1

El empleo vuelve a caer luego de recuperarse parcialmente

El empleo vuelve a caer luego de recuperarse parcialmente

Jaime de Althaus
Para Lampadia

La situación del empleo y los ingresos ha empezado a desmejorar nuevamente desde que empezara a mejorar como consecuencia del rebote luego de la pandemia. Lo que estamos viendo en el último trimestre móvil es que la población adecuadamente empleada, que venía recuperándose, ha vuelto a caer comparando con el mismo trimestre del 2019. Lo podemos ver en el cuadro siguiente: 

Al mismo tiempo, la población subempleada se ha vuelto a incrementar, de 23.9% a 29.8%. Los subempleados son los que ganan menos que el salario mínimo o trabajan menos que 8 horas. Y, correspondientemente, el ingreso promedio ha vuelto a retroceder.  

Por eso es que la proporción del empleo informal no cede y ha llegado al 78.2%, un porcentaje altísimo, como podemos ver en el siguiente gráfico:

 

Pero lo que hay que notar es que esto ocurre al mismo tiempo que la economía ya ha rebotado por encima de los niveles del 2019. Es decir, la economía se ha recuperado, pero el empleo adecuado y formal no se recupera. Y la razón es la misma por la que tenemos una proporción de informalidad laboral por lo menos 20 puntos más alta de lo que deberíamos considerando nuestro nivel de desarrollo: el altísimo costo de la formalidad, una legislación que impone unas cargas que solo la gran empresa puede soportar.

Puede sonar iluso plantear este tema en un gobierno como este, cuya Agenda 19 no hace sino agravar la exclusión del pueblo informal. Pero ha convocado al Consejo Nacional del Trabajo. Ese espacio podría cumplir un papel revolucionario en favor del empleo y de la inclusión del pueblo emergente si se diera un diálogo sincero y honesto en el que participen representantes no solo de las empresas grandes sino de las mypes, que requieren a gritos una normatividad laboral posibilitante. La ministra de Trabajo, Betssy Chávez pasaría a la historia si se llevara a trabajadores y empresarios a un retiro de modo que no salgan hasta que no hayan llegado a un acuerdo. Pero eso es soñar. Lampadia




Inconducta presidencial

Inconducta presidencial

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Desde el comienzo sabíamos que el objetivo estratégico de este gobierno sería controlar las fuerzas armadas y policiales para ponerlas al servicio del proyecto político de imponer un régimen bolivariano. Ese proyecto pasa por cerrar el Congreso en el que carece de mayoría e instaurar una asamblea constituyente que le permitiera al gobierno concentrar el poder, suprimir controles horizontales y dar una nueva constitución que cambiara el capítulo económico y permitiera la reelección presidencial. Todos estos temas han sido anunciados en diversas ocasiones y están presentes en el plan de gobierno de Perú Libre. No son ninguna novedad. La propia Premier ha insistido en la conveniencia de una asamblea constituyente.  

Pues bien, la búsqueda de ese control se hizo evidente. El ex comandante general pasado al retiro, José Vizcarra ha revelado que recibió encargos del presidente de la República para ascender a diez oficiales, con particular énfasis en dos de ellos, lo que le fue confirmado personalmente por el propio Presidente. Algo similar ha manifestado el ex comandante general de la FAP. Ambos oficiales fueron pasados al retiro sencillamente porque no acataron esas presiones debido a que los recomendados no reunían los méritos suficientes y estaban fuera del cuadro institucional de ascensos.

Más grave aún, El Comercio pudo constatar que 48 oficiales del Ejército, Marina y Fuerza Aérea acudieron a palacio de Gobierno la mañana del sábado 16 de octubre, una semana antes de que se oficialicen sus ascensos. La razón la ha señalado el ex ministro de Defensa y ex premier Walter Martos: en esa ocasión el presidente Castillo les solicitó su “lealtad”. El mensaje implícito era, obviamente, ascenso a cambio de lealtad. Algo que no veíamos desde la época de Montesinos, y que demuestra claramente la intención de subordinar las fuerzas armadas no a la Constitución sino a un proyecto político partidario que convertiría al Perú en una dictadura socialista que arruinaría el país.

El Congreso no puede dejar pasar estos hechos porque sería el comienzo del fin de la democracia en nuestro país. Es ya una burla y una provocación al Congreso que el ministro de Defensa no renuncie. Ante ello, el Congreso debe investigar estos hechos y citar a la presidenta del consejo de ministros. Recordemos que según el artículo 128 de la Constitución:

“Todos los ministros son solidariamente responsables por los actos delictivos o violatorios de la Constitución o de las leyes en que incurra el Presidente de la República o que se acuerden en Consejo, aunque salven su voto, a no ser que renuncien inmediatamente”. Es hora de hacer valer la Constitución

Es posible que el gobierno esté buscando la censura al ministro de Defensa, con la idea de presentar al Congreso como obstruccionista.  La censura tendrá que darse, pero no será suficiente. Es claro, por los testimonios, que la responsabilidad alcanza al presidente de la República. Es cierto, sin embargo, que el presidente no es responsable de las decisiones que toma ni puede ser acusado durante su mandato, según la Constitución. Pero si se le puede abrir investigación para determinar si ha cometido una inconducta que pueda trasuntar incapacidad moral. El Congreso tiene la responsabilidad de evaluar la gravedad de estas acciones y tomar las decisiones correspondientes.

Lampadia




¿La Premier no es anti minera?

¿La Premier no es anti minera?

Jaime de Althaus
Para Lampadia

La presidenta del consejo de ministros consolidó en unos tuits los mensajes que dio sobre la minería en la entrevista que concedió a Enrique Castillo el domingo pasado. Su tono razonado deja traslucir claramente su visión y su posición frente a las empresas mineras.  

“Lamento que los conflictos hayan escalado tanto, sin embargo, las demandas que la población está planteando tienen muchos años y tenemos que entender el hartazgo por la desatención del Estado”, afirma. Se refiere, por supuesto, al incendio del campamento y la planta de la mina Apumayo y a los bloqueos y ataques a Antamina. Y, claramente, los justifica. Los lamenta, pero los justifica: “tenemos que entender”. Se lo dijo aun mas claramente a Enrique Castillo: “En los conflictos se pueden presentar factores que distorsionan la protesta. No podemos por estos factores descalificar de plano estas legítimas demandas”. La violencia no descalifica.

Esto es grave. Si la segunda máxima autoridad gubernamental justifica la violencia, los violentistas se sentirán autorizados a actuar y los actos destructivos se van a generalizar. La Premier convertida implícitamente en la primera agitadora nacional. ¿La violencia como partera de la historia? ¿Ese es su credo? Sólo un marxista leninista justifica la destrucción de la propiedad pública y privada. Pero es un delito que tiene que ser condenado y sus autores juzgados y castigados. Estamos en un estado de derecho. La primera obligación del Ejecutivo es establecer el imperio de la ley.

Argumenta la primera ministra que “Una protesta siempre tiene una serie de demandas que para la población son justas”. En muchos casos sí. Pero en algunos otros son pura extorsión. Que también es un delito. Tenemos el caso de Antamina, donde una comunidad bloqueó la carretera protestando por el mineroducto, denunciando que la empresa había usurpado los terrenos comunales. Pero la empresa había comprado las tierras para construir esas infraestructuras 20 años atrás, y optó por el mineroducto precisamente para que no hubiese impactos de ningún tipo.

En el corredor minero la extorsión se ha convertido en un negocio. Las Bambas ha entregado 2,500 millones de soles en obras, compensaciones y regalías, el nivel de vida ha mejorado según demuestra un informe de Macroconsult, pero se bloquea sistemáticamente exigiendo más beneficios. Y eso ocurre debido a la ausencia e inoperancia del Estado en todo sentido. Es la ley de la selva. Por un lado, el Estado no impone la ley cuando se extorsiona a las empresas o se bloquea carreteras. Por otro lado, no cumple sus compromisos de inversión, lo que irrita con justicia a la población. El canon, diseñado para que los pueblos se beneficien con las rentas de la minería, no funciona: se gasta poco, mal y con mucha corrupción.

En suma, no hay gobernanza minera. Entonces la Premier ofrece un nuevo enfoque: “En esta nueva etapa, estaremos llegando con nuestros equipos a los lugares donde están los conflictos, con una estrategia multidisciplinaria, acompañados de los ministerios que tengan que ver con el tema del conflicto”. Pero así se ha hecho siempre y no ha funcionado. Se firman compromisos y luego se pierden en el pantano burocrático.

Se requiere de las siguientes medidas:

  • Crear un vicepremierato en las regiones mineras, que coordine a todo el Estado, asegure que los compromisos se cumplan y se adelante a los conflictos. O adaptar para esos efectos esas Oficinas de Desarrollo Regional que se han creado en algunas regiones.
  • Luego, reformar el uso del canon. Milton Von Hesse tiene una propuesta: que el 70% del canon pueda ser entregado voluntariamente por las autoridades regionales y locales a Proyectos Especiales de Inversión Pública que puedan ejecutar un plan integral. Las autoridades tendrían el incentivo de adicionar una cantidad similar a la transferida a cuenta del adelanto del canon futuro. Esta unidad ejecutora puede:
    • Contratar personal altamente calificado, con mayor sueldo,
    • Usar modelos contractuales modernos y contratar asistencia técnica o PMO.

Pero la Premier no está planteando nada de esto. Para ella la solución se reduce a un diálogo en el que el Estado balancee las “asimetrías”. Dice: “estamos decididos a retomar los procesos de diálogo, pero de manera adecuada, respetando los actores, con los enfoques pertinentes, ayudando a que las asimetrías se reduzcan y que dialoguemos genuinamente para buscar salidas”.

Pero las mesas de diálogo se abren cuando el conflicto ya está instalado. Y son un círculo vicioso porque producen compromisos que luego no se cumplen, lo que lleva a mas conflictos. Entonces es necesario crear una institucionalidad como la mencionada que permita la gobernanza minera, prevenir los conflictos y conseguir el desarrollo integral.

Por lo demás, la visión de la primera ministra acerca de las asimetrías es parcial. Existe efectivamente una asimetría tecnológica y de poder económico entre las empresas mineras y las comunidades, en favor de las empresas mineras. Pero hay también una asimetría de narrativas, en contra de las empresas y de la minería. Es muy difícil que argumentos técnicos cambien creencias y mitos que en algunos casos se fundan en el historial pasado de la minería, que era muy contaminante. Es muy fácil atribuirle a la mina la mineralización natural de un río, por ejemplo. Los temores son muy fáciles de infundir. Y entonces allí la labor del Estado es explicar, no alimentar o atizar los mitos.

La Premier afirma que no es antiminera. Pero ella ha sido directora ejecutiva de Grufides, la ONG de Marco Arana responsable de que Conga no se pudiera ejecutar, con argumentos falaces y con violencia. Esos son sus antecedentes. Lampadia




¿El gobierno se vuelve a radicalizar?

¿El gobierno se vuelve a radicalizar?

Jaime de Althaus
Para Lampadia

¿Cómo entender que al mismo tiempo que la premier Mirtha Vásquez pide voto de confianza para una política de promoción de la inversión privada y de masificación del gas, el presidente Castillo demanda al congreso trabajar una ley para estatizar el consorcio de Camisea?

¿Cómo entender que el propio presidente Castillo invite en Estados Unidos a los grandes inversionistas a invertir en nuestro país, repita esa invitación cuando anunció la salida de Bellido, y ahora reclame la nacionalización del gas?

¿Como entender que ni la premier Mirtha Vásquez ni el ministro de economía Pedro Francke hayan renunciado después de esa proclama que contradice la política por ellos enunciada y que, en el caso del MEF, echa por tierra cualquier posibilidad de éxito del programa económico?

Claro, después, en la noche, Castillo publicó un tuit diciendo que “somos y seremos respetuosos de la libertad de empresa”, y que su compromiso es con el gasoducto y la masificación. La interpretación optimista es que se trata de una rectificación. Pero entonces, o estamos ante un presidente que dice cualquier cosa, con efectos muy destructivos, o existe acá una racionalidad. Y si la hay, la única que puede explicar todo esto, es una de cambios tácticos dentro de una estrategia única orientada a cerrar el Congreso y acelerar los pasos para la asamblea constituyente.

Es decir, hubo un retroceso cuando, ante las amenazas de Bellido de hacer cuestión de confianza por Maraví, el Congreso se unificó tras la aprobación de la ley de la cuestión de confianza, y el Ejecutivo tuvo la percepción de que la idea de la vacancia empezaba a madurar. Entonces sacó al estridente Bellido y puso a una premier más ecuánime, aunque no menos radical, que sin embargo tranquilizó relativamente al país al aclarar que la asamblea constituyente no era una prioridad en este momento.

Pero ahora el Presidente parece haber regresado al plan máximo. Con un agravante: si en la ocasión anterior fue el ex premier Bellido quien amenazó con nacionalizar el gas si la empresa no se avenía a una renegociación del contrato, esta vez es el propio presidente Castillo quien además concreta esa amenaza en el anuncio de un proyecto de ley para estatizar.

Se dirá que el tuit posterior de Castillo desmentiría que estemos ante una nueva radicalización.  Pero varias señales indicaban ya un retorno a la posición maximalista. La ministra de Trabajo, Betssy Chávez, había declarado, tres días atrás, que la asamblea constituyente “sí es una prioridad de carácter nacional”, contradiciendo abiertamente a la Premier. Y la propia presidenta del Consejo de ministros, cambiando su posición, anunció al comienzo de su intervención en el Congreso que “Hemos venido a proponer un acuerdo, un pacto, un nuevo contrato social…”, y culminó su discurso llamando a un “nuevo pacto social que se construya con las bases en el marco de una auténtica democracia”. “Un nuevo contrato social” es un eufemismo de “nueva constitución”. Y una auténtica democracia implica que la actual no lo es.

Es posible que se esté provocando nuevamente al congreso para que no de la confianza al gabinete. Todas las bancadas de oposición le pidieron a la primera ministra en las rondas de conversaciones que tuvieron con ella, que retirarse a los ministros Barranzuela y Gallardo, y que deslindara claramente con la asamblea constituyente, pero no solo no hizo caso, sino que insistió de manera agravada.

Hay un juego perverso. El gabinete tiene más de una semana para sincerar su posición antes del voto de confianza. Mientras tanto, es hora de que las bancadas democráticas se reúnan para realizar un análisis serio de esta situación y adopten una estrategia inteligente y eficaz para manejarla. Pues el país no puede permanecer indefinidamente en este juego que ya produjo una nueva subida del dólar y que solo lleva al caos económico y social. Lampadia




¿El Presidente Castillo auspicia la coca para el narcotráfico?

¿El Presidente Castillo auspicia la coca para el narcotráfico?

Jaime de Althaus
Para Lampadia

La designación de Ricardo Belmont como asesor presidencial, y más aun la de Luis Barranzuela como ministro del Interior, han terminado de prender todas las alarmas acerca de la capacidad de discernimiento del presidente Castillo.

Parecía que el presidente se encaminaba hacia la sensatez política cuando retiró del gabinete a Guido Bellido y a Luis Maraví, lo que entrañaba el valor agregado del fin del cogobierno con Vladimir Cerrón. Todas buenas noticias que hacían augurar el camino hacia una izquierda más racional.  

Pero las informaciones aparecidas en los últimos días revelan lo siguiente:

  • La salida de Bellido y Maraví fue conversada o planificada por el presidente Castillo junto con Guillermo Bermejo y Roger Najar, con quienes se reunió el día anterior al pedido de renuncia. El nuevo socio de Castillo ya no sería Cerrón, sino nada menos que Bermejo (quien, además, es el gran impulsor de las firmas para la asamblea constituyente). Por eso este congresista salió inmediatamente a decir que él sí le dará la confianza al nuevo gabinete.
  • Fue Bermejo quien propuso a Barranzuela para el ministerio del Interior. Castillo, Bermejo y Barranzuela habían estado juntos unos días antes en el congreso cocalero de Pichari, donde Barrenzuela arengó a no erradicar y Castillo anunció el apoyo del gobierno a la ley de la coca elaborada por Bermejo -que legaliza toda la producción- y que va a corregir las cosas en Enaco y Devida.
  • De lo anterior se desprende que el presidente Castillo apoya y promueve la política cocalera diseñada por Bermejo y los líderes cocaleros de la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios de las Cuencas Cocaleras del Perú (CONPACCP). Ese plan pasa por la aprobación de una ley que llevaría a legalizar indirectamente la producción de cocaína. Sería muy grave que el presidente esté auspiciando un objetivo de esa naturaleza. Sin duda tipificaría como incapacidad moral permanente.

En efecto, si bien el proyecto de ley general de la hoja de coca elaborado por el congresista Bermejo y presentado por la CONPACCP, plantea que una de las finalidades de la ley es “Proteger a la hoja sagrada de la coca, de su utilización con fines ilícitos”, y como uno de sus objetivos “…fortalecer el Estado de Derecho en zonas de producción y reducir progresivamente los usos ilegales”, en la práctica las disposiciones específicas llevarían a legalizar toda la producción de coca existente.

Así, el artículo 8º establece:

Reconózcase a nivel nacional 18 cuencas y micro cuencas cocaleras de las vertientes oriental y occidental de los Andes, donde se produce la hoja de coca, bajo cualquier modalidad; estas cuencas cocaleras se ubican en:

Es decir, se reconocen todas las cuencas cocaleras existentes. Y se dispone que en ellas todos los productores de hoja de coca sean empadronados, y que podrán producir hasta una hectárea de coca. ¿Y quién acredita? Nada menos que la propia CONPACC. 

Artículo 9º Cantidad de producción Los productores de hoja de coca distribuidos en las cuencas cocaleras a nivel nacional, debidamente acreditados por sus organizaciones sociales representativas, serán empadronados, y podrán tener como límite máximo de producción una hectárea.

Artículo 10º.- Empadronamiento de productores de hoja de coca El Ministerio de Agricultura y Riego implementará un Registro de Productores de Hoja de Coca, previa acreditación de la CONPACCP, y emitirá una cédula de reconocimiento como productor empadronado con una vigencia de 10 años.

Es decir, se formaliza toda la producción de hoja de coca. Y en la medida en que el 90% de ella se convierte en insumo de la elaboración de clorhidrato de cocaína, pues lo que se hace es legalizar la producción para el narcotráfico.

Por lo demás, una hectárea por familia podría llevar a multiplicar varias veces la producción actual. Según Rubén Vargas, expresidente ejecutivo de Devida, alrededor de 500 mil familias cultivan en mayor o menor medida hoja de coca. En teoría podríamos llegar a ¡500 mil hectáreas! Ahora estamos en unas 70 mil.

¿El presidente Pedro Castillo es consciente de lo que está promoviendo? Lampadia




¿Cuándo llegará el “momento constituyente”?

¿Cuándo llegará el “momento constituyente”?

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Lo que realmente hará la diferencia entre la gestión de Guido Bellido y la de Mirtha Vásquez, es decir, la prueba de que hayamos pasado de la confrontación social y política a una etapa colaboración entre poderes y entre sectores sociales por el desarrollo del país, es el tema de la asamblea constituyente, porque esa es la madre de todos los problemas y de todos los conflictos, como vamos a ver. Y, por supuesto, de que la inversión privada se retraiga.

Por eso es que la flamante presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, ha salido a aclarar que la asamblea constituyente “no está como una de las prioridades del Gobierno en este momento. En este momento lo que importa es abordar la pandemia y mirar cómo retornan los niños a clase lo antes posible, y sobre todo la reactivación económica”.

Es un avance, pero no es suficiente para lograr la reactivación económica. Porque el inversionista -de cualquier tamaño- se estará preguntando: ¿y cuándo es el momento? ¿En seis meses? ¿En un año? ¿En tres años? De las declaraciones de la Premier se derivan dos respuestas a cuándo sería ese momento. Una, que llegará cuando la reactivación ya se haya producido. El problema es que estamos ante una petición de principio: la reactivación de la inversión no se va a producir mientras exista esa espada de Damocles. Estaríamos ante el absurdo de que para que no haya asamblea constituyente, la economía no debe reactivarse.

Pero es un círculo perverso: si la economía no se reactiva y la situación económica y social se agrava, esto puede activar más bien el gen de la radicalización como vía política para escapar del atolladero económico y allí sí intentar movilizar a las masas para la asamblea constituyente.

La otra respuesta al cuándo es el momento, la dio de manera explícita la primera ministra. Y le puso un nombre: “el momento constituyente”, al que no hemos llegado aún.

  • “Para eso se necesita generar un proceso…, que la población sienta la necesidad de caminar hacia una reforma total o parcial de la Constitución…. Son procesos largos…”
  • Luego aclaró que “este Gobierno no lo está planteando y no lo va a plantear de hoy para mañana”,
  • para luego agregar, sin embargo, que “Incluso he escuchado muchas veces al presidente hablar sobre generar condiciones, de crear comisiones de expertos”.

Entonces, ¿el gobierno va a crear esas condiciones o no?

De hecho, venía haciéndolo. Para alcanzar el “momento constituyente”, el gobierno convertía las políticas en armas de guerra destinadas a crear un clima de demanda social por la asamblea constituyente. Eso fue el lanzamiento de la “segunda reforma agraria”, un conjunto de programas de desarrollo agrario presentados con una retórica de reivindicación y justicia social, como si se tratara efectivamente de una revolución de la tierra. El presidente Castillo llegó al extremo de inventar unos amos que ya no comerán más del sudor de la gente, para terminar ratificándose en la necesidad de una nueva Constitución, como hicieron todos los demás oradores.

La búsqueda del “momento constituyente” lleva al gobierno a dictar políticas para la guerra social y no para el desarrollo. Así, se obliga al consorcio Camisea a renegociar -no se sabe qué- bajo amenaza de expropiación. Es que lo que interesa es crear un clima de reivindicaciones sociales y cambios estructurales que exigen en última instancia una nueva Constitución porque se dice que no se podrían hacer bajo la actual. Cada una de esas medidas son los ríos que van a dar a la mar del cambio Constitucional, el gran cambio, la madre de todos los cambios.

También se ofrece y se da modificaciones en la legislación laboral que solo servirán para condenar a las mayorías irremisiblemente a la injusticia informal, pero se consigue la disposición de los favorecidos para firmar los planillones del referéndum. Lo mismo con los cocaleros del VRAEM, que seguramente ayudarán además a financiar el recojo, para lo cual el ministro Barrenzuela es funcional. Y así sucesivamente. 

El gobierno tiene que apartarse claramente del proyecto de la asamblea constituyente si quiere recuperar la confianza que permita la suma de todos los esfuerzos para la recuperación nacional. Lampadia




“2da reforma agraria”, acto político para radicalizar

“2da reforma agraria”, acto político para radicalizar

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El gobierno se radicaliza. El lanzamiento de la llamada segunda reforma agraria los juntó a todos: Castillo, Bellido, Maraví, Bermejo, con discursos cada uno más incendiario que el otro. En realidad, ese evento fue un acto político destinado a crear el clima para acelerar la marcha hacia el cierre del congreso y la instalación de la asamblea constituyente, con la finalidad de concentrar el poder y perpetuarse. Bellido atacó al Congreso y amenazó con cerrarlo, y llamó a firmar los planillones para el referéndum constitucional. El propio presidente Castillo volvió a hablar de una nueva Constitución. 

Allí también se terminó de instalar la fábrica de enemigos del pueblo. Abundaron los ataques no solo al Congreso, sino también a los medios, a los grupos de poder, a Keiko Fujimori…, todos confabulados contra el pueblo, sea oponiéndose a la asamblea constituyente, sea subiendo los precios, sea explotando o “ninguneando” a los agricultores.

La pulsión creadora de enemigos llegó a niveles de delirio cuando el presidente Castillo resucitó a fantasmas que habían muerto hace más de 45 años: “Acabemos con los patrones y los hacendados porque ellos ya no comerán del sudor de los pobres y los campesinos”. Se trata de infundir una épica revolucionaria a como dé lugar. 

La tesis del Presidente es que luego de la reforma agraria la explotación y la desigualdad se han vuelto a instalar en el campo. “Basta de lastimar al campesino…. Luego de la primera reforma agraria hemos vuelto a ser ninguneados los agricultores… Luego de haber pasado más de 50 años, al fin el Perú se pone de pie para acabar con la explotación y la desigualdad sobre la que se sostiene el agro”.

La verdad es que la reforma agraria de Velasco -más allá de responder a una demanda histórica- fue tan mal ejecutada que empobreció el agro nacional, y más bien este se ha recuperado aceleradamente en las últimas tres décadas. Sobre todo el andino. Es cierto que en las últimas dos décadas el ministerio de agricultura no ha cumplido su función de apoyo técnico a la agricultura familiar andina, pero en los 90 sí tuvimos agencias estatales eficientes como Pronamach, Foncodes y Provias Rural que impulsaron la integración al mercado y la producción campesina.

Y por eso es que, como demostró Richard Webb en su libro “Conexión y Despegue Rural”, los ingresos rurales crecieron a partir de los 90 proporcionalmente más que los ingresos de los sectores urbanos. Por supuesto, la distancia respecto de los sectores urbanos avanzados sigue siendo grande, pero los campesinos peruanos han mejorado su posición relativa en la sociedad como nunca antes en la historia. En el siguiente gráfico podemos ver cómo de tener un ingreso per cápita estancado a lo largo de cien años, este creció a 7.2% por año en promedio a partir de 1994.

Por eso es que la pobreza se redujo sustancialmente en los últimos 30 años y los niveles de desnutrición infantil se redujeron también significativamente. No solo eso. La verdad es que la famosa primera reforma agraria, sumada a las políticas económicas de los 70 y 80, empobreció a los campesinos andinos y costeños. Esas políticas les despojaron de su mercado. Con la finalidad de mejorar la alimentación popular, los gobiernos subsidiaron los alimentos importados que ya venían subsidiados en sus países de origen. Entonces, por ejemplo, el fideo artificialmente barato desplazó a la papa -que es el producto emblemático del campesino andino- y el consumo per cápita de papa bajó, para recuperarse a partir de los 90 con el cambio del modelo económico, como podemos ver en el siguiente gráfico:

Con la producción lechera ha ocurrido lo mismo. Por supuesto que el Estado podría ayudar a difundir aun mas las tecnologías que multipliquen la productividad de las familias andinas, tales como micro reservorios familiares, riego por aspersión, pastos cultivados y otras. Esto es algo que ya ha venido ocurriendo, de manera espontánea, impulsada, entre otros, por el programa de Sierra Productiva, que nunca ha recibido -es cierto- el apoyo del ministerio de Agricultura. Esperemos que ahora sí ocurra.

Como en otros terrenos, el modelo económico, contenido en la Constitución del 93, ha reivindicado al campesino andino y le ha permitido recuperar su mercado interno. Quien ha fallado es el Estado, sobre todo en lo relativo a los servicios agrícolas y a los de educación y salud. Esa es la revolución que el gobierno debe abordar. Si regresamos al modelo proteccionista y estatista de los 70 y 80, la producción campesina volverá a caer. Cambiemos el Estado, no la Constitución. Lampadia




Todos los recursos legales para defender la democracia

Todos los recursos legales para defender la democracia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

En Estados Unidos el presidente Pedro Castillo llamó a los grandes empresarios a que vayan a invertir al Perú, pero al mismo tiempo insistió en dos ocasiones en una nueva Constitución.

En la OEA dijo que “los pueblos tienen que auto-convocarse y ser convocados también por las autoridades para estructurar…constituciones que estén a la altura de los tiempos”. Y en las Naciones Unidas explicó que “se trata de construir un nuevo pacto social en el Perú, un nuevo contrato social que asegure la gobernabilidad democrática con paz y cohesión social, y que logre reducir drásticamente la pobreza y eliminar la pobreza extrema…”.

¿El presidente Castillo no se da cuenta de la contradicción? ¿O su invitación a invertir es de la boca para afuera? Es imposible que no se percate. Se lo han dicho los propios empresarios peruanos que viajaron con él y se lo dicen en los medios todos los días. El propio Francke debe habérselo señalado porque le aseguró a Aldo Defilippi, presidente de Amcham, que no está en la agenda del gobierno promover una asamblea constituyente.

Pero si el Presidente insiste en el tema es que su programa no es recuperar la economía y crecer a tasas altas y generar empleo, sino la captura total del poder y de la perpetuación en él. Es el programa bolivariano. Porque las razones que da para una nueva Constitución no se sostienen. Pide un “nuevo contrato social que logre reducir drásticamente la pobreza…”, cuando eso es justamente lo que ocurrió con la Constitución de 1993: no hay país de América Latina que haya reducido tan abruptamente la pobreza como el Perú haya antes de la pandemia: de 60% a 20%. Nuestra constitución es la campeona de América Latina en velocidad de reducción de la pobreza. La venezolana, en cambio, ha producido 96% de pobres. ¿Eso buscamos? Y si queremos reducirla aún más rápido, lo que tenemos que hacer es profundizar la economía de mercado, remozar el modelo, repotenciarlo.

El otro gran argumento es que “la salud no sea un servicio, sino que se convierta en un derecho constitucional”. Cuando es exactamente al revés. En la Constitución del 93 la salud es un derecho. El problema es que no es un servicio eficiente. Para que el derecho sea efectivo hay que reformar el servicio. Lo que hay que cambiar es el Estado, la gestión pública, no la Constitución. La palabra no hace la realidad.

Se trata de juegos de ilusión para engañar a la población y apoderarse del Estado. No podemos permitirlo. Si queda claro que el presidente y su partido no van a cejar en ese empeño, no queda sino desplegar todos los recursos legales para impedirlo. Perú Libre ha intensificado una campaña de recojo de firmas que ahora recibe el apoyo desembozado del Premier Bellido y de la vicepresidenta Dina Boluarte. Es una guerra declarada.

Con el agravante de que el referéndum para convocar directamente a una asamblea constituyente, sin pasar por el Congreso, no es constitucional. El artículo 206 de la Constitución es muy claro y el referéndum mencionado en el artículo 32 se refiere evidentemente al referéndum señalado en el 206, como la segunda etapa de la aprobación de una reforma constitucional luego de que ha sido aprobada en primera votación por el congreso. No cabe un referéndum directo sin pasar antes por el Congreso.

Por eso es inaudito que la ONPE haya vendido planillones a Perú Libre para un referéndum sobre este asunto. Debería interponerse acciones legales contra esa decisión, acaso una demanda competencial porque evidentemente la ONPE ha invadido una competencia exclusiva del Congreso.

Si Perú Libre llegara a recoger el número de firmas válidas requerido, tendrá que ser el Jurado Nacional de Elecciones quien determine que tal vía no es válida. Al respecto, la ley 26300, ley de participación ciudadana, como no puede ser de otra manera, establece claramente lo siguiente:

Artículo 39.- Procede el referéndum en los siguientes casos:

  1. La reforma total o parcial de la Constitución, de acuerdo al Artículo 206 de la misma.
  2. ….

¿Y qué dice el artículo 206 de la Constitución?:

Artículo 206°. – Toda reforma constitucional debe ser aprobada por el
Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros, y
ratificada mediante referéndum. Puede omitirse el referéndum cuando el
acuerdo del Congreso se obtiene en dos legislaturas ordinarias sucesivas
con una votación favorable, en cada caso, superior a los dos tercios del
número legal de congresistas.

Es decir, procede el referéndum luego de que el congreso ha aprobado la reforma constitucional en una primera votación. No hay otro referéndum. Pero, para que el JNE no tenga escape alguno, debería aprobarse una ley que precise que, si le llega un pedido de referéndum directo, debe rechazarlo.

La democracia tiene que defenderse. Lampadia




Las narrativas que le dan vida aun a Sendero

Las narrativas que le dan vida aun a Sendero

Jaime de Althaus
Para Lampadia

La muerte de Abimael Guzmán debería servirnos para revisar los mitos y narrativas que se han construido en torno al terrorismo en el Perú, y que han impedido que la victoria sobre el senderismo haya sido total.

El primer mito es el que postula que la causa facilitadora del terrorismo fue la pobreza, la explotación. Lo dijo el sábado ministro de Justicia Aníbal Torres y Vladimir Cerrón lo puso así en un tuit:

“Muerte de Abimael Guzmán debe reflexionar al país si las causales del terrorismo subversivo y de estado, han desaparecido, menguado o se mantienen. Mientras existan grupos humanos privilegiados y otros explotados, la violencia encontrará tierra fértil”

La causa del ataque terrorista al Perú, que dejó decenas de miles de muertos, no fue la pobreza ni la desigualdad, sino de la ideología marxista-leninista-maoísta que predica la lucha de clases y la conquista del poder por medio de la lucha armada conducida por la vanguardia del pueblo que es el partido. En este caso, el Partido Comunista del Perú – Sendero Luminoso (PCP-SL). Una ideología que generó una maquinaria de guerra y de muerte para tomar el poder.

Por eso la mayor cantidad de víctimas de Sendero fueron campesinos pobres -algo diabólicamente necesario para construir bases de apoyo-, y no hacendados que ya no existían luego de la reforma agraria, y lo que facilitó su avance fue el desmantelamiento del Estado local basado en el orden señorial, sin que fuera reemplazado por un Estado moderno.

Los campesinos nunca se sumaron voluntariamente a las huestes de Sendero Luminoso. Fueron sometidos por la fuerza y a punta de asesinar a sus autoridades. Por eso la victoria final sobre Sendero se produjo cuando por fin pudieron liberarse de ese yugo gracias al apoyo en armas que empezaron a recibir a partir de 1990.

Los dirigentes de Sendero no eran indígenas. Eran blancos (algunos, como Abimael Guzmán, costeños) o “mistis” cuyos padres, en algunos casos, habían perdido sus haciendas o fundos con la reforma agraria. Ellos, más bien, replicaron con la base campesina, de una manera perversa y asesina, el mismo tipo feudal de relación heredado de sus padres y abuelos, e instrumentaron al campesinado como carne de cañón.

La estrategia victoriosa

El Perú, en cambio, sólo pudo derrotar a Sendero precisamente cuando superó la tara colonial y consideró a los comuneros como iguales, cuando el Estado decidió aliarse en lugar de enfrentarse a los campesinos, dándoles armas y ayuda cívica. A partir de ese momento fueron los propios ronderos quienes señalaron y derrotaron a los terroristas.

El otro componente fue el fortalecimiento de la inteligencia policial para capturar a las cúpulas y jueces militares y sin rostro para juzgar a terroristas en lugar de ejecutarlos extrajudicialmente, como ocurría en los 80. La detención de Abimael Guzmán fue la mayor prueba de esto.

Entonces lo que derrotó a Sendero fue una estrategia inteligente y esencialmente respetuosa de los derechos humanos basada en una alianza con el campesinado, en inteligencia policial y en justicia eficaz. El conductor de esa estrategia, sin embargo, terminó en la cárcel con una condena de 25 años sin pruebas por violación de los derechos humanos. Esto debido a la acción criminal del grupo Colina, que fue un elemento extrínseco a la estrategia general (pues lo que derrotó a Sendero no fueron los asesinatos del grupo Colina, si no la captura de las cúpulas, su enjuiciamiento y la alianza con las comunidades).  

El Perú no la ha convertido en orgullo nacional

Por esa razón el Perú no ha podido capitalizar en orgullo nacional esta estrategia inteligente, victoriosa y desarrollada en lo posible dentro del marco jurídico. Algo que ningún país de América Latina había logrado. La reacción que generó la opresión política al final del fujimorato para buscar la perpetuación en el poder, determinó que se persiguiera al fujimorismo y al propio Fujimori por los delitos cometidos por el grupo Colina, centrando la atención pública y la narrativa social en las violaciones de los derechos humanos -que habían sido atrozmente mucho mayores en los 80-, soslayando los méritos de la estrategia victoriosa.

Por eso -repito- el Perú no ha podido capitalizar como una gran realización nacional la victoria inteligente y ejemplar sobre el mas sanguinario de los terrorismos latinoamericanos. No solo eso: el ataque terrorista al Perú se convirtió incluso en los textos escolares en “conflicto armado” o “guerra interna”, como si Estado y Sendero hubiese sido dos fuerzas ontológicamente equivalentes, legitimando implícitamente en esa medida el accionar senderista y emerretista. En varios libros de colegio la cantidad de palabras dedicada a reseñar las violaciones de los derechos humanos cometidos por las fuerzas armadas era mayor que la dedicada a las violaciones de Sendero Luminoso o el MRTA.

Por eso es que la extraordinaria victoria campesina, militar, policial y judicial sobre Sendero no se ha convertido del todo en una victoria política e ideológica, y hoy vemos a sendero reencarnado en el Movadef y, aunque con engaños, encaramado en posiciones gubernamentales.

Campesinos como víctimas y no como ciudadanos salvadores

Un efecto derivado de aquella narrativa es que tampoco el Perú haya podido capitalizar la incorporación ciudadana de los campesinos andinos a la república.  Desde el momento en que se convirtieron en aliados horizontales de la fuerza armada y del Estado peruano, se sintieron, en efecto, ciudadanos ya no sólo de su comunidad, sino del país, y vencieron a los terroristas. Jugaron un papel nacional, como lo habían hecho en la campaña de la Breña junto a Cáceres, contra los chilenos, la única campaña en la guerra del Pacífico en la que nuestro país obtuvo victorias y puso en jaque a los chilenos.

Para vencer a Sendero fue necesario -repetimos- superar la distancia étnica y soldar la fractura colonial. Esa alianza horizontal y victoriosa entre el Estado criollo y los comuneros andinos redimió, en cierto sentido, la historia, y redimió las matanzas y los horrores de la década anterior, que parecían confirmar la entraña feudal, colonial y racista del Estado criollo peruano. Y convirtió en ciudadanos -del Estado Peruano, salvado por ellos- a los campesinos, por lo menos en ese momento. Lamentablemente el país no pudo consolidar esa conquista en un reconocimiento permanente pues, sobre todo a partir de la Comisión de la Verdad, se impuso la narrativa paternalista de los campesinos como víctimas en lugar de ciudadanos-vencedores y salvadores del país.

Todavía hay mucho por hacer para terminar con el legado de Abimael Guzmán. Lampadia




APP entrega apoyo a cambio de nada

APP entrega apoyo a cambio de nada

Eliminar la incertidumbre generaría mucho más empleo que los bonos, a costo cero

Jaime de Althaus
Para Lampadia

¿Cuál fue el propósito del breve mensaje a la nación del Presidente de la República del día lunes? Fueron dos.

  • El primero, tratar de llenar el vacío de liderazgo que le caracteriza, recordándole al país que él existe y gobierna. Por eso, comenzó su alocución asegurando que tiene un rumbo: “tenemos los objetivos y las metas claras… En los próximos días cada sector del gobierno presentará el detalle calendarizado de sus prioridades… Con ello se confirmará que tenemos un rumbo definido…”.
  • El segundo propósito, el más importante, fue aparecer como el gran dador, el padre providente, evidentemente para contener la caída en su popularidad. Anunció que el 13 de setiembre se inicia la distribución de 350 soles a 14 millones de personas a un costo de 5 mil millones de soles. En las circunstancias actuales, esta es una medida populista o clientelista. Como bien señaló el ex ministro de Economía Waldo Mendoza el 30 de abril, ya no se necesita repartir bonos porque “ya no tenemos cuarentena completa”, y porque no tienen efecto duradero.

Quizá por eso el presidente Castillo justificó la medida con otra razón: como un medio para reactivar la economía. Dijo que la distribución de los bonos generará 40 mil empleos, algo que solo sería acaso posible si se repitiera ese reparto cada mes o cada dos semanas. De lo contrario el efecto desaparece.

En realidad, bastaría con que el Presidente suprima las causas de la incertidumbre política reinante para que se reanude la inversión privada y se genere, por esa vía mucho más que 40 mil empleos, y sin que le cueste un centavo al erario público. Para ello, basta con que anuncie que no apoya el proyecto de una asamblea constituyente y conforme un gabinete más calificado y menos radical, sacando a todos los ministros filo senderistas y a los incompetentes. Eso, como decimos, cuesta cero soles. 

Sobre esa base el Presidente podría establecer acuerdos de gobernabilidad con las bancadas de centro y centro izquierda, neutralizando así la amenaza de vacancia a la que se sumaría Perú Libre si se sintiera traicionado por el eventual giro político de Castillo hacia una posición más moderada y menos confrontacional.

El problema es que César Acuña y Eduardo Salhuana de APP se reunieron ayer con Castillo para prácticamente regalar su apoyo. Es cierto que pidieron el cambio de los ministros intolerables y, según Eduardo Salhuana, le advirtieron al Presidente que la iniciativa de la asamblea constituyente afecta a su gobierno y lo desestabiliza, pero no condicionaron el apoyo a una reconsideración sustancial en esos temas. No tiene sentido ofrecer apoyo si no es a cambio de que abandone esos proyectos y juntas. Lo que está haciendo APP es apoyar un gobierno que quiere instalar una asamblea constituyente -que ya sabemos para qué sirve- y que tiene dentro elementos derivados del senderismo. APP no está defendiendo a la sociedad con esa conducta. Nos está entregando.

Se trata de suprimir la incertidumbre para retomar la tranquilidad y el crecimiento. Pues la verdadera razón del gobierno para repartir bonos es paliar el alza de precios o la falta de empleo generados por esa misma incertidumbre y generar así una base social clientelista y agradecida al gobierno. Como hemos señalado, es el mismo perverso mecanismo que usaron Chávez y Maduro: empobrecer el país para generar una masa dependiente de las dádivas del gobierno.

El Congreso no puede entregarse tan fácilmente. Porque entrega a la sociedad toda. Lampadia




El gobierno confirma su línea confrontacional

El gobierno confirma su línea confrontacional

Jaime de Althaus
Para Lampadia

En el gobierno hay aparentemente dos líneas, una radical y confrontacional, y otra más moderada, pero los últimos acontecimientos indican que se está imponiendo la corriente confrontacional, impulsada por la competencia entre Castillo y Cerrón. En efecto:

  • El premier Guido Bellido terminó su respuesta final en el Congreso pidiendo voto de investidura para cambiar la Constitución, luego de un feroz ataque a la Carta Magna del 93. Esto fue lo que dijo Bellido: “La Constitución de 1993, en 20 años, no sólo no ha solucionado la situación de marginación de las mayorías, sino la ha profundizado… Este sistema político y social terminará de todas maneras… Nosotros queremos realizar este cambio en democracia y paz. Buscamos el voto de investidura con este fin”.
  • El   presidente   Castillo   sostiene   al   ministro   Maraví  (vinculado   al senderismo) con argumentos populistas y radicales.
  • Hay diferencias entre Castillo y Cerrón, pero son de poder, no de radicalismo.  Sin embargo, contradictoriamente, en un momento de lucidez política Castillo habría querido formar un gabinete más conciliador, quizá con Francisco Eguiguren a la cabeza, y Cerrón, como sabemos, lo impidió. Castillo quisiera autonomizarse de Perú Libre y para eso está alentando, a falta de uno, dos partidos. Pero uno de ellos está vinculado nada menos que al ex Conare Movadef.

Es claro que el gobierno mantiene su programa maximalista y está buscando una confrontación con el Congreso, para terminar cerrándolo. El Premier Bellido amenazó con plantear cuestiones de confianza si se intenta censurar ministros, dejando al Congreso relativamente desarmado. Y el presidente Castillo, apelando al clásico juego populista del ataque al Congreso, fustigó a los parlamentarios que piden la salida del indefendible Maraví:

“Invito a estos señores que están pregonando tantas cosas y tildando a los ministros de tal cosa, vamos a debatir allá, al mismo corazón del Vraem. A los congresistas, vamos al Vraem a debatir sobre la gran crisis y problemas que tiene el país.“Vamos sin zapatos, señores. Vamos a conversar allá. Salgan de sus pupitres, salgan de esos espacios cerrados”.

Por eso la cuestión de confianza otorgada al gabinete, pese al rechazo que suscita por razones principistas, tuvo sentido estratégico. Ahora es importante que el Congreso se blinde a la brevedad contra eventuales cuestiones de confianza planteadas por reformas constitucionales, mediante la ley interpretativa que está elaborando la comisión de Constitución.

La persistencia del gobierno en la línea confrontacional y radical, destructora del país, deberá llevar al Congreso a considerar la vacancia presidencial. Para que ello sea viable, sin embargo, la popularidad presidencial deberá descender aún más en las regiones a las que pertenecen los parlamentarios. Para prevenir esa caída, probablemente veremos a Castillo exacerbando su populismo contra los políticos y congresistas y también contra los monopolios, acusándolos de ser los responsables del alza de los precios -cuando la causa es la incertidumbre generada por el gobierno.

Incluso la moderada política económica de Francke le ayudará, cuando los bonos y recursos que se repartan para paliar el alza de los precios generada por el propio gobierno generen el agradecimiento de la población beneficiaria. Un populismo perverso que genera incertidumbre para repartir dinero y levantar popularidad.

Pero si el Congreso ha quedado relativamente desarmado, como decíamos, el contrapeso está ahora más en manos del sistema judicial y la prensa, que mantienen aún su independencia y su firmeza denunciando los antecedentes delincuenciales y filo terroristas de algunos de los miembros del gobierno y del partido. Las Fuerzas Armadas, por su parte, han logrado defender hasta ahora su institucionalidad e incluso jugaron un papel en la salida de Béjar, pero la Policía es un terreno de disputa con resultado incierto, donde los intentos de impedir investigaciones a personajes del gobierno y de Perú Libre y de tomar las unidades de investigación, encuentran a un comandante general dócil.

En este contexto, un factor clave han de ser las movilizaciones ciudadanas, que deberían calentarse luego de la inaudita defensa presidencial a un ministro claramente vinculado al senderismo y de una decisión confrontacional a ultranza que puede llevar al país al despeñadero. Lampadia




No son los “monopolios”, sino la incertidumbre

No son los “monopolios”, sino la incertidumbre

Jaime de Althaus
Para
Lampadia

Solo estábamos esperando el momento en que se produjera, hasta que ocurrió:  el presidente Pedro Castillo acusó a los “monopolios” de ser los culpables del alza de precios. Era lo que hacía Maduro en Venezuela cuando le enrostraba a la “oligarquía” ser la causante de la inflación. A propósito del alza del precio del pan, del aceite, del pollo y de otros productos básicos, Castillo lanzó la siguiente admonición: “no vamos a permitir que por situaciones políticas, los monopolios hagan lo que quieran”.

Pero el propio Presidente indicó, sin quererlo, la causa del alza: esas “situaciones políticas”, que no son otra cosa que la incertidumbre e inestabilidad políticas generada por el gobierno bifronte Castillo-Cerrón, causa eficiente y directa del alza del dólar, que a su vez encarece los alimentos y otros productos que tienen componentes importados. 

Como si no supiéramos perfectamente eso, ya antes el primer ministro Guido Bellido había informado que al interior del Consejo de Ministros se había conformado una comisión para analizar el alza del dólar y el aumento de precios de algunos productos de primera necesidad, como el aceite, pollo, balón de gas, entre otros. Pero perdería su tiempo esa comisión mirando hacia afuera: tendría que mirar hacia adentro para encontrar la respuesta. Pedro Francke tuvo que aclarar luego que el Gobierno no evalúa establecer una política de control de precios.

Pero Francke no se escapa tampoco de estas falacias populistas. Ha promovido y aprobado la distribución de un bono de 350 soles para cerca de 14 millones de personas, a un costo superior a 5 mil millones de soles, precisamente para compensar el alza de los precios en los presupuestos familiares. Lo más sencillo sería suprimir la causa de esa alza, eliminando las condiciones que generan incertidumbre respecto del futuro político y económico del país. Eso costaría cero soles, y más bien generaría muchos ingresos.

Y la manera de eliminar o reducir la incertidumbre es rompiendo con Cerrón y ofreciéndole al país un gabinete moderado y capacitado. Antes de la presentación del gabinete al Congreso. De lo contrario seguiremos arrastrando esta espada de Damocles sobre el país que mantiene en la parálisis a todos los agentes económicos, destruyendo cualquier programa de recuperación.

Y empezaríamos a sospechar entonces que hemos ingresado a un modelo perverso por el cual se genera incertidumbre para distribuir bonos por medio de los cuales se conquista popularidad y se genera una base social clientelista, dependiente y agradecida, utilizable para otros fines. Generar inestabilidad para producir popularidad por medio de dádivas es el mecanismo propio de la dictadura venezolana. No se puede permitir.