Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 6 de marzo de 2020
Para Lampadia

Si tuviéramos un Estado honesto y eficiente el tema sería debatible. Pero no. Nuestro Estado es todo lo contrario. Nuestro Estado es inoperante, abusivo, corrupto, ineficiente… y todo lo demás.

En realidad, hay muy pocos Estados honestos y eficientes en el mundo. Suecia, Noruega y Finlandia – quizás – sean algunos de ellos. Pero no hay muchos más. En términos generales, los Estados – en todo el mundo – son una carga muy pesada para sus conciudadanos.

Ergo… los peruanos deberíamos preguntarnos ¿para qué tributamos? ¿Para que algunos sinvergüenzas se roben nuestra plata? O – en el mejor de los casos – ¿para que la malgasten en obras sobrevaluadas? ¿O en elefantes blancos que no sirven para nada? ¿O para que nos atiborren de trámites que no tienen razón de ser… previas coimas de por medio?

Milton Friedman (Premio Nobel de Economía – 1976) decía: “Estoy a favor de reducir impuestos bajo cualquier circunstancia, por cualquier excusa, por cualquier razón, en cualquier momento en que sea posible” ¡Y eso que se refería al Estado Norteamericano! Y argumentaba: “Los grandes avances de la civilización, ya sean en arquitectura o pintura, en ciencias o literatura, jamás han venido de un Gobierno Central”.

Entonces… parafraseando al célebre Nobel podríamos decir: Los grandes logros peruanos en agroindustria, minería y energía, turismo y comercio, innovación y creatividad, arte y deporte, etc. jamás han venido del Estado. Todo ha sido esfuerzo privado. Mejor dicho… todo ha sido esfuerzo ciudadano.

Pues bien, eso que es real y objetivo, pareciera que no ha calado en la clase política de nuestro país. Tanto que la política tributaria ha devenido en un tema tabú para muchos políticos. Nadie toca el tema. Y si lo tocan, es para proponer aumentar los tributos… en vez de reducirlos. O sea, para quitarle más recursos a la población, y dárselos al Estado. ¡Están locos!

La riqueza de un país – digamos… el dinero – genera muchísimo más bienestar cuando está en manos de la ciudadanía, que cuando está en manos del Estado. ¿O no? Por eso preguntémonos ¿para qué aumentar los tributos?

Al contrario. Lo mejor – en nuestro caso – sería reducir la burocracia estatal inoperante y corrupta. Y traducir una parte de ese ahorro burocrático en rebajas tributarias para beneficio de la población. Conste que me refiero a la burocracia inoperante y corrupta… y no a la buena burocracia que – ciertamente – debe merecer nuestro aprecio y gratitud.

Entonces… ¡vamos! Bajemos el Impuesto General a las Ventas (IGV). Bajemos el Impuesto a la Renta (IR) a las empresas que generan empleos. Incluso, eliminemos los demás tributos que no recaudan casi nada. Bajemos los sobrecostos y cargas laborales. Bajemos los impuestos y tasas municipales y judiciales. ¡El Estado peruano es un pésimo administrador de nuestra riqueza!

Dicho sea de paso, la riqueza de nuestro país es una. Y crece o decrece – en el tiempo – de acuerdo al devenir de nuestra economía. Nuestra riqueza está distribuida entre el Estado y la ciudadanía. Entonces, en vez de agrandar el Estado en desmedro de la ciudadanía, lo sensato sería que la riqueza quede más en manos de la ciudadanía, y menos en manos del Estado.

A menor tributación… mayor bienestar ciudadano. Muchos políticos dirán lo contrario. Pero ¡así es la nuez! Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Bastó que el régimen laboral agrario de la ley 27360 fuera exitoso, para que se convirtiera en un blanco de ataques. Nuestra consabida pulsión tanática no se pudo resistir. No soportamos lo que funciona bien, porque sus virtudes nos pueden alcanzar, sobre todo si pertenecemos al segmento exclusivo protegido por la costosa regulación común. Que un régimen flexible y menos oneroso generara rápidamente mucho empleo formal, era un mal ejemplo. Sus logros espectaculares eran un cuestionamiento directo al oneroso y sacrosanto régimen general. Había que igualarlo en lo posible a ese régimen, para quitarle amenaza. Es lo que está haciendo, en lo que se refiere a los beneficios sociales, el dictamen aprobado en la Comisión Agraria del Congreso, que eleva los costos no salariales del trabajo equiparándolos a los del régimen común.

En efecto, el dictamen aprobado aumenta la remuneración básica diaria en 8%, aumenta la indemnización por despido de 15 a 45 días por cada año completo de servicios con un máximo de trescientas sesenta remuneraciones diarias, pasa las vacaciones de 15 a 30 días por año, e incremente el aporte del empleador a Essalud de 4% a 6%. Es decir, salvo por el pago a Essalud, que todavía está debajo del 9%, en lo demás los beneficios sociales son tan elevados como en el régimen general.

Perjudica a pequeños y medianos

El problema de esto es el mismo que con el régimen general: los costos no salariales del trabajo son tan caros que resultan excluyentes, salvo para la gran empresa, que puede pagarlos. Justamente en el siguiente cuadro, que aparece en el propio dictamen aprobado, vemos que el 61% de las empresas acogidas a la ley 27360 (régimen laboral especial) tienen entre 1 y 10 trabajadores y el 79% tiene entre 1 y 50 trabajadores. Esto significa que el régimen modificado, más costoso, va a perjudicar, si se aprueba, a una gran proporción de las empresas acogidas a él. Muchas quizá tengan que re-informalizar a sus trabajadores.

Aunque es cierto que la mayor parte de los trabajadores (339,176 de 382,094 según un cuadro de la Sunat publicado en el dictamen) labora en empresas agroexportadoras grandes, de modo que su situación probablemente no variará, de todas maneras la ley, si se aprueba, puede afectar a los 43 mil que están en empresas pequeñas o medianas y de hecho pone una valla difícil de saltar para todas aquellas empresas pequeñas o medianas que quieran formalizarse. El mismo problema de siempre.

Subir IR en lugar de encarecer formalidad laboral

Menos mal que el dictamen mantiene el concepto del pago diario en el que se incluyen los distintos beneficios, que es clave para poder llevar adelante la actividad. Mantiene también el impuesto a la renta (IR) de solo 15% de las utilidades. En verdad, debería ser al revés: desde el punto de vista estructural –tanto de la formalización de la mano de obra como de la necesidad de incrementar los ingresos fiscales-, mucho más lógico hubiese sido subir en alguna medida el impuesto a la renta –no al 30% pero si cuando menos al promedio global que está alrededor del 23%-, en lugar de encarecer la formalidad laboral. Tendríamos más ingresos fiscales y también más formalidad laboral: dos áreas en las que tenemos déficits estructurales. 

Extenderlo a la industria ligera

Pues, además, al haber el dictamen optado por equiparar los beneficios con el régimen general, pierde mucho de su sentido la posibilidad interesante de extender este régimen a otros sectores nacientes o a aquellos vulnerables que afrontan competencia externa desleal. En efecto, si el régimen, tal como estaba, había resultado muy efectivo para formalizar el trabajo en el sector rural agroexportador, la idea no era anular algunas de sus ventajas como se haría al encarecerlo, sino, por el contrario, extenderlo al sector forestal, a la acuicultura y también –algo que no se ha planteado pero que sería necesario- a la industria ligera y sensible que genera mucho empleo y compite con importaciones del exterior que muchas veces viene con precios irrealmente bajos y frente a las cuales las medidas antidumping no son lo suficientemente rápidas ni eficaces. Esa industria necesita un régimen como el de la ley 27360.

Permanente

Por último, algo que tampoco se entiende es por qué en el dictamen, si ya los beneficios sociales son iguales a los del régimen general, se prorroga el régimen especial por diez años en lugar de convertirlo en permanente. El concepto del pago diario con los beneficios incluidos es la clave de su éxito, medido en términos de expansión de la actividad y del empleo formal. Es consustancial al tipo de actividad. Por lo tanto, no tiene un carácter promocional temporal. Es indispensable para el mantenimiento y crecimiento del sector. Debe ser permanente.

El sentido común indica que si algo funciona bien, no hay que tocarlo sino consolidarlo y más bien tratar de extender su principio a otros ámbitos. Pero ya sabemos que en la política nacional el sentido común es el menos común de los sentidos. El problema es que un país no puede avanzar si no capitaliza sus buenas experiencias y desecha las malas. Lampadia

“El presidente Vizcarra puede ser el gran reformador del Perú”

Elmer Cuba señala que el nuevo gobierno podría llevar a cabo una gran reforma laboral en el país si es que el mandatario así se lo propone

Entrevista a Elmer Cuba, Director del BCR y socio de Macroconsult
Jaime de Althaus
El Comercio, 02 de abril de 2018

En esta entrevista, el director del BCR Elmer Cuba, quien esta semana estuvo voceado como uno de los posibles candidatos al MEF, explica algunos de los retos que tiene en materia económica el nuevo gobierno.

— Podríamos estar creciendo a tasas mucho más altas si no hubiera habido todo ese entrampamiento político que ha detenido al país el último año y medio. ¿Hemos superado este entrampamiento político?

Sí, podríamos estar yendo al doble de velocidad. Hoy día el Perú está yendo a 2,5% de PBI, podíamos estar yendo a 5%. ¿Por qué no hemos ido a 5%? En parte, por toda la crisis política y, en parte también, por el tema Lava Jato, su mal manejo, y, en parte, por errores de política económica. Tampoco se salva Kuczynski en esto. Entonces, ¿qué puede cambiar ahora? Bueno, el choque externo sigue siendo positivo, el tema Lava Jato comienza a desenredarse con la nueva ley que reemplaza al 003, que es una mejora sustancial, y este arreglo político que era lo que todo el Perú esperaba hace año y medio entre dos grandes agrupaciones que pensaban muy parecido en lo económico, a diferencia de la izquierda que tenemos. Uno observa ahora una colaboración entre el Ejecutivo y el Congreso. Ahora falta saber cuáles serán las primeras medidas tributarias y de gasto público del nuevo ministro de Economía.

— Bueno, se dijo que Elmer Cuba iba a ser el ministro de Economía, pero ha sido vetado por Juan Sheput, por Violeta, por sectores antifujimoristas en las redes…

Sí, seguramente… Mira, nunca me llamó nadie del Ejecutivo en verdad, o sea que ha sido una hipótesis manejada por las redes sociales. Es lamentable que el odio sea transitivo: que por haber colaborado en la segunda parte de una campaña política, en la parte económica, la gente ya te comience a golpear más allá de tus propios méritos personales. Pero, desde donde uno esté, tiene que colaborar con ideas.

— ¿Y qué es lo que habría que hacer para recuperar la economía?

La primera medida de política económica no es propiamente macroeconómica, sino simplemente el arreglo entre el Congreso y el Ejecutivo. Esto, por sí solo, ya es positivo, en términos de una paz política por lo menos de 12 a 24 meses antes de la siguiente campaña electoral del 2021. Esto va a hacer que muchos empresarios desempolven sus proyectos que están listos, que los han guardado por esta incertidumbre. Porque el Perú es una economía muy dinámica. Incluso en la desaceleración, le hemos sacado un punto a todos los países. Además, el Perú ha sido capaz de procesar en democracia un cambio de presidente y además está metiendo a otros presidentes presos. Eso no ocurre en México o en Argentina. Eso es algo positivo más bien, nos estamos graduando como un país que es capaz de juzgar a autoridades.

— Pero tenemos un déficit fiscal…

Sí, y hay que atacarlo. Pasivamente no se va a cerrar. Es preocupante porque es un déficit de 3 puntos de producto y el Perú recauda solo 13 puntos de producto. O sea, no es que el Perú recaude 40 puntos de producto como un país europeo que tiene déficit de 3.

— Pero los ingresos fiscales están subiendo de manera sostenida desde octubre…

Han comenzado a subir efectivamente y la buena noticia es que van a ser mayores por el lado de la minería. Las principales empresas mineras han aumentado sus utilidades casi entre 50 y 100%, que no es poco, y eso va a hacer que cuando se regularice, salte la recaudación. Pero aun así no es suficiente, hay que hacer más cosas para controlar la evasión de IGV y renta que en los últimos dos años es mayor que en la década anterior.

— ¿Cómo?

Hay que identificar cuáles son los focos principales de evasión. Yo creo que están básicamente en el Impuesto a la Renta de empresas medianas, que tienen doble contabilidad e informalidad.

— ¿Por qué ha caído la recaudación?

Primero, por el error de bajar las tasas del Impuesto a la Renta a las personas y aumentar la parte no imponible. En el Perú somos 16 millones de trabajadores y solamente declaran impuestos 3 millones, pero pagan 1 millón. Los otros 2 millones son formales, pero no pagan porque están exentos, porque ganan poco. Recién a partir de 20 mil soles al año comienzas a pagar Impuesto a la Renta. Entonces solamente un milloncito paga y a ese milloncito de personas que sí pagan, digamos los profesionales del Perú, les han bajado los impuestos. Una cosa insólita.

— ¿Habría que subirles nuevamente esos impuestos?

Yo creo que sí. Es volver a lo que teníamos en el 2014. Además ocurre que las empresas se mudan a régimen mype para pagar solo 10% de impuestos contra 29,5 del régimen general. Hay que volver a los regímenes de renta previos al 2014.

— En realidad pagan 10% solo por las primeras 15 UIT de utilidad, lo que permite un incremento gradual. ¿Propones eliminar el nuevo régimen mype, que está diseñado precisamente para hacer un tránsito más gradual, sin salto mortal, al régimen general?

Hay que repensarlo antes de saltar al vacío. Habría que optimizar el RER y el RUS.

— Pero, ¿cómo optimizas RER y RUS? Son sistemas para dar apariencia de formalidad a la informalidad. No pagan IGV. No entran a la cadena tributaria. Están hechos para fragmentar empresas y evadir.

Con las tasas y simplicidad. En un híbrido entre la informalidad y la formalidad. La heterogeneidad productiva obliga a eso.

— La ex ministra Cooper propuso simplificar los regímenes tributarios unificándolos en uno solo, eliminando el RUS y el RER, acompañado esto de la digitalización de los comprobantes. Para que todas las empresas ingresen a la cadena tributaria, del IGV…

No hay estudios concluyentes que digan qué método es mejor, porque el aparato privado peruano es muy heterogéneo y quizá habría que mantener regímenes especiales por un buen tiempo, pero que suavicen el paso de un escalón al otro. Un solo régimen general puede ser más bien infranqueable para los informales y ahí sí tendrías dos mundos: informales para siempre y formales para siempre. Muchos informales no podrían sobrevivir frente a los formales si tienen que pagar IGV y renta. Ahora por lo menos están en el borde, pagan un poco…

— No sería infranqueable si la Sunat te hace la liquidación de impuestos, y al deducirte el IGV terminas pagando menos, que es lo que ocurriría según Claudia Cooper…

Ahí actuamos a ciegas, a diferencia, por ejemplo, del Midis, que tiene la Enaho, con la que mapean la pobreza para hacer políticas sociales. Nos falta conocer realmente las mypes, no las hemos censado, no las seguimos con encuestas, no sabemos cómo acumulan, cómo quiebran, cómo se endeudan, cómo pagan impuestos, cómo contratan. El nuevo ministro tendría que hacer una comisión especial en doce meses con los mejores expertos nacionales e internacionales en el tema para resolver este asunto. No podemos enfrentar bien la informalidad en todas sus dimensiones laborales, tributarias y sobre todo del sector, porque no la conocemos bien. No sabemos cuál ha sido su génesis. En cada sector la causa puede ser distinta. De repente la causa de la informalidad en el sector ‘retail’ al por menor, es la ley laboral. Pero la causa de la informalidad minera sería la ley minera que obliga a que el pequeño tenga un EIA o el cierre de impacto ambiental…

— En el tema laboral es fundamental eliminar la estabilidad laboral absoluta…

El tema es más complejo. Somos 16 millones de trabajadores; solamente 3 millones son formales. El TC, con su sentencia del 2001 que restableció la estabilidad absoluta, indujo a que 2 de esos 3 millones pasen a contrato a plazo fijo, y solamente un millón en contrato indefinido, cuando antes de esa sentencia era al revés. Pero ese problema, que hay que resolverlo con el TC o con el Congreso, va a mejorar la vida solamente de los 3 millones de formales que pasarán más fácilmente a contratos indefinidos…

— Pero también es una barrera a la formalización, ¿no? Muchas empresas no formalizan por temor a no poder desvincular cuando es necesario…

Sí, pero en el caso de las pequeñas y medianas no formalizan sobre todo por los sobrecostos laborales, por los mal llamados derechos laborales que encarecen la formalidad. Por eso hay otro milloncito de trabajadores informales en empresas formales. Ya de ahí para abajo, el tema laboral ya no es laboral, es empresarial. Va a ser imposible que una empresa que es informal per se, tenga trabajadores formales. Estamos hablando ya de 3 millones más, que son trabajadores informales en empresas informales. Entonces ahí la respuesta es: primero formalizas la empresa. El tema es más tributario, y más relacionado con la legislación de cada sector: qué se le pide a la señora que hace galletas, por ejemplo. Y, fuera de estos, los que están en la cola ya son otros 3 millones de independientes –una exageración–, que no tienen jefe ni declaran renta: el gasfitero, el taxista, el cuidador del edificio, el limpia autos, el reciclador, el estibador de mercado… Para no hablar del pequeño agricultor altoandino. Lo más fácil, aunque parezca mentira, es cambiar la sentencia del TC. Lo otro es más complejo. Es la gran reforma laboral de este país.

— ¿La podría hacer el presidente Vizcarra?

La puede hacer si la quiere hacer. Tiene todo para hacerlo. Es un cambio de Gobierno, que tiene ciertas ventajas porque tiene una oposición que no puede ser oposición. Él tiene una cosa importante: su poder de renuncia. El presidente Vizcarra puede ser el gran reformador del Perú si quiere hacerlo o simplemente administrar la cosa esperando que pase el tiempo hasta el 2021.

— ¿Qué efecto va a tener esta alza del salario mínimo?

Si tú me dices, “dame una medida para aumentar la informalidad laboral”: sube el mínimo. Si quieres aumentarlo ya con daños severos, mortales, ponlo en 1.500 soles. Ahorita la mediana de ingresos en el Perú es 900 soles, la mediana. De esos 16 millones de trabajadores, la mitad gana menos de 900 y hemos puesto el mínimo en 930. Por encima de la mediana, de locos. El mínimo está totalmente pervertido. Ya no es el mínimo, es la mediana. Es un enemigo de la formalización.

— ¿Debería haber dos salarios mínimos: uno para la micro y mediana empresa y otro para la mediana y grande o no debería haber simplemente salario mínimo?

El mínimo debería ser mínimo. Deberíamos dejarlo ahí que pernocte varios años para que realmente sea mínimo. Una vez que sea mínimo, lo indexamos al IPC y a la productividad de ese segmento de bajos ingresos formales. Lo central acá es la productividad laboral.

— Entonces, ¿cómo haces para subir la productividad laboral?

¿Por qué el ingreso promedio de un chileno es superior al de un peruano, sea este un guachimán, un médico o un taxista? Porque ellos han invertido más en 20 años, tienen más capital por persona. A más intensidad en capital, más salario real. También lo decía Marx. Como esta es una economía subcapitalizada, tenemos que meterle más inversión privada al infinito para que el ratio, el capital, sea mayor.

BENEFICIOS TRIBUTARIOS

“No sería fácil políticamente eliminar las exoneraciones”

Si los cines no pue- den ganar vendiendo canchita, no va a haber más inversión en cines…

Así es. Esos microrretrocesos, si los juntas, son el principal enemigo de la inversión. Es clave pensar que cada movimiento regulatorio puede tener un daño. Si sumas esas pequeñas cosas, los peruanos nos vamos a entrampar y vamos a perder la batalla. Y lo otro son los costos de transacción por el lado legal judicial. Si la justicia es lenta o corrupta, aumenta también el riesgo de invertir, no te devuelven nunca algo. La tasa de interés en el Perú es alta en parte por el riesgo de cobranza a ese señor que te engañó. Y los que recibimos un crédito pagamos ese sobrecosto.

Se estaría trabajan- do con el Congreso la vieja idea de eliminar exoneraciones. Según el MEF, hay 16 mil millones de soles al año de beneficios tributarios…

Mira, para el mismo MEF, de esos 16 mil, solo 11.600 serían factibles en el corto plazo. Pero no sería fácil políticamente eliminarlas. Por ejemplo, la exoneración más grande, de 1.900 millones, es la del IGV a la educación: habría que cobrar IGV en los colegios, en las universidades o en los institutos. La siguiente es la intermediación financiera, es decir, los créditos, exonerados también del IGV, y la tendencia mundial es a no cobrar IGV para eso. El tercero es la exoneración del Impuesto a la Renta natural para la CTS. Debería pagar, pero habría resistencia. También tienes la devolución anticipada de IGV, que tiene sus ventajas. Y el drawback, que es bien ideologizado, pues si no hay aranceles para importar no debería haber drawback (devolución), que es un subsidio a las utilidades de los exportadores no tradicionales. Y, por último, está el sector agropecuario, que paga solo 15% de Impuesto a la Renta contra 29,5% que pagan todos los demás. ¿Ese ‘boom’ agroexportador va a llegar a su fin si pones el impuesto donde debería estar o hay que dejarlo ahí 15 años más? Esas seis son el 80% de las exoneraciones. Lampadia