Jaime de Althaus
Para Lampadia

Premunido de argumentos legales discutibles o leguleyos, el Jurado Nacional de Elecciones decidió no verificar las actas cuestionadas por Fuerza Popular y declaró todas las apelaciones de fondo improcedentes, y procedió a resolver las de “forma” a puerta cerrada, sin audiencias.

La propia Defensoría del Pueblo ha reclamado ayer al JNE actuar de otra forma. Ha señalado “que el listado de electores elaborado por la ONPE es también un documento de acceso público, en la medida que cuenta con similar información que el padrón electoral, por ello corresponde al JNE exponer en la mayor medida posible los razonamientos de hecho y derecho que utilizó al momento de resolver sobre su valoración”.

Aparentemente ese pronunciamiento llega cuando la proclamación de Pedro Castillo es casi un asunto de mero trámite que podría producirse esta semana. En ese caso, a Keiko Fujimori no le quedará más remedio que acatar el resultado pese a no estar de acuerdo con él, no solo por respeto a la institucionalidad por más que ésta haya sido injusta, sino para evitar que una oposición recalcitrante desde el comienzo provoque la radicalización del futuro gobernante, en perjuicio de todos los peruanos.

Pero eso supone que Pedro Castillo deberá tener conciencia que debe gobernar para todos desechando propuestas divisionistas como la asamblea constituyente y convocando a los mejores, no solo porque la mitad de la población no votó por él –en realidad, solo el 35% lo hizo considerando el total de electores-, sino que ni siquiera es seguro que haya ganado realmente las elecciones pese a que sea proclamado ganador. Y eso se conocerá tarde o temprano. Entonces tiene que integrar a todos en su gobierno, o intentar hacerlo.

Hay quienes consideran que la demanda de cotejar las actas con las listas de electores y el pedido por último de una auditoría de la elección, no son sino formas de pataleta de quienes no quieren aceptar los resultados, algunos de los cuales incluso estarían tramando un golpe para impedir la asunción de Castillo.

Por supuesto que hay que rechazar toda intención golpista, pero debe rechazarse también la narrativa de que acá no ha pasado nada serio y que las irregularidades que se han presentado son las normales en cualquier elección.

Veamos por ejemplo el siguiente cuadro (hemos puesto solo el comienzo y el final), trabajado por un equipo de personas entre las que están Leopoldo Monzón, Tony Salas y José Ignacio Beteta, que revela que hay 394 mesas en las que Keiko Fujimori obtuvo la misma cantidad o menor cantidad de votos en la segunda vuelta que en la primera, hecho altamente improbable, por no decir imposible, pues supone no sólo que electores que votaron por ella en la primera vuelta se arrepintieron de hacerlo en la segunda vuelta, sino que quienes sufragaron por los otros 17 candidatos ninguno votó por ella, ni tampoco los que habían votado en blanco o viciado.[1]

……….

Este cuadro no es producto de un análisis estadístico. Son números puros y duros, y revelan resultados que solo podrían ser el producto de actos de manipulación para arrojar votaciones que favorecieran en mayor medida a Castillo, y en una cantidad que podría inclinar la balanza en favor de la candidata Fujimori. Pues si expandimos la última fila, donde se ve los resultados, constatamos que en esas 394 mesas Pedro Castillo tuvo 40,437 votos más que en la primera vuelta y Keiko Fujimori tuvo 823 votos ¡menos!

El hecho de que Fuerza popular careciera de personeros en muchas zonas de la Sierra facilitó las alteraciones. Y no los tuvieron porque, según el jefe de personeros de Fuerza Popular, la gente no quería participar debido a las amenazas recibidas (matar sus animales, cortarles el agua, castigos físicos). El hecho es que eso posiblemente facilitó los actos ilegales que han sido denunciados: falsificación de firmas, suplantación y un mismo puño gráfico llenando actas de varias mesas en un mismo colegio o en un mismo distrito y hasta provincia. 

Pese a todo ello, Castillo será proclamado. Por eso, debería ser consciente de la fragilidad de su triunfo para buscar consensos y el concurso de todos para gobernar -como bien ha recalcado Carlos Amat y León en entrevista en Perú21-, dejando de lado propuestas maximalistas que llevarían al país a un conflicto político explosivo e insostenible. Lampadia

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

Es importante tener presente los roles y atribuciones que le competen al JNE. Para ello, cuando uno ve sus funciones, tenemos los siguientes:

1. Rol jurisdiccional de inscribir candidatos, resolver apelaciones sobre sus inscripciones, resolver apelaciones de tachas a estos, proclamar resultados electorales y convocar a referéndum y consultas populares, entre otras.
2. Fiscalizador de todos los procedimientos y procesos, velando por el cumplimiento de las normas aplicables.
3. Educativo, brindando asistencia técnica, formación y promoción de valores democráticos.
4. Difusión, promoviendo espacios deliberativos, con eventos masivos dirigidos a la ciudadanía.
5. Normativo de los procesos electorales y procedimientos propios. Y
6. de Administración electoral.

Dentro de ese marco y con la finalidad de lograr una ciudadanía bien informada, tiene la obligación y la responsabilidad legal de efectuar las acciones que, a su criterio, permitan el logro de este objetivo.

Así pues, el JNE propuso el desarrollo de cuatro debates, como parte de la labor de difusión necesaria para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del año 2021. Planteó pues, dos debates de los candidatos presidenciales, uno de los candidatos a las vicepresidencias y uno de los equipos técnicos que soporten los planteamientos políticos de los candidatos. Hasta ahí, el JNE estuvo cumpliendo su rol.

Los problemas comienzan cuando uno de los candidatos rehúye las coordinaciones, evade las convocatorias a debatir hechas por el JNE, reclama que no son necesarios los debates, hasta que finalmente, Pedro Castillo pone como condición previa a los debates oficiales del JNE, un debate en Chota, su tierra natal, donde él había ganado con 64% de los votos, bajo las reglas fijadas por sus personeros, sin participación de los de Keiko Fujimori y fijando también los personeros de Castillo, los temas a tocar.  Cuál no sería la sorpresa de Castillo, cuando Fujimori le aceptó todos los términos del debate; lugar planteado, que éste le cambiara fecha y hora del debate y que fijara todas las demás condiciones, incluyendo que los partidarios de Castillo entren a la plaza para aplaudirlo a él y abuchear a Fujimori. Todo, a condición de que Castillo aceptara los cuatro debates planteados por el JNE.

Cabe resaltar todas las condiciones adversas a la visitante, largo viaje nocturno (11 horas, en lugar del de 4 horas normales), falta de respeto de los partidarios de Castillo y Cerrón, sin normas de comportamiento adecuadas de la gente en la plaza y condiciones precarias para la seguridad. Llegar a la plaza, subir al estrado del debate y empezar con las mismas, sin un descanso previo, para enfrentar un debate de más de una hora y media.

No obstante, Fujimori aceptó y superó todas las condiciones y caprichos que, al mejor estilo dictatorial, impuso Castillo y de acuerdo a las encuestas inmediatas y comentarios especializados posteriores, Fujimori le ganó el debate a Castillo, fijándose en ese momento un punto de inflexión en las preferencias electorales y generación de una nueva tendencia; Castillo bajando y Fujimori subiendo.

Pero, más allá de los temas anecdóticos, no podemos minimizar el rol y atribuciones del JNE al respecto, quien debió establecer públicamente y mediante el nivel de resoluciones que le competa; cuantos debates tenía programado realizar, de qué características, en qué lugares, en qué fechas y convocar a los personeros para coordinar detalles. Pero no, resulta que, sin ejercer ninguna autoridad, el JNE dijo que esperaba que los personeros se pongan de acuerdo sobre el número de debates, sus características y demás detalles. ¿Nos quiere hacer creer el JNE, que en la primera vuelta dejó a los representantes de los 18 candidatos, que se pongan de acuerdo entre ellos sobre los debates, sus formatos, temas y orden de aparición?

En este caso, un candidato sin preparación, ni plan, sin equipo técnico, ni capacidad para convocar a un equipo que pueda darle contenido técnico a su ideario y llevar adelante un gobierno para el Perú, se corrió tanto como pudo.  Se dio maña para llevar de las narices al JNE, forzó el paso del tiempo para que sea imposible organizar y realizar los debates que la ciudadanía merece ver y oír, pues ahí se podría apreciar cuales son los planes y programas a ejecutar, cuán viables son las propuestas de gobierno, cuales son los estilos de liderazgo de los candidatos y qué tan consistentes son los diagnósticos, propuestas de solución y capacidades de gestión y ejecución de tales planes.

Los ciudadanos merecemos respeto por parte del JNE y de los candidatos y, por el modo como se han conducido, podemos calificar de muy mala la actuación del JNE al respecto, pues no ha cumplido la misión encomendada e impidió que los ciudadanos tomemos la mejor decisión en momentos tan difíciles para el Perú.

Los miembros del JNE merecen una censura, pues lo que han hecho es una de las formas como se deteriora nuestro sistema democrático y se induce a su descrédito. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 24 de enero de 2020
Para Lampadia

Tal como la viví… la cuento. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) me excluyó – a mí y a varios otros candidatos, de distintos partidos políticos – de participar en la reciente contienda electoral congresal. Fuimos excluidos por errores en las declaraciones juradas que teníamos que llenar para poder postular al Congreso.

Aparte de reconocer nuestros errores, todos los candidatos excluidos apelamos al Jurado Electoral Especial de Lima Centro (JEE) con el fin de corregir nuestras declaraciones juradas. OTROSÍ DIGO: Además de los honorarios legales correspondientes, había que pagar una tasa de S/. 1,000 aproximadamente. ¡Todo por un error involuntario e irrelevante!

El JEE nos choteó a la mayoría. Ante ello, los entendidos dijeron – no se preocupen. Apelen al Jurado Nacional de Elecciones (JNE)… y ahí queda todo OK –. Y así lo hicimos. Yo, y los demás candidatos excluidos apelamos ante el JNE.

Pues bien, el JNE nos volvió a chotear. – Ya fui – me dije a mi mismo. – Pero no – presenten sus Acciones de Amparo y las correspondientes Medidas Cautelares ante el Poder Judicial – insistieron los entendidos. – ¿Cómo se hace eso? – preguntaba yo. – No te preocupes – siempre aparecía el “no te preocupes” tan nuestro.

Todo un pool de abogados se involucró en la redacción de los voluminosos – e ininteligibles – Acciones de Amparo y Medidas Cautelares. Pero eso sí… había que ir hasta la propia sede del Poder Judicial en la Avenida Abancay – junto al Parque Universitario – para legalizar nuestras firmas. – Podría legalizarla ante un notario cerca de mi oficina – dije yo. – No. Tienes que ir personalmente al Poder Judicial – me dijeron. Así que fui.

Después de todo, era cuestión de llevar mi DNI y firmar frente al funcionario en cuestión… y listo. – Me tomará unos 15 minutos – pensé. Pues no. ¡Me tomó casi 3 horas legalizar mi firma en el Poder Judicial! Había una sola ventanilla para “LF” (Legalización de Firmas). Una sola ventanilla para un mar de gente. Todos maltratados a más no poder. Y ojo… no había atención de 1:30 a 2:30 pm. A esa hora todos los funcionarios del Poder judicial almuerzan. ¿Y la gente?… que espere.

Pues bien, pasaron los días y – ¡oh sorpresa! – el Poder Judicial admitió nuestras Acciones de Amparo. – ¡La hicimos! – dijimos todos los choteados. – Ahora el jurado electoral tendrá que tragarse el sapo y habilitarnos para poder candidatear al Congreso –.

Pues no. Resulta que el JEE se zurró en las resoluciones del Poder Judicial. – Es imposible ejecutar la orden de reponer a los candidatos excluidos – dijeron ellos. Y colorín colorado… este cuento se ha acabado.

OTROSÍ DIGO: El Poder Judicial es un infierno. El trato que nos brinda a los ciudadanos es pésimo. El JEE de Lima Centro y el JNE, también. En vez de penalizar faltas graves, ellos penalizan errores involuntarios e irrelevantes. Eso sí. El legalismo se aplicó – sólo – a algunos candidatos. Otros – incluso sentenciados – se la llevaron fácil.

OTROSÍ DIGO: A pesar de todo, no me arrepiento de haber postulado al Congreso. Al contrario. Estoy muy contento y agradecido. He conocido al monstruo por dentro. Con mayor razón, me siento más comprometido que nunca a luchar contra el Estado indolente, obsoleto, inoperante, abusivo, corrupto, ineficiente y displicente. ¡No al Estado legalista y maltratador! Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El Grupo de Estudio de la Reforma Electoral presidido por la congresista Patricia Donayre culminó finalmente la elaboración del proyecto de Ley Electoral que será sometido a discusión en la Comisión de Constitución. Son nada menos que 423 artículos que regulan no solo todos los aspectos de todos procesos electorales incluyendo los de jueces de paz y miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, sino asuntos tales como la configuración de los distritos electorales del país para la elección de congresistas.

El proyecto ha incorporado algunos de los aportes del Ejecutivo y de Jurado Nacional de Elecciones, sobre todo en lo relativo a las sanciones por incumplimiento de las normas de financiamiento privado, que ahora incluyen hasta la cancelación de la inscripción de las organizaciones políticas si estas cometen conductas muy graves o acumulan más de seis meses de suspensión por conductas leves o graves. De modo que puede afirmarse que, de aprobarse estas normas, las obligaciones acerca de las modalidades, montos e informes de financiamiento partidario ya no serán letra muerta.

Esto es un avance en lo relativo a prevenir el ingreso de fondos ilegales o delictivos a la política. También se sube el tope de lo que puede donar un particular a 200 UIT  (810,000 soles). Eso está bien, para procurar que el financiamiento provenga de fuentes lícitas. En esa misma línea, no se entiende por qué el Proyecto prohíbe las donaciones de empresas privadas. Es mejor que sean ellas y no organizaciones delictivas las que aporten. Por último, si lo que se quiere es evitar la devolución del favores por parte del Partido ya en el gobierno, dichas donaciones podrían hacerse a un fideicomiso indicando el tipo de ideología o  programa que la empresa donante quisiera apoyar, sin identificar partido político alguno. Y recoger la sugerente propuesta de “partidos por impuestos” formulada por Carlos Meléndez, sobre todo para financiar Think Tanks y capacitación. A las empresas también les interesa el crecimiento del país, porque así crecen ellas también.

Pero otras propuestas del proyecto del Ejecutivo no han sido tomadas en cuenta. En particular la reducción  a 1% del número de electores para obtener la inscripción de un partido, la obligatoriedad de la participación de los organismos electorales en la organización de las elecciones internas y que estas sean primarias y universales. El Proyecto decide, además, mantener el voto preferencial y los mismos distritos electorales de la actualidad, añadiendo un escaño para los que viven el exterior. Se argumenta que, en realidad, esa discusión así como la de si restablece el Senado o no, se daría en una segunda etapa, cuando se considere las modificaciones constitucionales, y que esta primera etapa tiene por finalidad ordenar la normatividad para las elecciones regionales y municipales del 2018.

Pero aquí el hecho de tener que normar antes para las elecciones del 2018 ha puesto un pie forzado que es una trampa, porque el orden lógico del proceso legislativo es introducir primero las modificaciones constitucionales y luego la normatividad legal derivada de dichas modificaciones. Pero hemos puesto la carreta delante de los caballos.

Los objetivos

Y el resultado de esta lógica invertida es que se pierde integralidad, coherencia. En realidad el proceso debió comenzar por una discusión acerca de los objetivos que perseguimos con esta reforma, que no se ha hecho. No sabemos para qué queremos reformar. A nuestro juicio, los objetivos son tres:

1. Construir un sistema de pocos partidos institucionalizados. Contener la fragmentación y feudalización políticas.
2. Construir canales de representación efectivos que permitan que los ciudadanos puedan hacer llegar sus demandas. Acercar la población al Estado.
3. Mejorar las relaciones entre Ejecutivo y legislativo para afianzar la gobernabilidad.

Menos partidos más institucionalizados

Para lograr el objetivo 1 hay varios instrumentos. El primero es una barrera alta para la inscripción de nuevos partidos. El Proyecto mantiene, como decíamos, el 4% del número de electores, una barrera muy alta en términos comparativos y reales. Pero aquí lo que tenemos es un problema de inconsistencia con otras disposiciones del Proyecto. En efecto, si se va a mantener una barrera muy alta para tal efecto, aquel ciudadano que quiera ingresar a la política tendría que inscribirse en un partido ya existente y lo hará si es que los partidos son estructuras abiertas y convocantes y ofrecen garantías de una verdadera democracia interna. En ese sentido, lo lógico sería que las elecciones internas sean en lo posible primarias y abiertas y en todo caso organizadas por los organismos electorales a fin de que haya seguridad de que los resultados sean justos.

Pero no es esto lo que establece el Proyecto. Lo que dispone es que las elecciones internas pueden ser primarias abiertas, cerradas o por delegados. Y en cuanto a la participación de los organismos electorales establece que éstos “tienen el deber de brindar soporte técnico a las organizaciones políticas en todos sus procesos de elección internos”. Es decir, no se les encarga la organización de los comicios internos.

Con esa normativa no hay muchos incentivos para que los partidos tiendan a  convertirse en lo que en parte ya son: pequeñas camarillas impenetrables en las que nadie que desee participar en política querrá o podrá ingresar. Si tal va ser el destino, mejor sería efectivamente poner una barrera de entrada baja (1 o 2% de los electores por ejemplo) junto con barreras altas para la permanencia, para asegurar renovación y competencia en el sistema y obligar a las organizaciones a abrirse si quieren renovarse y crecer.

Para reducir el número de partidos el instrumento más importante es la llamada valla electoral: obtener el 5% de los votos válidos o un mínimo de 6 congresistas electos para ingresar al Congreso. Esa valla se mantiene. Y en el caso de las alianzas se agrega 1% adicional por cada miembro adicional de la alianza. Ese 1% es muy bajo si se quiere que no se usen las alianzas para burlar la valla del 5%. Debería ser cuando menos 2% o 2.5% como proponía algún proyecto de años anteriores.

Lo que sí es un avance es que el Proyecto establece efectivamente condiciones más exigentes para la permanencia de los partidos: obligatoriedad de participar en todas las elecciones presentando listas de candidatos por lo menos en el 60% del total de circunscripciones regionales, provinciales y distritales, y mayor formalidad en el manejo de las finanzas partidarias y las aportaciones privadas, cuyo incumplimiento puede acarrear la cancelación de la inscripción. 

Un avance también ha sido la eliminación de los movimientos locales y provinciales. Quedan los regionales, pero a estos debería exigírseles que participen en más de una región o que lo hagan en alianza con un partido nacional, para contener mejor la tendencia a la feudalización política del país que hace que en cada elección haya menos alcaldes pertenecientes a partidos políticos nacionales.

El Proyecto mantiene la obligación de tener comités políticos con un mínimo de 50 afiliados en por lo menos el tercio de las provincias del país, algo que quizá no tenga mayor sentido en la era de los grupos de chat. Lo nuevo es que “necesariamente un comité partidario deberá estar ubicado en cada uno de los veinticuatro departamentos del país, Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, los cuales deben mantenerse en permanente funcionamiento, bajo sanción de suspensión”.

Pero lo que se busca en institucionalización, formalización y actividad partidaria se pierde con el voto preferencial, que fomenta el enfrentamiento entre candidatos del mismo partido y la diferenciación incoherente de propuestas al interior del mismo grupo.

En suma, hay avances pero al mismo tiempo no hay consistencia entre algunas de las medidas relacionadas al objetivo 1.

Mejor representación

Ahora bien, la consistencia debe darse no solo entre las disposiciones orientadas a cumplir un objetivo, sino entre las diseñadas para cumplir los tres objetivos. Es decir, si estamos de acuerdo en los tres objetivos arriba mencionados, las disposiciones que se establezcan para alcanzarlos deben reforzarse mutuamente, sistémicamente. Es decir, las que se señalen para cumplir el objetivo 2, deben ayudar a cumplir el objetivo 1 y el 3, y viceversa.

En esa línea, si lo que queremos es reducir el número de partidos (Objetivo 1) y mejorar los canales de representación (objetivo 2) no podemos proponer mantener el mismo número y tamaño de los distritos electorales actuales, que no ayudan ni a uno ni al otro objetivo. El único sistema que integra ambos objetivos a la vez, es el de la elección de los congresistas en distritos electorales pequeños, uni o bi nominales. En efecto, en dicho sistema, las personas eligen no entre muchos candidatos de un mismo partido sino entre pocos candidatos de distintos partidos (de modo que se puede conocer mejor a cada candidato, y se elige mejor), y el ciudadano sabe quién es su representante y puede comunicarse con él para expresarle sus demandas. La democracia se vuelve de carne y hueso. Se enraíza.

Al mismo tiempo, dicho sistema lleva a la reducción del número de partidos porque las organizaciones pequeñas se ven obligadas a juntarse con otras más grandes si quieren que alguno de sus candidatos sea elegido en una circunscripción. 

Contrario sensu, distritos electorales grandes en los que se elije a varios representantes de manera proporcional, fomentan el multipartidismo y no construyen canales biunívocos de comunicación entre representados y representantes.

Por supuesto, distritos electorales pequeños sustituyen el voto preferencial. El realidad, son el voto preferencial perfecto, porque yo elijo directamente a una o a dos personas. Sería lamentable que haya consenso entre los congresistas para eliminar el voto preferencial. Si no lo eliminamos, tenemos que mantener distritos electorales grandes que no ayudan a reducir el número de partidos ni mejoran la representación. Tendría menos sentido, también, restablecer la bicameralidad.

Relación Ejecutivo – Legislativo

En efecto, un sistema electoral de distritos pequeños ayuda a resolver mejor el objetivo 3, donde la propuesta sería la de restablecer la bicameralidad a fin de que leyes impulsivas y extremadamente populistas puedan ser revisadas y morigeradas en la cámara de senadores. En ese marco, la cámara de diputados puede ser elegida en distritos pequeños, uni o bi nominales, pero la de Senadores en un distrito nacional, para compensar la perspectiva localista de Diputados con una visión unitaria y con una perspectiva más nacional de los senadores. Si se mantuviera una sola cámara -subiendo eso sí la cantidad de votos necesarios para insistir en las leyes observadas por el Ejecutivo a los dos tercios del número legal de miembros del Congreso (el Ejecutivo cumpliría la función moderadora)-, una parte mayoritaria del Congreso unicameral puede ser elegida en distritos pequeños y otra minoritaria en distritos macroregionales o distrito nacional.  

Lo que no podríamos hacer es restablecer la bicameralidad y mantener distritos electorales grandes en la cámara de diputados. Pero, entonces, si no eliminamos el voto preferencial y no establecemos distritos electorales pequeños y tampoco restablecemos la bicameralidad o lo hacemos sin cambiar el sistema electoral, no habremos hecho reforma política alguna. Lampadia

Hace unos días el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dispuso que la segunda vuelta para elegir a los presidentes regionales de 14 departamentos (dónde los candidatos no superaron el 30%) se realice el domingo 7 de diciembre. Así, de acuerdo al JNE, 7’635,475 electores deberán volver a las urnas para elegir a las máximas autoridades de Áncash, Apurímac, Arequipa, Cusco, Huánuco, Ica, Junín, Lima (provincias), Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín, Tacna y Tumbes.

En el 2009, se estipuló que los presidentes regionales debían ser elegidos con más del 30% de los votos. Para efectuar esta modificación se determinó que ya no se votaba por listas (como ocurre para las alcandías en que los regidores son nombrados bajo el sistema de cifra repartidora, en la que el partido del alcalde obtiene siempre la mayoría), sino por representación provincial. Es decir, se elige por separado a los consejeros regionales por provincia. Un sistema parecido al de la elección del Presidente de la República que requiere, en su caso, 50% más uno de los votos en primera vuelta para no ir al “balotaje” de la segunda. Motivo por el cual se genera un cierto divorcio político entre el Ejecutivo y el Congreso. 

Los resultados de esta mala decisión están a la vista: En 14 de 25 departamentos se tendrá que volver a votarpara elegir solo a los presidentes regionales, sin que necesariamente cuenten luego con consejeros regionales afines a sus planteamientos de gobierno.

La mayoría de estos Consejos Regionales quedará conformado tan fraccionadamente que, por un lado no le otorgan mayoría al presidente regional, y por otro, no permiten la formación de equipos de gobierno orientados en la misma dirección, más bien contrapuestos entre sí. Esto se agrava por la multiplicidad de postulantes, que al final logran dejar algún representante en los consejos.

Por ejemplo, en Arequipa, el nuevo Consejo Regional (CR) (2015-2019) tendrá representantes de seis organizaciones políticas. Este nuevo CR estará conformado por cuatro miembros del Movimiento Arequipa Renace, dos de Juntos por el Desarrollo de Arequipa, uno de Arequipa Tradición y Futuro,  uno de Acción Popular, uno de Siempre Unidos y uno por Vamos Perú.

Arequipa no es la excepción. Ni siquiera en los once departamentos que superaron la valla del 30%, obtuvieron mayoría simple en los CR, salvo en Amazonas, Cajamarca, El Callao, La Libertad y Lambayeque. De los que compiten en segunda vuelta, tan solo en tres casos, una de las candidaturas en competencia podría alcanzar esa mayoría en el Consejo Regional, de ser elegido como presidente quién ya tiene la mayoría de consejeros. Ante esto, los presidentes regionales, prácticamente incapacitados para formar equipos de gobierno coherentes, optan por cooptar, presionar u ofrecer privilegios a los consejeros que no son de su partido, cuando no, recurren a un reparto populista del presupuesto regional, señala Fernando Tuesta.

Es pues evidente que el sistema electoral de los gobiernos regionales ha logrado fortalecer la legitimidad del presidente, al conseguir una mayor representación en la segunda vuelta, pero con consejos cada vez más fraccionados, por lo tanto, ingobernables o manejados con malas artes, como se señala líneas arriba.

Estas instituciones, en las que se entronizan presidentes con poderes individuales casi feudales y desconectados del gobierno central, que asumen sus funciones sin limitarse a lo estipulado por ley, están, además, debilitadas en su estructura interna.

Por otro lado tenemos un gobierno central que, en muchos casos, “ha abdicado de sus propias funciones”, como lo señala Roberto Abusada, abandonando su presencia y gestión en los temas que le establecen las leyes de la regionalización. Además, a los gobiernos de las regiones, se les transfieren ingentes recursos, que creen que les caen del cielo, canon, regalías, etc., que las autoridades regionales asumen como propios, sin entender su origen, por ejemplo: la relación entre la inversión minera y el canon, que es el 50% del impuesto a la renta que pagan las empresas, o los libramientos del gobierno central. Recordemos que en algún momento, el grito de guerra en algunas regiones llegó a ser: “Canon Sí, Minería No”.

Sin equipos de gobierno adecuados y sin técnicos capacitados, como se ha demostrado una y otra vez, los recursos “administrados” por las regiones, son usados en obras intrascendentes pero efectistas, o se dejan sin usar y, lo que es peor, en otras ocasiones se canalizan a los amigotes y a la corrupción abierta y desmedida, que básicamente, no tiene control alguno. Muchas veces los pueblos no se benefician, por ejemplo, con sistemas sanitarios, o con carreteras, “sino” con piscinas gigantes como en Echarati, o monumentos absurdos y dispendiosos como en Huancayo, Tumbes y Cusco. 

Al fraccionamiento político del país, sin partidos políticos nacionales fuertes, se ha sumado la atomización regional. Un ridículo que lo único que hace es demostrar la necesidad de diseñar un sistema electoral nacional y regional que promueva una mejor GOBERNANZA.

Como todos los especialistas y hasta los “opinalistas” (gente que mezcla opinión y análisis) han reclamado, urge enfrentar una reforma de la regionalización que permita que el país se institucionalice, desaliente la corrupción, las actividades antidemocráticas y que genere los incentivos para una mayor coordinación política entre el gobierno central y las regiones, dentro de las propias regiones y, entre las autoridades y los ciudadanos y empresas, que son la fuente primigenia de los recursos fiscales de la nación. Lampadia