermelera” y “sicaria”.

“Se ha creado ciertos temores cuando hemos asumido este mandato, diciendo cosas como que somos un gobierno que llamaremos a una asamblea nacional constituyente para enquistarnos en el poder o para implementar un modelo comunista, un modelo chavista, un modelo distinto. Es totalmente falso, totalmente errado. Eso hay que sacarse de la cabeza”.

Esto declaraba Pedro Castillo en marzo del 2022. A fines de abril, presentaba un proyecto de ley al Congreso para abrir un camino hacia la asamblea constituyente.

¿Y para qué hubiera querido esa asamblea? ¡Pues para ampliar el sistema de ratería!

La asamblea constituyente no hubiera cambiado nada que no pudiera cambiar cualquier gobierno. Hubiera servido, en cambio, para crear falsas representaciones, quebrar el Estado de derecho y enquistar en el poder al campesino que se quitó el sombrero.

Jorge Hernández Fernández, alias ‘El Español’, enfrenta a la justicia por eso. Algunas de sus conversaciones de WhatsApp revelan los planes de inteligencia ilegal y de espionaje político que tenía Castillo.

La constituyente y las oficinas de chuponeo ilegal no son cosas separadas. Van amarradas. La inteligencia criminal busca eliminar adversarios para ganar elecciones. Con ese poder delincuencial se conquista el poder político.

La asamblea constituyente, por su lado, sería como la cizalla para romper el orden legal. Se rompe el orden legal para evitar el balance de poderes y el control político, la investigación fiscal y la indagación periodística.

El trabajo del Ministerio Público nos permitirá revelar el proyecto político completo.

La investigación fiscal debe continuar y el país debe tener alguna estabilidad. No solo para restablecerse, también para aprender de aquello que se hizo a sí mismo. Y no me refiero a la segunda vuelta, sino a la primera.

Aprendamos a ver bajo el sombrero.

Uri Landman
Para Lampadia

El peor atentado terrorista en la historia de Argentina, se produjo durante el gobierno de Carlos Menem, el 18 de Julio de 1994 en contra de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires. En dicha ocasión el grupo terrorista libanés Hezbolá colocó un coche bomba en la sede de la AMIA cuya explosión causó la muerte de 85 personas e hirió a otras 300 más.

Durante la presidencia de Néstor Kirchner y después de doce años de investigaciones, el fiscal de la causa, basado en informes de inteligencia argentinos, estadounidenses e israelíes acusó formalmente al gobierno de Irán de aquel entonces, de haber planificado el atentado y al grupo terrorista Hezbolá de haberlo ejecutado. Según la investigación, Argentina fue elegida como blanco del ataque tras la decisión del gobierno argentino de suspender la transferencia de tecnología nuclear a Irán.

En el año 2006, el fiscal Alberto Nisman, aseguró tener nuevas pruebas sobre los que perpetraron el atentado. El juez de la causa, Rodolfo Canicoba Corral, volvió a ordenar la captura internacional de siete funcionarios iraníes y un miembro operativo libanés del Hezbolá acusados por la fiscalía.

Desde entonces, los gobiernos argentinos han requerido a Irán, sin éxito, la extradición de sus ciudadanos para que puedan ser juzgados por un tribunal argentino.

En el año 2013, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, el Congreso Argentino ratificó un memorándum de entendimiento Argentina-Irán, con el supuesto fin de destrabar las investigaciones, estableciendo un mecanismo para que la justicia argentina pueda tomar la declaración indagatoria de los iraníes acusados. Sin embargo, en enero del año 2015, el fiscal Nisman presentó una denuncia contra la presidenta Cristina Kirchner, el ex canciller Héctor Timerman y otros funcionarios, por considerar que el Memorándum de Entendimiento era parte de un plan para encubrir a los acusados.

El lunes 18 de enero del año 2015, horas antes de presentarse en el congreso argentino, para informar a los parlamentarios sobre la denuncia interpuesta contra la presidenta el miércoles anterior y poco antes de iniciarse el juicio por encubrimiento, Nisman fue encontrado muerto por un disparo en la cabeza en el baño de su departamento de Buenos Aires.

En el año 2018, la Cámara Criminal y Correccional Federal, afirmó que se trató de un asesinato, sin elevar la causa a juicio y que el móvil del asesinato fue por denunciar a la presidenta Cristina Kirchner. La muerte de Nisman, cuya investigación no ha concluido hasta la fecha, se ha visto envuelta en una serie de marchas y contramarchas. En el 2017 la investigación consideró que a primera vista, Diego Largomasino, el subordinado de Nisman quien le facilitó el arma con la que supuestamente se suicidó el fiscal, tenía responsabilidad en la muerte de Nisman y ordenó su procesamiento.

Como vemos, el trabajo de un fiscal puede ser tan peligroso que hasta le puede costar la vida, como en el caso de Nisman, que se enfrentó a la presidenta de Argentina.

En nuestro país, también tenemos el caso de un fiscal que ha puesto en juego, no solamente su carrera, sino su vida en la lucha contra el crimen organizado.  Por supuesto que no nos referimos a José Domingo Pérez, del equipo especial Lava Jato, nos referimos a la valiente Fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

La fiscal Benavides ha demostrado con sus actos, la determinación de investigar y procesar a los altos funcionarios del gobierno del delincuente Castillo, que están involucrados en actos de corrupción. No en vano se ha ganado la enemistad de caviares y rojos, que han visto en peligro sus negociados y puestos de trabajo.

Los que hoy en día critican duramente a la fiscal Benavides por supuestas faltas, bien calladitos estaban cuando la ex Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, no investigaba y no acusaba a Martín Vizcarra ante la lluvia de denuncias por obstrucción a la justicia, tráfico de influencias y corrupción cuando era presidente. ¿Qué hizo la fiscal Ávalos ante tanta evidencia en contra de Vizcarra? La respuesta es: nada.

Desde esta columna preguntamos ¿qué hizo el desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura con respecto a Ávalos cuando ella no quiso investigar a Vizcarra por los múltiples casos de corrupción? La respuesta es: nada.

En estos tiempos que la fiscal Benavides investiga de manera implacable los infinitos casos de corrupción durante el gobierno de Castillo ¿saben qué hace la Junta Nacional de Justicia? Le abren investigación a la fiscal Benavides por los “cuestionados” movimientos que dispuso en el equipo especial Cuellos Blancos.

El ataque a la fiscal Benavides no solamente se da en el ámbito legal, sino que también viene del político.  ¿Recuerdan cuando la ex congresista Betssy Chávez llamaba a la fiscal Benavides, Blanca Nélida Colán versión 2, ¿en una clara alusión a la ex fiscal de la nación Blanca Nélida que trabajó en complicidad con Vladimiro Montesinos? ¿Qué dirá ahora Bettsy Chávez que ha sido acusada por el congreso de participar en el golpe de estado de Castillo?

Susel Paredes es otra de las congresistas que se ha dedicado a atacar a la fiscal Benavides en lugar de apoyar su trabajo contra la corrupción. ¿Será que Susel Paredes tiene algo que ocultar? ¿Qué ha hecho Susel Paredes para luchar contra la corrupción?

Recordando una frase de Robert Kennedy, Fiscal General de Estados Unidos, “Solo aquellos que se atreven a tener grandes fracasos, terminan consiguiendo grandes éxitos”. Lampadia

Por: Patricia Teullet
Perú21, 27 de Marzo del 2023

“No sabemos aún qué más habrá encontrado la Fiscalía, pero será mucho menos que lo que habría encontrado en caso de haber podido actuar con mayor celeridad”.

Repasando lo acontecido a nivel internacional, la noticia saltante es la caída de dos bancos. Uno es el de Silicon Valley en EE.UU., que había invertido en bonos del tesoro cuando estos pagaban muy bajos intereses y cuyo valor cayó cuando las tasas de interés subieron. Se le critica, asimismo, una tendencia a invertir en emprendimientos políticamente correctos, pero alejados del deber del banco de generar recursos para sus clientes y accionistas. Cuando se supo que estaba en problemas, los ahorristas acudieron a retirar su dinero, lo cual obligó a la intervención de las autoridades financieras estadounidenses.

El otro banco en problemas fue nada menos que Credit Suisse, el segundo banco de Suiza, que tuvo que ser rescatado por el gobierno a través de la gestión de compra por parte del UBS, el banco más grande de ese país. Pese al rescate, ya se dañó la imagen que tenía Suiza como centro financiero seguro y confiable. Aún se espera que esta vez, a diferencia de lo ocurrido en 2008, no haya una crisis mayor en el sistema financiero global, pero sí habrá pérdidas en activos y empleos.

Obviamente, una desconfianza anticipada respecto al sistema financiero no es la razón por la cual hallaron más de US$70 mil en casa del congresista Arriola, uno de los 18 cuyas viviendas y oficinas fueron allanadas esta semana. Fue la sensación de impunidad que tienen los parlamentarios y que les daba esa seguridad de que estaban protegidos de toda intervención. Se sabía desde hace tiempo que un grupo de congresistas, llamados ‘Los Niños’, habría servido con sus votos al gobierno de Pedro Castillo a cambio de dinero y prebendas.

No sabemos aún qué más habrá encontrado la Fiscalía, pero será mucho menos que lo que habría encontrado en caso de haber podido actuar con mayor celeridad; lo que se decía de estos congresistas no eran acusaciones huecas, sino que contaban con elementos que las sostenían.

Sobre el expresidente, casi desde el inicio de su gobierno comenzaron a aparecer pruebas y acusaciones relacionadas con él y su entorno respecto a la comisión de delitos. Sin embargo, seguían sin conseguirse los votos para lograr su vacancia por incapacidad moral permanente. Por suerte (y parece mal cálculo), sintiéndose acorralado y pensando que los votos sí alcanzarían para vacarlo, Castillo se adelantó leyendo su discurso, disolviendo el Congreso y declarando en reorganización el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional.

Para quienes sostenemos que parte del problema del país es la falta de partidos políticos organizados, ha resultado impresionante que haya sido un partido organizado y de larga trayectoria como Acción Popular el gran involucrado en este escándalo de corrupción.

Como quien dice: en todas partes se cuecen habas.

Por: Aldo Mariátegui
Perú21, 27 de Marzo del 2023

“LR y un sector de la caviarada han iniciado una suerte de Operación Lagarto para limpiar a Vizcarra”.

-Animado por alguna encuesta, la mala memoria/estupidez del votante y la laxitud de la Fiscalía al retirarle ya tres cargos penales, La República y un sector de la caviarada han iniciado una suerte de Operación Lagarto para limpiar a Vizcarra y abrirle las puertas a una próxima postulación presidencial. Mohme y los suyos calculan que Vizcarra podría llegar a una segunda vuelta y ganar como el mal menor frente a un radical de izquierda o de derecha. Si presidentes que se fueron con popularidades en el subsuelo –como Leguía en 1912, Prado en 1945, Belaunde en 1968 y Alan en 1990– regresaron al poder, no es que tampoco que el cálculo de Mohme sea tan descabellado. Hasta les apostaría que Alberto Fujimori habría ganado en 2006, 2011 o 2016 si le hubieran dejado postular. Como están las cosas y siendo el Perú como es, hasta el mismo el mismo Ollanta Humala podría resucitar.

-Estuve otra vez por Lima por una pérdida familiar y nuevamente me llamó gratamente la atención el relevo y la movilidad sociales que uno que viene de afuera nota inmediatamente. Ignoro si el COVID-19 hundió a muchos de los limeños tradicionales, pero las caras y consumidores nuevos son definitivamente otros por todos lados. Por eso hablar ahora en Lima de “exclusión” y “discriminación” es demagogia barata. También comprobé que aquí siempre se critica toda obra solo por incordiar, hacerse los interesantes y mala leche, porque ese paso a desnivel del óvalo Monitor que hizo el exalcalde Jorge Muñoz alivia muchísimo el tráfico.

-Ciertamente, el Deutsche Bank no ha sido de los bancos mejor manejados de las grandes ligas mundiales, pero sus números no son malos como los del Credit Suisse o el SVB, por lo que es de esperar que los ataques especulativos contra este megabanco alemán cesen hoy y todos podamos respirar tranquilos, que lo último que nos falta es otra crisis financiera mundial como la de 2008. Ojalá también que Berlín reaccione tan rápido como DC y Berna para apagar el incendio.

Por: José Luis Gil
Perú21, 23 de Marzo del 2023

“Es necesario reflexionar sobre la necesidad de hacer ajustes al proceso de colección de informaciones, las detenciones, el descerraje y las formas de procesar a quienes se capturan o investigan con algunos elementos de juicio”.

Ha sorprendido la liberación de Jorge Hernández Fernández (a) ‘El Español’, quien luego de su detención trajo como consecuencia, entre otras, la intervención del despacho del general Raúl Alfaro, ahora exjefe de la Policía Nacional. Este hecho genera dudas en la población, que teje hipótesis como la posibilidad de que ya no “existan” más pruebas contra él o que se sometió a colaboración eficaz. Veremos cuál es el desenlace.

También es necesario reflexionar sobre la necesidad de hacer ajustes al proceso de colección de informaciones, las detenciones, el descerraje y las formas de procesar a quienes se capturan o investigan con algunos elementos de juicio. ¿Está en la ley? Sí, es cierto. Sin embargo, debemos preguntarnos si este procedimiento de colaboración eficaz significa haber renunciado a la pesquisa, a juntar todos los elementos, indicios, evidencias o pruebas, que solo los investigadores pueden hacer. Creemos que todos los que han salido en el proceso contra Pedro Castillo tienen mucho más que decir, y deberían estar presos.

Continuar como hasta ahora lo hacen el Ministerio Público y el Poder Judicial, donde a la Policía se la estaría “utilizando” solo para los “operativos”, sencillamente incentiva a los criminales a creer que se puede estar en las “grandes ligas” y salir con relativa facilidad. Asimismo, se alienta la impunidad porque más rápido llega el “premio” (la libertad) que el castigo. En nuestra época, 1990, se inició con la “ley de arrepentimiento” por terrorismo, a quienes no les era fácil obtener libertad y sus identidades se mantuvieron en secreto hasta hoy. Esa debe ser una lección aprendida.

Retomemos la investigación, formando más detectives, pesquisas, “sabuesos” en investigación, buscando pruebas que no permitan girar solo en torno a la fuente humana. El crimen evoluciona y usa nuestros instrumentos jurídicos a su favor. La inteligencia policial debe seguir evolucionando como en 1980-1990 GEIN-Dirandro, 1992-GEIN-Dircote e Inteligencia Operativa, 1995 en adelante Terna, Orión, hasta Diviac de nuestros tiempos para evitar que los criminales crean que “hecha la ley hecha la trampa”. Eso corresponde.

El 10/10/20, escribí en este mismo medio el artículo “La colaboración eficaz”, donde decía: “Es por eso que los futuros legisladores deben anotar el desorden generado por el pernicioso e injusto desbalance entre la ciencia jurídica y la ciencia policial, para regular y profesionalizar los procedimientos, dándole a la Policía Nacional el lugar que le corresponde en la investigación especializada”, y en esto, poco o nada hemos avanzado. Espero que las cosas cambien por el bien del país. Sí se puede.

Fernando Rospigliosi
Para Lampadia

Las revelaciones de la tragicomedia protagonizada por el sujeto apodado “El español” –José Hernández Fernández-, ha mostrado una vez más el carácter delincuencial e infinitamente inepto del gobierno que capitaneó el malhechor hoy recluido en la Diroes.

Ese individuo, era hasta el 2021 un delincuente de poca monta, vinculado al espionaje ilegal y al tráfico de terrenos, por lo que se sabe ahora. Pero tuvo la suerte de relacionarse con los sobrinos de Pedro Castillo, Fray Vásquez Castillo y su hermano Cledin, que trabajaban en una pollería en el Callao.

Los sobrinos rápidamente se convirtieron en chambones operadores de la red delincuencial que dirigía Castillo. Por ejemplo, según Álvaro Reyes de Perú.21, las investigaciones de la fiscalía determinaron que Cledin Vásquez trató de sobornar a los jueces que veían los casos de Fray Vásquez y Gianmarco Castillo con un millón y medio de soles provenientes de los sobornos de Sada Goray. Dos de esos jueces ya están bajo investigación porque se sospecha que aceptaron las coimas.

A partir de su vínculo con los sobrinos, “el español” logró acercarse a Castillo y se convirtió en una suerte de asesor y operador en la sombra para asuntos de inteligencia y policiales. Un delincuente chapucero asesorando a otro delincuente chambón.

Por sus negocios delictivos, “el español” había establecido amistades con varios oficiales de la policía de dudosa honestidad. De esta manera, conociendo el quién es quién en la PNP, pudo mover las fichas en la institución para ubicar en puestos claves a gente de su confianza.

Y luego se ofreció para montar un servicio de inteligencia paralelo, que no solo espiara a los opositores y realizara campañas de difamación contra ellos, sino que eventualmente los asesinara contratando sicarios.

Un disparate monumental, teniendo en cuenta que los ejecutores de esta organización no eran experimentados y entrenados agentes de la KGB con los recursos ilimitados de un potente Estado que los respalde, sino una pandilla de torpes forajidos financiados con parte de las coimas que recibía Castillo y lo que lograban saquear de instituciones del Estado.

Phillip Butters ha revelado como se desbarató ese intento de remedar a Vladimiro Montesinos.

“El español”, consciente de su ignorancia en asuntos de inteligencia –aunque ante Castillo se vendía como experto-, contactó al oficial de inteligencia de la Marina retirado Carlos Barba. Cuando este se dio cuenta de la gravedad del asunto en el que se le quería involucrar, llamó a Butters y le explicó el problema. Inmediatamente Butters lo puso en relación con el equipo de policías y fiscales que precisamente investiga las actividades delictivas de Castillo y sus secuaces.

A partir de allí, Barba aceptó convertirse en un agente infiltrado en ese grupo para obtener información que permita conocer las gestiones de esos malhechores, para luego detenerlos y procesarlos.

En suma, esos espías informales recurrieron a un desconocido –Carlos Barba-, para que los adiestre e instruya en el arte del espionaje para poder realizar sus perversos designios. Y terminaron rápidamente descubiertos y procesados.

Pero en el trayecto han causado un gravísimo daño a la Policía Nacional, produciendo incesantes cambios, vendiendo ascensos y puestos por fajos de dólares, hundiendo la moral institucional y embotando su eficacia para cumplir con sus tareas.

Aunque, como ha precisado el general PNP (r) José Baella, esto no comenzó con Castillo. El antecedente inmediato está en el desastroso gobierno de Francisco Sagasti, cuando se pasó al retiro ilegalmente a 18 generales para poner como jefe de la PNP a un inútil, engreído del grupo caviar, que había sido ascendido por ellos mismos irregularmente a general el 2018. Y que luego, por la misma influencia, fue nombrado ministro del Interior al comienzo del gobierno de Dina Boluarte, aunque solo duró unos días por su evidente incapacidad.

En síntesis, la tragicomedia del espía chapucero y sus torpes esbirros ha causado serios daños a la PNP. Para repararlos el gobierno tendría que limpiar la institución de los elementos que se prestaron al juego de la banda de delincuentes que encabezaba Pedro Castillo, y reencauzar a la institución promoviendo a policías honestos y con experiencia en el campo, a fin de cumplir eficazmente su cometido de luchar contra la creciente inseguridad. Lampadia

Por: Rodrigo Cruz
El Comercio, 21 de Marzo del 2023

“Lo que viene ocurriendo en el juicio a la red Orellana nos tiene que preocupar a todos”.

En los últimos años, la política peruana no se ha definido en las urnas ni en los debates, sino en los tribunales. Decir esto puede sonar a verdad de Perogrullo para quien está enterado de los escándalos judiciales de los últimos cinco años. Sin embargo, es importante no perderlo de vista. Líderes de partidos, congresistas, expresidentes y ex altos funcionarios componen esa relación vergonzosa que nos ubica como uno de los países de la región con más políticos comprometidos en casos de corrupción, que en el sistema de justicia son procesados bajo el rótulo de “casos emblemáticos”.

Un caso emblemático es, por su naturaleza e impacto en la política nacional, un proceso que debe llevarse con especial atención y celeridad. El ciudadano tiene derecho a conocer con prontitud el grado de corrupción de la autoridad política a la que alguna vez le confió su voto. Pero poco se ha hecho por mejorar y hacer más eficaces estos juzgamientos. Por un lado, a la fiscalía se le cuestiona por realizar investigaciones que duran decenas de meses en la acumulación de evidencias. Pero cuando la acusación es finalmente presentada, nos olvidamos de ella y pasa al terreno de nuestro precario Poder Judicial. ¿Están ellos en la capacidad de resolver con diligencia estos grandes juicios?

Lo que viene ocurriendo en el juicio a la red Orellana nos tiene que preocupar a todos. Es una muestra de lo que puede suceder con otros casos emblemáticos, donde hay cientos de testigos y acusados (solo el juicio a Orellana cuenta con 500 testigos; el de Keiko Fujimori tiene más de mil). Hoy, este proceso, que se inició en noviembre pasado, está en riesgo de caerse. O, mejor dicho, de quebrarse. La razón es sencilla: estos casos vienen siendo juzgados como si se trataran de un juicio cualquiera en el país.

Bajo nuestras leyes actuales, un juicio puede quebrarse –es decir, volver a fojas cero– cuando dos jueces de un tribunal se retiran o son cambiados. En el juicio a Orellana, el juez (ponente) Juan Félix Roldán Ponte ya se inhibió.

La inhibición fue presentada en febrero, cuando el juicio llevaba menos de 20 testigos escuchados, al recobrar súbitamente la memoria de haber sido abogado de una de las partes agraviadas en el 2013.

En su reemplazo ha entrado un juez que tiene que encontrar espacios para llevar las audiencias de este megacaso –que implica también a exfuncionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público– junto con los otros juicios que tiene. Lo curioso es que el juez Roldán no se ha inhibido en otro caso también contra la red Orellana (Oncoserv).

De modo que el juicio a Orellana está a un juez de caerse. ¿Qué garantiza que no se repita la historia en otros procesos emblemáticos?

Gabriel Zaliasnik
Profesor de Derecho Penal, Facultad de Derecho, U. de Chile
La Tercera – Chile

El renovado debate sobre los indultos a condenados por hechos de violencia registrados a partir del 18 de octubre de 2019, y la circunstancia revelada ante el Tribunal Constitucional, que existirían otros indultos en estudio, sirven de alerta para quienes creen que lo peor de la tormenta política ha pasado.

Es un grave error creer que las ideas octubristas y los sectores políticos que las apoyaron se han retirado tras la estrepitosa derrota en el plebiscito del 4 de septiembre de 2022.

El apaciguamiento actual, producto de un proceso constitucional que no provoca fervor, y de la incorporación al gobierno de integrantes de la izquierda democrática, es un falso espejismo. La falsa percepción de retirada de quienes hace solo unos años avaló la violencia política, apoyaron los retiros de fondos de las AFP con miras a quebrar el sistema previsional, rechazaron proyectos de ley que dotaban de mayores capacidades al gobierno para enfrentar la delincuencia, y obstaculizaron el enfrentamiento de la pandemia, no es tal. Estamos solo ante un repliegue táctico.

En un gobierno cuyo relato -y programa- se ha desplomado, y cuyo discurso -como ha afirmado más de un columnista- se aferra a adjetivos vacíos en el que las palabras carecen de todo contenido, la percepción de retirada es especialmente peligrosa. La ambigüedad del gobierno frente a cada tema y política pública así lo revela. La ausencia, a su vez, de una oposición con sentido de poder, que vea en el titubeo una oportunidad para avanzar y recuperar el terreno perdido (en ámbitos de libertad, de emprendimiento, de desarrollo) nos deja inermes, y expuestos a que reemerja el octubrismo o esa violencia dirigida a imponer reglas del juego antidemocráticas.

El pragmatismo también tiene límites. Es tiempo de reivindicar las ideas de la libertad. Chile hoy se mira al espejo y sabe todo lo que perdió siguiendo falsas épicas y anquilosadas ideas. Hoy el país requiere liderazgos que impulsen con vigor agendas de seguridad y crecimiento. Que no nos conformemos con ser “los menos malos del barrio”, sino que con volver a creer en nuestras habilidades para ser mejores, para avanzar más rápido, para crecer y desarrollarnos a niveles importantes. Es hora de retomar el esfuerzo y no de repartir los restos de un país desarticulado por la violencia. Los indultos partisanos tienen la virtud de recordarnos la magnitud de esa violencia, y el fallido intento golpista que escondía.

Quizás sea oportuno revisitar la tragedia Macbeth de Shakespeare. Su soliloquio ante la muerte de la reina dice mucho, “…Y todos nuestros ayeres han alumbrado a los necios/ El camino hacia el polvo de la muerte. ¡Apágate ya, luz fugaz!/ La vida no es más que una sombra errante, un pobre actor/ Que hoy busca el aplauso y apura su hora de fama en la escena/ Y mañana ya nadie recuerda: es un cuento/ Contado por un idiota, lleno de estruendo y de furia/ Que no significa nada”.

Por: DIVIAC
Expreso, 15 de Marzo del 2023

Congresista pide que se aplique igual trato a magistrada, quien tiene llamadas con Hinostroza.

Que la Junta Nacional de Justicia investigue a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por haber hablado con implicados en el caso ‘Cuellos Blancos’, mientras su integrante María Zavala está en la misma situación, es una muestra de incoherencia moral.

Así lo consideró la congresista Patricia Chirinos (Avanza País), luego de leer cómo Diviac había detectado que Zavala se comunicaba con César Hinostroza, Iván Noguera y Luis Arce. Sin embargo, no ha afrontado ninguna pesquisa.

«Con la información presentada, lo que vemos es al menos un claro ejemplo de doble moral. La lucha contra la corrupción no debe tener preferencias de ningún tipo, más aún cuando las pruebas son determinantes y se tiene la urgencia de devolverle la confianza a la gente en nuestro sistema de justicia», manifestó a EXPRESO.

Por ello, dijo que la única manera de fortalecer el sistema de justicia, para un verdadero desarrollo del Perú, es acabar con la impunidad.

«La JNJ debe revisar el nombramiento de la señora Zavala a la luz del informe de la Diviac. Debemos recordar que ese el organismo encargado de nombrar, ratificar y destituir a los jueces y fiscales de todos los niveles. En ese sentido, su labor es crucial». acotó Chirinos.

Por: Federico Salazar
El Comercio, 12 de Noviembre del 2023

“Intentar contratar sicarios tiene efectos penales. Sin embargo, lo más importante es que nos permite conocer la dimensión delincuencial de los imputados”.

El ciclón Yaku no va a destruir Lima. Ha causado destrozos en el norte del país. Su paso por Lima, sin embargo, queda descartado.

La lluvia caerá, pero no debe oscurecer las cosas. La información sobre un intento de atentado contra la fiscal de la Nación y otros reclama atención.

Según una investigación del Ministerio Público, el expresidente Pedro Castillo habría encabezado un proyecto no solo criminal, sino también asesino. Acabar con la vida de la fiscal Patricia Benavides, el coronel Harvey Colchado y otras personas era el objetivo.

El encargo se lo habrían dado a Jorge Ernesto Hernández Fernández, ‘El Español’. Él buscaría a los sicarios. La orden habría venido del propio exjefe del Estado, hoy en prisión preventiva.

Esta es una acusación. No la podemos tomar como un hecho. Es suficientemente grave: ¿tuvimos un proyecto de asesino en la Presidencia de la República?

Está probado que ‘El Español’ hizo designaciones en el Ministerio del Interior. Un edecán al que el exministro Mariano González había removido fue colocado en Palacio de Gobierno.

Viajó a Panamá con el congresista de Fuerza Popular Luis Cordero Jon Tay, que sería un topo. También viajó con Carlos Daniel Barba Deza (ex-Digimin). El objetivo habría sido comprar en una feria especializada un equipo de chuponeo.

El chuponeo se habría de hacer en perjuicio de la fiscal de la Nación, el equipo especial y otros “opositores” del anterior gobierno. La compra no se concretó, pero tenemos que saber si esto es cierto.

El asesinato es la etapa superior de la delincuencia común.

Intentar contratar sicarios tiene efectos penales. Sin embargo, lo más importante es que nos permite conocer la dimensión delincuencial de los imputados.

Las colocaciones de gente inidónea en puestos claves no se habrían debido a impericia, sino a planes criminales.

Sabemos que se intentó desprestigiar a la fiscal Patricia Benavides. En esa campaña estuvo, entre otros, el ex primer ministro Aníbal Torres. A donde sea que iba hablaba de las hermanas de la señora Benavides y las acusaciones en contra de ellas.

Torres u otros pudieron participar, consciente o involuntariamente, en el plan de enviar sicarios. Se tendrá que investigar a todos los que participaron en las campañas de desprestigio contra la titular del Ministerio Público.

Lo mismo sucedió con respecto a la prensa. Los medios revelaron algunas de las muchas corruptelas del gobierno de Pedro Castillo. El método de desprestigiar al crítico era el mismo.

Es difícil imaginar a un maestro-campesino en una maquinación para asesinar. ¡Eso solo pasa en las peores dictaduras!, se dirá. Y, entonces, uno recuerda que esa también fue una de las intentonas de Castillo.

El expresidente quiso cerrar e intervenir el Congreso, la fiscalía, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y la contraloría. Era un proyecto de dictadura total.

Quizá lo del sicariato suene demasiado estrafalario, incluso dentro de lo delincuencial. Ya estamos acostumbrados, sin embargo, a las mentiras y los manejos turbios y díscolos de la administración de Castillo.

La imputación sobre un proyecto de sicariato debe investigarse. Como etapa superior del delito, merece debatirse y aclararse.

El drama real de los peruanos en la costa norte y los alarmismos sobre el diluvio en Lima no deben hacernos olvidar este caso. Tenemos que saber hasta qué nivel llegó el proyecto de dictadura de Castillo y sus colaboradores.