No nos resignemos a una JNJ de segundo nivel

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Debido a una suma de incompetencias, hemos llegado al resultado ridículo de que el concurso para elegir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia no ha logrado seleccionar a uno solo.

El principal error fue señalado por el presidente de la Corte Suprema, Dr. José Luis Lecaros, luego de que se conoció la lista de postulantes: reconoció que casi no había ninguno de peso y lo atribuyó al tipo de concurso, que incluía un examen de conocimientos en lugar de haber relanzado un concurso por invitación. Era claro que juristas de nivel no se iban a someter a un examen de conocimientos objetivo con opciones de respuestas. Lo admitió sin mayor arrepentimiento considerando que él forma parte de la Comisión Especial encargada de llevar adelante el concurso, escudándose en que la ley es la que establece la evaluación de conocimientos.

Pero la ley tiene alguna flexibilidad. Es posible, dentro de ella, ir a otro tipo de concurso, elaborando nuevas bases. ¿Qué dice la ley? En su artículo 90 establece que “La evaluación de conocimientos aborda las materias que permitan acreditar la solvencia académica y profesional del postulante para desempeñar el cargo de miembro de la Junta Nacional de Justicia”.

Es claro, sin embargo, que hay distintas maneras de evaluar los conocimientos, y la idea de una prueba objetiva con alternativas de respuestas y sobre todas las áreas del derecho, no era la mejor. Según Allan Wagner, presidente de la Comisión que elaboró las propuestas de reforma judicial, “se debería poner primero la evaluación de la trayectoria profesional y ética, luego las pruebas de confianza y finalmente una prueba de concepto tipo desarrollo, por ejemplo, con solución o manejo de casos. Eso no requiere modificar la ley”.

Cesar Azabache, por su parte, nos dice lo siguiente: “podría entregarse a los concursantes un caso “difícil” (sobre asuntos de relevancia constitucional -independencia, competencias, aborto, legítima defensa, prescripción, cosa juzgada-). El candidato debería resolverlo y la entrevista debería hacerse sobre esa respuesta.  La cuestión sobre antecedentes debe verse antes de eso y publicarse. Debería haber un derecho de tacha como el que se usa para los jurados”.

Juan Carlos Cortez, jefe de SERVIR, apunta que el peso debería estar en evaluar las habilidades o competencias de los postulantes para elegir jueces, más que en sus conocimientos. Para ello, es necesario definir bien el perfil que se quiere. “No es lo mismo actuar como juez que actuar como seleccionador de jueces.  Los miembros de la JNJ tendrán como principal función seleccionar y ratificar jueces y fiscales. Levantado el perfil, se establecen cuáles son los instrumentos para tener las personas más adecuadas. Entonces, en lugar de un examen memorístico, se hace un juego de roles o una situación simulada o se pide la solución de un caso”.  Esto significa que la Comisión tendría que cambiar el Reglamento que elaboró, para lo cual debe consultar con especialistas en este campo.

Precisamente, el proyecto de ley del Ejecutivo ponía a SERVIR –entidad especializada en este tipo de labores- como secretaría técnica de la Comisión Especial. Pero la ley aprobada la eliminó sin indicar un sustituto. Esto no le impide a la Comisión solicitar la asesoría de SERVIR o de alguna empresa especializada.

Concurso por invitación

Ahora bien, un tema clave es que el concurso sea también por invitación. Para ello, sería importante la parte del concurso que tenga un peso mucho mayor –digamos 70%- sea el currículum vitae del postulante, su trayectoria. Esto haría posible –como quería el Dr. Lecaros- invitar a destacados juristas a participar en el concurso, porque en esas condiciones sí se sentirían más animados a postular.

Azabache opina algo parecido: “Yo soy partidario para estos casos de los procesos por invitación, como el del jurado de honor de 1992 o cómo los que conducen a las elecciones del TC y de la Defensoría” Y agrega que algunas postulaciones podrían ser respaldadas o promovidas por instituciones e incluso por partidos. O -añadimos nosotros-, se podría pedir a universidades o estudios de abogados u otras instituciones que sugieran o promuevan la candidatura de juristas de alto nivel o los animen a postular.

Hay que buscar los mecanismos que permitan captar lo mejor de la profesión. No podemos resignarnos a no conformar una Junta Nacional de Justicia del más alto nivel. Necesitamos inteligencia y flexibilidad en la Comisión Especial para encontrar los mejores caminos. Lampadia