Para destrabar los proyectos mineros debemos rescatar los conceptos del ‘adelanto social’.

El MEF parece acercarse a la necesidad, pero no sabe cómo hacerlo.

MEF: Se agilizarán obras sociales en áreas aledañas a proyectos mineros

Priorizarán iniciativas para desarrollo de servicios básicos en áreas en torno a futuras minas, a través de PMO y como proyectos especiales de inversión pública.

El Gobierno buscará ejecutar en forma rápida una cartera priorizada de obras en servicios básicos a favor de las comunidades asentadas en torno a proyectos mineros, a medida que se identifiquen las posibilidades de ampliar esa actividad extractiva, según indicó el viceministro de Economía, Mario Arróspide.

En esa línea, Arróspide refirió que, una vez determinado el potencial minero (a destrabar), el Gobierno identificará en forma rápida los requerimientos de las comunidades, así como una cartera priorizada de proyectos que se puedan empaquetar (y ejecutar) con el uso de nuevas herramientas que se han aprobado para acelerar la inversión estatal.

Glosado de Gestión, 16 de setiembre de 2020

En Lampadia lo volvimos a plantear en detalle en junio del 2017. Ver propuesta:

Una gran idea que no entienden
El gobierno destruye la potencia del ‘adelanto social’

La mejor idea del gobierno para facilitar las inversiones en minería está siendo malograda por el propio gobierno. El Ministerio de Energía y Minas está apurando desembolsos y ofrecimientos de apoyo económico bajo el paraguas del ‘adelanto social’, sin vinculación alguna con el desarrollo de  proyectos mineros específicos. Esto demuestra que el gobierno no ha entendido la naturaleza y la potencia del ‘adelanto social’.

Fuente:  andina.com.pe

Veamos por qué se configura la necesidad del adelanto social:

• Uno de los problemas de las inversiones mineras es que normalmente se dan en zonas alejadas, mayormente en la sierra, donde las actividades productivas son fundamentalmente de sobrevivencia, de muy baja productividad y donde se adolece de malos servicios del Estado o de la inexistencia de ellos.

• El desarrollo de un proyecto minero supone una inversión de alta tecnología y un gran impacto económico para el país y las zonas aledañas a los proyectos. Para que todos los beneficios de la inversión minera sean percibidos por la población adyacente tiene que pasar mucho tiempo, ya que hay que esperar que se haga toda la inversión y que, paulatinamente, se empiecen a producir utilidades con su consiguiente pago del impuesto a la renta, que finalmente llega a la gente mediante la utilización del canon minero que sirve para financiar infraestructuras sociales y económicas, como escuelas, centros de salud y caminos, así como programas de extensión productiva, algo que podemos llamar desarrollo social.

• Pero, para que se inicie la inversión minera, además de los procesos de pre-inversión (como las exploraciones), hay que desarrollar los estudios de factibilidad económica, de impactos sociales y ambientales, trámites legales y, muy importantemente, los procesos que llevan a recoger, canalizar y conseguir el apoyo de la población. Todo esto toma mucho tiempo y es difícil que la población pueda proyectarse en el futuro para medir las eventuales contribuciones de un proyecto a su calidad de vida. Máxime si, al mismo tiempo, tienen que superar los efectos de la manipulación política de los anti-mineros, que hacen todo lo posible para evitar las inversiones.  

¿Cómo se superan estas limitaciones de un buen ambiente pro-inversión?
¡Manya! – Con el ‘Adelanto Social’

Pero, para convertir el ‘adelanto social’ en un mecanismo positivo y no una caricatura inútil, como la que está dibujando el gobierno, hay que hacer una buena definición del concepto y aplicarla con rigurosidad. En Lampadia entendemos el ‘adelanto social’ de la siguiente manera:

Que en la zona de influencia de un proyecto minero, se desarrollen en paralelo la inversión minera y la inversión social.

Para ello hay que definir el siguiente proceso:

Proceso de desarrollo del ‘adelanto social’

• Evaluar las necesidades de desarrollo socio-económico de la zona del proyecto minero, una vez que tome cuerpo la posibilidad de una  inversión minera de cierta magnitud
• Mientras se hacen los estudios para la inversión minera, se deben desarrollar en paralelo los estudios de un eventual programa de ‘apoyo social’
• Una vez definida la viabilidad del proyecto minero,  tanto económica, ambiental y socialmente, el Estado puede proyectar la generación de canon del proyecto para la región, y delimitar los componentes del programa de ‘adelanto social’ que puedan financiarse con, digamos, un 20 a 30% del valor presente del flujo esperado de canon del proyecto
• Fijada la inversión minera definitiva, el Estado debe crear un fideicomiso como el vehículo que canalice el financiamiento del ‘adelanto social’
• El fideicomiso puede financiarse de múltiples formas y no debería representar una dificultad mayor
• El inicio de la inversión minera debería darse en paralelo con el desarrollo del programa social que se expresaría a través del ‘adelanto social’

Pero, probablemente, lo más importante del ‘adelanto social’ es que permite viabilizar el desarrollo integral de la zona de influencia del proyecto minero, con el aporte de la inversión privada y sus impactos directos e indirectos, y con el aporte de la inversión pública, vía el ‘adelanto social’.

Estas inversiones conjuntas determinan un incentivo muy importante para la evaluación de los proyectos mineros. Permiten que esta se haga con la mayor objetividad posible, contrarrestando las interferencias políticas y disminuyendo la posibilidad de que inversiones positivas para la región y el país, puedan ser rechazadas sin un buen análisis de pros y contras, dificultado por la manipulación política.

La idea es que el proceso de aprobación de la inversión minera, incluyendo las instancias de participación de la población de la zona, se haga en paralelo a la definición del programa de ‘adelanto social’.

En otras palabras, si la población rechaza la inversión minera, estaría rechazando al mismo tiempo el ‘adelanto social’. La llamada ‘licencia social’ implicaría la aprobación conjunta de la inversión minera y de la inversión del programa de ‘adelanto social’, o salen ambas, o se frustran ambas.

Una gran idea incluida en el programa de gobierno del Partido PPK, pero que su gobierno no ha sabido definir, ni llevar a cabo. Peor aún, está destruyendo el concepto y, quién sabe, su mejor estrategia para viabilizar la muy necesaria inversión minera.

Demandamos: una inmediata rectificación de las acciones equivocadas que hemos señalado, definir en detalle el mecanismo del ‘adelanto social’ (‘Que en la zona de influencia de un proyecto minero, se desarrollen, en paralelo, la inversión minera y la inversión social’), comunicarlo a la población y a los medios y ponerlo en marcha con coherencia y disciplina. Lampadia

Uno de los determinantes más claros de la frenada del crecimiento de nuestra economía es la parálisis de la inversión privada. Ver en Lampadia: Otra vez La Parada (esta vez en la inversión). Esto trae como consecuencia una menor reducción de la pobreza, menor capacidad del Estado para la inversión social y menores incentivos a ciudadanos y empresarios para retomar el ritmo de inversión.

Así lo niegue el gobierno, la confianza de los agentes económicos, ciudadanos y empresarios, es fundamental para apostar por inversiones de buena calidad, aquellas orientadas al largo plazo. Estas difieren de las inversiones especulativas y de corto plazo, típicas de economías precarias, donde la mano del gobernante es arbitraria y la sensación de futuro se suple con conexiones políticas.

En octubre pasado, EY publicó su 13er Barómetro de la Confianza para la Inversión, basado en una encuesta de 1,600 ejecutivos de distintos sectores. Iniciando el 2016, un año clave para re-enrumbar al país por la senda del crecimiento, creemos que es bueno revisar los mensajes principales de esta muestra. Verlo íntegramente en Documentos de Lampadia.

Entre los mensajes de la publicación tenemos los siguientes:

• A pesar del cambio de ritmo del crecimiento, todavía se ve al Perú como un buen destino de inversión.

El Gobierno Venezolano ha anunciado oficialmente la llegada de las cartillas de racionamiento al país. El anuncio supone un éxito definitivo para al menos una de las metas que se planteó explícitamente Hugo Chávez por los albores de su revolución: seguir el camino de Cuba. O, para el caso, el de casi cualquiera de los regímenes que en la historia han buscado hacer imperar la planificación central sobre la economía. Desde la Unión Soviética, que también tenía cartillas, hasta el Chile de Salvador Allende, que tenía que recibir donaciones de papel higiénico desde el exterior.

La noticia también es buena en la medida en que supone sincerar la situación y dejar atrás las otras maneras de combatir la escasez que venía ensayando el régimen chavista. Por ejemplo, declarar que aquello que falta no se necesita. Una socorrida técnica usada esta misma semana por el gobierno de Nicolás Maduro, que, ante la ausencia de vacunas contra la gripe AH1N1, ha aconsejado a la población extremar la higiene en las manos y el uso del jabón antibacterial (si es que, claro, pueden encontrarlo en los supermercados).

Ahora bien, no obstante esta aceptación implícita de su gobierno de que la escasez es algo que ha llegado a Venezuela para quedarse, el señor Maduro continúa aferrándose a la negación en lo que toca a las causas de esta. O, mejor dicho, a las teorías conspirativas. Así, la escasez sería parte de un complot por el que la oposición estaría comprando y escondiendo todos los productos que faltan en los supermercados venezolanos y por el que las empresas opositoras habrían cortado su producción. Es verdad que esta explicación supondría que el método escogido por las empresas boicoteadoras para cumplir su función habría sido el del suicidio, pues dejar de producir supone dejar de vender, pero no son estas sutilezas en las que vaya a enredarse el Gobierno Venezolano.

La realidad, por supuesto, está lejos de la expuesta por el gobierno del señor Maduro –sin prueba alguna, por lo demás (¿o alguien ha encontrado ya esos depósitos donde la oposición estaría llevando todos los pollos y desodorantes de Venezuela?)–. Otra es la verdadera causa por la que los gobiernos que son socialistas a la antigua usanza comienzan en un contexto de desbordado entusiasmo por la redistribución y la justicia social y terminan en medio de (también desbordados) reclamos por papel higiénico.

¿Cuál es esta causa? Una muy sencilla: para que haya producción debe haber inversión. Y, desde luego, es poca la gente que quiere invertir ahí donde no hay manera razonable de predecir lo que resultará de esa inversión (porque, por ejemplo, el Gobierno puede cambiar a su solo arbitrio y en cualquier momento los precios a los que se podrá vender mañana lo que se produce hoy, o porque la descontrolada inflación puede volver en nominal cualquier futuro retorno). Para no hablar, desde luego, de lo que implica que las personas tampoco puedan saber, siquiera, si sus inversiones seguirán siendo reconocidas como suyas por mucho tiempo más (desde 1998 el Gobierno Venezolano ha realizado 1,170 expropiaciones).

Es cierto que los gobiernos como el bolivariano tratan de suplir el problema de la falta de inversión privada con inversión estatal. Es decir, buscando que el Estado sea quien produzca lo que necesita la gente (para eso fueron, después de todo, las 1,170 expropiaciones). Pero luego resulta que el Estado no es un buen productor. De lo contrario, que explique el señor Maduro cómo funciona lo del complot en, por ejemplo, el caso del papel higiénico, cuando el 50% de la producción del mismo en Venezuela proviene de una empresa estatal.

La debacle económica venezolana tendría que servir como una vacuna definitiva contra el populismo para todos los gobiernos de la región. Para enseñar, sobre todo, que riqueza es lo que hay cuando un país tiene un sistema de incentivos que mueve a la gente a invertir todo su trabajo, su creatividad, su empuje y sus ahorros, en producir cada vez más y mejor. Y que lo demás se llama solo desperdicio. Para prueba, en fin, los US$ 400,000 millones que, según la Cepal, Hugo Chávez gastó solamente en “inversión social” en la última década para una población a la que todo ese dinero no parece haber dejado con más bienestar que el que puedan permitirle sus flamantes tarjetas de racionamiento.

Publicado por El Comercio, 5 de junio, 2013