Jaime de Althaus
Para Lampadia

La permanencia de Héctor Béjar en la Cancillería era un escándalo absolutamente inaceptable. Su teoría conspirativa acerca de Sendero Luminoso, que no solo negaba su origen ideológico marxista sino que agraviaba a las fuerzas armadas y a los peruanos, sobrepasó todos los límites imaginables.

El origen de Sendero Luminoso es conocido. Nació en 1964 como una escisión del Partido Comunista del Perú-Bandera Roja que, a su vez, fue un desprendimiento maoísta del moscovita Partido Comunista Peruano, fundado originalmente por José Carlos Mariátegui en 1928 con el nombre de Partido Socialista peruano.

Lo que hizo Sendero fue llevar a la práctica la tesis marxista de la lucha de clases y del partido como vanguardia del proletariado para la toma del poder por medio de la guerra popular. La violencia como partera de la historia.

Sendero Luminoso fue una máquina ideológica del terror y la muerte. No tenía reparos en matar campesinos si ello se requería para avanzar en el control de las “zonas de apoyo”. La “cuota de sangre” era necesaria. La ideología justificaba el asesinato. El individuo no existía. Solo la razón colectiva.

La Comisión de la Verdad nunca reconoció cabalmente que la causa del terrorismo fue la ideología comunista.

Y los partidos de izquierda marxista, primos hermanos de Sendero Luminoso porque todos descienden, a la postre, del primigenio Partido Comunista Peruano –que aún existe-, jamás deslindaron claramente con Sendero Luminoso y tampoco con el MRTA, de origen castrista. Para el PUM y Patria Roja, los senderistas eran compañeros con los que compartían el mismo objetivo –la toma del poder, la revolución- pero que habían equivocado la oportunidad: no estaban dadas aun las condiciones objetivas y subjetivas para la lucha armada.

Las heridas que dejó el terrorismo fueron muy hondas, pero a la postre fue derrotado gracias a una estrategia inteligente que combinó una alianza con los campesinos dándoles armas y apoyo social, inteligencia policial en las ciudades para capturar a las cúpulas en lugar de desaparecerlas, y juzgados sin rostro para procesar a los terroristas.

Al cabo, sin embargo, el ejecutor de esa exitosa estrategia terminó en la cárcel por actos criminales de un grupo militar extrínseco a esa estrategia central y victoriosa, mientras los grupos terroristas rendidos y execrados terminaron, por arte perversa, encaramados en el gobierno 25 años después de su derrota militar.

En el gobierno de Pedro Castillo se han juntado todos los linajes.

Allí están los distintos miembros de la familia senderista: los profesores de Conare-Movadef, incluyendo al ministro de Trabajo Iber Maraví; filo senderistas como Guido Bellido e investigados por vinculaciones con el Militarizado Partido Comunista (VRAEM)-narcotráfico como Guillermo Bermejo, Vladimir Cerrón y el propio Bellido.

Participan también miembros conspicuos de la familia castrista, como Roger Nájar y Anahí Durand, con relaciones relativamente recientes con el MRTA. Por supuesto, todo Perú Libre, nieto del MRTA y castrista hasta la médula, para no hablar del inefable Héctor Béjar, ex guerrillero del MIR y defensor inaudito de Sendero Luminoso, ya felizmente expectorado. Y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, el partido que fundó Yehude Simon.

También comparte el poder la familia maoísta. Allí están Pedro Francke y Anahí Durand a quienes Cerrón llama caviares, pero pertenecen a Nuevo Perú, descendiente del PUM. También participan algunos ex Patria Roja, originalmente hermana de Sendero, como asesores de Pedro Castillo. El Frente Amplio de Arana tiene su cuota: el ministro de Agricultura Iván Quispe. Ninguno de estos ha sido terrorista, pero en su momento no deslindaron lo suficiente.

¿Cómo explicar el engaño colectivo en el que ha caído el país, que recién ahora se percata de que eligió a un gobierno con componentes filo senderistas y con un plan claramente orientado a imponer un modelo bolivariano o comunista? Todos esos elementos eran visibles. ¿Por qué no se vieron? Quizá en parte por el anti-fujimorismo, derivado de la manera cómo intentó Fujimori perpetuarse en el poder y de las acusaciones por violaciones de derechos humanos que lo demonizaron, todo lo cual invirtió de manera pérfida la percepción de quiénes habían sido los victimarios durante la violencia política y después de ella.    

El hecho es que tenemos un gobierno que se vuelve moralmente intolerable, y no solo por su composición ideológica y política, sino por la incompetencia y prontuario de muchos de sus altos funcionarios. El caso Béjar debería servirle como un shock de realismo político para darse cuenta que si no depura a sus miembros, aleja a Cerrón y busca la confianza del Congreso con un gabinete de consenso y no de guerra, puede tener sus días o meses contados. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Es conocida la tesis de Vladimir Cerrón de que no basta con llegar al gobierno, sino que hay que tomar el poder, y no dejarlo.[1] Con “tomar el poder” se refiere a un poder sin límites, sin controles horizontales, sin pesos y contrapesos institucionales, concentrado en el partido de gobierno y en la mano presidencial, para llevar a cabo la revolución.[2] Es la dictadura del partido de Lenin.[3]

Hemos sostenido que la asamblea constituyente es el medio usado por los gobernantes bolivarianos para concentrar poder político y económico. No solo por su resultado: un nuevo texto constitucional que consagra un modelo político y económico[4] iliberal, sino por el proceso mismo, por las decisiones que toma la asamblea misma que, ejerciendo un poder absoluto, disuelve instituciones vigentes y despide magistrados y funcionarios.

Lo dice Allan R. Brewer-Carías: “Esas Asambleas Constituyentes que se convocaron en Venezuela (1999), y luego en Ecuador y Bolivia al margen de los postulados de las Constituciones, no fueron, por supuesto, para que en un marco plural y con los necesarios consensos políticos –como había ocurrido en 1991 en Colombia– se pudieran elegir representantes del pueblo para recomponer el sistema político, sino que se trató de un mecanismo diseñado para asaltar y acaparar el poder, conforme a una bases electorales o comiciales impuestas unilateralmente desde el Poder Ejecutivo. Para ello, poco importó lo que dijera la Constitución, prevaleciendo la idea de que en ningún caso ella podía impedir que el pueblo se manifestase”[5] (p.88)

Venezuela

En Venezuela se usó este recurso dos veces: en 1999 y en el 2017, Chávez primero y Maduro luego. Apenas elegida la asamblea constituyente de 1999 por ejemplo, el diario español El País titulaba su informe periodístico así: “El Congreso de Venezuela acepta su cierre temporal por las presiones de Chávez”.[6]

La asamblea había votado para darse el poder de abolir las instituciones gubernamentales y despedir a funcionarios señalados como corruptos. Despidió así a sesenta jueces.[7] Refiere Brewer Carías: “No sólo eliminó el mandato democrático de los diputados y senadores que habían sido electos al Congreso en noviembre de 1998, sino que más grave aún, promovió y permitió el asalto al Poder Judicial a través de una Comisión interventora, la cual, fue ciegamente aplaudida por centenares de “demócratas” que saludaron la supuesta “depuración” del Poder Judicial, creyendo en las “democráticas” intenciones de la Asamblea, cuando lo que estaba ocurriendo no era otra cosa que un apoderamiento total del mismo” (P.88)

Maduro también quiso su propia asamblea constituyente, para abrazar aún más poderes ante una oposición más beligerante y que por primera vez había triunfado en las elecciones parlamentarias del 2015, donde la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), alcanzó 112 de los 167 diputados de la Asamblea Nacional. Había que inhabilitar ese Congreso, desplazarlo, restarle facultades. Y así se hizo. La  Asamblea Nacional Constituyente (ANC) asumió facultades plenipotenciarias por encima de los demás poderes públicos del Estado y se eternizó: duró más de 3 años, desde agosto de 2017 hasta diciembre de 2020, y al final ni siquiera promulgó una nueva constitución: su objeto fue simple y descaradamente despojar de todo poder al congreso opositor y despedir autoridades independientes. Aquí tenemos una antología de actos de poder omnímodo de la ANC: [8]

• El 5 de agosto de 2018, destituyó a la fiscal general Luis Ortega Díaz.
• Luego allanó la inmunidad parlamentaria de cuatro diputados y autorizó su enjuiciamiento
• Destituyó al gobernador electo del estado Zulia, Juan Pablo Guanipa, por no juramentar ante ella.
• Ordenó la convocatoria a elecciones para las 335 alcaldías del país para el 10 de diciembre y estableció que todos los alcaldes electos debían juramentarse ante los constituyentes. ​
• ​Aprobó la Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, estableciendo penas de 20 años de cárcel y cierre de medios de comunicación entre otras sanciones, ley diseñada para penalizar la disidencia política
• Ilegalizó a partidos opositores que no participaron en las elecciones municipales
• Suprimió por decreto dos distritos metropolitanos, controlados por la oposición.
• Decretó que las elecciones presidenciales previstas para finales de 2018, se realizarían antes del 30 de abril.
• Aprobó el Tercer Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2019-2025

Ecuador

Para Rafael Correa, la asamblea constituyente fue también el arma perfecta para concentrar poder y eliminar contrapesos institucionales. Según Richard Ortiz,[9] “El proyecto revolucionario de Correa comprendía una estrategia de concentración de poder basada en la legitimación plebiscitaria, la reforma constitucional y la cooptación de todo el aparato estatal, incluidos la administración de justicia y los órganos de control (p. 231).

Describe así el proceso: “La estrategia de concentración del poder del correísmo empezó con la convocatoria a Asamblea Constituyente en abril de 2007. El primer paso fue influir en la autoridad electoral… La resistencia del Congreso Nacional a la consulta popular trajo como consecuencia que 57 diputados de la oposición fueron destituidos por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), en marzo de 2007…  Con la destitución inconstitucional de los parlamentarios y la negociación previa con los suplentes, el gobierno se aseguró el control del legislativo.

A pedido de los legisladores destituidos, el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad de la resolución del TSE que afectaba al Congreso Nacional y, como consecuencia de esta decisión, los jueces constitucionales fueron cesados en sus cargos por el Congreso Nacional (24 abril) y reemplazados por jueces cercanos al gobierno.

En suma: para junio de 2007, el gobierno ya había tomado el control sobre el TSE, el Congreso Nacional y el Tribunal Constitucional. Los asambleístas constituyentes fueron elegidos en septiembre de 2008, con una clara mayoría para el gobierno de 80 de 130 miembros. Una vez instalada la Asamblea Constituyente de plenos poderes en noviembre de 2007, el órgano del poder constituyente asumió las atribuciones de la Función Legislativa y suspendió a los diputados del Congreso Nacional que fueron elegidos en octubre de 2006.

Además, destituyó al Contralor General del Estado, Procurador General del Estado, Ministro Fiscal General, Defensor del Pueblo, Superintendentes de Telecomunicaciones, Compañías, Bancos y Seguros, y se designó a funcionarios cercanos al régimen (art. 8 MC-1)…

Después de la aprobación del texto constitucional y de su Régimen de Transición (RT) en referéndum de septiembre de 2008, la Asamblea Constituyente disolvió definitivamente el parlamento…” (Op. Cit., pp. 239 -240).

La nueva constitución no solo fortaleció los poderes presidenciales, sino que, como en Venezuela y Bolivia, estableció la reelección presidencial, apuntando a la presidencia vitalicia. En su sección tercera, “Comunicación e Información”, dictó las bases para que por ley se creara luego la Superintendencia de la Comunicación e Información, que le sirvió a Correa para confiscar, cerrar y castigar a medios y periodistas. [10]

Bolivia

En Bolivia Evo Morales no usó la asamblea constituyente del 2006 para cerrar el Congreso porque un año antes Morales había ganado las elecciones parlamentarias con un 56% de los votos.

Pero la nueva constitución que entró en vigencia el 2009 sí le sirvió para controlar los poderes constitucionales. Específicamente todos los vinculados al sistema de justicia y el Tribunal Constitucional. En efecto, la flamante Carta Magna “introdujo el sistema de elección popular de los más altos cargos del sistema de justicia: Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia y Tribunal Agroambiental. No obstante, la preselección de los candidatos… fue encargada a la Asamblea Legislativa Plurinacional, constituida así en el filtro político del proceso”.[11]

Claudio Lechín nos explica que en esas elecciones ganaron los candidatos de Morales porque muchos postulantes eran desconocidos, no había publicidad y la votación era nacional. Así pasó a controlar todas esas instituciones.

Y –añade- si bien no cerró el Congreso por la razón arriba señalada, si aprovechó el mayor poder así ganado para expulsar a congresistas opositores, golpeados además en la calle. Los gobernadores regionales fueron judicializados por supuesta corrupción o sonados asesinatos coreografiados. Fuera de otros atropellos.[12]  

En conclusión, estos botones de muestra de los efectos autoritarios y totalitarios de los procesos constitucionales bolivarianos bastan para darnos cuenta que la propuesta de una asamblea constituyente en el Perú no es inocente. Lo que busca es convertirse en el instrumento mediante el cual el gobernante adquiere, mientras dura, poder absoluto, y luego de aprobada la nueva constitución, poderes de control institucional y económico[13] que no son democráticos y que no sirven para el desarrollo nacional y menos para la reducción de la pobreza y la desigualdad, sino todo lo contrario.  Lampadia

EDITORIAL DE LAMPADIA
Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia

Por más increíble que resulte, el diario La República aprovecha su posición de unidad de ‘fact checking’ en el programa de verificación de datos de Facebook en el Perú, para censurar la información que no los acompaña en su manejo informativo.

En Lampadia hemos publicado, hace un par de días, un informe sobre el balance económico presentado por el ministro de Economía, Waldo Mendoza. En este informe hemos reproducido las láminas del ministro y hemos criticado la información referente a la presión tributaria, contrastándola con información del Fondo Monetario Internacional, que presenta datos diferentes.

Además, hemos mostrado la incidencia de la recaudación tributaria en las empresas formales, que es sustancialmente mayor que la presión tributaria de nuestros socios en la Alianza del Pacífico.

Pues bien, La República, a través de su unidad de fact checking, ha rechazado la promoción de nuestro artículo en dos ocasiones.

Evidentemente, nuestro análisis ha sido respetuoso, objetivo y sustentado en fuentes serias. No hay nada que pueda justificar el rechazo de nuestra publicación, excepto el abuso de La República, haciendo un mal uso de su encargo técnico por parte de Facebook.

Esta es pues otra perla del pésimo manejo periodístico de La República, que muchas veces parece más un órgano de difusión política, que un medio de información.

Aprovechamos de nuestro rechazo a estas acciones poco serias, para reiterar nuestro entendido de lo que hemos titulado: El nuevo paradigma del periodismo – Veracidad antes que Neutralidad. Donde Christiane Amanpour, premiada por su periodismo de gran calidad, dice: “Creo en ser veraz, no neutral”.

Exigimos a La República, las disculpas del caso y la rectificación de su acto anti periodístico.

Ver líneas abajo,

• la imagen de Facebook que muestra el rechazo de nuestra publicación
• el enlace a nuestro artículo
• los tuits de Jaime de Althaus y míos sobre el incidente
• una nota sobre el rol de La República como fact checking
• la explicación de Facebook sobre el propósito de su modelo de control de contenidos, que está referido a noticias falsas y maliciosas

Ver artículo de Lampadia censurado por La República en representación de Facebook:

La economía peruana La Visión del MEF

Facebook tiene un programa de verificación de datos a nivel mundial. En cada país busca uno a más partners, usualmente medios de comunicación que soporten esta iniciativa. A nivel regional tienen como partner a la agencia AFP. La unidad de fact checking del diario La República es la única incluida por Facebook en su programa de verificación de datos en el Perú.

Verificación de datos en Facebook

https://www.facebook.com/business/help/2593586717571940

Información general

Nos comprometemos a luchar contra la difusión de información errónea en Facebook e Instagram. En muchos países y regiones, trabajamos con organizaciones de verificación de datos independientes certificadas mediante la International Fact-Checking Network (IFCN), una red internacional de verificación de datos imparcial, a fin de identificar y revisar este contenido, además de tomar medidas con respecto a él. Obtén más información sobre nuestras asociaciones aquí y sobre los elementos de nuestro programa a continuación.

• Opciones de calificación para verificadores de datos
• Políticas del programa
• Cumplimiento de calificaciones de verificadores de datos de Facebook
• Enviar una corrección o apelar la calificación

El objetivo de este programa de verificación de datos es identificar y abordar los casos de información errónea viral, especialmente los engaños evidentes que no están basados en hechos. Los socios de verificación de datos priorizan las afirmaciones que pueda demostrarse que son falsas, especialmente las que sean oportunas o constituyan tendencias, además de las que sean importantes para la persona promedio.

Los socios de verificación de datos no priorizan las afirmaciones irrelevantes ni aquellas que contengan inexactitudes menores. Además, el programa no tiene como propósito interferir con la expresión, las opiniones o el debate individuales, el contenido humorístico o claramente satírico, ni las disputas empresariales.

Cómo funciona el programa

Nuestro programa incluye varios pasos clave:

• Identificar noticias falsas: identificamos posible información errónea por medio de señales, como los comentarios de personas en Facebook, y mostramos el contenido a los verificadores de datos. Los verificadores de datos también pueden detectar por su cuenta contenido para revisar.
• Revisar el contenido: los verificadores de datos revisan el contenido, verifican la información y califican su veracidad. Esto sucede independientemente de Facebook y podría implicar llamar a fuentes, consultar datos públicos, autenticar videos e imágenes, y mucho más.
• Etiquetar información errónea e informar a los usuarios sobre ella: aplicamos una etiqueta al contenido que revisaron los socios de verificación de datos para que las personas puedan leer contenido adicional. También notificamos a las personas antes de que intenten compartir este contenido, y a las personas que lo compartieron anteriormente.
• Garantizar que menos personas vean información errónea: una vez que un verificador de datos califica contenido como “Falso”, “Modificado” o “Parcialmente falso”, aparece más abajo en la sección de noticias, se lo filtra de la sección “Explorar” en Instagram y aparece con menos frecuencia en el feed y las historias. Eso reduce significativamente la cantidad de personas que lo ven. También rechazamos anuncios con contenido que hayan calificado los verificadores de datos.
• Tomamos medidas contra los reincidentes: las páginas y los sitios web que comparten información errónea de manera reiterada, que se califica como contenido “Falso” o “Modificado”, son objeto de algunas restricciones, como la reducción de su distribución. También se les puede quitar la capacidad de monetizar, anunciar y registrarse como páginas de noticias durante un período determinado.

Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Habría que entender qué es lo que se busca con una nueva constitución.

La Constitución como mito fundacional

Es posible que algunos vean en una nueva Carta Magna la ilusión de un nuevo nacimiento sin las taras y males del pasado. Comenzar de cero por decimotercera vez para crear un mundo feliz, justo, donde todos seamos iguales. Es decir, una función mítica. Lo puso Castillo en su ya célebre tuit:

“…para terminar con la histórica discriminación que sufren nuestros pueblos andinos, amazónicos, afrodescendientes y nuestras poblaciones vulnerables a la violencia machista, clasista y racista… la reconquista de derechos laborales, ecológicos, sociales y económicos, para que los peruanos/os dejemos de subsistir y podamos vivir dignamente”

Aquí hay un error de base: creer que una Constitución puede crear la felicidad social. Que puede ordenar la igualdad. Y que puede hacerlo dándole al Estado unos poderes muy fuertes. La dictadura del Estado contra los poderes malignos de los privados.

En realidad, una Constitución es mucho más efectiva poniendo límites a los poderes que creándolos o agravándolos. Nació para eso: para poner límites al poder del Rey y permitir el desarrollo de los ciudadanos. Límites para que los poderes públicos no avasallen la libertad individual. Para permitir la máxima expansión posible de la iniciativa política, económica y cultural de los ciudadanos, a fin de hacer posible la realización individual y el crecimiento colectivo.

Es más, cuando la Constitución se pervierte dando excesivos poderes al Estado, termina facilitando la destrucción de los derechos fundamentales del ciudadano, la dignidad de la persona. Y termina agravando la desigualdad y la pobreza.

La Constitución puede reconocer derechos –de hecho, la Constitución actual reconoce todos los derechos mencionados por Pedro Castillo-, pero su concreción en la realidad es un asunto de políticas, de gestión. Y de posibilidades materiales, de mercado. Un mercado que genere los excedentes y que integre.

Castillo ha dicho que la salud y la educación no deben ser servicios sociales, sino derechos. Es creer, nuevamente, en el poder mítico de la palabra, de la norma constitucional. Lo que nos falta no es la letra del derecho, sino un buen servicio público que la encarne. Eficiencia, gestión por resultados, meritocracia. Y acabar con las mafias corruptas. Eso es mucho más difícil que escribir una palabra. Tenemos que cambiar el Estado, no la Constitución.

La Constitución como vehículo de incorporación en la nacionalidad

Algunos verán una nueva constitución como la carta de incorporación de los sectores marginados o excluidos o postergados a la ciudadanía nacional, a un sistema que no les sea ajeno sino propio. Como el nuevo pacto social que les permita incorporarse.

Podemos decir que esa exclusión se expresa concretamente en la informalidad. Es una exclusión del sistema formal, del Estado legal, que es el sustento de la exclusión social y cultural, de la discriminación y el racismo. Un mercado integrador gracias a una formalidad incluyente, sería un gran igualador y desprejuiciador, un gran creador de prójimos.

Y se expresa también en la exclusión de los servicios públicos, ineficientes y capturados por grupos de interés. Es decir, del Estado social.

Pero ambas exclusiones no se resuelven con una nueva Constitución, sino con la reforma de la formalidad y del Estado, de la salud y la educación. Nuevamente, eso es mucho más difícil que poner palabras en un texto. La Constitución y la ley, más bien, al regular derechos tan difíciles de alcanzar que solo una minoría los puede disfrutar, se vuelven excluyentes. Consolidan y agravan la injusticia.

La Constitución como truco simbólico para acumular poder

En los últimos veinte años las nuevas constituciones en américa latina han tenido esas consecuencias. Pero no solo han agravado la pobreza y la desigualdad, sino que han servido para suprimir libertades. Con el señuelo de diseñar el paraíso social, han sido usadas por los gobernantes para acumular poder, suprimir controles horizontales, disolver los congresos, capturar las cortes judiciales y los poderes electorales.

Esto no solo por el texto que aprueban –por lo general estatista- sino desde el proceso mismo de convocatoria a asambleas constituyentes. Para hacerlo y conseguir mayoría en ellas, los gobernantes movilizan a sectores y organizaciones sociales, hacen populismo económico y político y revientan la caja fiscal.  Una vez instaladas, suelen desplazar o disolver el Congreso y absorber sus funciones. Su poder es omnímodo, absoluto. Mientras duran, todos los derechos y las reglas de juego quedan en suspenso. Y el tirano se aprovecha. Pesca a río revuelto. 

Se convierten en la práctica en la cobertura perfecta para la corrupción y para retroceder en la reforma del Estado y de los servicios públicos.

Me pregunto si será posible sentarse a conversar con los impulsores de una nueva Constitución sobre las razones o los sentimientos o las percepciones que los han llevado a plantearla. Si será posible una discusión seria y racional sobre fines y medios. Sobre cuáles serán los mejores medios para alcanzar los fines que persiguen, siempre y cuando no se trate simplemente de la captura del poder total. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Premunido de argumentos legales discutibles o leguleyos, el Jurado Nacional de Elecciones decidió no verificar las actas cuestionadas por Fuerza Popular y declaró todas las apelaciones de fondo improcedentes, y procedió a resolver las de “forma” a puerta cerrada, sin audiencias.

La propia Defensoría del Pueblo ha reclamado ayer al JNE actuar de otra forma. Ha señalado “que el listado de electores elaborado por la ONPE es también un documento de acceso público, en la medida que cuenta con similar información que el padrón electoral, por ello corresponde al JNE exponer en la mayor medida posible los razonamientos de hecho y derecho que utilizó al momento de resolver sobre su valoración”.

Aparentemente ese pronunciamiento llega cuando la proclamación de Pedro Castillo es casi un asunto de mero trámite que podría producirse esta semana. En ese caso, a Keiko Fujimori no le quedará más remedio que acatar el resultado pese a no estar de acuerdo con él, no solo por respeto a la institucionalidad por más que ésta haya sido injusta, sino para evitar que una oposición recalcitrante desde el comienzo provoque la radicalización del futuro gobernante, en perjuicio de todos los peruanos.

Pero eso supone que Pedro Castillo deberá tener conciencia que debe gobernar para todos desechando propuestas divisionistas como la asamblea constituyente y convocando a los mejores, no solo porque la mitad de la población no votó por él –en realidad, solo el 35% lo hizo considerando el total de electores-, sino que ni siquiera es seguro que haya ganado realmente las elecciones pese a que sea proclamado ganador. Y eso se conocerá tarde o temprano. Entonces tiene que integrar a todos en su gobierno, o intentar hacerlo.

Hay quienes consideran que la demanda de cotejar las actas con las listas de electores y el pedido por último de una auditoría de la elección, no son sino formas de pataleta de quienes no quieren aceptar los resultados, algunos de los cuales incluso estarían tramando un golpe para impedir la asunción de Castillo.

Por supuesto que hay que rechazar toda intención golpista, pero debe rechazarse también la narrativa de que acá no ha pasado nada serio y que las irregularidades que se han presentado son las normales en cualquier elección.

Veamos por ejemplo el siguiente cuadro (hemos puesto solo el comienzo y el final), trabajado por un equipo de personas entre las que están Leopoldo Monzón, Tony Salas y José Ignacio Beteta, que revela que hay 394 mesas en las que Keiko Fujimori obtuvo la misma cantidad o menor cantidad de votos en la segunda vuelta que en la primera, hecho altamente improbable, por no decir imposible, pues supone no sólo que electores que votaron por ella en la primera vuelta se arrepintieron de hacerlo en la segunda vuelta, sino que quienes sufragaron por los otros 17 candidatos ninguno votó por ella, ni tampoco los que habían votado en blanco o viciado.[1]

……….

Este cuadro no es producto de un análisis estadístico. Son números puros y duros, y revelan resultados que solo podrían ser el producto de actos de manipulación para arrojar votaciones que favorecieran en mayor medida a Castillo, y en una cantidad que podría inclinar la balanza en favor de la candidata Fujimori. Pues si expandimos la última fila, donde se ve los resultados, constatamos que en esas 394 mesas Pedro Castillo tuvo 40,437 votos más que en la primera vuelta y Keiko Fujimori tuvo 823 votos ¡menos!

El hecho de que Fuerza popular careciera de personeros en muchas zonas de la Sierra facilitó las alteraciones. Y no los tuvieron porque, según el jefe de personeros de Fuerza Popular, la gente no quería participar debido a las amenazas recibidas (matar sus animales, cortarles el agua, castigos físicos). El hecho es que eso posiblemente facilitó los actos ilegales que han sido denunciados: falsificación de firmas, suplantación y un mismo puño gráfico llenando actas de varias mesas en un mismo colegio o en un mismo distrito y hasta provincia. 

Pese a todo ello, Castillo será proclamado. Por eso, debería ser consciente de la fragilidad de su triunfo para buscar consensos y el concurso de todos para gobernar -como bien ha recalcado Carlos Amat y León en entrevista en Perú21-, dejando de lado propuestas maximalistas que llevarían al país a un conflicto político explosivo e insostenible. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

He señalado que lanzar el proceso de una asamblea constituyente no solo paralizaría al país, sino que instalaría una lógica de acumulación populista y autoritaria muy difícil de controlar. La dinámica de los hechos generaría una ola dictatorial creciente. La asamblea misma, impulsada por el presidente de la república, se convertiría en un instrumento de poder absoluto. Porque su poder es omnímodo, fundacional.[1] 

El primer acto dictatorial es la propuesta misma de crear una asamblea constituyente, porque ella no está contemplada en la Constitución. Se tendría primero que modificar el artículo 206 para habilitar esa vía. Menos aún es constitucional la idea de que formen parte de ella organizaciones sociales o gremiales, pues el sujeto de los derechos políticos –que son derechos fundamentales- en la Constitución, es el individuo, el ciudadano, la persona humana, no colectivos de ninguna naturaleza. De allí que incluso el congresista no tenga mandato imperativo, ni siquiera de su partido. En una democracia representativa quienes eligen a sus representantes son los ciudadanos, no las organizaciones.

Tampoco es válido el camino del referéndum para consultar si se quiere una asamblea constituyente, por la misma razón: no se puede consultar si se quiere algo que no es constitucional.

Se cita entonces el artículo 39 de la ley 26300 de participación ciudadana, que establece que procede el referéndum en el caso de la “reforma total o parcial de la Constitución”. Pero, dice a continuación el mismo artículo, “…de acuerdo al Artículo 206 de la misma”. Y ¿qué dice dicho artículo?

“Artículo 206°.- Toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros, y ratificada mediante referéndum. Puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en dos legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable, en cada caso, superior a los dos tercios del número legal de congresistas.”

De modo que el referéndum del que se está hablando en la ley es el mencionado como segunda etapa en la primera vía de modificación constitucional establecida en el artículo 206 de la Constitución. No es un referéndum autónomo, al margen del Congreso.

Por eso la sugerente iniciativa planteada por Enrique Ghersi de un ‘contra referéndum’ que proponga que la Constitución no se puede modificar por asamblea constituyente, no sólo es redundante, sino que tampoco es viable como medio de reforma constitucional.

Sí tendría validez, en cambio, como iniciativa ciudadana que reúna la mayor cantidad de firmas posible para llevar al Congreso un proyecto de ley de reforma constitucional. Y aunque esta reforma sería, como decimos, redundante o simplemente explicitadora, la iniciativa sí tendría mucho sentido en el terreno político, como un medio para mantener la unidad de la centro derecha y la movilización ciudadana, y tonificar la musculatura republicana. Esto a fin de dar con éxito la batalla política en defensa de la Constitución y la democracia liberal como un sistema de limitación del poder y protección de los derechos individuales. En ese sentido, la iniciativa es fantástica y merece todo el apoyo.

Y, de hecho, así es como lo entiende Lucas Ghersi, gestor también de la idea, quien respondió a mi objeción de la siguiente manera: “Las cosas son exactamente como dices. Se recogen firmas para respaldar un proyecto de ley de reforma constitucional. Si se recoge la cantidad menor de firmas (0,3% del padrón) el tema va al Congreso y este puede optar por cualquiera de las dos vías del artículo 206 de la Constitución. Si se recoge la cantidad mayor de firmas (10% del padrón) el tema también va al Congreso quien puede rechazar la iniciativa o tramitarla con referéndum de acuerdo al artículo 206. No estamos planteando un referéndum directo sin pasar por el congreso, porque eso no es constitucional”.

Muy claro. Y ¡adelante! Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

No cabe duda que la solicitud de Pedro Castillo a Julio Velarde de permanecer en la presidencia del BCR, es un mensaje inteligente que ayuda a aliviar la ansiedad que produce la perspectiva de un eventual gobierno suyo. Pero ese pedido de plaza debería ser confirmado por una gestión personal para persuadir a Velarde de dar marcha atrás en su decisión de dejar la conducción del órgano emisor. Porque es obvio que su presencia allí sería la mejor garantía posible de un manejo monetario serio y confiable. El país lo necesitaría.

Ahora bien, la estabilidad monetaria es fundamental, y es la base del crecimiento, pero para crecer se requiere además estabilidad de buenas reglas de juego, que favorezcan la inversión y el empleo.

En ese sentido, la frase completa de Castillo en la manifestación aporta algunos elementos: “No somos comunistas, somos democráticos, respetamos la gobernabilidad, la institucionalidad peruana. Somos respetuosos de esta Constitución y, en ese contexto, pido al doctor Julio Velarde que su trabajo sea permanente en el Banco Central de Reserva. Es necesario no solo para tranquilidad económica, sino para abrir las puertas a las grandes inversiones que tienen que darse democráticamente, con reglas claras”.

Es evidente que la gobernabilidad y el respeto a la institucionalidad y a la Constitución son fundamentales para crecer y reducir la pobreza. Nos preguntamos si debemos tomar esa enunciación como un nuevo compromiso, uno positivo, dirigido a enmendar la propuesta de una asamblea constituyente, una idea mítica cuya concreción sería el más eficaz sabotaje posible a la recuperación económica y al crecimiento sostenido. A los propios planes que el vocero económico del señor Castillo ha anunciado.

Lamentablemente no podemos tomar esa declaración de respeto institucional y constitucional como definitiva. Porque tan solo dos días antes, en el Cusco, Pedro Castillo prometió a los gobernadores regionales allí reunidos que serán convocados a formar parte de la Asamblea Constituyente. “Pido a ustedes como gobernadores sean los primeros convocados para que participen en la próxima Asamblea Constituyente para que en una Constitución que así lo diga el pueblo, la salud y educación sean derechos fundamentales”.

Es imposible respetar la Constitución vigente y al mismo tiempo proponer una Asamblea Constituyente, que no existe en la Carta Magna. Menos aún una conformada por personas u organizaciones designadas prácticamente a dedo por el gobernante, como –adelantándose- hizo Castillo en el Cusco al convocar a los gobernadores a integrar la presunta futura Asamblea. En una democracia representativa no cabe una asamblea compuesta por grupos de interés o colegiados de ningún tipo, sino solo por representantes elegidos mediante voto popular.

No solo eso. El día sábado pasado, en una reunión con líderes del Foro de sao paulo, Castillo dijo “La corrupción es inherente a su Constitución o modelo económico, que tenemos que cambiar”, y arremetió contra el Tribunal Constitucional. Ver en Lampadia: Cambio de Constitución – Un inmenso daño al Perú.  

El otro elemento interesante en el discurso del profesor fue la idea de que la continuidad de Velarde permitiría “abrir las puertas a las grandes inversiones que tienen que darse democráticamente, con reglas claras”. Muy bien. Pero entre esas inversiones grandes estarían, primeras en la fila, Tía María y Conga, que él mismo ha descartado. Debería revisar esa negativa y proponerse la posibilidad de sacarlas adelante con los recursos de inversión social, ambiental y productiva que proporcionarían las mayores regalías o impuestos que se cobraría la minería, ofreciendo a las poblaciones liderar un programa de desarrollo integral financiado precisamente con esos mayores recursos. Pondría a prueba su liderazgo social, para hacerlo posible. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Hay una diferencia entre el Perú actual y la Venezuela del momento en que llegó al poder Hugo Chávez: aquí hemos tenido un crecimiento económico sostenido en los últimos 30 años. En el terreno económico, el modelo ha funcionado pese a la ralentización de los últimos 8 años. Entonces no sería racional cambiar sus componentes esenciales, y menos aún por políticas que no funcionan.

Por eso, y para detener la fuerte fuga de capitales en curso ante la perspectiva de que se imponga lo irracional, Pedro Castillo parece haberle confiado a Pedro Francke, Oscar Dancourt y el equipo de Nuevo Perú, la formulación de la política económica. Cómo será el panorama para que Pedro Francke y compañía puedan ser vistos como esperanza de moderación económica.

Francke está intentando despejar los peores temores: no habrá estatizaciones ni confiscación de ahorros ni control de cambios ni afectación de la autonomía del BCR (aunque habría que ver a quién se nombra como su presidente). Lo que sí habría son mayores impuestos o regalías a la minería para captar parte de las “sobre ganancias”, y de ninguna manera saldrán Tía María ni Conga, entre algunas otras medidas.  

El problema acá es que el propio Francke plantea una contra medida económica, que anularía la potencia de su programa: el famoso referéndum para ir a una asamblea constitucional. Esa es la mejor receta para que fracase cualquier programa de recuperación y crecimiento económico. Es decir, para anular con una mano lo que se quiere construir con la otra.   

Porque es cierto que distribuyendo bonos familiares, créditos baratos y dinero a las municipalidades para pequeñas obras podría lograr una cierta reactivación de demanda, pero ese esfuerzo no será sostenible si no viene acompañado de una fuerte recuperación de la inversión privada, que no se producirá mientras exista incertidumbre y temor acerca de qué reglas de juego puedan salir de una nueva Constitución. Si en su contenido se aplica el mismo guion que se ha seguido para lanzarla, el resultado no tiene sorpresas.

Porque, como sabemos, ese es un guion internacional, bolivariano, que termina en constituciones reeleccionistas e intervencionistas, y que probablemente proveerá asesoría política y de inteligencia a un eventual gobierno de Castillo. El Perú, como sabemos, tiene una posición geopolítica estratégica y sus recursos son bocado apetitoso para países que hoy sufren las consecuencias económicas del propio modelo que han aplicado.

Lo que generaría un círculo vicioso porque si la recuperación no es sostenible por falta de inversión privada, se acentuarán las presiones para desplazar al equipo económico moderado y el gobierno caerá en la tentación de radicalizar las políticas para mantener niveles de popularidad. Allí ingresamos al círculo vicioso venezolano. Al populismo económico y político que a agravan mutuamente.

Será muy importante entonces, si se confirma el triunfo del candidato de Perú Libre, que la oposición y la opinión pública estén muy atentas a lograr que el presidente entrante se atenga realmente al juramento de la Proclama Ciudadana y encauce cualquier proyecto de modificación constitucional por las vías legales y constitucionales. Eso será clave. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Althaus

Los Jurados Especiales Electorales y el Jurado Nacional de Elecciones tienen una responsabilidad muy grande en estos momentos. Es la de corregir el sesgo de la ONPE en las observaciones de actas, que fue riguroso y eventualmente excesivo en las ciudades en las que ganó Keiko Fujimori, y más bien dejó pasar muchas actas con evidentes errores y vicios en las áreas rurales y allí donde ganó Pedro Castillo. Como hemos señalado, lo normal es que una proporción relativamente mayor de actas observadas se dé en las zonas rurales, donde la capacitación es menor. Pero acá ha ocurrido lo contrario: una mucha mayor cantidad de actas observadas (84%) se dio en el extranjero y en Lima, Piura, la Libertad, etc.

Las actas observadas por la ONPE han sido revisadas por los Jurados Especiales y en muchos casos los votos han sido validados. De allí que la distancia entre los dos candidatos se haya acortado. Pero las actas que debieron ser observadas y no lo fueron, han sido, en alguna proporción, objetadas mediante recursos de nulidad presentados ante los Jurados Especiales, una figura bastante más exigente. Pero por eso es especialmente importante que dichos Jurados apliquen un criterio no formalista sino flexible y lo más apegado posible a la necesidad de la justicia electoral.

Comenzando por admitir todas las demandas que han sido presentadas, y aún más en la medida en ellas se repite un patrón que Lourdes Flores ha explicado muy bien:

• Primero, que hay una desviación estadística del promedio de votos en las mesas impugnadas en favor de Pedro Castillo. Es decir, está recibiendo un número de votos mayor al promedio estadístico de los colegios donde están las mesas demandadas.
• Y la explicación estaría en segunda característica: en un tercio de las mesas, donde hay firmas falsas, no hubo votos en blanco, pese a que en la primera vuelta sí hubo hasta decenas de votos en blanco en ellas. Probablemente se convirtieron en votos por Castillo. 

Si hay un patrón que se repite de esta manera en estas mesas, los Jurados Electorales Especiales y el JNE deben admitir y procesar con criterios sustantivos todas las demandas presentadas. Pero el primer problema, como explica también Lourdes Flores, es que el JNE creó arbitrariamente el horario límite de las 8 de la noche sobre base de la norma hora para notificar, no para recibir escritos, cuando el “tercer” día debería llevar hasta las 12 de la noche. El segundo obstáculo es el no haber pagado la tasa, que no es un argumento de improcedencia: los JEE debieran dar un plazo para pagarla.

Pero el tercer problema es más grave: los Jurados Especiales empiezan a decir que no son competentes para hacer una pericia, algo incomprensible porque supone renunciar a establecer la verdad, que es lo que interesa considerando lo que está en juego.

Pues, como ha señalado con acierto la propia Lourdes Flores, la legitimidad del próximo gobierno, sea cual fuera, nacerá precisamente de la verdad electoral. Los JEE y el JNE tienen que abocarse a establecer esa verdad. No hay alternativa. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Las declaraciones de ambos candidatos en sus respectivos desayunos electorales ayer hacen abrigar esperanzas de que se quiere pacificar el país luego de esta agresiva confrontación electoral y buscar un clima que permita la colaboración y la gobernabilidad. Los dos han dicho que respetarán los resultados electorales. Además, Keiko Fujimori ha llamado a Pedro Castillo a que “a partir de mañana ambos trabajemos en ese espacio de paz y unidad que todos los peruanos merecemos”, y Pedro Castillo, por su parte, que “hay que llamar a la tranquilidad”. 

Es lo que se va a necesitar. Cualquiera fuera el resultado final. Hay que aprender a aceptar la derrota, si es que esta se dio en buena lid. Pero no cabe duda que un eventual gobierno de Pedro Castillo podría ser catastrófico para el Perú. Aun en el supuesto más benigno de que se aplicara un plan económico siguiendo las líneas que ha sugerido Pedro Francke -más moderadas que los anuncios anteriores y que las propuestas del Plan de Cerrón-, y que el tema de la nueva Constitución se canalice por vías constitucionales –sin llamar a una asamblea constituyente-, habrá un cierto daño a la capacidad de recuperación económica lo que, sumado al desengaño de los grupos radicales que llevaron a Castillo, probablemente se traduciría en movilizaciones y protestas contra el gobierno, que podrían llevarlo a  recaer en su plan original.

Y ese plan ya sabemos dónde nos conduce. Si quien ganara finalmente fuera Keiko Fujimori, tendría delante de si el desafío de formar un gobierno multipartidario que le asegure una mayoría parlamentaria que, además, esté dispuesta a aprobar las leyes y reformas necesarias para resolver los problemas fundamentales que se hicieron evidentes en la pandemia y que estallaron en el propio proceso electoral –la informalidad y la precariedad de la Salud Pública-, cuya solución ya no se puede soslayar. 

Esos problemas son uno solo en el fondo: la exclusión de la mayor parte de los peruanos del Estado en sus dos dimensiones: la formalidad y servicios públicos de calidad. Exclusión legal y social. Un Estado inclusivo debería ser el gran objetivo nacional en los próximos 5 años. Pero eso supone un nuevo pacto social no para cambiar la Constitución sino para cambiar el Estado, lo que implica afectar el statu quo burocrático y alterar algunos paradigmas que han resultado excluyentes.

Se requerirá claridad y convicción para llevar a cabo esas reformas, lo que no está asegurado. Pero lo que sí es seguro es que, por el contrario, un eventual gobierno de Castillo agravaría la naturaleza excluyente del Estado peruano, pues agrandar el papel interventor, sobre regulador y empresarial del Estado no haría sino agravar la informalidad y la mala calidad de los servicios públicos, profundizando la exclusión legal y social.

La sociedad civil deberá estar preparada y atenta para señalar los peligros y tratar de prevenir males mayores. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Álvaro Vargas Llosa ha explicado en la República cuál sería la mejor garantía de que un gobierno de Keiko Fujimori no pretenda avasallar otros poderes del Estado: “¿Usted se imagina, con el nivel de resistencia contra el fujimorismo que hay en el Perú, lo que pasaría si se percibiera que ella está manipulando el Poder Judicial a su favor? Las calles se llenarían de manifestantes. Es una de las garantías. En los últimos 20 años, cada vez que la población ha percibido en el fujimorismo cualquier cosa que le disgustaba, protestaba y lo derrotaba. El nivel de vigilancia sobre una eventual administración de Keiko será enorme”.

Eso, en el supuesto de que Keiko Fujimori tuviera las mismas inclinaciones autoritarias que su padre, lo que, hemos argumentado, no es cierto. Ella formó un partido político, lo que su padre nunca hizo. La conducta de su bancada en el congreso disuelto fue repudiable, pero expresó hubris de poder, no designio autoritario. Por lo demás, su agrupación ha empezado a desarrollar los temas institucionales. En su Plan de Gobierno, Fuerza Popular incluye un capítulo sobre reforma judicial, relativamente bueno, aunque mejorable, y otro sobre reforma política, a nuestro juicio aun insuficiente. Tiene pendiente una propuesta completa de una democracia gobernable a partir de una revisión de la experiencia de los 90.

Se critica además que en esta campaña electoral la candidata haga propuestas redistributivas, como bonos y otras, en lugar de proponer reformas de fondo para tener buenos servicios. Este es un buen punto. Es cierto que la campaña enfatiza los programas redistributivos, porque se trata de captar votos precisamente. Algunas soluciones de fondo, sin embargo, se pueden encontrar en el plan de gobierno.

¿Son suficientes? Juzguémoslas a partir de lo que en realidad se requiere, que es repotenciar el modelo, lo que supone un cambio profundo del Estado para:

1. aligerar el peso regulatorio sobre la actividad productiva –para volver a crecer a tasas altas y formalizar-,
2. e introducir la meritocracia y modelos de gestión por metas y resultados, que permitan brindar servicios públicos eficientes.

En suma, una formalidad y un Estado inclusivos. ¿El plan de gobierno de Fuerza Popular está a la altura de ese desafío? En cuanto a lo primero, el plan contiene propuestas para podar la maraña normativa que asfixia la actividad, digitalizar el Estado, y realizar una reforma tributaria simplificadora que facilite la formalización y el crecimiento de las mypes, junto a un fuerte énfasis en programas de crédito y apoyo tecnológico para que incrementen su productividad y por esa vía también se formalicen. Pero no hay nada respecto a la urgencia de una paralela reforma laboral.

En cuanto a lo segundo, el Plan de Gobierno plantea la necesidad de implantar la meritocracia aunque sin señalar una hoja de ruta para esto, algo que se va a requerir luego de las leyes contrarias a ese objetivo aprobadas por el Congreso presente. También plantea una reforma del sistema de salud –que requeriría más detalle- y de la inversión pública, y políticas educativas.

No hay, sin embargo, una reflexión acerca de la necesidad de mejorar la gobernanza minera. La distribución directa a la población del 40% del canon minero va en esa dirección, pero esa propuesta debe ser complementada con una reformulación de la ejecución del restante 60% por medio de entidades ejecutoras eficaces, y con esquemas de autoridad estatal en las zonas mineras que coordinen las entidades públicas para el desarrollo y prevengan conflictos.  

En resumen, el plan de gobierno de Fuerza Popular está bien orientado en general en lo que se refiere a la solución de los problemas de fondo del modelo de desarrollo y del Estado, pero le hace falta incorporar algunos temas y profundizar otros. Para eso un eventual gobierno de Keiko Fujimori deberá convocar a los mejores. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

La gran constatación es que la izquierda ganó la batalla cultural. Esta verdad es más fuerte aun en Chile, un país que estuvo a punto de pasar a la categoría de país desarrollado y que ahora involuciona penosamente. Lo que la intención de voto en nuestro país demuestra, es que el discurso de que los ricos se quedan con la riqueza y las transnacionales se la llevan fuera dejando al pueblo sumido en la pobreza, y que el modelo “neoliberal” solo ha beneficiado unos cuantos, es una prédica antigua que ha prendido fuertemente en esta época de pandemia y ha conquistado incluso las plumas más sublimes del periodismo nacional.

Hablamos de la batalla cultural. Pero ni siquiera ha habido batalla. Los beneficios sociales del crecimiento económico de los últimos 30 años parecían tan obvios que nadie se molestó en percatarse de que en las aulas públicas quienes enseñaban habían sido formados en esa escuela ideológica. Ningún maestro fue jamás capacitado en economía social de mercado. El empresariado y los partidos de centro y derecha abandonaron la cancha.

Lo increíble y paradójico es que la triunfante ideología de izquierda es la causante de los males que denuncia. Nosotros hemos señalado hasta el cansancio que algo que el modelo económico no pudo resolver es el problema de la informalidad y tampoco el problema de la mala calidad de los servicios públicos. Y la causa en ambos casos es la misma: un Estado patrimonialista y dominado precisamente por una cultura de derechos laborales que encubre redes y grupos de interés que han capturado el Estado.

Gestiones e ideologías de esa naturaleza producen una profusión de normas, exigencias, requisitos y cargas que solo pueden ser absorbidas por la gran empresa, obligando a la pequeña y a la micro empresa, y también a parte de la mediana empresa, a operar parcial o totalmente en la informalidad. Según el ranking de competitividad de Foro Económico Global, somos unos de los países del mundo donde el peso regulatorio de Estado es más insoportable y asfixiante. 

Esa es una de las causas más importantes de la alta informalidad, y evidentemente no se le puede echar la culpa de ella a la libertad económica.  Es al revés. La libertad económica ha sido crecientemente recortada, y por eso la informalidad.

La otra causa es la baja productividad. Pero se alimentan. El Estado no puede jugar el papel de empoderar tecnológicamente a las mypes precisamente porque es profundamente ineficiente, y lo es debido a leyes clientelistas que han impedido la implantación de la meritocracia y de la gestión de rendimiento en las instituciones públicas –salvo excepciones como las islas de excelencia. Y es un círculo vicioso: entidades públicas capturadas por argollas, gremios o grupos de interés crean cada vez más peajes a la actividad privada para beneficiarse con poder y con fuentes de ingreso.

El Estado es una trinchera ideológica y política de la izquierda, y por eso es muy difícil introducir reformas modernizadoras en el servicio de salud pública. El presupuesto de la salud se multiplicó por 7 en términos reales en los últimos 20 años, pero no hubo una mejora proporcional del servicio. Es decir, el modelo le dio recursos a la salud pública, pero estos se perdieron en mala gestión y corrupción.

Ahora abundan los artículos en los medios acerca de las razones por las que mucha gente, sobre todo en los sectores populares, quiere votar por Pedro Castillo. Identifican por supuesto fallas del modelo que en realidad no son fallas de la parte económica del modelo, sino de la parte político-institucional. Esto no lo dicen. Menos aún explican que la opción por Perú Libre agravará más aun las exclusiones. Pues una propuesta que agrande el intervencionismo, incluso empresarial, del Estado, recorte grados de libertad económica y ahuyente la inversión, solo producirá más pobreza y más informalidad. Díganlo cuando menos. Lampadia