¿Cuándo perdimos nuestro derecho a la privacidad?

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

En la primera quincena de diciembre 2020, escribí el artículo: “¿Estamos seguros en el Perú?”. En él me refería al atrevimiento de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, de solicitarle a la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), un archivo “espejo” de toda la información que el sistema financiero le proporciona a ésta, así como de toda la comunicación sensible, manejada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). El punto es que, el Estado está infiltrado de delincuentes, en todos los poderes, a nivel de gobierno nacional y gobiernos sub-nacionales.

Ahora, mediante nuevo reglamento del MEF, se ordena a los bancos, la entrega mensual de los movimientos bancarios; saldos, ingresos y egresos, de al menos 1.7 millones de ciudadanos, aquellos que son formales, manejan sus operaciones de forma bancarizada y, además, por eso, se les cobra el ITF, con el único objetivo que la SUNAT pueda contar con la información de ingresos y egresos que tanto requiere para contrastar con las declaraciones juradas de ingresos y rentas. Creo que, en primera instancia, el Estado debe explicar qué pasó con la información proporcionada por el ITF, y de otro lado, de insistir con este requerimiento de información a la banca, cuando menos derogar el ITF, pues ya no le sirve de nada.

Con este nuevo pedido de información, aunque redundante, si lo que buscan es conocer los volúmenes de ingresos y egresos de los contribuyentes, la SUNAT quiere conocer también, cuál es tu patrón de gastos, a quién le pagas, a quien le compras, si apoyas económicamente a tus hijos, familiares y allegados o si eres ese mes, el gestor de un pandero. En esencia, estos 1.7 millones de ciudadanos, somos los nuevos rehenes del fisco, estaremos “bajo la lupa” del “gran hermano” y tendremos que estar dando explicaciones, de manera detallada y mensual, de cualquier movimiento de dinero que pueda no ser renta, pero que a ojos de SUNAT, debemos explicar de forma documentada.

Ya se ha repetido que, en el Perú, más del 70% y hoy cerca del 80% de la actividad económica es informal, pero lo cierto es, que de los cerca de 18 millones de ciudadanos que conforman la PEA (población económicamente activa), alrededor del 10% está bancarizado (1.7 millones) y sujeto a este nuevo escrutinio. Estos ciudadanos, hemos pasado nuevamente, a ser un grupo discriminado y sujeto al espionaje del que la gran mayoría (alrededor de 90%) está libre. En este punto, si alguien había previsto bancarizar sus actividades económicas, de seguro reevaluará sus opciones y diferirá su decisión.

Aquí surgen varias preguntas, como, por ejemplo; ¿Por qué quiere saber el Estado a quién compro y, en consecuencia, mi patrón de consumo? Si lo que el fisco requiere verificar son todos mis ingresos, ¿Por qué requieren conocer todos mis gastos? ¿Por qué tiene que saber si gasto, invierto o regalo mi dinero? ¿Alguien quiere desarrollar nuestra biografía económica? ¿Por qué debemos confiar en funcionarios de la SUNAT, que en su momento fueron capaces de filtrar información financiera de personas que tenían “RUC sensible”? Seguro algunos recordarán que la Declaración Jurada de impuestos de Vladimiro Montesinos, en su momento de mayor control del SIN, fue publicada por la prensa, con lo que se demuestra, que no es un tema de seguridad de los sistemas de información, sino de confiabilidad de los funcionarios.

Al escribir el artículo antes mencionado, no imaginaba que el lumpen que ha infiltrado al Estado, iba a tener la dicha de contar, como los de “Piedras Gordas”, con una base de datos depurada y de primera mano, para identificar a sus potenciales víctimas de secuestro y/o extorsión. ¿Quién garantiza nuestra seguridad y la de nuestras familias, de ahora en adelante? ¿Con qué derecho, unos funcionarios del MEF, pueden ir contra la Constitución y el pronunciamiento del Tribunal Constitucional?

Me temo que ahora sí se han excedido, puesto que esa información se debe abrir a la autoridad, sólo por mandato judicial (también por pedido del Fiscal de la Nación y Comisión Investigadora del Congreso), pero siempre que sea información relevante para un proceso de investigación de algún delito. No es correcto que, en un país como el Perú, con tantos casos comprobados de delincuencia infiltrada en los distintos estamentos del Estado, se permita disponer, como cosa de rutina, de información tan delicada y personal. Esa información, es parte de la intimidad financiera de los ciudadanos, que nadie debe violar, mucho menos, ser manejada y manipulada por “sabe Dios quién”, ni con qué potenciales intereses subordinados.

Siempre se repite, que el Perú es un país de discriminadores y muchos creen que es un tema étnico, socio-económico o de origen geográfico (de costa, sierra o selva), pero lo cierto es que el propio Estado es el que crea, a cada paso, condiciones que dividen y separan a los ciudadanos, que les trae obligaciones y derechos diferentes. Para unos cuantos de la Lima moderna, se imponen reglas de altos estándares, para los demás, hasta “toma de carreteras” sin consecuencia alguna. Si queremos incorporar más ciudadanos a la base de contribuyentes, desarrollemos legislación tributaria más sencilla y fácil de cumplir, eliminemos el vicio de las amnistías tributarias, nacionales y municipales. Dejemos de premiar por esa vía a los que incumplen sus obligaciones.

En esa línea, el gran cuento es que, esta disposición es una recomendación de los países de la OCDE, pero para los soñadores, los países miembros de la OCDE, no tienen el nivel de “economía subterránea” que tiene el Perú (80%), ni su Estado está infiltrado de delincuencia como el nuestro. Igualmente, el contribuyente de países OCDE, ve plasmado el pago de los impuestos que realiza en beneficios al ciudadano, vía; servicios de salud, justicia, educación, seguridad e infraestructura. En nuestro país, en cambio, se exige más recaudación a los mismos de siempre, el Estado gasta o invierte mucho menos de lo que debiera y lo que gasta lo gasta mal y con gran merma por corrupción. Lampadia