Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

Desde hace algunos años, aunque haciendo metástasis durante estos últimos 10 meses, no hay cumplimiento de la ley en el Perú. El sistema se ha prostituido, la ley es de aplicación selectiva:

1. Normas de tránsito para ciudadanos normales, distinta que para los transportistas a quienes se les condona o anula las multas.
2. Aplicación de legislación anticorrupción, con ciertos criterios para la izquierda, distinta que para los demás.
3. Criterios de prisión preventiva o acción de la fiscalía diferente para los allegados al gobierno, que para el resto de mortales.

Alguien repetía que, en el Perú, de acuerdo a la legislación vigente, “todo está un poquito prohibido y un poquito permitido” y con esto, ya tenemos algunas muestras emblemáticas, aunque podríamos continuar enumerando muchísimos casos más.

Parece mentira, pero en el Perú tenemos

• unos 160,000 abogados, esto es, uno por cada 206 habitantes, además de tener en estos momentos 130,000 estudiantes de derecho, lo que quiere decir que 1 de cada 63 ciudadanos en edad universitaria, está estudiando para abogado.
• Por otro lado, nuestro poder judicial cuenta con más de 3,300 jueces, de los cuales 1,000 son supernumerarios,
• y el ministerio público cuenta con más de 6,500 fiscales, de los cuales unos 2,600 son fiscales provisionales.
• A esto debemos agregar un contingente de 130,000 policías dedicados al control de seguridad ciudadana e investigación del delito.

Esto significa que, en el Perú, hay un juez por cada 10,000 ciudadanos, un fiscal por cada 5,076 habitantes y un policía por cada 254.

El problema no parece ser la cantidad de abogados, jueces, fiscales y policías, para lograr la debida aplicación de la ley, sino el contar con una frondosa legislación, que no necesariamente está debidamente concordada, con una gran diferencia de criterios entre los abogados, los jueces y los fiscales. Una gran diversidad en la calidad educativa de esos profesionales, sin que se cuente con un nivel estándar a nivel nacional, al margen de los valores y principios morales de los individuos dedicados a esta tarea, tan utilizada para nuestro país, cuando por otro lado, todo se trata de judicializar en el Perú y cuanto menor el nivel educativo, mayor la propensión a entablar demandas judiciales.

A ese respecto, acabamos de ser testigos de cómo se festina el otorgamiento de grados y títulos en algunas universidades llenas de dinero, o la diversidad de criterios entre los jueces, para liberar a violadores y asesinos convictos y confesos, sin el menor escrúpulo, ni cuidado. Igualmente, la ligereza con que algunos fiscales se desentienden del cumplimiento de su función de investigar el delito y acusar debidamente, cosa que ya llegó hasta la cabeza de la Fiscalía de la Nación, pero sin consecuencia alguna, por no mencionar el mal funcionamiento de algunas dependencias policiales y en particular, el comportamiento de algunos miembros de la institución.

A lo dicho, debemos agregar la manera como se dilatan y manosean los procesos judiciales, tomando años, sino décadas, para llegar a sentencias finales que, ya nadie sabe si son finales, puesto que, si no se reabren los casos por algún artilugio, aún después de la sentencia de la “Corte Suprema”, pues se apela ante el Tribunal Constitucional y si no les gusta el resultado, el destino favorito de algunos, será la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En suma, la de nunca acabar.

A grandes males, grandes remedios, y puesto que este caos lo único que hace es alimentar aún más la corrupción reinante en el “sistema de justicia”, propongo para resolverlo, recurrir a la tecnología mediante sistemas de información e inteligencia artificial, con lo cual podremos alcanzar metas tangibles, tales como:

1. Lograr una legislación debidamente concordada, la que elimine todas las normas que, ya como generalidad se dejan sin efecto mediante la frase, “Déjese sin efecto todas las normas que se opongan a la presente…”, pero sin especificar.
2. Aplicar lo siguiente en el poder judicial: (i) Establecer criterios uniformes en base a jurisprudencia de aplicación obligatoria. (ii) Establecer la regla esencial de estrategia que determina claramente los temas en los que los juzgados no deben intervenir, sino hacer que sean resueltos por procedimientos, muy claramente acotados en un algoritmo y decididos por una computadora (ya existe vasta experiencia de su eficacia en países desarrollados). (iii) Lo mismo aplica a la Corte Suprema, quien no debe intervenir en todos los procesos, sino únicamente en aquellos en que sea necesario establecer una jurisprudencia de aplicación obligatoria.
3. Estandarizar los criterios de las fiscalías para investigar el delito y acusar, de modo que no quede margen de duda que, todo ciudadano presumiblemente involucrado en un delito, debe ser investigado, sin excepción.
4. Debe establecerse con claridad, que las prisiones preventivas son medidas aplicables a narcotráfico, crimen organizado y otros en los que se involucren hechos de sangre y peligro para la sociedad, mientras, por otro lado, debe acortarse los plazos de investigación de un delito y hacer los procesos judiciales más expeditivos. No puede haber juicios que, en cada instancia, duren más de un año.
5. No se debe permitir tratamiento diferenciado ante la ley, en ninguna circunscripción del territorio nacional, sin distingo de cultura, raza, sexo u otros.

Estoy seguro que, en el ejercicio del derecho civil y comercial, las computadoras reemplazarán, con larga ventaja, a los egresados de universidades que no puedan garantizar la calidad de sus profesionales y que los algoritmos de inteligencia artificial, ayudarán a resolver progresivamente la podredumbre que se ha enquistado en el sistema judicial, pero debemos empezar a aplicarlo de inmediato, de lo contrario, seguirá acumulándose la carga procesal, por no contar con criterios claros y procedimientos que impidan dilatar las sentencias, a gusto de los jueces y fiscales. Lampadia

Jaime Spak
Para Lampadia

Pedro Castillo prácticamente se ha convertido en inquilino precario de Palacio, como consecuencia de los numerosos escándalos extra gubernamentales que se han originado desde que asumió la presidencia.

Todos nos estamos rompiendo la cabeza viendo cual es la fórmula constitucional para que este desastre de gobierno llegue a su fin.

Sin embargo, pronto seremos testigos que Castillo se ira por otros motivos.

Recordemos a la famosa Matilde Pinchi Pinchi, y la caída del gobierno de Fujimori.

Luego de la Re-re -elección de Fujimori, si no fuera por los vladivideos nunca se hubiera descubierto la cantidad de tropelías que se habían producido en los últimos años de su gobierno.

Sin embargo, un problema sentimental en la cual la Pinchi Pinchi se sintió engañada por Montesinos, generó que esta mujer se apropie de algunos videos de su queridísimo amante y lo ponga a disposición de la opinión pública.

En medio del escándalo se convirtió en testigo protegida y colaboradora demasiado eficaz.

Esta mujer que le manejaba todas las finanzas a Montesinos no piso cárcel alguna ni por un minuto.

El gran problema político, al final se decantó por un lio de faldas.

Haciendo un paralelo con lo que sucede ahora podemos ver que Castillo está siguiendo la misma senda.

La precariedad de Castillo es tan elocuente, que se alió a personas con oscuros antecedentes.

La nueva famosa Karelim López, ahora es colaboradora eficaz de la fiscalía, pero esta mujer no es la Madre Teresa de Calcuta, ni mucho menos.

Es una lobista de larga data que venía haciendo oscuros negocios con el Estado desde mucho antes del gobierno de Castillo.

Pero seguro al estar Castillo desprovisto de buenos asesores, cayó en la red de esta mujer aupada por su íntimo Bruno Pacheco y que ahora se ha convertido en la principal acusadora de todo lo malo de Castillo.

Pacheco tampoco es el hombre más probo de la tierra, sino todo lo contrario.

Este señor que vivía en el asentamiento Humano Mariscal Castilla fue denunciado por sus propios vecinos de apropiarse del dinero generado por los alquileres de las losas deportivas y un local comunal. Incluso, indican que dejó el cargo sin rendir cuentas de los ingresos económicos y no concretó las obras proyectadas en favor de los vecinos.

Este ladronzuelo de poca monta era el secretario general de Palacio, el que guardaba US$ 20,000 en el inodoro.

Y para colmo de precariedad, sus ingenuos sobrinos no tuvieron la capacidad de conseguir mejor aliado para cometer sus fechorías que el hoy famoso Zamir Villaverde, otrora jefe de Pacheco en una de sus empresas.

La receta perfecta para delinquir. Tener al trio sensación de aliados dentro de palacio.

Este señor Villaverde, perteneció a la Fuerza Aérea del Perú y fue dado de baja y degradado públicamente en el año 1999.

El delito:  en sus días de franco se dedicaba a asaltar a la gente.

Unos años más tarde de ello fue detenido en flagrancia durante un asalto a la pizzería Donatello y condenado a 10 años de prisión.

De la manera más increíble a los dos años obtuvo su libertad.

Así funciona nuestro país.

Gran precariedad de instituciones.

Este oscuro personaje es el que en complicidad con los sobrinos de Castillo tejió una red de corrupción que se enquisto en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para poder direccionar las licitaciones a empresas que eran allegadas a Karelim López.

Es decir, estos jóvenes sí que se las traían, pues empezaron a ejecutar su plan apenas Castillo asumió la presidencia, por ello es por lo que esas reuniones las hicieron en la casa de Breña y no en el Palacio para que no quede huella del delito.

Estos ingenuos sobrinos fueron deslumbrados por Villaverde el cual le puso a su disposición Camionetas del año, les alquilo departamentos en zonas residenciales, les compraba costosos relojes y ropa y como cereza de la torta les enviaba cariñosas damiselas para que pasen sus noches mejor acompañados.

Si en lugar de este trio, se contrataba al loco Perochena, al cojo Denis o al cabecilla de Los Destructores hubiera sido lo mismo.

Como es posible que esta calaña de gente haya tenido acceso a los más altos niveles de la administración pública.

Solo por eso Castillo debería de ser vacado: por comisión u omisión.

Lo único realmente raro de lo que ha sucedido la última semana es que Villaverde en lugar de declarar sobre la corrupción en el MTC empieza a hablar sobre el fraude electoral.

No será una intención de desviar la opinión pública y de manera tangencial blindar a Castillo.

No hay que ser ingenuos, repito el señor Villaverde es un delincuente de cuello y corbata, que como repito incluso ha estado en la cárcel por delitos comprobados.

Pero como dice la canción de Héctor Lavoe, Todo tiene su final, curiosamente ni el congreso, ni el JNE, ni el Tribunal Constitucional, lograran lo que se generara por acción de estos angelitos, el Brunito, la Karelim y el Zamir.

Es decir, la precariedad de nuestro gobernante es tal que podrá utilizar a todo su portátil, al inefable Vladimir Cerrón, al colérico Aníbal Torres, a la deslenguada de Kelly Portalatino o al malcriado de Puka Bellido para salvarse de la vacancia, pero lo que no lograra es que estos personajes de dudosa reputación sean los que se traigan abajo este nefasto gobierno.

Castillo sabe que si renuncia acabara en la cárcel en muy poco tiempo, así que no nos sorprendería que haga una negociación al más alto nivel para irse en calidad de asilado a Bolivia.

No creo que ni Venezuela lo reciba.

El principal problema que vemos es que Castillo sabe que no tiene salida ni salvación, ni siquiera que llame a un nuevo gabinete, pues ninguna persona decente osaría entrar a trabajar con el profesor después de todo lo que se ha revelado.

Estamos próximos a un episodio muy triste de nuestra historia republicana, en donde veremos a un pobre presidente huir del país a buscar refugio en donde seguirá siendo inquilino precario. Lampadia

Enmienda auto que anulaba habeas corpus de los marinos

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

Procrastinar significa postergar o aplazar tareas, deberes y responsabilidades, por otras actividades que nos resultan más gratificantes pero que son irrelevantes. En el fondo, una forma de evadir, refugiándose en otras actividades, para no enfrentar una responsabilidad o una decisión que debemos tomar (Así lo describe Fabián Coelho).

Recientemente, el ministro de justicia y DDHH, en un artículo publicado en El Comercio, compartía la información proporcionada por la Presidente del Poder Judicial, en el sentido que, juntando los procesos civiles, penales, de familia y laborales, al año 2021 se manejaba 2.6 millones de expedientes judiciales, 1.1 millones en trámite y 1.5 millones en ejecución. Por supuesto, esta información viene acompañada de un comentario referido a “la alta carga procesal”.

El artículo comienza diciendo que, en abril de 1993 se publicó el Código Procesal Civil, el que en su tiempo fue un gran avance, pero que pasados 27 años de vigencia, “se requiere una revisión para adecuarlo a las nuevas circunstancias”. Lo que no se comentó, es que el “nuevo” Código Procesal Penal, data del año 2004 y que su aplicación a nivel nacional, ha tardado 17 años, puesto que recién se está poniendo en aplicación desde junio 2021 en Lima Metropolitana, haciendo la salvedad, que el antiguo Código, se seguirá aplicando en los procesos antiguos.

Hago esta mención, porque es importante notar que los procesos judiciales en el Perú tardan entre 10 y 30 años, y esto, si una vez concluido el proceso, no lo reabren por alguna interpretación de algún jurisconsulto o fiscal.  En resumen, si el tiempo promedio de los procesos judiciales fuera conservadoramente de 15 años, el inventario a la fecha requiere 39 millones de años de trabajo-juzgado, entre las distintas instancias del proceso, para lo que claramente no hay presupuesto que alcance.

Obviamente, entre la proclividad de los peruanos a litigar, la creatividad y capacidad de interpretación de la ley por parte de nuestros abogados litigantes y la poca o nula vocación de nuestro aparato judicial, jueces y fiscales, para acelerar los procesos, acompañado de incentivos perversos, esto deviene en la de nunca acabar. La primera gran pregunta que haría es ¿Existe algún incentivo para que un juez acelere los procesos y llegue a una sentencia? La respuesta obviamente es NO, pues el ecosistema judicial no está diseñado en términos de eficiencia procesal, claridad y simplicidad de procesos, objetividad, ni precisión. El sistema judicial no establece tiempos razonables ni medición de eficiencia de los jueces y fiscales y, ya sabemos, que lo que no se puede medir, no se puede gestionar. Asimismo, los larguísimos plazos de prescripción, facilitan priorizar los casos simples y postergar hasta por más de 20 años, los casos más complejos o graves, dejando en el ínterin, en libertad al investigado para ejercer función pública.  

Podemos observar casos flagrantes, como lo denunciado recientemente por Perú 21, en el sentido que, en la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Junín, se ha producido un crecimiento exponencial de casos acumulados “en trámite”, en comparación con los casos resueltos. Mientras en el año 2011 se resolvía más del 97% de casos, quedando en trámite menos del 3%, esta proporción fue deteriorándose rápidamente hacia los años 2015-2017, alcanzando una proporción de 40% en trámite contra 60% resueltos. Ya en el 2019, el número de procesos en trámite fue el doble que el de resueltos (2.16 veces) y en el 2020 alcanzamos a 12 veces los expedientes en trámite respecto a los resueltos, eso quiere decir que sólo se resolvió el 10% de los casos en trámite. Esto es particularmente grave, cuando se aprecia que 14 investigaciones iniciadas en el 2011, aún no se resuelven y, oh casualidad, un número importante de estos están relacionados al señor Cerrón. Pero lo más grave, es que el periódico mencionado consultó a la Fiscalía de la Nación y nunca obtuvo respuestas. Debe pues, en estos casos, en que el Fiscal Provincial puede ser objeto de presiones por parte de la autoridad regional, elevarse los casos a fiscales supra regionales, quienes debieran tomar control de los casos, pues esta situación se agravará, en la medida que los gobiernos descentralizados estén manejados o influenciados por delincuentes más avezados.

El poder judicial, no hace, ni revisa periódicamente un Planeamiento Estratégico que le permita identificar con claridad sus objetivos, visión y misión, para estar en condiciones de identificar qué es lo que debe hacer y lo más importante, qué es lo que no debe hacer. El sistema judicial debe concentrar sus capacidades y esfuerzos, optimizando los recursos que el Estado le da, para brindar el mejor servicio de justicia a la ciudadanía, de la forma más equitativa y célere posible.

Como hemos descrito, tampoco se ha ocupado de poner en aplicación los Códigos Procesales en simultaneo, por lo que, cuando están terminando de ponerlo en aplicación (dos décadas después), ya sienten la necesidad de modificarlos. Nadie se ha puesto tampoco a pensar que, por el artificio judicial de “desacumulación” de procesos, se genera una gran inequidad en la conducción de los procesos, pues unos se conducen con el código antiguo, mientras otros con el código nuevo.

Es obvio que, en el sistema judicial, poco o nada se ocupan de la calidad académica y probidad de los candidatos en los procesos de selección de fiscales o jueces, ni exigen los mejores valores éticos y morales, forjados desde el hogar. Tampoco son prolijos para examinar los potenciales conflictos de interés, directos e indirectos, a través de las relaciones familiares, la cercanía a grupos de interés delictivos, tales como; cocaleros, traficantes de drogas, terroristas, gente dedicada a tala y extracción ilegal de minerales o a miembros de grupos infiltrados u organizados alrededor de autoridades elegidas a nivel municipal o regional, especialmente en regiones donde se concentran esas actividades delictivas, ni se toma medidas de protección, para que los jueces y fiscales no estén expuestos a presiones indebidas, ni extorsión de los delincuentes.

El problema radica, en que toda demanda civil, de familia, laboral o penal, se admite a trámite, con la posibilidad de recorrer, desde la primera instancia, hasta la Corte Suprema, pasando por supuesto por las Salas Superiores. Por eso, además de la buena aplicación de los expedientes electrónicos impulsado desde la pandemia, debería orientarse completamente los temas civiles a tribunales arbitrales, los temas de familia, a jueces de paz, autorizando a los notarios a ejercer esas funciones, reservando los temas laborales y penales al poder judicial.

Los procesos debieran llegar a las salas de la Corte Suprema, sólo por excepción y siempre que permita sentar jurisprudencia de aplicación obligatoria. En aras de la predictibilidad, debiera de aplicarse obligatoriamente la jurisprudencia. Se debe tener un reporte periódico del avance de los casos, así como un control directo sobre el accionar de los jueces, evitando dilaciones innecesarias.

Como podemos apreciar, no sólo las dependencias del poder ejecutivo, gobierno central y gobiernos sub-nacionales, están enfermos de procrastinación, sino que todo el sistema judicial, también lo padece y en grado sumo. Lampadia

Rafael Venegas
Director Independiente de Empresas
Para Lampadia

Los escolares con uniformes comando, perfectamente formados y en posición de atención. El instructor con voz de mando vocifera ¨ANTES QUE TODO¨ y los alumnos al unísono y con voz marcial responden ¡EL PERÚ!

Así era el ceremonioso inicio y también el cierre de las clases de instrucción premilitar, que cursamos en la secundaria las generaciones anteriores a 1974. El grito era el lema premilitar y también existía el himno, cuya primera estrofa era ¨Hoy de pie en el umbral del futuro, se alza el grito de la juventud: ¡Adelante, la patria nos llama! ¡Antes, antes que todo el Perú!

La instrucción premilitar era una materia obligatoria en el currículo de secundaria en el Perú desde 1939 hasta 1974. Los alumnos recibíamos instrucción teórica y práctica en varios temas relacionados a lo militar, pero también en disciplina, respeto y amor a la patria. Temas que hoy nos hacen muchísima falta lamentablemente.

Nunca supe porque eliminaron este curso, ni tampoco el de Educación Cívica. Me parece que fue un gran error, ya que ambas materias son absolutamente necesarias para la formación personal de los jóvenes, como complemento de los valores inculcados en sus respectivos hogares.

Lo triste es que el tema de los valores, parece que también hubiese sido eliminado del currículo de los hogares. ¡Terrible!

La falta de estas bases sólidas es el principal motivo por el cual la gran mayoría de la población actúa hoy en día de una manera muy ligera, por decir lo menos.

El egoísmo supera a la solidaridad, lo individual prima sobre lo colectivo, el facilismo sobre la disciplina, el odio y la intolerancia sobre el respeto y los sentimientos dominan a la razón.

Por otro lado, el amor a la patria está ahora limitado a temas guiados por las emociones, como el deporte, la música criolla, el pisco y la comida peruana. Sin embargo, se actúa con gran indiferencia en temas relevantes para el país como la gobernabilidad, la justicia, el desarrollo y el bienestar de la población.

Esta carencia de valores y de amor por la patria, sumados a la apatía de la población, ha sido aprovechada por un grupo minoritario de malos peruanos, entre los que se incluye la muy desgastada clase política. Estos individuos vienen manejando el país a su antojo, dando rienda suelta a sus bajos instintos como la corrupción, el fraude, la delincuencia, el abuso del poder y la impunidad, a costa de toda la población.

Debido a todo esto y a las crisis que nos azotan actualmente, la población se encuentra frustrada y en estado de vulnerabilidad. Este es el escenario soñado para los trasnochados comunistas, quienes se han aprovechado de esto para reagruparse y regresar a la palestra. Esta vez por la vía electoral, utilizando su típica táctica de la victimización y la lucha de clases potenciada por el odio y el racismo.

En el frente internacional, los comunistas, luego de ser derrotados a fines de los años 80, se reinventaron y regresaron a la carga con una nueva estrategia para la toma del poder. Reemplazaron al terrorismo armado, por el ideológico. Esto lo vienen practicando hace varios años y en varios países y lo hacen penetrando los sistemas de educación pública, los medios de prensa y los poderes del estado. ¿Les suena conocido?

Esta estrategia está muy vigente en Latinoamérica y es digitada por el infame foro de Sao Paulo. Últimamente, aprovechándose maliciosamente de la pandemia, se han enfocado en los países cuyos resultados económicos venían siendo los mejores de la región. Me refiero a los miembros de la Alianza del Pacífico: México, Colombia, Chile y Perú.

En México consiguieron el gobierno vía elecciones (Andrés Manuel López Obrador). En Chile, luego de varias semanas de muy fuertes protestas y vandalismo, lograron aprobar vía referéndum, la elección de una asamblea constituyente. Esta acaba de ser elegida con una amplia mayoría de representantes de la izquierda. Eso significa que la actual constitución se cambiará totalmente por una de corte comunista.

En Colombia, hace semanas están en la fase de las fuertes protestas callejeras y vandalismo. Y en el Perú estamos ad-portas de elegir a un gobierno comunista que será digitado por el foro de Sao Paulo, a través del comunista y sentenciado por corrupción, Cerrón.

¿Que les parece? ¿Es una casualidad o es un orquestado y malévolo plan para el sometimiento de Latinoamérica al comunismo totalitario? ¿Vamos a permitir que prosperen estos funestos planes en nuestro país?

La respuesta la tienen el 15% de peruanos que, hasta el día de hoy, piensan lavarse las manos y votar en blanco o que no han decidido aún si votar por la democracia o el comunismo.

A ellos me dirijo, a través de ustedes. Por el bien del país, les pido que hagan lo necesario para convencer a la gente de su entorno que aún no haya decidido su voto, o que piensan votar en blanco o nulo. El Perú y todos los peruanos se lo vamos a agradecer.

En un caso extremo como este, en que el futuro de nuestro país está en grave riesgo, es un acto de cobardía y de anti-patriotismo votar en blanco o nulo. No estoy pidiendo que voten por uno u otro lado, estoy pidiendo que no evadan la responsabilidad y voten por la democracia o por el comunismo.

Señoras y señores indecisos:

• ¡El futuro de nuestro país está en sus manos!
• ¡Votar en blanco no es una opción, es una cobardía!
• ¡No decidan basados en el odio, sino en la razón!
• ¡El odio no es algo digno, el perdón si!
• ¡Sean patriotas, no entreguen el país al comunismo!

Tengan muy presente que: ANTES QUE TODO: ¡EL PERÚ! Lampadia

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

A veces pareciera que no tenemos claro, que el rol principal del Estado es brindar: salud, educación, seguridad y justicia, ciertamente acompañado de su rol regulador. A estas actividades, se les llama, la redistribución del ingreso. Encuentro que, algunos no han leído bien la Constitución o al menos de manera integral y creen que, cuando en el capítulo económico se da al Estado un rol subsidiario, se refiere a toda actividad y no exclusivamente a la actividad empresarial.

Claro, para algunos ha sido muy conveniente no hacer su trabajo, al amparo de esta interpretación errónea. Por eso, el sector empresarial hizo su trabajo; en lo económico, social y ambiental, y por eso el Estado se enriqueció y acumuló muchos fondos. Pero ni el gobierno nacional, ni los regionales y municipales, resolvieron las necesidades básicas sanitarias (agua potable y desagüe con plantas de tratamiento de aguas residuales-PTAR), no se habilitaron postas médicas debidamente atendidas, ni escuelas decentes con servicios higiénicos adecuados, electricidad, conectividad y maestros debidamente calificados para una enseñanza de calidad.

Los casos que mayor malestar han generado, son en aquellas regiones con grandes inversiones en proyectos mineros, gran movimiento de equipos, tecnología y modernidad, pero en los que sus pobladores, la ven pasar y no han recibido el beneficio. Lamentablemente, el Estado no está organizado para cumplir su rol y peor aún, los gobernantes no han tenido clara visión de los problemas y soluciones, capacidad de organizar y menos de ejecutar. Varios presidentes han sido “felices” transfiriendo dinero a los gobiernos regionales y locales, sin ton, ni son y peor, sin controlar.

A propósito, el sector minero paga al fisco 29.5% de impuesto a la renta (IR), 5% de impuesto al dividendo, Impuesto Extraordinario al sector Minero (IEM) y regalías, en un rango que va entre 2% y 8.4% de la utilidad operativa (no considera depreciación, ni amortización de las inversiones) y si se suscribe un Contrato de Estabilidad Tributaria, se incrementa la tasa de IR en 2% y además, se destina una Participación de Trabajadores del 8% de la utilidad antes de impuestos. Consecuentemente, la carga para el inversionista minero se acerca al 50% de la renta generada.

Como bien ha dicho un recaudador de impuestos, existe en minería lo que se llama el “Canon Minero”, que se ha fijado, para facilidad de cálculo, en 50% del IR y que se creó con la finalidad de ser destinado a obras e inversión regionales, municipales y para fomentar la investigación universitaria. Lamentablemente, ya se dieron maña para perforar la ley y usar esos fondos para gastos corrientes en “planeamiento y consultorías” (otra forma de gasto corriente) por más del 30% de lo “ejecutado”. No obstante, en los últimos años no se ha gastado más del 60% a 70% del canon en las regiones mineras. La experiencia de las dos últimas décadas, es que estos fondos han sido muy mal manejados en manos de esas autoridades regionales y locales, se ha gastado en obras superfluas e innecesarias, obras sin adecuada ingeniería y finalmente, han sido la principal fuente de corrupción (veamos Junín, Moquegua, Ancash y Cajamarca). Por eso tenemos 20 exgobernadores regionales sentenciados (entre ellos Cerrón), además de los investigados y acusados a la fecha (incluyendo a Martín Vizcarra) y un número mucho mayor de alcaldes.

Entiendo que, a la luz de estas experiencias negativas, Fuerza Popular está proponiendo la entrega de hasta 40% (lo que en promedio no se ejecuta), a los miembros de la comunidad. Esta es una idea gruesa que, me parece, se debe trabajar. Veía el esquema de Noruega, país rico en recursos naturales, como el nuestro, pero donde se hace un uso inteligente de sus beneficios y, me parece, el nuevo gobierno debiera adecuar ese esquema a nuestra situación específica.

Desde el gobierno nacional se debe diseñar los proyectos orientados al cierre de brechas de agua potable, desagüe, primer nivel de salud, educación primaria y secundaria de calidad, electrificación y conectividad. El Estado no debe permitir que se desvirtúe y desvíe los presupuestos de inversión del Canon a monumentos, edificios o piscinas, tal como hemos mencionado, mientras no se cierren las brechas de necesidades básicas. Concuerdo con el hecho que, los pobladores de las zonas mineras, deben de sentir el beneficio de estar en una zona con operaciones mineras, pero, como el diablo está en los detalles, se debe definir primero lo siguiente:

• El radio de acción geográfico al que debe alcanzar las poblaciones beneficiadas por una entrega de beneficio directo.
• Sabiendo que es imposible desarrollar la infraestructura propuesta para cierre de brechas en pequeños grupos de vivienda aisladas en las alturas, se debe promover zonas de desarrollo urbano, en la que las comunidades deben permitir que los miembros de su comunidad reciban título de propiedad de su terreno para vivienda. Con eso estarán debidamente empadronados y podrán ser beneficiarios de lo que proponemos.
• Se debe entregar en efectivo hasta 20% del Canon, debidamente registrado en la banca y el otro 20% debe destinarse, en principio, a inversión en habilitación urbana, sanitaria, vial, eléctrica, de conexión a internet y de construcción de vivienda, mediante un crédito hipotecario respaldado por ese flujo permanente de canon futuro.
• A futuro y una vez satisfechas esas necesidades, se aplicarían en mejoras en educación y como capital semilla de nuevos emprendimientos, pues debemos fomentar que las poblaciones de esas regiones también desarrollen actividades industriales y se relacionen con los mercados nacionales y globales.
• Uno de los objetivos de este plan, es que desarrollemos ciudades urbanizadas en las diferentes regiones, ciudades que puedan brindar todas las facilidades de acceso, vivienda cómoda y condiciones sanitarias de primer nivel, que los niños puedan disponer de colegios de calidad, con maestros de calidad, conectividad a internet, que le permita educación global y competitividad, buenos servicios de salud y seguridad.

Está claro que, el resto del canon (60%), debe ser usado en infraestructura regional y provincial, como distribución de energía, hospitales, plantas de tratamiento de agua potable y residual, accesibilidad carretera o ferroviaria, consolidando así el desarrollo descentralizado.

Ciertamente, no podemos tener un país con cerca de 2,000 autoridades autónomas (New York tiene un tercio de la población del Perú y se maneja con 1 solo alcalde). Por su lado, Noruega tiene regiones con recursos naturales como el Perú, pero sus autoridades administran la política e inversiones del gobierno nacional, contando con un equipo de gerencia de alta calidad moral y profesional. Cuenta con un Estado muy fuerte, pero pequeño, cuyo objetivo central es proporcionar un estado de bienestar, reduciendo con servicios públicos de calidad las diferencias socio-económicas, garantizando una vida en absoluta libertad (ni la policía usa armas). Nadie busca “plurinacionalidades”, sino orgullo de pertenencia nacional, más aún, la sociedad trata de incorporar a los inmigrantes, que obviamente deben poner todo de su parte para ser incorporados y se consigue la ciudadanía, pagando impuestos e integrándose a la sociedad, trabajando para ella. Además, ha sido capaz de constituir un fondo de reserva, a partir del beneficio de sus recursos naturales, para asegurar la permanencia de ese estado de bienestar, pensiones y posibles contingencias.

Debiéramos aprender a construir una sociedad más homogénea, aprendiendo e incorporando las experiencias positivas. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Lima, 7 de mayo de 2021
Para Lampadia

La gente deplora las inequidades sociales. En el fondo, deploran la injusticia. Yo también deploro la injusticia. En realidad, todos – excepto los corruptos – deploramos la injusticia en nuestro país. ¿Por qué unos tienen mucho, y otros no tienen nada?

¿Por qué algunos estudian en buenos colegios y universidades, mientras que otros no tienen ni para los útiles? ¿Por qué unos viven en casas con agua, luz, gas domiciliario, internet, parques y jardines, escuelas de alto nivel para sus hijos, hospitales de primera, seguridad en el vecindario, mientras que otros – 1´600,000 familias peruanas – viven hacinados en chozas de esteras, cartones y plásticos, sin agua, luz… nada?

¿Por qué tanta gente pobre ha muerto por falta de oxígeno, en plena pandemia? ¿Por qué más del 70% de los trabajadores peruanos no tienen empleo formal? ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Por qué a unos les va bien, mientras que a otros les va pésimo? ¿Por qué tanta inequidad?

Obviamente, la gente tiene derecho protestar, indignarse, y formularse aquellas interrogantes. ¡Cómo no quejarse de tamaña injusticia! Sin embargo, la pregunta no debería ser tanto ¿por qué? sino ¿quién? ¿Quién propicia tales inequidades?

Pues resulta que las cuatro grandes carencias de la gente pobre en nuestro país son:

(1) Agua y Vivienda,

(2) Salud,

(3) Educación, y

(4) Seguridad y Justicia.

Precisamente, los cuatro servicios básicos que el Estado debería proveer a todos los peruanos.

Entonces, al pan, pan… y al vino, vino. El Estado es la madre del cordero. El Estado es el responsable de tantas inequidades. No obstante, ahí están – como si nada – los alcaldes y regidores corruptos propiciando invasiones de tierras, para luego lucrar descaradamente con la venta de esteras, agua en cisternas, y todo tipo de bienes y servicios, mientras la gente pobre vive abandonada, carente de los más elementales servicios públicos. Ahí están las empresas municipales de agua y saneamiento fallidas. Ahí están los gobernadores regionales corruptos – coimeros – con hospitales inacabados y / o sobrevaluados. Y los médicos de Estado que abandonan su trabajo – y a sus pacientes – para atender en clínicas privadas. ¿Por qué no hay quejas ante la descarada corrupción e inoperancia del Estado en los ámbitos regionales y municipales? ¿Por qué no admitimos con objetividad – y corregimos de raíz – el estrepitoso fracaso de la regionalización y municipalización de nuestro país?

Por ello ¡qué demagógico y politiquero resulta atribuir al modelo económico, a la Constitución, o – más absurdo aún – a las empresas privadas, las clamorosas injusticias e inequidades antes señaladas! ¡Qué mentes tan resentidas y acomplejadas las de los políticos, periodistas y académicos que pregonan semejante insensatez!

¡Vamos! Nuestro problema es el Estado.

• Ciertamente, el Gobierno Central… presidentes, ministros y funcionarios sin valores, pero también – y sobre todo –
• Gobiernos Regionales y Municipales, donde priman la corrupción, el clientelismo y la inoperancia.
• El Congreso de la República, infiltrado por parlamentarios que defienden oscuros intereses.
• El Poder Judicial indolente y corrupto, al igual que sus pares del Poder Ejecutivo y del Congreso.

Excepto – valgan verdades – unas cuantas instituciones estatales del ámbito económico nacional, como el Banco Central de Reservas, el Ministerio de Economía y Finanzas, entre otras; y funcionarios públicos honestos y serviciales que – admirablemente – siempre hay en las diversas dependencias estatales.

Seamos sinceros; el gran objetivo nacional debería ser combatir la corrupción y la inoperancia del Estado. Pero de verdad. No como aquellos que pregonan integridad, y resultan tan coimeros como todos. Vizcarra… por ejemplo. Reducir la elefantiásica burocracia administrativa del Estado, y reasignar dichos ahorros a mejorar las remuneraciones de los maestros, médicos, policías y jueces.

Para ello no hay que cambiar el Modelo Económico – y menos, la Constitución – como dicen muchos políticos demagogos y politiqueros. Lo que hay que cambiar es a quien propicia las inequidades sociales en nuestro país… el Estado. Lampadia

CONTROVERSIAS
Fernando Rospigliosi
Para Lampadia

El caso del chofer que atropelló intencionalmente a una inspectora de ATU y se dio a la fuga, fue atrapado por la policía y dejado en libertad por la fiscalía, es uno de los tantos casos que muestra que la justicia en el Perú está patas arriba.

Hace poco, dos cabecillas terroristas del Vraem que habían sido capturados el 12 de julio de 2019 cuando -según la policía- se disponían a atacar una comisaría en Huancavelica, fueron liberados por el Poder Judicial por exceso de carcelería. En este caso la culpa es tanto de la fiscalía que no presentó acusación luego de dieciocho meses, como de los jueces que pudieron haber extendido la prisión preventiva.

Según el especialista Pedro Yaranga, uno de los capturados era un mando importante, “a nivel militar, era el segundo hombre [del grupo de los Quispe Palomino], que planificaba las emboscadas, las incursiones armadas. Él es detenido por un trabajo eficiente de la policía en las vísperas de lo que tenía previsto incursionar en una comisaría y hacer un baño de sangre con 18 hombres”. (“RPP Noticias”)

La incompetencia de los operadores del sistema judicial es nefasta y todas las reformas que se han intentado hasta ahora han fracasado. Peor aún, muchas veces no han tenido como propósito real mejorar las cosas sino controlar políticamente el sistema, como la última que realizó Martín Vizcarra y la coalición que lo respaldaba.

Otros casos escandalosos son los de los disturbios de los últimos meses. Tanto en las manifestaciones promovidas por los vizcarristas, incluyendo al Partido Morado y todas las tendencias izquierdistas contra Manuel Merino, como en los bloqueos de carreteras en Ica y La Libertad, donde los vándalos cometieron delitos sancionados con prisión efectiva, no hay –que se sepa- detenidos ni procesados.

Los únicos acusados, tanto por el Gobierno de Francisco Sagasti como por sus cófrades de organismos internacionales, son los policías que arriesgaron su vida para cumplir su deber e intentar mantener el orden.

Es indignante, por ejemplo, el reporte de la oficina de DDHH de la ONU que dirige Michelle Bachelet que señala que en noviembre la policía hizo “un uso innecesario y excesivo de la fuerza”. En realidad, la policía se defendió a duras penas de la turba violenta, sin contar con los instrumentos adecuados, a pesar de lo cual impidió que los vándalos hicieran los que las muchedumbres realizaron en el Capitolio de Washington o el Congreso de Guatemala.

Dicen, además, que “las personas tienen derecho a reunirse pacíficamente” y que la policía las atacó con violencia. Eso, por supuesto, es absolutamente falso. Primero, la policía no disolvió a los manifestantes pacíficos, solo se defendió de los violentos. Y segundo, de acuerdo al estado de emergencia decretado por Vizcarra, todo tipo de concentraciones estaba terminantemente prohibido y nadie tenía derecho a reunirse.

En suma, la tendencia es la misma, el desastroso sistema de justicia peruano sigue protegiendo a los delincuentes. Lampadia

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

Ha quedado meridianamente demostrado, que el Estado peruano no tiene la más mínima capacidad de manejo y control de sus actividades básicas, tales como; proporcionar salud, educación, justicia y seguridad. Que lo poco que hace, o lo hace mal o lo ejecuta con un altísimo nivel de corrupción, a pesar del floro del “experimentado” Martin Vizcarra (potencial candidato a su denostado Congreso de la República).

Durante la última década, hemos visto crecer el número de “trabajadores” y el monto de las planillas del Estado, tanto en el gobierno central, como en los regionales y municipales, para que brinden cada vez un peor servicio. Como pruebas recientes podemos mostrar el manejo de la pandemia, las compras realizadas para estos efectos, el manejo logístico de hospitales y postas médicas (falta de oxígeno, camas y medicinas), la entrega de bonos a la población, el manejo de la entrega de canastas de alimentos, al igual que el catastrófico resultado sanitario, medido en términos de contagios y fallecidos, no sólo de la población, sino también, entre el personal de las fuerzas que dieron seguridad, particularmente la PNP. Y menciono sólo esto, para no irritarnos con la vergüenza que ha significado el manejo de la inversión pública, incluida la reconstrucción con cambios, entre otras perlas…

Es clarísimo, que el Estado tampoco es eficiente en la gestión de plantas de tratamiento de agua potable y de aguas residuales, al igual que las correspondientes redes de agua potable y residual. Otro tanto podemos decir de los servicios de distribución de energía a lo largo y ancho del país, ahí donde aún el Estado está involucrado.  Es evidente que no es un tema de dinero, el gobierno central ha transferido “plata como cancha” para que hagan veredas, parchen huecos en las pistas, entre otras obras menores. ¿Resultado? Bajísima ejecución y altísima corrupción, a pesar que se le advirtió a Vizcarra, pero tal parece que ese era su objetivo; que puedan robar mucho para contar con el apoyo masivo de estos y aumentar así su popularidad.

Por su lado, empresas emblemáticas como Petroperú, tienen también resultados económicos y societarios muy malos. Ya Guayo Paredes, en su libro “La tragedia de las empresas sin dueño”, explica cómo estas empresas, que no responden a unos accionistas interesados en el negocio, sin una clara identificación de su visión y misión, medición de resultados e incentivos de la gerencia alineados con los de sus “stakeholders”, pero sujetas a injerencia política, es claro que no deben continuar, aunque no lo afirma categóricamente. Lo dicho es también aplicable a Electroperú y a cualquier otra empresa pública peruana (DISTRILUZ, SEAL, ADINELSA, etc.).

A pesar de estos antecedentes, algunos congresistas ahora insisten en la creación de una “línea aérea de bandera”, de bajo costo y en la que el Estado cuente con una participación del 20%. ¿Para qué queremos un problema nuevo? La verdad, resulta inexplicable, a menos que añoren poder tener más injerencia en más instituciones públicas, al margen de su creación o destrucción de valor para la sociedad. Y la pregunta natural es: ¿por qué no se ocupan primero de que lo que tienen bajo su responsabilidad funcione bien? ¿que el ciudadano se sienta bien servido y atendido en salud, educación, seguridad y justicia?

Si tuviéramos un Estado minimalista, concentrado en sus tareas esenciales y comprometido con una rendición de cuentas claras y públicas de manera trimestral (como cualquier empresa listada en bolsa), habríamos dado un gran salto cualitativo y confirmaríamos que menos, es más.  Insisto en lo dicho ya tantas veces en artículos previos, y ya que, pareciera que el presidente cree como yo, de que SERVIR debe dotar a las instituciones públicas de los profesionales que las gestionen, debería iniciar esa tarea partiendo por los gobiernos municipales y regionales. Debería, además, eliminar las burocracias no capacitadas para el cargo y que llegaron al puesto por pago de favores políticos (por ejemplo: lograr un puesto en Petroperú, según se explica, es casi como ganarse la lotería. Sueldos superiores a los de mercado, dirigentes sindicales recibiendo “viáticos por negociación colectiva” de 365 días al año por 30 años sin haber trabajado un solo día. Con razón no se jubilan sino hasta los 70 años).

En esencia, si queremos que el Estado mejore su eficiencia y eficacia, debemos quitarle todo aquello que no sea parte de su rol fundamental y asegurarnos que cumpla como reloj con sus tareas básicas, que esté dotado del personal idóneo para la tarea y que rinda cuentas, transparentemente, de su gestión y progresos.

Como dicen los gringos: KISS (“keep it simple stupid”)
[no lo compliques].
Lampadia

Opinión libre de Rafael Venegas
Para Lampadia

No hay duda que todos tenemos motivos mas que suficientes para protestar y de manera muy enérgica. La ciudadanía esta harta, indignada, frustrada y muy enojada. La desbordante corrupción a todo nivel, la vergonzosa impunidad, la creciente crisis moral, la pandemia mal manejada, la crisis económica debido a la ignorancia y populismo de un infame congreso y la peor de todas, la nefasta crisis de gobernabilidad generada por una desgastada, corrupta e irresponsable clase política.

Un verdadero festival de caprichosas interpretaciones constitucionales, abuso del poder para uso propio, clientelismo a diestra y siniestra, populismo barato, inmunidad descarada, blindajes vergonzosos, cierre del parlamento, renuncias y vacancias presidenciales. Es decir, un escenario de una pobreza política sin precedentes que ya tocó fondo. Nuestra democracia está en la UCI y el oxigeno está en manos de incapaces, corruptos e irresponsables.

Por supuesto que dan muchas ganas de protestar, de salir a las calles, de gritar y de hacer mucho ruido, aunque sea como desahogo. Sin embargo, hay que tener en cuenta tres riesgos que pueden jugar muy en contra de estas manifestaciones pacíficas: La proliferación de contagios del Coronavirus, la suspensión de garantías que dan a la policía facilidades para reprimir y el aprovechamiento de la situación por una minoría de malos peruanos.

Estoy seguro de que la enorme mayoría de los peruanos que están protestando en las calles o ¨caceroleando¨ desde sus ventanas, están genuinamente hartos y preocupados por todos estos motivos. Sin embargo, hay una minoría infiltrada que es profesional en estas lides y que sus motivaciones son muy diferentes a las de la mayoría. Hay que identificarlos, repudiarlos y entregarlos a las autoridades.

En esta minoría imprudente se destacan tres grupos: Los irresponsables y trasnochados políticos que quieren aprovecharse de la situación para ganar adeptos para la próxima elección. Dan lástima y vergüenza ajena. Luego están los vándalos que provocan a la policía e incitan al resto para generar caos y vandalismo para luego saquear y robar.

Y la peor de todas, los profesionales del caos, digitados desde el foro de Sao Paulo. Esta mafia que acaba de hacer lo mismo en Chile y Colombia, tienen la rojísima consigna de generar el caos generando vandalismo y hasta muertes, en busca de introducir su trasnochada ideología vía una nueva constitución. Esto lo acaban de conseguir Chile.

Solo basta escuchar las declaraciones de algunos jóvenes que protestan, para darnos cuenta de que ya están haciendo su trabajo aquí también. A todo esto, se suma un sector de la prensa sospechosamente activa en crear y publicar dramáticamente el caos.

En esta protesta hay diferentes motivaciones válidas, pero parece no haber un propósito único y claro, aunque todo apunta a la imperiosa necesidad de renovar totalmente a la desgastada y corrupta clase política.

¡No me siento representado por un desconocido usurpador! ¡No me siento representado por un presidente corrupto y mentiroso! ¡No me siento representado por un congreso incapaz y populista, con mas de la mitad de sus miembros denunciados ante la justicia! ¡Me siento inseguro e indefenso ante una justicia corrupta y una creciente delincuencia!

¿Botamos al usurpador? ¿Regresamos al felón? ¿Qué se vayan todos? ¿Cerramos el irresponsable y populista congreso? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué se vayan todos y se convoque a elecciones generales?

La buena noticia es que esto ya está en camino, ya que las elecciones están programadas para abril. Estamos a solo cinco meses, tiempo ajustado para desplegar un proceso transparente y eficiente que permita a los partidos hacer sus elecciones internas y a los votantes de estar bien informados.

Estoy escribiendo esto el lunes 16 y se acaba de elegir al tercer presidente de la república, en solo una semana. Lo cuestionable es que se ha elegido entre los miembros del impresentable congreso, que es repudiado por la ciudadanía. Esta claro que este presidente tampoco será la solución para el problema de fondo y poco podrá hacer para controlar las crisis que nos agobian.

Sin embargo, debemos exigirle al menos estas cuatro cosas: Calmar a la ciudadanía, encarar adecuadamente la pandemia, controlar la economía para que no siga deteriorándose y garantizar elecciones justas y transparentes en la fecha programada.

Los ciudadanos tenemos el derecho (y el deber) de protestar pacíficamente, ¨cacerolear¨ y gritar cuando sintamos que los que nos representan no están haciendo bien su trabajo y más aún cuando están abusando del poder que les hemos confiado. Para eso tenemos VOZ y debemos alzarla cuando esto sucede. Sin embargo, para que el esfuerzo valga la pena y sea eficaz, tenemos que complementarlo con nuestro VOTO responsable y muy bien informado. La VOZ y el VOTO son nuestras únicas armas y debemos usarlas eficazmente.

¨De nada sirve protestar como un león, si vas a votar como un burro¨
(Verdad Anónima).

Para que no suceda esto debemos utilizar la misma fuerza de la indignación que usamos en las protestas, para exigir que el proceso electoral se respete y cumpla de la manera mas transparente para que así podamos elegir a quienes verdaderamente nos representen.

¨Protestemos como leones, pero también votemos como leones¨

Lamentablemente las reglas ya están dadas y favorecen a los irresponsables y corruptos que las establecieron y no habrá tiempo para reformarlas, por lo que tendremos que acatarlas. Dado esto, tenemos que actuar como leones exigiendo, vigilando y controlando a la autoridad desde hoy, hasta que se proclame al nuevo presidente de la república.

Empecemos por exigirle información detallada y transparente vía medios masivos y especialmente por vía virtual. Aquí la prensa puede convertirse en un jugador relevante, informando veraz y transparentemente a la ciudadanía. ¡Debemos estar informados en exceso!

También debemos demandar que el proceso de revisión y ¨filtrado¨ de los candidatos sea muy riguroso, transparente y enfocada mas en el fondo que en la forma. Las hojas de vida deben revisarse exhaustivamente y publicarse para que la ciudadanía tenga la posibilidad de presentar tachas sin miedo. Aquí la tolerancia debe ser cero. Si lo consignado no es veraz, debe eliminarse al candidato sin miramientos.

No podemos permitir que participen personas con pasados turbios, felones, corruptos, sentenciados, denunciados consuetudinarios, ¨caseritos¨ del poder judicial y de la policía. Tampoco queremos a personas que han demostrado que privilegian sus motivaciones individuales envés de las colectivas, personas sin la debida experiencia, que no han hecho nada relevante en su carrera, o que no tienen la preparación adecuada. Menos aún los que mienten en sus hojas de vida. Escojamos a personas nuevas, pruebas, preparadas, con comprobada experiencia profesional y con vocación de servicio. Tenemos que ser muy críticos y selectivos con los que nos quieren representar. ¡No nos quedemos callados, actuemos como leones!

En el frente de los candidatos presidenciales aparte de lo anterior, tenemos que exigirles que presenten y publiquen sus planes de gobierno y que nos expliquen cuales son sus planes para solucionar las cuatro crisis (de salud, económica, política y moral). Además, deben presentar a las personas que conformaran su equipo de gobierno. Esta información debe ser presentada oportunamente, al menos tres meses antes de la elección, para que toda la ciudadanía pueda revisarla y así votar muy bien informada.

Es importante también influir y educar a nuestro entorno para que se informen bien antes de votar. El voto responsable y bien informado junto con nuestra voz de protesta, es la combinación perfecta para deshacernos de una vez por todas, de esta trasnochada, corrupta e irresponsable clase política y salvar a la verdadera democracia que hoy agoniza.

Por eso no debemos olvidarnos que:

¨De nada sirve protestar como un león, si vas a votar como un burro¨ Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 13 de noviembre de 2020
Para Lampadia

En este caso, los cuervos representan a los 105 congresistas que vacaron al presidente Vizcarra. Y el personaje al que le sacaron los ojos es – adivinen quién – el ahora ex presidente Martín Vizcarra.

En realidad, todo viene de atrás… desde cuando vacaron a PPK. Aunque en sentido estricto, a PPK no lo vacaron. PPK renunció. Pero era cuestión de horas – o minutos – para que el Congreso de entonces lo vacara.

La traición de Vizcarra fue determinante para la salida de PPK. Y – por ende – para su designación como presidente de la República. Lo que vino después, es historia conocida… se le subió el moño.

Pechadas – y más pechadas – contra el Congreso. Un referéndum claramente oportunista, provocador y anti congresal. – ¡No a la reelección de los detestables congresistas! – había que darle gusto a la turba. Luego – ¡disolver el Congreso de la República y convocar a una nueva elección congresal! –. ¿Cómo así? Pues por la denegación de confianza fáctica. ¿Qué es eso de fáctica? Pregúntenle a Vizcarra, porque nadie lo sabe… excepto él.

Sin embargo, a pesar de no pocos escándalos como el de Richard Swing y sus secretarias, más decenas de testimonios coimeros en su contra, Vizcarra – terco y altanero – siguió pechando al nuevo Congreso. ¿Qué pasó después? Pues pasó lo que tenía que pasar. Vizcarra – bien merecido – fue vacado por una inmensa mayoría de congresistas. Parlamentarios que él mismo gestó con la disolución del Congreso anterior. Los cuervos que él mismo crio, le sacaron los ojos.

¿Soberbia? ¿Altanería? ¿Vanagloria? Ciertamente Vizcarra no es un tipo humilde. Parecía que sí… pero no. – Aquí estoy con la frente en alto, dando la cara, impoluto, sin remordimiento alguno, no me van a doblegar, seguiré luchando contra la corrupción, los grandes empresarios se están vengando, bla, bla, bla – poco le faltó para decir que él era perfecto, y que los peruanos – todos menos él – éramos unos idiotas.

El hecho es que todos los peruanos vimos un espectáculo increíble. La vacancia de un presidente en cuestión de horas. El nombre de la obra teatral bien pudo haber sido – la corrupción contra la corrupción –. Efectivamente, eso de ver a congresistas corruptos rasgarse las vestiduras en señal de protesta contra la corrupción, fue todo un espectáculo.

Los corruptos siempre fungen de moralistas. Al menos, el lunes 9 de noviembre pasado – el día de la vacancia de Vizcarra – todos los congresistas fungieron de santurrones. Ese día había un solo corrupto en el magno recinto del Congreso de la República: el presidente en proceso de vacancia. Ese día, las mafias universitarias – y todas las demás – se disfrazaron de paladines de la justicia y la moral. Y como establece la norma… Merino – el presidente de la Mesa Directiva del Congreso – asumió la Presidencia de la República. Esa fue la gota que derramó el vaso.

El pueblo se volcó masivamente a las calles… no para respaldar a Vizcarra, sino para protestar contra el zarpazo del nuevo Congreso. – Merino no me representa – fue el grito de la calle. Tan potente fue la protesta que – a los pocos días – Merino renunció. ¿Fue legal la vacancia de Vizcarra? Seguramente… aunque hay quienes dicen que no. Pero ese no es el tema. El tema es que la gente no quiso a Merino. Sobre todo, los jóvenes… que son la mayoría. Y ahí estamos hoy, al momento de redactar este artículo (lunes 16 de noviembre de 2020 a las 6:00 Horas).

En fin… como se dice coloquialmente – es lo que hay –. ¿Qué se puede hacer? Pues exigirle al Congreso de la República que consensue una salida constitucional a este desmadre. Exigirle al Tribunal Constitucional que precise el término “incapacidad moral permanente” y que norme respecto de su aplicación. Y consolidar la institucionalidad presidencial en nuestro país.

El lunes en la tarde, el Congreso empezó a desanudar la crisis nombrando una nueva junta directiva con Francisco Sagasti a la cabeza, que luego sería ungido como presidente del Perú.

Y – desde la ciudadanía – estar vigilantes. Denunciar con valentía y objetividad todo maltrato o acto de corrupción de parte del Estado. Incluso, del ámbito privado. Y estar unidos. Y que pase el tiempo. Y que venga el nuevo gobierno. Y que elijamos bien. Y que nos cuidemos del COVID. Y que venga la bendita vacuna. Y que termine todo este caos.

Y que esos cuervos – saca ojos – entiendan que una cosa es la legitimidad social, y otra cosa es la legalidad congresal. Y que una cosa es servir a la población, y otra cosa es servirse de la población. Y que una cosa es lo moral, y otra cosa es lo legal. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 20 de septiembre de 2020
Para Lampadia

Decir que hay peruanos – informales – que no pagan impuestos, no es cierto. Todos los peruanos contribuimos tributariamente al erario nacional. No importa la edad, profesión, condición económica, o lugar de nacimiento. Todo peruano que compra un paquete de galletas o un balón de gas; todo peruano que echa gasolina – o petróleo – a su moto, carro, o camión; todo peruano que usa un celular, enciende un foco de luz en su casa, o se toma una cerveza, paga impuestos.

Claro que hay informalidad – y evasión tributaria – pero no al 100%. Es imposible que un peruano pueda sobrevivir sin adquirir un bien o un servicio que haya evadido todos los mecanismos recaudadores del Impuesto General a las Ventas (IGV) de la SUNAT. No hay forma.

Entonces, como contribuyentes que somos, y en contraprestación por los impuestos que le pagamos al Estado, los peruanos tenemos el derecho – y el deber – de exigirle buenos servicios de agua, limpieza pública, salud, educación, seguridad, justicia… en fin, todo lo que el Estado – supuestamente – debe brindarnos. Incluso, infraestructura como carreteras, hospitales, escuelas, etc. Si no ¿para qué están los municipios, los gobiernos regionales, los ministerios, la policía, y el poder judicial… entre otros?

Aclarado el punto de que el Estado está para servirnos – porque de nosotros sale el cuero para las correas – debemos ser mucho más exigentes en cuanto a la eficiencia y moralidad en el Estado. No puede ser que – con nuestros impuestos, y en plena pandemia – el Estado haya contratado a Richard Swing… “para motivar a funcionarios del Ministerio de Cultura”. Por sólo mencionar un caso emblemático del pésimo uso de nuestros impuestos por parte del Estado.

Porque – como sabemos – el Estado está atiborrado de amigos, cuñados, familiares, y recomendados de miles de autoridades que utilizan al Estado para favorecer a personajes que no sirven para nada; y – peor aún – que no tienen ningún mérito académico, profesional, laboral… más allá de ser amigo – o allegado – de la autoridad que los contrata. ¡Habiendo tanta gente capaz y honesta!

El hecho es que más o menos desde el 2005 – y está documentado en las cuentas del Ministerio de Economía y Finanzas – el gasto del Estado en contrataciones administrativas, consultorías, y todo lo demás – fuera de los ámbitos de Salud, Educación, Seguridad, y Justicia – ha subido de S/. 5,000 millones anuales, a cerca de S/. 35,000 millones por año. O sea ¡7 veces! Incluso, el 2020 – el año en curso… el año de la pandemia – el presupuesto público en esas partidas es el más elevado de toda la serie. ¡No hay derecho que malgasten así nuestros impuestos!

Pero ahí no acaba la cosa. ¿Qué proponen algunos políticos para cubrir el déficit fiscal que – obviamente – se ha disparado ante la brutal caída de la recaudación tributaria, producto de la cuarentena? ¡Aumentad los impuestos!

La pregunta es ¿acaso no hay espacio para reducir algunos gastos en el Estado… tipo Richard Swing? ¿Porqué nadie habla de ello? Incluso – ¡qué desconcertante! – muchos economistas y académicos plantean lo mismo: “hay que subir los impuestos… no queda otra”.

Pues a mi me parece una falta de respeto hacia los contribuyentes – que como expliqué al comienzo de esta nota – somos todos. Me parece una gran irresponsabilidad no tocar el tema de la súper burocratización del Estado durante los últimos 15 años. Me parece pésimo que el presupuesto público del próximo año – 2021 – no contemple ningún ajuste burocrático en dependencias estatales que están por las puras… y que nos cuestan un montón de plata.

“No se puede” dicen algunos políticos cuando se le toca el tema. ¡Falso! La respuesta que no se atreven a decir es “no nos conviene”. Lampadia