Humberto Abanto Verástegui
Para Lampadia

I

Entre 1936 y 1938, Iósif Stalin desató una ola de terror en la Unión Soviética con la puesta en marcha de los famosos Juicios de Moscú. Fueron tres procesos públicos, más uno cuarto a puerta cerrada, con los que arrasó a cuatro decenas de miembros de la guardia vieja bolchevique y del alto mando del Ejército Rojo. El fiscal Andréi Vichinsky tuvo a cargo la conducción del monstruoso sistema de tortura, coacción y amenazas a familiares que obligó a los imputados a declararse culpables de los delitos más absurdos y sindicar a sus camaradas por esos mismos crímenes. Así cristalizó el modelo estalinista de la colaboración eficaz.

A fines de diciembre de 2016, en el Perú, el legislador delegado configuró un proceso de colaboración eficaz que permitía al fiscal aproximarse a los imputados sin presencia de su abogado, guardar sólo registro escrito de su interacción con ellos, realizar múltiples ampliaciones de sus declaraciones, extender el proceso indefinidamente en el tiempo, corroborar los dichos de un aspirante a colaborador con los de otro y hacer impune la filtración de los datos obtenidos -casi siempre no corroborados- para perjudicar a los demás investigados. Se estableció así un modelo de proceso de colaboración eficaz incompatible con un Estado constitucional, cuyo uso evocó lo peor del totalitarismo estalinista.

El Congreso de la República decidió acabar con esta anormalidad procesal y, con holgada mayoría, aprobó la reforma del proceso de colaboración eficaz. El proyecto de ley, que fue debatido con amplitud en la Comisión de Justicia, presidida por Gladys Echaíz -de quien no se sospecha benignidad con corruptos, en particular, y delincuentes, en general-, ha sido blanco de una intensa campaña venida de sectores del Poder Judicial, el Ministerio Público, la Procuraduría General, nostálgicos exprocuradores y abogados de colaboradores eficaces en la que brillan los eslóganes y se oscurecen las razones.

II

El más estridente estribillo lanzado en esta campaña es que se «busca desaparecer la colaboración eficaz como institución». La frase es efectista e incompleta. Transmite una media verdad. Solo alcanza plenitud si se dice que la reforma desaparece la colaboración judicial como institución contraria a la Constitución, los tratados internacionales de derechos humanos y los principios universalmente aceptados del Derecho Penal Premial. Me explicaré detalladamente.

En primer lugar, nuestra Constitución y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos dan a toda persona imputada de un delito la protección de un amplio conjunto de derechos fundamentales, dentro del cual están la presunción de inocencia, la no autoincriminación, la asistencia letrada, a confrontar y contrainterrogar a los testigos de cargo y, en último término, a un proceso equitativo. La colaboración eficaz supone renunciar a todos ellos y, por supuesto, debe ser fruto de una decisión voluntaria y una elección inteligente entre todos los cursos de acción alternativos, como lo tiene declarado la Suprema Corte de los Estados Unidos (SCOTUS). Las exigencias de conocimiento, inteligencia y voluntad protegen al imputado de verse arrollado por el aparato estatal de persecución penal y, lógicamente, tornan indispensable el consejo de un abogado, sin el cual no es posible tomar una decisión informada sobre un acto procesal tan trascendente para los derechos e intereses legítimos de una persona. Un proceso de colaboración eficaz en el que pueda reclutarse al colaborador sin la presencia ni el consejo de su abogado no es más que una parodia de proceso.

En segundo lugar, la colaboración eficaz es una institución del Derecho Penal Premial. Éste se rige por principios muy específicos: oportunidad, formalidad, eficacia, economía procesal, comprobación, celeridad procesal, proporcionalidad, control judicial y revocabilidad. ¿Qué significa esto? Pues que el descubrimiento de la verdad no es el único interés relevante en el proceso de colaboración eficaz y que su propia naturaleza excluye la ilimitación en el tiempo, porque quien persigue un premio -sea la exención o la reducción de la pena y de la reparación civil- tiene la carga de obrar con prontitud para alcanzarlo y la autoridad estatal el deber de exigirle que así lo haga. Asimismo, el principio de comprobación reclama que los dichos del colaborador eficaz sean todos corroborados con datos objetivos, lo que imposibilita corroborar los dichos de un testigo sospechoso con los de otro testigo igualmente sospechoso.

III

El Ministerio Público (MP) hizo públicas sus observaciones a la reforma, concentrándolas en tres puntos específicos:

(a) el plazo del proceso, que pide fijar en 36 meses prorrogable, sin señalar
la extensión de la prórroga;

(b) el registro audiovisual de la interacción fiscal-aspirante, que sugiere
eliminar; y

(c) la incorporación de la denominación aspirante para el solicitante de la
colaboración eficaz, que propone dejar como está actualmente.

El Ejecutivo acogió en parte la posición del MP y observó la autógrafa únicamente en dos extremos: (a) el plazo y (b) la necesidad de perfeccionar la responsabilización de los fiscales por la ruptura del secreto de la colaboración eficaz. En cuanto a lo primero, invoca el derecho al plazo razonable y propone que se fije en los 36 meses sugeridos por el MP, pero sin prórroga. Sobre lo segundo, pide recoger la iniciativa original de modificar el nomen iuris y la tipificación del delito previsto en el artículo 409-B del Código Penal. En esto último tiene plena razón, por lo que huelgan comentarios.

El debate pierde, así, las agudas notas de la histeria y se torna serio y centrado. Para comenzar, ni el MP ni el Ejecutivo ponen en tela de juicio la potestad legislativa del Congreso, así como tampoco sugieren que el proyecto aprobado tienda a desaparecer la colaboración eficaz como institución. Ambos se alejan de la estridencia mediática y se aproximan a la seriedad de la argumentación jurídica. El Ejecutivo ha expuesto las razones de su observación a la autógrafa y sobre ellas corresponde hacer algunas reflexiones. En cuanto a lo demás que se ha dicho, no queda más que esperar que el paso del tiempo lo barra como hace el viento con la hojarasca en el otoño.

IV

El Ministerio Público y el Ejecutivo han comprendido que ningún Estado constitucional puede tolerar un modelo estalinista de colaboración eficaz, que permita a los Andrei Vichinsky de turno estrujar los huesos de personas privadas de la libertad o en peligro de verse privadas de ella y, a cambio de liberarlas o dejarlas libres, someterlas a confesiones ominosas -mil y una vez modificadas en el marco de un proceso sin fin- que derivan en sindicaciones a otras personas. Todo ello sin la asistencia de un abogado.

Como expresa la épica sentencia del caso Gideon v. Wainwright, de SCOTUS, [L]a necesidad de un abogado de un acusado no se expresa mejor que en las conmovedoras palabras del Sr. Juez Sutherland en Powell v. Alabama:

El derecho a ser oído sería, en muchos casos, de poco provecho si no comprendiera el derecho a ser oído por un abogado. Incluso el lego inteligente y educado tiene poca y a veces ninguna habilidad en la ciencia del derecho. Si se le acusa de un delito, generalmente es incapaz de determinar por sí mismo si la acusación es buena o mala. No está familiarizado con las reglas de evidencia. Si se le deja sin la ayuda de un abogado, puede ser llevado a juicio sin un cargo adecuado y condenado sobre evidencia incompetente, o evidencia irrelevante para el asunto o inadmisible de otro modo. Carece tanto de la habilidad como del conocimiento adecuados para preparar su defensa, aunque tenga una perfecta. Necesita la mano de un abogado que lo guíe en cada paso del proceso en su contra. Sin ella, aunque no sea culpable, corre el peligro de ser condenado porque no sabe cómo establecer su inocencia.

El legislador delegado, mediante el Decreto Legislativo N° 1301, introdujo una serie de modificaciones al proceso por colaboración eficaz y, aunque en la exposición de motivos dio cuenta de muchas de ellas, no explicó las razones que justificaban la reunión del fiscal con el aspirante sin la presencia de su abogado. Los críticos de la reforma tampoco dan razones que derroten el argumento del juez Sutherland acerca de que el derecho a ser oído resulta de poco provecho si no comprende el derecho a ser oído por un abogado o la asentada doctrina de que el abogado defensor es una necesidad y no un lujo. Su silencio es elocuente.

V

En cuanto al plazo del proceso de colaboración eficaz, vale la pena revisar su evolución normativa. Ninguna de las normas con rango de ley que lo ha configurado fijó un plazo. No obstante, en el caso del Decreto Ley N° 25499, su reglamento -aprobado por el Decreto Supremo N° 015-93-JUS- estableció uno fulminante: 5 días, prorrogable por otros 5 días más, para efectuar la verificación de la información proporcionada por el solicitante. Para la Ley N° 27378 – Ley que establece beneficios por colaboración eficaz en el ámbito de la colaboración eficaz, su reglamento -aprobado por el Decreto Supremo N° 035-2001-JUS- fijó el plazo de la fase de corroboración en 90 días, prorrogables por otros 60 días más. El Nuevo Código Procesal Penal, siguiendo la tendencia de las leyes precedentes, no estableció un plazo para la fase de corroboración. Era de esperar que -como en los casos anteriores- lo fijase el reglamento. No fue así.

La evidencia empírica revela la existencia de procesos de colaboración eficaz que se extienden por más de cincuenta meses. El Ejecutivo, que ha hecho una puntillosa recolección de la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre el plazo razonable, no pudo evitar señalar que:

La razón por la que no se sugiere un plazo mayor similar, por ejemplo, a la de un proceso penal complejo o de criminalidad organizada, es porque en este proceso no existe esa lógica dialéctica y de contradicción, que normalmente puede perjudicar el trámite célere de un proceso, sino se trata de un procedimiento negocial en el que se pasa directamente a la obtención de pruebas corroborativas cuya ubicación y obtención debería ser facilitada por el colaborador.

Pese a ello, critica el plazo fijado en la autógrafa alegando que el plazo propuesto podría afectar la eficacia del proceso; no debe olvidarse que en la actualidad existe alta carga procesal que registran las fiscalías y juzgados especializados en los delitos precisados líneas arriba, donde los recursos humanos y materiales son limitados, frente a la ingente cantidad de casos de especial complejidad que tramitan.

Tres son las debilidades de su argumentación.

Uno, al hacer el inventario de la doctrina jurisprudencial interamericana, olvida los casos Genie Lacayo v. Nicaragua y Suárez Rosero v. Ecuador, en los cuales la Corte IDH advirtió que los procedimientos duraron más de 50 meses, lo que, en su opinión, excedía en mucho el principio de plazo razonable consagrado en la Convención Americana, No ha medido el impacto de dichas declaraciones jurisprudenciales en los procesos de colaboración eficaz en curso que contarían el plazo desde la entrada en vigor de la ley.

Dos, soslaya que, sin resistencia de la otra parte, es inconsistente alegar la complejidad del caso y, más bien, exigible la máxima celeridad procesal. La comparación correcta no es con los procesos judiciales que tienen contradicción, sino con los plazos precedentemente fijados al proceso de colaboración eficaz. El silogismo comparativo exige un término de comparación adecuado.

Tres, el Estado no puede poner sus limitaciones sobre los hombros del justiciable, los plazos procesales no pueden guardar relación directa con la incapacidad estatal para resolver sus deficiencias y morosidades. Eso pone al ciudadano al servicio del Estado y no al Estado al servicio del ciudadano, que es lo correcto.

Epílogo

El debate sobre la reforma del proceso de colaboración eficaz ha puesto a la vista cuánto falta para que se entienda la radicalidad del giro copernicano que nuestro sistema constitucional experimentó desde la Carta de 1979.

Hasta la Constitución de 1933, el Estado ocupaba la posición central en el sistema. A tal punto lo hacía que el primer artículo de nuestras constituciones, desde 1823 hasta 1933, comenzaban definiendo a la Nación o al Estado. Un enfoque análogo al de quienes ponían a la Tierra en el centro del Universo y a los demás astros orbitando alrededor de ella.

El generoso asambleísta constituyente de 1978 rompió con esa tradición y puso al ser humano en el centro del sistema constitucional, consagrándolo como el fin supremo de la sociedad y del Estado, en fórmula que con algunas variaciones se proyectó hasta la Constitución vigente. Fue como Copérnico poniendo al Sol en el centro del sistema planetario y a la Tierra girando alrededor de él.

Así, el análisis de la reforma en cuestión puede hacerse desde la óptica de las potestades públicas, sus finalidades y eficacia o desde el imputado, quien es, en último término, el que no puede ser despojado de su vida, su libertad o su propiedad sin un debido proceso legal, como enunciaron los padres fundadores de los Estados Unidos de América, en feliz fórmula protectora que se ha diseminado por el mundo constitucional.

El estalinismo procesal es la antítesis del debido proceso y debe ser combatido y derrotado sin cuartel, si de verdad deseamos que, en el Perú, no solo se haga justicia, sino que también se aparente que se la está haciendo.

 Lampadia

Uri Landman
Para Lampadia

Para muchos amantes del cine, El Padrino es considerada una de las mejores películas de la historia del cine, sobre todo en el género de los gánsteres y la mafia ítalo-americana.

La película, es una adaptación del libro de Mario Puzzo “El Padrino”, quien, a su vez, basa la historia en la familia italiana Mortillaro. Fue dirigida por Francis Ford Coppola quien junto con el mismo Puzzo, adaptó el guion de la novela.

La película, ambientada entre los años 1945 a 1955, cuenta la historia de los jefes de una poderosa familia criminal de Nueva York, lideraba primero por Vito Corleone, protagonizado magistralmente por Marlon Brando y luego por su hijo menor Michael Corleone interpretado por un joven Al Pacino.

Los estudios Paramount Pictures compraron los derechos del libro de Puzzo en ochenta mil dólares y tuvieron un presupuesto de seis millones de dólares para realizar la película. Al poco tiempo de su estreno, “El Padrino” se había convertido en la película más taquillera de su época con una recaudación de doscientos cincuenta millones de dólares.

Sería injusto de mi parte tratar de narrar la trama de la película, por lo que los invito a verla nuevamente, sin embargo, quiero recordar junto con ustedes una escena que retrata el tema que voy a tocar en esta columna. 

La escena comienza cuando se celebra la boda de Connie, hija de Vito Corleone. Según la costumbre familiar, todo siciliano debe atender las peticiones que le hacen el día de la boda de su hija. Por este motivo, Don Vito es visitado por su paisano Amerigo Bonasera, dueño de una funeraria. Este le pide ayuda a Don Vito para vengar el ataque que sufre su hija a manos de su novio y un amigo, cuando se niega a tener relaciones sexuales. Bonasera le ofrece dinero a Corleone para que mande a matar a ambos jóvenes en vista que no había encontrado justicia con las autoridades.

Vito Corleone se enfada con Bonasera ya que, según afirma, no son asesinos a sueldo y además su hija no estaba muerta. Sin embargo, acepta castigar a ambos jóvenes dándoles una merecida paliza por haberle faltado el respeto a la hija de Bonasera. Antes de retirarse Bonasera, Corleone le recuerda que está en deuda con él y que algún día, puede que ese día nunca llegue, podría solicitarle un favor a cambio de este.

Si pensamos que esto solo pasa en las películas, estamos muy equivocados. En la vida, real los favores también se pagan con favores y muchas veces se hace al margen de la legalidad.

Hace unos meses, el Tribunal Constitucional emitió la sentencia 74/2023 en donde declaraba fundada la demanda competencial presentada por el Congreso de la República. En términos simples, el Tribunal Constitucional indica que el Congreso tiene ciertas prerrogativas por ley que no pueden ser cuestionadas por el Poder Judicial.

Además, exhorta al Congreso a modificar el artículo 99 de la constitución que enumera a los altos funcionarios que pueden ser acusados por la comisión permanente ante el congreso, por infracción a la constitución y por todo delito que comentan en el ejercicio de sus funciones. Según el TC, en dicha lista deben estar incluidos los jefes de los organismos electorales como el presidente del Jurado Nacional de Elecciones.

Ante esta sentencia del TC, el cuestionado presidente del JNE, Salas Arenas, salió en todos los medios ya que según él “atenta contra los principios básicos de la constitución, entre ellos la autonomía de los organismos electorales”.

Dicho de otra manera, para Salas Arenas, el presidente del JNE no le tiene que rendir cuentas al Congreso, como sí lo hace el presidente, los ministros, los jueces supremos, los miembros del TC, entre otros funcionarios de alto nivel. En esta columna nos preguntamos: ¿Por qué el presidente del JNE se considera intocable?

Recordemos que Salas Arenas fue elegido presidente del JNE el 12 de noviembre del año 2020, siendo presidente de la república Martín Vizcarra.  

Fue una coincidencia que siendo presidente del JNE, Salas Arenas le permitió al vacado Vizcarra ser candidato al congreso en las elecciones del 2021.

Fue Salas Arenas quien se negó a aceptar una auditoria internacional antes las sospechas de fraude en las elecciones presidenciales del año 2021 donde salió elegido Pedro Castillo.

Seguramente es otra coincidencia que el JNE, presidido por Salas Arenas, haya autorizado la inscripción del partido político Perú Primero, de Martín Vizcarra, quien había sido inhabilitado por el congreso para ejercer cualquier cargo público. Dicha inhabilitación también se extiende a participar en procesos electorales por 10 años.

Estoy seguro que ahora entendemos la frase de “favor con favor se paga” y podemos afirmar que nuestras sospechas de irregularidades en los organismos electorales tienen fundamento.

En la película, Vito Corleone dice: “le voy a hacer una oferta que no podrá rechazar”, refiriéndose a un “favor” que le pedirá a un productor de Hollywood.

En la política, los favores se pagan con obras públicas, puestos en el Estado y corrupción generalizada. Exijamos a todo funcionario público que rinda cuenta de sus actos. Lampadia

Por: Ricardo León Dueñas
Expreso, 1 de Junio del 2023

La legítima defensa -en sus modalidades propia e impropia- es una figura jurídica mediante la cual se defiende bienes jurídicos propios o de terceros ante una agresión ilegítima, actual o inminente.

Para accionarla deben concurrir los requisitos que prevé el artículo 20° inciso 3, del Código Penal peruano vigente, a saber: a) agresión ilegítima: b) necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. Se excluye para la valoración de este requisito el criterio de proporcionalidad de medios, considerándose en su lugar, entre otras circunstancias, la intensidad y peligrosidad de la agresión, la forma de proceder del agresor y los medios de que se disponga para la defensa y c) la falta de provocación suficiente de quien hace la defensa.

Nos detendremos en la proporcionalidad de medios, quizás la que más polémicas y discusiones generan entre los que estamos por considerar -de manera absoluta- que ante un ataque inminente que implique peligro a la vida de uno o de una persona cercana, se debe actuar de inmediato y con razonabilidad para detener la agresión.

En estos casos, no cabe distinguir dicha proporcionalidad, pues dada la situación que generalmente es de segundos, se debe actuar instintivamente para preservar el supremo valor de la vida. De esta manera, si un sujeto se acerca blandiendo un cuchillo de manera amenazante, se puede y se debe disparar -y a matar si es necesario- al atacante sin dudas ni murmuraciones.

El ciudadano Ney Chávez Santillán -dueño de un restaurante en el distrito de Villa El Salvador- abatió a un avezado ladrón cuando éste intentaba asaltar su local. Chávez Santillán recurrió a su arma de fuego luego que el delincuente inclusive amenazara a su esposa e hijo.

Increíblemente y pese a que había actuado en legítima defensa (cautelando su vida, la de sus seres queridos y su propiedad) la policía lo detuvo como si fuese un delincuente más y por varios días; una potente campaña vecinal y la creciente indignación de la gente ante la indefensión ante la que nos encontramos por la ola de inseguridad ciudadana permitió que obtuviese su libertad. Sin embargo, no se salvará de un largo, engorroso, kafkiano e injusto proceso penal, propio de nuestro espantoso sistema judicial.

La noción legal de la legítima defensa tiene un sólido sustento en la “Doctrina del Castillo”, mediante la cual si tu hogar o tu propiedad es tu castillo, tienes derecho a usar fuerza letal para defenderlo y no retirarte de él, debe por cierto utilizarse dicha fuerza letal legalmente al tener la certeza absolutamente razonable de que temes por tu vida y por la de tus seres queridos, ante la inacción de un Estado ausente e indolente que no toma la debida acción para preservar la ley y el orden.

Por: José Luis Gil
Perú21, 1 de Junio del 2023

A Sunat, por ejemplo, se le encargó fiscalizar el ingreso, permanencia, traslado y salida de los insumos químicos.

Hay dos hechos puntuales de instituciones del Estado que relativizan las funciones de la Policía Nacional, y que inciden en el incremento de la inseguridad ciudadana. El primer caso es de Sunat, y el otro, del Ministerio Público. Uno, que ha fracasado en el control de insumos químicos contra el tráfico ilícito de drogas (TID) y la minería ilegal, y el otro, también por tratar de convertir abogados en policías (como fiscales), en detrimento de las capacidades estratégicas, tácticas y operativas de la ciencia policial. En ambos casos utilizan fondos públicos, alientan burocracia improductiva y se duplica el trabajo afectando el objetivo principal: la seguridad de todos peruanos.

A Sunat, por ejemplo, se le encargó fiscalizar el ingreso, permanencia, traslado y salida de los insumos químicos, y el control de insumos contra la minería ilegal, con el DS 1126 de 2012 que firmó Ollanta Humala. Hoy tienen 23 millones de soles al año versus 8 millones de soles para Dirandro PNP (Perú21 30MAY23). Sin embargo, la realidad los ha rebasado. La norma (y los políticos) no tomaron en cuenta que, para esta lucha, se requiere de una fuerza pública con capacidad coercitiva y de atribuciones únicas para la detención de personas. El prejuicio perverso sobre presuntas incapacidades de la Policía Nacional ha sido largamente superado a la luz de sus éxitos en la lucha contra el crimen en los últimos 30 años.

Por otro lado, y desde hace varios años, el Ministerio Público ha sido “favorecido” con poderes casi omnímodos, debido a que paulatinamente van adquiriendo funciones policiales o forenses, como el laboratorio de criminalística, saltándose la Constitución (Art. 166) que dice: “La PNP, previene, INVESTIGA y combate los delitos”; así como el hecho de haber introducido en el Código de Procedimientos Penales la investigación en “sede fiscal”, para que “dirijan” la investigación, cuando en realidad solo asesoran jurídicamente a la PNP, que son los que hacen el verdadero trabajo operativo y documental. Los “registros domiciliarios” después de 6 años, nulas condenas (Odebrecht con fiscales Vela y Pérez), corrupción, delincuentes liberados o juicios perdidos, son una muestra de que quien mucho abarca, poco aprieta.

Estas distorsiones afectan la lucha contra la criminalidad convirtiendo a los verdaderos investigadores policiales en “secretarios” o “mesa de partes”, en clara muestra de que se quiere imponer la ciencia jurídica sobre la ciencia policial. Todo esto debe ser reformado por el Congreso, quienes podrían convocar a expertos policiales como Cluber Aliaga, Jorge Cárdenas, Mandujano, Toribio Paulino y otros, para que tengan una idea clara de lo que debe cambiarse. ¡Sí se puede!

Jaime de Althaus
Para Lampadia

La reciente decisión de una corte del Poder Judicial de anular la delirante acusación del fiscal José Domingo Pérez contra Pedro Pablo Kuczynski, para quien pedía nada menos que 35 años de prisión como si se tratara de un asesino en serie o del jefe de una banda terrorista y genocida, acusándolo que haber formado una organización criminal con su secretaria y su chofer, confirma una vez más el carácter estrafalario, desenfrenado y politizado de las actuaciones de ese funcionario del Ministerio Público. Como ha señalado Augusto Álvarez Rodrich, los US$12.2 millones que el fiscal afirma que PPK ‘lavó’ resultan de la suma de los ingresos declarados por él en una década provenientes del sector privado incluyendo honorarios y directorios. Como fuere, el fiscal había desdeñado considerar los peritajes y los informes financieros aportados por la defensa, en lo que configura un modus operandi típico de este señor.

Como el caso de Ricardo Briceño, donde no solo no consideró los descargos y explicaciones, ni miró los hechos, sino que fue más allá fabulando un fraude de Briceño contra la propia CONFIEP -pese a que ésta lo desmintió-, para darle más de dos millones de soles a Keiko Fujimori pese a que nunca se habían dado porque se usaron en una campaña de defensa de la economía de mercado. La Corte Superior ordenó anular la decisión del juez Zúñiga de pasar a juicio a Briceño, pero resulta que procurador del Poder Judicial, sumándose a la locura, ha apelado, perpetuando la pesadilla.

A Pérez no le interesan los hechos ni la verdad ni la justicia. Lo que le interesa incriminar a sus fantasmas políticos, a sus enemigos ideológicos, o construirse la imagen de gran luchador contra la corrupción a costa de la verdad y de las personas.

El problema es que con eso comete abusos irreparables. El debería ser denunciado por la destrucción del honor y la estabilidad sicológica de muchos ciudadanos. Allí están el ex ministro de economía, Miguel Castilla o el exfuncionario Alberto Pasco-Font, absurdamente involucrados y acusados. Dos personas intachables.

Para no hablar de Ollanta Humala, Nadine Heredia y Keiko Fujimori, sometidos a injusta y abusiva prisión preventiva por donaciones de campaña que no eran delito pero que fueron criminalizadas con el argumento forzado e insostenible de que se trababa de lavado de activos, cuando ni el origen de los fondos era delictivo, ni los receptores tenían por qué sospechar que pudieran serlo. Hasta Lourdes Flores ha sido imputada.

Aquí no solo se ha destruido a las personas. José Domingo Pérez y el equipo Lava Jato han dinamitado la clase política y por ende la democracia en el Perú, llevando a la cárcel a líderes de partidos importantes como si fueran criminales de altísimo vuelo, y tipificando a los partidos como organizaciones criminales. Hasta alguien como Luis Pasara ha condenado severamente los excesos inconmensurables de estos fiscales.

En una democracia sin partidos, los pocos esfuerzos de construcción partidaria en marcha, como el Partido Nacionalista y Fuerza Popular en este caso, fueron exterminados o debilitados en extremo, dejando al país sin un centro izquierda popular y sin una derecha popular que pudieran representar a parte importante de una sociedad que ahora rechaza la política y a los políticos.

Todo esto se hizo con el concierto del gobierno de Vizcarra, que arremetió contra un congreso visto como el reducto precisamente de Fuerza Popular, congreso al que había que cerrar de la misma manera como que había que enviar a prisión a la líder del fujimorismo. Y ello con el apoyo de la prensa que se compró el cuento de la lucha anticorrupción y disfrutó de las primicias deslizadas desde esa fuente de propaganda destructiva que fue y sigue siendo el equipo LavaJato.

Las guerras santas son dañinas. Crean demonios y adjudican culpas. No caigamos en una tampoco desde el otro lado. Las imputaciones a Zoraida Avalos, por ejemplo, deben merituarse en su exacta dimensión. Hay que romper la retaliación. Lampadia

Fernando Rospigliosi
CONTROVERSIAS
Para Lampadia

Un juez declaró fundado el recurso del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) y anuló la acusación que el fracasado fiscal José Pérez había formulado luego de seis años de supuestas investigaciones. Un fracaso más del politizado y prevaricador magistrado, que ha gastado millones de soles del erario público en pesquisas que no han logrado ninguna condena.

Lo que ha sí ha conseguido ese individuo es acosar y perseguir a los adversarios de la coalición vizcarrista, sobre todo a los incómodos para los caviares, y proteger a los amigos, socios y allegados a estos.

Un caso flagrante es el de Susana Villarán que, según abundantes evidencias, recibió coimas por más de diez millones de dólares siendo alcaldesa de Lima para las campañas de revocatoria (2013) y electoral (2014). A pesar de las pruebas, han pasado muchos años y no hay resultados judiciales tangibles.

A PPK lo han tenido con prisión domiciliaria por años, le han incautado todas sus propiedades y, absurdamente, le inventaron una supuesta organización criminal con su secretaria Gloria Kisic y su chofer José Bernaola, con el propósito de mantenerlo procesado. Y luego, sobre bases endebles, pidieron una extravagante condena de 35 años, como si fuera un criminal terrorista que hubiera asesinado a muchas personas.

Pérez adelantó la acusación sin esperar algunos peritajes porque quería publicitar su tremenda denuncia, antes de fugarse del Ministerio Público.

En realidad, por lo que se conoce hasta ahora, las actividades de PPK pueden ser reprochables, pero parece muy difícil que puedan ser sancionadas como delictivas. Haber realizado operaciones financieras para Odebrecht cuando no era funcionario público y cuando esa empresa no era cuestionada por actos de corrupción, no es un delito. Puede criticarse por criterios éticos, pero no judiciales.

A diferencia de Alejandro Toledo o Villarán, nadie lo ha señalado como receptor de coimas cuando ocupó cargos en el Estado.

Todo indica que lo que está detrás de ese ensañamiento es el odio caviar por haber indultado a Alberto Fujimori en diciembre de 2017, lo que motivó que se obtuvieran los votos necesarios para su vacancia en marzo de 2018, incluyendo los de caviares de la propia bancada que él había llevado al Congreso. Los keikistas solos no hubieran podido hacerlo. (PPK renunció poco antes de la votación sabiendo que el resultado era inevitable).

En suma, la crisis política que comenzó con la defenestración de PPK tuvo varios responsables, no solo los keikistas, como después se ha querido hacer creer. Fueron decisivos los caviares e izquierdistas -que se aliaron con su sucesor, el Lagarto- y también el propio PPK que cometió gruesos errores políticos.

Los fiscales politizados y prevaricadores desempeñaron un rol fundamental en esta trama, persiguiendo no solo a PPK sino a todos los adversarios de los caviares, logrando luego capturar la fiscalía de la Nación con la impresentable Zoraida Avalos, que había llegado a fiscal suprema como parte de una trama corrupta, como denunciaron en su momento los periodistas Ricardo Uceda y Rodrigo Cruz en La República y El Comercio.

Usaron descaradamente el caso de la red de corrupción “Cuellos blancos” para sus propósitos políticos, demoliendo al fiscal Pedro Chávarry para poner a alguien que se prestara a su juego, como Ávalos y, finalmente, crearon la Junta Nacional de Justicia como un instrumento para mantener su influencia o control sobre el sistema judicial.

En síntesis, la deleznable labor de Pérez en la fiscalía ha servido a los objetivos políticos de los caviares y no ha tenido ningún resultado judicial verificable. Peor aún, ha favorecido descaradamente a Odebrecht y a las corruptas empresas del “Club de la Construcción”, cuyos responsables han salido prácticamente indemnes a pesar de los delitos cometidos. (Ver Manuel Romero Caro, “Caso Lava Jato: fracaso total”, Expreso, 22/5/23).

Y ahora, en el colmo de la desfachatez y la desvergüenza, ese sujeto pretende huir de la fiscalía y convertirse en juez superior. Y los caviares quieren hacer con Patricia Benavides lo que hicieron con Chávarry, para entronizar nuevamente a la impúdica Ávalos.

Lampadia

Por: Aldo Mariátegui
Perú21, 24 de Mayo del 2023

“Zoraida (Ávalos) RECIÉN le abrió investigación a (Pedro) Castillo DESPUÉS de que la congresista Chirinos la denunció”.

Zoraida Ávalos está de tour de salvataje por varios programas amigos, en donde desgracias para la profesión como Chincha no solo la dejan despacharse, sino que hasta hacen de focas huaripoleras y apuntadores. Y mi amigo Carvallo de RPP también estuvo muy perdonavidas, con Mávila Huertas al costado de adorno (me imagino que no funcionaría el audífono para que le soplen, aunque es mejor verla callada que de sobona). El libreto es bien simple: Zoraida es una gran fiscal, que es víctima de gente muy mala. Y repite sin sonrojarse que ella sí procesó a Castillo y que nunca fue una obsecuente vizcarrista.

Felizmente, ayer Correo hizo la tarea que la mayoría de medios no ha hecho y le puso los puntos sobre las íes: 1) Zoraida RECIÉN le abrió la investigación a Castillo DESPUÉS (4 de enero de 2022) de que la congresista Chirinos la denunció (21 de diciembre de 2021) por NO hacerlo (omisión en actos funcionales). 2) Es falaz que afirme que no abrió investigación porque esta no podía basarse solo en “una denuncia periodística”. Primero, las denuncias periodísticas suelen presentar indicios muy razonables para que los fiscales hagan su trabajo. Y no era una, sino VARIAS y muy serias denuncias periodísticas: presiones para los ascensos en las FF.AA. con la salida encima del general Vizcarra, el escándalo del puente Tarata, las trapacerías en Petroperú, las aventuras de los asesores y familiares, etcétera. Y su sumisión a Vizcarra fue ampliamente conocida, con esas visitas al “Lagarto” que denunció la secretaria Karem Roca. A pesar de lo escandaloso que fue el caso Richard Swing o el pésimo manejo durante el coronavirus, Zoraida no procesó al hijo de Moquegua. En cambio, sí se prestó al circo político de abrirle investigación a Merino y otros ministros por Inti y Bryan. Finalmente, la mujer del César no solo debe ser honesta, sino también parecerlo, y la sociedad hace rato que le ha perdido la confianza a funcionarios como Zoraida Ávalos. A su casa de una vez, señora.

“El presidente de México está desconociendo un tratado internacional”

Entrevista a José Antonio García Belaunde
El Comercio, 23 de Mayo del 2023
Por: Sebastian Ortiz Martínez

El exministro de Relaciones Exteriores afirmó que el problema con México y Colombia “es por ideología pura”, y que esa tensión “no se puede superar fácilmente”. Dijo que salida de Boluarte al extranjero puede ayudar a contrarrestar narrativa de operadores de vacado expresidente Castillo.

El ex canciller José Antonio García Belaunde consideró que el presidente de México, Manuel López Obrador, “está desconociendo un tratado internacional” al no ceder la conducción de la Alianza del Pacífico al Perú. Agregó que este grupo “no va a disolverse, pero puede estancarse”.

— El presidente de México, Manuel López Obrador, insiste en su negativa de ceder la Presidencia Pro Témpore de la Alianza del Pacífico al Perú. ¿Qué tipo de mecanismos puede activar el gobierno de Dina Boluarte ante esta situación?

No hay ninguna medida, porque este es un hecho insólito, porque lo que establece el tratado [de la Alianza del Pacífico] es que la presidencia es rotativa, y el tratado no establece que para que la presidencia pueda ser ejercida tenga que ser entregada de uno a otro, es rotativa y, por consiguiente, no se pone nadie en el caso que haya un socio que quiera desconocer un artículo de un tratado internacional. [López Obrador] está desconociendo un tratado internacional. No creo que se pueda hacer mucho, porque se podría denunciar ante una corte [internacional], pero cómo van las cosas eso puede demorar más de lo que dure la presidencia del Perú.

— ¿Ante qué tipo de corte?

Eventualmente se podría pedir no sé si una opinión o una medida cautelar ante la corte, pero hacer eso en estos momentos es entrar en un procedimiento judicial que, finalmente, no sé si conduzca a algo, porque si México ha decidido violar el tratado, también puede decidir no cumplir ninguna decisión que emane de una corte. A López Obrador no le importa los tratados con sus vecinos de Sudamérica, pero él no viola sus tratados con Estados Unidos, el único viaje que ha realizado AMLO ha sido para visitar a Trump, pero no ha visitado ningún país de Sudamérica. Él no se atrevería a hacer a Estados Unidos lo mismo [que está haciendo con el Perú].

— López Obrador ha planteado entregar la Presidencia Pro Témpore de la Alianza del Pacífico a Chile o Colombia y que ellos decidan si se la trasladan al Perú. ¿Esta medida es viable?

Sí, sí es viable […] Lo más viable es olvidarse del traslado de la Presidencia Pro Témpore, simplemente término una presidencia y asume otra, no tiene por qué haber ninguna ceremonia de entrega, eso es un formalismo del cual se puede prescindir absolutamente. No veo por qué hay que trasladarlo, simplemente terminó y el Perú como presidente convoca a las reuniones que haya que convocar. Eso es más fácil que hacer todo este tinglado, es barroquismo puro. Entonces, “yo no le entrego la presidencia al Perú, porque no me gusta, se le doy al otro para que el otro se la entregue”, oiga está establecido que es rotativa, no tiene por qué ser entregada.

— Las razones de López Obrador son las mismas: desconoce al gobierno de Boluarte, a quien califica como “usurpadora”. ¿Puede presentar un recurso de queja ante la OEA por las constantes injerencias?

Sí, pero no creo que sirva de mucho, ¿no?

— El Perú ha retirado a su embajador en México, expulsó al representante de AMLO en Lima y ha rechazado las expresiones del presidente mexicano. ¿Hay otras acciones que pueda realizar?

Puede bajar las relaciones a nivel consular para efectos de proteger la colonia peruana que pueda haber allá, pero sí se puede hacer eso.

— ¿La Alianza del Pacífico pasa por un momento delicado ante la postura de López Obrador y Gustavo Petro, de Colombia, respecto al mandato de Boluarte?

Bueno, yo creo que eso es una excusa, porque si realmente les interesa mucho hacer una integración, no estarían creando estos problemas, ya he dicho que no se tiene por qué entregar la presidencia [de la Alianza del Pacífico], tampoco hay una cláusula que determine que los países [miembros] deben reconocer o no a un nuevo gobierno, simplemente con atenerse a lo que dice el tratado, de que la presidencia es rotativa se podría seguir trabajando en la alianza. Yo lo que temo es que no tienen ningún interés en seguir haciendo integración.

— ¿Esta alianza corre el riesgo de quedar desintegrada por diferencias ideológicas?

No, no, corre el riesgo de no avanzar en su gran proyección. Yo creo que lo ha adquirido la alianza es importante, es un patrimonio que ya tiene y eso no se va a diluir, lo que es posible es que no siga avanzando. Un proceso de integración es uno con nuevas metas y probablemente no las tengamos por el momento, pero eso no significa que va a desaparecer. Además, en la Alianza del Pacífico hay otros elementos importantes a tomar en cuenta como son los sectores económicos e, incluso, académicos, ellos tienen su propia dinámica. La Alianza del Pacífico no va a disolverse, pero puede estancarse.

— ¿Y quién o quiénes son los responsables?

De los que no quieren que avance, en principio sí [de López Obrador y Petro]. Lo que no entiendo del presidente Petro es cómo con un vecino, como el Perú, con el que tiene una gran cantidad de temas en común que trabajar puede estar haciendo de líder de una ONG izquierdista, no lo entiendo.

— López Obrador insiste en considerar la vacancia de Pedro Castillo como un golpe de Estado del Congreso. Esto a pesar de que instituciones como la ONU, OEA y la CIDH condenaron la ruptura del orden constitucional en el Perú. ¿Cómo calificaría la actitud del presidente mexicano?

El interés fundamental de López Obrador es su relación con Estados Unidos, la región [Sudamérica] le importa muy poco, y tiene razón, el 80% de su comercio está con Estados Unidos, y el 80% de las inversiones que recibe México son de Estados Unidos, y tiene un problema migratorio muy grande, él ha ayudado mucho a las exigencias de Trump para detener el flujo migratorio no solo de mexicanos sino de centroamericanos. Yo diría que López hoy día su interés mayor es Estados Unidos y su influencia en la región solo es para gobiernos con afinidades ideológicas, pero México no tiene una presencia importante [en Sudamérica], no se puede comparar con la presencia de Brasil, incluso creo que Argentina puede tener más peso. Las cosas hay ponerlas en su verdadera dimensión. ¿Qué es lo que tiene México en juego en América del Sur en concreto? ¿Cuánto de inversión hay, cuánto de comercio hace? ¿Qué compromisos tiene en materia política? Todo eso se debe tomar en cuenta si el peso que tiene por ser economía muy grande se traduce en tener una presencia muy atractiva en la región, yo creo que no.

— El Perú y Colombia han tenido una relación cordial, son pocos los impasses entre ambos países. ¿Se ha roto la confianza con Bogotá?

Me temo que sí, me temo que esa relación que ha sido bastante fluida y que incluso durante algunos años, yo diría hasta los 2000 estuvimos un poco de espaldas, pero en este siglo nos hemos acercado mucho y nos hemos mirado mucho a la cara y hemos trabajado muchas cosas en conjunto. Es una pena que eso se vaya a perder.

— ¿Y cuál es su opinión sobre el rol que ha jugado Petro en esta crisis?

Bueno, no lo entiendo, no entiendo cómo un jefe de Estado de un país vecino puede poner en juego un conjunto de intereses que tienen que ver con el bienestar y desarrollo de los pueblos [del Perú y Colombia] por convertirse en un líder de ONG.

— El primer ministro, Alberto Otárola, ha referido que Castillo, López Obrador y Petro son “caimanes del mismo pozo”. ¿Este tipo de expresiones contribuyen a darle una salida a este conflicto?

Sospecho yo que el primer ministro habrá estado con justa razón indignado por esta descalificación [de parte de AMLO y Petro], porque finalmente la señora presidenta ha sido elegida de acuerdo a las normas constitucionales del país. El señor Castillo dio un golpe de Estado y fracasó, por consiguiente, fue destituido y hay evidencia de eso, no es nuestra interpretación, la interpretación torcida la hacen ellos. Entonces, comprendo que haya cierta indignación, pero yo sí creo que alguien está manejando esto, no me parece gratuito que el mismo día aparezcan con un discurso muy parecido Petro, López Obrador y [Evo] Morales, alguien está articulando esto. Hay una mano negra detrás que los coordina.

— El Ejecutivo ha presentado un proyecto de ley para que la presidenta Boluarte pueda salir del país y ejercer sus funciones de manera remota. ¿Usted está de acuerdo con este mecanismo?

Mire, yo no sé cuál es el mecanismo más idóneo, si la presidenta pueda ejercer remotamente o si deja al primer ministro, como se hace en otros países. Tengamos en claro que cuando el presidente de la República viaja en una situación normal, la Presidencia sigue en sus manos, el vicepresidente solo se hace cargo del despacho. Sí creo que es importantísimo que la presidente del Perú pueda salir a actuar internacionalmente, en una época donde se hace tanta diplomacia presidencial sería un error que la presidente no pudiera salir. Está claro que la actual situación [de un presidente sin vicepresidentes] no fue prevista por los constituyentes de 1993. Hay que cubrir esa situación.

Cualquier figura que se discuta no la voy a objetar, lo importante es asegurarse que, en una época de un mundo bastante interconectado, de tanta diplomacia presidencial, el presidente o en este caso la presidenta del Perú pueda asistir a una reunión internacional, donde hay intereses del país en juego.

— Si, eventualmente, Boluarte puede salir del país, ¿la diplomacia presidencial puede resolver el impase con México y Colombia? ¿Puede contrarrestar la narrativa de los operadores de Castillo?

Si, creo que obviamente su presencia puede ayudar a contrarrestar esa narrativa. No sé si sirva para solucionar los temas de confrontación, yo creo que hay demasiada ideología como para que podamos imaginar que eso se va a solucionar por los buenos modales y las buenas actitudes. No hay acá ningún contencioso, aquí hay ideología pura y dura, “yo soy de izquierda, ha salido [del poder] mi amigo de izquierda, yo soy tu enemigo, no me importa por qué salió, yo me hago mi propia narrativa para poder justificar por qué soy tu enemigo”. Pero [el problema con México y Colombia] es por ideología pura, esto no se puede superar fácilmente. La presencia de la presidenta afuera puede ayudar a que circule mejor la narrativa exacta de lo que ocurrió [en el Perú].

— El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluye que hubo “graves violaciones de derechos humanos” en las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso. ¿En el frente internacional, cómo deja este documento al Perú?

Mire, no es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una institución a la se escuche internacionalmente, probablemente en la región latinoamericana, sí, pero los otros países tienen sus propias fuentes de información. Probablemente, sirva para cierta narrativa en América Latina, pero ni en Estados Unidos ni en Europa el informe de la comisión se conoce ni se divulga.

Por: Mario Saldaña
El Comercio, 18 de Mayo del 2023

“El fallo marca un hito que hace frente a una narrativa perniciosa que desarma a la democracia frente a sus enemigos”.

El reciente fallo vía casación (N°1464-2021/Apurímac) de la Corte Suprema no dice nada que no sepamos desde los primeros años del presente siglo, específicamente a raíz del famoso ‘arequipazo’ durante el gobierno de Alejandro Toledo, cuando se produjeron múltiples desmanes por el intento de privatización de dos empresas eléctricas regionales.

Se supone que no existe peruano o peruana que no sepa que bloquear una carretera, vandalizar propiedad pública o privada, o afectar cualquier infraestructura –sobre todo aquella que sirve para que terceros ejerzan a plenitud sus derechos– es un delito. Permitir este último por la legitimidad de una expectativa incumplida o por algún eventual acto de injusticia sería el reino de la barbarie.

Un delito aquí y en muchos países de la órbita occidental u oriental, con gobiernos de derecha, de centro o de izquierda. El principio es elemental: todos tenemos la facultad de hacernos escuchar, de protestar con toda la fuerza y contundencia que sean necesarias, sin afectar a quienes no comulgan o participan de similar opinión o situación.

He participado en marchas y protestas desde que tengo 17 años por una gran diversidad de móviles. No me arrepiento de haber acudido a ninguna de ellas. Pero, desde mi época universitaria hasta las manifestaciones a las que he asistido en los últimos dos años, nunca se me ha ocurrido que el vandalismo o la agresión abierta a la policía sumaran a mi propósito. Mucho menos, buscar premeditadamente una represión brutal para luego reivindicar muertos.

La casación que comento claramente no está dirigida a las personas que comparten la convicción que expreso arriba, sino a quienes instrumentalizan las protestas como actos de violencia y agresión abierta a los agentes del Estado, o a la infraestructura pública o privada, ya sea para obtener una respuesta tan o más violenta o como extorsión para lograr sus fines.

Es el caso de los sucesos ocurridos tras el 7 de diciembre del año pasado. Los organizadores y financiadores de los desmanes (que derivaron en actos de terrorismo) siempre apostaron, ya sea a una no respuesta (violentar el principio de autoridad, como suele suceder en el país) o al uso de la fuerza con saldos trágicos (como sucedió), para legitimarse políticamente.

El fallo marca un hito clave para hacer frente a una narrativa perniciosa y sesgada que desarma a la democracia y a la legalidad frente a sus enemigos.

Fernando Rospigliosi
CONTROVERSIAS
Para Lampadia

Una de las razones del aumento de la criminalidad en el Perú es la llegada masiva de delincuentes extranjeros, sobre todo venezolanos, que son muy violentos.

Si bien la mayoría de migrantes que han tenido que huir de su país por el absoluto fracaso del socialismo del siglo XXI –que ha provocado el mayor éxodo en la historia de Sud América-, es gente trabajadora que quiere sobrevivir, un porcentaje son delincuentes.

En este momento se calcula que hay, aproximadamente, un millón y medio de venezolanos en el Perú.

Si el 5% son delincuentes, serían 75,000. (En la Policía Nacional algunos oficiales calculan que son el doble de esa cifra).

Si solo el 2% se dedican a actividades delictivas, serían 30,000. En cualquier caso, son cifras muy altas para el país.

Pero el problema más que cuantitativo es cualitativo. La violencia de la delincuencia en Venezuela es brutal, otra de las consecuencias del comunismo del siglo XXI que se instauró en ese desgraciado país.

En 2017, cuando empezó la huida masiva de venezolanos, el índice de homicidios en Venezuela alcanzó un pico de 89 por cien mil habitantes, uno de los más altos del mundo. (Bard, IA de Google).

Y desde esa fecha precisamente ha ido disminuyendo cada año:

2018, 81.4;
2019, 60.3;
2020, 45.6;
2021, 42.2;
2022, 40.4.

No es coincidencia. No es que haya habido una política anti delincuencia exitosa bajo la dictadura chavista. La disminución a menos de la mitad de la tasa de homicidios en cinco años se explica principalmente porque han exportado una enorme cantidad de criminales violentos. Y muchos de ellos están en el Perú.

Delitos como el secuestro, que había sido reducido a su mínima expresión, están volviendo a proliferar. Las extorsiones se han expandido exponencialmente.

La llegada de malhechores extranjeros no es lo único que explica el incremento de la delincuencia. El otro factor relevante es el desastre ocasionado por los últimos gobiernos en materia de seguridad, relacionado con la casi permanente crisis política.

El gobierno de Francisco Sagasti maltrató ignominiosamente a la Policía Nacional responsabilizándola falsa y arteramente de la muerte de dos delincuentes juveniles en los disturbios que le permitieron asaltar el poder. Y luego despidió ilegalmente a los primeros 17 generales del escalafón para poner como jefe a un inútil, cuyo único mérito era ser el engreído de la mafia caviar.

Con Pedro Castillo las cosas fueron peor. No tenían la menor idea de cómo enfrentar la inseguridad –ni les importaba-y el Ministerio del Interior se convirtió en botín de la caterva de delincuentes que se apoderó del gobierno, con compra de ascensos y toda clase de pillerías. Siete ministros y cinco comandos policiales fueron el legado del peor gobierno del siglo.

Con Dina Boluarte las cosas no han mejorado mucho. Tres ministros del Interior hasta ahora, maltrato a la PNP y ninguna política de seguridad ciudadana.

Uno de los problemas que dificulta –o a veces impide- combatir la delincuencia son las algaradas provocadas por los secuaces de Castillo. En esos momentos, la mayoría de policías disponibles se dedican al control de disturbios y muchos otros están en reserva en previsión de nuevos desmanes.

Y a veces frecuentes operativos que son exhibidos con orgullo: más de mil policías para desalojar ambulantes que permanecerán ahí para mantenerlos a raya; cientos de policías para incautar locales de Alas Peruanas; etc. etc. ¿De dónde creen que salen esos policías? ¿Qué tareas dejan de cumplir para efectuar esas otras?

En síntesis, el aumento de la delincuencia se explica, en parte, por la llegada de miles de criminales venezolanos, muchos de ellos muy violentos; y también por el fracaso y absoluto desinterés de los últimos gobiernos para aplicar una política eficaz de seguridad.

Lampadia

Uri Landman
Para Lampadia

Joaquín Guzmán Loera, más conocido como “el Chapo”, es un narcotraficante mexicano que fue jefe del Cártel de Sinaloa hasta su extradición a Estados Unidos en el año de 2017.

Después de su primera fuga en el año 2011 del penal de máxima seguridad de Puerto Grande, en Jalisco-México, se convirtió en el hombre más buscado por el FBI. Se ofreció 7 millones de dólares a quien proporcionara información que llevara a su ubicación y captura.

El 22 de febrero del año 2014, “el Chapo” fue detenido por segunda vez, por personal de la Marina Armada de México, en Mazatlán, Sinaloa.

La noche del 11 de Julio del año 2015 “el Chapo”, protagonizó uno de los escapes más increíbles de la historia. Gracias a la construcción clandestina de un túnel de 1.5 kilómetros de largo que conectaba la ducha de su celda con una casa a medio construir en el exterior del Centro Federal de Readaptación Social Número 1, Joaquín Guzmán logra escapar por segunda vez.

Durante medio año, las autoridades mexicanas persiguieron a “el chapo” hasta que finalmente lo logran atrapar por tercera vez, el 8 de enero del año 2016. Esta vez ya no tendría escapatoria.

A pesar de los recursos presentados por sus abogados, en los cuales alegaban que la extradición del “chapo” era ilegal, éste fue extraditado a Estados Unidos el 20 de enero de 2017 a Nueva York, uno de los estados que reclamaba a Joaquín Guzmán por múltiples delitos.

El juicio a Guzmán fue pospuesto en dos ocasiones por mociones presentadas por la defensa. Finalmente, el 5 de noviembre del año 2018, el juez Brian Cogan dio inicio a lo que se llamó “el juicio del siglo”. Se acusó a Guzmán de liderar una organización criminal, “El Cártel de Sinaloa”, a través de la cual distribuían drogas en Estados Unidos, lavado de activos y tenencia ilegal de armas. En su momento, la revista de finanzas Forbes, estimó la fortuna de “el chapo” en mil millones de dólares.

La acusación, a cargo de la fiscal Andrea Goldbarg, presentó más de 300,000 páginas de evidencia y 56 testigos en contra de Joaquín Guzmán. El juicio duró cuatro meses y en febrero del año 2019, Guzmán fue encontrado culpable de los delitos imputados. En julio de ese mismo año, fue condenado a cadena perpetua por delitos de narcotráfico, más 30 años por violencia con armas y otros 20 años por lavado de activos.

Para los peruanos es casi imposible imaginar un proceso legal que incluye: acusación fiscal, juicio y sentencia, que dure dos años y medio. Leer de un juicio con 300,000 páginas y 56 testigos, en cuatro meses, es algo que linda con la fantasía.

El escándalo de Lava Jato, estalló en Perú en el año 2016 con la publicación por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que revelaba que la constructora brasilera Odebrecht, había realizado pagos millonarios por sobornos, a funcionarios peruanos para ganar licitaciones públicas.

Hasta el día de hoy, 7 años después, el equipo especial Lava Jato, encabezado por Rafael Vela Barba y secundado por José Domingo Pérez, no ha obtenido una sola sentencia condenatoria.

El único funcionario público peruano, acusado y sentenciado por el caso Lava Jato es el ex-gobernador de Ancash, César Álvarez, quien recibió una condena de 8 años y 3 meses de prisión por los delitos de colusión agravada y negociación incompatible al haber recibido 2.4 millones de dólares de Odebrecht, por la carretera Carhuaz-Chacas-San Luis. Sin embargo, este caso no fue visto por los fiscales del equipo especial Lava Jato, sino por el fiscal Elmer Chirre, de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Anticorrupción.

En los casos de Ollanta Humala, Nadine Heredia, Alejandro Toledo, PPK, Keiko Fujimori, Susana Villarán y tantos otros, los fiscales del equipo especial, a duras penas han presentado la acusación fiscal después de años de investigaciones y los juicios ni siquiera han empezado.

En el caso de Susana Villarán, el fiscal José Domingo Pérez se ha tomado nada menos que 6 años para concluir la investigación preliminar y presentar acusación.

Esta “ineficiencia” del fiscal es más escandalosa todavía, en vista que las empresas OAS y Odebrecht han reconocido ante la fiscalía, el haber pagado un soborno de 11 millones de dólares a la ex alcaldesa, quien a su vez ha reconocido haber recibido el dinero. ¿Cómo es posible que el fiscal Pérez haya demorado 6 años en terminar una investigación?

Además de la sospecha evidente que tenemos los peruanos de la manipulación política e ideológica, por parte de los fiscales del equipo Lava Jato de los casos que manejan, ahora nos damos con la sorpresa que el fiscal Pérez, va a dejar la fiscalía al haber postulado a una plaza de juez superior.

¿Se acuerdan cuando Barata declaraba en Brasil antes los fiscales y de manera simultánea IDL publicaba dichas declaraciones reservadas? ¿IDL tenía un “topo” en la fiscalía?

Ante la imposibilidad de los caviares de seguir manejando la fiscalía a su antojo, con la llegada de la fiscal Patricia Benavides, han decidido buscar foros más propicios para su lucha ideológica. Es de conocimiento público que la Junta Nacional de Justicia, entidad que nombra a jueces y fiscales, estaría bajo la influencia de los caviares. Ello, garantizaría una plaza a todos aquellos jueces afines a su agenda política, en un Poder Judicial que no se caracteriza por su honestidad o transparencia.

El fiscal Kennedy dijo: “Cada sociedad tiene el tipo de criminal que se merece”, depende de nosotros tener a los fiscales y jueces que nos merecemos. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 15 de mayo de 2023
Para Lampadia

En el tráfico de terrenos, claramente ganan las mafias. Me refiero a las mafias municipales: alcaldes, regidores y funcionarios corruptos. Además, gana la telaraña, también mafiosa, compuesta por funcionarios de las diversas instituciones registrales del país, como el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI), la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP), los programas regionales de titulación de tierras (PRETT´s), la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN), etc.

Como no podía ser de otra forma, las mafias del tráfico de terrenos también incluyen a efectivos policiales, fiscales y jueces corruptos, matones que nunca faltan, todos coludidos con los traficantes propiamente dichos.

Rodolfo Orellana, Sada Goray, los sobrinos del expresidente Castillo y una larga lista de congresistas y personajes de mal vivir se han hecho conocidos, precisamente, por ser parte de las mafias del tráfico de terrenos en nuestro país.

Sin embargo, ahí no termina la cosa. En el tráfico de tierras, ganan también los proveedores de agua en cisternas, esteras, palos, alambres, calaminas, clavos, plásticos, cartones, etc. Incluso, los que brindan “servicios de seguridad”. El entrecomillado es adrede, porque los tipos esos, de custodios no tienen nada, y sí, mucho de extorsionadores, puesto que cobran por no robar. Efectivamente, el que no paga cupo… ¡ay de él o ella! Chau quiosco, chau moto o triciclo, chau celular, chau lo que sea.

Ahora bien, la otra cara de la moneda del tráfico de terrenos muestra a los que pierden. Entre los perdedores están los propietarios de los terrenos invadidos – el Estado o los privados – que pierden sus propiedades. Pero pierde también la pobre gente que cae en la trampa sin salida de las mafias en cuestión.

Efectivamente, el sangrado mafioso es inevitable, implacable e interminable.

Pago por la “adquisición” del lote. Un papel cualquiera “certifica” la operación de compra – venta.
Pago por afiliación y mantenimiento de la “asociación pro vivienda”. Las asociaciones suelen llevar los nombres de políticos de moda: Ollanta Humala Tasso, Keiko Fujimori Higuchi, Juan Velasco Alvarado, y así.
Pago de cuotas extraordinarias para el saneamiento de los certificados de posesión. El trámite de titulación puede demorar 15 o 20 años, y hasta más, previo pago de cuantiosas coimas, sin ninguna rendición de cuentas de por medio.

Al final, los pagos suman mucho más de lo que se pagaría por un crédito hipotecario comercial para la compra – venta de una vivienda de S/. 100,000, con todos los servicios públicos bien puestos, y con todas las formalidades registrales del caso.

Pero no, mucha gente vive en condiciones deplorables: sin agua, sin electricidad, sin seguridad, sin nada. Sólo polvo y esteras. Aunque, eso sí, infaltable, la desteñida banderita blanquirroja… en el techo.

Bueno pues, 1’600,000 familias peruanas viven así… 8 millones de peruanos. La cuarta parte de la población peruana no tiene vivienda.

Porque no me vengan con que una choza de esas puede considerarse una vivienda digna.

Esta descomunal tragedia urbanística nacional saltó a la luz en la reciente pandemia de COVID 19. ¡8 millones de peruanos no tenían casa para cumplir la cuarentena! ¡Y otro tanto no tenía agua para lavarse las manos! ¡Habrase visto tamaña injusticia! ¡Oh diosa corrupción… cuánto daño, cuánta crueldad, cuánta miseria has traído a nuestro país!

El problema es que el Estado hace muy poco al respecto. Mejor dicho, estoy convencido de que el Estado propicia, adrede, el caos urbano y el tráfico de terrenos a nivel nacional. Repito. El Estado está metido en la colada. ¡He ahí el problema!

Quitarle las competencias de vivienda y urbanismo a los Municipios Distritales y Provinciales de todo el país. ¡Esa es la propuesta!

Y en su reemplazo, crear una Autoridad Nacional Autónoma (ANA) – tipo Banco Central de Reserva (BCR) – encargada de llevar a cabo todos los procesos de planificación y desarrollo urbano en todo nuestro país. Una ANA apolítica, desideologizada, profesional, meritocrática, súper especializada en la materia. Cero tráfico de terrenos. Todos los traficantes a la cárcel. Cero invasiones. Ninguna invasión calificaría para ninguna titulación… nunca.

Incluso, habría que prohibir la autoconstrucción de viviendas en todo el país. Pero eso sí, para que la cosa funcione, el Estado tendría que promover masivamente la construcción de urbanizaciones y viviendas de bajo costo – bien construidas – en terrenos de su propiedad… que los tiene. ¡Y de sobra!

Construir 200 mil viviendas populares al año, para que en 10 años hayamos resuelto el problema de la vivienda en el país. ¡Ese es el desafío! Para ello se requiere invertir US$ 50,000 millones, los cuales generarían un millón de empleos directos. ¡Ese es el reto!

Simplificar radicalmente y digitalizar al máximo todos los procesos de licencias y permisos de construcción y titulación de tierras y de propiedad inmobiliaria. ¡A eso debemos llegar!

¡No a los turbios negocios del tráfico de terrenos! ¡Sí a la vivienda digna para todos los peruanos!

Lampadia