Jaime de Althaus
Para Lampadia

Leo el discursivo artículo de Salvador del Solar y me pregunto si ha reparado en el reporte del INEI que confirma que la pobreza se incrementó en 10 puntos el 2020 y hemos retrocedido 11 años, al 2010. Es en esas circunstancias, agudizadas por una pandemia que mata sin contemplaciones, en las que se da este proceso electoral, alimentando una opción bastante más radical que las que hemos tenido en elecciones anteriores y cuyas recetas son precisamente lo contrario de lo que se requiere para reconstruir la economía del país, rescatar a las personas de la pobreza y devolverles futuro.

No es posible entonces escabullir la elección con el argumento de que tenemos un problema de estabilidad política que no se va a resolver solo con el crecimiento económico, para no regresar una y otra vez a la misma situación. Por supuesto que no se va a resolver solo con el crecimiento, pero es condición necesaria. Sin ello y, al contrario, con políticas económicas destructivas, condenamos a los peruanos a la pobreza, al hambre, la anarquía o la dictadura.

Pedirles a los candidatos que en plena confrontación electoral inviten al otro a conformar un gobierno con espíritu de unidad, es iluso, lo cual no impide hacer todo lo posible, una vez resuelta la elección, por convocar a los partidos de la otra orilla a un gobierno de unidad nacional, si fuera posible. De hecho, Keiko Fujimori se ha adelantado y ya lo ha hecho en alguna medida, aunque no sabemos si del Solar lo considerará suficiente.[1]

Pero un llamado al otro candidato y a los partidos que lo apoyan será retórico y su éxito probablemente nulo por la sencilla razón de que no hay compatibilidad programática y porque la raíz de la división está en el encono ideológico, que a su vez radica en que no existe un consenso mínimo acerca del valor del mercado como propulsor económico y de que el problema que tenemos es un Estado que no ha sido capaz de redistribuir los dividendos del crecimiento económico. De modo que lo que hay que cambiar profundamente no es el capítulo económico de la Constitución, sino el Estado y las reglas de la política.

Pedir un “espíritu de unidad” sin haber avanzado algo en ese consenso básico, es voluntarismo puro y coartada perfecta para no asumir la tarea precisamente de argumentar y persuadir para generar ese consenso, que permita construir la unidad.

Lo lamentable de todo esto es que el sector más ilustrado de la izquierda, el grupo que lidera Verónika Mendoza, que podría haber tenido el potencial de evolucionar hacia una posición social demócrata, al aliarse con Perú Libre   ha regresionado violentamente a las posiciones más arcaicas de la izquierda.

Salvador del Solar es un hombre inteligente y un gran comunicador. Podría ayudar a explicar que, en el fondo, no hay contradicción entre mercado y Estado, ni entre mercado y redistribución, porque un mercado potente genera más ingresos para que el Estado pueda crear igualdad de oportunidades para todos. Pero para eso se necesita un Estado moderno y meritocrático. Esa es la gran revolución. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El crecimiento económico que hemos tenido en el Perú en los últimos 30 años logró muchos avances, pero ha encontrado también limitaciones y ha empezado a debilitarse. Por eso, como veremos, el modelo económico debe ser repotenciado y mejorado.  

Luego de la profunda crisis económica en la que nos sumió el estatismo proteccionista de los 70 y 80, la apertura de la economía y la privatización de la mayor parte de las empresas previamente estatizadas a partir de los 90, le permitió al Perú crecer de manera sostenida y a tasas relativamente altas, con estabilidad macroeconómica.

• Por primera vez en la historia, gracias a los fondos privados de pensiones, el Perú logró acumular un ahorro nacional sustantivo que permitió y permite financiar la inversión pública y privada.
• Y se avanzó hacia una estructura tributaria progresiva y redistributiva, en la que la participación de los impuestos directos ha sido y es bastante mayor a la que existía en la época del estatismo proteccionista, supuestamente redistributivo.
• Al mismo tiempo, el modelo regeneró también la estructura productiva reorientándola en cierta medida hacia el interior.
• Los campesinos recuperaron su mercado interno y apareció una nueva industria mucho más competitiva y exportadora, más articulada a nuestros recursos.
• Las exportaciones no tradicionales crecieron más en volumen que las tradicionales.

Como consecuencia de estos cambios, la pobreza se redujo extraordinariamente de un 60% a un 20% -aunque haya aumentado el 2020 a un 27% a consecuencia de la pandemia-, el ingreso del interior del país y del sector rural creció proporcionalmente más que el ingreso de Lima y se redujo también la desigualdad social medida por el índice de Gini. Surgió una nueva clase media emergente que debería ser el fundamento de una democracia de ciudadanos plenos. 

Sin embargo, el crecimiento económico que hemos tenido no ha logrado reducir la informalidad de manera apreciable. El empleo adecuado se más que dobló, pero esto no se tradujo en la formalización de esos empleos. La informalidad laboral, que expresa una exclusión de beneficios y palancas para el crecimiento, solo se redujo de un 79% a un 72%.

De otro lado, el propio crecimiento se ha ralentizado en los últimos 8 o 9 años, y se observa que sectores industriales y algunas exportaciones no tradicionales han empezado a perder competitividad y terreno en ese mismo periodo.

Esos dos fenómenos tienen una causa común: el peso regulatorio del Estado. No es la única causa, por supuesto, pero es la más importante. Según el índice de competitividad del Foro Económico Global, el Perú está en el puesto 128 entre 141 países en peso de la regulación gubernamental. Los emprendimientos –sobre todo los pequeños y medianos- no pueden soportar el peso de las excesivas regulaciones, y por eso operan en la informalidad o contratan personal informalmente. Y eso les resta competitividad a sectores sensibles a la competencia externa. Por eso han dejado de crecer.

La causa última es el Estado patrimonialista, capturado por grupos o gremios que lo usan para poner peajes a la producción y a los servicios y beneficiarse con poder y con pagos necesarios para acelerar los trámites. Y justificado con la ideología de la protección de los trabajadores, que encubre privilegios e impide una gestión basada en el mérito, y que sirve también de justificación a las leyes de corte clientelista que aprueban los políticos en el Congreso.

Esta es también la causa de otra debilidad estructural que nuestro crecimiento no ha logrado resolver: la mala calidad de los servicios públicos. No ha habido un problema de falta de recursos. El presupuesto del sector salud, por ejemplo, se multiplicó por 7 en términos reales –en soles constantes- en los últimos 20 años, pero el servicio mejoró relativamente poco. Con frecuencia los recursos fueron desviados a bolsillos particulares por una gestión patrimonialista organizada en redes de corrupción.

En todo esto, el empresariado no ha jugado tampoco el rol fiscalizador y propositivo que debió jugar. Al fin y al cabo, el sector privado transfiere al Estado todos los años un capital muy grande que es malgastado. Es responsabilidad del sector privado exigir resultados y formular propuestas de reforma a partir de su propia experiencia empresarial.

La conclusión es que el modelo necesita ser repotenciado y mejorado. Para ello se requiere adoptar las siguientes medidas:

• Podar la maraña normativa mediante un programa intensivo a Análisis de Impacto Regulatorio de las normas existentes y de las que vayan a salir.
• Digitalización del Estado
• “Combo formalizador”: reemplazar los regímenes especiales tributarios y laborales por una escala gradual y progresiva en cada caso.
• Formalización perfeccionada de la propiedad, catastro y reforma del saneamiento legal.
• Restablecer la indemnización como compensación a la desvinculación laboral.
• Colaboración público-privada en Mesas Ejecutivas para relanzar sectores estancados y sacar adelante nuevos motores de la economía, y para profundizar un cluster minero-industrial potente.
• Empoderamiento tecnológico de las mypes y difusión masiva de las tecnologías de Sierra productiva en la economía campesina
• Implantar la meritocracia en el Estado: servicio civil. Reforma meritocrática y de gestión de rendimiento en Salud y Educación.  APPs en la gestión de servicios públicos.
• Impulso a la ciencia y tecnología
• Reforma de la ley de contrataciones y de la gestión en infraestructura
• Reforma de la descentralización
• Gobernanza minera

El Plan de Gobierno de Fuerza Popular contiene un diagnóstico que coincide en términos generales con el que hemos formulado en este artículo, y plantea como eje central facilitar la recuperación y formalización de los pequeños simplificando regulaciones, titulando y concentrando la acción de apoyo al desarrollo de las mypes e introduciendo APP en la gestión de algunos servicios públicos. Se plantea una reforma tributaria para formalizar, pero no una reforma laboral.

Si Keiko Fujimori llega a la presidencia, necesitará una coalición parlamentaria que respalde estas y otras medidas, lo que supone convicción y decisión política de las bancadas.

Y para que este camino sea sostenible, se requerirá una reforma política que le de gobernabilidad a la democracia peruana. Y una reforma Judicial y policial que instale el imperio de la ley.

Un eventual gobierno de Castillo, en cambio, iría en muchos casos en el sentido contrario de las medidas enumeradas, agravando los problemas y terminando de destruir la capacidad de crecimiento del país. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

La encuesta de IPSOS presentada el domingo en Cuarto Poder reveló que un 32% de los encuestados quisiera que el próximo gobierno efectúe “cambios radicales” al modelo económico.

Esa cifra es consistente con la votación que tradicionalmente ha recibido la izquierda radical en el Perú. No obstante, cuando IPSOS, en ocasión anterior, ha preguntado en qué consistirían esos cambios que se pide al modelo económico, las respuestas están lejos de ser radicales. En efecto, en una encuesta realizada en noviembre del 2020, se constata que lo que la gente entiende por cambios al modelo económico son sencillamente mejores servicios públicos: educación, salud, seguridad, combate a la corrupción, etc., como puede verse en el siguiente gráfico:

Los cambios radicales al modelo económico, como nacionalización de las empresas extranjeras y estatización de empresas privadas, aparecen en el último lugar, con relativamente poco apoyo en una pregunta con respuestas múltiples.

Los peruanos no se equivocan. El problema no está en el modelo económico propiamente dicho, es decir, en la propiedad privada y el libre mercado. Más bien hace falta profundizar en la titulación de la propiedad y en la libertad económica para liberar a las empresas y emprendimientos de las amarras regulatorias que les impiden nacer o despegar.  

El problema está en el Estado que no se ha modernizado y se ha convertido en un peso sobre la economía y en botín político e ideológico, albergando dentro de él argollas e intereses orientados al beneficio propio, y no a servir con eficiencia a los ciudadanos. El crecimiento generado por el modelo ha producido ingresos considerables para el Estado, pero estos no han servido para mejorar los servicios sino para alimentar la corrupción y para generar sobre regulaciones que son la causa del otro gran problema: la informalidad.

Esto debería llevar a Keiko Fujimori a encaminar su campaña a plantear un cambio radical del Estado.  Pedir un mandato para erradicar la corrupción, implantar la meritocracia y la gestión por resultados y rendimiento. El mandato se requiere porque este último congreso ha aprobado leyes clientelistas que consolidan un statu quo patrimonialista en el Estado, absolutamente contrario a la meritocracia al buen servicio público.

Aquí hay un círculo vicioso: argollas enquistadas desvían recursos o crean regulaciones para propiciar pagos por lo bajo. Esto genera corrupción e informalidad, y desprecio al ciudadano.

Una carrera pública meritocrática junto con un plan de simplificación administrativa y regulatoria y de digitalización del Estado, es fundamental.

Rescatemos las buenas experiencias

Con participación de la comunidad. En los 90 la atención de la salud en el primer nivel mejoró mucho gracias a los CLAS, Comités Locales de Administración de Salud. La comunidad designaba un comité que se encargaba de gestionar la posta médica. Los médicos eran contratados y por lo tanto tenían que demostrar entrega y rendimiento para que sus contratos fueran renovados. Esas postas atendían a los pacientes mucho mejor y muchas más horas que las postas regulares del ministerio. Tenemos que regresar a esos esquemas.

El debate político tiene que encaminarse a resolver los verdaderos problemas. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El debate presidencial del sábado en Chota tuvo dos notas saltantes. La primera fue la gesta de Keiko Fujimori que comenzó el miércoles con el desafío a Pedro Castillo a debatir, a lo que él respondió desafiándola a su vez a hacerlo en su tierra, algo que ella aceptó de inmediato señalando el día domingo, recibiendo la contrapropuesta de hacerlo el sábado en que se reuniría con las rondas campesinas, acaso buscando que la candidata declinara.  Pero ella aceptó esa condición también y aceptó las reglas que la otra parte estableció. Y luego la travesía de diez horas por carretera circunvalando un huayco que se interpuso en el camino.

Sin duda fueron actos de audacia y valentía, que podrían significar un punto de quiebre en la campaña.

La segunda nota especial de este debate fue la buena organización por parte de la municipalidad y el comportamiento disciplinado de la población y de las rondas campesinas, pese a las pifias, algo natural. En cierto sentido Chota y el pueblo peruano dieron una lección de civilización democrática. Algo muy positivo.

En cuanto a las propuestas de los candidatos, el debate sirvió para confirmar que Pedro Castillo, lejos de moderar su discurso, insiste en los planteamientos contenidos en el plan de gobierno de Perú Libre: nacionalización del gas, del cobre, oro, plata, litio, del mar y de los recursos naturales en general, que lleva inevitablemente a la estatización o a la desinversión, como vimos en el artículo anterior. Además, segunda reforma agraria, prohibición de importar lo que se produce en el Perú, entre otras medidas. Es el retorno a los 70, con las consecuencias que ya conocemos.

Keiko Fujimori expuso nuevas propuestas que se añaden a las ya conocidas. La más novedosa fue la de distribuir el 40% del canon a la población. Esta es una propuesta polémica. De un lado, tiene sentido distribuir el dinero directamente considerando que aproximadamente un 30% de él no se ejecuta por incapacidad de gestión y que la parte que sí se gasta se ejecuta mal o con corrupción. Hay muchos alcaldes en la cárcel. Además, si las personas reciben directamente esas utilidades, en teoría se interesarán en proteger la inversión. Aunque muchas poblaciones cercanas al área de influencia directa de las minas pugnarán por ser beneficiarias, y será difícil trazar el límite.

En todo caso una medida como esa debería venir acompañada de una reforma del canon de modo que el 60% no distribuido directamente sea ejecutado no por los alcaldes sino por un fideicomiso o una unidad ejecutora gerencial que aplique un plan de desarrollo, con participación de los alcaldes en el directorio.

De lo contrario podríamos terminar multiplicando las intervenciones asistencialistas que no contribuyen al desarrollo productivo. Porque anunció además doblar pensión 65 y fortalecer otros programas redistributivos que en última instancia fomentan la dependencia de las dádivas del Estado en lugar de fomentar el autodesarrollo.

Debería enfocar su plan más bien en otros programas productivos, que también mencionó, y que fueron los que ejecutó su padre en los 90: Pronamach, Foncodes, núcleos ejecutores, Sierra Verde. Podría ofrecer apoyar a todas las familias campesinas a instalar micro reservorios familiares y riego tecnificado, para multiplicar la productividad. Eso es mucho más digno y constructivo de distribuir dinero.

Como fuere, queda claro que ha empezado a focalizar la campaña en los sectores menos integrados a una economía de mercado moderna. Pues está pendiente la gran tarea de la incorporación las mayorías a una formalidad reformada, que supone plantear un cambio radical del Estado y de las normas excluyentes. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Al día subsiguiente de la primera vuelta, el candidato Pedro Castillo declaró: “En el marco de una nueva constitución, rescatemos los recursos estratégicos del Perú. Que el gas de Camisea sea para los peruanos. Hay que nacionalizar el gas de Camisea, el oro, la plata, el uranio, el cobre, el litio que acaba de entregarse a otros países, tiene que ser para los peruanos.”

Quizá consciente de que solo una tercera parte de la población quisiera cambiar el modelo económico (ver última encuesta de IEP), el candidato Pedro Castillo intentó luego moderar su discurso en RPP el viernes último. Explicó que “hay que saber distinguir” entre nacionalización y estatización. “Lo primero lo que tenemos que hacer es revisar los contratos con las grandes empresas transnacionales. Agotaremos todo tipo de diálogo, …y, de no ser así, es el pueblo el que tiene que tomar la decisión correcta”.

¿Cuál es la decisión correcta que tomaría el pueblo? ¿Cómo la tomaría? Quién tomaría la decisión es él, convertido en pueblo. Y consistiría en “volver los recursos a su nación”, y el Estado convocaría “a la empresa privada nacional para que nuestros empresarios nacionales hagan ese esfuerzo y generen no solamente riqueza, sino empleo…”.

Es decir, si las transnacionales no aceptan las nuevas condiciones, las empresas pasarían a manos de empresarios nacionales. Es lo que se entiende. ¿El Estado expropiaría esas empresas para regalarlas a empresarios nacionales? Eso sería patrimonialismo puro, apropiación privada de bienes públicos. Un delito. Los empresarios peruanos tendrían que comprarlas, o pagar el justiprecio. ¿Qué empresario nacional podría pagar una inversión que cuesta varios miles de millones de dólares?

Evidentemente esas empresas quedarían en manos del Estado. Serían estatizadas, cumpliendo lo establecido en el plan de gobierno de Perú Libre, que contempla estatizar el gas y todas las empresas mineras, y otras.

Cabría la posibilidad, sin embargo, según lo explicado por Castillo, que su gobierno llegue a un acuerdo con las empresas mineras y transnacionales. ¿En qué consistiría? No lo explicó. Podría ser la fórmula boliviana: las empresas ya no son propietarias del mineral que extraen, sino que solo dan el servicio de extraerlos, y luego deben comprárselo al Estado un precio alto establecido. Es el modelo boliviano de nacionalización del gas, que le trajo efectivamente más ingresos fiscales a Bolivia, pero a costa de anular la inversión en exploración, con la consecuencia de que las reservas de gas se están agotando y ahora el déficit fiscal se eleva.

Es la resaca luego de la borrachera. La de siempre. Lo mismo pasaría acá. El Estado tendría más ingresos, pero ya no habrá más inversión minera. El enorme potencial que tenemos, multiplicado por un precio creciente del cobre, que podría ser la gran palanca de nuestro desarrollo e industrialización, se echa por la borda.

Castillo ha señalado en otra ocasión que esas empresas solo dejan el 30% de sus utilidades en el Perú y que debería ser al revés: deberían dejar el 70% o más. El efecto sería exactamente el mismo. Más ingresos en el corto plazo a cambio de mayor pobreza después, porque no habría más inversión.

En efecto. Castillo no toma en cuenta que lo del 30% no es cierto. Las empresas mineras aportan como mínimo el 47% de sus utilidades. Pues al impuesto a la renta que pagan esas empresas, que es el mismo que para toda la economía -29.5%-, se suman las Regalías Mineras, el Impuesto Especial a la Minería (IEM) y el Gravamen Especial a la Minería (GEM). El hecho es que en el Perú las empresas mineras pagan más impuestos a las utilidades que todos los países competidores mineros, como podemos ver en el siguiente gráfico:

De hecho, las empresas mineras en el Perú pagan bastante más que el promedio de otros países y bastante más que en Chile, que es nuestro competidor directo. Es obvio que, si subimos aún más la tributación, y peor aún si la llevamos a 70% u 90%, como se ha mencionado, sencillamente no se producirá ninguna inversión minera más. Dejaríamos de lado el gran recurso que tenemos para convertirnos en un país desarrollado. Sería criminal. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Hay quienes ven la configuración de la segunda vuelta como el peor escenario posible, como una elección fatal entre las dos opciones más peligrosas o negativas, y en la que debemos resignarnos a escoger el mal menor. Pero también puede ser vista como la gran oportunidad para poner fin a la división más destructiva que ha tenido la política peruana en los últimos diez años: fujimorismo versus antifujimorismo. Más precisamente, para amainar el antifujimorismo, la identidad política no solo más grande sino más radical del Perú, que experimentó una transmutación de su esencia: se convirtió en aquello que rechazaba. Pasó a negar en la práctica el derecho del fujimorismo –que representa a un sector en la sociedad- a participar en la vida política y procuró su eliminación, cosa que estuvo a punto de conseguir. No era un adversario, sino un enemigo.

Eso habría tenido fundamento si Alberto Fujimori postulaba. Pero no lo tenía con Keiko. Ella había rechazado la presencia de Montesinos cuando aún era primera dama, había formado un partido político –cosa que su padre jamás hizo- en plena era de descomposición de los partidos –es decir, había fortalecido por esa vía la democracia-, había sido congresista y su agrupación había estado en el Congreso en varias ocasiones respetando claramente las reglas del juego democrático.

Por eso, las “obligaciones” que le ha exigido Mario Vargas Llosa en realidad ya están cumplidas. No implican una suerte de “hoja de ruta” que implique un cambio de orientación de la candidata hacia la democracia liberal o el respeto a la división de poderes. Keiko Fujimori no es su padre en los temas institucionales.

Es cierto que el comportamiento de su bancada en el congreso disuelto no fue constructivo y tuvo episodios obstruccionistas y beligerantes que fueron incluso alentados y capitalizados por Vizcarra y que son su mayor pasivo en esta segunda vuelta, pero eso debe ser considerado un error político y de falta de compromiso con el país que se paga luego en las urnas, no una conducta que revele un designio anti democrático. ¿Podríamos calificar al APRA de ser un partido contrario a la democracia por la oposición obstruccionista que junto con la UNO realizó contra el primer gobierno de Belaunde, que fue mucho más intensa y fuerte que la de Fuerza Popular contra PPK? Esa oposición se tumbó 11 ministros e impidió que el gobierno ejecutara las reformas sociales como la agraria. La de Fuerza Popular finalmente se focalizó en el sector educación, pero aprobó en lo esencial todo el programa económico del gobierno. El Congreso actual, más bien, lo está destruyendo todo.

Lo que pasó fue que al perder a último minuto el Ejecutivo luego de estar a 8 puntos de ventaja dos semanas antes de la segunda vuelta, y ganar largamente el Congreso, cayó en una triple trampa de la que no tuvo la visión y frialdad para poder escaparse. Primero, la sensación de que le habían robado la elección, que desató la propensión a la venganza. Segundo, tener poder político y no Ejecutivo lleva a la impotencia, a la incapacidad de ejecución y a la crítica desbordada e irresponsable. Tercero, tener el control irascible del poder más impopular del sistema político, es fatal.

De ello se aprovechó claramente Martín Vizcarra para pasar al ataque al Congreso casi desde el principio, desde el 28 de julio del 2018, cuando pidió la no reelección de los congresistas, pese a que perfectamente hubiese podido concertar con el Congreso un programa de gobierno porque Keiko Fujimori ya había saciado su sed venganza con la salida de PPK y su bancada había perdido 20 legisladores. Estaba en una predisposición positiva y tenía menos fuerza. Pero Vizcarra eligió la ruta confrontacional del populismo político, y no paró hasta disolver el Congreso, cumpliendo así la consigna de eliminar al enemigo con el apoyo enardecido de la inteligentzia antifujimorista, que aún no reconoce el engaño en el que cayó ni el exceso que cometió.

Soy de la convicción de que el país se hubiese ahorrado estos últimos diez años de relativo estancamiento económico y estos últimos cinco de anarquía y absurda confrontación política, si Keiko Fujimori hubiese llegado al poder el 2011 o el 2016, como hubiese ocurrido si en ambas ocasiones no hubiese sido impedida a último minuto precisamente por la muy eficaz organización antifujimorista y también por errores propios.  

No deja de ser paradójico que pueda llegar ahora a la presidencia en su momento más débil, apenas salvada del exterminio político. Si llega, lo que tampoco será fácil, tendrá confirmar el aprendizaje de estos últimos cinco años en un esfuerzo de concertación política que tendrá que ser titánico para alcanzar la gobernabilidad en un Congreso tan fragmentado. Pero será imposible si el antifujimorismo no baja sus niveles de animadversión y se convierte en una fuerza crítica pero constructiva, lo mismo que le reclamó al fujimorismo estos últimos cinco años. Una leal oposición. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Sostuve el 10 de octubre en El Comercio que la grave situación económica y social generada por la pandemia debía terminar generando una polarización o sinceramiento ideológico en la campaña electoral, en detrimento de las posiciones de centro. Y eso es lo que ha ocurrido.

Quienes se enfrentan en la segunda vuelta representan casi paradigmáticamente los dos modelos en pugna: el estatismo y el totalitarismo político (anulación de la libertad de prensa)[1] encarnado en Castillo, y el modelo de mercado contenido en la Constitución del 93, encarnado en Keiko Fujimori.

Por supuesto, hay más que eso. Pasaron a la segunda vuelta las opciones de izquierda y derecha que tenían o alcanzaron arraigo popular. Podríamos decir que Castillo recoge el voto que en el pasado hubiese ido a Alberto Fujimori, que desarrolló una relación personal con los sectores andinos y marginales. Ese capital fue casi totalmente dilapidado por Keiko, pero ha logrado rescatar algo de él. En la segunda vuelta deberá activarlo.

Los resultados que comentamos reflejan las características particulares que ha tenido esta elección:

1. La muy grave crisis sanitaria y económica, que ha sido un terreno fértil para la oferta populista y radical, pero también para quien pueda dar alguna garantía de recuperar el crecimiento económico. Lo primero explica el voto por Castillo, que es un voto de rechazo o castigo de los menos integrados al sistema a los señalados como culpables o como enemigos del pueblo, sean estos grupos monopólicos, empresas privadas o políticos corruptos o ineptos responsables del desgobierno y la desatención del Estado. Lo segundo explicaría las votaciones por Keiko Fujimori, López Aliaga y de Soto.
2. El hecho de que quienes pasaran la segunda vuelta lo hicieran con una votación bastante baja. Salvo en alguna medida el fenómeno Castillo, no hay candidatos que ilusionen ni entusiasmen. No quedan líderes. La clase política ha sido diezmada y casi desaparecida por los procesos LavaJato, que en algunos casos tuvieron un contenido persecutorio y plebiscitario que ha resultado muy destructivo, y por la anarquía de los últimos cinco años. Por eso quienes obtienen la primera, tercera y cuarta votación son outsiders.

Y ese es el lado débil de Keiko Fujimori. Ella forma parte del cuadro político repudiado, con la carga particular en su caso de un antifujimorismo que es la identidad política –negativa- más grande del Perú. En teoría, sin embargo, Keiko Fujimori ya pagó con la cárcel no por delitos que no cometió, sino por tremendos errores políticos que no son causal de prisión tampoco, pero sí estimularon una justicia plebiscitaria que canalizó el enorme antifujimorismo existente precisamente. Es decir, el antifujimorismo ya cobró cuentas, como las ha cobrado también con la condena excesiva a Alberto Fujimori. Si el análisis racional funciona, esas prisiones deberían amainarlo.

Quizá el pase a la segunda vuelta de Keiko Fujimori pueda ser leído como un llamado a superar el anti. Ante el peligro nacional que representa la otra candidatura, no queda más remedio. De hecho, candidatos de varios partidos han expresado que su prioridad será darle gobernabilidad a un próximo gobierno que busque recuperar la economía dentro de los cauces de la economía social de mercado. Es un punto de partida para un acercamiento que le permita a la candidata allanar resistencias en la segunda vuelta y armar luego una coalición de gobierno, que debería ir trabajándose desde ahora. Se trata de pensar en el país.

Pues, de otro lado, parece muy difícil que la mayor parte de la población se incline en la segunda vuelta por el candidato que propone destruir todo lo avanzado, pese a todo lo que falta. Pero encarna un sentimiento, que hay que leer y reconocer.

Ahora bien, el que nuestra democracia haya sufrido una depredación casi total de líderes políticos no es solo producto del caso Lavajato y de la confrontación política del último quinquenio, sino también de un problema estructural: el sistema de partidos y el funcionamiento de la democracia no atraen a la élite académica, profesional y empresarial del país. Hace mucho tiempo que los mejores ya no ingresan a la política establecida. La gran lección de este proceso electoral, entonces, es que es urgente reconstruir la política. Eso significa:

• En el corto plazo, la capacidad de construir una coalición de gobierno en el próximo Congreso. Eso depende exclusivamente de la voluntad y capacidad política de los líderes políticos. Tendrían que superarse a sí mismos, como hemos escrito antes. Lo que ya habría empezado a ocurrir, al tenor de las primeras declaraciones.

• En el mediano plazo, aprobar de una vez las reformas que permitan:
  • Que sea atractivo ingresar a los partidos políticos. Aprobar la propuesta de think tanks partidarios por impuestos.
  • Que servir en el Estado sea prestigioso. Para eso es indispensable instaurar la meritocracia en el aparato público.
  • Que el Ejecutivo tenga gobernabilidad, lo que implica que la insistencia en leyes observadas por el Ejecutivo se apruebe con los 2/3 de los congresistas, y que el Congreso sea elegido en segunda vuelta porque es imposible gobernar con un congreso muy fragmentado.
  • Que los candidatos a la presidencia puedan ser candidatos al Congreso, para que el Parlamento se convierta en un foro político de alto nivel donde estén los líderes políticos que, de paso, aseguren la disciplina de sus bancadas.
  • Que el Congreso tenga mayor legitimidad, lo que supone distritos electorales uni o bi nominales para que exista una verdadera relación de representación entre los electores y sus representantes.

Que esta segunda vuelta sirva también para construir todos estos consensos. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

A primera vista sorprenden las disimilitudes entre el simulacro de IPSOS y la encuesta del IEP. Pero en realidad esas diferencias son más aparentes que reales. Ambos ejercicios coinciden en la mayor parte de las tendencias. En ambos los que más suben de lejos son Hernando de Soto y Pedro Castillo; en ambos cae fuertemente Lescano y caen también López Aliaga y Forsyth. Y mejora Keiko Fujimori. La única diferencia es que en Ipsos sube Verónika Mendoza y en IEP cae.

Si Pedro Castillo sigue subiendo podría ocurrir que ni Lescano ni Mendoza pasen a la segunda vuelta que, en ese caso, considerando las tendencias, podría darse entre Hernando de Soto y Keiko Fujimori. Pero estas son solo deducciones. Veremos qué pasa.

En cuanto al Congreso -¡12 bancadas!-, lo que vemos es que las de centro y centro derecha suman un 61% de los votos por los partidos que acceden al Congreso, mientras que las de izquierda -que proponen un cambio de modelo económico- suman un 39%, si consideramos allí al FREPAP. Sin el FREPAP sumarían 33.5%. Aun si al final ganaran la elección Lescano o Mendoza, no tendrían mayoría para aprobar cambios radicales, pero nos encaminaríamos a la confrontación entre poderes porque intentarían imponerlos vía cuestiones de confianza, buscando la disolución del Congreso.

En teoría, De Soto o Fujimori sí podrían forjar una alianza parlamentaria para respaldar un programa económico, pero ese programa económico tendría que ser bastante más reformista que lo que plantean los distintos planes de gobierno si se quiere recuperar tasas de crecimiento que nos devuelvan viabilidad nacional y nos permitan reconstruir los ingresos públicos y reformar el Estado. ¿Podrían conseguir el apoyo de 8 bancadas, unas más indisciplinadas que otras e integradas mayoritariamente por novatos de tercera línea con poca lealtad partidaria y seguramente con inclinaciones populistas?

El problema ya no será el cambio de constitución, o el cambio del capítulo económico, sino la incapacidad de la política para adoptar las decisiones necesarias para recuperar el país. La población está señalando lo que hay que hacer. En la encuesta de Ipsos un porcentaje alto señala que la prioridad del próximo gobierno debe ser “promover la inversión y el empleo”. La campaña de Defensores de la Inversión empezaría a hacer efecto. (Ver los videos en Lampadia: https://youtube.com/playlist?list=PLpTWOwJMwu3rFCzOpphyl5dMyo2W3A5UU)

Como decíamos en otra columna, se trata de recoger los escombros de la economía desde los escombros de la política. Las reglas de juego de la política que tenemos y que hemos malogrado aún más con reformas nefastas y demagógicas como la no reelección, han entregado el país al desmanejo absoluto. Han hecho que vayamos a tener un congreso híper fragmentado en el que el gobierno carecerá de mayoría e integrado por partidos que no son partidos y por congresistas improvisados y sin verdadera formación política y económica.  

Si las reglas de juego no crean incentivos para la colaboración sino para la confrontación y para la hemorragia populista, solo queda confiar en la capacidad y voluntad política de los actores principales para sobreponerse a los condicionamientos y rivalidades y buscar acuerdos que puedan salvar al país. Los políticos tendrán que superarse a sí mismos. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Los economistas de Juntos por el Perú, el partido de Verónika Mendoza, se han sentido respaldados nada menos que por el Fondo Monetario Internacional. Han proclamado la recomendación del FMI de otorgar una cuarta ronda del bono universal por un monto equivalente a 2,5% del PBI, como la demostración de que su propuesta de repartir bonos familiares era correcta.

Suponemos entonces que habrán leído el conjunto del informe, que contiene otras recomendaciones que estamos esperando que Juntos por el Perú reclame también como suyas. Porque no se puede tomar unas sin las otras. Se trata de las reformas estructurales, no para repartir, sino para que luego no sea necesario repartir: para volver a crecer y asegurar la estabilidad macroeconómica. El gasto tiene que venir acompañado de la generación de recursos. Si solo repartimos y no crecemos, tendremos una borrachera feliz seguida de una resaca mortal.

Por ejemplo, en el acápite 29, dice: “Las reformas siguen siendo esenciales para eliminar los cuellos de botella estructurales e impulsar el crecimiento sostenible. Las políticas y marcos sólidos han sustentado un desempeño macroeconómico muy sólido en los últimos 15 años. La continuación de este rendimiento requiere la eliminación de varios obstáculos estructurales, para los cuales se espera que la recompensa sea bastante grande. El staff estima que el PIB podría aumentar hasta un 8 por ciento seis años después de la implementación de reformas en las áreas de gobernanza, mercado laboral y finanzas nacionales”.

También explica, en el acápite 32, que “La pobreza, la baja inclusión financiera, la alta informalidad y la inestabilidad política obstaculizaron los esfuerzos de las autoridades para proporcionar alivio a los hogares y contener el contagio”, y que por lo tanto es necesario “impulsar la productividad, incluso mejorando la educación, mejorando la infraestructura, facilitando la reasignación de mano de obra y mejorando el clima de negocios, de acuerdo con el Plan Nacional para la Competitividad y la Productividad lanzado en 2019”.

En el Anexo I hace una evaluación del avance en la implementación de las recomendaciones emitidas en su informe anterior:

Es decir, una recomendación era: “Incrementar la flexibilidad del mercado laboral”, de la que afirma que está en progreso, simplemente porque figura entre los objetivos del Plan Nacional de Competitividad (cosa que en realidad casi no es cierta).

La otra era mejorar el clima de negocios (lo que implica desregular, simplificar, eliminar trabas, etc.) y extender la vigencia de la ley de promoción agraria. Ya sabemos lo que pasó con la ley de promoción agraria y cómo su derogatoria afectará la inversión y el empleo en esa área hasta hace poco tan dinámica.

Evidentemente, si solo repartimos bonos y realizamos otros gastos de corto plazo, y no nos preocupamos de resolver los problemas estructurales que impiden crecer para sostener el Estado, llevamos al país a la quiebra. No se puede recoger una parte de la receta –la más bonita- y no la otra. Un pastel no está compuesto solo de la cereza.

Si Juntos por el Perú reconoce el aval de FMI para su propuesta de bonos, deberían reconocer su autoridad respecto de las reformas estructurales que también plantea. Para dar hay que producir. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Quién asuma la presidencia el 28 de julio tendrá que reconstruir el país no solo por los daños a la economía, al empleo y a los ingresos ocasionados el excesivo cierre de la economía en la primera cuarentena, sino, peor aún, por los daños ocasionados por el Congreso de la República a la capacidad misma de reconstruir el país y recuperar el crecimiento.

Al déficit fiscal de 10% del PBI que tuvimos el 2020, que solo puede ser reducido con crecimiento económico acelerado y reducción de gasto público, debemos agregar ahora el déficit estructural generado por leyes que incrementan el gasto permanente del Estado en cerca del 6% del PBI y que reducen la recaudación al afectar motores y mecanismos de crecimiento.  

El daño ocasionado por el Congreso es más grave que el producido por la pandemia, porque sus efectos no son coyunturales, sino estructurales, permanentes. Afectan la capacidad misma de recuperación.

Y dependerá de quién llegue a la presidencia para ver si los agrava o intenta buscar una coalición para desmontar las leyes aprobadas y relanzar la economía del país allanando el camino a la iniciativa privada.

Pareciera que se hubiese cumplido un plan perverso, diseñado por un enemigo del país. De hecho, en marzo del año pasado, ya con la cuarentena decretada, un grupo de inteligencia expuso ante un pequeño auditorio de empresarios la existencia de un plan con aproximadamente las siguientes etapas:

1. Alargar la cuarentena lo máximo posible para que la crisis económica sea más severa
2. Presionar para que el gobierno tome todas las decisiones y lleve adelante las acciones por sí mismo, sin coordinar ni depender de otras instituciones (FF.AA., empresariales, religiosas, etc.)
3. Que el congreso apruebe leyes que perturben las reglas de juego establecidas para afectar inversión y generar mayor inestabilidad económica y financiera
4. Utilizar micro blogeros en las redes para introducir ideas y fake news que afecten más a la población
5. Ganar las próximas elecciones

Esa presentación existió. Y aunque hubiese sido producto de una imaginación febril, no cabe duda que, con plan o sin plan, las sucesivas etapas se han cumplido. Salvo la última. Hasta ahora. Lampadia

La Cuadratura del Círculo es un espacio producido por Infraestructura Institucionalidad y Gestión – IIG, con la colaboración de Lampadia como media partner.

Presentamos el siguiente video sobre la vacuna candente.

Participan como invitados Antonio Pratto, miembro del Comando Vacuna, y Omar Neyra, doctor en salud pública, junto con Jaime de Althaus y Fernando Cillóniz, asociados de IIG

Omar Neyra

El sector privado está tramitando compras de vacunas. Conozco por lo menos tres grupos que están en proceso. Si no logramos inmunizar por lo menos al 60% de la población en los próximos tres meses, corremos el riesgo de enfrentar una tercera ola.

Antonio Pratto

Al 18 de febrero hay 13 billones de dosis comprometidas en el mundo. Ya se adelantaron los pagos por 8 billones de dosis.

El gran problema que tenemos es la oferta. Los rusos afirman que si se puede negociar con privados. El gobierno debería alentarlo, cosa que no afectaría en absoluto a los procesos que maneja el gobierno.

No perdemos nada si el sector privado empieza a negociar.

Fernando Cillóniz

Mi experiencia como gobernador de Ica me mostró que el Estado no funciona en el manejo de la salud. Es muy trabado, no detecta corrupción jamás. El problema no es presupuestal, es moral. No logro entender como el presidente, bien formado en las mejores universidades, ha dicho lo que dijo sobre la aplicación de las vacunas.

No entiendo que el presidente se oponga a la participación del sector privado. Es temerario. El futuro se oscurece con esta actitud.

Omar Neyra

Si entra otro operador al proceso, el tema sanitario avanzaría a mayor velocidad. No entiendo porque pusieron a la cancillería a negociar la compra de vacunas. El Minsa tampoco tiene experiencia en compra de medicamentos. Hay que poner a expertos a comprar.

Se debió poner a expertos del sector privado.

Antonio Pratto

Chile lo hizo bien desde el primer día. Con expertos del tema de medicamentos. Acá se puso burócratas sin experiencia. Por ejemplo se rechazó la oferta de Aztra Zeneca para marzo de este año.

Hace dos meses les dijimos firmen con Johnson & Johnson, hasta ahora siguen negociado. ¿Por que Colombia puede firmar contratos y el Perú no? ¿Los contratos para nosotros son diferentes, no lo creo?

Fernando Cillóniz

Yo viví al inicio de la pandemia las ofertas de las industrias de confecciones de Ica para hacer ropa especializada para el tema sanitario, mascarillas, etc., Nada, no se les permitió ayudar. Tampoco se dejó que Caritas apoyara en la distribución de alimentos, nada, no se permitió. Se ofreció apoyar con las pruebas moleculares, tampoco. Rechazaron ofertas de oxígeno.

Estamos hablando de una actitud. No depender para nada del sector privado. Hay una actitud, una ideología, que nos está llevando a la muerte.

Omar Neyra

No hay liderazgo en el tema de salud. Se contradicen entre las distintas partes. Hay que tener un liderazgo claro que permite implementar una buena estrategia sanitaria.

Hay que ir a los laboratorios a comprar lo que se pueda, un millón por aquí, otro por allá. Un grupo de expertos en salud tiene que ir a ver como compra vacunas pronto.

Antonio Pratto

Hay que firmar contratos. No hay otra cosa que hacer.

Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Es increíble cómo van cayendo uno a uno todos los principios básicos del crecimiento económico y del desarrollo institucional. Vale preguntarse por qué el Perú no puede mantener una disciplina conceptual y un esfuerzo acumulativo continuo más allá de cierto tiempo. Corrigiendo los errores, pero manteniendo y hasta mejorando el rumbo.

Una hipótesis es que la pandemia produjo tal impacto que relajó todos los preceptos. El populismo y el clientelismo estuvieron siempre agazapados, pero saltaron sobre su presa con el pretexto de la situación creada por el COVID 19.

El caso más reciente en el que el país apenas pudo mantener un esfuerzo constructivo –débil por lo demás- de 7 años, ha sido el de la implantación de la meritocracia en el Estado vía el tránsito al régimen de la ley de Servicio Civil. Un proceso complejo que requería de voluntad política y que quizá debió simplificarse. Ahora pasó a la historia con la ley insistida por el Congreso que elimina el régimen CAS y convierte a todos los CAS en empleados permanentes sin meritocracia y con estabilidad absoluta. Adiós el proyecto nacional de construir un Estado meritocrático.

En el caso de los pilares del crecimiento económico pudimos mantener milagrosamente una continuidad de 30 años. Pero ese ciclo estaría llegando a su fin. El Congreso le ha infligido golpes que podrían ser terminales. La estabilidad macroeconómica, pilar fundamental, ha sido socavada con leyes que incrementan el gasto fiscal permanente en casi 6 puntos del PBI al mismo tiempo que reducen la recaudación fiscal con leyes que dañan motores económicos, reduciendo el crecimiento potencial.  

Principios básicos como la libertad de precios y la libertad económica han sido afectados.

Se ha abierto el camino al intervencionismo estatal en la economía. Y ya sabemos a dónde conduce eso. Pablo Bustamante ha recordado que, a diferencia de Chile, Colombia y otros países de la región, el Perú tuvo una caída profunda en la pobreza económica en los 70 y 80 debido al estatismo proteccionista. (Ver en Lampadia: Desarrollo interruptus). Si hubiésemos seguido la línea continua de crecimiento abierto y de mercado que con breves interrupciones teníamos desde comienzos del siglo pasado, hoy estaríamos por encima de Chile. Pero caímos en el profundo pozo del intervencionismo estatal que, paradójicamente, redujo el Estado a su mínima expresión a fines de los 80.

Parece que vamos a volver a caer, como si no hubiésemos aprendido nada. Lo que hemos tenido en los últimos 30 años ha sido justamente un proceso de reconstrucción del Estado y sobre todo de crecimiento económico sano y competitivo, limitado en la última década por regulaciones crecientes que fueron restaurando una suerte de intervencionismo estatal de baja intensidad. Es que, confiando en que el modelo es potente, se les cuelgan cada vez más obligaciones, requisitos y cargas a las empresas, hasta que ya casi no pueden caminar. Por eso lo que el modelo no pudo resolver fue la alta informalidad. Para resolverla, había que restablecer los grados de libertad económica conculcados y empoderar tecnológicamente a los pequeños.

Lo que se viene podría ser peor. Si Yonhy Lescano es elegido presidente, lo que tendríamos, según sus promesas y su plan de gobierno, sería el puntillazo final a los principios básicos del crecimiento y a sus motores principales. Comenzando por la minería, que será nacionalizada a la boliviana, y sus contratos renegociados. No vendrá más inversión minera, así como en Bolivia nunca llegó más inversión gasífera, lo que la dejará sin reservas en 10 años.

Se consolidará la intervención en el sistema de precios con la obligación al Banco Central de poner topes a las tasas de interés, lo que alejará el crédito formal de los pequeños, expulsándolos al agiotismo y cortando el avance a la inclusión financiera y a la formalización económica.

Más grave aún: se afectará la autonomía del Banco Central, sustento de la estabilidad macroeconómica del país.

El principio de subsidiariedad de la actividad empresarial del Estado –base también del crecimiento- será dejado de lado. Se crearán empresas públicas en sectores “estratégicos” como la aeronáutica y seguramente el gas, y convertirá al Banco de la Nación en un banco comercial público, tal como ha anunciado. 

Además, se empezará a introducir formas de protección rentista a sectores productivos (industriales, agricultores), como también ha prometido.

En suma, un retroceso a una forma menos radical del estatismo de los 70 y 80.

En lugar de eliminar sobre regulaciones y restablecer libertad económica y más competencia para devolverle velocidad al crecimiento, y de reformar el Estado para tener servicios públicos eficientes, se ofrece lo contrario. La ruta al abismo nuevamente. Lampadia