La mejor defensa es el ataque

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Podría haber una relación de causalidad, consciente o inconsciente, entre los presuntos sobornos que solicitó y recibió el presidente Vizcarra cuando fue gobernador de Moquegua, y las tácticas políticas que usó a lo largo de su mandato: confrontar al Congreso sistemáticamente, disolverlo, y eventual y presuntamente jugar en pared con José Domingo Pérez para encarcelar a opositores políticos.

Con ese conjunto de acciones logró convertirse en el campeón de la lucha contra la corrupción al mismo tiempo que fortalecía su poder y su aprobación popular. En esas condiciones era muy difícil que algún investigado del club de la construcción se atreviese a denunciar pagos al presidente, y si lo hacía no tenía eco en los fiscales. La información de que Tejeda deseaba convertirse en colaborador eficaz descubriendo el soborno a Vizcarra circulaba desde hace por lo menos un año y medio. Al parecer, se tuvo que filtrar para que recién los fiscales activasen el proceso, y es evidente que mientras menos tiempo le quede al presidente en el poder y más debilitado se encuentre, más aspirantes a colaboradores eficaces querrán revelar sobornos, si es que los hubo.

En otras palabras, lo que hizo Vizcarra desde casi el inicio de su gobierno fue aplicar la táctica de que ‘la mejor defensa es el ataque’. La manera más eficaz de blindarse, de anular o inhibir cualquier denuncia, era convertirse en el gran héroe anticorrupción, confrontando y disolviendo, mientras opositores eran encarcelados.

Sobre esto último, debe recordarse el audio en el que la ex secretaria de Vizcarra, Karem Roca, menciona un vínculo entre Martín Vizcarra y José Domingo Pérez Roca. Señala que Rose Mary Silva, la concuñada de Martín Vizcarra, “mueve a los fiscales, ella habla, todos los juicios que le ha visto a Martin Vizcarra…, por eso es que Domingo Pérez viene aquí a trabajar y a su mujer la mandan a Perúcompras, y cuando ha habido el escándalo, ya la sacan a la mujer de Perúcompras”. Esto es algo que el Congreso debería investigar.[1]

Ya entendemos mejor por qué buscó la confrontación en lugar de la concertación para sacar adelante la reforma judicial y la reforma política. Lo lógico hubiese sido escoger la colaboración con el Congreso. Keiko Fujimori había saciado su sed de venganza con la salida de PPK y carecía de animadversión a Vizcarra. En la práctica, lo había hecho presidente. No solo eso: la bancada fujimorista había perdido la mayoría absoluta y se encontraba internamente dividida.

Por lo demás, las propuestas de reforma judicial de la comisión Wagner eran perfectamente consensuables con el Parlamento. Y si bien es cierto que algunas de las propuestas de reforma política de la comisión Tuesta –como las elecciones primarias y obligatorias- tenían resistencia, sí había un consenso mayoritario en torno a la principal de todas: la bicameralidad. Por lo demás, las elecciones primarias y obligatorias son un tema debatible y no necesariamente son una buena propuesta.

Entonces Vizcarra hubiera podido concertar. Pero optó por lo contrario: el 28 de julio del 2018 le declaró la guerra al Congreso al proponer un referéndum en el que se consultara, entre otras cosas, la no reelección de los congresistas. Equivalía a la disolución simbólica del Congreso existente. Con ello demostraba que su intención no era reformista sino utilitaria, pues la no reelección de congresistas era el sabotaje perfecto a la institucionalización de un sistema político funcional.

¿Por qué prefirió la confrontación a la colaboración? La explicación que dimos en su momento era que lo que hacía el presidente era populismo político frívolo para acrecentar su popularidad y su poder. Pero ahora podemos ver para qué quería incrementar su poder.

Es cierto que una profunda reforma institucionalizadora era necesaria y había sido largamente demandada en el Perú, algo que la mayoría fujimorista desde el 2016 había desdeñado. Pero al poner por delante la no reelección de los congresistas y llevar, para mayor escarnio, el tema a un referéndum, se creaba en el Congreso un clima poco predispuesto a una discusión racional y constructiva, de manera que los temas solo pudieran sacarse como finalmente se sacaron: por medio de cuestiones de confianza, a la fuerza.

Es posible que esa fuera una estrategia pensada desde el principio para mantener al Congreso en una posición aparentemente obstruccionista de manera de incrementar el rechazo de la opinión pública a los congresistas de la primera mayoría, en la misma medida en que subía la popularidad presidencial. Era el subibaja político. Por supuesto, los voceros de Fuerza Popular cayeron en la trampa y colaboraron entusiastamente en la construcción de una imagen obstruccionista.

Esa imagen le sirvió al presidente para generar una nueva crisis política al demandar el adelanto de elecciones en julio del 2019, que desembocó en la disolución del congreso. Objetivamente el Congreso era mucho menos obstruccionista que lo que había sido con PPK, pero el gobierno manipuló bien las percepciones y al final Vizcarra disolvió el Congreso con la treta de la “denegación fáctica” de la confianza. Su popularidad fue mayor que nunca.

No debe descartarse lo que afirmara Mauricio Mulder en un tuit apenas se dio la noticia del soborno de Obrainsa: “La Comisión de Fiscalización del Congreso disuelto ilegalmente, ya estaba investigando ese tema. Dos semanas después de citar a Cesar Vizcarra, su hermanito-presidente da el golpe de estado. Ahí tienen por qué”. Calza perfectamente en la historia.

El problema de todo esto es que la institucionalidad política se ha precarizado más que nunca: se eliminó la reelección y por lo tanto la carrera política y la consolidación de una clase política profesional; se redujo partidos importantes a su mínima expresión, se fragmentó más que nunca el sistema partidario, y se institucionalizó la disolución del Congreso por “denegación fáctica” de la confianza. Bravo. Lampadia