Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 31 de diciembre de 2021
Para Lampadia

El año 2021 que acaba de terminar, fue un buen año de agua. Efectivamente, hubo agua en abundancia. Me refiero a la temporada de lluvias de principios de año, entre enero y abril, y al final del estiaje, desde mediados de noviembre en adelante, cuando empezó a llover nuevamente. 

La gente se olvida, pero durante el verano pasado – como siempre – botamos cualquier cantidad de agua dulce al mar. Y por si fuera poco, tuvimos desbordes e inundaciones por la gran cantidad de agua que tuvimos en nuestros ríos y canales. Incluso, producto de las lluvias, hubo huaicos de lodo y piedras que cortaron carreteras y caminos, y arrasaron con todo lo que encontraron en su camino.

Por otro lado – como era de esperar – no llovió entre mayo y octubre, tal como ocurre todos los años, desde toda la vida. El estiaje es así… no llueve. Siempre ha sido así. Eso lo sabemos los agricultores de Costa, Sierra y Selva; y del Norte, Centro y Sur. Todos.

Ahora bien, quienes estamos involucrados en el quehacer agrícola, también sabemos que las plantas producen más – y mejor – cuando tienen agua todo el año, no sólo cuando llueve. 

Para ello, algunos hemos construido reservorios donde guardamos aguas sobrantes de la temporada de lluvias. Otros han perforado pozos para extraer agua del subsuelo. Así – con reservorios y / o pozos – los agricultores modernos y eficientes tenemos agua todo el año.

He ahí la principal diferencia entre la agricultura altamente productiva y la agricultura precaria: el agua. Y si el agua se maneja a través de sistemas de riego tecnificado, mejor aún. Entonces, la disyuntiva es: ¿agua todo el año, o agua solamente cuando llueve? 

Esa es la diferencia entre la agricultura empresarial, que emplea formalmente a un millón de trabajadores, y que en el 2021 batió todos los récords de exportaciones de uvas de mesa, arándanos, paltas, cítricos, y demás; y la pequeña agricultura tradicional, que emplea informalmente a cinco millones de peruanos, y que la está pasando mal… muy mal.

Pregunta del millón: 

• ¿Tan difícil es entender la problemática del agua para la agricultura? 

• ¿Acaso, tener o no tener agua todo el año – más el riego tecnificado – no hace la diferencia entre una agricultura próspera y una agricultura pobre? 

• ¿Por qué no priorizar la construcción de reservorios – y pozos – en todo el país, para que los pequeños agricultores produzcan más, y dejen de ser pobres?

Pues bien, eso que es tan sencillo de explicar, y de sentido común, aparentemente no lo es para nuestras autoridades políticas. Sobre todo, para las del Ministerio de Agricultura. Porque si así fuera, la conclusión sería aún peor: a nuestros políticos les importa un bledo que los pequeños agricultores se mueran de hambre. 

¿Ignorancia o indolencia? ¡Esa es la cuestión! ¿Qué tienen nuestros políticos que no ven la solución a la problemática del agua para la agricultura? De repente, son ambas cosas a la vez: ignorantes e indolentes.

Si no cómo explicar que se vayan tanto por las ramas con la cantaleta de la 2ª. Reforma Agraria. ¿A quién se le puede ocurrir que una planta de fertilizantes en Bayóvar va a resolver la problemática de la pequeña agricultura ¡si no tienen agua! 

¿Qué efecto podrá tener – más allá de la pose y la demagogia política – que el presidente Castillo regale tractores a agricultores que no tienen agua? O que el Gobierno ofrezca financiamiento, o comprar su producción ¡si no producen… porque no tienen agua!

No priorizar el agua y el riego tecnificado, es como poner la carreta delante de los burros. Todo lo demás – mecanización, financiamiento, industrialización, compras estatales, reorganización del Ministerio de Agricultura, Servicio Civil de Graduados, etc. – es secundario. Repito. La carreta delante de los burros: esa es la imagen que mejor caracteriza al Ministerio de Agricultura de cara a la pequeña agricultura, o agricultura familiar.

Conclusión: la máxima prioridad para la agricultura debe ser el agua. Abramos los ojos a la realidad. El 2021 que acaba de terminar fue muy bueno para los agricultores que tuvieron agua todo el año… pero pésimo para los demás. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Una vez más la noticia son los huaicos, derrumbes e inundaciones. Pero esa noticia ha venido junto con otra, que se vuelve criminal ante tanta catástrofe: que se dejaron de gastar 1,072 millones de soles en prevención de desastres el 2019. Y fueron los gobiernos regionales los que menos ejecutaron en el programa denominado “Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres”. De los 883 millones de soles asignados, gastaron solo 472 millones, apenas el 54%. Del presupuesto total, incluyendo los tres niveles de gobierno, se ejecutó un 67%.

Esta defección nos sirve para llamar la atención sobre una falla clara del régimen descentralizado en el Perú. Y es que el gobierno central no tiene vías claras para intervenir y hacerse cargo cuando un gobierno subnacional no es capaz de ejecutar un programa prioritario o de brindar de manera adecuada un servicio social vital. 

La Constitución establece que el gobierno es unitario y descentralizado, pero no indica que pueda intervenir en el caso de que un gobierno subnacional esté fallando en sus responsabilidades con riesgo económico o social. José Escaffi y Roberto Abusada, sin embargo, argumentan que el ordenamiento legal sí establece claramente una función rectora del Poder Ejecutivo, que éste sencillamente no asume.

En efecto, el artículo artículo 4º de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE) establece que es competencia exclusiva del Poder Ejecutivo:

1. “Diseñar y supervisar políticas nacionales y sectoriales, las cuales son de cumplimiento obligatorio por todas las entidades del Estado en todos los niveles de gobierno”.

Y luego, en el artículo 22.2°, se indica que:

“Los Ministerios diseñan, establecen, ejecutan y supervisan políticas nacionales y sectoriales, asumiendo la rectoría respecto de ellas”

El problema es que también se indica que ello se logrará mediante “mecanismos de coordinación” que, siendo claramente insuficientes, por lo general ni siquiera están bien montados. No obstante, el artículo 23.1 de la LOPE va más allá de la labor meramente coordinadora al establecer que es función de los ministerios, entre otras:

“…Cumplir y hacer cumplir el marco normativo relacionado con su ámbito de competencia, ejerciendo la potestad sancionadora correspondiente”

Pero no se ha regulado cómo un ministerio sanciona a un gobierno o autoridad subnacional que no cumpla o deje de ejecutar parcial o totalmente una política nacional o sectorial. En las leyes de organización y funciones de los ministerios –los pocos que las tienen- no se especifica facultad sancionadora alguna. De fecho, no ha existido sanción jamás.

La medida que sí ha sido aplicada en un par de ocasiones, es la suspensión de entrega de fondos por parte del MEF, según lo dispuesto en el artículo 53° de la Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, modificado por la Primera Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley 30115 que a la letra señala:

“53.1 La Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público (DGETP) procede a la suspensión temporal de operaciones en las cuentas bancarias de aquellas unidades ejecutoras o dependencias equivalente en las entidades en donde surjan situaciones de conocimiento público que pongan en riesgo el adecuado uso de los fondos públicos asignados, a la sola solicitud del titular de los siguientes organismos: Contraloría General de la República, Ministerio de Justicia o Ministerio del Interior”.

El abogado Jorge Danós nos recuerda que dentro de este marco legal “la Contraloría solicitó al MEF, el 31 de marzo del 2014, la suspensión temporal de operaciones de las cuentas bancarias del Gobierno Regional de Ancash y, el 22 de abril, de las cuentas bancarias del Gobierno regional de Tumbes”.

Pero esa es una disposición que no viene acompañado de la posibilidad de intervenir directamente en la administración sub-nacional asumiendo temporalmente la gestión sea del manejo económico o de los servicios. Eso es lo que está faltando.

No obstante, José Escaffi discrepa. El considera que el Ejecutivo sí puede intervenir, en aplicación de la siguiente modificatoria de la Ley N° 27867 Orgánica de Gobiernos Regionales:

“Artículo 90-A.- Situaciones extraordinarias y sostenibilidad fiscal. Se dictan medidas temporales y extraordinarias en materia económica y financiera, conforme al inciso 19 del artículo 118 de la Constitución, cuando los indicadores de desempeño financiero y/o presupuestario de los Gobiernos Regionales comprometan los estándares de gestión previamente establecidos y exista grave riesgo de la economía nacional y del proceso de descentralización. El Congreso tomará conocimiento de dichas medidas y adoptará las decisiones que le correspondan, de acuerdo a la Constitución y la Ley.”

El inciso 19 del artículo 118 de la Constitución dice que corresponde al Presidente de la República:

“Dictar medidas extraordinarias, mediante decretos de urgencia con fuerza de ley, en materia económica y financiera, cuando así lo requiere el interés nacional y con cargo de dar cuenta al Congreso…”

Podríamos conceder que al amparo del artículo 90-A de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales sería posible que el gobierno central asuma directamente el programa de prevención de desastres naturales que es motivo de esta nota, porque dicho artículo lo permitiría “cuando los indicadores de desempeño financiero y/o presupuestario de los Gobiernos Regionales comprometan los estándares de gestión previamente establecidos”. Hasta allí está claro, y se podría aplicar incluso a cualquier servicio, pero a continuación el texto del artículo agrega otra causal concurrente: “y exista grave riesgo de la economía nacional y del proceso de descentralización”. Causal muy difícil de satisfacer, que prácticamente mata el artículo.

Siempre es posible dar un decreto de urgencia, sin embargo. Pero el propio inciso 19 del artículo 118 de la Constitución restringe los decretos de urgencia a “materia económica y financiera”. Escaffi, no obstante, insiste en que eso cubre también cualquier servicio o función deficitarios, porque las normas presupuestales, que son materia económica y financiera, se refieren a niveles de servicio y a estándares de desempeño y resultados, por más que estemos en un sector de servicios. Ese artículo sí habilitaría al gobierno central a intervenir en un gobierno regional cuando hubiese una notoria falencia en el desempeño de alguna función.

Nunca ha ocurrido, sin embargo. Acaso porque la norma no es suficientemente clara. O por temor de las autoridades nacionales a asumir el papel que les corresponde.

Quizá esta deba ser materia de la agenda legislativa del congreso complementario. Si le alcanza el tiempo. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
Gobernador Regional de Ica
Ica, 20 de setiembre de 2017
Para Correo Ica y Lampadia

Durante los próximos 3 años, nuestra región recibirá más de S/. 700 millones para reconstruir – y mejorar – la infraestructura dañada por las inundaciones y huaycos ocurridos el verano pasado. Un mundo de plata. ¡Cómo no va a ser un mundo de plata si el presupuesto del Gobierno Regional – para inversiones – es de apenas S/. 60 millones anuales! O sea, menos de la décima parte de lo que vamos a recibir del Plan de Reconstrucción con Cambios.

Recordemos “el mal” del verano pasado… El Niño Costero que se manifestó en forma de lluvias intensas en nuestras zonas bajas. Un hecho poco frecuente aquí en Ica. Efectivamente, la costa iqueña se caracteriza por su aridez. Y nuestra agricultura –  y en general, la población – depende del agua que proviene de la Sierra, donde llueve copiosamente todos los años – sobre todo – de enero a marzo.

Pero no… este año – aparte de llover mucho en la Sierra – llovió también en la Costa, tal como ocurrió en toda la Costa Central y Norte de nuestro país. Aunque los daños en Ica, no tuvieron – ni remotamente – la magnitud de los desastres ocurridos en Lima, Ancash, La Libertad, Lambayeque, Piura – la región más devastada – y Tumbes.

Por eso me parecen mezquinos aquellos personajes locales que se quejan de la disparidad en los presupuestos asignados para la reconstrucción de cada región. Como que Piura recibirá S/. 7,000 millones. O sea, 10 veces más que Ica.  

Visto así – a la ligera y con egoísmo – pareciera que los quejosos tienen razón… pero nada que ver. Las regiones del norte sufrieron daños mucho mayores a los nuestros. Por tanto – como tenía que ser – los presupuestos fueron determinados de manera diferenciada… en función de la magnitud de los daños. Más daños… más presupuesto. Menos daños… menos presupuesto.

Lo concreto es que el presupuesto para la reconstrucción de Ica es S/. 728´741,663… para ser exacto. ¿Qué se va a hacer con tanto dinero? Básicamente, se van a reconstruir – y mejorar – las carreteras dañadas, y se van a descolmatar y reforzar nuestros ríos.

¿Quiénes van a hacer los trabajos? Principalmente, el Gobierno Central – a través de los ministerios – y el Gobierno Regional. Los Municipios tendrán poca injerencia en la reconstrucción – pues muchos no calificaron como unidades ejecutoras – dado el pobre desempeño presupuestal en los años 2015 y 2016. El Gobierno Regional de Ica – en cambio – si calificó como unidad ejecutora por haber gastado más del 85% de nuestro presupuesto de inversión durante los dos primeros años de nuestra gestión.

Entre paréntesis… ¿cómo explicar que nuestros detractores – congresistas, periodistas, consejeros… y los criticones de siempre – nos cuestionen por – supuestamente – no saber invertir, cuando la Autoridad del Plan de Reconstrucción con Cambios nos califica favorablemente como unidad ejecutora? ¡Oh envidia, raíz de infinitos males y carcoma de virtudes…! Así decía Don Quijote.

En fin; ¡allá los envidiosos… que se retuerzan entre sus rencores y rabias! El hecho es que nuestra región va a quedar mejor que nunca… después de la reconstrucción. Ya empezaron los trabajos de prevención – a cargo del Ministerio de Agricultura – y a partir del año entrante se iniciarán los trabajos de reconstrucción – propiamente dichos – a cargo del Gobierno Central y el Gobierno Regional.

Repito. Nuestros ríos y quebradas quedarán más seguros y sostenibles. El río Ica – por fin – va a quedar ensanchado y mejor encausado; y los puentes de la ciudad serán reemplazados por unos más largos y mejores. Nuestras carreteras – sobre todo las de penetración – quedarán pavimentadas… como nunca. Parcona tendrá un excelente hospital. Las viviendas dañadas serán reemplazadas y reubicadas con visión de largo plazo y bienestar. Y así por el estilo… nuestra región quedará renovada.

Estamos – pues – ad portas de hacer realidad el optimismo del famoso refrán… no hay mal que por bien no venga. ¡Enhorabuena! Lampadia

Más allá de la terrible situación política generada por el gobierno socialista de Rafael Correa, el estado actual de la economía y el deterioro generalizado de la situación del país, Guayaquil ha logrado desarrollar una infraestructura de clase mundial, para enfrentar los huaicos, desbordes y riadas.

Los primeros dos meses del 2016 fueron muy problemáticos para Guayaquil. Sufrieron tres días de intensas lluvias, llegando a 89 mm (litros por metro cuadrado). En los tres casos coincidió con una marea alta en la costa, lo cual impidió que el agua de la lluvia se evacuara con facilidad a través del sistema de alcantarillado. La intensa lluvia inundó calles y vías de alta circulación vehicular, obstaculizó el tráfico y creó gran desorden en la ciudad. 

Pero pocos meses después, el Puerto Principal puso en funcionamiento un sistema de válvulas para reducir los efectos de las inundaciones, especialmente para evitar problemas como cuando las mareas altas coincidan con fuertes precipitaciones.

El sistema de válvulas consta de “dispositivos de orificio variable que se utilizan en los desagües del alcantarillado pluvial. Cambian su área de apertura respecto a la presión interna y al caudal, para evitar el paso del flujo en la dirección contraria”, afirmo Carolina Chico, jefa de Proyectos de Obras de Interagua, concesionaria del servicio en Guayaquil a cargo del proyecto para el Diario El Comercio de Ecuador. Para entender más sobre cómo funciona el sistema, ver video de EMAPAG-EP (Ente Municipal de Regulación y Control de Guayaquil):

Este desarrollo de Ecuador, en Guayaquil, debería ser un ejemplo a seguir para el Perú. Ya es hora de desarrollar esquemas de protección ante los recurrentes huaycos que destruyen vidas y bienes cada cierto tiempo. Ahora tenemos que salvar la emergencia, pero no debemos parar hasta desarrollar infraestructuras permanentes en las zonas más sensibles del país. Lampadia

Cada cierto tiempo los huaycos recuperan sus causes y solo atinamos a pasar de alguna manera la crisis para que todo quede igual. Los damnificados, unos más que otros, quedarán en la miseria, se volverán a construir viviendas precarias y las infraestructuras quedarán dañadas en buena parte.

Mientras tanto, la tecnología avanza. Tenemos hasta un novísimo satélite y hay múltiples mecanismos de registros geo-referenciados, como para poder hacer un buen levantamiento de las áreas de riesgo y reubicar definitivamente a las poblaciones afectadas en viviendas adecuadas, a mucho menor costo que tener que enfrentar las recurrentes crisis, como lo muestra líneas abajoLeopoldo Monzón, de PROESMIN.

Más allá de la necesidad de afrontar de una vez por todas el manejo de aguas, su represamiento, infiltración y encausamiento, superando el mito de que el agua no cuesta y que tenerla es un derecho (que no se hace realidad), tenemos que actuar sobre el desarrollo urbano en zonas de riesgo.

En el siguiente artículo, Monzón nos propone soluciones específicas para las zonas de Chaclacayo y Chosica. Veamos:  

Desastres naturales por inundaciones, ¿Una oportunidad?

Leopoldo Monzón Ugarriza
Gerente General de PROESMIN
Para Lampadia

Situación Actual

Las inundaciones en el Perú se han vuelto parte del común del transcurrir de la vida del poblador de la costa, sierra y selva, es más, el Estado y los pobladores disponen de cuantiosos recursos en: reconstrucción de infraestructura, ayuda social, recuperación de cultivos, asistencia de salud, obras de contención, etc. Hemos estimado que los recursos dispuestos por el Sector Publico Privado en los últimos años han sido del orden de S/20,000MM y solo en las quebradas de Chaclacayo, Chosica y Lima más de S/1,000 MM, además de más de 50 pobladores fallecidos, más de 1,000 Heridos y 20,000 casas colapsadas. Siendo lo más grave, que a pesar de las adversidades, se siguen construyendo edificaciones en estas zonas. (ver Imagen 1).

Imagen 1: Crecimiento sin control de viviendas en las Quebradas, Fuente INGEMMET

Imagen 2: Fuente: Diario El Comercio

Imagen 3: Fuente Diario El Comercio

Debido a esta problemática, en los últimos meses hemos venido estudiando las razones que llevan a los pobladores a vivir cerca de las quebradas. Hemos identificado las siguientes: Agua cercana, desagüe cercano que son las mismas quebradas, la infraestructura vial desarrollada casi siempre cercana a quebradas, suelos fértiles para desarrollar actividades económicas, facilidad para desarrollar actividades comerciales de diferentes tipos, sumado a esto un Estado que no planifica y provee de colegios, infraestructura y postas médicas  en estas zona vulnerables y finalmente  que,  ante la emergencia, dispone de recursos para reconstruir en la misma zona, lo que solo termina agrandando el problema.

Imagen 4: Zonas de alto riego quebradas de Chosica Fuente: Proesmin S.A.C.

Lo expresado se transforma en un círculo vicioso en donde: se consume agua directamente de pozos o de los ríos sin tratamiento causando enfermedades como la desnutrición crónica, se arroja gran cantidad de residuos sólidos a las quebradas causando un daño ambiental sin precedentes, se utilizan detergente para lavado de ropas o de autos, se genera un alto riesgo a la vida de los pobladores en caso de avenidas y huaycos, además de la destrucción de infraestructura y de sembríos.

Las soluciones planteadas en los últimos años son más de lo mismo por lo que es importante una mirada diferente con un enfoque integral que involucre los conocimientos de ingeniería, de  planificación e información circundante valiosa como, Topografía, Suelos, Climas y Precipitaciones.

Desarrollo de la Propuesta

Desde hace algunos años hemos venido mapeando integralmente las cuencas afectadas y hemos identificado que zonas contiguas a estas áreas afectadas tienen las siguientes características: Pendientes menores de 20 grados, Zonas de suelo estable roca, zonas de suelos para agricultura y ganadería , zonas no vulnerables a un sismo y/o a los efectos de las inundaciones; en estas áreas proponemos la implementación de ciudades satélites (ver imagen 5 y 6) las cuales tendrán : agua potable, desagüe, accesos a las carreteras principales, energía eléctrica con capacidad para albergar en lotes de 150m2 al total de pobladores amenazados por las fuerzas de la  naturaleza, las mismas que satisfacen  largamente las necesidades de los pobladores, corroboradas por las encuestas realizadas por nuestro equipo de investigación.

Imagen 5: Ubicación para Ciudades Satélites Planeadas, Fuente Proesmin S.A.C.

Las zonas pintadas de rosado en la imagen 5 acogerían el total de la población en peligro inminente.

Imagen 6: Cuidad Satelite, Fuente: Proyecto Olmos

En estas ciudades satélites se construirán plantas de tratamiento de capacidades de 3,000 lt/día a 1’000,000 lt/día, para dotar de agua de 10 a 3,000 casas respectivamente, dependiendo de la zona de intervención y los daños ocurridos y además cada una de ellas tendrá un tanque para almacenar agua y un biodigestor para el tratamiento de los sólidos y líquidos que ahora terminan en los ríos del Perú. El agua tratada en el biodigestor se podrá utilizar para riego de jardines que circundarán las casas y los residuos sólidos se podrán utilizar como abono cerrando un circulo virtuoso nuevo con servicios ambientales cercanos a países del primer mundo. (ver imágenes 7 y 8).

Imagen 7: Diagrama de Agua Potable Segura Fuente: PROESMIN

Imagen 8: Diagrama Tratamiento de Agua Fuente MCVS

Propuesta

El número de damnificados en los últimos años se estiman en 20,000 familias es decir 100,000 personas, las cuales planteamos dotar de una vivienda con todos los servicios, la infraestructura para accesos a las zonas urbanas, además de parques industriales conexos para crear empleo; todo esto con una inversión estimada será de S/3,000MM en viviendas y S/600MM en servicios, sumando S/3,600MM, lo cual representa menos de 5 veces de lo invertido en reconstruir los desastres una y otra vez.

Para el financiamiento se tiene a la mano los mecanismos de Techo Propio convocando a entidades privadas a desarrollar los proyectos, ampliando el Bono de Buen Pagador a un 50% del valor de la inversión y financiando el resto a 20 años con tasas de interés muy bajas, tratándose de soluciones de este tipo.

El capital público y privado intervendrían incorporando centros comerciales, parques industriales, Colegios, Centros de Salud, etc. en estas ciudades satélites generando puestos de trabajo para los pobladores de la zona.

Con lo expuesto la plusvalía de los terrenos y de las casas construidas deberá incrementarse en 5 años en un 250%, en base al estudio de benchmarking de crecimiento de valor realizado en zonas sostenibles. (Proesmin 2015).

Tareas y Tiempos Estimados

Las actividades estimadas son las siguientes:

1. Declaración de la emergencia y contratación para el desarrollo del proyecto (30 días).
2. Ubicación y planificación de ciudades satélites, zonificación y ordenamiento territorial de cuencas afectadas a nivel nacional (60 días).
3. Desarrollo de ingeniería integral (60 días).
4. Promoción de la solución con los pobladores (90 días).
5. Estudios ambientales (60 días).
6. Plan de traslado de pobladores (60 días).
7. Desarrollo del modelo financiero (60 días).
8. Construcción e implementación de la solución (180 días).

Según el cronograma anterior, se puede garantizar que dentro de un año se haya reubicado a las poblaciones de todas las zonas de alta vulnerabilidad. Lampadia