A continuación compartimos un interesante articulo publicado por The Economist que explica cómo la industria de la energía renovable está incrementando exponencialmente la demanda de metales como en ningún otro momento en la historia moderna, generando inclusive problemas con la oferta mundial (ver Lampadia: Déficit de cobre tiene para una década más). Ello ya viene siendo expresado con el incremento a valores record históricos del precio de varias materias primas como el cobre, del cual somos el 2do país productor a nivel mundial – y que se ha visto potenciado por el rebote post-pandemia que viene experimentando EEUU y China.

Lamentablemente, nuestro país sigue perdiendo la oportunidad de poder subirse a esta nueva ola para repotenciar su recuperación post-pandemia, con la claudicación de importantes proyectos mineros cupríferos como Tía María, Conga y las Bambas. A eso se suman peligrosas propuestas del aún candidato Pedro Castillo, como la revisión de los contratos de estabilidad tributaria y el incremento de impuesto a la renta a la minería en el orden del 70%, siendo este el sector que más aporta el erario nacional.

El camino pues debería ser el contrario, es decir, dar mayor certidumbre y facilidades a la inversión minera, sobretodo la de exploración que es la que ha venido cayendo sostenidamente en los últimos años por el afán anti-minero de los últimos gobiernos de turno, pues esta determinará el potencial de nuestro país para acogerse a esta gran demanda de la energía renovable que se prevé durará muchas décadas por venir. Veamos el análisis de The Economist al respecto. Lampadia

Cómo los cuellos de botella verdes amenazan el negocio de la energía limpia

Se está produciendo un gran auge de la inversión verde, pero se subestiman los problemas del lado de la oferta

The Economist
12 de junio, 2021
Traducida y comentada por Lampadia

A medida que la economía mundial se recupera, la escasez y los picos de precios afectan todo, desde el suministro de papas fritas taiwanesas hasta el costo de un desayuno francés. Como explicamos esta semana, un tipo de cuello de botella merece una atención especial: los problemas del lado de la oferta, como la escasez de metales y las limitaciones de la tierra, que amenazan con frenar el auge de la energía verde. Lejos de ser transitorios, estos cuellos de botella corren el riesgo de convertirse en una característica recurrente de la economía mundial en los próximos años porque el cambio a un sistema energético más limpio está todavía en sus inicios. Los gobiernos deben responder a estas señales del mercado, facilitando un enorme auge de inversión del sector privado durante la próxima década que aumente la capacidad. Si no lo hacen, tienen pocas posibilidades de cumplir sus promesas de alcanzar emisiones “netas cero”.

Los científicos y activistas se han preocupado por el cambio climático durante décadas. Recientemente, los políticos han mostrado signos de mayor compromiso: los países que representan más del 70% del PBI mundial y los gases de efecto invernadero ahora tienen objetivos de emisiones netas cero, típicamente para 2050. Y ha habido un cambio dramático en la actitud de las empresas. Los inversores exigen que las empresas cambien de rumbo, impulsadas por la nueva realidad de que las tecnologías limpias son más competitivas en cuanto a costos. Los gigantes de la era de los combustibles fósiles, como Volkswagen y ExxonMobil, tienen que cambiar sus planes de inversión, mientras que los pioneros de la energía limpia están aumentando el gasto de capital rápidamente. Orsted, un campeón de los parques eólicos, planea un incremento del 30% este año; Tesla, un fabricante de automóviles eléctricos, un salto del 62%. Mientras tanto, US$ 178,000 millones fluyeron a fondos de inversión con tintes verdes en el primer trimestre de 2021.

Este cambio repentino en la forma en que se asignan los recursos está causando presiones y tensiones a medida que aumenta la demanda de materias primas y se produce una confusión en los pocos proyectos con aprobación regulatoria. Calculamos que el precio de una canasta de cinco minerales utilizados en automóviles eléctricos y redes eléctricas se ha disparado un 139% en el último año. Las mafias madereras deambulan por los bosques ecuatorianos en busca de madera de balsa utilizada en las palas de las turbinas eólicas. En febrero, una subasta británica de derechos de los fondos marinos para parques eólicos marinos generó hasta US$ 12,000 millones porque las empresas de energía se apresuraron a exponerse a cualquier costo. La escasez se extiende a las finanzas: a medida que una masa de dinero persigue a algunas empresas de energía renovable, las valoraciones se han extendido a territorio burbujeante. Aunque el peso de la industria de las energías renovables en los índices de precios al consumidor es todavía pequeño, algunos financieros temen que la escasez de suministro a lo largo de los años pueda generar una inflación más alta.

Lo que hace que estos signos de sobre estiramiento sean tan sorprendentes es que se están materializando incluso cuando la transición energética está completa en menos del 10% (medido por la proporción de inversión energética acumulada necesaria para 2050 que ya ha tenido lugar). Es cierto que algunas de las tecnologías que se requerirán apenas existen todavía y, por lo tanto, no están disponibles para la inversión. Por eso se necesita tanta investigación y desarrollo. Pero en otras áreas, el trabajo del cerebro se ha realizado en gran medida, por lo que la década de 2020 debe ser la década de la fuerza física, aumentando las tecnologías establecidas con un gasto de capital masivo.

Las cifras de la próxima década son abrumadoras. Para mantenerse en camino hacia cero neto, para 2030, la producción anual de vehículos eléctricos debe ser diez veces mayor que el año pasado y el número de estaciones de carga en la carretera 31 veces mayor. La base instalada de generación de energía renovable debe triplicarse. Es posible que las empresas mineras mundiales tengan que aumentar la producción anual de minerales críticos en un 500%. Quizás el 2% de la tierra de EEUU tendrá que cubrirse con turbinas y paneles solares.

Todo esto requerirá una gran inversión: unos US$ 35,000 durante la próxima década, equivalente a un tercio de los activos de la industria global de administración de fondos en la actualidad. El sistema mejor equipado para lograrlo es la red de cadenas de suministro transfronterizas y mercados de capitales que ha revolucionado el mundo desde la década de 1990. Sin embargo, incluso este sistema no se está cumpliendo, con una inversión en energía que se encuentra en aproximadamente la mitad del nivel requerido y está sesgada hacia unos pocos países ricos y China. A pesar de la subida de los precios de los metales, por ejemplo, las empresas mineras desconfían de aumentar la oferta.

La razón principal del déficit de inversión es que se tarda demasiado en aprobar los proyectos y su riesgo y rentabilidad esperados siguen siendo demasiado opacos. Los gobiernos están empeorando las cosas al utilizar la política climática como vehículo para otros objetivos políticos. La Unión Europea aspira a la autonomía estratégica en baterías y su agenda verde dirige una parte de su presupuesto a áreas desfavorecidas. China está considerando límites a los precios internos de las materias primas en su próximo plan quinquenal. De manera similar, el naciente plan verde del presidente Joe Biden prioriza los empleos sindicales y los fabricantes locales. Esta mezcla de metas borrosas y proteccionismo suave obstaculiza la inversión necesaria.

Los gobiernos deben ser más testarudos. Un estado activista tiene un papel crucial en el apoyo a la construcción de infraestructura clave, como líneas de transmisión, y en la investigación y el desarrollo. Pero la prioridad abrumadora debe ser catalizar un aumento mayor de la inversión privada, de dos maneras.

Primero, flexibilizando las reglas de planificación. El proyecto de minería global promedio tarda 16 años en obtener la aprobación; el proyecto eólico típico en América durante más de una década para obtener aprobaciones y permisos de arrendamiento, que es una de las razones por las que su capacidad eólica marina es menos del 1% de la de Europa. La velocidad requiere una toma de decisiones centralizada y, a menudo, significará decepcionar a los conservacionistas locales.

Lo perfecto es enemigo de lo bueno

En segundo lugar, los gobiernos pueden ayudar a las empresas y los inversores a afrontar los riesgos. Pueden brindar certeza en algunas áreas: por ejemplo, garantizando precios mínimos para la generación de energía. Los gobiernos occidentales también tienen el deber de proporcionar financiación barata para aumentar la inversión en los países más pobres. Pero la clave es la introducción de precios del carbono que integran las señales del mercado en millones de decisiones comerciales diarias y dan a los empresarios e inversores más visibilidad en un horizonte a largo plazo. Hoy en día, solo el 22% de las emisiones de gases de efecto invernadero del mundo están cubiertas por esquemas de precios, y esos esquemas no están unidos. Los cuellos de botella verdes son una señal de que la des carbonización por fin está pasando de ser una idea teórica a una realidad. Ahora se necesita un impulso poderoso para ayudar a que la revolución suceda. Lampadia

Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia

Keiko Fujimori ha propuesto distribuir el 40% del canon minero a los pobladores de las zonas de producción. Esta es una propuesta audaz que pretendería romper la inercia de los desencuentros de varias poblaciones regionales con la inversión minera.

Esta idea, aplicada en algunas zonas de Canadá y en Alaska de EEUU, nos parece muy interesante. Creemos que debe verse de forma integral, analizando con mucho cuidado los cuántos y los cómos.

I. Información sobre el canon minero

Actualmente, el canon minero se distribuye de la siguiente manera:

Fuente: MEF

Los volúmenes de dinero distribuidos a las regiones por canon minero y otros son muy importantes. Veamos:

Como podemos ver en el cuadro anterior, las transferencias por canon minero, entre el 2004 y 2019, han sido de 11,259 millones de soles para los gobiernos regionales y de 34,192 millones de soles para los gobiernos locales. El canon minero representa largamente las mayores transferencias a los departamentos, en comparación con las demás fuentes de recursos.

La distribución no es uniforme, depende del nivel de actividad minera en cada departamento. Veamos la distribución por departamento para el año 2020:

Se estima que en promedio, los departamentos devuelven entre el 30% y 40% de los montos recibidos por canon minero, por su incapacidad para ejecutar los proyectos correspondientes.

Además, está la mala utilización de estos recursos, que muchas veces se desperdicia en obras absurdas, como la piscina más grande del Perú en Echarati y los monumentos a la maca, el sombrero y las ojotas entre otros.

Además de ello, está el tema de corrupción, que ha marcado la vida de muchas regiones, desde la apurada y descontrolada descentralización del gobierno de Toledo.

Veamos la lista de Gobernadores de izquierda condenados por corrupción:

II. Sobre cómo aprovechar el canon minero de la mejor forma

En el plan de gobierno del partido PPK se propuso el concepto del ‘adelanto social’, que consistía en desarrollar en paralelo a la inversión productiva, un conjunto de inversiones sociales que adelantaran los beneficios de la inversión minera, sin esperar el proceso de inversión minera y la generación del respectivo canon.

Pero el propio gobierno de PPK distorsionó el concepto y malogró su aporte para acelerar las mejoras sociales junto con los proyectos mineros.

En Lampadia, le explicamos al gobierno como podía implantarse esta importante idea. Lamentablemente no hicieron caso. Ver: Una gran idea que no entienden – El gobierno destruye la potencia del ‘adelanto social’. (12 de junio, 2017).

Proceso de desarrollo del ‘adelanto social’

• Evaluar las necesidades de desarrollo socio-económico de la zona del proyecto minero, una vez que tome cuerpo la posibilidad de una inversión minera de cierta magnitud
• Mientras se hacen los estudios para la inversión minera, se deben desarrollar en paralelo los estudios de un eventual programa de ‘apoyo social’
• Una vez definida la viabilidad del proyecto minero, tanto económica, ambiental y socialmente, el Estado puede proyectar la generación de canon del proyecto para la región, y delimitar los componentes del programa de ‘adelanto social’ que puedan financiarse con, digamos, un 20 a 30% del valor presente del flujo esperado de canon del proyecto
• Fijada la inversión minera definitiva, el Estado debe crear un fideicomiso como el vehículo que canalice el financiamiento del ‘adelanto social’
• El fideicomiso puede financiarse de múltiples formas y no debería representar una dificultad mayor
• El inicio de la inversión minera debería darse en paralelo con el desarrollo del programa social que se expresaría a través del ‘adelanto social’

Pero, probablemente, lo más importante del ‘adelanto social’ es que permite viabilizar el desarrollo integral de la zona de influencia del proyecto minero, con el aporte de la inversión privada y sus impactos directos e indirectos, y con el aporte de la inversión social pública, vía el ‘adelanto social’.

El adelanto social debería financiar obras sanitarias, escuelas, postas médicas, caminos y comunicaciones; que mejorarían aceleradamente la calidad de vida de las poblaciones.

Estas inversiones conjuntas determinan un incentivo muy importante para la evaluación de los proyectos mineros. Permiten que esta se haga con la mayor objetividad posible, contrarrestando las interferencias políticas y disminuyendo la posibilidad de que inversiones positivas para la región y el país, puedan ser rechazadas sin un buen análisis de pros y contras, dificultado por la manipulación política.

La idea es que el proceso de aprobación de la inversión minera, incluyendo las instancias de participación de la población de la zona, se haga en paralelo a la definición del programa de ‘adelanto social’.

En otras palabras, si la población rechaza la inversión minera, estaría rechazando al mismo tiempo el ‘adelanto social’. La llamada ‘licencia social’ implicaría la aprobación conjunta de la inversión minera y de la inversión del programa de ‘adelanto social’, o salen ambas, o se frustran ambas.

El ‘adelanto social’ debe ayudar a que la población se integre con el desarrollo productivo, generando un ambiente positivo para la promoción de las inversiones.

III. Canon para el Pueblo

¿Como podríamos integrar la propuesta de Fuerza Popular de distribuir parte del canon minero a la población, con el ‘adelanto social’? En principio tenemos:

• 40% para beneficios directos a la población:
  • 20% para su distribución en efectivo para la población
  • 20% del canon para el fideicomiso del adelanto social

En nuestro concepto, distribuir en efectivo el 40% a la población, puede dificultar su aplicación, y quién sabe si hasta evitar que se pueda ir adelante con esta buena idea de Fuerza Popular.

Nuestra Propuesta

1. Defender la propuesta de Fuerza Popular de distribuir parte del canon minero a la población con 20% en efectivo

2. Usar hasta 20% del valor esperado por canon minero para constituir fideicomisos para el financiamiento del ‘adelanto social’

Dedicar un 40% del canos para su distribución directa, podría dejarnos con muchas limitaciones.

Por lo tanto, proponemos dedicar el 40% del canon para generar beneficios directos para la población de las zonas mineras, de la siguiente forma:

• 20% para su distribución directa a la población, y
• 20% para financiar el ‘adelanto social’.

Cuidados para viabilizar la distribución de parte del canon

Lamentablemente, no es nada sencilla la identificación de los eventuales beneficiarios de la distribución del canon a la población.

• Es difícil definir el alcance de las zonas de influencia de los proyectos mineros.
• También es complicado hacer el padrón de beneficiarios, evitando el desplazamiento de poblaciones y otros efectos secundarios

Se da el riesgo de que se generen nuevos conflictos sociales, mejores conflictos, sin embargo.

¿Cómo se pueden evitar?

Sugerimos el siguiente procedimiento:

Constituir un fideicomiso con el 20% del canon minero para su distribución en efectivo.

Establecer un plazo para definir el rol de beneficiarios.

Si vencido ese plazo, los conflictos sociales no se pueden superar, disminuir cada tres meses el porcentaje de canon del fideicomiso en 4%, de tal manera de establecer un incentivo para que los beneficiarios se pongan de acuerdo y viabilicen su distribución.

Rescatemos esta excelente idea. 40% del canon para la población, 20% a distribuirse en efectivo y 20% para inversiones sociales. Lampadia

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

Como es costumbre en el Perú, siempre que acabamos unas elecciones, hacemos un análisis “post mortem”. En esta oportunidad, luego del “pitufeo” electoral, con los resultados ya conocidos, dando a Pedro Castillo, representante de un partido de izquierda radical, la primera minoría y a Keiko Fujimori, representante de una línea pro mercado, el segundo lugar, empezamos las indagaciones del ¿Qué pasó?

Ciertamente, cuando uno mira la historia económica del Perú de las últimas tres décadas, encontramos que sólo después de la victoria militar sobre las fuerzas terroristas de Sendero Luminoso y del MRTA y de poner en vigor la Constitución de 1993, el Perú se convirtió en un fenómeno exitoso en lo económico, reconocido a nivel mundial, que atrajo inversiones, redujo la pobreza, minimizó déficits fiscales, expandió sus mercados de exportación y volúmenes exportados, apoyado por los TLC con las principales economías del mundo.

Como ya ha sido explicado muchas veces, la recaudación fiscal creció de manera muy importante y siguiendo los mandatos de la regionalización, se transfirió recursos a estas regiones y municipalidades como nunca antes en la historia, montos que, de haber sido bien administrados, nos hubieran permitido cerrar todas las brechas de salud, educación, agua, alcantarillado y gozar de la seguridad debida.

Con todos los defectos que podemos reconocer del régimen de Alberto Fujimori, la izquierda no le perdonará jamás que les haya destruido su proyecto de vida, a quienes estaban encaramados en el aparato del Estado, forjado desde la existencia de SINAMOS del gobierno militar, cuna de esta burocracia de aires académicos y juego progresista. Fujimori les quitó a estos “intelectuales”, las prebendas alcanzadas en la élite de gobierno.  

Por su lado, la izquierda radical, tal como lo anunció Abimael Guzmán el día de su captura, al considerar, “que este era sólo un recodo en el camino”, entendió y asumió que no podían hacer nada más por la vía militar, por lo que decidió, que su revancha y toma del poder, se debía conducir en el plano social y se organizaron para ese propósito.

En esa línea y sabiendo que su proyecto no tiene plazos perentorios, actuaron en dos planos; el primero, la conquista de las mentes y corazones de la niñez y juventud. Para esto, se trazaron capturar la educación, primero a través, del SUTEP de Patria Roja, para luego, con el SUTE-CONARE, tratar de arrebatar el control y liderazgo de un sindicato militante, con más de 450,000 maestros afiliados, con el objetivo de adoctrinar a los niños de todo el país, especialmente de las áreas rurales, en el marxismo, leninismo, mariateguismo, hasta alcanzar una masa crítica de ciudadanos jóvenes, que les permita controlar diferentes “organizaciones de base”. Igualmente, en la educación universitaria, infiltrándose en la educación pública y en algunas universidades privadas, para desde esa plataforma, penetrar el aparato del gobierno central, regional y el sistema judicial, controlándolo (según Gral. Miyashiro tenemos cerca de 800 jueces de izquierda radical infiltrados, así como muchísimos fiscales).

Entretanto, hemos permitido destruir gradualmente, las bases de la institucionalidad política peruana. Hemos abierto la cancha para que no sean partidos nacionales, sino agrupaciones regionales y locales, quienes puedan competir y acceder a cargos públicos de elección. Lo dicho no tendría mayor repercusión, si no se tratara de “cacicazgos locales”, mayoritariamente financiados por actividades ilegales (narcotráfico, tala y minería ilegal, etc.), con gran actividad delictiva. Hemos permitido que, so pretexto de la descentralización y regionalización, esas autoridades y reparticiones públicas, escapen del control político del Congreso, Gobierno Central y Contraloría General de la República, lo que generó un altísimo y descontrolado nivel de corrupción. El sistema judicial, jueces y fiscales, también se ha debilitado, permitiendo el acceso y ascenso de personal no idóneo para estos fines.

La izquierda radical, aprovechando la pésima regionalización de Toledo y el trabajo de adoctrinamiento antes mencionado, llegó a los gobiernos regionales y municipales, vía elecciones, concentrando sus esfuerzos por controlar las regiones mineras, aquellas que usufructúan de mayores recursos provenientes del canon y regalías mineras. Desde aquí y sin perder el objetivo de alcanzar el poder, trabajaron en exacerbar las contradicciones. Es así cómo, los departamentos con mayor inversión minera y modernidad empresarial, que como consecuencia recibían mayores recursos, siendo gobernados por autoridades de izquierda, no ejecutaron sus presupuestos (se ha dejado de ejecutar 1/3 de sus presupuestos, esto es 1,800 millones de soles en promedio anual), no han priorizado las obras para solucionar las necesidades básicas de salud, educación, nutrición, agua, desagüe y además, son los departamentos con mayor número de proyectos paralizados. En política no hay casualidades y, aseguro, que han provocado, en salud, las brechas evidenciadas durante la pandemia. Pero como dato curioso, muchas de estas autoridades, que fueron debidamente elegidas, incluso reelectas, terminaron en cárcel por corrupción, pero jamás se oyó contra ellos una protesta de la población, por el incumplimiento de su rol.

Ahora, pasados los años, esta misma izquierda radical, específicamente el gobierno regional de Cerrón, que permitió, siendo médico, 64% de desnutrición infantil en Pasco, paralizó 36 proyectos, entre las que se cuentan; la construcción de cuatro hospitales y un colegio, no mejoró las facilidades y condiciones sanitarias de los colegios existentes, “denuncia” las grandes diferencias sociales entre Lima y las regiones, reclama que “el modelo económico” no funciona, por lo que debe ser cambiado, empezando por la Constitución, para, según su ideario y plan de gobierno, contar con;

1. un Estado interventor, planificador y empresario.
2. Estado redistribuidor de riqueza.
3. Estado nacionalizador.
4. “Estado que guíe su economía por la demanda interna”.

De la mano de una serie de contradicciones, falacias y mensajes de cliché, como que “no está en contra de la empresa privada”, pero dicen, que “la izquierda no renuncia a la riqueza, que ésta debe ser social, no individual ni grupal”. ¿Quién invierte, si no va a lograr un retorno adecuado? Reniegan del crecimiento económico de las últimas décadas, aquel que permitió reducir los niveles de pobreza a casi un tercio de lo que teníamos en el 2000.

En fin, quienes no han sido capaces de conducir siquiera un gobierno regional o no han querido hacerlo, ¿hoy pretenden gobernar un Estado empresario? Hablan de los contratos-ley sin saber qué significan, ni cuantas veces estos han sido violados por parte del Estado, hablan de tributación minera y mienten abiertamente o no saben que el Estado es socio al cerca de 50% de la renta y nos comparan con Ecuador y Bolivia, sin comprender que, durante la última década, en Bolivia se invirtió en minería e hidrocarburos, menos del 10% de lo invertido en nuestro país y que, Ecuador, no es un país minero.

Tal como hemos mencionado, hoy pasados los años, culpan a la Constitución del 93, que hizo funcionar la economía del país, a pesar de las múltiples formas en que la izquierda dificultó su marcha y no hacen ninguna autocrítica.

En pleno siglo XXI, después de tres décadas de la caída del Muro de Berlín, nos dicen que son Marxistas, Leninistas, Mariateguistas, que tienen como metas esenciales; disolver el TC, cambiar la Constitución, estatizar empresas, eliminar la libertad de expresión, expropiar a su antojo y que, si el Congreso lo impide, lo disuelven. Advierten, que no desean ganar el gobierno, como en Ecuador, Argentina, Bolivia o Brasil, sino que quieren “tomar el poder” y que este se toma para siempre, como en Cuba, Venezuela o Corea del Norte.

Dicho esto, hay algún despistado o mal intencionado, que nos quiere hacer creer que ésta es una opción democrática al estilo Mujica o Bachelet… ¿Nos han visto la cara? Lampadia

Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia

El precio del cobre superó ayer los US$4 por libra, un gran precio, sobre todo para el Perú, que es un productor de costos bajos.

Pero esta vez, a diferencia de la primera década del siglo, el Perú se está perdiendo la oportunidad de traer riqueza desde el exterior, al haber impedido el desarrollo de importantes proyectos cupríferos como los de Conga en Cajamarca y Tía María en Arequipa.

Solo con estos dos proyectos, estamos hablando de una pérdida anual de unos US$ 3,000 millones. Justamente cuando más los necesitamos, cuando tenemos que recuperarnos del colapso económico inducido por el gobierno de Vizcarra para [no] frenar la pandemia.

Pero esta gran pérdida no ha caído del cielo. Es un presente negro de todas nuestras izquierdas, repito: de todas. Aquellas que optaron secretamente por el pos-extractivismo, esa teoría estúpida que se dieron el lujo de proponer a Humala en agosto del 2012. Ver en Lampadia: Exigimos que se renuncie al ‘pos-extractivismo’.

Lo más lamentable es que durante el despliegue de los ataques al sector minero, las izquierdas contaron con la colaboración de muchos medios de comunicación, que se dejaron impresionar con narrativas llamativas, pero falseantes. Se presentaron imágenes de empresas grandes, supuestamente abusivas y desconsideradas, actuando contra pueblos pobres e incluso contra pobladores específicos que se prestaron para ello.

Además, en Lampadia no nos cansamos de repetir, que estas izquierdas intrigantes y mentirosas, también contaron con la colaboración de buena parte de la clase dirigente, de empresarios, académicos, políticos y líderes de opinión, que no pudieron tomar la temperatura política y desentrañar un tema tan caro para el futuro del Perú.

Poco a poco, pues, hemos ido poniendo cruces en nuestros grandes yacimientos mineros:

Y podemos perder nuestros proyectos por el desarrollo de otras fuentes de minerales, como la explotación de los fondos marinos. O por sustitución de materiales. O incluso por cambios tecnológicos, como el de la electricidad inalámbrica.

El año 2015, el IPE hizo un cálculo sobre la pérdida de crecimiento del PBI como consecuencia de la parálisis de los proyectos mineros. Ver cuadro:

¿Se imaginan ustedes hoy, el impacto de mantener nuestro cobre debajo de la tierra En vez de traer recursos para más y mejores empleos, mayores cadenas productivas con otros sectores de la economía, más impuestos para cerrar las brechas de salud, educación, infraestructuras y tecnologías?

El economista chileno, José Luis Daza dice en La Tercera: “No me sorprendería si en los próximos 12 meses el cobre supera los US$5 y eventualmente US$6”. Agrega que este súper ciclo puede durar un par de años. Pero más allá de su afirmación, los estimados de demanda y oferta de cobre, muestran un escenario muy favorable para los países productores como el Perú, que tiene grandes reservas de cobre por explotar.

Ya es hora de que empecemos a llevar la contabilidad de las pérdidas de riqueza y de beneficios sociales, causados por los enemigos de la inversión minera en el Perú. Lampadia

Para destrabar los proyectos mineros debemos rescatar los conceptos del ‘adelanto social’.

El MEF parece acercarse a la necesidad, pero no sabe cómo hacerlo.

MEF: Se agilizarán obras sociales en áreas aledañas a proyectos mineros

Priorizarán iniciativas para desarrollo de servicios básicos en áreas en torno a futuras minas, a través de PMO y como proyectos especiales de inversión pública.

El Gobierno buscará ejecutar en forma rápida una cartera priorizada de obras en servicios básicos a favor de las comunidades asentadas en torno a proyectos mineros, a medida que se identifiquen las posibilidades de ampliar esa actividad extractiva, según indicó el viceministro de Economía, Mario Arróspide.

En esa línea, Arróspide refirió que, una vez determinado el potencial minero (a destrabar), el Gobierno identificará en forma rápida los requerimientos de las comunidades, así como una cartera priorizada de proyectos que se puedan empaquetar (y ejecutar) con el uso de nuevas herramientas que se han aprobado para acelerar la inversión estatal.

Glosado de Gestión, 16 de setiembre de 2020

En Lampadia lo volvimos a plantear en detalle en junio del 2017. Ver propuesta:

Una gran idea que no entienden
El gobierno destruye la potencia del ‘adelanto social’

La mejor idea del gobierno para facilitar las inversiones en minería está siendo malograda por el propio gobierno. El Ministerio de Energía y Minas está apurando desembolsos y ofrecimientos de apoyo económico bajo el paraguas del ‘adelanto social’, sin vinculación alguna con el desarrollo de  proyectos mineros específicos. Esto demuestra que el gobierno no ha entendido la naturaleza y la potencia del ‘adelanto social’.

Fuente:  andina.com.pe

Veamos por qué se configura la necesidad del adelanto social:

• Uno de los problemas de las inversiones mineras es que normalmente se dan en zonas alejadas, mayormente en la sierra, donde las actividades productivas son fundamentalmente de sobrevivencia, de muy baja productividad y donde se adolece de malos servicios del Estado o de la inexistencia de ellos.

• El desarrollo de un proyecto minero supone una inversión de alta tecnología y un gran impacto económico para el país y las zonas aledañas a los proyectos. Para que todos los beneficios de la inversión minera sean percibidos por la población adyacente tiene que pasar mucho tiempo, ya que hay que esperar que se haga toda la inversión y que, paulatinamente, se empiecen a producir utilidades con su consiguiente pago del impuesto a la renta, que finalmente llega a la gente mediante la utilización del canon minero que sirve para financiar infraestructuras sociales y económicas, como escuelas, centros de salud y caminos, así como programas de extensión productiva, algo que podemos llamar desarrollo social.

• Pero, para que se inicie la inversión minera, además de los procesos de pre-inversión (como las exploraciones), hay que desarrollar los estudios de factibilidad económica, de impactos sociales y ambientales, trámites legales y, muy importantemente, los procesos que llevan a recoger, canalizar y conseguir el apoyo de la población. Todo esto toma mucho tiempo y es difícil que la población pueda proyectarse en el futuro para medir las eventuales contribuciones de un proyecto a su calidad de vida. Máxime si, al mismo tiempo, tienen que superar los efectos de la manipulación política de los anti-mineros, que hacen todo lo posible para evitar las inversiones.  

¿Cómo se superan estas limitaciones de un buen ambiente pro-inversión?
¡Manya! – Con el ‘Adelanto Social’

Pero, para convertir el ‘adelanto social’ en un mecanismo positivo y no una caricatura inútil, como la que está dibujando el gobierno, hay que hacer una buena definición del concepto y aplicarla con rigurosidad. En Lampadia entendemos el ‘adelanto social’ de la siguiente manera:

Que en la zona de influencia de un proyecto minero, se desarrollen en paralelo la inversión minera y la inversión social.

Para ello hay que definir el siguiente proceso:

Proceso de desarrollo del ‘adelanto social’

• Evaluar las necesidades de desarrollo socio-económico de la zona del proyecto minero, una vez que tome cuerpo la posibilidad de una  inversión minera de cierta magnitud
• Mientras se hacen los estudios para la inversión minera, se deben desarrollar en paralelo los estudios de un eventual programa de ‘apoyo social’
• Una vez definida la viabilidad del proyecto minero,  tanto económica, ambiental y socialmente, el Estado puede proyectar la generación de canon del proyecto para la región, y delimitar los componentes del programa de ‘adelanto social’ que puedan financiarse con, digamos, un 20 a 30% del valor presente del flujo esperado de canon del proyecto
• Fijada la inversión minera definitiva, el Estado debe crear un fideicomiso como el vehículo que canalice el financiamiento del ‘adelanto social’
• El fideicomiso puede financiarse de múltiples formas y no debería representar una dificultad mayor
• El inicio de la inversión minera debería darse en paralelo con el desarrollo del programa social que se expresaría a través del ‘adelanto social’

Pero, probablemente, lo más importante del ‘adelanto social’ es que permite viabilizar el desarrollo integral de la zona de influencia del proyecto minero, con el aporte de la inversión privada y sus impactos directos e indirectos, y con el aporte de la inversión pública, vía el ‘adelanto social’.

Estas inversiones conjuntas determinan un incentivo muy importante para la evaluación de los proyectos mineros. Permiten que esta se haga con la mayor objetividad posible, contrarrestando las interferencias políticas y disminuyendo la posibilidad de que inversiones positivas para la región y el país, puedan ser rechazadas sin un buen análisis de pros y contras, dificultado por la manipulación política.

La idea es que el proceso de aprobación de la inversión minera, incluyendo las instancias de participación de la población de la zona, se haga en paralelo a la definición del programa de ‘adelanto social’.

En otras palabras, si la población rechaza la inversión minera, estaría rechazando al mismo tiempo el ‘adelanto social’. La llamada ‘licencia social’ implicaría la aprobación conjunta de la inversión minera y de la inversión del programa de ‘adelanto social’, o salen ambas, o se frustran ambas.

Una gran idea incluida en el programa de gobierno del Partido PPK, pero que su gobierno no ha sabido definir, ni llevar a cabo. Peor aún, está destruyendo el concepto y, quién sabe, su mejor estrategia para viabilizar la muy necesaria inversión minera.

Demandamos: una inmediata rectificación de las acciones equivocadas que hemos señalado, definir en detalle el mecanismo del ‘adelanto social’ (‘Que en la zona de influencia de un proyecto minero, se desarrollen, en paralelo, la inversión minera y la inversión social’), comunicarlo a la población y a los medios y ponerlo en marcha con coherencia y disciplina. Lampadia

Jueves Minero Virtual, 3 de setiembre de 2020

La semana pasada el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) organizó un importante diálogo sobre las interrelaciones del sector minero y el sector industrial, con la exposición del viceministro de Minas Jaime Gálvez, comentada por el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) Ricardo Márquez y el presidente del IIMP Víctor Gobitz, bajo la conducción de Jaime de Althaus de Lampadia.

El viceministro destacó el apoyo del sector empresarial minero con respecto a las necesidades generadas por la pandemia.

Adicionalmente, el viceministro mostró un cuadro que registra la caída de la producción minera en el Perú durante la pandemia. Situación que afectó a los distintos minerales, ya que el Perú, a diferencia de Australia, Canadá y Chile, paralizó innecesariamente el sector minero, que pudo haber aportado producción, riqueza y recursos fiscales en un momento en que eran muy importantes.

Luego habló con cierta timidez sobre los proyectos de inversión, ya que no se refirió a los proyectos que han sido mediatizados por razones políticas y sobre los cuales el gobierno no ha sabido responder, como el caso de Tía María.

Ricardo Márquez

Márquez destacó que la posibilidad de que el Perú se demore de cinco a ocho años para recuperarse de la pandemia es muy grave, dijo que tenemos que hacer todo lo posible por lograr una recuperación rápida. “Si no tenemos un objetivo común, el sector privado y las autoridades, podríamos caer en esa situación”.

“La industria tiene que aliarse con otros sectores. Tenemos que aliarnos con la minería, que también ofrece trabajo, trabajo directo, rápido. En la SNI tenemos más de 400 empresas de metalmecánica que están listas. La minería ha sido muy golpeada políticamente”.

Destacó la importancia del concepto de Valor Compartido.

“La minería es importante para las regiones. Si por 20 años no hemos logrado mejorar la imagen de la minería y su relación con la agricultura, algo no estamos haciendo bien. Queremos trabajar juntos, ya hemos tenido una primera reunión sobre un cluster en Lima.

Víctor Gobitz

Destacó que el Perú produce metales industriales como cobre y zinc, y metales preciosos como oro y plata, y que todos gozan de buenos precios. A pesar de la crisis global, esos metales tienen demanda. Estamos en una situación ideal. Además tenemos un conjunto de proyectos y de operaciones.

En el Perú hay tres grandes grupos de inversiones mineras, inversiones en nuevas minas, que tienen un mayor riesgo relativo; inversiones en expansiones de minas existentes, con menores riesgos y temáticas sociales; y ampliaciones de la vida útil de operaciones existentes, también con menores riesgos.

“Hoy día hay un encadenamiento productivo, hay un ecosistema sobre todo con la metalmecánica, pero se puede ampliar, empezando por la pequeña minería artesanal.

La producción de oro no formal es entre 600,000 y un millón de onzas. La formalización ha tenido un foco muy de trámites, de documentos. Debería enfocarse más en el flujo operativo, la cadena de cómo se produce y lograr que la industria nacional apoye su desarrollo y formalización”.

Link del video: https://www.youtube.com/watch?v=NqpkwBrW3As&feature=youtu.be

Lampadia

Gonzalo Prialé
Presidente de IIG
Para Lampadia

Tras el sinceramiento de más de 40,000 fallecidos por la pandemia, Perú ha pasado a ser el país del mundo con más muertes por millón de habitantes. Según proyecciones del Banco Mundial, Perú es el país de América Latina cuyo PBI  decrecerá más en 2020 (-12%, versus -7.2% de caída promedio regional).

El ex ministro Zamora, por razones ideológicas, parecía cómodo en su empeño por, indirectamente, paralizar la economía, generar desempleo y quebrar empresas para demostrar que el modelo no funciona, mientras intentaba proteger la salud pública con un encierro tan estricto que se volvió rápidamente impracticable, al tiempo que mantenía desinformado al país.

Para recuperarnos y volver a crecer se necesitan dos cosas fundamentales. Que la gestión pública empiece a funcionar y logre resultados; y que se reactive la gran inversión minera y los grandes proyectos de infraestructura actualmente parados. Reactivar la mediana y la pequeña empresa es imperioso también, pero sin el urgente impulso a la minería y la infraestructura no saldremos del hoyo.

Al reactivarse la gran inversión privada y público privada, esta jalará al resto de la economía, se reavivará la demanda, y el empleo se irá recuperando junto con la recaudación de impuestos. Sería buenísimo contar con mayor inversión pública, pero seamos realistas, hace muchos años que la inversión pública no responde ni crece por la ineficaz gestión pública en los tres niveles de gobierno. Por otra parte, la inversión privada es 4 veces mayor que la pública.

Vivimos de ilusiones en medio de la pandemia. La ilusión de que la inversión pública puede reactivar la economía y sustituir a la privada. La ilusión de que las empresas pagan sus sueldos a los trabajadores como sea, cuando en realidad es la plata de los consumidores que permite a las empresas pagar los sueldos de los trabajadores, así que, si las empresas no venden sus productos, pero tienen que seguir pagando planillas, sencillamente quiebran. La ilusión de que el gobierno benefactor asigna sus recursos propios para dar bonos de ayuda a los más pobres, cuando en realidad gasta la plata de los impuestos que recauda, 80% de los cuales son pagados por la gran empresa privada. El Estado no produce, solo gasta y gasta mal.

Hemos desarrollado a lo largo de los años una suerte de complacencia colectiva respecto a la inhabilidad de la gestión pública para lograr resultados en lo que sea, reparto de bonos o de víveres, compras de equipos o destrabe de obras, y nos hemos llegado a acostumbrar a tanto anuncio que no se cumple.

A continuación, algunos ejemplos frecuentes de explicaciones piadosas respecto a la gestión pública cero.

Las políticas están bien pensadas, pero falla la implementación por la debilidad que tenemos en la administración estatal. Por favor, si no se pueden implementar, las medidas no sirven Y si no dan resultados, ¿cómo pueden ser buenas y estar bien pensadas?

Otra. Para que la entrega de los 760 soles tenga éxito se necesita buen planeamiento. Sin embargo, los planes no son la solución, no garantizan resultados, son solo intenciones. Como si hacer un “buen plan” bastase para librarte de responsabilidad en caso que la ejecución fracase.

La mayor de todas. El gobierno dice que no puede hacer mucho o que no puede hacer nada porque el Estado no camina, no funciona. El Ejecutivo gobierna, conduce el aparato de Estado y es responsable de los resultados. No falla el Estado, abstracto e inasible, fallan los responsables del gobierno.

Ojalá que la pandemia sea una oportunidad para abrir los ojos y nos conduzca a madurar, ser más realistas, y rechazar la irresponsable oferta populista. Lampadia

Líneas abajo reproducimos el excelente artículo de Jorge Baca Campodónico sobre el impacto de los errores de gestión de los gobiernos de Humala, Kuczynski y Vizcarra, que entre el 2011, donde se dio el ‘Punto de Inflexión’ del proceso virtuoso de crecimiento, y el 2021, malograron la posibilidad de crecer y reducir la pobreza, entre otros beneficios sociales y económicos.

Próximamente, completaremos este análisis con una nueva mirada al mandato estratégico de gobierno para los siguientes 20 años.

Las caídas de las exportaciones (11.8%) y de las importaciones (7.3%) en el mes de marzo confirman la desaceleración de la economía y ratifican nuestro pronóstico de que el PBI no crecerá mas de 3.6% este año y no mas de 4% en los años 2020 y 2021. Con estos resultados cerraremos una década de pobre desempeño económico que nos quita la ilusión de llegar al bicentenario de la independencia habiendo superado la trampa del ingreso medio.

Lamentablemente el pobre desempeño de esta década se lo debemos a decisiones erradas tomadas por el gobierno de Humala que las administraciones de PPK-Vizcarra no solo no han sabido revertir, sino que las han acentuado.

• Desde el día en que Humala tomó el poder juramentando por la constitución socialista de 1979, las autoridades han venido tomando medidas populistas que socaban el modelo económico consagrado en la constitución de 1993.
• Se han priorizado proyectos de inversión de dudosa rentabilidad económica como la Refinería de Talara, los Panamericanos y Gaseoducto del Sur.
• Al mismo tiempo que se han puesto trabas a la ejecución de proyectos mineros como Conga, Tía María, La Granja, El Galeno, y muchos otros.

Las autoridades de las diferentes administraciones de esta década han esgrimido diferentes justificaciones para explicar el pobre desempeño de la economía como la crisis mundial, el fenómeno del Niño Costero, la corrupción, la obstaculización del Congreso, etc. Muy pocas autoridades reconocen los errores cometidos. Por el contrario, se insiste en medidas populistas como el incremento del salario mínimo, de las pensiones, de los programas no contributivos de salud y pensiones, de los programas de sociales de transferencia monetaria, en incremento de la burocracia no productiva. Como en la época de la bonanza del guano, las autoridades están mas interesadas en el gasto no productivo que en cómo hacer crecer la economía.

¿Cuánto nos está costando los errores de política económica de los gobiernos de Humala y PPK-Vizcarra? Para responder esta pregunta hemos utilizado nuestro modelo PREDICE para simular que hubiera pasado con la evolución del PBI si se hubieran concretado en forma progresiva la inversión minera postergada por las decisiones erradas del gobierno. Para fines comparativos hemos utilizado la evolución del PBI chileno para el periodo 1997 – 2021. En el caso chileno, las proyecciones para el periodo 2019 – 2021 son las proyecciones del FMI.

En el Gráfico 1 se presentan las evoluciones del PBI real chileno y peruano en miles de millones de dólares de 2018 para el periodo 1997 – 2021 juntamente con el escenario alternativo correspondiente a la evolución del PBI peruano si se hubiesen puesto en ejecución los proyectos mineros que se han paralizado o se vienen aplazando por diferentes trabas burocráticas o conflictos sociales.

La conclusión que se llega del ejercicio de simulación es que el aumento de inversión asociado a la puesta en marcha de los proyectos de inversión mineros adicionales hubiese generado un PBI que superaría ligeramente al PBI de Chile en el 2021. Es decir, que hubiésemos llegado al Bicentenario con un PBI ligeramente superior al PBI de Chile.

Este PBI implica un crecimiento promedio anual para el período 2011 – 2021 de 6.8%, que contrasta con el magro crecimiento promedio de 3.7% que obtendremos con las políticas que venimos implementando. En el 2021, hubiésemos llegado a tener una economía de US$ 330 mil millones en lugar de los US$ 250 mil millones que tendremos con la política actual.

La inversión minera adicional también hubiese significado un crecimiento de nuestras exportaciones muy por encima del observado en los últimos años. En el Gráfico 2 se presentan las evoluciones de las exportaciones chilenas y peruanas en millones de dólares americanos juntamente con el escenario alternativo que describe la evolución de las exportaciones peruanas si se hubiesen concretado los proyectos mineros paralizados o postergados por las trabas burocráticas o conflictos sociales. En el escenario “Perú sin década perdida”, nuestras exportaciones hubiesen crecido al ritmo de la evolución de los precios de los minerales para ubicarse en el 2021 a la par con el valor de las exportaciones de Chile.

La puesta en marcha de los proyectos de inversión mineros hubiera significado un aumento de la inversión bruta fija total a lo largo de la década. Este aumento de la inversión es la que explica el mayor aumento del PBI a lo largo de la década y el aumento de las exportaciones. En el Gráfico 3 se presenta la evolución de la inversión bruta fija medida como porcentaje del PBI para Chile y Perú para el período 1997 – 2021.

Observamos que la puesta en marcha de los proyectos mineros paralizados o postergados representa en promedio 1.5 puntos porcentuales del PBI por encima de lo sucedido a lo largo de la década 2011 – 2021. Los 1.5 puntos porcentuales adicionales son equivalentes en promedio a 3,000 millones de dólares americanos adicionales de inversión por año. Esta cantidad es equivalente a la inversión de dos Tía María o a la mitad de Conga o La Granja.

Si no hubiésemos tenido la década perdida, para el 2021 no solo hubiésemos superado el PBI de Chile, pero podríamos haber eliminado la pobreza extrema y reducido la pobreza monetaria a un dígito y podríamos haber recibido el Bicentenario en un clima de optimismo que significa romper la trampa del ingreso medio. Lampadia

Recientemente, el BCRP publicó las cifras de inversión directa extranjera (IDE) al cierre del 2018 (ver nota de El Comercio líneas abajo) y lamentablemente, estas no fueron auspiciosas. Así, refiere que por tercer año consecutivo, se retraen los flujos de capitales de largo plazo –esta vez con una fuerte reducción del 8.8%, con respecto al 2017–  lo cual termina de configurar y confirmar una tendencia a la baja que ya se venía observando desde principios del gobierno de Ollanta Humala, y que, la administración PPK-Vizcarra no ha podido revertir. Peor aún, los niveles actuales se encuentran aún muy por debajo de los observados en el 2012, como indica el siguiente gráfico.

Las causales de esta caída son variadas, pero consideramos a dos como fundamentales. En primer lugar y como se desprende directamente del gráfico, se observa un desplome de la inversión minera extranjera, la cual ha pasado de representar el 3.7% del PBI en el 2012 a 1.2% en el 2018.

Este desplome se ha dado principalmente por problemas internos producidos por los ataques por parte del movimiento anti minero que ha estado presente en muchas de las regiones al interior del país, en particular, Cajamarca. Como es de conocimiento público, estos movimientos imposibilitaron la puesta en marcha de dos proyectos mineros que eran cruciales para nuestro crecimiento, Conga y Tía María.

En segundo lugar, una creciente animadversión hacia la inversión privada que empezó con el gobierno nacionalista de Humala, reflejada en una caída de 14 trimestres consecutivos de este indicador entre los años 2014 y 2016. Ello indudablemente tuvo que afectar las expectativas de los empresarios a nivel internacional, redundado en una menor inversión extranjera.

Es importante notar que el tema de las cotizaciones de los metales tiene un impacto menor en el Perú, ya que, por ejemplo, el costo de producir cobre es relativamente bajo, de unos US$ 1.10 por libra.

Pero, ¿Por qué es relevante la IDE para las economías pequeñas y abiertas como el Perú?

En el caso peruano, si bien la IDE no tiene un peso tan significativo comparada con la inversión privada nacional -se ubicó alrededor del 20% del total de la inversión privada en la última década- su relevancia  descansa en que permite corregir cualquier déficit en cuenta corriente que pueda conducir a crisis de balanza de pagos con la consecuente devaluación de nuestra moneda. Estas crisis han sido recurrentes en América Latina en los años 80, incluida la del Perú, por ello es que es fundamental retomar la tendencia positiva de la IDE, con el fin de evitarlas.

Adicionalmente, la IDE es la mejor calificación del ambiente de negocios del país, que como es evidente, entre la burocratización, tramitología, conflictos sociales y corrupción, viene deteriorándose paulatinamente.

En contraste, tener una IDE lo suficientemente alta en el tiempo, que posibilite tener superávits en la balanza de pagos, le permite al BCRP acumular reservas internacionales, las cuales son imprescindibles para mantener la estabilidad del tipo de cambio y mitigar los efectos de cualquier choque externo internacional adverso, eventos altamente probables al ser el Perú una economía pequeña y abierta. Este ha sido el camino que ha seguido nuestro país en los últimos años y por ello al 2018, reportaba la mayor cantidad de reservas internacionales en la región, las cuales representaron el 27% del PBI.

Todo ello, por supuesto, sin considerar que la IDE, al ser un tipo de inversión, que además es de carácter permanente en el tiempo, resulta favorable para la generación de empleo y reducción de la pobreza, razón por la cual debemos promoverla con feroz ímpetu.

…Y cómo se viene comportando la inversión total, incluida la nacional?

Si bien los indicadores de inversión, tanto total, como el desagregado en inversión pública como privada han mostrado un cambio de tendencia a partir de la segunda mitad del 2017 – como bien advirtió el IPE en los últimos días  –  estos siguen estando muy por debajo de los niveles del 2013, año en el que se dio el punto de inflexión de crecimiento de la economía peruana, pasando de un período de crecimiento de tasas anuales comparables a las de los países del sudeste asiático – entre 6% y 9% – a magros crecimientos que si quiera alcanzan el 4% (ver Lampadia: Aterrizaje en la mediocridad). Como se puede observar en el siguiente gráfico, la brecha real de inversión en el caso de la inversión directa extranjera es de casi 4,000 mil millones de dólares.

Este cambio de fase de la economía peruana –  del que la caída en la inversión extranjera directa ha sido parte – ha tenido fuertes implicancias en diversos indicadores, como el estancamiento observado de la informalidad laboral en los últimos años. Sin embargo, el que vale la pena destacar es el relacionado a la pobreza. Así, después de haber reducido por más de 10 años consecutivos la pobreza – pasando de 58.7% en 2004 a 20.7% en el 2016- , esta subió un punto porcentual en el 2017, lo cual quiere decir que 375,000 peruanos pasaron a ser pobres.

Por todas las razones anteriormente expuestas no podemos permitir que los flujos de capitales extranjeros de largo plazo sigan yéndose de nuestro país, peor aún, si los indicadores de crecimiento para la economía peruana en enero y los proyectados para el primer trimestre de este año – de diversos centros de investigación, como el IPE, y reconocidos bancos comerciales, como el BCP – apuntan a un crecimiento no mayor al 4%. Como hemos escrito en Lampadia: Perú crece por debajo de su potencial, este crecimiento de 4% no solo no es suficiente para absorber toda la mano de obra que entra al año al Perú, sino que está por debajo del potencial que Perú debería tener para su nivel de desarrollo, en su calidad de país emergente.

No permitamos que nuestro país se aleje de los circuitos internacionales de inversión. Ello sería condenarnos a menor crecimiento, menor empleo y por ende, mayor pobreza, todos infortunios que nuestras futuras generaciones no merecen enfrentar. Lampadia

Inversión extranjera directa cayó por tercer año consecutivo

En el 2018 sumó 8.8% menos que el 2017, debido a la reducción en las reinversiones.

El Comercio
24 de febrero de 2019
Glosado por Lampadia

Según el Banco Central de Reserva (BCR), el año pasado la entrada de inversión extranjera directa (IED) fue inferior en 8.8% frente al ejercicio anterior, al sumar US$6,175 millones. En el 2016 y 2017, esta había caído en 17% y 1.4%, respectivamente.

El ingreso de capitales extranjeros en el Perú puede realizarse a través de aportes de dinero y otras operaciones, la reinversión en empresas establecidas en el país y préstamos entre dichas compañías con la casa matriz.

De acuerdo con el BCR, en el período de análisis el flujo de dinero destinado a la reinversión fue inferior en US$916 millones o en 16.6% respecto al año anterior, al cerrar en US$4,597 millones. En tanto que los aportes de capital disminuyeron en US$396 millones o 19.9%, al sumar US$1,588 millones. Así, al término del 2018, el monto de IED representó el 2.6% del producto bruto interno.

1.2% del PBI representó la inversión extranjera directa al sector minero en el 2018, según el BCR.

77.5% cayó la inversión extranjera directa en el cuarto trimestre del 2018. La reducción determinó la caída del año.

Por sector de destino, en el 2018 destacó el ingreso de IED a la actividad minera y manufacturera. En la primera, el influjo de capitales sumó US$5,654 millones, luego de que superara en US$541 millones el registro del 2017, es decir, hubo un aumento en 25.6%. En el segundo sector, la entrada de inversiones llegó a los US$1,389 millones, lo que implicó un aumento de 104.6% o US$710 millones.

No obstante, dichos incrementos fueron insuficientes para contrarrestar la salida de capitales en el sector financiero, energía y servicios no financieros. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

La provincia cusqueña de Espinar es un microcosmos en el que se juntan muchas de las taras que afectan nuestro desarrollo. Problemas de contaminación en el agua revelados por un informe de la Dirección General de Salud que, por supuesto, no precisa la causa, aprovechamiento político de la situación para acusar a la mina (Antapaccay) de ser la causante, competencia entre facciones de izquierda de cara a las elecciones del 2021 por ver cual se radicaliza más contra la mina, una empresa minera incapaz de comunicar y explicar, una planta municipal de agua potable muy mal gestionada e ineficiente para tratar los minerales, un Estado desarticulado y ausente que no resuelve los problemas de contaminación ni atiende a las personas afectadas.

La provincia tiene una larga historia de informes de distinta autoría que demuestran la existencia de metales en los ríos o en los animales y personas que superarían los niveles permisibles, pero ninguno establece la causa de esa contaminación –si es la actividad minera o es de origen natural, dada la configuración mineralizada de los suelos. Tampoco se precisa si esas concentraciones de metales son causa de enfermedades.

La constante, sin embargo, es que los estudios son inevitablemente aprovechados por ONGs y políticos de izquierda para acusar a la mina (Xstrata Tintaya primero y Antapaccay, de Glencore, ahora) de ser la causante de la presencia de elementos dañinos.

El último informe, que ha desatado un nuevo movimiento contra la mina, ha sido elaborado por la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) del Ministerio de Salud y dado a conocer en diciembre pasado. Revela la presencia de metales como arsénico, hierro, manganeso y aluminio por encima de los niveles permitidos en varias muestras del agua destinada al consumo de la población de Espinar.

Por supuesto, el informe no indica el origen de esos metales, si provienen del agua naturalmente mineralizada de los ríos Apurímac y Huayllumayu, que son los que abastecen a la planta de agua potable de Espinar, o si proceden también de la operación minera. Pero ya la ONG Derechos Humanos sin Fronteras y el propio alcalde Lolo Arenas, se lanzaron a culpar a la empresa minera y convocaron a una marcha que se realizó a fines de enero exigiendo al gobierno declarar el sistema de abastecimiento de agua en emergencia sanitaria.

La OEFA viene realizando un estudio para establecer la “causalidad” de la presencia de metales en el agua en Espinar, cuyos resultados aún no han sido entregados. Pero basta mirar el mapa en Google Earth para percatarse de que es prácticamente imposible que la actividad minera de Antapaccay pueda afectar la calidad del agua en Espinar. En efecto, la planta de agua de la ciudad se abastece, como decíamos, de los ríos Apurímac, que es el que aparece más a la izquierda en la imagen, y el río Huayllumayo, que es el que aparece al centro. Pero la actividad minera de Antapaccay emite agua tratada al río Cañipía, que está en otra sub cuenca, separada por una cadena de cerros de los ríos proveedores, y además en una cota superior. Es prácticamente imposible que haya filtraciones de una sub cuenca a la otra. Por lo demás, el agua que Antapaccay vierte al río Cañipía es tratada, inocua, y más bien sirve para compensar el déficit hídrico de ese río. Es decir, es un activo ambiental.

Según nos informan, al alcalde Lolo Arenas se le ha mostrado estas imágenes incluso en 3D, pero no le interesa la verdad. Insiste en culpar a la mina. Por supuesto, aun hay que esperar los resultados del estudio de la OEFA. Pero también es notoria la incapacidad comunicacional y relacional de la empresa minera, que no es capaz de explicar la realidad.

Competencia entre facciones de la izquierda

Lo que ocurre, según fuentes bien informadas, es que la tradicional desinformación deliberada en Espinar acerca de las causas de la contaminación se ha acentuado en esta coyuntura, aunque parezca mentira, debido a la competencia que ya desde ahora se da entre facciones de la izquierda nacional por posicionarse frente a las elecciones generales del 2021. En las ONGs ambientalistas de la zona, como la vicaría de Sicuani y “Derechos sin Fronteras”, siempre ha tenido mucho predicamento Verónica Mendoza, líder de Nuevo Perú. Gregorio Santos, de otro lado, que perdió las elecciones en Cajamarca, no las perdió precisamente en Espinar, donde su candidato, Lolo Arenas, triunfó. Santos, que se ha aliado con Vladimir Cerrón, gobernador de Junín que posee un partido inscrito, Perú Libertario, desea postular a la presidencia de la república por ese partido, pero necesita recuperar terreno en Cajamarca –como veremos- y avanzar en Junín y en el Cusco. Ha efectuado recientemente un recorrido por el sur y la consigna en el caso de Sicuani es desplazar al mendocismo encarnado en “Derechos sin Fronteras” de Jaime Borda y Vidal Merma, y también a los alfiles enviados por Walter Aduviri, a costa de atacar más fuertemente a la mina.

Es algo penoso. La izquierda siempre se construye destruyendo al capital, a la inversión, al desarrollo del país. Esto no es novedad. En Cajamarca está haciendo lo propio, aunque allí sí aprovecha una afectación real, el derrame de agua de relave ocasionado por la minera Goldfields hace unas semanas, así como el hecho de que ni Activos Mineros ni la Dirección General de Minería han comenzado con la remediación de los pasivos ambientales en Hualgayoc, que vienen de la Colonia, pero a lo que el gobierno se había comprometido el 2016 cuando se declaró emergencia ambiental esa zona. Por supuesto, gran compromiso, pero a la hora de la ejecución nada porque no se había presupuestado un centavo para tal efecto. No obstante, Heydi Araujo, funcionaria de la OEFA, nos informa que en diciembre pasado ya se otorgó 54 millones de soles para realizar un nuevo estudio y licitar recién la remediación quizá a fines de marzo.

Pero la intención de Gregorio Santos iría más allá: abroquelar las rondas campesinas contra el inicio de Michiquillay, y mantener, por supuesto, la oposición a Conga. Es decir, recuperar y cohesionar su base social y política a costa del desarrollo de Cajamarca y del país.

Las taras del Estado peruano

Pero, junto a estas derivas perversas de la izquierda, están también las taras del Estado Peruano. La mineralización del agua de los ríos de la provincia de Espinar se conoce desde siempre –hay un río que se llama “Salado”- pero fue estudiada y demostrada por lo menos desde el año 2010. El 2013 la mesa de diálogo, con presencia del gobierno central, aprueba un Plan Ambiental Sanitario, cuyas acciones principales, según la OEFA, no han sido ejecutadas aún. Lo que se requiere, nos dice Heydi Araujo, son básicamente tres acciones:

• Reforzar los servicios de salud de la provincia para atender a las personas diagnosticadas con presencia de metales pesados. Esto depende del gobierno regional.
• Modernizar la planta de tratamiento de agua Virgen de Chapi para tratar metales pesados, y
• Dotación de agua de calidad para el consumo de animales de pastoreo y mejoramiento productivo del sector agropecuario.

La incapacidad de avanzar en estas líneas pone de manifiesto las carencias del Estado en sus tres niveles y los problemas de un proceso de descentralización fallido. Se denuncia la existencia de metales pesados en el agua, pero la municipalidad es incapaz de gestionar la planta de agua a fin de que pueda tratar dichos metales. El agua potable no debería estar en manos de empresas municipales.

El gobierno regional, por su parte, es incapaz de mejorar los servicios de Salud en la provincia para tratar a las personas afectadas. La descentralización del sector Salud sin control ni rectoría central ha sido un problema en el país.

Y ni la Dirección Regional de Agricultura ni el Ministerio de Agricultura son capaces de dar una respuesta a la necesidad del desarrollo agropecuario de la zona.

Es increíble que siendo la minería tan importante para el desarrollo nacional,  y habiendo la descentralización en buena cuenta feudalizado el país, la presidencia del Consejo de Ministros no haya nombrado hasta ahora a funcionarios coordinadores del Estado cuando menos en las regiones mineras, que tengan el poder para hacer que los sectores y los gobiernos regionales cumplan  los compromisos acordados en las mesas de diálogo o de desarrollo y ayuden a atender con oportunidad demandas y problemas que se presentan. Recién se va a crear, con financiamiento externo, unas Agencias de Desarrollo Regional, con función articuladora, pero en 5 regiones ¡que no son mineras! (La Libertad, Ayacucho, Tacna, San Martín y Piura). Absurdo.

1,462 compromisos pendientes

Según el informe Willakniki de la Secretaría de Diálogo y Gestión Social (SDGS) de la PCM, existe un total nada menos que de 1,462 compromisos suscritos con las comunidades y pueblos que no han sido cumplidos hasta ahora.

De ellos, 1,118 corresponden al Estado, de los cuales 695 (62%) compromisos pertenecen a los sectores, 202 (18%) a los Gobiernos Regionales, 146 (13%), a los Gobiernos Locales y 61 (6%) a empresas públicas. Lo frecuente es que el Ministerio o los gobiernos sub-nacionales asumen un compromiso y luego no lo incluyen en su presupuesto. No le hacen caso, acaso como un reflejo del desprecio colonial a lo andino. Recién en los últimos meses la SDGS está montando un sistema de seguimiento de los compromisos, pero sin capacidad coercitiva. Lo que hace falta, como decíamos, es un coordinador presente en las regiones que, además, ayude a que funcionen los sistemas de alerta temprana para anticipar los conflictos.

El canon de la corrupción

Ahora bien, muchos de estos problemas se resolverían si hubiese un manejo adecuado del canon y las regalías mineras. La gestión actual de esos recursos, en manos principalmente de las municipalidades, es un gran desperdicio que no genera desarrollo local sino corrupción y conflictos. Urge una reforma que establezca organismos de desarrollo locales o fideicomisos o PMOs que gerencien esos recursos aplicando un plan de desarrollo integral y sostenible de las zonas. Los alcaldes podrían participar en un consejo consultivo o directivo.

Para no hablar de la incapacidad del Estado de implantar el imperio de la ley cuando actos de protesta devienen en delitos tales como el bloqueo de carreteras o el ataque a policías. En el corredor minero se mueven impunemente unos abogados especializados en la extorsión a las empresas mineras que instigan tomas de carreteras para exigir compensaciones, y ni el gobierno ni la fiscalía son capaces de armarles un caso.  

Lo único que ha mejorado en estos últimos años es la presencia de la OEFA, incómoda para las operaciones mineras que no respeten los estándares ambientales, pero fundamental para que la población encuentre un árbitro estatal imparcial que la defienda de eventuales agravios ambientales. La OEFA realiza estudios de evaluación ambiental y paraliza actividades cuando hay afectación.

Conclusión

El Perú no puede darse el lujo de mirar displicentemente el enorme potencial que le brinda la minería para conseguir los recursos que permitan financiar nuestro desarrollo y la mejora de los servicios públicos.

Es hora de organizar el Estado para facilitar la inversión minera y para que los recursos que genera esa inversión se conviertan en desarrollo rural, local y regional efectivo y tangible en las regiones mineras. Lampadia

Como ya hemos comentado anteriormente (ver Lampadia: La Minería en el 2019, Mesías Guevara desconoce la realidad minera de su región) varias regiones con alto potencial minero al interior del país, tanto en el sur (Arequipa, Moquegua y Puno) como en el norte (Cajamarca) y el centro (Junín)  del territorio nacional,  se encuentran pasando por una situación política compleja, desde que las nuevas autoridades regionales asumieron funciones el pasado 1 de enero.

El discurso anti-minero que durante el gobierno de Humala provocó un aumento considerable de la conflictividad social en las regiones y que redundó en la paralización de grandes proyectos del sector como Tía María en Arequipa y Conga en Cajamarca – que eran fundamentales para el crecimiento de la economía peruana – ha resurgido en mayor y menor medida en varios de los discursos de los gobernadores regionales de las regiones anteriormente mencionadas. Veamos:

• El pasado 19 de enero en TV Perú, Mesías Guevara, gobernador regional  electo por la región Cajamarca afirmó “La minería solo ha traído conflicto, pobreza y desigualdad en Cajamarca”.
• El 18 de noviembre del 2018, en las postrimerías de las campañas electorales, el ahora gobernador regional electo por la región Arequipa Elmer Cáceres, declaró: “Tía María, no va; Zafranal, no va; Tambomayo, no va”.
• El pasado 20 de enero en una entrevista en Canal N, el gobernador regional electo por la región Puno, Walter Aduviri se mostró a favor de crear una nueva Constitución ya que consideró que en las zonas geográficas donde opera la minería se viola el derecho legítimo de las comunidades como el derecho a la consulta previa. 
• Vladimir Cerrón, gobernador regional electo por la región Junín, además de haber denunciado públicamente a empresas mineras de no pagar regalías ni canon, pretende imponer la creación de un nuevo currículo escolar regional, rechazando el currículo escolar del MINEDU.
• En Moquegua, el nuevo gobernador, Zenón Cuevas, pretende aplicar un impuesto a las utilidades de las industrias extractivas, en el orden del 10%, aumentando la contribución que actualmente pagan estas empresas por concepto de impuesto a la renta (29.5%).

Todas estas declaraciones claramente reflejan una completa incomprensión y una falta de entendimiento del potencial que ha generado y podría seguir generando la minería en esas regiones en materia económica y social. Antes bien, pareciera que quisieran impulsar agendas políticas extra regionales con las que pretenderían ganar notoriedad nacional, sacrificando a la población de sus propias regiones.

La minería ha demostrado ser una importante fuente de generación de empleo formal (directo e indirecto) y un motor protagónico de la reducción de  la pobreza fuera de la capital – tal como, por ejemplo, lo ha evidenciado el impacto del desarrollo minero en Apurímac y Arequipa. Mientras que, aquellas regiones que no han impulsado su potencial en este sector, como es el caso de la agenda anti-minera de Cajamarca, han terminado con un mayor empobrecimiento de sus comunidades.

Sin embargo ¿Por qué es especialmente relevante esta discusión para la economía nacional, específicamente, hacia al 2020?

Como bien ha advertido Macroconsult recientemente en uno de sus reportes económicos semanales, probablemente este  fenómeno, que eventualmente podría paralizar más proyectos en los próximos años-  es uno de los grandes riesgos que enfrentará la economía peruana en el corto-mediano plazo – por no decir el más álgido – conforme la cartera de proyectos  mineros aprobados se va agotando y el stock de proyectos de envergadura a la fecha ya experimentaron su fase máxima de producción.

Por otra parte, como hemos señalado también en Lampadia: Aterrizaje en la mediocridad , el sector minero se encuentra paralizado, tras haber caído en 1.1%  en el 2018, producto de una debilidad del gobierno por promover la inversión minera. Esta debilidad se ha puesto en evidencia con la marcha atrás del proyecto Tía María, que a pesar de que las encuestas sugerían que más de la mitad de la población de Arequipa estaba  favor del proyecto a setiembre del año pasado, el Ministerio de Energía y Minas no le otorgó la licencia de construcción a la empresa Southern (ver en Lampadia: El Gobierno no da luz verde  a Tía María pese a cambios en el valle).

Todo ello con el agravante de que el FMI prevé para este año y para el próximo una desaceleración de la economía mundial – principalmente por una mayor tensión comercial entre EEUU y China – lo cual indudablemente impulsará los precios de las materias primas a la baja, agravando aún más las condiciones de crecimiento de nuestra economía.  (ver Lampadia: Perú crece por debajo de su potencial).

En este escenario, consideramos que el presidente Vizcarra, dado el enorme capital político que ostenta, además de darle luz verde al proyecto Tía María, haría bien en desarrollar un discurso que promueva la minería y que explique a todos los peruanos los beneficios que ha tenido esta actividad, de manera que las poblaciones en las regiones entiendan que para que nuestra economía pueda retomar la senda del crecimiento alto de años pasados, el desarrollo minero es esencial.

No podemos seguir perdiendo la generación de riqueza y menos en las regiones, que es donde la pobreza está más presente. Si se promueve frontalmente la minería desde el Ejecutivo, los gobiernos regionales eventualmente podrían alinear su discurso al del presidente, considerando su enorme popularidad en varias regiones del país. Lampadia

Camilo Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

Sin duda el año 2018 ha sido un año sumamente agitado en lo político lo que ha generado altos niveles de incertidumbre. El sector minero no es ajeno a las implicancias sociales y políticas de estas incertidumbres.  Por ello se justifica analizar qué perspectivas se abren a la minería este año y qué impactos los diversos actores políticos podrían tener sobre el sector.

El Poder Ejecutivo:

El presidente de la República sale de los conflictos políticos del 2018 sumamente fortalecido. Un referéndum que legitimó su mandato, una prensa hegemónicamente favorable, un congreso en jaque frente a las acciones judiciales y amenazas de cierre, la principal líder opositora en la cárcel y un Poder Judicial que va a entrar en un proceso de reformas a ser digitado en función a las propuestas del Ejecutivo. Sin duda esto implica una fuerte acumulación de capital político e institucional en la figura del presidente. Ello implica que el presidente dispone de “profundidad estratégica” en caso él decida utilizar su fuerza política para impulsar proyectos mineros que enfrenten resistencia social. Un presidente con baja aprobación difícilmente estará dispuesto a arriesgar una parte del poco capital político del que dispone en apoyar un proyecto minero, lo opuesto ocurre en el caso de Vizcarra el cual puede arriesgar parte de su capital político con consecuencias que no le serán críticas.

Por otro lado, si bien el presidente ha construido una poderosa coalición que sostiene su alta popularidad esta coalición no se encuentra cohesionada de manera sólida con el presidente sino más bien por la existencia de enemigos comunes y el deseo de acceso a recursos públicos.

El presidente no se sostiene en un aparato partidario, un alineamiento ideológico o un liderazgo político carismático. Más bien, el presidente tiene como pilar de su capital político a un conjunto de actores (como la prensa, ONGs, gobernadores regionales, una izquierda no hostil, sectores de la judicatura) que no le responden jerárquicamente. Por ello un conflicto social prolongado implica para el presidente el incurrir en el riesgo de que parte su coalición actual, en especial la ideológicamente más a la izquierda, pase a la oposición en caso el presidente polarice contra una resistencia social sistemática.

En el caso del Ollanta Humala el conflicto Conga llevó a la pérdida de múltiples aliados, a la caída de dos Primeros Ministros y a una amplia caída en la aprobación presidencial. Para un presidente sin bancada y sin partido, como Vizcarra, participar en un conflicto a gran escala podría implicar correr un alto riesgo político.

En caso se de un escenario de nuevas elecciones congresales ello disminuiría la disposición del ejecutivo a asumir costos políticos por apoyar a la minería. Ello sería así por que el gobierno requeriría de salvaguardar al máximo su aprobación popular con el fin de obtener un parlamento con una composición favorable. Un conflicto social a larga escala implicaría posibles pérdidas de aprobación presidencial y alienarse regiones enteras contra el gobierno central, esto es un fuerte desincentivo a que un gobierno apoye un proyecto minero con alta resistencia social.

Los Gobiernos Regionales y las Alcaldías:

Las elecciones de octubre y diciembre del 2019 llevaron a la victoria de múltiples autoridades con discursos hostiles a la inversión privada y a la inversión minera en particular, lo cual es sin duda un factor de riesgo relevante para las empresas mineras. Los gobiernos regionales y los alcaldes disponen de recursos económicos, comunicacionales y de representatividad política que pueden ser desplegadas en acciones hostiles al sector extractivo. En algunas regiones mineras las nuevas autoridades electas afectan de manera clara la correlación de fuerzas en favor de los anti-mineros.

Las victorias electorales de Zenón Cueva en Moquegua, Walter Aduviri en Puno, Elmer Cáceres en Arequipa, y Vladimir Cerrón en Junín implican el ascenso de gobernadores regionales que han incorporado en mayor o menor grado el discurso anti-minero dentro de su proyecto político. El nivel de hostilidad que manifiesten hacia el sector minero se verá influenciado por el sistema de incentivos políticos y económicos que se deriven de su accionar. Las posturas del Gobierno Nacional respecto a la minería influenciarán en forma significativa ese sistema de incentivos.

Aquellos gobernadores regionales que tengan intenciones presidenciales se verán inclinados a asumir una actitud más hostil hacia la minería puesto que la confrontación anti-minera y frente al gobierno central resultan mecanismos útiles de posicionamiento político a escala nacional y facilitan la formación de un liderazgo de tipo “contestatario” lo que puede resultar crítico si se desea ser un candidato presidencial dentro del espacio político antisistema.

El tratamiento que reciba un gobernador por parte de la prensa nacional también resulta importante, mientras mayor y más afín la cobertura de un gobernador conflictivo, este considerara que su conducta le genera el posicionamiento deseado.

En este contexto la conducta del gobierno central hacia los gobernadores regionales resulta ser sumamente importante, puesto que, si el gobierno central prioriza su alianza política con los gobiernos regionales por encima del impulso a la inversión privada, no se daría ningún grado de condicionalidad del acceso de recursos de los gobiernos regionales independientemente de si los mismos se encuentran destinados a facilitar o a hostilizar a la inversión minera, bajo estas condiciones el gobierno central renunciaría a infringir costos al activismo anti-minero apoyado con fondos públicos.

Sin embargo, la posición radical por sí misma no es suficiente para darle relevancia nacional a un gobernador regional. Vladimir Cerrón ha sido Presidente Regional de Junín en el pasado, su postura de extrema izquierda filo-castrista no le brindó un resultado electoral favorable cuando fue candidato a la presidencia y tuvo que retirarse de las elecciones del 2016 puesto que se mostró inviable mantener la inscripción electoral. Diferente fue el caso de Gregorio Santos quien desde la prisión consiguió más de un 4% a pesar de estar en la cárcel y mínimos recursos de campaña. La diferencia entre ambos casos se encuentra en que el primero no operó en una región con un movimiento social contestatario fuerte mientras que el segundo si. Un gobernador regional radical puede fortalecer y apoyar un movimiento social conflictivo y capitalizar políticamente sobre el mismo. Pero por otro lado un gobernador regional inclusive, si es radical, no puede generar un movimiento social hostil a pesar de los claros retornos políticos que esto le tendría. El caso reciente de Cajamarca lo ilustra. Gregorio Santos no logró reactivar el movimiento anti-minero que lo llevó al poder y su candidato (Porfirio) se quedó en el tercer lugar en las elecciones regionales.

El Congreso de la República:

El congreso está pasando por un proceso de reconfiguración de las bancadas producto de la crisis de Fuerza Popular. Se está pasando de un patrón de bloque dominante a uno disperso en el que se tendrá un congreso con diversas facciones en alianzas coyunturales para la aprobación de legislación que sea de su interés. Esto representa un incremento en la capacidad de grupos congresales hostiles a la minería para avanzar su agenda ideológica. Ello sería así porque la necesidad de formar mayorías coyunturales implicaría llegar a acuerdos con los partidos anti-mineros (Como el Frente Amplio). Esos partidos podrán entonces negociar sus votos con otras fuerzas a cambio de la aprobación de leyes que forman parte de su proyecto de largo plazo.

El caso de la aprobación de la Ley de Cabeceras de Cuenca o el Acuerdo de Escazu nos señala la forma clara como, aún con una fracción del congreso, agrupaciones ideologizadas minoritarias pueden avanzar su agenda en un congreso en el que los sectores pro inversión son mayoría. Ello ocurre porque los sectores pro-inversión no dedican la misma importancia a esos temas y están dispuestos a facilitar el avance de la agenda anti-minera a cambio de votos útiles en las disputas de poder al interior del congreso. En un congreso atomizado como el que se viene las ocasiones para que se den negociaciones negativas se incrementan notablemente.

Por otro lado, la dinámica política actual implica un incremento notable en la influencia del Ejecutivo sobre el Legislativo, por lo que posibles esfuerzos del Ejecutivo por impedir la emisión de esta clase de leyes podrían ser más efectivas.

La Judicatura:

El Poder Judicial afecta el desarrollo de la minería en la medida de que sea un garante de sus derechos de propiedad y castigue las acciones de violencia ligadas a la conflictividad social. En esa medida las acciones del Poder Judicial han mostrado severas deficiencias a lo largo de los años dándose una intensa impunidad para quienes han impulsado acciones violentas al interior de movilizaciones de protesta.

Además, los futuros cambios en el Poder Judicial posiblemente demorarán los procesos judiciales puesto que los magistrados necesitan tener más en claro las consecuencias de sus fallos sobre sus carreras en un Poder Judicial con una jerarquía renovada.

Conclusiones

El rol del Ejecutivo es crítico puesto que tiene capital político para invertir en el apoyo al sector minero tanto frente a conflictos sociales como frente al parlamento, también tiene mecanismos de influencia sobre los gobiernos regionales y sobre el poder judicial. Dependerá que la prioridad del Ejecutivo por el crecimiento económico sea considerada más importante que la popularidad que su postura pueda darle. 

Lamentablemente, hasta ahora no se ha dado ninguna instancia en que el presente gobierno demuestre estar dispuesto a poner en riesgo su capital político en favor del crecimiento económico, y menos en pro de la inversión minera. Observando su manejo en 2018, se puede afirmar que se tiene un gobierno con una baja propensión a poner en marcha proyectos mineros con conflictos sociales complejos.

Se enfrenta el riesgo de gobernadores regionales antisistema que tratan de posicionarse hacia el 2021 mediante la conflictividad. El éxito o fracaso de esos gobernadores antisistema dependerá de la condicionalidad presupuestal que el Ejecutivo presente a los gobiernos regionales y la presencia de movimientos sociales fuertes operando en la zona.

En el legislativo se puede esperar múltiples iniciativas de legislación que erosione el ambiente de negocios para la minería. En buena medida dependerá del Ejecutivo que dicha legislación pueda terminar siendo aprobada, o no. Mientras tanto, el Poder Judicial seguirá ofreciendo condiciones de impunidad a la violencia de los grupos anti-mineros, pero en plazos aún más dilatados que los actuales. Lampadia