Las cosas están claras: La economía está en medio de un frenazo que hará patinar nuestras perspectivas de crecimiento. Las estimaciones de expansión del país se reducen mes a mes. Según el BCR, el PBI se apenas llegará a un modestísimo 3.1% en el 2014. Una cifra paupérrima que evidencia que la parálisis de la inversión privada y pública es aguda. La hora de los diagnósticos y lamentaciones ha pasado. Es el momento de actuar. Como hemos propuesto en Lampadia semanas atrás, “nuestra economía necesita que se viabilicen por lo menos siete (7) proyectos de envergadura que rompan la inercia y muestren que cuando los peruanos queremos hacer algo, lo hacemos; y que cuando tenemos problemas, todos podemos colaborar” (Ver en Lampadia (L): 7 equipos que aseguren el desarrollo de 7 proyectos).

Uno de sus proyectos que debiera agilizarse es el de Tía María. Ubicado en el distrito de Cocachacra, (Arequipa), Tía María representa una inversión de US$ 1,400 millones y en sus 18 años de vida espera explotar dos yacimientos a tajo abierto de cobre: La Tapada y Tía María, de los que se extraerán diariamente unas 100,000 toneladas métricas de óxidos de cobre para producir 120,000 toneladas de cátodos de cobre anualmente.

La puesta en marcha de este proyecto es de enorme importancia. No solo por el tamaño y la inversión que representa (lo cual contribuirá decididamente al desarrollo de Arequipa y del sur del país), sino porque demostraría que cuando se quiere se puede. Como se recordará, el 2011 antimineros radicales, a los que se sumaron incomprensiblemente las autoridades regionales arequipeñas, se opusieron a que este proyecto se realice alegando falazmente que emplearían aguas destinadas a la agricultura, cuando está comprobado que el agua del río Tambo y de toda la cuenca se pierde en el mar año a año, gota a gota.

En abril del 2011, una absurda y apurada Resolución Directoral (Nº 105-2011-MEM-AAM) del Ministerio de Energía y Minas (MEM) declaró “inadmisible” el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de este proyecto, lo que significaba su paralización, pues obligaba a que se detuviera toda actividad en los yacimientos. La empresa, incluso, tuvo que retirar sus campamentos de la zona.  Una paciente labor de los funcionarios de Southern, el empleo de su imaginación para buscar soluciones alternativas aunque fueran más onerosas (como las de tomar agua de mar y construir una planta desalinizadora), lograron que el 5 de noviembre del 2013 se presente un nuevo EIA.

El MEM lo evaluó y tras las subsanaciones de rigor y realizar los talleres informativos y la audiencia pública, finalmente, el EIA de Tía María fue aprobado en agosto último (2014). Es decir, tres años de retraso. Si el proyecto se hubiera aprobado en el 2011, ya estaría en funcionamiento, aportando empleos directos e indirectos, impuestos y canon al país. Veamos algunos diagramas del proyecto en las siguientes láminas (es muy importante que los ciudadanos conozcamos nuestros proyectos):

Aún le falta mucho a este proyecto para que inicie su producción. Por lo pronto, debe hacer gestiones con el MEM, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y la Dirección de Capitanía de Puertos (Dicapi) que depende del Ministerio de Defensa. Nuestra enrevesada burocracia obliga a que la empresa tenga que obtener casi en simultáneo la autorización de uso de agua para la construcción y la licencia de agua para las operaciones (extracción del mineral), así como el derecho de uso de área acuática (para construir el ducto para tomar agua de mar y la planta desalinizadora). 

Un proyecto que ya tiene su EIA aprobado con lupa, debe obtener luego la Concesión de Beneficio, la cual otorga el derecho a extraer mineral de un yacimiento mediante diferentes procesos físicos, químicos y/o físico – químicos, para ello Southern debe seguir actualmente los siguientes trámites:

1. Obtener de la ANA la aprobación del Estudio de Aprovechamiento Hídrico (4 a 8 meses).
2. Obtener la certificación ambiental (a pesar de tener EIA aprobado) por el MEM (1 mes).
3. Presentar solicitud de Concesión de Beneficio al MEM y publicación de avisos con un Resumen de la mencionada solicitud (1 a 2 meses).
4. Aprobación de Anteproyecto de Derecho de Uso de Área Acuática ante Dicapi (6 a 8 meses).
5. Con todos los procedimientos anteriores aprobados se debe solicitar a la ANA la Autorización de Ejecución de Obras con fines de Aprovechamiento Hídrico (3 a 6 meses).
6. Una vez obtenido la Autorización anterior se solicita ante el MEM la Autorización de construcción de Planta de Beneficio (1 a 2 meses).
7. El ANA debe otorgar Autorización de Uso de Agua para Construcción (3 a 6 meses).
8. Es decir, en el mejor de los casos, en un año se empezarían las obras de infraestructuras necesarias para explotación de Tía María las cuáles durarían unos 24 meses.
9. Terminada las obras se debe presentar al MEM el Informe Técnico de culminación de obras del proyecto minero metalúrgico. En simultáneo se presenta al ANA el Informe Técnico de culminación de obras de aprovechamiento hídrico.
10. ANA otorga licencia de uso de agua con fines mineros (3 a 6 meses) y autorización de vertimientos de aguas residuales (3 a 6 meses).
11. Finalmente, el MEM otorga la autorización de funcionamiento de la Planta de Beneficio (1 a 2 meses).

Si todo sale bien, el proyecto podría arrancar la construcción después de 18 a 24 meses. Luego, para iniciar la operación, podrían irse otros 14 meses. Y es que en nuestro país, no existe predictibilidad en los trámites que se tienen que realizar. Un ciudadano común y corriente, así como una persona jurídica debiera saber de antemano que requisitos y diligencias  debe cumplir para obtener de la autoridad correspondiente un permiso, licencia o derecho. Además, debe quedar perfectamente establecido hasta cuanto tiempo se puede tomar un funcionario para dar respuesta. Nada de eso existe. Hay una absoluta discrecionalidad, las autoridades cada día incrementan porque “se le ocurrió” nuevos trámites y requisitos sin que nadie ordene esta situación. Todo esto antes de lo que pueda suceder después de la COP20.

Es así, como la tramitología crece, se refuerza y complica. Ricardo Briceño, en el último Simposium del Oro y la Plata advertía : “En minería, hemos pasado del ´Texto Único Ordenado´ de los años 90 y dos instancias oficiales, que permitieron la gran inversión en la minería moderna y responsable, a 180 regulaciones en muchas instancias distintas y en diferentes niveles de gobierno (nacional, regional, local y “social”). ´Hemos pasado de un Gantt a un plato de espaguetis´” (ver en L: El Perú renuncia al desarrollo y al bienestar general).  

Este plato de espaguetis debe ser ordenado. Una forma de hacerlo es uniformando y modernizando perfectamente los TUPAS de los distintas instituciones para que no se deje al libre albedrío de un funcionario trabar las inversiones. La nueva Ley 30230 (que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país), no podrá cumplirse en mucho de sus términos (como denunciar a un funcionario por trabas burocráticas) si es que no hay un ordenamiento de los TUPAS. Y allí debiera jugar un rol vital la Presidencia del Consejo de Ministros.

Tal y como lo ha planteado Lampadia, un equipo (o varios) de expertos podrían dedicarse a establecer los problemas que enfrentan los grandes proyectos, públicos y privados, para viabilizarse. Asimismo, podría encontrar soluciones legales para agilizar las inversiones (Decretos de Urgencia, Declaraciones de Interés Nacional y otros). La idea es que todo esto se realice con la mayor transparencia y comunicando a la ciudadanía para que entienda los procesos y al Presidente de la República, para que pueda dirigir las acciones adecuadas. Así el Presidente podría apoyarse en la opinión pública para tomar decisiones difíciles pero necesarias para salvar al país de la parálisis final a la que nos dirigimos sin pausa y con mucho miedo.

De no salvarse esta situación podríamos terminar en alguno de los indeseables escenarios descritos en nuestro artículo citado líneas arriba: 7 equipos que aseguren el desarrollo de 7 proyectos.   Lampadia   

La abrupta salida de Miguel Castilla del despacho del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) es la última gota en un proceso que nos conduce a tres escenarios a los podríamos enfrentarnos de aquí a fines del gobierno. No todos ellos son alentadores. Si bien la designación de Alonso Segura, (un Castilla-2) calma ciertos temores, no impide el eventual desarrollo de dos de ellos, nada deseables. El tercero, en cambio, como señalamos en nuestra Editorial de hace unos días, implica un giro de timón que permita reactivar la inversión en proyectos mineros importantes e infraestructuras. (Ver en Lampadia (L): Situación Límite). Lamentablemente, este deseable escenario solo se materializará si se superan obstáculos absurdos y kafkianos como las enormes trabas burocráticas y regulatorias. Un ejemplo de ellos, es el revelado por Jaime de Althaus en La Hora N: el gasoducto del sur debe realizar más de 4,100 trámites antes de ponerse en marcha. ¡Aunque usted no lo crea!

Los tres escenariosaludidos son: “La Gran Frustración”, “La Gran Farra” y “La Gran Reacción”. Veamos:

La Gran Frustración

Como ha recordado reciente el Financial Time “durante la última década la economía peruana ha crecido en promedio un asombroso 6.5% al año – cifra que incluye los efectos de la crisis financiera global. Con una industria minera que representa el 60% de los ingresos por exportaciones, el país aprovechó el auge de las materias primas [y mucho más como lo indicó Krugman (ver en L: Krugman rompe mitos)]. Los mercados y la moneda repuntaron, mientras que la pobreza cayó a tasas al estilo chino, impulsadas a la baja por un auge de la inversión que triplicó la producción peruana a US$ 216,000 millones en un año. Sin embargo, ahora el “milagro peruano” parece haber terminado. En el segundo trimestre de este año (2013), la tasa de crecimiento cayó a 1.7%. El déficit por cuenta corriente también se amplió a 5% del PBI, de forma preocupante”.

El milagro peruano no ha terminado. Lo que sucede es que este gobierno oficializó el discurso anti-minero cuando estuvo como premier Salomón (Siomi) Lerner. Este hecho desaceleró la inversión privada (Ver en L: Otra vez la parada (esta vez en la inversión)).

Así las cosas, con todos los indicadores económicos en caída(crecimiento, inversión privada y pública, importación de bienes de capital, y otros); más dos años electorales con sus típicas incertidumbres y demoras para la inversión; y las trabas absurdas a las que se han sometido a los procesos de inversión(como losrevelados por Althaus), nos hacen temer un 2016 con un mini crecimiento de 2 a 3% del PBI.

Por tanto, no encontramos otro término para este escenario que el de La Gran Frustración, porque contrasta con la soberbia de los ofrecimientos de este gobierno improvisado, confrontacional, así comoel espectacular ritmo de crecimiento que teníamos y que no se produjo solo, lo labramos a mano.

La Gran Farra

Ante el eventual desarrollo de ese desastroso escenario descrito líneas arriba, por la incapacidad del gobierno de entender las relaciones causa-efecto que lo generaron y para enmendar el rumbo, este segundo escenario plantea la posibilidad de que el gobierno sucumba a la tentación del populismo inventado por Perón.Asesorado por sus amigos venezolanos, cubanos, brasileños, argentinos y otros sedecida a recurrir dispendio fiscal usando nuestras reservas fiscales, de divisas y hasta los fondos privados, para gastar en programas sociales, grandes compras públicas y estimular la economía al estilo de Alan García en el 85. Eso generaría un estado de bienestar falaz con fines electoreros, que terminaría por sepultar la gran oportunidad del Perú para salir de la pobreza.

Esta nueva postura política tendría que venir acompañada de un discurso hiperpopulista, nacionalista al extremo, que genere enfrentamientos con el capitalismo, los ricos, etc. En fin, el discursoque los más viejos conocemos bien y que los más jóvenes pueden escuchar y ver como se lo utiliza en Venezuela y Argentina.

Para conducir este escenario, solo se tendría que recurrir a los antiguos amigos del inicio del gobierno, el equipo que representa el “Pensamiento FRENAIZ” y reavivar su proyecto original de eternizarse en el gobierno con o sin Nadine.

La Gran Reacción

El presidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, deciden liderar el despegue de la economía y reencaminar los proyectos mineros y los de infraestructuras que están paralizados y que le darían al país el impulso que se necesita.

Para ello, se debe hacer, como hemos señalado (ver en L: La situación no está para tafetanes), algo drástico y muy pronto, como asegurar la reactivación de la inversión en minería  y que empiecen a ejecutarse inmediatamente las grandes concesiones en infraestructuras. Un llamado que también han efectuado economistas destacados como Juan Mendoza.

En minería el primer proyecto debería ser el de Las Bambas (US$ 6,031 millones de inversión); Constancia, se encuentra en una zona conflictiva y complicada: Chumbivilcas, Cusco (inversión de US$ 1,790 millones); Tía María (US$ 1,000 millones).

A la par deberán ponerse en marcha varios proyectos de infraestructuras como el gaseoducto del sur, el túnel transandino, centrales hidroeléctricas, el aeropuerto de chincheros, la ampliación de majes y otros. Como ha señalado el ex ministro Carranza (Ver en L: El Sur a dos dígitos), solo el Sur del país está en capacidad de crecer 10% los próximos años.

Para esto, se necesitan solo dos cosas: decisión política y unos poderosos machetes que permitan abrir la trocha en las selvas regulatorias que están a punto de absorbernos cual hiedras carnívoras. ¡No queda mucho tiempo!

Ojalá que el presidente tenga la lucidez de seguir esta ruta. Esperamos que no desee pasar a la historia superando el fracaso de nuestros peores gobiernos y que no apueste por la gloria efímera del camino albista. ¡Confiamos en que Usted lo puede hacer mejor! Lampadia

Hasta el 2008 el Perú había mostrado un franco crecimiento. Hemos sido -y en cierta medida seguimos siendo- la estrella de la región. Dicho año crecimos 9.1%, luego estas tasas se fue reduciendo. Así, hemos pasado de 8.5% en el 2010 a apenas 4.2% en el 2014, si es que nos dejamos llevar por la última proyección anunciada por el ministro Luis Miguel Castilla.  Ver en Lampadia (L): Gobierno anuncia nuevo MMM y reduce la proyección de crecimiento.

Por el momento podemos prever que la estructura misma del PBI ha variado. En el 2008 la minería representaba el 14% del PBI y el 58,4% de las exportaciones. Para el 2013 la minería representó solo el 12% del PBI y el 55,1% de las exportaciones. O sea, la importancia de este sector se ha visto reducida en estos años. Esto no es difícil de explicar. Desde que entró el nuevo gobierno se han frenado las exploraciones mineras y se ha dificultado la inversión en los grandes proyectos. Asimismo, el discurso anti-minero oficializado por el Primer Ministro Lerner, que ofreció una nueva minería que nunca se formuló, espantó los capitales.

Todo esto no solamente tumba la producción del sector minero, sino además perjudica a las demás empresas pequeñas, medianas y grandes que son parte de la cadena de producción de este sector. Después de todo, el crecimiento del sector minero ha ayudado al surgimiento de un sector industrial que es el más grande, fuerte, competitivo, innovador y exportador de nuestra historia. Por otro lado, no olvidemos que por cada puesto de trabajo creado por la minería se crean 9 puestos en los demás sectores, entre directos, indirectos e inducidos.

Esta situación no se va a revertir con los proyectos que ya tenemos en marcha, su efecto será solo temporal, en la medida que vayan entrando en producción. Lo que necesitamos es que el gobierno tome la decisión política de destrabar algunos de los grandes proyectos mineros, petroleros y energéticos que se encuentran parados por diversas razones.

Según la información del Ministerio de Energía y Minas, algunos proyectos de gran envergadura podrían salir adelante en un periodo relativamente corto de contar con apoyo político. Por ejemplo, Conga en Cajamarca representa una inversión de US$4,800 millones que bien podrían ejecutarse si es que el Estado hiciera su parte. Otros proyectos, como Tía María, podrían ser bloqueados si es que no velamos por su desarrollo.

Mucho más conveniente que estar descubriendo nuevos motores de producción o apostar por proyectos de inversión en infraestructura que son muy de largo plazo, es jugar con lo que ya se conoce y ya ha generado puestos de trabajo y tantos otros beneficios para el país en los años pasados. Ver en (L): La minería tiene un alto valor agregado. El Gobierno podría comprometerse a sacar adelante apenas dos grandes proyectos en lo que le queda de tiempo y esto tendría un impacto reactivador bastante fuerte. Es más, incluso tendría un gran impacto positivo en la recaudación tributaria. Ver (L): El impacto macroeconómico de la minería.

El sector privado e incluso estudios internacionales tienen identificado lo que hace falta resolver para que la inversión fluya.  Ver en (L): A pesar de nuestro gran potencial minero, seguimos a media tabla.  Por ejemplo, Colombia está creciendo casi el doble que el Perú sobre la base de la desregulación de su economía y la promoción de la inversión en minería. Lo que faltaría, entonces, es que hagamos algo concreto al respecto o este gobierno nos dejará para el próximo periodo gubernamental en condiciones clamorosas y muy distintas a las que encontró. Lampadia

En dos artículos previos hemos criticado las premisas, supuestos y el diagnóstico del cual parte el ambicioso Plan de Diversificación Productiva (PDP) para el diseño de las políticas que “crearían nuevos motores de crecimiento”. En el primero de ellos, analizamos los argumentos relacionada a la “necesidad de diversificar nuestra economía” y en el segundo nos concentramos en el diagnóstico sobre el empleo, los ingresos y la productividad.  Es importante seguir analizando este tema por los errores metodológicos del diagnóstico realizado y sus eventuales consecuencias en el diseño de políticas públicas.

Según el Plan de Diversificación Productiva (PDP), “el crecimiento de la economía ha tenido avances en equidad que pueden ser considerado menores”. Más aún, el ambicioso plan menciona (en la  página 35) que en la última década, la desigualdad ha crecido entre las regiones, por lo cual el crecimiento de la economía no ha mejorado la estructura distributiva de las mismas.  Para esta última afirmación, presentan un gráfico desde 1970 con el coeficiente de variación del ingreso per cápita en las regiones, el cual es un indicador de cuan dispersa se encuentra esta variable.

Sin embargo, en Lampadia, utilizando las estimaciones del PBI real departamental de Cuanto y la información del INEI sobre la población económicamente activa (PEA) -ocupada y total-, lo que encontramos es que el coeficiente de variación entre los distintos departamentos ha venido disminuyendo, lo que da cuenta de una menor dispersión en el producto por trabajador. Esto demuestra que el crecimiento económico experimentado en la última década está logrando mejorar la estructura distributiva de las regiones a través del mercado del trabajo, un resultado contrario a lo sugerido por el PDP.

Igualmente, nos parece poco generoso, decir que el crecimiento ha tenido avances menores en cuanto a equidad.  Como señalamos en Libre mercado reduce la desigualdad en el Perú, las cifras oficiales muestran que el coeficiente de Gini de los ingresos se redujo 10% entre el 2006 y 2012, mientras que el del gasto se redujo en 14% en el mismo periodo. De la misma forma, los estudios independientes estiman una reducción de la desigualdad que estaría entre el 8 y 11% para este periodo, lo cual es notable dado que fue un periodo de alto crecimiento (ver: El Peru vs. Kuznets, de Richard Webb). Incluso el recálculo de Waldo Mendoza, que presenta una foto de mayor desigualdad, no pudo ocultar que la pendiente de la reducción de la desigualdad, para el período que analizó, era aún mayor que la del Banco mundial, Cepal e INEI.

En relación a la productividad de la economía, el PDP afirma de que hay una “amplia heterogeneidad existente entre sectores”, y que “los sectores menos productivos son los que emplean relativamente a más trabajadores”. Como señaló Iván Alonso en una reciente columna, el plan carece de un análisis de cómo ha evolucionado esta productividad en el tiempo. Además, el análisis estático del valor agregado bruto por trabajador (la “foto”) como indicador para contrastar la “productividad” intersectorial es deficiente, ya que en los distintos sectores se utilizan combinaciones diferentes de capital y trabajo: la minería es más intensiva en capital y la agricultura lo es con la mano de obra directa (pero según estudios del IPE, por cada puesto directo del sector agrícola se crea un sexto [1/6] de empleos indirectos e inducidos en otros sectores, mientras que, en el caso de la minería, por cada puesto directo, se crean nueve [9] indirectos e inducidos). Entonces, es natural que el sector menos intensivo en trabajo –directo-muestre un ratio más alto por trabajador. Pero la realidad es que tanto la productividad del trabajo como la eficiencia del uso del capital en la economía han mejorado.

Además, debemos señalar que el PDP ha utilizado la antigua matriz insumo-producto de 1994 como base de análisis, cuando el INEI ya había publicado, dos meses antes, la nueva Matriz Insumo-Producto, con un año base del 2007 (pre-publicado, dos años antes). Haber usado una estructura productiva de hace 20 años le resta realismo al diagnóstico del PDP.

Sobre el diagnóstico comentado, se propone crear nueva burocracia: la Dirección de Cadenas de Valor y un Consejo Nacional de Diversificación Productiva – que hará sombra al Consejo Nacional de la Competitividad, entre otros. La evaluación de las metas que se plantean para cada línea de acción se asocian a productos intermedios elaborados desde un bureau: informes, estudios, número de sesiones o reuniones, número de concursos, etc.

El PDP tampoco identifica la necesidad de fortalecer las políticas de capacitación. Y nos deja la sensación de que se está pensado en fomentar una diversificación horizontal, descuidando el potencial productivo de la diversificación vertical, asociada a los encadenamientos con otros sectores, (tal como ya se dio entre la minería y la manufactura de maquinaria minera, que hoy exportamos a los países más sofisticados).

En síntesis, el PDP no está bien enfocado, ha sido muy apurado y, tal vez, no se ha basado en un buen análisis estratégico de las opciones de desarrollo integral del Perú, que permitan: multiplicar nuestra producción, acelerar la reducción de la pobreza y generar una mayor prosperidad y  bienestar para todos los peruanos.  Lampadia

Durante el 11° Simposium Internacional del Oro y de la Plata, el capaz y valiente ex ministro de Economía, Luis Carranza se apartó del discurso de “tenemos una cartera de proyectos mineros” que nos garantizan se continúe con la inversión que necesitamos. Efectivamente, la realidad es que la inversión en el sector está sustancialmente parada.

A muchos les cuesta reconocer que el principal motor de nuestro crecimiento (pro-pobre, pro-clase media y pro-menor desigualdad) de los últimos 20 años, ha sido la inversión privada, y dentro de ella, la inversión de la minería moderna. Ya hemos mostrado en “Volvamos a prender el motor de la economía”, cómo el crecimiento de la inversión privada ha colapsado de dos firmes dígitos a cero y hemos alertado, que más allá de las alergias de nacimiento, o de los irresponsables intereses políticos de los anti-mineros, para arrancar de nuevo un crecimiento sólido, debemos empezar por la minería.

Como venimos machacando, una y otra vez, después de haber apagado las luces en el Perú, después de haber proscrito la inversión privada en la agricultura, la minería, la pesca y hasta el turismo (años 60,70 y 80), hemos emprendido la gran tarea de rehacer el país durante ya más de veinte años, pero no logramos aún, “recuperar el tiempo perdido”. Después de haber obtenido logros económicos y sociales extraordinarios (LAS CIFRAS DE LA PROSPERIDAD), estamos parando a mitad del camino con un discurso equivocado que tiene varios matices: “no a la minería”, “exportamos piedras”, “no tiene valor agregado”, “agua si, oro no”, “tenemos que diversificar la producción”, etc.

Todavía tenemos que poner en valor nuestros recursos naturales que son la mejor base de crecimiento inclusivo, para industrializarnos(no la única), y para obtener los recursos necesarios que cierren las brechas económicas y sociales que acumulamos en los tiempos de la oscuridad, tal como ha venido ocurriendo en los últimos 20 años.

El Perú tiene dos “GRANDES AGENDAS” pendientes, la de la educación-salud-instituciones-infraestructuras-ciencia y tecnología, y la de desarrollar nuestro potencial productivo.

Así lo ha hecho ver Carranza en su reciente presentación, como ha sido recogido por la prensa nacional: “El Perú tiene una ventana de oportunidad e 15 años para beneficiarse de su minería”, “Normas ambientales y tributarias afectan en 20% rentabilidad de la gran minería”, “Tenemos que aprovechar nuestro bono demográfico” (tres lustros según Carranza, hasta el 2050, según el HSBC  -sin tomar en cuenta el aumento de la esperanza de vida-, que pronto va a tener que ampliar la vida útil de los ciudadanos, más allá de los 65 años). “La cartera de proyectos está estancada”.

A continuación mencionamos los nombres de una serie de proyectos mineros que entendemos, están paralizados, o no logran echarse a andar, por diversas razones:

Conga, Quilich, Haquira, Tía María, Cañariaco, Caña Chacapaca, San Luis, Galeno, Río Blanco, Michiquillay, San Gregorio, Mar Cobre, Quellaveco, Santa Ana, y muchos otros proyectos de exploración.

En lugar de entender esta alarmante realidad, el gobierno se ha dedicado a promover el ahora llamado Plan de Diversificación Productiva. Para ello hasta el propio ministro de Energía y Minas se ha dedicado a publicitarlo, tal y como hizo en el Simposium del Oro y la Plata. Al respecto, en el mismo evento, Roque Benavides, CEO de Compañía de Minas Buenaventura, dijo: “Para que el Plan de Diversificación Industrial propuesto por el Gobierno tenga éxito, primero se debe acabar con la permisología y destrabar las inversiones que necesita el país para asegurar su crecimiento sostenido”.

Recientemente, una joven profesional peruana, María Alejandra Zegarra Díaz, ha producido en Londres un estudio “The contribution of mining in Peru: 2013-2024“, que demuestra el impacto positivo de la inversión minera para el Perú. Lampadia publicó dicho estudio y su resumen como (“El impacto macroeconómico de la minería”). Por ejemplo, Zegarra muestra que si se ponen en marcha los proyectos de cobre, los aportes al fisco se incrementarían hasta en 143% al 2024. Lampadia

Hace pocos días publicamos nuestra nota: Otra vez La Parada (esta vez en la inversión), en la que advertimos que,  lamentablemente, la economía peruana estaba bajando su ritmo de crecimiento. Tal situación se debe en gran medida a que la inversión privada (que entre el 2010 y el 2012 se expandía a tasas que superaban el 15% anual), en el 2013 creció apenas 3.9% y el último trimestre de dicho año, se incrementó un raquítico 0.5%. 

Sobre las razones de este “frenazo” se ha escrito varias veces. Para entenderlo, no pueden dejar de mencionarse: la pérdida de confianza en el futuro de la economía, tanto por las fuerzas externas, como las internas. En los últimos tiempos se ha producido un desorden interno casi generalizado. Al ciudadano de a pie y al inversionista, le resulta difícil saber hacia dónde vamos. Es indudable que la disminución del precio de los commodities, ha jugado un rol muy importante, pero tenemos que reconocer, que cuando todavía no habían bajado se desató una campaña anti-minera, que detuvo una serie de proyectos.

Peor aún, el primer gabinete del Presidente Ollanta Humala, presidido por Salomón Lerner Ghitis, “oficializó” el discurso anti-minero. Manejó muy mal el proyecto de Conga, que tenía en regla todos los requisitos legales y sociales, dejando tomar la iniciativa revoltosa a un presidente regional que tiene una agenda política radical. Por supuesto que el señor Lerner no es culpable del todo. Su error fundamental radicó en hacer eco del discurso anti-minero que consiste en: subir los impuestos, tildar de contaminante a esta industria y hacerla ver como sedienta de agua. Faltó perspectiva de análisis y un liderazgo educador, o sobró el basamento de una agenda política que entonces se desconocía.

El mismo Premier, suspendió el otorgamiento de nuevas concesiones en Apurímac y forzó una negociación con el sector privado para subir la carga tributaria. Eliminó el Aporte Voluntario, cuya aplicación se coordinaba con las autoridades locales y las propias empresas, para reemplazarlo por un nocivo impuesto a las sobreganancias del sector, que quedaría en manos del gobierno central. Este impuesto llevó la carga total del sector, hasta el 50% de la utilidad gravable. Desde entonces, el gobierno se ha puesto de espaldas a la minería, abandonándola a su suerte. Así es que teniendo un gran potencial de desarrollo, a pesar de la reducción de precios, es pertinente decir que el menor ritmo de inversión puede deberse en mayor medida a los factores internos, que a los externos.

¿Por qué tanta monserga con la minería, si estamos hablando de la parálisis de la inversión en general? Porque el principal motor de la economía desde hace unos 20 años ha sido la inversión privada, y su principal componente, la inversión minera.

Entonces, si queremos reactivar la economía, debiéramos entender que tenemos que recuperar un mayor ritmo de inversión. Y, nos guste o no, eso pasa por promover, con urgencia y sentido de importancia, la inversión minera.

Pero a un sector del país parece no agradarle que se ponga en marcha esta iniciativa. ¿Cómo podemos arreglar este gran inconveniente? Pues con lo único que se puede hacer para conducir un país: con liderazgo. No se trata de hacer campañas publicitarias, se trata de que gobierno y empresa se comuniquen con la población para explicar las relaciones causa-efecto de lo avanzado en los últimos años, no más negacionismo. Se trata de explicar cómo invirtiendo en minería podemos generar un importante crecimiento en el sector industrial, construcción, transporte, servicios portuarios, etc. También se trata de exponer que el Perú está atrasado en su desarrollo minero, que haciendo más minería podemos compensar la caída de los precios y mantener los recursos fiscales que necesitan las regiones y el gobierno central para cerrar las brechas sociales y económicas (educación, salud, instituciones, infraestructuras, ciencia y tecnología y superación de la pobreza),  que hemos acumulado en las décadas perdidas (60, 70 y 80).

Es evidente que no solo debemos promover la inversión en minería, pero ese motor nos ayudará a encender muchos más. Por otro lado, como explicamos en: Paul Krugman rompe mitos, y Piñera, Calderón, Krugman, industrialización y diversificación, no solo se trata de industrializarnos y de diversificar nuestra economía sobre la base de la minería y los demás recursos naturales, pero es un excelente trampolín, para dar un primer gran salto en la dirección del desarrollo integral e inclusivo. Lampadia

Comentario de Lampadia:

La transparencia es un elemento clave para evitar la corrupción en la gestión pública, para fomentar eficiencia en los mercados, y para sostener la democracia. En el caso de las industrias extractivas (minería, gas natural e hidrocarburos), la publicación veraz de la información relacionada a las declaraciones de las empresas sobre sus resultados y de la recaudación del Estado por impuestos, regalías y otros gravámenes es importante para alinear las expectativas ciudadanas a las posibilidades reales de distribución de sus beneficios, y así evitar problemas sociales. Precisamente, la conflictividad social surge muchas veces del desencuentro de una realidad no comunicada adecuadamente, con  expectativas irreales sobre beneficios esperados.

La siguiente nota de El Comercio resalta que el Perú ha sido el único país de América en obtener el estándar EITI (Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas), tras una evaluación de 41 países donde se desarrolla explotación de recursos naturales. Esto confirma que en nuestro país la minería formal y las empresas del sector hidrocarburos vienen aplicando prácticas que fomentan la rendición de cuentas y la transparencia en sus operaciones. Lampadia

Artículo de El Comercio:

El Perú es el único en América con estándar de transparencia en la industria extractiva

(El Comercio, 13 de marzo de 2014)

Ser parte de la EITI ayudaría a aplacar protestas sociales y a atraer inversiones. En el Perú 59 empresas participaron.

El tercer informe de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas – EITI Perú no solo corroboró el estatus de “país cumplidor” que obtuvimos en el 2012, también nos ubicó como la única economía de América que puso en práctica un conjunto de políticas de transparencia y de rendición de cuentas sobre los ingresos que dejan las industrias minera, gasífera y petrolera.

“El Perú es el primer país de la región que obtiene el estándar EITI, una coalición mundial de gobiernos, empresas y sociedad civil, que trabaja de manera conjunta para la apertura y gestión responsable de los ingresos que provienen de la explotación de los sectores extractivos”, sostuvo Numa Arellano, socio de EY, institución a cargo del estudio.

Según Guillermo Shinno, viceministro de Minas, “el estudio ha demostrado que la diferencia es mínima entre lo que declaran las empresas por pago de impuestos, regalías, gravámenes y derechos de vigencia con lo que el Gobierno (Sunat, Perú-Petro e Ingemmet) informa haber recibido, por lo que nos mantenemos dentro del estándar internacional”.

Lo que se gana

Shinno y Arellano coincidieron en que la transparencia puede jugar en favor de la paz social, ya que al sincerar la información sobre los ingresos que reportan las empresas y cómo se distribuyen entre la población, se pueden evitar protestas sociales en las llamadas zonas de influencia.

“Ser transparente es bueno para la población porque puede ver que este tipo de industria influye en su propio desarrollo, incluso en la gobernabilidad del país”, dijo Shinno.

Como beneficio adicional, la transparencia también puede jugar en favor de las inversiones. ¿Cómo? El mantener el estatus de “país cumplidor” puede despertar mayor interés de las empresas extranjeras que verían al Perú como un destino seguro para que aterricen sus capitales. “Para que eso siga, el gran reto está en que más empresas se sumen a la iniciativa”, afirmó Arellano.

¿QUIÉN PARTICIPA?

El estudio validó información del 2011 y del 2012. Participaron 59 compañías de los subsectores minería (44) e hidrocarburos (15), por encima de las 31 del primero y de las 51 del segundo.

Publicado en El Comercio, 13 de marzo de 2014.

La inversión en exploración minera en el Perú se redujo el año pasado 24%, pasando de US$ 1,000 millones en el 2012 a US$ 760 millones al cierre del 2013. Este es un fenómeno mundial, según un estudio de SNL-Metals Economics Group, ya que los montos invertidos en la exploración de nuevos yacimientos ascendieron a  US$ 15,200 millones en el 2013, frente a los US$ 21,500 millones del año 2012 (una caída global de 29%).

El informe da cuenta que en este contexto de contracción mundial, el Perú es uno de los países más perjudicados, ya que desde el año 2009 viene reduciendo sistemáticamente su capacidad de atraer nuevas inversiones para exploración en minería. Precisamente, en el año 2009 el Perú logró ocupar la tercera posición en el ranking mundial de inversión en exploración, mientras que en el 2013 fue desplazado al séptimo lugar.

Estos niveles de inversión contrastan con nuestro potencial, como puede verse en el siguiente cuadro:

Varios son los factores que explican esta tendencia en el mundo. Las fluctuaciones de los precios internacionales de los minerales (con tendencia a la baja) ajustaron los gastos en exploración de las principales firmas mundiales. Además, el mercado internacional ha sido muy selectivo para otorgar financiamiento a emprendimientos de alto riesgo, como la exploración minera. En el caso peruano, además de la menor propensión a invertir de los grupos mineros internacionales, hemos sufrido el embate de una campaña anti-minera por parte de grupos radicales que han obstaculizado sistemáticamente el desarrollo del sector. Lamentablemente, el gobierno peruano, especialmente a través de su primer gabinete, presidido por Salomón Lerner Ghitis, desencaminó el manejo gubernamental en el caso de Conga, suspendió la actividad minera en Apurímac y deseducó a la población, dejando consentir que la minería contaminaba, competía por el agua y era reemplazable por otros sectores económicos.

A pesar de este panorama poco alentador vivido el año pasado, un reciente sondeo realizado por Reuters entre firmas canadienses reveló que más de la mitad de las empresas mineras de la Bolsa de Toronto consideraron que era “muy probable” que busquen financiamiento en los próximos 12 meses para nuevos proyectos, mientras que el 90% percibía como “algo probable” la ejecución de nuevas inversiones. Esto sería una señal de que el flujo de capitales volvería con fuerza próximamente al sector, en una nueva ola de inversiones que no deberíamos desaprovechar.

En Lampadia hemos remarcado que aún nos encontramos lejos de llegar a nuestro potencial productivo, habida cuenta de los años perdidos en los 60, 70 y 80, cuando la economía estuvo prácticamente cerrada a la inversión privada en minería, agricultura, pesca y madera. Con una cartera de inversión de más de US$ 28 mil millones solo en exploración minera, es evidente que tenemos todo a nuestro favor para seguir incrementando nuestro volumen de producción de minerales y aprovechar la ola de inversión en exploración que podría volver a presentarse.

Precisamente esta semana se está llevando a cabo la convención de exploración minera más grande del mundo en Toronto, Canadá. Se trata del Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC, por sus siglas en inglés), en la que el Perú ha sido nominado como el primer país minero auspiciador, y está participando con una delegación de más de 500 delegados para promocionar toda la riqueza geológica de nuestro país. 

Según el IPE (Instituto Peruano de Economía), si desarrolláramos nuestra cartera de proyectos mineros, que suma US$ 59,500 millones -muchos de los cuales se encuentran paralizados-, se generarían 2.37 millones de empleos estables, el PBI crecería adicionalmente en US$ 44 mil millones, las exportaciones en más de US$ 30 mil millones anuales y los ingresos fiscales en S/.25 mil millones cada año.

Si los peruanos fuéramos capaces de reconocer los aportes de la minería en generación de empleo de calidad, en transferencia de tecnología, en generación de producción industrial peruana, en los múltiples encadenamientos que tiene con otros sectores, en generación de divisas y en aportar importantes recursos fiscales; mediando por supuesto, los mejores estándares ambientales y sociales; en vez de tener movimientos anti-mineros, debieran  proliferar las marchas pro-minería y el apoyo abierto de la población, a lo que puede ser una de sus palancas más efectivas de desarrollo. Lampadia