Por: Patricia Benavides
Expreso, 13 de Mayo del 2023
Escrito por: Wilber Torres

Señala que no será ella quien entregue su investigación de grado, para evitar «que hagan escarnio» de ello.

Durante la ceremonia de celebración del 47° aniversario de creación del Ministerio Público, la titular de esa institución, Patricia Benavides, se pronunció e hizo frente a los sectores políticos que cuestionan la obtención de sus grados académicos para deslegitimar su labor.

“Desde que decidí investigar a la corrupción en el poder, he recibido amenazas de muerte contra mí y contra mi familia en el intento de que fuerzas oscuras traten de detener nuestro trabajo. Esta referencia personal no la hago por mí, pues sabré defenderme en el espacio correspondiente, sino porque a través de mi persona se pretende deslegitimar a la institución que hoy represento y eso no lo voy a permitir”, manifestó durante su discurso.

Benavides aseveró con firmeza haber cumplido con todos los requisitos de la ley para ostentar el cargo de fiscal de la nación y aseguró haber guardado silencio todo este tiempo para “no ser parte de un circo”.

“Se ha dicho que no tengo tesis, ante ello he guardado prudente silencio para no seguir alimentando la campaña y para no responder ni ser parte de un circo de aquellos que buscan cinco minutos de fama a costa de los que sí trabajamos y luchamos contra la corrupción.”, dijo.

“Si tengo los grados es porque sustenté y presenté las tesis, pero no seré yo quien las entregue el producto de largos meses de intenso trabajo para que hagan escarnio de él”, agregó.

Benavides también denunció que existe un interés en tener a una Fiscalía sometida a sus intereses. “Aquí se han encontrado con una fiscal de verdad, que no acepta dictados de nadie, más que de la ley”, concluyó.

Fausto Salinas Lovón
Para Lampadia

Antes de que la Fiscal de la Nación Patricia Benavides hubiera presentado el 11 de octubre pasado la denuncia constitucional contra el filo senderista Pedro Castillo Terrones, ya había recibido 3 denuncias constitucionales: una presentada por Kelly Portalatino, otra por Guillermo Bermejo y una tercera por la inefable Betssy Chávez. Todo el aparato de ablandamiento político del gobierno comunista de Castillo ya había disparado contra ella, había iniciado la persecución, buscando evitar lo inevitable: que denunciará al cabecilla de la mafia roja que asaltó el poder el 28 de julio de 2021 gracias al apoyo de tantos tontos útiles de nuestra política.

Los siguientes en denunciar a la Fiscal fueron los abogados de Castillo: doctores Atencio y Noblecilla, quienes no dudaron en solicitar a la Junta Nacional de Justicia su inmediata suspensión cautelar en el cargo. Toda valía a la hora de evitar el enjuiciamiento de Castillo.

El asedio contra la Fiscal había sido de tal magnitud que hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, de probada orientación pro marxista, se vio obligada a dictar una tibia Medida Cautelar en favor de ella y su núcleo familiar en febrero de 2023.

En abril de este año, la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que tarda años en destituir a jueces corruptos, admitió rápidamente a trámite una hilarante denuncia contra la Fiscal por haber recibido una condecoración del impertinente Alcalde de Lima. La impertinencia política de Porky de querer abrazar a todo el mundo sirvió de coartada para un nuevo ataque a la Fiscal. El pretexto: Una denuncia formulada por quienes acusan al esposo de la Fiscal de ser propietario de una empresa proveedora de servicios a la minería, hecho por el cual ciertamente nadie puede ser denunciado.

Susel Paredes, la Congresista de la República del Partido Morado, que había afirmado que Castillo “puede ser un delincuente, pero no hay que destituirlo”, ha acusado recientemente a la Fiscal Benavides de haber plagiado sus tesis, basada en la afirmación de una persona cuyo nombre no puede revelar.

A todos estos acusadores de la Fiscal, cuyo origen y fin político es más que obvio, se suman, lamentablemente y como siempre, los tontos útiles que desde la academia, el foro, la política o la prensa denostan a la Fiscal, no por haber acusado a Castillo (a quien implícitamente defienden), sino por sus títulos de post grado de la Universidad Alas Peruanas, con un tufillo clasista y snob, impropio para estos tiempos.

Dime quienes te acusan y te diré quién eres. Vale para el caso de la Fiscal Benavides.

Felizmente, otros millones de peruanos, entre los que me cuento, que ni siquiera conocemos a la Fiscal Benavides, no vemos el vaso medio lleno de la Fiscal, sino la entereza de asumir la acusación más compleja de la historia política peruana, contra el primer marxista que llegó al Poder y delinquió desde allí, enfrentando a todo el aparato político de respaldo que este tiene hasta hoy y la complicidad internacional que lo socapa. Para nosotros, que bien que haya sido una Fiscal de Huancavelica, con títulos de pos grado de Alas Peruanas quien haya tenido la valentía que otros, con títulos en apariencia más vistosos no hicieron y que más bien se pusieron al servicio del aprendiz de dictador. Lampadia

Por: David Reyes Zamora
Gestión, 8 de Mayo del 2023

Caso Toledo: sin pruebas, la Fiscalía criminalizó por años a servidores públicos de alto nivel. ¿Hasta cuándo esperaremos a que se retracte?

Por suerte, existe la presunción de inocencia, aunque poco importe en el Perú. Y aunque poco importe para el fiscal José Domingo Pérez, que en el caso de Alberto Pasco Font y Sergio Bravo Orellana se equivoca o —lo que es peor y cuestionable— se equivoca adrede. A lo largo de los últimos seis años, ha menoscabado públicamente la honra de estos dos profesionales, con una acusación criminal que nunca logró sustentar y de la que solo hay evidencia de que es un fiasco. ¿Por qué? Para lograr su cometido de extraditar a Alejandro Toledo, sin salvaguardar otra reputación más que la suya.

Pasco Font y Bravo son procesados por colusión con Odebrecht y sus socios en la concesión de la Interoceánica Sur, como miembros del Comité de Infraestructura de Proinversión de entonces. No hay pruebas: ni con quiénes concertaron, ni cuándo ni dónde, ni cómo se favorecieron. Si hay, en cambio, declaraciones de los colaboradores eficaces a su favor, que son selectivamente ignoradas.

Jorge Barata, exdirector ejecutivo de Odebrecht en el Perú, ha dicho explicitamente que “no” se coludió con el comité. Incluso se quejaba -recuerda- por la ampliación de los plazos y porque las bases no se adecuaban a su propuesta (¡por eso le redujo la coima a Toledo!). Para Barata, Proinversión solo le generaba contratiempos, con un “cuerpo técnico muy fuerte, muy sólido”, de “funcionarios de alto nivel, bien calificados” y con “un nivel de independencia bastante fuerte” (sí, como Pasco Font y Bravo, dos consultores internacionales de peso y trayectoria). A Bravo hasta lo describe como “una persona muy dura, muy difícil” y “muy poco influenciable”, a la que ni él y ni su equipo lograron ablandar. Y de Pasco Font dice que era “un tipo muy serio, muy profesional”.

Solo las adendas, rediseños y arbitrajes le permitieron obtener utilidades a Odebrecht, según Barata: el proyecto no era rentable- coima incluida- como lo aprobó Proinversión. Barata hasta reconoce que se frustraba” en las reuniones con Pasco Font y Bravo Orellana. ¿Los colmeó de alguna manera? “No”, responde. El fallecido Josef Maiman, quien administró la coima de Toledo a través de sus empresas, declaró en Israel que nunca supo que Odebrecht les haya entregado dinero a los miembros del comité y que él tampoco lo hizo. En Lima, la Fiscalía ha sacado a otros del proceso por la sola declaración de Maiman, pero insiste con Pasco Font y Bravo Orellana, pese a que Barata y Maiman coinciden en que son inocentes. ¿Por qué? Porque si no, no traía a Toledo. Pero ya lo hizo y, aunque no avalamos el cómo, ¿no puede soltar ahora a quienes usó como chivos expiatorios?

Sin esta colusión inventada, el delito de cohecho que cometió Toledo ya habría prescrito y no era extraditable: ahora que está aquí, puede ser procesado y condenado por lavado de activos. Pero a costa de lo que hoy celebramos como un triunfo, se dañó a profesionales -Pasco Font y Bravo no son los únicos-, se les condenó al ostracismo en la administración pública, y se les obstaculizó sus carreras y sus vidas. Este viernes se reanuda la audiencia del caso. ¿Será tiempo de justicia?

Fernando Rospigliosi
CONTROVERSIAS
Para Lampadia

Uno de los mitos más difundidos en el Perú es el que cuenta que la delincuencia avanza porque las penas son muy blandas. La solución, entonces, sería endurecer las penas. Eso es falso, por supuesto, pero los políticos se montan en esa creencia popular para practicar entusiastamente el populismo penal, aumentando constantemente las condenas para tratar de conquistar algunos puntos en las encuestas. En realidad, solo empeoran las cosas.

Parte de ese mito es que si el objeto robado no es muy valioso, el delincuente queda libre. Eso, en la práctica, no es cierto, porque hay tal cantidad de circunstancias agravantes, que hacen que independientemente del monto el malhechor puede ser sentenciado.

Recientemente el congresista Alejandro Muñante publicó un tuit (30/4/23) donde se enorgullece de un proyecto de ley que rebaja de 1,025 soles a 300 soles la cantidad por la que un hurto se convierte en robo –según dice- y puede ser sancionado con prisión efectiva.

Para justificar su despropósito, Muñante tuiteó que “arranchar un celular en un bus” es hurto y no robo si no supera los mil soles y por tanto el delincuente no iría a la cárcel. Según el diccionario de la RAE, arranchar significa “quitar violentamente algo a alguien”. Es decir, si hay violencia, es un agravante y la pena es prisión efectiva, sin importar el monto de lo robado.

Hay muchos casos que demuestran la falsedad de los argumentos de Muñante.

Un ejemplo: Fredy Garay Villanueva fue condenado a cinco años de prisión efectiva por intentar robarle un sol a un niño en Junín, acción que no pudo concretar. El sujeto tomó de la mano al niño y lo jaloneó (el informe médico habla de “excoriaciones y equimosis en la cara anterior de la muñeca izquierda”), el niño se zafó y siguió caminando, una señora lo ayudó y capturaron al individuo. El caso llegó hasta la Corte Suprema que el 19 de marzo de 2018 confirmó la sentencia por “tentativa inacabada”, “delito frustrado”, porque no llegó a robar el sol que le exigía al menor.

Lo cierto es que muchas veces los operadores de justicia intentan justificar el hecho de que los delincuentes salgan libres, aduciendo que el monto de lo robado es menor a lo que establece la ley, pero la verdad es que eso les sirve de pretexto ante los indignados ciudadanos para disculpar su pasividad.

Otro ejemplo de la dureza de las penas es el de Lordan Ivanoff Zafra Huarcaya que robó un celular en noviembre de 2019, en Puente Piedra, amenazando con un cuchillo a su víctima (no la hirió ni golpeó). Varios transeúntes lo atraparon. Fue sentenciado a 12 años de prisión. En el período en que sucedió ese delito se robaban, en promedio, 5,175 celulares al día, según Osiptel. Lo característico del caso es que el suceso fue publicado en “El Comercio” el 23/10/20, porque no es usual que se atrape y sentencie a un ladrón de celulares.

Esas penas durísimas no disuaden el delito, porque la proporción de delincuentes que son capturados y condenados es ínfima en relación a la cantidad de robos.

Como demuestran los estudios sobre el tema, las penas altas no son disuasivas. Lo que disuade a los delincuentes es la probabilidad de ser atrapados, no la dureza de las condenas. Si fuera así, el Perú sería uno de los países más seguros del mundo, porque lo único que sobran son leyes draconianas.

Antes, el monto del hurto no debería sobrepasar cuatro remuneraciones mínimas (RMV). Luego se rebajó a una RMV. Como es obvio, eso no sirvió para reducir la delincuencia. Ahora Muñante pretende seguirla disminuyendo a 300 soles. Si se aprueba, no hay duda que muy pronto otro congresista tendrá la genial idea de bajarla a 100 soles. Y así hasta el infinito.

Dicho sea de paso, nadie se preocupa por construir más cárceles para albergar a los delincuentes sentenciados con penas cada vez más largas y con menos beneficios penitenciarios.

En lugar de promover proyectos inconducentes, el congresista Muñante –que jugó un papel destacado en la lucha contra el anterior gobierno- podría hacer algo necesario para mejorar la lucha contra la delincuencia y promover el proyecto que devuelve la investigación preliminar a la Policía. Lampadia

Por: Jaime de Althaus
El Comercio, 29 de Abril del 2023

“La lucha contra la corrupción fue, a la postre, un arma populista, una gran causa común de todos esos actores, al amparo de la que se cometieron graves abusos políticos, fiscales y judiciales”.

Carlos Basombrío publicó un artículo hace unas semanas expresando “cierto orgullo por lo que la justicia ha avanzado en el Perú”, a propósito de la cantidad de expresidentes y políticos presos o procesados. Si bien es una vergüenza, por ejemplo, tener a tres expresidentes en la cárcel, el lado positivo de ello sería que “hay una creciente independencia de la administración de justicia con respecto al poder político”.

Tenemos que matizar esta conclusión, para tomar la lección de lo que no debe ser la justicia en una democracia. Es verdad que en el caso de Pedro Castillo el Ministerio Público y el equipo especial de la PNP actuaron con independencia y firmeza ante intentos diversos de desactivar las investigaciones que incluyeron desde recorte de presupuestos y personal hasta amenazas de muerte. La institucionalidad en general respondió con claridad ante una amenaza autoritaria que fue creciendo a lo largo de los meses.

Pero en el caso de Alberto Fujimori hubo un exceso. Debió ser procesado por las violaciones constitucionales que cometió al sojuzgar a la prensa y a los poderes del Estado para perpetuarse en el poder. En lugar de ello, se le procesó por violación de derechos humanos dándole una sentencia excesiva de 25 años sin pruebas de que hubiese ordenado o conocido la orden de matar, simplemente en virtud de una teoría, de un silogismo, como han señalado también Gonzalo Zegarra y César Azabache. Quizás pudo ser sentenciado, en ese caso, por encubrimiento –a una pena menor–, pero no por asesinato. Sentencia que, de otro lado, desconocía que la derrota de Sendero no se debió a la operación de escuadrones de la muerte, sino, por el contrario, a una estrategia conducida por el propio Fujimori basada en una alianza con los campesinos, a quienes dio armas y apoyo cívico, y en el fortalecimiento de la inteligencia policial para capturar a las cúpulas en lugar de ajusticiarlas. Hay, pues, una injusticia.

Tampoco se puede decir que el tribunal que juzgó a Fujimori fuera una prueba de la independencia de la justicia respecto del poder político, porque el poder político y, sobre todo, el poder mediático, ya no era, desde el 2001, fujimorista, sino más bien antifujimorista en general. Esa corriente impregnó tanto el sistema de justica que hubo durante el gobierno de Alejandro Toledo una verdadera persecución judicial contra varios exministros y funcionarios del régimen fujimorista, como lo puede contar Francisco Tudela, que tuvo que irse a Chile.

Lo mismo se puede decir de la suerte que corrieron Keiko Fujimori, Ollanta Humala, Nadine Heredia y hasta Lourdes Flores. Pero esta vez debido a la criminalización de las donaciones de campaña, que no eran delito, forzando indebidamente la figura del lavado de activos, acusando a los partidos de ser organizaciones criminales y dictando detenciones preventivas claramente abusivas, como ha criticado Luis Pásara, insospechable de fujimorismo.

Consecuencia de ello, con la colaboración de los graves errores cometidos por Keiko Fujimori, fue el debilitamiento o la destrucción de parte importante de la clase política. La derecha popular se quedó casi sin representación y el partido nacionalista ya no existe. El daño a la democracia de esta justicia plebiscitaria ha sido, pues, muy grande.

Este populismo judicial jugaba en pared –de manera, si no coordinada, cuando menos coincidente– con el populismo político exacerbado por Martín Vizcarra que en ese mismo momento confrontaba al Congreso para construir una popularidad que alcanzó su cenit cuando finalmente lo disolvió, con la colaboración militante de varios medios y distinguidos supuestos defensores de la democracia.

La lucha contra la corrupción fue, a la postre, un arma populista, una gran causa común de todos esos actores, al amparo de la que se cometieron graves abusos políticos, fiscales y judiciales. No debemos olvidarlo.

Fernando Rospigliosi
CONTROVERSIAS
Para Lampadia

Con la extradición de Alejandro Toledo los fiscales Rafael Vela y José Pérez pretenden recobrar protagonismo y atribuirse ese éxito en la lucha anticorrupción. Y a la vez, están cuestionando a la fiscal de la Nación Patricia Benavides, que desde el comienzo de su gestión se convirtió en el blanco de los ataques de caviares y comunistas por las investigaciones que impulsó contra Pedro Castillo y sus secuaces.

Vela y Pérez pretenden repetir lo que hicieron el 2019 cuando, como parte de la coalición vizcarrista, lograron defenestrar al entonces fiscal de la Nación Pedro Chávarry, que intentaba investigar al Lagarto y llevar adelante el proceso de Odebrecht y del club de la construcción de manera profesional, sin interferencias políticas. Lo consiguieron y ubicaron en su lugar a la preferida de los caviares, Zoraida Ávalos, con los resultados conocidos.

No obstante, ahora la situación ha cambiado. Ya no tienen a un socio y patrocinador como Martín Vizcarra en la presidencia, y después de seis años ha quedado en evidencia que, en realidad, no combatieron con eficacia el esquema de corrupción del caso Lava Jato, sino que protegieron descaradamente a los principales corruptores, perjudicaron los intereses del país y sus resultados son cercanos a cero.

Sin embargo, Vela y Pérez siguen siendo sostenidos por la poderosa mafia caviar, a la cual sirven y de la cual se sirven, y apoyados por los intereses de los que han resguardado en los casos donde han participado y a los que probablemente van a favorecer en el futuro.

Y el gobierno, cada vez más caviarizado, si bien no tiene la fuerza para hacer lo que hizo el Lagarto en su momento, podría sumarse al bando de los fiscales politizados y prevaricadores.

El caso Toledo

Como ha recordado Aldo Mariátegui, fue Oscar Libón en “Correo” que dirigía Mariátegui en 2013, quien investigó el caso de las propiedades que aparecieron a nombre de la suegra de Alejandro Toledo que, obviamente, fue usada como testaferro. Las explicaciones del ex presidente en ese caso eran inverosímiles y en esa oportunidad llegué a la siguiente conclusión:

“Todas las evidencias mostradas hasta ahora indican que el ex presidente Alejandro Toledo posee una enorme fortuna que no puede provenir de ingresos legales, obtenidos honestamente de su trabajo, sino que son producto de la corrupción. Es decir, que durante su gobierno aprovechó del poder para enriquecerse ilícitamente”. (“Toledo y la corrupción”, La República, 22/9/13).

Y luego agregaba:

“Si esto es así, si se demuestran las acusaciones, significaría que tuvo que existir una red de corrupción en su gobierno, grande o pequeña, porque obviamente Toledo no podía hacerlo solo. Lo que implica que tuvo cómplices en cargos importantes”.

“Usualmente el enriquecimiento ilícito de los gobernantes y funcionarios, la plata grande, llega a través de sobornos procedentes de las obras, las compras y las licencias. Eso implica que al otro lado de la mesa hubo empresas que pagaron coimas e intermediarios que arreglaron los negocios ilícitos”.

“En síntesis, son tres grupos que participan en las redes de corrupción: políticos con poder y funcionarios públicos; empresarios que pagan para obtener beneficios; y promotores que facilitan los sobornos”.

En ese momento no se conocían los negocios oscuros de Odebrecht, otras empresas brasileras y el club de la construcción, cosa que se descubrió varios años después.

El asunto es que han pasado muchos años desde que estallara el escándalo Lava Jato en Brasil, y seis años después que Vela y Pérez se hicieran cargo del caso, los grandes corruptores –y beneficiarios- están libres, en muchos casos ni siquiera fueron procesados y pagaron (o están pagando en cómodas cuotas) reparaciones insignificantes en relación a las utilidades que obtuvieron.

Solo algunos políticos han sido procesados, y las investigaciones claramente han sido direccionadas para favorecer a algunos y perjudicar a otros.

La fiscal Benavides podría enmendar las cosas. Está en sus manos. Lampadia

Por: David Reyes Zamora
Gestión, 24 de Abril del 2023

Las acciones de la Fiscalía y la Contraloría paralizan y deshonran a los funcionarios públicos, y detienen el avance del país.

Que el Perú sea el país más demandado ante la CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones) no sorprende ante una política mezquina, mezcla de populismo, intereses creados y sesgo antiempresarial.

Lo que sí sorprende es la escena previa: la de un funcionario público que, pese a que entiende que el reclamo de la empresa es válido -y que esta incluso podría tener la razón, no concilia y, todo lo contrario, lucha para evitar que un mal día la Contraloría lo acuse de “no haber defendido los intereses del Estado”, como señaló en nuestras páginas el viernes Natale Amprimo y como es consenso entre los expertos del mercado.

No importa, en la decisión del funcionario, la verdad del caso, el costo para todos los peruanos del litigio -que requiere de la contratación de un estudio internacional- o el impacto que el alto número de demandas tiene sobre nuestro clima de inversiones. Importa, como es natural, su pellejo.

Y no lo juzgo: nadie quiere someterse a un juicio extremo e injusto, y manchar su legajo profesional para siempre por amor a la patria. Juzgo al sistema que crea el incentivo perverso para que sea así y que no hace el más mínimo esfuerzo por corregirlo.

En la misma línea está el temor a firmar, que, más que herencia de Odebrecht y Lava Jato, es producto de los excesos de investigación posteriores: grupos de funcionarios públicos que, con argumentos magros o falaces, fueron metidos por la Fiscalía en acusaciones de corrupción con el único objetivo de encarcelar expresidentes.

Que los corruptos caigan es justo y necesario-y aplausos tiene-, pero no a costa del desprestigio y la cancelación de servidores públicos probos y de experiencia, que hoy reciben trato de delincuentes. El fin no justifica los medios.

Pruebas claras y menos contorsiones le harian bien incluso a las propias investigaciones. Pero también al pais, insisto, donde estos excesos dejan sin un arma de ejecución básica al funcionario público: su firma. Carlos Paredes, expresidente de PetroPerú, ha llamado “pánico” al temor a firmar, gatillado no solo por la Fiscalía, sino también por la Contraloría, que “parece no entender que los funcionarios públicos tienen que tomar decisiones bajo incertidumbre y con información incompleta y que, a veces, se equivocan”.

Y no lo juzgo: nadie quiere someterse a un juicio extremo e injusto, y manchar su legajo profesional para siempre por amor a la patria. Juzgo al sistema que crea el incentivo perverso para que sea así y que no hace el más mínimo esfuerzo por corregirlo.

En la misma línea está el temor a firmar, que, más que herencia de Odebrecht y Lava Jato, es producto de los excesos de investigación posteriores: grupos de funcionarios públicos que, con argumentos magros o falaces, fueron metidos por la Fiscalía en acusaciones de corrupción con el único objetivo de encarcelar expresidentes.

Que los corruptos caigan es justo y necesario-y aplausos tiene-, pero no a costa del desprestigio y la cancelación de servidores públicos probos y de experiencia, que hoy reciben trato de delincuentes. El fin no justifica los medios.

Pruebas claras y menos contorsiones le harian bien incluso a las propias investigaciones. Pero también al pais, insisto, donde estos excesos dejan sin un arma de ejecución básica al funcionario público: su firma. Carlos Paredes, expresidente de PetroPerú, ha llamado “pánico” al temor a firmar, gatillado no solo por la Fiscalía, sino también por la Contraloría, que “parece no entender que los funcionarios públicos tienen que tomar decisiones bajo incertidumbre y con información incompleta y que, a veces, se equivocan”.

Ya error, sanción, hasta con denuncia penal. La posibilidad de ser acusado sin razón es alta y paraliza (nacen de ahí, de hecho, algunos arbitrajes).

Salpica también al privado. Cuando Roque Benavides defendió públicamente a Ricardo ‘Chicho’ Briceño en el Cade del 2018, quizás no logró el efecto comunicacional que buscaba -en el contexto de corrupción, se leyó como victimismo-, pero no le faltaba sentido de justicia: la acusación era un salto con garrocha.

Nos hemos acostumbrado a manchar honras y a entregar profesionales que sirven al país en ambas esferas a un linchamiento público, donde los más convenientes juzgadores-siempre con hambre de nuevas presas- acaban con sus reputaciones. Podemos todos.

Uri Landman
Para Lampadia

A raíz de la orden del juez Hixson para que el ex presidente Toledo, se entregue a las autoridades judiciales norteamericanas para su posterior extradición, hemos escuchado sobre el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos, más conocidos como los “US Marshals”.

El Servicio de los “US Marshals” es una agencia federal de policía del gobierno norteamericano, que pertenece al Departamento de Justicia y está bajo el mando del Fiscal General. Es la agencia federal más antigua, creada por la Ley Judicial de 1789, durante la presidencia de George Washington.

Ellos son responsables de la protección de los jueces y funcionarios del sistema judicial. También se encargan de la búsqueda y captura de fugitivos, la administración del programa federal de protección de testigos, el transporte de prisioneros y extranjeros bajo custodia del sistema judicial; entre otras tareas más. Los “US Marshals” tuvieron un rol importante en la “conquista del oeste norteamericano” ya que se encargaban de mantener la ley y el orden en el “viejo oeste”.

Cuánta falta nos hace en el país una agencia de “Perú Marshals” para que pueda imponer la ley y el orden en nuestras convulsionadas ciudades. Empecemos por el principio.

A diferencia de Estados Unidos que tiene un sistema federal de gobierno (con múltiples niveles de agencias policiales), nuestro país cuenta con un solo sistema policial, encargado a la Policía Nacional del Perú.

El Serenazgo, es para algunos un sistema policial complementario a la PNP.  Según la concepción por el que fue creado y su ley orgánica, esta visión es incorrecta, según mi opinión.

El Serenazgo tiene sus inicios en el año 1958, cuando el alcalde en ese entonces de San Isidro, el señor Carlos Neuhaus creó el Cuerpo Municipal de Patrulla. En el año 1996 el alcalde de Lima, Alberto Andrade, (quien había creado el Serenazgo en la Municipalidad de Miraflores en el año 1991) inauguró el Serenazgo para el Cercado de Lima. Desde esos años, todos los municipios del país, han implementado el cuerpo de Serenazgo en sus jurisdicciones.

Ante el incremento del crimen en nuestra ciudad y la inoperancia de la PNP, los ciudadanos han trasladado al Serenazgo, la responsabilidad de la seguridad ciudadana, algo para lo cual no fueron creados ni están capacitados de enfrentar.

La mayoría de alcaldes han caído en el error de tratar de combatir la delincuencia con serenos equipados con armas no letales en lugar de exigir más policías debidamente armados y preparados.

Los encargados de velar por la seguridad y combatir el crimen en las ciudades y a nivel nacional son los miembros de la PNP. No olvidemos que fue la PNP quien combatió y derrotó al terrorismo en los años ochenta y noventa. Fue la PNP quien capturó al genocida Abimael Guzmán y lo mostró al mundo, encerrado en una jaula con su traje de pijama a rayas. Es válido preguntar: ¿Por qué esa misma policía no puede combatir a los delincuentes el día de hoy? Brevemente les presentaré mi análisis.

A diferencia de Colombia donde hubo un acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla, en Perú fue la PNP quién acabó con el terrorismo. Aquí no hubo ningún acuerdo de paz. Uno a uno, la PNP fue encarcelando a la mayoría de los terroristas. Los comunistas nunca han perdonado a la policía esta derrota y por ello han hecho hasta lo imposible para debilitarla, hasta convertirla en el muerto viviente que es el día de hoy.

En lugar de dar armas no letales al cuerpo de Serenazgo, se debe equipar de manera adecuada a nuestra policía. Les puedo asegurar que un solo patrullero en la ciudad de Dallas (donde no existe el Serenazgo) tiene más armamento letal y equipo tecnológico que toda la comisaría de Los Olivos. Los policías de la cuidad de Lima, con las justas portan su pistola de reglamento – que en la mayoría de los casos es obsoleta- tienen una dotación limitada de munición y estoy seguro que no han realizado prácticas de tiro en años.  Si el policía tiene la “osadía” de usar su arma de fuego y disparar a un delincuente, lo hace con el miedo de matarlo ya que sabe que automáticamente una horda de “defensores de los derechos humanos” del delincuente, lo va a enjuiciar y perseguir hasta que logren sacarlo del cuerpo policial o meterlo preso. Se deben mejorar las leyes que protegen a la policía en el uso reglamentario de su arma de fuego para acabar con los delincuentes sin miedo.

Recordemos que los caviares aplaudieron a Vizcarra cuando sacó al ejército a las calles durante la pandemia, para obligarnos a quedarnos encerrados en casa. ¿Por qué ahora esos mismos caviares critican la propuesta de sacar al ejército para cuidarnos de la delincuencia? La respuesta es obvia. Los caviares odian a la policía y FFAA.  De allí su afán de impulsar un Serenazgo con armas no letales que pueda ser manejado por los alcaldes, en lugar de una policía nacional armada y empoderada para que pueda derrotar nuevamente a la subversión si fuera el caso. ¿Recuerdan los ataques subversivos durante las marchas de enero? ¿Quién se enfrentó a los terroristas, la policía o el Serenazgo?

Si bien no es la solución que el ejército salga a patrullar las calles de nuestra ciudad de manera permanente, si es necesario dar un “shock” de seguridad con la presencia disuasiva del ejército durante un año, hasta reorganizar, equipar y entrenar nuevamente a la policía, para que pueda cumplir con el rol que la Constitución le manda, la seguridad de los ciudadanos.

“Dios, Patria y Ley” Lampadia

“Colombia debió de haber expulsado a Sergio Tarache”

Entrevista a: María Fernanda Cabal
Perú21, 19 de Abril del 2023

La senadora colombiana habló con Perú21TV sobre la demora en determinar cuál será la suerte del feminicida Sergio Tarache Parra, de 21 años, y cuál sería el mecanismo idóneo para que este sujeto –detenido en Bogotá– retorne a nuestro país para ser procesado por el terrible asesinato de su expareja Katherine Gómez, de 18 años, a la que quemó viva.

¿Cómo traduce lo solicitud que acaba de hacer el gobierno peruano?

En primer lugar, no entendemos la demora. Eso ha debido ser ni siquiera extradición, que es un proceso más engorroso. Ha debido ser una deportación o expulsión, que es mucho más fácil. Finalmente, él no es ciudadano colombiano y allí está el delito, es un tipo confeso. Quiero contarle que hace un momento recibimos la información de Migración Colombia, que tenían aprobada la expulsión y la Cancillería también, y que faltaba un trámite en la Fiscalía de Colombia. Estamos tratando de comunicarnos con la Fiscalía porque si se vencen los términos lo dejan libre y se escapa el bandido.

¿Se le quiso dar un tufillo político a este caso, quizá por parte del presidente de Colombia, Gustavo Petro?

En un principio, se planteó la hipótesis que no lo iban a deportar porque Gustavo Petro no reconocía al gobierno de Dina Boluarte. Pero este es un tema ajeno a ideologías políticas. Yo esta mañana estaba bastante conmocionada con la demora, pero la noticia de ahora, que nos la da directamente el jefe de Migración Colombia, muestra que se está moviendo, tardíamente, pero se está moviendo, o sea de que sí hay voluntad de entregarlo a Perú.

¿Por qué se habría producido esta demora?

No lo sé. No sé si es por el mismo desorden ni desgreño administrativo de este gobierno, que todavía parece que no ha superado el empalme con el gobierno anterior. Pero la noticia es buena, siempre y cuando no se cumplan las horas, que serían hasta la medianoche de hoy que dejen libre a este bandido.

¿Cuánto duraría la extradición?

No, es deportación. La extradición es un proceso que tiene un mecanismo mucho más complicado porque es el nacional del país el que debe ser extraditado y debe haber un acuerdo tácito. La expulsión es mucho más sencilla, por eso es que no en tiendo por qué han tardado tanto.

¿Entre uno y otro proceso, cuánto se demoraría?

La expulsión es inmediata. Usted expulsa a un ciudadano en un día. Lo que yo pienso es que el peligro es dónde lo suelten; podría escaparse para Venezuela.

Por: Juan Carlos Tafur
Sudaca.pe, 12 de Abril del 2023

Lo que le está sucediendo al empresario y expresidente de la Confiep, Ricardo Briceño, es de antología y resume las miserias de un sistema fiscal y judicial abusivo y persecutorio. Hago esta columna en base a la esclarecedora ayuda memoria que me ha hecho llegar la defensa del afectado.

Ricardo Briceño fue presidente de la Confiep desde 2009 a marzo de 2011. La directiva de su sucesor, Humberto Speziani decidió recolectar fondos de diversos grupos empresariales para realizar lo que se denominó “Campaña de promoción de la inversión privada II”, logrando recolectar la suma de 2’077,500 dólares.

Con base a estos fondos, la Fiscalía, en agosto de 2022, luego de 3 años de investigación, cambió totalmente el foco inicial de la pesquisa (al principio alegó que en tanto Odebrecht había aportado a esa campaña 200 mil dólares, entonces se trataba de fondos ilícitos que, luego, se demostró que no tenían tal condición), y decidió acusar a Briceño de haber mal empleado esos fondos (a pesar de que ya no presidía la Confiep en ese tiempo), “falseando balances y estados financieros, omitiendo señalar que los fondos de la campaña de promoción de la inversión privada II eran para financiar la campaña de Keiko Fujimori”. Por eso, lo acusa de “lavado de activos derivado de fraude en la administración de persona jurídica en agravio de la Confiep”. Y pide cárcel de 22 años y 4 meses.

En paralelo, el fiscal José Domingo Pérez derivó parte de esos actuados a una fiscalía del distrito de La Victoria para que investigue el supuesto “fraude en la administración de persona jurídica” en agravio de la Confiep. Seis meses después, dicha Fiscalía dijo —más allá de que el delito había prescrito— que NO había ningún fraude, puesto que no se habían falseado balances ni desvío de fondos. En suma: Briceño no engañó a la Confiep ni a ningún empresario. Y archivó el caso.

Sin embargo, el Fiscal Pérez hizo caso omiso al archivamiento del “delito fuente” sobre el cual basa su acusación de “lavado de activos” contra Briceño. Lo lamentable es que el juez Víctor Zúñiga —que ha devuelto 9 veces la acusación fiscal— dejó pasar este extremo de la acusación contra Briceño. Sin embargo, si no hay delito fuente, no hay lavado de activos. Continuar la acusación es inconstitucional, viola un principio básico del debido proceso penal: a nadie se le puede acusar por una conducta no delictiva.

Briceño ha recurrido a la justicia constitucional a través de un hábeas corpus que ha sido visto por la Segunda Sala Constitucional de Lima el pasado 29 de marzo. Los jueces Roberto Vílchez Dávila (presidente), Eduardo Romero Roca y David Suárez Burgos, tienen en sus manos hacer justicia y encausar el caso “Cócteles” por el camino adecuado, sin manchar honras ni afectar derechos constitucionales básicos.

Por: Augusto Álvarez Rodrich
La República, 13 de Abril del 2023

Correcciones indispensables en la lucha anticorrupción.

Ojalá que la corte superior de Lima haga valer la decisión de la fiscalía que ordenó el archivamiento definitivo de la investigación por lavado de activos al expresidente de Confiep Ricardo Briceño, pero que fue dejada de lado por el fiscal Domingo Pérez e ignorada por el juez Víctor Zúñiga, pues acá no solo está en juego la situación de este empresario, sino la posibilidad de enmendar abusos que se cometen contra muchos inocentes.

Una de las instituciones que más ilusión produjeron en el país por su potencial para luchar contra la corrupción es el ministerio público, pero el desempeño de algunas fiscalías ha generado frustración no solo por su lento avance, sino, peor aún, por la sensación creciente de los abusos que cometen.

La corrupción, qué duda cabe, es una lacra nacional muy grave que daña la calidad de vida de la población, y que no tiene excepción en el tiempo, tipo de gobierno —democrático o autoritario—, o el color político del régimen, la cual requiere ser enfrentada con una acción de la justicia que sea valiente, profesional, rigurosa y políticamente neutral.

Por ello, las fiscalías anticorrupción generaron mucha expectativa y respaldo entusiasta —como el de esta columna—, especialmente en los momentos en que fueron atacadas, como cuando el entonces fiscal de la nación Pedro Chávarry quiso destituir a sus responsables en el año nuevo de 2019.

Lamentablemente, esas fiscalías anticorrupción no han estado a la altura del desafío. Sus investigaciones avanzan con extrema lentitud y en el camino cometen —acaso para compensarlo— arbitrariedades que se expresan en incorporar cada vez a más personas en las investigaciones, como lanzando una red a ver qué chapan, pidiendo prisiones preventivas como condenas adelantadas que no llegan, y con acciones que afectan la percepción de que son políticamente neutrales.

En el camino, dañan honras, carreras profesionales y vidas, lo cual se favorece por la complicidad de un sector del periodismo que avala todo lo que hacen los fiscales —bueno o malo— por ideología o para obtener ‘primicias’.

El abuso contra Ricardo Briceño es uno de tantos en los que estas fiscalías actúan con arbitrariedad, lo cual solo desprestigia a la lucha anticorrupción.

Por: Aldo Mariátegui
Perú21, 13 de Abril del 2023

“Algunos por allí argumentan que esta megaoperación fiscal es una cortina de humo lanzada por la caviarada para distraer al público –o para minimizar el impacto– de la inminente extradición de Toledo”.

iEvidentemente, Joaquín Ramírez y toda su familia están metidos en entripados muy feos a investigar. Y Keiko cargará con la responsabilidad, hasta penal, de tanta cercanía absurda a este sujeto, al que sospechosamente hizo secretario general de su partido a pesar de lo tan política e intelectualmente opaco que es.

Algunos por allí argumentan que esta megaoperación fiscal es una cortina de humo lanzada por la caviarada para distraer al público –o para minimizar el impacto– de la inminente extradición de Toledo.

La caviarada actuaría así porque tiembla de que “el sano y sagrado” se ponga a cantar cual Pavarotti y cuente muchos pecadillos que estos zurditos cometieron bajo el toledismo a cambio de una condena o de condiciones de reclusión más benignas, pues a sus 77 años un Toledo encerrado que disponga fácilmente de trago y mujeres ya estaría suficientemente feliz, más aún si le dejan también que “Filete” y otros amigotes vayan a entretenerle esa sazonada jarana diaria que es su vida. Podría ser cierta esta hipótesis, pero no me termina de convencer.

Más bien me llama la atención esta tremenda casualidad de que justo se ejecuta toda esta tan aparatosa operación fiscal cuando el Congreso está por cortarle la cabeza a la fiscal Zoraida Avalos, de la cual se habla que es muy cercana a la caviarada, especialmente al señor de la ONG más poderosa de este sector.

¡Hasta ese argumento de Fuerza Popular como un “brazo político” más parece salido del laboratorio mental sociológico de una ONG politizada que del Ministerio Público! ¿Las nucleares explotan así nomás, de repente, gratuitamente en la política criolla? ¿En política existen las casualidades?

Además, esta bomba nuclear está muy bien diseñada en cuanto a sus efectos radioactivos, pues podría abrir una fisura entre el Ejecutivo y la bancada naranja, lo que le convendría muchísimo a la caviarada para tirarse abajo a este gobierno y después procesar, con sus aliados judiciales y fiscales, a Keiko y Dina.