En un contexto en el que subsiste un débil e insuficiente crecimiento de la economía peruana – en enero fue de 1.58% y recientes proyecciones sugerirían un crecimiento para febrero en torno al 2.10% – vemos necesario republicar este artículo.

Hace siete años desconectamos al Perú de su circuito virtuoso de crecimiento económico y reducción de la pobreza. (Ver en Lampadia: Las Cifras de la Prosperidad). Efectivamente, el 2011 ungimos el gobierno del nacionalismo para que nos diera crecimiento con inclusión, y no nos dio ni crecimiento, ni inclusión.

Así fue cómo el 2011 se produjo un punto de inflexión en nuestro desarrollo económico y social. Disminuimos el ritmo de inversión, paramos la reducción de la pobreza y de la desigualdad, el crecimiento de la clase media, e imbuimos a la administración pública de una explícita animadversión contra la inversión privada. (Ver en Lampadia: En el 2011 se dio el Punto de Inflexión de nuestro Desarrollo).

El siguiente gráfico muestra la caída del crecimiento hacia un plató algo menor de 4%. Un ritmo de crecimiento insuficiente para la reducción de la pobreza y la absorción de la demanda de empleo.

Como consecuencia de la caída del crecimiento, podemos ver como, después de tres lustros, vuelve a crecer la pobreza en el 2017.

Todo esto es consecuencia directa de la menor inversión, tanto la pública como la privada. El siguiente gráfico muestra como ha caído la inversión desde el año 2013. Pasamos de invertir hasta US$ 55,000 millones anuales a US$ 45,000 millones el 2017 y un estimado de US$ 48,000 millones el 2018. Pero si tomamos como base el porcentaje de inversión sobre el PBI del 2013 de 26.9%, y lo proyectamos al 2018 tenemos una brecha de menor inversión, con respecto al 2013, de US$ 12,000 millones anuales. US$ 10,000 millones menos de inversión privada y US$ 2,000 menos de inversión pública.

Peor que lo acontecido es que la perspectiva hacia adelante es más de lo mismo, un crecimiento mediocre y muy por debajo de lo que el Perú puede lograr. Veamos las estimaciones del BCRP.

En el siguiente gráfico podemos apreciar que el motor que nos dio un gran crecimiento hace algunos años, el sector minero, está prácticamente parado. La minería cayó un 1.3% el 2018, el Banco Central proyecta un crecimiento de 3.2% para el año actual y un crecimiento de 3.6% para el 2020, ambas tasas bajas que no reflejan nuestro enorme potencial minero. Todo ello producto exclusivamente de la debilidad del gobierno para impulsar la inversión minera. Por ejemplo, el presidente Vizcarra, para curarse en salud, ha declarado que el proyecto de Tía María no ha levantado aún sus observaciones, cuando en verdad, a fines del año pasado, todo estaba listo para que el gobierno le diera la autorización de inversión.  

Insistimos, esto se debe a la debilidad del gobierno. No se debe al nivel de cotizaciones de los metales, ni se debe a falta de proyectos. Todo lo contrario, el Perú es un destino privilegiado para las inversiones mineras. Inversiones que toman tiempo en concretarse y que, al perderlas, nos pasarán la factura, en forma de estancamiento, más adelante.

Ese estancamiento debe ser contrastado con nuestro potencial de crecimiento, que más allá de los cálculos económicos, apreciando nuestro potencial de crecimiento productivo, es seguramente del orden de 6 a 7% anual.

Hoy estas cifras pueden sonar altas, lo que pasa es que ya nos estamos olvidando que lo podemos hacer muy bien. Como lo hicimos hasta el 2011.

No faltan por supuesto, los que en aras de focalizar nuestro atraso institucional, siguen desconociendo los beneficios de crecer alto y sostenidamente. Atraso real y muy pernicioso, por cierto, pero no hay que olvidar que la mejor plataforma para hacer reformas es la abundancia y no la escasez.

El Perú, su gente y sus recursos son bastos como para sustentar, en paralelo a los temas institucionales, un mejor futuro económico y social. No podemos seguir perdiendo tantas oportunidades para consolidar el bienestar general. Lampadia

Como sabemos el cobre es nuestra principal exportación, algo más del 30%. Después de una importante caída de su cotización, hacia el segundo semestre del año pasado, el cobre recuperó un buen nivel de precios. Lamentablemente. Desde el segundo trimestre de este año, al son de la guerra comercial iniciada por Trump contra China y otros países, la cotización del metal rojo vuelve a caer.

Después de algunas dudas, hoy está claro que la caída de precios se debe a la guerra comercial, que aun no amaina. Ver despacho de Bloomberg:

En el Perú llegamos a tener un ministro de la Producción que aventuró una declaración en el sentido de que la guerra comercial entre EEUU y China, no afectaría a la economía peruana. Desgraciadamente eso no es correcto.

El siguiente gráfico muestra con claridad el área de impacto de la caída de precios, para lo cual hemos tomado como precio base US$ 3.10/Lb de cobre, lo cual implica una pérdida promedio de unos US$ 0.30/Lb hasta mediados del presente mes, o aproximadamente, una pérdida de exportaciones de US$ 500 millones.

Un tremendo costo, que además implica una pérdida de ingresos fiscales del orden de US$ 130 millones, que anualizada, llega a unos US$ 400 millones. Menudo impacto.

Efectivamente, la cotización del cobre está muy debilitada, y recientemente está recibiendo shocks adicionales con la caída del mercado de automóviles y de acciones en la China. Por lo tanto, en el corto plazo no podemos esperar una recuperación del precio.

Sin embargo, en el mediano y largo plazo, sí es posible estimar una importante recuperación del precio, dados los estimados de debilidades de la oferta del metal en los próximos años. Razón suficiente para que sigamos apreciando una propensión positiva a invertir en yacimientos de cobre en todo el mundo.

¿Qué implica esto para el Perú?

• Que es el momento para promover mayores desarrollos cupríferos.

Lamentablemente, el gobierno, dedicado a la confrontación política, más que a gobernar, sigue muy debilitado para promover el destrabe de los proyectos de cobre como Conga y Tía María. La debilidad es tan grande, que cuando listan los proyectos pendientes, ni siquiera los incluyen.

No podemos perder la oportunidad de duplicar nuestra producción de cobre.

El impacto de producir más cobre y más minerales en general, es muy importante para el país, y esa oportunidad no será eterna. Mañana se explotarán los fondos marinos, los meteoritos en el espacio, aumentará el reciclaje, se inventarán y usarán nuevos materiales que sustituyan los tradicionales, etc., etc.

Las últimas elecciones regionales han producido resultados que deben ser enfrentados a la brevedad.

• En el caso de Cajamarca, los anti-mineros han sido derrotados palmariamente, por tanto, habrá que apoyar a las nuevas autoridades para que puedan consolidad la recuperación de la región.
• En el caso de varios departamentos del sur, especialmente en Puno con la elección de Aduviri, y de Junín, no debemos esperar que las nuevas autoridades inicien sus agendas anti-mineras, sin desarrollar, de urgencia, una campaña educativa que demuestre los beneficios de la inversión minera, y la responsabilidad de quienes atenten contra la inversión y la prosperidad de sus regiones.

En este predicamento, es muy importante rescatar el verdadero sentido del ‘Adelanto Social’, que nos dice que las poblaciones deben recibir la oferta paralela del desarrollo minero y del desarrollo de un programa de avance social. Ver los detalles en Lampadia: El gobierno destruye la potencia del ‘adelanto social’.

Además, debería comprometerse el uso de recursos provenientes de los nuevos proyectos mineros, a mejoras salariales del magisterio, en las zonas de los proyectos.

El mundo avanza a toda velocidad, la revolución tecnológica cobra cuerpo aceleradamente, exponencialmente dicen, si nos quedamos, corremos el riesgo de condenar a nuestros pobres a vivir en los ‘arrabales de la globalización’. Algo que no podemos arriesgar. Lampadia

Camilo Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

Este 7 de octubre serán las elecciones a gubernaturas regionales y alcaldías en el Perú. Este proceso electoral tiene importantes implicancias sobre el sector minero y sobre las dinámicas de inversión del sector. Si bien de acuerdo a las leyes peruanas las autoridades sub-nacionales no tienen prerrogativas importantes a la hora de regular la gran inversión minera, si tienen una un rol importante en las dinámicas regionales de las que depende la resistencia social y política que puede enfrentar las inversiones mineras en el Perú.

Las autoridades locales son un factor importante en la conformación de la correlación de fuerzas afines u hostiles a la minería en un entorno de conflictividad social. La victoria de fuerzas políticas anti-mineras en este proceso electoral tiene un conjunto de consecuencias de corto y largo plazo en la medida en la cual instrumentalicen municipios o gubernaturas regionales hacia el activismo anti-minero. En el Perú ha sido visible el papel de figuras como Gregorio Santos desde la Presidencia Regional de Cajamarca o de Oscar Mollohuanca desde la Alcaldía de Espinar. Sus apariciones en medios y manifestaciones los llevaron a tener una figuración mediática nacional y el caso de Gregorio Santos le facilito el asumir un liderazgo relevante dentro del espectro político radical.

A continuación, listamos algunos de los efectos potenciales de la victoria de figuras políticas hostiles a la minería sobre la legitimidad y viabilidad del sector:

• Manutención de Activistas: La presencia de activistas a tiempo completo dedicados es un importante factor de éxito en los movimientos sociales anti-mineros. Con autoridades anti-mineras estos activistas pueden ser contratados como funcionarios o consultores para cumplir, en el papel, determinadas funciones cuando en realidad son activistas anti-mineros financiados con fondos públicos tanto en sus ingresos personales como en la logística de su activismo como lo es el transporte alimentación y locales de reunión.
• Soporte logístico a manifestaciones: Es posible que autoridades hostiles a la minería brinden transporte o alimentación a los manifestantes en contra de proyectos mineros. Se ha dado casos de uso de unidades de transporte contratadas o de propiedad por autoridades utilizadas para transportar a manifestantes hacia marchas o bloqueos. Esto se hace con recursos públicos que son utilizados con fines distintos a los presupuestados. Lamentablemente el grado de fiscalización por parte de la Contraloría o Gobierno Central es mínimo y estos actos de malversación de fondos públicos pueden ser realizados con mínimas consecuencias.
• Representación Social: Las autoridades locales tienen un importante rol de representación social puesto que han sido electas por la población. A diferencia de las ONGs o los Frentes de Defensa que se auto-asignan sus roles, estas autoridades han obtenido su puesto gracias a procesos electorales en las que ha participado la inmensa mayoría de la población. Una autoridad local anti-minera podrá presentar al resto del país su postura como representativa de su población. Ello facilita una polarización política contra el gobierno central y el acceso a medios de comunicación nacionales de la postura anti-minera.
• Aparato de Propaganda: En múltiples casos las autoridades sub-nacionales tienen importantes recursos comunicacionales bajo su control. Radios o canales de televisión locales son controlados por dichas autoridades. Estos recursos comunicacionales pueden resultar siendo canalizados dentro del aparato de propaganda anti-minero y dedicarse a socavar la legitimidad de la minería. En Espinar era común que el canal de televisión municipal transmitiera reportajes respecto a muerte de ganado a ser atribuidos a la actividad minera sin ninguna investigación científica que lo sustentara. En Cajamarca el Gobierno Regional durante el conflicto de Conga creo un programa radial “La Voz de La Región” que se dedicaba a la difusión militante del discurso anti-minero. La imagen superior proviene de la televisión municipal de Espinar mostrando un reportaje[i] en el que se acusaba a la Glencore-Xtrata de ser responsable de enfermedades en el ganado.

  

• Presión Institucional: Como mencionamos previamente el marco legal peruano no brinda a las autoridades locales muchos instrumentos para impedir legalmente las actividades mineras. Sin embargo, pueden realizar múltiples actividades que sirven para deslegitimar a los ojos de distintas audiencias las actividades del sector. En el caso de conflicto Conga fue visible el rol de la Ordenanza Regional 036 la cual prohibía el proyecto minero y que fue declarada ilegal por el Tribunal Constitucional. También se hace uso de declaraciones de reservas naturales en zonas de operaciones mineras o se declara a una determinada población como pueblo indígena. Estas acciones se realizan por fuera de las atribuciones legales de estas autoridades. Sin embargo, su rol no consiste en inviabilizar legalmente a un proyecto.  Estas acciones se dan con fines políticos y permiten presentar los proyectos como enfrentados a la voluntad local e impuestos por el gobierno central.
• Adoctrinamiento: Los anti-mineros son conscientes de la importancia de la formación discursiva y de la importancia de penetrar a la sociedad con su narrativa. Por ello es común que utilizando recursos públicos lleven a cabo acciones de adoctrinamiento anti-minero a los empleados de las instituciones bajo su control. Los empleados públicos forman una fracción importante de los formadores de opinión en las inmediaciones de los proyectos mineros al constituir gran parte de la población local con mayores niveles educativos y capacidad discursiva. La siguiente imagen muestra a Wilder Sánchez, autor de estudios hostiles al proyecto Conga, dando una conferencia[ii] en contra de dicho proyecto a los empleados del Gobierno Regional de Cajamarca. La posición de Sánchez respecto a Conga es bastante clara:

“Ni una catástrofe natural, llámese huracán, aluvión, Fenómeno de El Niño o terremoto de gran magnitud, causaría la destrucción descrita en las cinco cabeceras de cuenca.Incluso una bomba nuclear como la lanzada sobre Hiroshima, que destruyó totalmente el 69% de sus edificaciones en 12 Km2 de la ciudad (o sea 1,200 hectáreas) pero no dejó profundos cráteres, tampoco se asemejaría a la devastación del territorio que ocasionaría Minas Conga si prosigue adelante”.

Este domingo se está jugando su futuro una importante fracción de la inversión minera nacional durante los próximos 4 años. De darse triunfos anti-mineros en regiones o municipios envueltos en conflictos sociales se verá severamente dificultado el aprovechamiento del enorme potencial geológico del país. Sería bueno que las empresas mineras estén claras sobre las consecuencias de una victoria de los grupos anti-mineros en algunas regiones del país. Lampadia

(Artículo 2 de una serie de 3)
Camilo Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

La legitimidad de toda actividad económica se juega a lo largo del tiempo, en una lucha que se da todos los días del año y durante muchos años. Esta depende de las opiniones que se van construyendo por líderes de opinión, sociedad civil, medios de comunicación, y público en general. Los pos-extractivistas (grupos contrarios a la actividad minera y al crecimiento productivo en general) y sus aliados están en una lucha de largo plazo para inviabilizar o restringir la mayor parte de la inversión minera en grandes proyectos.

Muchas empresas confiadas en su poder económico y en sus contactos con el Estado y con las elites políticas, creen que estos activistas no serán capaces de afectar sus actividades. El efecto individual de las diversas iniciativas de las organizaciones anti-mineras en el corto plazo puede ser débil pero su dedicación y esfuerzo sostenido terminan teniendo un gran efecto en el largo plazo.

El efecto acumulado del activismo anti-minero termina afectándoles, ya sea por la paralización directa de proyectos mineros o por el incremento del riesgo social que enfrentan sus proyectos. Ese riesgo implica que dichos proyectos se posterguen por muchos años y que requieran de mayores tasas de rentabilidad para tener acceso para financiamiento. El resultado de esas postergaciones o paralizaciones es el freno al desarrollo del país.

Hemos identificado tres iniciativas que los anti-mineros están desplegando en estos momentos. Todas buscan erosionar la legitimidad del sector minero. Esas iniciativas son:

• “La vida no vale un cobre”
• “Criminalización de Defensores”
• “Devoluciones Mineras”

Cada una de estas iniciativas se articula alrededor de una herramienta central (estudio o documental), para posteriormente generar derivados comunicacionales que llegan a los líderes de opinión, canalizando sus ideas a la prensa, para terminar impactando sobre la opinión pública y sobre los políticos.

Con esas campañas los grupos hostiles a la minería van creando paulatinamente una opinión negativa respecto al sector minero en el periodismo, en el Estado, en la juventud y en la población en general. Esta opinión negativa termina afectando a la industria de diversas maneras: predispone a periodistas en contra la industria, fomenta que políticos hagan leyes hostiles y promueve que funcionarios públicos hagan regulaciones adversas a la minería. Esas campañas, además, sirven de estrategias para la captación de fondos y para capturar cuadros entre la juventud peruana.

En un artículo anterior hablamos de la campaña “La Vida no Vale un Cobre”. La segunda iniciativa identificada consiste en la campaña “Criminalización de Defensores” que tiene por efecto, de ser exitosa, generar condiciones de un mayor nivel de impunidad a los activistas anti-mineros frente a potenciales acciones violentas o de uso de fondos públicos.

“Criminalización de Defensores”:

Parte del accionar de los anti-mineros consiste en la realización de acciones ilegales, muchas veces violentas, como bloqueo de carreteras, uso de fondos públicos para financiar sus actividades, intimidación física de la población, destrucción de propiedad privada, usurpación de terrenos y detenciones arbitrarias. Los casos en los que se ha manifestado esta clase de acciones han sido numerosos.[1]

Las acciones ilegales descritas son útiles a los anti-mineros en múltiples aspectos. Les permiten obtener recursos, generar ocasiones de violencia que favorecen su victimización, generar imágenes de caos que derivan en costos políticos que doblegan la voluntad política del gobierno central y hacer uso de la fuerza para consolidar su hegemonía política local. Si los anti-mineros tuvieran que enfrentar el imperio de la ley, en el grado que se da en otras latitudes, su capacidad para ejercer presión política y obtener recursos se vería severamente disminuida. Por ello, la impunidad para sus actos ilegales es sumamente importante.

Por supuesto, los anti-mineros no lo ven así. Ellos se imaginan enfrentando un orden legal injusto y un aparato represivo del Estado, que se encuentra al servicio de las empresas mineras y contrarios a los derechos de la población. Por ello, las medidas del Estado contra dirigentes anti-mineros responsables de acciones violentas e ilegales son consideradas por ellos y sus aliados como la “criminalización de la protesta social”.

En el caso de esta campaña, el producto que aglomera sus argumentos discursivos es el documento: “Una receta para criminalizar: personas defensoras del ambiente, el territorio y la tierra en Perú y Paraguay”[2]

La propuesta principal del texto, de acuerdo a la sumilla de presentación, es:

“Las personas defensoras de derechos humanos que ejercen su trabajo en relación con el acceso a la tierra y los derechos al territorio y al medio ambiente en Perú y Paraguay realizan sus actividades en contextos hostiles. En ambos países, los individuos y las comunidades que luchan por proteger el agua y acceder a la tierra son estigmatizados y su labor es desacreditada a través de declaraciones públicas y rumores. Sus comunidades son desalojadas a la fuerza de donde viven o enfrentan el riesgo de ser desalojadas sin las debidas garantías. Finalmente, las personas defensoras enfrentan procesos penales injustos e infundados. Son procesadas y juzgadas sin pruebas por delitos relacionados únicamente con su trabajo de defensa de los derechos humanos. Estos son los ingredientes de la receta para socavar su trabajo e impedirles seguir con la defensa de los derechos humanos.”

Es de resaltar que entre los supuestos abusos sufren estos defensores se encuentran la “estigmatización” que parecería ser la expresión pública de opiniones que entren en severa contradicción con la imagen que el activismo anti-minero plantea dar de estos personajes.

Un ejemplo de lo que se considera como estigmatización es el siguiente fragmento del texto de Amnistía.

A entender de Amnistía, caracterizar a Máxima Acuña de ser una ocupante ilegal, cuando ocupa terrenos que en Registros Públicos están a nombre de Minera Yanacocha, se trata de un acto de agresión a un defensor de los derechos humanos. Esta definición de “estigmatización” se encuentra muy extendida entre algunas organizaciones de derechos humanos para quienes ciertos personajes y actores sociales tienen un valor totémico, son intrínsecamente incapaces de acciones inmorales mas allá de las pruebas, y sus actos deben ser vistos más allá de la ley.

En su segmento de Recomendaciones se hacen un conjunto de peticiones a las autoridades para bridar un status especial a las personas consideradas por ellos y algunas organizaciones ideologizadas, como defensores ambientales. Bajo ese status especial, muchas de sus acciones ilegales en el marco legal de los países, como bloquear una carretera, paralizar actividades económicas de terceros y generar millonarias pérdidas a empresas mineras, serian considerados como parte del ejercicio legítimo de las funciones sociales de un defensor ambiental. Con ese status especial, esas personas son puestas por encima de las otras personas, de las leyes y de las instituciones del país.

Las personas consideradas como “defensores criminalizados” en esta campaña consisten en personajes difusores de la narrativa antiminera ya sea como activistas antimineros o como iconos funcionales para sus fines comunicacionales. Entre los “defensores” cuyos casos son visibilizados se encuentran Oscar Mollohuanca quien fuera protagonista principal de la conflictividad social antiminera en Espinar Cuzco, Cesar Estrada activista antiminero acusado por extorsión y secuestro, y Máxima Acuña, cuyo ícono es funcional a una estrategia de desprestigio generalizado del sector minero.

Esta campaña no se remite únicamente a un documento de Amnistía Internacional. El libro de Rocío Silva Santisteban, “Mujeres y Conflictos Eco-territoriales en América Latina”[3], ha sido presentado en múltiples ciudades del país con cobertura mediática de grupos hostiles a la minería, el libro hace hincapié en la victimización de las “defensoras” frente a supuestos abusos impulsados por empresas mineras, obviamente Máxima Acuña es una protagonista en el texto.

También la organización APRODEH toma acciones en su reporte ““La situación de los derechos humanos en el Perú. Balance y perspectivas desde el mecanismo del examen periódico universal 2017”[4] En dicho reporte se hace mención de la existencia de un proceso de persecución judicial contra los defensores de derechos humanos entre los cuales se encuentran activistas anti-mineros como Milton Sánchez, quien dirige la organización anti-minera Plataforma Interinstitucional Celendina en Cajamarca.

El Instituto de Defensa Legal también realiza acciones alineadas con esta campaña, en su programa radial “No hay Derecho” que es transmitido en las mañanas de lunes a viernes tanto en Lima como en múltiples ciudades del interior. En cada pausa de dicho programa se transmiten spots donde líderes anti-mineros tipificados como “criminalizados” denuncian que sufren persecución e instan a los oyentes a unirse a una campaña en su defensa.

En numerosas audiencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha llevado a activistas anti-mineros para que brinden sus versiones ante los magistrados de dicha corte.

Mientras los anti-mineros despliegan múltiples campañas, el Estado Peruano no es capaz de contar una historia alternativa que logre justificar su accionar como defensa de la ley y de los pilares de un orden social democrático.

La presentación de documentos no es el único resultado de esta campaña, con ella se entra en contacto con líderes de opinión, funcionarios del Estado, Congresistas e instancias internacionales (Como la Corte Interamericana de Derechos Humanos), ejerciendo influencias en personas con roles críticos en todos esos niveles.

Esto tiene un conjunto de consecuencias potenciales y reales. Presiona a los jueces a dar fallos favorables a los anti-mineros, fomenta una cobertura hostil de la prensa hacia el sector minero y propicia cambios institucionales o regulatorios que dificultan el imperio de la ley en zonas mineras. El objetivo legal definitivo consiste en que se brinde a los “defensores ambientales” un estatus legal especial en el que el grado de impunidad para potenciales actos delictivos se eleve ostensiblemente.

Mientras esta iniciativa se despliega con múltiples líneas de incidencia simultanea el sector minero no realiza acciones efectivas destinadas a justificar legal y éticamente su accionar ni a visibilizar el alto grado de impunidad del accionar violento de muchos antimineros. Una vez más, el sector y sus organizaciones, da muestras su incapacidad para percibir la importancia del la “superioridad moral” en el conflicto político prolongado en el que, a pesar de no quererlo, se encuentra involucrado. Lampadia

Después de 36 largos años, Perú volvió a una Copa Mundial. La semana pasada perdimos la oportunidad de clasificar a la siguiente ronda, pero nada nos quita el entusiasmo. El Perú, con su juego y sobre todo por la hinchada, ha dejado una huella muy positiva en el mundial, nos ganamos el respeto y cariño del público, líderes de opinión y periodistas. Los medios internacionales alabaron a la hinchada peruana y se sorprendieron de su muestra de afecto y pasión por su país. La verdad es que las victorias son cuestión de tiempo para la Bicolor.

Por eso, igual apoyaremos con ansias a nuestra selección el día de hoy en el partido Perú y Australia, la última jornada del Grupo C en el Mundial Rusia 2018. Este partido se llevará a cabo hoy, martes 26 de junio, a las 9:00 a.m. Y, ya sea en el Estadio Fisht, en el Fifa Fest o desde nuestros televisores, todos estaremos alentando a nuestra selección.

El equipo de Australia, conocido como los socceroos, todavía puede disputar un lugar en la siguiente etapa del Mundial, para esto, tendrá que ganarle a Perú y esperar el resultado de Dinamarca-Francia.

¿Qué más sabemos de nuestro contrincante?

El ingreso per cápita australiano se encuentra entre los más altos en el área de la OCDE, incluso después de tomar en cuenta el costo de vida. En los últimos años, los altos precios de las materias primas y los volúmenes de exportación han fortalecido el poder adquisitivo del dólar australiano en el exterior y han impulsado una inversión masiva en nueva capacidad de procesamiento de recursos.

Los incrementos extraordinarios en los precios de los commodities generaron una gran cantidad de inversión en minas e infraestructuras minera en toda Australia. A medida que los precios de los commodities aumentaron, las empresas mineras aumentaban la producción para beneficiarse de precios más altos. En 2012, la inversión minera se quintuplicó respecto de su nivel en 2004 (de alrededor de US$ 20 mil millones a US$ 130 mil millones), alcanzando un máximo del 9 % del PBI.

El aumento de los ingresos gracias a la minería y la inversión privada se extendió a otras partes de la economía australiana:

• Aumento de la demanda de trabajadores y mayores salarios: la mayor demanda de commodities e inversión privada en nuevas minas e infraestructura aumentaron la demanda de trabajadores en el sector minero y otros sectores relacionados (como construcción, ingeniería, finanzas y seguros, legal y transporte). Esto resultó en un aumento tanto en el número de trabajadores empleados como en los salarios que estos trabajadores recibieron, lo que a su vez contribuyó a los ingresos y el consumo de los hogares. En otras palabras, más australianos tenían más dinero para gastar en bienes y servicios.
• Ingresos del gobierno: los aumentos en las cantidades de recursos extraídos y los precios más altos dieron como resultado mayores ganancias para las compañías mineras, lo que llevó a un aumento en los ingresos por impuestos y regalías por parte de los gobiernos federales, estatales y territoriales.
• Aumento de los beneficios de los accionistas: el aumento de los beneficios en el sector de la minería y otras industrias relacionadas fluyó a través de los accionistas de la compañía, una proporción de los cuales eran residentes australianos. La inversión a gran escala en el sector minero, junto con mayores ingresos, aumentó la demanda general en la economía australiana. Esto, a su vez, condujo a una mayor demanda laboral, lo que presionó a la baja la tasa de desempleo y la presión al alza sobre los salarios.

Quizás uno de los puntos más interesantes es que, a pesar de caídas en los precios de los commodities, Australia ha evitado caer en recesión durante los últimos 25 años. Su sector minero ha sido aclamado como el salvador de la economía, protegiendo al país de los efectos de las graves recesiones económicas experimentadas en Estados Unidos, Europa y otros países durante y después de la crisis financiera mundial de 2007-08. Ver en Lampadia: 25 años sin una recesión

La tasa de crecimiento del PBI llegó a 2.4% en 2017, una ligera baja del 2016. El sector minero actualmente contribuye alrededor del 20% del ​​PBI de Australia. Se encuentra entre los diez países más importantes en la producción y exportación de casi todos los minerales. Tiene las reservas más importantes de numerosos recursos estratégicos; por ejemplo, cuenta con 40% de las reservas confirmadas de uranio en el mundo. El mayor impacto del sector minero está en las exportaciones. En los últimos años ha representado más del 50% de los ingresos totales de exportación de Australia.

Regresando al partido de hoy

La verdad es que el Perú se merecía algo mejor de lo logrado en el mundial. Pero las victorias en una gran competencia vienen con la experiencia, con un trabajo duro y mucho entusiasmo. En Lampadia esperamos con ansias la nueva generación de guerreros, inspirados por este gran equipo, que logró ir a la copa del mundo. Ahora los niños en Perú tienen una nueva imagen, una mejor visión de lo que pueden lograr.  Lampadia

Los indicadores de abril pasado muestran mejoras de la economía en varios aspectos, un crecimiento del PBI de 7.8%, acompañado por mayor empleo formal con mejores ingresos, crecimiento de la inversión pública y privada, y crecimiento de la recaudación fiscal, entre otros.

Ver en Lampadia: Un pulso de crecimiento de nuestra briosa economía, donde nuestro director afirmaba que se empiezan a recoger las burbujeantes reacciones de una economía que fue parada a la mala y que mantiene un potencial de crecimiento alto y sostenido. El pulso del crecimiento de abril es un pulso que está en el corazón de todos los peruanos.

Si bien, no podemos proyectar que sigamos creciendo al mismo ritmo, si se puede afirmar que, de mayo en adelante, tendremos mejores indicadores que los de los meses anteriores. Julio Velarde, el Presidente del BCRP, ve una recuperación de la economía “vigorosa” y estima que en mayo podríamos ver un crecimiento de 5%.

Pero lo más importante es que, si analizamos las características de nuestra economía, podemos ver que nuestras fortalezas se están alineando favorablemente. Nuestras exportaciones apuntan a batir record, con un estimado de US$ 52,058 millones este año y US$ 55,181 millones el 2019.

Veamos otros indicadores que acaba de publicar el BCRP en su ‘Reporte de Inflación de junio 2018:

El Perú quiere crecer, pero no lo dejan

Desde el 2011 se frenó el crecimiento y esto se ha ido agravando con otros procesos perversos, que lo único que han logrado es que se pare el desarrollo y la reducción de la pobreza. Los frenos más importantes son:

• El corte de la inversión minera, logrado a pulso por Humala-Heredia-Lerner desde el 2011 y su rebote en la parálisis de la inversión privada.
• La llamada tramitología, que ha literalmente amarrado al país, impidiendo o complicando excesivamente las inversiones.
• La infiltración en el Estado de funcionarios politizados que están más comprometidos con una ideología que con su rol de buscar el bienestar común.
• La complacencia de los gobiernos de Humala y PPK con los movimientos anti-mineros, que han hecho lo que le ha dado la gana, sin asumir los costos por los daños causados.
• La falta de liderazgo por parte del Estado, que deberían explicarle a la población los beneficios de las inversiones privadas.
• Combatir la campaña desestabilizadora del gobierno dirigida por Mercedes Aráoz y Juan Sheput desde las filas del oficialismo. Campaña en la que convergen miembros del establishment político limeño, el cual se siente desconectado del presidente Vizcarra; y las tradicionales acciones levantiscas de nuestras tristes izquierdas, que buscan elecciones inmediatas, constituyentes y tomas del poder producto del caos y el vacío.
• El abandono de buena parte de los medios de comunicación nacionales en manos de operadores anti economía de mercado que todos los días fortalecen un sentido común perverso y anti desarrollo, habiendo renunciado sus accionistas al compromiso que exige el manejo de la prensa.

Pareciera que corregir todo esto es muy difícil, pero solo se necesita que el gobierno de Martín Vizcarra se consolide y tenga la capacidad de entablar un diálogo de pros y cons con la población, para evaluar el impacto de las decisiones dirigidas a re-dirigir al Perú hacia una senda de desarrollo integral. Lampadia

Camilo Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

La legitimidad social de un sector se juega a lo largo del tiempo. Esa legitimidad depende del flujo diario de las opiniones respecto a un sector en la opinión pública, líderes de opinión, sociedad civil, medios de comunicación, y público en general. No es algo que puede revertirse con campañas publicitarias circunstanciales, cuando los problemas se agravan. Es una lucha prolongada, y como tal debe ser analizada.

Los pos-extractivistas y sus aliados están en una lucha global de largo plazo para inviabilizar la gran inversión minera. Gran parte de las grandes empresas mineras subestiman el riesgo que representa para ellos el activismo intelectual de los anti-mineros. Muchas empresas, confiadas en su poder económico y contactos con las elites políticas, creen que estos activistas no serán capaces de afectar sus operaciones en forma significativa.

Sin embargo, los hechos de los últimos años requieren consideración. En El Salvador se ha prohibido la minería metálica, en Costa Rica se prohibió la minería a tajo abierto, y varias provincias de Argentina también se ha vuelto ilegal la minería a tajo abierto. En el Perú no son pocos los proyectos mineros que no pueden ser ejecutados a causa de la conflictividad promovida por los grupos hostiles a la minería. Esos ejemplos nos enseñan que los anti-mineros operan como la erosión geológica. Su fuerza en el corto plazo puede ser débil pero su dedicación y esfuerzo sostenido terminan teniendo un gran efecto en el largo plazo.

Hemos identificado tres iniciativas que los anti-mineros están desplegando que tienen por efecto erosionar la legitimidad del sector minero. Esto ocurre sin que dicho sector tome medidas para mitigar sus efectos, ni mucho menos revertirlos. La falta de respuesta del sector es sintomática de las limitaciones del sector minero para comprender que se encuentra en una lucha de largo plazo contra adversarios determinados e ideológicamente motivados en la que se juega su viabilidad.

Las iniciativas que hemos identificado consisten en tres documentales: “La vida no vale un cobre”, “Criminalización de Defensores” y “Devoluciones Mineras”. Cada una de estas iniciativas articula alrededor de una herramienta central (estudio o documental), para posteriormente generarse derivados comunicacionales que llegan a líderes de opinión, a la prensa y terminan impactando sobre la opinión publica y los políticos. De esta manera se va creando, de manera paulatina, una opinión negativa respecto al sector minero. Esta opinión negativa termina afectando a la industria de diversas maneras. Entre ellas, predispone a periodistas contra la industria, fomenta que políticos hagan leyes hostiles a la minería, que funcionarios públicos hagan regulaciones adversas e incrementa la facilidad de los anti-mineros para obtener cuadros.

En esta primera entrega trataremos sobre el intento de deslegitimar las operaciones cupríferas en el sur del Perú.

“La Vida no Vale un Cobre”

Se trata de una serie de contenidos[i], en general de videos cortos como entrevistas y animaciones en la que se retrata la conflictividad social de la provincia de Espinar, Cusco desde la perspectiva anti-minera. La postura de este documental “transmedia”, como sus autores lo denominan, es evidente, como se ve en el siguiente párrafo extraído del Facebook del documental:[ii]

“#CortoAnimado A través del recorrido de un río una campesina de Espinar, Cusco, muestra como sus ríos se contaminan debido a la actividad minera, y en el camino ella va viendo como los ganados -que son la principal fuente económica para las poblaciones de la zona- están muriendo, mientras la actividad minera va extrayendo y llevando camiones repletos de concentrado de cobre, dejando pobreza y contaminación para ellos.”

Se muestran testimonios en los que se afirma que las actividades mineras, en especial las de Minera Tintaya contaminan la zona. Como resultado de ello está muriendo el ganado, naciendo niños con malformaciones, y acabándose el suministro de agua en la zona.

El caso de la muerte del ganado es bastante llamativo puesto que los pobladores de la zona han enviado varios de los cuerpos de los animales muertos supuestamente debido a la contaminación minera al SENASA para ser evaluados. Cuyo informe [iii] es concluyente:

Este informe fue firmado por múltiples autoridades y lideres locales de Espinar que no tienen reparos en seguir acusando a la minería de acabar con el ganado local. Siendo esta la más recurrente acusación que se realiza localmente contra la actividad minera en la zona.[iv] A pesar de la evidencia empírica el documental continúa insistiendo en su acusación. La mayoría del público no conoce el informe de SENASA y no tiene como saber que las acusaciones contenidas en el documental ya fueron respondidas. En el vacío, los mensajes de los anti-mineros avanzan.

Ellos buscan también replicar el exitoso modelo de la mujer campesina, pobre, defensora del medio ambiente, ya aplicado con “Máxima Acuña” en Cajamarca por el ex cura Arana. En este caso ellos están visibilizando a la campesina Melchora Surco, quien comparte con Máxima la capacidad para acusar a la minería de múltiples abusos en medio de lágrimas. Al igual que en el caso de Máxima sus acusaciones no requieren ser corroboradas puesto que su condición de mujer pobre indígena es suficiente prueba para los pos-extractivistas y sus aliados. Se ha realizado un documental entero sobre la señora y se plantea presentar frente a múltiples públicos.

Este documental fue realizado con el auspicio de Broederlijk Denle, Entrepueblos, Gobierno Vasco, CooperAcción y Derechos Humanos sin Frontera (Cusco). El caso de CooperAcción es llamativo puesto que de manera insistente esta organización afirma no ser anti-minera, sin embargo, de manera sistemática se dedica a divulgar ataques a la minería independientemente de la carga probatoria de la misma.

El documental va dirigido a desprestigiar la actividad minera de cobre en el Corredor del Cobre del Sur Peruano. Esto es especialmente importante puesto que es el cobre el mineral en el que se enfoca el grueso de las expectativas de crecimiento de la minería en el Perú. Líderes de opinión nacionales, redactores de medios de comunicación y reporteros ven estos materiales y cuando se dan casos de conflictividad social asumirán posturas hostiles a la minería y al cobre específicamente.

Posteriormente las empresas se lamentan por el sesgo anti-minero del periodismo cuando las ONG anti-mineras mantienen líneas de acción sostenidas de desprestigio mientras que las empresas, en su mayoría, hacen algo de relaciones publicas cuando el conflicto asume relevancia nacional.

Estos documentales, y otros que veremos en los artículos siguientes, deforman la realidad de la minería en el país, sin que reciban respuestas adecuadas. Si no se contrarresta la narrativa anti-minera, se priva a los periodistas y a las poblaciones locales de los elementos de juicio alternativos, necesarios para pensar en forma realista sobre la minería y sus opciones de desarrollo y bienestar. Esos hechos no contribuyen a la sostenibilidad social del sector. Lampadia

Datos demasiado grandes para el formato del archivo

La minería moderna crea activos ambientales y en este artículo se propone que ayude a resolver los antiguos pasivos ambientales.

Camilo Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

En setiembre pasado la ministra de Energía y Minas Cayetana Aljovín dio un anuncio que puede ser muy positivo para la legitimidad de largo plazo del sector extractivo. La ministra dijo: “Vamos a presentar este proyecto de ley al Congreso de la República, es decir, así como se utilizan los impuestos para proyectos de infraestructura se podrán utilizar para remediar terrenos impactados por la minería”.

De ser bien encaminada, la remediación ambiental por impuestos puede afectar de manera relevante la eficacia de la narrativa pro-minera frente a la anti-minera, mejorar las condiciones ambientales degradadas por pasadas malas prácticas mineras y mejorar la viabilidad de las inversiones mineras.

Según el último inventario realizado por el MINEM[i], el Perú tiene 8,854 pasivos mineros. De estos un 76.61% es decir 6,783 se encuentran pendientes de gestión. Los pasivos ambientales mineros funcionan como una oportunidad fantástica para los anti-mineros. Organizan visitas de líderes comunales de aquellas zonas donde se van a asentar proyectos mineros a áreas donde existan pasivos mineros, en estas visitas los activistas anti-mineros fungen de guías y explican cómo ese daño ambiental sería un efecto inevitable de la actividad minera. Por ejemplo, a los comuneros de las inmediaciones del Proyecto Conga se les llevo a la cercana provincia de Hualgayoc, que tiene 885 pasivos mineros originados por operaciones mineras que empezaron en el virreinato. En el extranjero también se da esta práctica, en el Salvador la contaminación del rio San Sebastián producto de antiguas prácticas mineras fue eficazmente utilizada en la difusión de una narrativa que terminó con la prohibición de la minería metálica en todo el país. Imágenes como la superior, referente al rio San Sebastián en el Salvador, son un recurso discursivo más poderoso que cientos de páginas de un EIA realizado bajo los más elevados estándares técnicos.

La minería moderna tiene el nivel tecnológico necesario para controlar y mitigar eficazmente sus efectos medioambientales. Sin embargo, para la mayoría de la población la comprensión de los efectos de la minería se da en función a las consecuencias de las operaciones mineras previas a la legislación ambiental. Es muy difícil para la población entender la magnitud de los cambios tecnológicos en el sector minero cuando la experiencia previa ha dejado ese legado negativo. Los pasivos mineros se convierten entonces en insumos de propaganda de los anti-mineros. En la actualidad se realizan documentales respecto a pasivos ambientales de una corporación con tecnología de décadas atrás y el mismo es presentado a comunidades a miles de kilómetros de distancia con el fin de maximizar el rechazo a la minera.

La idea que la minería genera un legado ambiental irremediable es uno de los principales recursos discursivos de los anti-mineros. La realización de obras por remediación ambiental envía poderosos mensajes a la población. El primero consiste en la viabilidad técnica para la minería moderna de mitigar sus efectos ambientales, el segundo manifiesta el interés y preocupación del sector minero por el medio ambiente y el tercero muestra que el Estado Peruano se preocupa por los efectos de largo plazo de las actividades mineras. Es decir, con ello se incide sobre tres campos de la lucha por la legitimidad de la minería, (a) los efectos ambientales atribuidos, (b) la caracterización ética de las empresas y (c) la credibilidad de la institucionalidad pública dedicada a controlar la actividad minera.

La minería moderna enfrenta un problema de credibilidad respecto a la calidad de sus planes de cierre de mina. Al ser relativamente reciente la aplicación de regulaciones y tecnologías ambientales modernas la inmensa mayoría de minas no ha realizado actividades de cierre significativas, se pide entonces que la población tenga fe respecto a lo que puedan hacer las empresas mineras veinte o treinta años en el futuro. Este acto de fe es difícil cuando se tiene, en el presente, pasivos mineros en las cercanías claramente visibles y que forman parte de la memoria histórica local sobre los efectos ambientales de la minería.

Un programa a gran escala de remediación de pasivos ambientales por impuestos tendría otra gran ventaja puesto que necesitaría hacer uso de profesionales del ambiente que pasarían a estar asociados laboralmente con el sector minero. Estos profesionales podrían ser útiles en la lucha de ideas respecto a la minería y sus efectos ambientales. Podrían ser voceros calificados frente a los medios de comunicación, generar materiales académicos y participar en actividades de incidencia frente a los hacedores de políticas públicas.

Esta iniciativa permitiría presentar a la inversión minera como una actividad con efecto ambiental neto positivo, en el que la afectación propia de la operación sería compensada con creces por los efectos positivos sobre zonas previamente degradadas. Esto sería un poderoso recurso discursivo frente a líderes de opinión y el público en general.

Para el Estado nacional y para las empresas mineras:

• No basta hacer inversiones que adopten los mejores estándares operativos del mundo;
• No basta que sus instalaciones y procesos cumplan con las mayores exigencias ambientales aplicadas en los países más exigentes;
• No basta que desplieguen los mejores esfuerzos para relacionarse con los pueblos y comunidades alrededor de sus instalaciones;
• No basta que cumplan con todas las regulaciones de autoridades nacionales y locales;
• No basta que paguen sus impuestos y contribuciones;

Si la legitimidad del sector y su viabilidad política, se juega y define en el campo de generación y difusión de contenidos, basados en ideas-fuerza que alteran la realidad.

Mientras unos producen riqueza para todos los peruanos, respetando la frondosa normativa nacional, otros –los anti mineros- producen mitos y ocupan los espacios mediáticos, creando un ecosistema reacio y hasta contrario a la inversión minera.

Peor aún, esta prolífica labor de creación de contenidos anti mineros, no termina en la captura del quehacer de múltiples agentes mediáticos; llega y captura la acción política de autoridades regionales y locales, como se hizo patente en el caso de los alcaldes de la costa sur de Arequipa, y de su gobernadora, Yamila Osorio, en relación al proyecto de Tía María.

El siguiente artículo de nuestro colaborador, Camilo Ferreira, hace una clara descripción de este proceso:

Camilo Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

Cada cierto tiempo, las organizaciones contrarias a la minería realizan publicaciones con títulos tales como “Mitos y Realidades de La Minería en el Perú”[i], “Policía Mercenaria al servicio de las Empresas Mineras”[ii],“Poder Político y Gobierno Minero”[iii], o “¿Pagaron los Justo? Política Fiscal en los Tiempos del Boom Minero”[iv]. Estas publicaciones son realizadas por organizaciones y autores tales como Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Francisco Durand y Cooperacción.

Existe una prolífica producción intelectual por parte de individuos y organizaciones hostiles a la minería. Esto genera una pregunta respecto a si esta clase de publicaciones termina impactando de algún modo sobre la viabilidad, tanto del sector extractivo en general como de proyectos o en específicos. En este artículo describimos los canales de transmisión mediante los cuales estos estudios terminan impactando sobre la legitimidad del sector extractivo y la amplia superioridad editorial y mediática desplegada por los pos-extractivistas en la generación de ideas y argumentos, así como en su comunicación.

La publicación de documentos, informes, manuales anti mineros y otro tipo de publicaciones, se repiten en todos los países donde los anti mineros encuentran financiamiento, que por lo general proviene de ONG’s anti minería, así como de organismos de cooperación internacional, como hace la Unión Europea en el Perú.

Características y Uso

Una publicación que encuentre falencias o efectos negativos del sector extractivo, no necesariamente es una herramienta anti minera. Una publicación con un espíritu de crítica constructiva podría servir para ayudar al sector minero a superar sus deficiencias y avanzar en su desarrollo, pero ese no es el caso. Definimos como una publicación académica antiminera a aquellas que tienen entre sus mensajes principales, componentes centrales de la narrativa pos-extractivista.  Esta narrativa está presente en la disputa por la legitimidad del sector extractivo tanto a nivel del sector en general como de empresas específicas.

La lucha por restar legitimidad al sector extractivo se da en cuatro aspectos principales:

• Efectos sobre el desarrollo del sector
• Caracterización ética de las empresas
• Independencia y confiabilidad de las instituciones públicas dedicadas al sector
• Impactos medio ambientales

Como veremos cada uno de esos componentes ha sido atendido por el esfuerzo intelectual de los pos-extractivistas.

Por un lado, tenemos aquellas publicaciones que minimizan el impacto fiscal de la minería y afirman que el sector enfrenta un sistema de amplios incentivos tributarios. “Recaudación Fiscal y Beneficios Tributarios en el Sector Minero”[v] es un claro ejemplo que esta clase de publicaciones. Estas publicaciones sirven para reducir la percepción positiva sobre el desarrollo atribuido al sector minero.

Hay publicaciones que apuntan a acusar a las empresas mineras de ser responsables de la violencia ocurrida durante los conflictos sociales. “Policía Mercenaria al servicio de las Empresas Mineras” es un documento en el que se sostiene que la policía en la zona de influencia de las empresas mineras se encuentra sometida a estas empresas. Este sometimiento lleva, según el documento, a permanentes abusos por parte de la policía contra la población movilizada contra la minería. El nivel de estos abusos llega a la ocurrencia de fatalidades entre la población local. Acusar a las empresas mineras de ser responsables de golpizas y muertes socava su caracterización ética. Otro documento como “El Oro No Brilla para Todos”[vi] apunta en un sentido semejante al sostener que la minería tiene un rol promotor de la violación de derechos humanos en Cajamarca.

Siguiendo con los componentes de la legitimidad hay publicaciones como “Poder Político y Gobierno Minero” en el que se afirma que las empresas extractivas tienen sofisticados mecanismos de cooptación de las instituciones públicas que deberían fiscalizarlas. Si se considera que las instituciones que deberían controlar la minería se hallan controladas por el sector entonces las declaraciones del Estado y sus funcionarios respecto a controles e impactos ambientales no serán creíbles, como tampoco lo serán respecto a aporte tributario del sector, o sobre denuncias de abusos por parte de las mineras. Así buscan crear la percepción de que las instituciones del Estado ya no representan o velan por la población.

El componente del impacto medio ambiental, tampoco ha sido dejado de lado por los pos-extractivistas. La publicación “Gobernanza del agua en zonas mineras del Perú”[vii]señala que existe una gobernanza opaca de los recursos hídricos en las zonas mineras en favor de las grandes empresas extractivas. 

Los estudios mencionados son solo una ligera fracción de la producción intelectual por parte de instituciones hostiles a la minería. Esta producción es prolífica, y tanto medios de comunicación como varias instituciones públicas y privadas les dan una gran importancia a las publicaciones de las ONG’s anti mineras. La siguiente tabla nos muestra el número de publicaciones disponible en las páginas web de diversas organizaciones anti mineras peruanas.

Estas publicaciones pueden ser ensayos breves, documentos de trabajo o libros. En su gran mayoría ellas son de libre descarga para los interesados y se les aplica el marco de “CreativeCommons” en vez de los registros clásicos de propiedad intelectual, para que sean de libre distribución, y aumente así su lectoría.

Una vez editadas, estas publicaciones pasan al proceso de difusión.  El objetivo es que las conclusiones o los principales mensajes de sus publicaciones lleguen a la opinión pública a través de diferentes medios, entre los cuales se encuentran:

• Presentación de la publicación: esta puede darse en repetidas ocasiones y espacios geográficos. Es común la presentación de la publicación en Lima seguida de otras presentaciones en diversas ciudades del interior junto con un panel de intelectuales pos-extractivistas.
• Generación y divulgación de contenidos derivados a través de redes sociales, tales como videos cortos de la presentación de las publicaciones, infografías, memes, etc.
• Entrevistas en medios de comunicación locales y nacionales motivados por la publicación de documentos.
• Artículos en medios de comunicaciones físicos y digitales referidos a la publicación.
• Uso de las publicaciones como material de capacitación en la formación de nuevos activistas hostiles a la minería.

Implicancias Estratégicas

Es común considerar que estas publicaciones terminan siendo leídas y celebradas entre cerrados círculos de activistas pos-extractivistas y que sus efectos finales sobre los stakeholders decisivos para la viabilidad de la minería sean limitados. Consideramos que, por el contrario, el sostenido esfuerzo intelectual de los pos-extractivistas termina siendo un factor crítico para deslegitimar al sector extractivo en el largo plazo y a proyectos específicos en el mediano. Entre los efectos de estas publicaciones se encuentran:

• Calificación de Voceros y de Instituciones: Estas publicaciones permiten presentar a organizaciones antimineras como expertas e investigadoras en los temas ambientales y sociales, y a legitimar los voceros de estas instituciones. Atienden las necesidades de quienes dirigen a los medios de comunicación de mostrar voces expertas para opinar respecto a la minería y a la conflictividad social ligada a ella. Las publicaciones posicionan a organizaciones anti mineras y a sus voceros como referentes en estos temas. Por ejemplo, la presentación del documento “Gobernanza del agua en zonas mineras del Perú” logró a una entrevista de 14 minutos a Ana Leyva directora de Cooperacción en Radio Exitosa y a una de 7 minutos en Radio San Borja. “Recaudación Fiscal y Beneficios Tributarios en el Sector Minero” llevó a un artículo en un diario de negocios como Gestión titulado “Expertos demandan revisar beneficios tributarios a mineras”. Los “expertos” citados son pos-extractivistas que han obtenido ese título y el espacio mediático para la difusión de sus ideas gracias al estudio referido.

• Generación de Discursos: En octubre del 2015 se dieron violentos enfrentamientos entre policías y comuneros en las inmediaciones del proyecto cuprífero “Las Bambas” en los cuales ocurrió el fallecimiento de un comunero. Estos sucesos pusieron los reflectores en la relación existente entre las empresas mineras y la policía. Algunos líderes de opinión y periodistas estuvieron expuestos a “Policía Mercenaria al servicio de las Empresas Mineras” como resultado de lo cual se difundió mensajes en el que se consideraba que la policía se hallaba sometida a algunas empresas mineras a partir de los Acuerdos de Cooperación firmados entre ambos.

La publicación de documentos brinda argumentos en el debate a nivel de líderes de opinión. Cuando existe algún evento, como lo puede ser un conflicto social, algunos líderes de opinión y periodistas sirven de cajas de resonancia de estos argumentos ante el público en general.

• Municionamiento. Un conflicto político se da en múltiples escenarios.  El debate público se da a nivel de medios de comunicación, foros y eventos, y en el boca-a-boca. La legitimidad del sector extractivo se juega en estos diversos escenarios de manera simultánea. El tener una narrativa más efectiva es una ventaja estratégica en un conflicto político. La eficacia depende de la diversidad de argumentos disponibles, su capacidad para apoyarse en las creencias preexistentes, y en su capacidad para movilizar emociones. Las publicaciones antimineras son determinantes en la formación de la -muy efectiva- narrativa antiminera. Conceptos críticos para la conflictividad social tales como “Cabecera de Cuenca”, “Entrega de territorios a las concesiones mineras”, “Criminalización de la Protesta Social” se han originado en publicaciones antimineras. Ellos poseen una cantidad muy numerosa de producción académica comparada con la producción de las instituciones que no son hostiles, y aún más preocupante si consideramos la cobertura mediática de dichos productos.

La legitimidad del sector extractivo se juega a largo plazo, y la batalla de ideas es determinante en ese desenlace. La producción intelectual de los anti mineros es un activo estratégico en estas disputas, y permiten ir acumulándolo las bases para el momento de la conflictividad social. El sector favorable a las industrias extractivas está abandonando un campo crítico para su viabilidad de largo al no fomentar un esfuerzo intelectual comparable al de sus rivales. Lampadia

Camilo Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

En Neuquén Argentina, la Municipalidad de Vista Alegre emitió la Ordenanza 783/16[i] la cual prohibía el uso del fracking(gas esquisto) en dicho territorio. En esta zona se encuentra el yacimiento de hidrocarburos de Vaca Muerta cuyo aprovechamiento implicaría una inversión cercana a los 4,000 millones de dólares para el 2018 y podría inclusive llegar a 20,000 millones hacia el 2019.[ii] EL frackingsería la principal modalidad de acceso para estos recursos.

Fuente: YouTube

En Cajamarca, Perú, el Gobierno Regional emitió la Ordenanza Nº 036-2011 la cual declaraba inviable la realización del proyecto minero Conga. Esta ordenanza fue útil para paralizar un proyecto que implicaría una inversión de 4,800 millones de dólares.

Ambas ordenanzas fueron declaradas improcedentes, en el caso argentino, por el Tribunal Supremo de Justicia,y en el peruano por el Tribunal Constitucional. Sin embargo, sus efectos jurídicos de largo plazo fueron nulos, ello no implica que estas medidas hayan tenido resultados irrelevantes desde el punto de vista político. En ambos casos, las ordenanzas sirvieron para confundir a la población acerca del marco normativo válido y para dar legitimidad institucional a una iniciativa contraria a la legislación del país.

CARACTERÍSTICAS Y USO

Los antimineros concentran su activismo en aquellas zonas en la que existe el potencial de una profunda conflictividad ligada a proyectos extractivos. Para generar un consenso local hostil al sector extractivo, ellos buscan combinar la concentración de recursos políticos por parte de los activistas antimineros y condiciones sociales proclives a la conflictividad.

Este consenso se traduce en efectos sobre el sistema político particular de un determinado territorio. Los antimineros son capaces de ser políticamente fuertes en algunos sectores subnacionales de un país, ya sea un municipio argentino, una región peruana, un cantón ecuatoriano o un departamento en el Salvador. Ello permite o bien, la elección de autoridades hostiles a la minería, o que las autoridades locales se encuentren sumamente condicionadas por los activistas antimineros.

Esta hegemonía política local se traduce en la instrumentalización de las autoridades locales y de las instituciones que controlan a favor de los objetivos políticos de los antimineros. Estas autoridades emiten ordenanzas o resoluciones que inviabilizan proyectos mineros específicos o, si es posible, de la totalidad del sector como lo hicieron en El Salvador. Estas ordenanzas pueden declarar intangible para las operaciones mineras determinadas áreas (cabeceras de cuenca), prohibir el uso de ciertos insumos críticos (como lo sería el cianuro), o la aplicación de determinada tecnología minera (por ejemplo, el tajo abierto o el fracking). Estas ordenanzas pueden darse a pesar de que seancontrariasal orden jurídico y que impliquen el ejercicio de facultades no existentes.

En muchos casos, estas ordenanzas se encuentran tan lejos del rol de estas autoridades, que han sido emitidas sin ninguna expectativa racional de que las mismas puedan ser aceptadas por los poderes del Estado en el nivel nacional. Los autores de esas ordenanzas saben muy bien que, en el marco jurídico del país, estas son inválidas, pero ello no les preocupa. Los efectos de estas ordenanzas permiten arribar a la conclusión de que no se trata de medidas infructuosas para ilegalizar operaciones mineras, estas ordenanzas son actos de comunicación política que forman parte de la lucha de largo plazo, de los antimineros, por deslegitimar las operaciones mineras y cuestionar al marco institucional nacional que norma al sector.

IMPLICANCIAS ESTRATÉGICAS

La emisión de estas ordenanzas tiene un conjunto de efectos sobre el proceso de conflicto político prolongado que caracteriza la resistencia a las actividades extractivas. Entre ellos se encuentran:

• Envío de mensajes antimineros: Al momento de la emisión de la ordenanza las autoridades antimineras obtienen espacio mediático local y nacional. Brindan entrevistas en los medios, se publican artículos, etc. Este espacio mediático es ocasión para que los defensores de la ordenanza puedan justificar esta medida emitiendo un discurso hostil a la minería.

La emisión de estos mensajes no se da únicamente durante la emisión de la ordenanza, el proceso judicial que se genera a partir de la misma, ante instancias superiores de justicia. Cada audiencia y emisión de fallos se transforma en un evento con relevancia noticiosa lleva a los voceros antimineros a obtener espacio gratis en losmedios de comunicación.

• Deslegitimación de la Institucionalidad: Uno de los anillos de protección de la legitimidad de un proyecto minero consiste en la legitimidad y credibilidad social de las instituciones que la fiscalizan. Instituciones creíbles tienen un fuerte impacto sobre el potencial de credibilidad de las causas del conflicto.

La falta de credibilidad de las instituciones públicas ante la población local en hacen más creíbles las acusaciones de los antimineros respecto a impactos nocivos de las actividades mineras. Por ejemplo, un EIA pasa a ser menos creíble si se considera que los poderes del gobierno central están cooptados por las empresas mineras. A los ojos de un amplio segmento de la población local, el pronunciamiento del poder judicial o del ejecutivo, considerado como ampliamente corrupto, en contra de sus ordenanzas y favorable a la actividad minera es la comprobación de la cooptación de los poderes del Estado por las empresas mineras.

Las ordenanzas locales también permiten a los antimineros afirmar que las operaciones de un proyecto extractivo son ilegales y que el respaldo de otras ramas del Estado es ilegal, producto de la corrupción o expresión del centralismo.

Con base en las ordenanzas locales se atribuye ilegalidad a las operaciones de las empresas mineras y a las instituciones públicas que las respaldan, se consideraran como ilegitimas las acciones de la empresa, y se justifica el apoyo a la realización de acciones violentas en su contra. Se denuncia que las acciones de la Empresa se hacen en desacato a las ordenanzas locales, que devienen en ilegales. Los actos violentos se vuelven socialmente más legítimos si se realizan contra de una Empresa que ha subvertido el orden legal local, y se argumenta que fuerzas del orden que buscan hacer que se cumplan las leyes son mercenarias al servicio de las empresas mineras.

RECURSO DISCURSIVO

La conflictividad asociada al sector extractivo tiende a ser una lucha política prolongada en la que las coaliciones enfrentadas van construyendo narrativas en procesos de acumulación graduales. Cada lado va acumulando argumentos que vuelven sus posturas más sólidas y creíbles a los ojos de la población.

Las ordenanzas referidas, permiten que los antimineros hagan afirmaciones tales como: “Este proyecto se asienta sobre un ecosistema frágil como lo declara la ordenanza X” o “Se van a usar sustancias que implican un riesgo para la salud de acuerdo a la ordenanza Y”. Las ordenanzas brindan un soporte de institucionalidad pública a componentes de la narrativa antiminera. Las ordenanzas son presentadas como prueba de que sus posturas hostiles se sustentan en hechos científicamente verificados por autoridades legítimamente elegidas.

En conclusión, estas ordenanzas no son únicamente esfuerzos para prohibir la minera; son instrumentos de lucha política. Los sectores preocupados por el futuro del sector extractivo deben tomar en consideración los efectos políticos de estas medidas y no solo sus consecuencias legales. Lampadia

Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia

Sesión: Gestión de Industrias Extractivas con Transparencia
Presentación de: Russell King, Senior Vice President of International Relations and Federal Affairs, Freeport-Mc-MoRan Inc. (USA), Accionista de Cerro Verde

La presentación de Russell King sobre el desarrollo de Cerro Verde debe ser uno de los testimonios más claros en el mundo de los beneficios que genera una inversión minera formal y moderna.

Así como Cerro Verde, la gran minería peruana ha subido todos los peldaños de la continua mejora de los estándares operativos creados por el hombre moderno.

Pero, lamentablemente, la debilidad de nuestra clase política en especial y de nuestra clase dirigente en general,ha permitido que hayamos devaluado a la minería de cara a la opinión de los peruanos.

Esto ha sido obra de quienes encontraron un medio de vida enfrentando el desarrollo minero, y manipulando a los pueblos más necesitados hacia gestas contrarias a sus propios intereses.

Por ello, el Cobre, se vio precisado a escribir a los peruanos:

Ver : Carta del Cobre a los peruanos

Al Cobre le extrañaba haber perdido tantos seguidores en el Perú, mientras en otros países mineros seguía gozando del favor popular.

Este proceso llevó al colapso de la inversión minera. Y, con ello, a la parálisis de la inversión privada y la caída del ritmo de crecimiento en muchos sectores productivos y en la economía en general.

Esperemos que no tengamos que enterrar nuestros grandes proyectos mineros; hoy por los conflictos socio-políticos y quién sabe si mañana por la explotación de yacimientos submarinos o por sustitución de materiales.

La prédica de productos naturales no renovables es una disculpa para evitar su desarrollo. Lo no renovable bien puede ser la oportunidad de convertirlos en riqueza para todos los peruanos.

Una de las grandes falacias con la que se devalúa a la industria minera es la del valor agregado. Algo repetido peyorativamente por el vicerrector de la PUCP y varios de sus profesores de economía.

Sin embargo, un reciente estudio del IPE muestra, nuevamente, que el valor agregado de la minería es el doble de la industria peruana y llega al 69%.

Otro punto de vista muy ilustrativo sale de una entrevista que le hicieron a Andrés Oppenheimer en Buenos Aires. Resulta que compró un polo Ralph Lauren en Miami pagando US$ 85. Como el polo había sido fabricado en el Perú, llamó al productor, que le comentó, que de ese precio él se quedaba solo con US$ 8.5, el 10%.

Sin embargo, el exportador de concentrados de Cobre (cifras de 2012), se quedaba en el Perú con el 85% de la cadena de valor.

Hoy que todos se entusiasman con el aumento de las cotizaciones de los metales, podemos estar perdiendo la posibilidad de poner en valor nuestros yacimientos, pues la minería peruana está trabada por los conflictos socio-políticos y la incapacidad del gobierno para enfrentarlos.

Por ejemplo, la mejor idea para superar la conflictividad, ‘el adelanto social’ está siendo malograda por el gobierno. En vez de someter a los pueblos el desarrollo paralelo de lo productivo y lo social, la ministra del sector está feliz de haber conseguido 50 millones de soles para repartirlos, por aquí y por allá, sin vinculación al avance de la inversión minera. La nueva ministra no se atreve a apostar por el desarrollo del gran proyecto de Tía María.

En Arequipa, la gobernadora Yamila Osorio, “la Tía Yamila”, está peleada con ‘la Tía María’, dice que prefiere a ´sobrina Zafranal’, un proyecto de exploración, pero se queja de falta de recursos. Acosa a Cerro Verde. Cree que hay que sacar todo lo que se pueda de lo que ya tenemos, inhibiendo así la creación de mayor riqueza, en un ambiente pro inversión y crecimiento. Un gran desperdicio de liderazgo.

Tenemos que cambiar nuestra relación con la minería. Cómo dijo la Ministra Cayetana Aljovínen Perumin, si desarrollamos el potencial minero podremos disminuir la pobreza en otro 7%. Con todo lo necesario que es salir de pobres, ¡teniendo la capacidad de lograrlo, no hacerlo, es inmoral!

Ver en Lampadia: Para Reducir la Conflictividad Minera.