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La lucha contra las drogas 2000-2020

La lucha contra las drogas 2000-2020

JAIME A. GARCÍA DÍAZ
HANNAH M. QWISTGAARD PANICCIA
Para Lampadia

El tema del narcotráfico en el Perú no ha estado presente en el debate de las próximas elecciones, tampoco está en la agenda del actual gobierno que orienta sus esfuerzos en el manejo de los temas coyunturales como la pandemia del COVID-19 y la situación económica.

En este contexto, el narcotráfico avanza sostenidamente en el Perú, las áreas de cultivos ilegales de hoja de coca siguen creciendo, de la misma manera la producción potencial de cocaína. Más aun, esta situación está siendo exacerbada y produciéndose un nuevo efecto globo en contra de Perú, por el fuerte impulso de las acciones de interdicción (erradicación de 130 mil hectáreas de coca e incautación de 506 toneladas de cocaína en 2020) en Colombia, con fuerte apoyo y asistencia de los Estados Unidos.

A través de la publicación del libro de Jaime A. García Díaz y Hannah M. Qwistgaard Paniccia:  ANÁLISIS DE LOS APORTES DEL ESTADO PERUANO A LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS 2000-2020, se presenta un estudio del gasto que ha realizado el Estado de Perú y los aportes de la Cooperación Internacional para enfrentar el narcotráfico en las últimas dos décadas.

El problema de la lucha contra las drogas es transversal y tiene efectos económicos, sociales, de seguridad, ambientales y de corrupción política y económica. Su combate requiere no solo de una estrategia integral, sino su implementación a través de la participación de diversas instituciones del Estado en todos sus niveles. Esta última década de intervención estatal aporta un conjunto de experiencias y lecciones aprendidas. No se pretende en esta publicación abordar en detalle un análisis tan complejo, pero sí identificar algunos indicios que puedan ser estudiados más a fondo en el futuro.

Una efectiva política de lucha contra las drogas (LCD) requiere que un país no solo brinde un respaldo político al más alto nivel —lo que se traduce tanto en un discurso claro y contundente frente a la amenaza de la presencia del narcotráfico,  como en el diseño de una estrategia nacional y su implementación— sino que también depende de una adecuada asignación y ejecución de recursos económicos dentro del Presupuesto Nacional a través de las distintas instancias y entidades públicas que están involucradas en esta tarea.   

El próximo gobierno tendrá un doble desafío. Por un lado, enfrentar a un creciente narcotráfico que pone en peligro la seguridad nacional; y, por otro lado, una limitación de recursos presupuestales por el creciente déficit fiscal que podría poner en riesgo el financiamiento de la lucha contra las drogas.

La publicación presenta en detalle los recursos presupuestales utilizados por el Estado de Perú y también aporta algunas conclusiones y recomendaciones para mejorar el uso de los recursos públicos.

Se reconoce el esfuerzo del Estado en el financiamiento de la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas, sin el cual la situación actual sería sin ninguna duda más crítica. En ese sentido, se podría decir que ha logrado contener un mayor ritmo de avance del narcotráfico. Sin embargo, los recursos no han sido suficientes.

El escenario a partir del 2021, respecto al narcotráfico será el más complicado en las últimas dos décadas. Un recorte en la asignación de recursos, una mala focalización del gasto, una deficiente ejecución del gasto, una falta de complementariedad en las acciones de las diversas entidades públicas responsables, pondrá en riesgo una mayor infiltración del narcotráfico en el país. Lampadia




Nuevos escenarios del narcotráfico en el Perú

Nuevos escenarios del narcotráfico en el Perú

Jaime A. García Díaz
Investigador Asociado
Instituto de Estudios Internacionales
Pontificia Universidad Católica del Perú
Octubre 2020
Para Lampadia

I.  Introducción

En los últimos años se viene presentando un nuevo ciclo del narcotráfico de cocaína; a nivel global determinado por el incremento de la demanda en los principales mercados de consumo y a nivel regional una reconfiguración por el lado de la oferta y el tránsito de la cocaína. Para Perú, la dinámica se acentúa más por el efecto de la pandemia del COVID-19, que lejos de afectar el tráfico ilícito de drogas, está acelerando procesos que puede tener un fuerte impacto en el país.

El actual gobierno ya está de salida y a pocos meses de terminar su mandato. El desafío de enfrentar al narcotráfico y evitar que se extienda y afecte la seguridad nacional dependerá del próximo gobierno.   Sin embargo, los efectos de la pandemia en la situación sanitaria y económica del país, impone la prioridad política en esos temas y relega la amenaza del narcotráfico.

El narcotráfico en el Perú está referido a la producción y exportación de cocaína principalmente, aunque también existen otras drogas como la marihuana y en menor medida la producción de látex de opio.

El problema del narcotráfico en el Perú data desde la década de los 70/80 llegando a su máxima expresión en los 90.  Desde el año 2000 en que se redujeron los cultivos de coca en Perú y se trasladaron a Colombia, se mantiene un crecimiento sostenido del narcotráfico. A la fecha se estima que en el país habría más de 60,000 hectáreas (ha) de coca con un potencial de producción de 600 toneladas (tn) de cocaína y utiliza 50,000 tn de insumos químicos, que son desviados, para la elaboración de la droga. Movilizan entre 2,000 y 2,400 millones de dólares al año.

II.  Impactos del narcotráfico

El narcotráfico es una amenaza a la seguridad nacional ya que la delincuencia organizada transnacional (DOT) vinculada al tráfico de cocaína está presente y actúan en el país. Cárteles y organizaciones criminales mexicanas, colombianas, brasileras, italianas, rusas, serbias, israelíes, entre otros, adquieren la cocaína para la exportación a los mercados de consumo. Los cárteles criollos, clanes familiares y una diversidad de organizaciones criminales nacionales interactúan en todo el país. En las últimas décadas se ha “nacionalizado” el negocio de la droga, la producción de la hoja de coca ilegal, el desvío de los precursores químicos, la elaboración de las drogas cocaínicas, el trasiego de la droga a los puntos de exportación, la infiltración de los contenedores en los puertos, parte del financiamiento de las operaciones ilícitas, están en manos de organizaciones criminales nacionales.

El narcotráfico utiliza grupos armados, sicarios (extorsión, robo, secuestros) y remanentes terroristas (Sendero Luminoso en el VRAEM) para proteger su negocio ilícito. Además, la gran dimensión económica de este negocio ilícito los lleva a tratar de cooptar el Estado, de sostener una red política y social de apoyo. Así, se da la infiltración del narcotráfico en la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, Sistema Judicial, Congreso de la República, Gobiernos regionales y locales. También financian movimientos y partidos políticos en las regiones cocaleras y a nivel nacional. Se vinculan con otras economías ilícitas como la minería ilegal, tala ilegal y contrabando.

Además, promueven los cultivos ilícitos de coca haciendo depender a más de 60,000 familias campesinas. Promueven la microcomercialización y el consumo de drogas en los adolescentes y jóvenes. Produce fuerte impactos ambientales por la deforestación y el vertido de químicos (50,000 tn al año) en suelos y cuerpos de agua. El lavado de activos infiltra dineros que contaminan las actividades lícitas y se convierten a en una competencia desleal.

III.  Dinámicas globales del tráfico ilícito de coca

Nuevas dinámicas globales influyen en el narcotráfico transnacional, éstos se adaptan muy rápidamente y toman ventaja frente a los gobiernos que la combaten que son más lentos en el diseño de estrategias, elaboración y aprobación de presupuestos, ejecución de acciones, coordinaciones interagenciales a nivel nacional e internacional, entre otros.

Incremento de la demanda de cocaína

Existe una creciente demanda global de cocaína, en los países desarrollados, principalmente en EEU y la Unión Europea, pero también en la región Brasil, Argentina, Uruguay y Chile. El incremento está determinado tanto por una mayor cantidad de consumidores como por el incremento de la pureza de cocaína que se expende en los mercados globales.

Esta mayor demanda presiona sobre la oferta de los países productores de cocaína Colombia (1,200 tn), Perú (600 tn) y Bolivia (180 tn).  Los niveles de producción potencial de cocaína de los países andinos alcanzan records históricos, nunca antes vistos. Se ha más que duplicado la producción potencial de cocaína entre 2014 y 2019 de 865 tn a 1,827 tn, como se puede ver en el siguiente gráfico 1. Esta tendencia es probable que se mantenga en los próximos años.

Gráfico N° 1
Evolución de la producción potencial de cocaína en los países Andinos
(2010-2019)

Fuente: UNODC y estimaciones propias para Bolivia y Perú

Lucha contra el tráfico ilícito de drogas en Colombia

Colombia, desde el ingreso del Presidente Duque y con el firme apoyo de los EEUU, viene desplegando un gran programa de interdicción con un despliegue militar que incluye el bloqueo aeronaval de sus costas del Pacífico y Caribe (Atlántico). Estas operaciones antinarcóticos cuentan con la intervención del US Southern Command a través de la Operación Martillo. Estas iniciativas han sido reforzadas desde el inicio de la pandemia, con un despliegue operativo para controlar el Este del Pacífico y el Mar del Caribe, rutas tradicionales de la cocaína hacia el Hemisferio Norte.  Efectivamente esta iniciativa de los EEUU tiene como contraparte clave principalmente a Colombia y Ecuador, así como otros países centroamericanos y caribeños, además de países europeos. El fuerte despliegue militar estadounidense ha permitido incrementar en 75% más la supervisión aérea y 65% la naval para la interdicción de drogas. 12 embarcaciones navales y 15 aeronaves están permanentemente dispuestas para el control aeronaval. 

Colombia ha recibido entre 2008 y 2019 más de 5,000 millones de dólares de cooperación para lucha contra las drogas, mientras que Perú en ese mismo período recibió solo 655 millones de dólares.  En el caso de Colombia además están, como se ha mencionado, las operaciones aeronavales de los EEUU en las costas colombianas del Caribe y Pacífico que suman cientos de millones de dólares adicionales.

El mayor interés de los EEUU de apoyar a Colombia se basa en los reportes de la DEA en la que confirman que el 92% de la cocaína incautada en EEUU tiene procedencia colombiana, mientras de solo 6% provendría de Perú.

Gráfico N° 2
Evolución de la cooperación antidroga de los EEUU a Perú y Colombia
(2008-2019)

Fuente: Colombia: GAO Presentation of Department of State Data Foreign Operations and related Programs  GAO-19-106.  For year 2019 data from CRS from International Affairs Congressional Budget Justification.

Perú: DEVIDA

Los esfuerzos de interdicción en Colombia han permitido que en 2019 incauten 440 tn de cocaína (Perú 29 tn de cocaína) y erradiquen cultivos de coca por 94,606 ha (Perú 25,526 ha).  Esta fuerte presión contra el narcotráfico, a pesar de la pandemia, se mantiene en 2020 en Colombia y no en Perú. Al 31 de agosto de 2020 Colombia había erradicado 69,829 ha de coca (Perú menos de 1,500 ha) e incautado 310 tn de cocaína (Perú menos de 20 tn).

De mantenerse esta situación, el próximo gobierno podría enfrentar un nuevo efecto globo y un fuerte incremento en la reinstalación de cultivos ilícitos de coca en Perú, así como mayor presencia de organizaciones narcos.  Como se puede apreciar en el siguiente gráfico 3, desde 2018 se inicia un nuevo ciclo de reducción de cultivos en Colombia y en Perú desde 2016 un incremento sostenido de los cultivos ilícitos.

Gráfico N° 3
Evolución de Cultivos de Coca en Perú y Colombia
(1988-2020)

Fuente: CNC, UNODC
Estimación propia para Perú (2018, 2019, 2020) y Colombia (2020)

Crecimiento de la demanda de cocaína en Brasil

En los últimos años, está consolidándose un nuevo eje hacia el Sur del Continente para la exportación de cocaína. Brasil es una nueva base de operaciones del narcotráfico. Se ha convertido probablemente en el primer demandante mundial de cocaína, no solo el incremento en el consumo de esta droga (segundo consumidor mundial), sino como la mayor plataforma de exportación de cocaína, aprovechando la gran infraestructura de carreteras que atraviesan todo el país y la disposición de más de 50 puertos marítimos y fluviales para la exportación de la cocaína.

Las organizaciones criminales con gran poder económico como el Primer Comando Capital (PCC), Comando Vermelho (CV), Familia del Norte (FDN) trafican la cocaína en contacto con la DOT presentes en Brasil. Además, estas organizaciones criminales brasileras se han internacionalizado y tienen presencia en Bolivia, Colombia, Perú, Paraguay, Argentina y Uruguay.

En el siguiente gráfico 4, se presenta la evolución de las incautaciones en Brasil donde se puede apreciar el fuerte incremento en los últimos años, lo que confirma esta tendencia regional que se viene consolidando.

Gráfico N° 4
Evolución de la Incautación de Cocaína en Brasil
2013-2019

Fuente: Policía Federal de Brasil

Mejoras e innovaciones en la producción de drogas cocaínicas

La dinámica del narcotráfico no solo se refiere a la búsqueda de nuevas rutas, modalidades de exportación de la droga, técnicas de camuflaje o esquemas de financiamiento. También hay una muy activa innovación en toda la cadena productiva que busca ampliar la oferta de cocaína y mejorar los rendimientos y rentabilidades.

El narcotráfico con los años ha logrado adaptar y desarrollar grandes extensiones de cultivos de coca. La coca tradicionalmente se sembraba en altitudes entre 700 y 2,000 m.s.n.m., en los Andes Orientales Amazónicos de Bolivia, Perú y Colombia. Sin embargo, el narcotráfico ha promovido la instalación de cultivos en altitudes más bajas como en Putumayo (106 m.s.n.m.), Napo (100 m.s.n.m.), Caballococha (60 m.s.n.m.), Constitución (251 m.s.n.m.), Puerto Bermúdez (250 m.s.n.m.) en Perú.  Esta adaptación de la coca a pisos ecológicos más bajos, probablemente se originó con el traslado masivo de estos cultivos a Colombia en la década de los 90´s.  Esta adopción de la coca amplia de forma prácticamente ilimitada las zonas potenciales de producción de coca u cocaína en toda la Amazonía.

Otra de las innovaciones tecnológicas que se han registrado es en el incremento de la productividad de los cultivos de hoja de coca. Con los años se producen mayor volumen de hoja de coca por hectárea. Si en el año 2000 se producía en promedio 1 tn/ha, la productividad actual supera 2.5 tn/ha. En zonas como los Valles de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) se alcanza hasta 4 tn/ha. Se ha evolucionado desde la instalación tradicional de 20,000 plantas por hectárea hasta 160,000 plantas por hectárea.

Además, la mejora en el uso de menor cantidad de hoja de coca para la extracción de un kilogramo de cocaína, ha permitido que el factor de conversión pase de 330 kg a 230 kg de hoja coca para producir 1 kg de cocaína en los últimos quince años. También se reporta mejoras en el uso de los insumos químicos a través del reciclaje de los mismos.

IV.  Efectos sobre el narcotráfico en Perú

En Perú también el narcotráfico se dinamiza en función de los factores globales y los internos. La mayor demanda global de cocaína y la fuerte presión al narcotráfico en Colombia afectan en dos sentidos. Por un lado, una mayor presión sobre la oferta de cocaína y por lo tanto de mayores áreas de producción de cultivos de coca. Por otro lado, el tránsito de la cocaína colombiana por territorio peruano debido al menor riesgo de interdicción.

La consolidación del narcotráfico en VRAEM

En los Valles de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro, no se ha desplegado una estrategia integral de lucha contra el narcotráfico. Desde el año 2000 crecen los cultivos ilícitos y hoy en día concentra el 70% de producción de cocaína. El enfoque de intervención militar desde el 2007 ha distraído al Estado Peruano en el enfrentamiento del problema principal que es el narcotráfico.  Se privilegió la lucha contra el terrorismo, desplegando una estrategia militar de control del extenso territorio con la instalación de 52 bases militares y el despliegue de 8 mil efectivos. Una estrategia onerosa que ha costado más de 4,000 millones de soles, cuyo costo beneficio ha sido claramente negativo. Hoy en día, después de 13 años de intervención no se ha logrado vencer a los remanentes de Sendero Luminoso y el narcotráfico ha crecido sostenidamente.

La presencia de la delincuencia organizada transnacional

Además de los tradicionales carteles mexicanos y colombianos, han ingresado las organizaciones criminales brasileras (PCC y CV), así como mafias serbias, israelíes, italianas y rusas. Aunque aún no se han originado fuertes enfrentamientos entre las diversas organizaciones criminales como en México, Colombia o Brasil, no se debe descartar ese comportamiento en un próximo futuro si se deja avanzar al narcotráfico en Perú. Los principales mercados de exportación de la DOT son Europa, Brasil, Argentina, Chile y Uruguay para el consumo y para el tránsito hacia Europa, EEUU, Oceanía y Asia.

Incautación de cocaína

Los niveles de incautación de cocaína, frente al potencial de producción de cocaína siguen siendo históricamente mínimo. Evidentemente hay un problema estructural en la Policía Antidrogas (DIRANDRO) que no se ha podido superar para obtener logros más satisfactorios. La incautación de solo 26 tn de cocaína en 2019, contrasta contra las 433 tn de incautación en Colombia, las 105 tn en Brasil, más de 70 tn en Ecuador, 31 tn en Costa Rica.

Gráfico N° 5
Evolución de la producción potencial y la incautación de cocaína
2000-2019

Fuente: UNODC y estimación propia

Los problemas estructurales tienen un conjunto de factores: recursos económicos insuficientes, rotación de la alta dirección, insuficiente labor de inteligencia e investigación, corrupción de malos elementos. En el caso de los puertos marítimos probablemente la principal ruta de salida de la cocaína, los niveles de incautación son mínimos, pese a los esfuerzos de los grupos de tarea instalados en los principales puertos, existen restricciones para una labor más efectiva.

Gastos gubernamentales en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas

A partir del 2008 y con mayor importancia desde el 2012 el Gobierno de Perú ha destinado recursos presupuestales que en promedio en los últimos cinco años ha estado en alrededor de los S/. 640 millones al año.  Sin duda, la asignación de estos recursos presupuestales, en un país que aún tiene serias carencias sociales, es un compromiso interno para evitar que el narcotráfico se convierta en un serio problema de seguridad nacional, pero también externo con la comunidad internacional para demostrar la responsabilidad compartida que el Perú asume.

Gráfico N° 6
Gastos Gubernamentales Directos en la Lucha contra las Drogas
(Millones de Soles)

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

Hoy en día la mayor parte del financiamiento de la lucha antidroga se hace con recursos nacionales a diferencia del pasado que lo financiaba la cooperación internacional. Los recursos públicos han crecido de S/. 53 millones en 2001 a S/. 693 millones en 2017. Lamentablemente en los últimos tres años ha disminuido a S/. 603 millones en 2020 mientras que el narcotráfico sigue creciendo y moviliza US$ 2,400 millones anuales. La situación fiscal post pandemia a partir del 2021 va a ser muy delicada y se requerirán ajustes presupuestales en todo el Estado. Se corre el riesgo que se recorten los recursos para la lucha antidroga lo que complicaría mucho más la situación actual.  

Efectos de la Pandemia del COVID-19 en el tráfico ilícito de drogas

Las medidas adoptadas por el gobierno para enfrentar la pandemia, sobre todo el aislamiento social impuesto de marzo a junio del presente año, ha generado un fuerte impacto en la economía nacional. La dinámica del narcotráfico también se vio afectada temporalmente. La inmovilización social y el despliegue de las fuerzas de seguridad por todo el territorio nacional con el control de carreteras, para velar por el cumplimiento de las medidas gubernamentales, trajo consigo que también se redujera la actividad del tráfico ilícito de drogas, debido a la dificultad del desvío de los insumos químicos hacia los valles cocaleros, al abandono de los campos cocaleros por parte de los campesinos y la dificultad en el trasiego de la droga.  Esta situación se evidenció en la caída de pecios de la hoja de coca en 50%, de la pasta básica de cocaína en 27% y de la cocaína en 25%.

La erradicación de cultivos ilícitos de coca fue suspendida desde marzo y al mes de septiembre solo se ha erradicado menos de 1,500 hectáreas.  Bolivia también suspendió la erradicación, mientras que Colombia la mantuvo como se ha indicado anteriormente.

No obstante, es claro que este era un cambio coyuntural y no estructural, y que en la medida en que el país iba recuperando su actividad económica, el narcotráfico también retomaría su accionar, como de hecho lo viene haciendo.

Pero los impactos de la pandemia proyectan un nuevo escenario para el narcotráfico. La fuerte pérdida de empleos, la caída de ingresos de las familias va a presionar a un sector vulnerable de la población para ingresar a las economías ilegales. En el caso del narcotráfico están las actividades del cultivo de la hoja de coca, el desvío de los insumos químicos, el trasiego de la droga y la microcomercialización.  Como se ha indicado el impacto de la pandemia en las cuentas fiscales del Estado también puede significar menores presupuestos en el próximo futuro para la lucha contra el narcotráfico.

La erradicación de cultivos de coca

La erradicación manual de cultivos de coca ilícita ha sido quizás el principal componente de la estrategia antidroga del Perú que ha logrado, en alguna medida contener un mayor avance del narcotráfico, y evitar como en el caso de Colombia que hace dos años alcanzó 200,000 hectáreas de coca.

A partir del 2012 el Gobierno de Perú financia con recursos propios los programas de erradicación, antes de esa fecha eran financiados casi en un 100% por los EEUU.  Perú proveyó financiamiento creciente, hasta batir el record histórico de erradicación en 2015 de 35,800 hectáreas y lograr una reducción de cultivos de coca.  Lamentablemente en los años siguientes se redujo el financiamiento, se redujo las áreas erradicadas y se incrementaron los cultivos ilícitos de coca.

Gráfico N° 7
Evolución de la incautación de insumos químicos
(2011-2019)

Fuente: DEVIDA – * Estimación propia

La meta de la erradicación de acuerdo a la estrategia antidrogas 2017-2021 es de 25,000 hectáreas anuales que se ha venido cumpliendo. Pero el año 2020 habrá una fuerte caída de la erradicación. A la fecha se han erradicado alrededor de 1,500 hectáreas. Aunque se ha anunciado que se retoma la erradicación de cultivos, en el mejor de los casos se podría proyectar erradicar alrededor de 5,000 hectáreas hasta el fin del año, la menor de los últimos 20 años.

La muy reducida área de erradicación y el no ingreso a erradicar al VRAEM, lamentablemente traerá consigo un fuerte crecimiento de los cultivos de coca y la producción potencial de cocaína en Perú en 2020.

Evolución de los cultivos de coca

Como se puede apreciar en el gráfico 8, Perú viene creciendo en forma sostenida en el área de cultivo de coca desde 2015. Las estimaciones son propias para el año 2018, 2019 y 2020. Por los efectos de la suspensión de la erradicación de cultivos de coca, debido a la pandemia, el incremento del cultivos en 2020 será muy significativo. Más aun por factores externos que la sustentan, tanto por el lado de una mayor demanda mundial de cocaína, así como el desplazamiento previsible de cultivos de coca de Colombia a Perú (efecto globo) por la potente interdicción y erradicación de cultivos en Colombia.

Perú tendría la mayor área de cultivo de coca de los últimos 20 años. Pero además si consideramos las mejoras que ha impuesto en narcotráfico en la productividad tn/ha de hoja de coca, así como la mejora en los rendimientos para la conversión de la hoja de coca en cocaína, el potencial de producción de cocaína para el año 2020 se ubicaría en alrededor de 610 toneladas de cocaína.

Gráfico N° 8
Evolución de los cultivos de coca
(2001-2020)

 

Fuente: DEVIDA – * Estimación propia

V. Escenario para el próximo gobierno

La tendencia del 2020 es probable que se mantenga por lo menos en 2021, es decir crecimiento de los cultivos ilícitos y de la producción potencial de la cocaína. El 2021 es un año electoral y de transición hacia un nuevo gobierno. La atención de la opinión pública y la política está centrada en el tema sanitario y económico. No habrá debate electoral en torno al narcotráfico.

Los factores que han llevado a un nuevo crecimiento del narcotráfico en el Perú van a persistir en los próximos años. Principalmente la demanda global y la fuerte presión del gobierno colombiano y estadounidense al tráfico ilícito de drogas en Colombia.

El financiamiento de la lucha antidrogas también puede ser relegado frente al extraordinario déficit fiscal que se deberá enfrentar los próximos años.  La reducción del gasto fiscal para equilibrar el déficit es una necesidad para sostener el equilibrio macroeconómico.

Esta es una situación muy delicada, dejar crecer al narcotráfico en Perú hará mucho más difícil enfrentarlo cuando se tome real cuenta de la amenaza que constituye a la seguridad y gobernabilidad del país.

 VI.  Recomendaciones de política contra el narcotráfico

Hay experiencias exitosas como la reducción de cultivos ilícitos en el Alto Huallaga, particularmente en San Martín, también la liberación del valle del Monzón en manos de los remanentes terroristas y el narcotráfico. El acercamiento a las comunidades en el VRAEM y su participación en los programas de desarrollo en los últimos años también son auspiciosos.

En los próximos cinco años, es factible reducir la presencia del narcotráfico, de la producción de cocaína y del área de cultivos de coca a través de una estrategia integral y sostenible.  De esta manera se reduciría las amenazas existentes y se incorporan grandes poblaciones dependientes del narcotráfico a la economía lícita. De no hacerlo podríamos devenir en un narcoestado en el mediano plazo.

El objetivo debe ser frenar el avance del narcotráfico en un primer momento y luego reducir su presencia y efectos nocivos descritos.  Por ser un problema interdisciplinario y transversal requiere en primer lugar el convencimiento y el liderazgo político para decidir, financiar, implementar y hacer un seguimiento a la estrategia antidroga. Además, se requiere un mecanismo de coordinación interagencial efectiva que complemente las acciones y esfuerzos sectoriales y de los distintos niveles de gobierno.  

Las experiencias exitosas mencionadas aportan dos lecciones. La primera que se requiere una intervención integral con erradicación de cultivos, programa de desarrollo alternativo inmediato y oportuno, y el despliegue de la intervención del resto de sectores del Estado para sostenibilidad de largo plazo de la intervención. La segunda es que los programas o componentes de intervención tienen que ser nacionales y no focalizados, en particular la erradicación de cultivos no debe dejar ámbitos cocaleros sin erradicar (en particular el VRAEM) para evitar el efecto globo.

Priorizar las labores de inteligencia e investigación criminal para incrementar sustancialmente las incautaciones de drogas e insumos químicos, la desarticulación de las organizaciones criminales, así como impedir el financiamiento del narcotráfico y las operaciones de lavado de activos. De la misma manera la judicialización efectiva de los ilícitos con el Ministerio Público y Poder Judicial.

Como se ha indicado, en el corto plazo los programas de desarrollo alternativo son una respuesta rápida del Estado para apoyar a los campesinos cocaleros que han sido erradicados para que abandonen los cultivos ilícitos y tengan la oportunidad de desarrollar actividades económicas lícitas. Es un subsidio del Estado para que los cocaleros transiten a la legalidad. Pero se requiere que todos los sectores del Estado intervengan en la recuperación del territorio: seguridad, salud, educación, programas sociales, sectores productivos, desarrollo vial y de comunicaciones, entre otros. La intervención integral del Estados le va a dar la sostenibilidad en el largo plazo de los cambios.

El tercer componente es Prevención y Tratamiento, con el fin de reducir la creciente demanda de drogas, especial por parte de la adolescencia y juventud. Los programas de comunicación y educación con la participación de gobiernos locales y regionales son clave. Respecto al tratamiento, es necesario cubrir el gran déficit de atención a la drogadicción. El Estrado debe propiciar la participación de la sociedad civil e instituciones privadas para este esfuerzo.

Finalmente, en el frente externo, Perú debe asumir un liderazgo en los foros internacionales para convocar a la comunidad internacional para enfrentar el narcotráfico con el principio de “responsabilidad compartida”. Lampadia




¿Reactiva? Perú

¿Reactiva? Perú

Jaime A. García Díaz
Investigador Asociado del IDEI-PUCP
Para Lampadia

La recesión económica en la que ya estamos inmersos tendrá un tremendo impacto en las empresas y las familias. La fuerte reducción del empleo no tendrá un período de recuperación rápido y los efectos trascenderán el 2020.

El mecanismo más potente que ha diseñado el Gobierno es Reactiva Perú – RP. Se trata de un mecanismo financiero que busca asegurar la continuidad de la cadena de pagos de la economía nacional, de la mano con preservar la actividad económica, financiera y los empleos.

Por ello, de manera extraordinaria el Estado Peruano garantizará los créditos que se otorguen a las empresas (micro, pequeñas, medianas y grandes) para que puedan sobrellevar la situación recesiva en la que hemos caído.

El beneficio de Reactiva Perú, desde el punto de vista financiero es doble, por un lado, asegurar el flujo de liquidez a las empresas, por otro tener un costo financiero reducido. Pero, sobre todo, y eso parece que no está muy difundido, es para evitar un colapso del Sistema Financiero, es decir es un salvataje a las propias Empresas del Sistema Financiero – ESF.

Por ello, la tasa de interés es muy importante porque eso impactará en los costos y resultados de las Empresas – E, en la medida en que la tasa de interés sea mayor los objetivos del programa Reactiva Perú se van desvaneciendo.

Para determinar la tasa de interés anual que cobrarán las ESF para el Programa Reactiva Perú se consideran los siguientes cinco componentes:

Teniendo en cuenta esos criterios, se viene especulando acerca de la tasa de interés que deben de cobrar las ESF. Sin duda que la tasa de interés no está regulada, pero eso no quiere decir tampoco que pueda haber un abuso y determinar tasas muy altas que solo busquen beneficiar a las ESF en perjuicio de las Empresas.

Hay dos datos de fórmula que ya vienen dados, el fondeo del BCRP que actualmente está en 0.25% al año, y la Comisión de COFIDE de 0.50%, es decir hasta aquí ya hay un costo de 0.75% al año. 

Vayamos ahora al final de la fórmula, considerando que estos créditos tienen garantía del Estado peruano, los incobrables y las provisiones tienen un riesgo máximo del Límite de la Garantía del Programa, es decir dependiendo del monto, el riesgo puede ser 2%, 5%, 10% y 20%. 

Una propuesta para eliminar este único riesgo que tiene el Programa Reactiva Perú, con el fin de disminuir los costos de los intereses que están proyectado las ESF es “colateralizar” con los propios recursos del crédito otorgado, con depósitos en efectivo por los montos que no son cubiertos por las garantías, es decir depósitos de 2%, 5%, 10% y 20%.  [Una suerte de encaje]. Además, estos depósitos recibirían las tasas de interés que los bancos pagan por depósitos (entre 2% y 4% anual).  Esto tiene un efecto en el costo financiero que se explicará más adelante. Es decir, estoy pagando tasas de interés por el 100% pero solo recibo 98%, 95%, 90% y 80% respectivamente.

Por lo tanto, lo único que queda por definir es cuál es el margen que está dispuesto a recibir las ESF. Para definir ello no se debe basar solo en los beneficios económicos que quiere obtener y que son genuinos como cualquier empresa, sino en la situación extraordinaria que está pasando el país, ya que es una línea de reactivación de la que se va a beneficiar las propias ESF porque es un salvataje indirecto del Sistema Financiero.

En el siguiente cuadro a manera de ilustración se presenta algunos cálculos de referencia de lo que podrían ser costos financieros promocionales, utilizando el colateral, que logren el gran objetivo de Reactiva Perú, el salvataje de las Empresas y de las ESF:

En resumen, es factible hacer una tasa de interés competitiva y acorde con las circunstancias donde todos ganemos: Las empresas, los trabajadores, las empresas del sistema financiero y todos nosotros los peruanos que con nuestros impuestos estamos financiando este mecanismo. Lampadia




Apoyo extraordinario para el sostenimiento del trabajo empresarial

Apoyo extraordinario para el sostenimiento del trabajo empresarial

JAIME A. GARCIA DIAZ
Investigador Asociado del IDEI/PUPC
27 DE MARZO DE 2020
Para Lampadia

El impacto de las necesarias acciones tomadas por el Gobierno ha significado la paralización de gran parte de la actividad empresarial a nivel nacional. Diversos reportes señalan el fuerte impacto en el decrecimiento del PBI en el 2020.

Uno de los aspectos que más preocupa a los empresarios y trabajadores es qué va a pasar después del 12 de abril, pero aún más allá si se sigue ampliando la inmovilización social selectiva frente a COVID 19. Sin duda, el mayor impacto estará en el posible escenario de miles de trabajadores sin empleo frente a una economía recesada y que tardará en recuperarse varios meses. Esta situación profundizaría la recesión con un gran impacto social sobre buena parte de la población.

Actualmente, de acuerdo reportes de la SUNAT, existen aproximadamente 3.9 millones de puestos de trabajos formales en el sector privado. De acuerdo al Ministerio de Trabajo el promedio mensual de remuneraciones de los empleos formales en el sector privado es de S/. 2,600 (año 2018). Es decir, los desembolsos mensuales del sector privado para remuneraciones es un aproximado de S/. 10,140 millones de soles.

El Gobierno viene diseñando diversas estrategias para enfrentar el “post aislamiento social”. En esa línea diversos gremios empresariales vienen alcanzado propuestas que están siendo evaluadas por el Ejecutivo. Entre ellas, una que se debe destacar es la que recientemente ha propuesto la Cámara de Comercio de Lima – CCL, a través de su vicepresidente José Armando Hopkins en el sentido de solicitar apoyo al Gobierno para financiar las remuneraciones de los trabajadores para evitar el despido masivo, el quiebre de la cadena de pagos y una mayor recesión.

Esta iniciativa tiene mucho sentido, se viene ejecutando en otros países en función de sus capacidades económicas. En ese sentido se puede estructurar un planteamiento que viabilice la propuesta de la CCL.

En base a experiencias anteriores que han tenido buenos resultados en el país, se plantean algunas ideas que pueden viabilizar el apoyo a los empresarios y trabajadores:

1.- Se debe identificar una propuesta que sea económicamente viable, que reduzca el impacto en la caja fiscal, que se base en evidencias y experiencias exitosas, que amplifique los impactos positivos en trabajadores, empresas e instituciones financieras intermediarias – IFIs reguladas por la Superintendencia de Banca, Seguros y APP – SBS.

2. Se propone la creación de un “Fondo de Respaldo para el sostenimiento laboral en las Empresas”. En el pasado, desde 1996 ha habido este tipo de esquemas que funcionó muy bien para promover el acceso al crédito de las microempresas.  La última versión fue la que se creó mediante el Decreto de Urgencia Nº 050-2002, se constituyó en el Ministerio de Economía y Finanzas el Fondo de Respaldo para la Pequeña y Mediana Empresa por US$ 50 000 000.00 (cincuenta millones y 00/100 dólares americanos), cuya administración estuvo a cargo de la Corporación Financiera de Desarrollo S.A. – COFIDE, bajo la modalidad de comisión de confianza, para lo cual se suscribió el convenio correspondiente, en el que se estableció los términos y condiciones dentro de los cuales se desarrolló el encargo a COFIDE, esos fondos permitieron multiplicar el acceso a financiamiento de las empresas.

Lo importante de este tipo de Fondos es el apalancamiento, es decir si quiero movilizar S/. 5,000 millones, debo constituir un Fondo de S/. 500 millones.

3.- El Fondo tendría una serie de características que se enumeran a continuación:

  • Cubre a las IFIs en “operaciones de cartera”, por ejemplo, en el caso que se plantea, las IFIs podrían desarrollar una línea de crédito especial para “Financiamiento Extraordinario de Planillas”. Todos los préstamos que se otorguen a las empresas estarían coberturados por el Fondo.  De tal manera que, si una empresa deja de pagar, el fondo paga y la IFI no se ve afectada, aunque tiene que seguir el proceso de cobranza.
  • La garantía del Fondo puede ser un porcentaje, allí viene a veces los problemas de implementación, si la cobertura de garantía es muy baja, no hay interés por parte de las IFIs en tomarla, si la garantía es más alta habrá mayor interés. Habría que proponer una cobertura del 100% en esta oportunidad para hacerla atractiva a las IFIs, con esa tasa de cobertura, todas las IFIs querrán utilizarla.
  • La garantía del Fondo favorece la exigencia de provisión de las IFIs. Es decir, si el crédito otorgado se garantiza al 100% con el Fondo, la provisión es 0% (todo de la mano con las regulaciones de la SBS). Esto es importante porque reduce el costo a las IFIs.
  • En este momento las IFIs tienen liquidez, más aún con las recientes disposiciones del BCRP, pero más aún por la recesión que se viene, no encontrarán mucha demanda de créditos o la aversión al riesgo las limitarán en las colocaciones.  Pero con un Fondo de Respaldo se elimina la aversión al riesgo.
  • El Fondo de Respaldo (garantía) tiene un costo, que puede ser una comisión de 1% ó 0.5% anual para las IFIs, pero la condición sería que, si se les garantiza el 100%, las colocaciones deben ser a tasas de interés muy bajas, alrededor de 4% (la tasa de interés corporativa a 90 días está en 2.83%).  
  • El Fondo de Respaldo, además el ingreso de la comisión para el Fondo, también puede rentabilizar el monto disponible (S/. 500 millones que recibiría).
  • Otro aspecto importante que se debe diseñar es un Reglamento de Crédito para el “Financiamiento Extraordinario de Planillas”. Es decir, se debe definir muy claramente las condiciones de los créditos (montos, plazos de 4 años, períodos de gracia y forma de pago); número de meses de planilla requeridos para financiar (de 1 a 3); condiciones para la empresa (no reparto de utilidades hasta cancelación del crédito, empresas con un número de años de funcionamiento, empresas al día con el pago de los gastos laborales al 31.01.2020, entre otras).
  • El Fondo crece con los ingresos de las comisiones y la rentabilidad misma del Fondo que se tiene que gestionar. El Fondo se reduce con el pago de los incobrables de las empresas, se espera que la tasa de incobrabilidad no sea alta, por ejemplo, de 8%, que podrían ser cubiertas con los ingresos. Hay que hacer algunas corridas y análisis de sensibilidad para el análisis y sustento correspondientes.

4.- Existe una extensa experiencia en el diseño, gestión y manejo de estos Fondos en el país, que se originaron en 1996. El MEF, COFIDE, SBS, FOGAPI tienen experiencia al respecto.  Existen reglamentos ya diseñados que pueden ser la base para el nuevo Fondo.

5.- Debería ser una propuesta atractiva para el MEF por las siguientes consideraciones:

  • En nivel de inversión es de 1/10, en vez de una línea de crédito o de garantía de S/. 5,000 millones, sería un Fondo de Respaldo de S/. 500 millones gestionado por COFIDE y se ejecutaría a través de todas las IFIs.
  • Se utiliza a las IFIs, que conocen y tienen las cuentas corrientes de las empresas, se puede hacer una rápida evaluación y desembolso crediticio.
  • Para las IFIs les asegura una colocación importante de sus recursos con riesgo cero (0), les ayudará en su proceso de recuperación.
  • Su implementación es muy rápida, porque todas las empresas formales tienen cuentas en los bancos
  • Se asegura la estabilidad laboral.

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