Jaime de Althaus
Más y Mejores Pensiones
Lampadia

La situación creada en Francia por los paros contra la reforma pensionaria propuesta por el presidente Macron, que eleva la edad de jubilación de 62 a 64 años, muestra claramente las limitaciones y debilidades del sistema de reparto, que ni siquiera en un país rico es fiscalmente sostenible.

Macron propone esa reforma por la sencilla razón de que, con una población que envejece y que es cada vez más longeva, una proporción cada vez menor de los trabajadores activos debe solventar las pensiones de una proporción cada vez mayor de adultos jubilados. Y eso no es viable. El resultado es que las pensiones tienen que ser financiadas por proporciones crecientes del presupuesto público, lo que también tiene un límite.

El sistema de reparto consiste en que los empleados aportan todos los meses un porcentaje de su sueldo a un fondo común administrado por el Estado. Sus aportes se diluyen en ese fondo común. Lo que ocurre es que las pensiones de los jubilados se pagan con lo que aportan los trabajadores activos. Pero llega un momento en que eso no alcanza, porque los jubilados son cada vez más y viven más años, y entonces debe pagárseles con dinero del tesoro público, obtenido por tributación general. Cada vez se destina más a los pensionistas y menos a otras necesidades y funciones que debe atender el Estado. Llega un momento en que las pensiones ya no son financiables ni por el Estado.

Por eso la mayor parte de países de Europa se han visto obligados a subir la edad de jubilación a 65 o 67 años. Y aquí viene el segundo problema del sistema de reparto: la resistencia política. El caso más notorio es precisamente Francia, con paros multitudinarios contra una subida solo a 64 años. Todos quieren jubilarse lo más tempranamente posible.

En cambio, un sistema de cuentas de capitalización individuales no tiene ni el problema financiero fiscal ni el político.

No genera contingencia fiscal alguna porque es un sistema privado en el que los ciudadanos aportan a sus cuentas individuales en fondos privados que invierten en valores y acciones que generan rentabilidad. Si una persona aporta 100, al cabo de 30 años esos 100 se convierten en 600 con la rentabilidad histórica de 6% que hemos tenido en el Perú.

Las pensiones que recibe el jubilado no vienen de los aportes de los que están trabajando, sino del dinero que él mismo aportó y ahorró, multiplicado por 6 en este caso. No hay peligro alguno para el fisco, ni dinero del presupuesto para pagar pensiones.

Por eso mismo, tampoco existe el problema político de tener que subir la edad de jubilación, porque las pensiones no dependen del fisco. Y hay otras ventajas: los fondos privados de pensiones generan un ahorro nacional que se invierte en proyectos públicos y privados financiando el desarrollo nacional. Ahorro nacional que el Perú nunca había tenido.

Lo que tenemos que hacer en nuestro país es una reforma que permita que todos los ciudadanos a partir de los 18 años puedan abrir una cuenta de capitalización propia en un fondo que le asegure rentabilidad, para tener tranquilidad en su vejez. Esa es la reforma que vamos a proponer. Lampadia

Eduardo Ponce Vivanco
Ex Vicecanciller y Embajador (r) del Servicio Diplomático
Para Lampadia

Es vital observar las interdependencias más fuertes en los ámbitos regional y vecinal. Concentrémonos en Chile, que ha sido el primer país emisor de turistas hacia el Perú, representando el 27% del total de arribos internacionales. En el 2019, se registraron 1´196, 234 llegadas, cifra que disminuyó 5 % respecto al año anterior. Los vacacionistas chilenos tuvieron una permanencia promedio de 6 noches y un gasto que ascendió a US$ 634 cada uno.  (Fuente: Promperu). Huelga decir que el sur: Cuzco, Tacna, Arequipa, Puno y Madre de Dios fueron los primeros beneficiarios de ese flujo sostenido en el tiempo.

En el plano de las inversiones, debe recordarse que fueron capitales chilenos los primeros en aprovechar la seguridad jurídica ofrecida en la Constitución de 1993, asumiendo el riesgo de invertir en un vecino con el que la relación bilateral parecía irreparablemente resentida por la Guerra del Pacífico y la prolongada invasión de sus tropas en el Perú.

Recuerdo que Saga Falabella y Ripley fueron las primeras en instalar sus grandes tiendas de departamentos y multiplicar sus sucursales en Lima y muchas ciudades del Perú. Otras empresas importantes siguieron el ejemplo, confiando en la Constitución que nació con el patrocinio de la OEA para reparar los estropicios institucionales provocados por el autogolpe de Fujimori en 1992. Según datos de la Embajada de Chile (publicados por La República), somos el segundo destino de las inversiones de nuestro vecino en el exterior, con un monto acumulado de US$ 20.048 millones de 1990 al 2020 proveniente de más de 400 empresas (lo que equivale a un 14,8% del total las inversiones chilenas en el mundo). Los empleos generados sobrepasan los 50 mil y el comercio bilateral llega a $3,000 millones anuales.

Si esta formidable evolución capitalista arrancó décadas antes de la elección del joven socialista Gabriel Boric a la presidencia de Chile –recuerdo temible de Allende –  habría sido razonable esperar un fuerte incremento de sus inversiones en el Perú, si el año y medio del desgobierno populista de Pedro Castillo no hubiera destrozado la gestión pública y la institucionalidad del aparato estatal, amenazando a nuestra maltratada democracia con la instauración de la lucha de clases para instalar un socialismo a la chola.

Decapitado Castillo por su autogolpe televisado en un tembloroso mensaje nacional, bastaría que Dina Boluarte se empeñe en demostrar que puede gobernar con eficiencia y decisión para que aumente el flujo de la inversión chilena, atemorizada por la inmadurez y el discurso socialista del joven Boric, así como por el vívido recuerdo del descalabro que su país sufrió a partir del furioso y destructivo levantamiento que lo sacudió a lo largo de 6 meses (octubre 2019 a marzo 2020), cambiando radicalmente la imagen de campeón latinoamericano de la estabilidad y el desarrollo. Por desgracia, la secuela que dejaron los disturbios y saqueos afectó profundamente la seguridad jurídica y la economía del país, que entró de lleno en una prolongada crisis constitucional que sólo terminará con el plebiscito para aprobar una nueva carta magna que se realizará el próximo noviembre.

Sin embargo, la potencialidad del turismo chileno al Perú está latente y nada sería más beneficioso para levantar la economía y el empleo en nuestras deprimidas regiones del sur, comenzando por el Cuzco, Arequipa, Tacna, Puno y Madre de Dios, si no fuera por la aguda convulsión social que las afecta severamente y que, por cierto, amenaza la seguridad de los turistas, creando una incertidumbre insuperable sobre sus movimientos y los tours que contratan.

Una vez más en nuestra frustrante historia, son los propios peruanos los que atentan contra nuestro país y provocan su empobrecimiento. Es una calamidad que solo puede ser superada por nosotros mismos. Lampadia

Por: Héctor Villalobos
El Comercio, 8 de Febrero del 2023

“La entrevista también confirmó que, en la febril mente de Castillo, él continúa siendo jefe del Estado”.

Una oda al cinismo. Un canto coral a la mitomanía. Un himno al embuste. Hace unos días, el “incomunicado” golpista Pedro Castillo se despachó a sus anchas desde el penal de Barbadillo en una extensa entrevista que fue difundida ayer por el portal español “El salto”. Lo que viene a continuación es un resumen de los principales desvaríos salidos de dicha conversación.

“Jamás intenté subvertir la institucionalidad peruana. Yo quería acercarme al pueblo. Fue un día de hacer eco para los nadies”. Insultando la inteligencia de más de 30 millones de peruanos que lo vieron temblar y balbucear en vivo y en directo, Castillo tuvo el desparpajo de negar ante sus complacientes interlocutores que el pasado 7 de diciembre anunció la ruptura del orden constitucional.

Lejos de reconocer que eso fue un golpe de Estado, Castillo atacó a quienes llaman a las cosas por su nombre: “Es un discurso que ha creado la derecha. Desconocen la realidad de las cosas, son tan ignorantes que se crean sus propias historias”. En la siguiente pregunta se le tendió una alfombra roja para victimizarse: “¿Es usted víctima de un complot? ¿Quiénes han organizado ese complot?”. “Sí, soy víctima de un complot”. Obviamente, la responsabilidad de ese delirante complot la tiene, según Castillo, la maligna derecha peruana que sirve a los intereses neoliberales e imperialistas. No hubo ni una mención a los innumerables casos de corrupción durante su gobierno, las investigaciones abiertas por la fiscalía y el festín de nombramientos de amigotes y compinches en los cargos públicos.

La entrevista también confirmó que, en la febril mente de Castillo, él continúa siendo jefe del Estado. “Considero que sigo siendo presidente del Perú. Como peruano, no reconozco a este gobierno genocida como representante del Perú”.

Ratificando la improvisación con la que se manejó su candidatura a la presidencia, Castillo admitió que a Boluarte solo la conocía de manera virtual y que fue Vladimir Cerrón quien la impuso como postulante a la primera vicepresidencia. “Ella no hizo campaña en la primera vuelta, la conozco presencialmente recién en la segunda vuelta”. Es decir, el candidato a ocupar el cargo más importante de un país no tenía la menor idea de quién era la persona que lo acompañaba en la plancha.

Otra parte del diálogo que llama la atención es el intento deliberado de Castillo por tratar de limpiar de cualquier responsabilidad penal a su ex primer ministro Aníbal Torres y a “todos los ministros que se encontraban ahí” durante el mensaje. “Fue mi decisión. De nadie más. Estaba nervioso, pero lo hice. Después del mensaje a la nación, Aníbal Torres estaba muy confundido, tenía un rostro desencajado, porque no comprendió por qué hice lo que hice”. Difícil imaginar a Torres con el rostro desencajado luego de ese discurso.

Un detalle que no debe pasar desapercibido es que la entrevista, según señala el mismo medio de comunicación, se realizó con notas hechas durante la visita que hizo a Castillo el abogado argentino y antiguo miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Eugenio Zaffaroni. Curiosamente, días antes de estar en la Dinoes, el magistrado se reunió con Torres.

La entrevista difundida ayer estuvo precedida por decenas de mensajes y cartas publicadas por el vacado expresidente en sus redes sociales. El INPE, mostrando una pasmosa lentitud en sus reflejos, anunció el inicio de un proceso disciplinario a Castillo. Demasiado tarde cuando sus mentiras ya han sido propaladas en el Perú y en el extranjero. Desde la prisión, el golpista ve cumplido su sueño de contar con una prensa alternativa globalizada.

Dos meses de protestas a menudo violentas amenazan la supervivencia de la democracia

The Economist
30 de enero de 2023

En las últimas semanas el grito de “¡Dina asesina! ¡Dina asesina!”. ha resonado por las calles de varios de los pueblos y ciudades más grandes de Perú. Es lamentable para la presidenta del país que su primer nombre rime con la palabra española para “asesino”. Dina Boluarte es la jefa de Estado legal y constitucional. Pero desde que asumió el 7 de diciembre al menos 58 personas han muerto durante las protestas, 46 de ellas civiles en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, según la Defensoría del Pueblo. Su nombre se ha vuelto tóxico y para muchos peruanos su gobierno ha perdido toda legitimidad.

Perú sufre una explosión de conflictividad callejera como la que se vio en Chile en 2019, en Colombia en 2021 y en Ecuador el año pasado. La del Perú ha sido especialmente violenta, sediciosa y peligrosa. También tiene una ventaja racial: la población indígena del país ha estado en desventaja durante mucho tiempo y ha estado al frente de las protestas. Lo que está en juego es si la democracia puede sobrevivir. La sociedad se ha vuelto tan polarizada que algunos peruanos hablan de una guerra civil inminente, aunque parezca descabellado.

Al menos diez personas han muerto como resultado de las acciones de los manifestantes en el bloqueo de carreteras. Decenas de carreteras, especialmente en la sierra sur, siguen bloqueadas y algunas grandes minas y el ferrocarril turístico a la ciudadela inca de Machu Picchu cerrados. Varios aeropuertos estuvieron fuera de servicio durante gran parte de enero. Los alimentos, la gasolina y el oxígeno para los hospitales se están agotando en algunas ciudades. La intimidación de los viajeros y las empresas que desafían los controles de carretera y las órdenes de detener el trabajo está muy extendida.

El centro de Lima es fantasmal detrás de las vallas protectoras erigidas por la policía, las tiendas de baratijas vacías de turistas. Casi todas las noches, los manifestantes intentan llegar al edificio del Congreso. Grupos de jóvenes armados con palos afilados, piedras, hondas y cócteles molotov atacan a la policía. El 28 de enero fue asesinado un manifestante, la primera víctima mortal en la capital.

El conflicto se desencadenó el 7 de diciembre, cuando Pedro Castillo, un presidente de izquierda elegido por estrecho margen en 2021, ordenó el cierre del Congreso y la toma del poder judicial. Esto fracasó y el Sr. Castillo fue arrestado. Se hizo eco de un “autogolpe” más exitoso en 1992 por Alberto Fujimori, quien gobernó Perú como un autócrata electo hasta el 2000. Por esa razón, muchos en la izquierda, así como los opositores conservadores de Castillo, inicialmente lo denunciaron. El Congreso votó rápidamente para destituirlo por 101 votos a favor, seis en contra y diez abstenciones, y nombró a la Sra. Boluarte, su vicepresidenta electa.

Pero Castillo y sus seguidores rápidamente transmitieron una narrativa alternativa en la que el perpetrador de un golpe se convirtió en su víctima. Dirigente de un sindicato de maestros y de ascendencia indígena, como presidente gobernó mal, nombrando más de 70 ministros diferentes, pocos de los cuales sobrevivieron más de unas pocas semanas. Según los fiscales, él y su círculo eran corruptos, aunque él lo niega. Colocó a muchos activistas de extrema izquierda mal calificados en puestos estatales. Sus defensores argumentan que la derecha y la élite limeña nunca lo dejaron gobernar. Sus oponentes afirmaron, sin pruebas, que había ganado de manera fraudulenta y de inmediato se dispusieron a intentar acusarlo.

Conservó el apoyo de alrededor del 30% de los peruanos, principalmente andinos, que se identifican con él. “Era un inútil, un corrupto, lo que quieras, pero era uno de ellos”, dice Carolina Trivelli, exministra de Asuntos Sociales. Ahora, según Alfredo Torres, un encuestador, alrededor de la mitad de los peruanos—y dos tercios en los Andes—creen su falsa afirmación de victimismo y piensan que Boluarte es una usurpadora que se ha aliado con la derecha.

Los manifestantes quieren la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y elecciones generales inmediatas. De hecho, una elección este año puede ser la única forma de restablecer la calma. Pero también quieren una Asamblea Constituyente para redactar una nueva constitución. Y quieren que el señor Castillo sea liberado, aunque esa demanda se está desvaneciendo. Gran parte de esto es muy popular. En una encuesta publicada el 29 de enero por el Instituto de Estudios Peruanos, un instituto de investigación, casi el 90% de los encuestados desaprobaba el Congreso y el 74% quería la renuncia de Boluarte. Estas demandas reflejan y aceleran el colapso del sistema político en un país que durante gran parte de este siglo parecía una historia de éxito latinoamericano.

En la década de 1980, como hoy, el Perú llegó a un punto muerto. Sufrió hiperinflación, una recesión económica y la insurgencia terrorista de Sendero Luminoso (Sendero Luminoso), un grupo fundamentalista maoísta fundado en Ayacucho, un pueblo en los Andes. A los ojos de muchos, Fujimori rescató al país. Su gobierno autoritario aplastó a los terroristas. Sus políticas de libre mercado, reflejadas en una nueva constitución en 1993, desencadenaron más de dos décadas de rápido crecimiento económico. El ingreso por persona aumentó a una tasa promedio anual de 3% entre 1990 y 2013, en comparación con un promedio latinoamericano de 1,7%. Mientras que alrededor del 55 % de los peruanos eran oficialmente pobres en 1992, en 2014 esa proporción había caído al 23 %, la reducción más rápida de la región. Lampadia

Pero Fujimori, quien cumple una sentencia de prisión por abusos a los derechos humanos en la misma prisión donde se encuentra recluido Castillo, también sembró algunas de las semillas del malestar actual. Su régimen practicó el soborno y la corrupción para salirse con la suya. No tenía tiempo para partidos políticos. Y de alguna manera debilitó al estado. El crecimiento económico y las políticas de libre mercado continuaron bajo gobiernos democráticos desde 2000. Pero la corrupción floreció y el sistema político decayó.

El crecimiento no fue acompañado por el desarrollo institucional. Tres cuartas partes de la fuerza laboral trabaja en la economía informal de empresas no registradas. En los últimos años, la actividad económica ilegal se ha expandido. Según Carlos Basombrío, ex ministro del Interior, hasta 200.000 personas trabajan como mineros ilegales, principalmente de oro y cobre. Los negocios ilícitos, incluida la minería y el narcotráfico, generan al menos 7.000 millones de dólares al año, calcula. Otros ponen la cifra mucho más alta.

La inestabilidad política se ha intensificado. Boluarte es la sexta presidenta desde 2016. Ninguna ha tenido mayoría legislativa. Seis de los nueve presidentes desde 2001 han sido acusados ​​de corrupción. El sistema de partidos se ha fracturado: los 130 miembros del Congreso están repartidos entre una decena de partidos. Muchos de estos son administrados como negocios por los titulares de su registro legal. Para muchos peruanos el Estado es una presencia tenue. Con una economía informal tan grande, “el papel de los partidos se vuelve irrelevante”, dice Carlos Meléndez, politólogo.

Las protestas “expresan el cansancio estructural con la política y la falta de respuestas del Estado” a los problemas de la población, dice Raúl Molina, asesor de Boluarte. Este cansancio es especialmente agudo entre la población mayoritariamente indígena de las zonas rurales del sur de los Andes. La pandemia también aumentó el estrés económico entre los peruanos más pobres. La tasa de pobreza aumentó al 30% en 2020 y fue del 26% en 2021.

Desde diciembre, la ira espontánea ha dado paso cada vez más a la acción organizada y coordinada de una serie de fuerzas de cuestionable pedigrí democrático. Estos comienzan con los partidos de la izquierda marxista que respaldaron a Castillo y tienen vínculos con Cuba y Venezuela. También incluyen a los remanentes de Sendero Luminoso, que se ha reorganizado como un partido de extrema izquierda, controla un sindicato de maestros y tiene una presencia particular en Ayacucho y Puno. Intentos coordinados de tomar aeropuertos en el sur de Sendero Luminoso, según Basombrío.

La población aymara del sur de Puno comparte lazos culturales con la gente del altiplano boliviano. Los ayudantes de Evo Morales, un expresidente boliviano de ascendencia aymara, han estado activos en el sur de Perú. Luego están los mineros ilegales, que parecen estar detrás de bloqueos de carreteras en varias áreas, incluida Madre de Dios en la Amazonía. Las autoridades dicen que los delincuentes comunes pueden estar detrás de los ataques incendiarios en 15 juzgados, 26 oficinas de la fiscalía y 47 estaciones de policía.

Los manifestantes “quieren generar caos y desorden y usar ese caos y desorden para tomar el poder”, dijo Boluarte el 19 de enero. De hecho, esa ambición parece estar detrás de la idea de una Asamblea Constituyente, un dispositivo utilizado por Morales y Hugo Chávez en Venezuela para asegurar el poder absoluto, con pocos seguidores en Perú hasta hace poco. Ahora las encuestas muestran que a alrededor del 70% le gusta la idea, quizás porque el Congreso es tan odiado. Un referéndum sobre una Asamblea Constituyente sería “muy peligroso”, según Luis Miguel Castilla, ministro de Economía en un gobierno de centroizquierda de 2011 a 2014. La economía se recuperó de la pandemia a pesar de Castillo, porque la constitución “impone mucho de candados”, dice.

Heridas autoinfligidas

La protesta es avivada por los errores garrafales de la Sra. Boluarte y un Congreso egoísta. Las primeras muertes fueron a manos del ejército y la policía cuando comenzaron las protestas en diciembre. La ira estalló nuevamente después de que 18 murieran en Juliaca, donde un destacamento de policía muy superado en número aparentemente entró en pánico. Quizás el mayor error del gobierno fue no ordenar una rápida investigación independiente sobre las muertes.

Boluarte es de las tierras altas y, a diferencia de Castillo, habla quechua, el principal idioma indígena. Fue funcionaria de nivel medio y es una neófita política. Ha designado algunos ministros competentes, pero ha cometido otros errores. “El gobierno está perdiendo la batalla de las comunicaciones”, dice Castilla. “El tema se ha convertido en excesos gubernamentales”.

Una elección anticipada parece la única salida. Pero el Congreso, cuyos miembros disfrutan de generosos salarios y beneficios, se ha estancado y el gobierno tardó en presionar por uno. La enmienda constitucional necesaria para una elección debe ser aprobada en primera lectura antes del 14 de febrero. No aproveche esta oportunidad y “Perú se convertirá en un caos”, dice un funcionario. Pero la izquierda insiste en vincular la elección a una Asamblea Constituyente. La derecha quiere elecciones el próximo año. Tocan el violín mientras el Perú arde.

El Comercio, 3 de Febrero del 2023
Escrito por: Roger Zuzunaga Ruiz

El presidente Nayib Bukele inauguró una megacárcel con capacidad para recluir a 40.000 pandilleros, en medio del régimen de excepción que rige en El Salvador desde marzo del año pasado. Así es el llamado Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT)

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció el martes la inauguración del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una megacárcel para 40.000 pandilleros que fue construida en tiempo récord, durante el régimen de excepción que está vigente en el país desde marzo del 2022.

En una cadena nacional de televisión, el Gobierno de Bukele divulgó un video en el que se muestra al presidente realizando un recorrido dentro de la prisión junto con un grupo de funcionarios. La prensa no ha tenido acceso al gigantesco edificio.

El pasado 21 de julio, Bukele afirmó en Twitter que esta cárcel “tendrá espacio para 40.000 terroristas, quienes estarán incomunicados del mundo exterior”.

La cárcel está ubicada en una zona rural cerca de Tecoluca, a unos 74 kilómetros al sureste de San Salvador. El Gobierno no ha informado sobre el costo de la obra.

El miércoles, el presidente dijo que la megaprisión es una “pieza fundamental” para ganar la guerra a las maras.

“El martes inauguramos el Centro de Confinamiento del Terrorismo… es una gigantesca obra realizada en tan solo siete meses, y que además es una pieza fundamental para ganar por completo la guerra contra pandillas”, escribió el mandatario en Twitter.

600 soldados y 250 policías resguardarán la megacárcel, dijo el ministro de Defensa René Merino

“Con esto el gobierno le está diciendo a las pandillas que ellas no tienen ningún control, el control lo tienen las instituciones del Estado y que aquellos que cometan actos de violencia o delitos en contra la sociedad, van a parar en esa cárcel”, dijo el politólogo Óscar Peñate a la agencia AFP.

Miguel Montenegro, director de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, no comparte en absoluto la afirmación del presidente. En diálogo con El Comercio, recuerda que el fenómeno de las pandillas no es nuevo en el país y alerta que naciones vecinas como Guatemala y Honduras están en una situación de violencia similar a la que experimentó El Salvador entre el 2020 y 2021.

“Entonces, a partir de esta situación no se puede decir que la estrategia y la prisión representan un triunfo del Gobierno cuando la frontera está muy cerca y el accionar de las pandillas sigue siendo una realidad en países vecinos. Nada asegura que en un futuro muchos de estos pandilleros vuelvan a ingresar al país y puedan tomar de nuevo el control de la criminalidad”, dice Montenegro.

En cuanto al estado de excepción vigente en El Salvador desde marzo, Montenegro se pregunta si esto se convertirá en algo que va a ser permanente. “Eso significa que se seguiría violentando totalmente el derecho que tienen los ciudadanos al debido proceso legal y a otras garantías constitucionales. No estamos en contra del combate a las pandillas, lo que nosotros cuestionamos son los procedimientos. Los mecanismos inapropiados. Esto ha llevado a que se cometan violaciones a los derechos humanos, tortura. Unas 90 personas han muerto en las cárceles sin ninguna explicación concreta del Gobierno sobre lo que ha sucedido, solo ha dicho que estos reclusos se negaron a ser asistidos, cosa que nosotros dudamos”.

• Entrevista a Tamara Taraciuk, directora para las Américas de Human Right Watc
  “La prisión es la culminación de un modelo abusivo”

El presidente Bukele ha dicho que la megacárcel es el golpe decisivo contra las maras. ¿Qué opina de esa afirmación?

Reafirma el carácter extremadamente punitivo de las medidas implementadas por Bukele y que apuntan a hacer propaganda de un tema muy grave que es la brutal violencia de las pandillas en El Salvador.

Una forma de analizarlo es mirando la manera en la que el gobierno ha hecho la presentación de la prisión. Esto es, a través de una cadena nacional difundida en redes sociales, donde lo que se realza es el valor de la represión. La prisión va un poco en ese sentido, es la culminación de un modelo abusivo que solo tiene como objetivo sostener la popularidad de Bukele. Es un modelo que no apunta a mejorar las causas estructurales que llevan a miles de salvadoreños a unirse a las pandillas, ni busca justicia para las víctimas de estos grupos criminales. No. Lo que vemos es la exaltación de las fuerzas de seguridad, aunque sean abusivas, y la reivindicación de “celdas de castigo”. Una prisión a la medida de un gobierno que ha hecho de la concentración de poder y la represión su bandera.

¿Qué conclusiones se pueden sacar de este casi año de estado de excepción en El Salvador? 

El régimen de excepción ha significado un desastre en materia de derechos humanos, particularmente en comunidades de bajos ingresos. Como hemos señalado sobre la base de una investigación que hicimos junto a Cristosal, una organización salvadoreña, las fuerzas de seguridad han cometido violaciones generalizadas de derechos humanos, incluidas detenciones arbitrarias masivas, desapariciones forzadas, torturas y otros malos tratos en detención y muertes bajo custodia. A su vez, gracias al análisis de una base de datos oficial que pudimos conseguir, hemos podido corroborar detenciones de menores de edad, hacinamiento extremo en prisión y pocas perspectivas de justicia para las víctimas de abusos cometidos por las pandillas. Es una medida simplista enfocada al encarcelamiento masivo sin dar respuestas de fondo a los graves problemas del país en materia de seguridad ciudadana.

Casi 63.000 encarcelados en 10 meses

El Salvador tiene ahora la tasa de encarcelamiento más alta del mundo, con alrededor del 2 por ciento del total de su población adulta.

Casi 63.000 presuntos pandilleros han sido detenidos en El Salvador durante la “guerra” que lanzó Bukele hace 10 meses, informó el lunes el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro.

Las pandillas “tenían recaudación [mediante extorsiones] e impartían justicia con plomo matando gente” […], eso es un Estado paralelo que no goza de ninguna legitimidad, y por eso es que estamos en guerra contra estos terroristas”, dijo Villatoro.

Los masivos arrestos se amparan en el régimen de excepción vigente desde marzo del 2022 que permite detenciones sin orden judicial. Dicha medida fue aprobada por el Congreso a pedido de Bukele tras una escalada homicida que cobró la vida de 87 personas del 25 al 27 de marzo de ese año. El estado de excepción ha sido criticado por organizaciones de derechos humanos tanto nacionales como extranjeras.

Antes de marzo del 2022, en las cárceles de El Salvador había 16.000 pandilleros.

El viernes, la ONG Human Rights Watch (HRW) denunció que en las cárceles salvadoreñas hay un “hacinamiento extremo” y que hay muchos menores de edad presos al amparo del régimen de excepción.

“Los datos revelan que las autoridades salvadoreñas han sometido a las personas detenidas, incluyendo a cientos de niños, a un hacinamiento extremo en centros de detención abarrotados, y que han hecho muy poco para garantizar el acceso a la justicia para las víctimas de los graves abusos cometidos por pandillas”, dijo Tamara Taraciuk Broner, directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch.

• Además…
  Niños en las cárceles

Según una filtración de una base de datos del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública a la que tuvo acceso Human Rights Watch, hasta fines de agosto del año pasado había 1.082 menores detenidos durante el régimen de excepción. Estos estaban en detención provisional, incluidos 21 que tenían 12 o 13 años. Los encarcelamientos fueron posibles debido a una ley de marzo de 2022 que disminuyó la edad de imputabilidad penal de 16 a 12 años para los niños y niñas acusados de delitos relacionados con pandillas.

Un informe de diciembre del 2022 elaborado por Human Rights Watch y Cristosal concluyó que se han cometido violaciones generalizadas de derechos humanos durante el régimen de excepción, incluidas detenciones arbitrarias masivas, torturas y otras formas de maltrato contra personas detenidas, muerte bajo custodia y procesos penales abusivos. En algunos casos, los agentes también se negaron a proporcionar información sobre el paradero de los detenidos a sus familiares, lo cual constituye desaparición forzada conforme al derecho internacional.

Amnistía Internacional también ha criticado la vigencia del estado de excepción: “La seguridad pública no debe lograrse a costa de violaciones masivas de derechos humanos. Tal como ha documentado Amnistía Internacional, las autoridades han desmantelado la independencia judicial, han cometido actos de tortura y han llevado a cabo miles de detenciones arbitrarias y violaciones del debido proceso”, escibió Duncan Tucker, jefe de prensa para las Américas de Amnistía Internacional.

90% de los salvadoreños
evalúa bien o muy bien la gestión del presidente Nayib Bukele, según una encuesta de la firma CIG-Gallup

Una megacárcel en donde será “imposible escapar”. El Gobierno ha dicho que la cárcel está ubicada en una extensión de 116 hectáreas, de las cuáles 23 pertenecen a edificios de la prisión.

En esas 23 hectáreas ocupadas, la megacárcel tiene ocho módulos “que permitirán internar a terroristas que acechaban nuestro país”, informó el Ministerio de Obras Públicas, que estuvo a cargo de la construcción del recinto.

La megacárcel tiene muros de concreto reforzado, celdas con barrotes de acero en las ventanas, cámaras de seguridad, escáner de cuerpo entero para quienes ingresen al lugar, siete torres de vigilancia y un muro perimetral electrificado de 11 metros de altura y 2,1 kilómetros, que será vigilado día y noche por cientos de militares y policías, describió la agencia AFP.

“Si un terrorista intenta escapar del CECOT tendrá que enfrentarse a 19 torres de vigilancia, dos cercos perimetrales de malla ciclón totalmente electrificados y otros dos cercos de concreto que garantizan que NADIE pueda salir del recinto”, indicó el Gobierno en Twitter.

Equipos electrónicos bloquearán las señales de teléfonos celulares en el penal.

“Todos los terroristas que planificaron el luto y el dolor en contra del pueblo salvadoreño purgarán sus penas en el CECOT, en el régimen más severo”, dijo el viceministro de Justicia y Seguridad Pública, Osiris Luna.

En las imágenes divulgadas por el Gobierno se ven celdas de unos seis por cuatro metros, con tres literas de metal con nueve camas en total, dos lavamanos y dos inodoros.

También hay “celdas de castigo” oscuras, sin ventanas, para sancionar a reos de mala conducta, quienes “no van a ver la luz del sol”, según el viceministro Luna.

En el penal hay comedores, salas de descanso, gimnasio y mesas de ping pong, pero solo para uso de los guardias, así como talleres de trabajo para los reclusos.

Los reos asistirán a sus audiencias judiciales de manea virtual, precisó el Gobierno. Esta medida asegura que los presos no puedan salir del recinto hasta el cumplimiento de sus condenas.

Homicidios a la baja

El Salvador cerró enero con una tasa “por debajo” de 2 homicidios por cada 100.000 habitantes, dijo el miércoles el presidente Bukele, quien aseguró que es “la tasa de homicidios más baja de todo el continente americano”.

La agencia EFE recuerda que El Salvador registró 496 homicidios en el 2022, aproximadamente un 57 % menos que los contabilizados en 2021.

La cifra de homicidios de 2022 es la más baja desde el 2019, año en que Bukele llegó a la Presidencia. En el 2019 se registraron más de 2.390 muertes.

En el peor momento de la violencia desatada por las pandillas, El Salvador llegó a registrar tasas de 103 homicidios por cada 100.000 habitantes.

Y lo otro es el maltrato, la tortura, la golpiza y la falta de atención médica a los detenidos que no ha sido brindada por el Estado.

¿Será sostenible en el tiempo esta situación de cifras en descenso de la criminalidad? Miguel Montenegro recuerda que varios medios de investigación, como El Faro, han informado sobre neociaciones y acuerdos del Gobierno de Bukele con los líderes de las pandillas para bajar el nivel de violencia y parar los enfrentamientos entre ellos a cambio de beneficios. “El Gobierno no ha dado ninguna respuesta al respecto. La duda sigue presente. Creo que si fuera así, es bien difícil de que pueda ser sostenida en el tiempo”.

Alejandro Deustua
30 de enero de 2023
Para Lampadia

La pérdida de voluntad del gobierno de transición para cumplir sus obligaciones y la subsistente ideologización de los pronunciamientos de la OEA sobre la crisis peruana se han complementado para reclamar elecciones nuevamente adelantadas sin considerar si existen las condiciones para ello.

En el primer caso, la Sra. Boluarte, en franco proceso de rendición, ha reclamado al Congreso la precipitación para este año de comicios electorales que ya habían sido adelantados en primera instancia, para el 2014. Con anterioridad, la presidente se presentó protocolar, pero deslucidamente, ante el Consejo Permanente de la OEA para comprometer ese adelanto con ánimo contrito y sin reclamar en esa entidad por la injerencia en asuntos peruanos de algunos de sus miembros más escandalosamente adeptos a la deformación de la verdad.

Omitiendo en la cuantificación de daños toda referencia a las graves consecuencias de seguridad del golpe de Estado ocurrido el Perú, la presidente confirmó, sin fecha, el adelanto de elecciones. Ninguna apelación al Estado de Derecho antecedió a su compromiso democrático (como tampoco hubo explicación sobre la participación en ese ritual del embajador peruano que, durante el gobierno anterior, manufacturó el derrotero externo del nefasto Castillo).

Como consecuencia, y también sin alusión alguna a la crisis subversiva que vive el país, el Consejo Permanente de la OEA realizó un “firme llamado” a la convocatoria electoral en el Perú sin considerar al respecto las más elementales condiciones de viabilidad, orden y seguridad que debieran rodearla.

Adoptado en el marco de un escenario extraordinariamente informal, sin liderazgos políticos claros, ni partidos sólidos, ni disposición colectiva a confrontar a la insurrección criminal, ese compromiso devolverá al Perú a la sede de la OEA más temprano que tarde si un resultado de ingobernabilidad, como es probable, vuelve a instalarse en el país.

Para evitar, en alguna medida, que ello ocurra se requiere que el próximo gobierno genere la más amplia convocatoria, evidencie un compromiso real con el progreso social, con la aplicación de la ley y que, salvo lo que reclame la prudencia y las normas, revierta la inoperancia actual en el uso sensato de las atribuciones coercitivas del Estado.

El incumplimiento de esos requerimientos puede llevar al Perú a la fragmentación. Pero no a la que hoy se define como tendencia anti global que prospera en el mundo, sino a la que conduce a la quiebra nacional con el concurso de transnacionalizados agentes sociales, y a mayor fragmentación regional.

De proseguir ese curso que hoy se evidencia en el área, el fracaso de los grupos de integración convencionales y la contenciosa hegemonía de agrupaciones internacionales de poder populista contribuirán a la destrucción de los muy precarios mecanismos de cooperación y balance en la región, diluyendo los principios del sistema interamericano y el mínimo orden existente.

Si ello ocurre, quizás Suramérica retome, por las razones equivocadas, el interés geopolítico del que hoy carece en la percepción de potencias mayores cuyos líderes, en no poca medida, siguen encantados por el mito del buen salvaje latinoamericano tan bien representado hoy por los herederos del realismo mágico de las sabanas y el altiplano. 

Está en manos de la gran mayoría de los peruanos que ello no suceda. Para ello deberán plantear a la OEA la exigencia de condiciones de orden y seguridad como requisito para convocar a elecciones, llamar al orden a los injerencistas de manera más seria y reconstituir nosotros el Estado de Derecho que garantiza la sobrevivencia de la comunidad nacional. Lampadia

El objetivo es reemplazar el capitalismo democrático con el socialismo autoritario.

Wall Street Journal
Mary Anastasia O’Grady
29 de enero de 2023

Turbas antigubernamentales en Perú han estado bloqueando carreteras, incendiando tierras agrícolas, destruyendo infraestructura y atacando estaciones de policía durante más de un mes. Las bandas organizadas han realizado múltiples intentos, a veces simultáneamente, de tomar aeropuertos y detener las vías férreas. Las autoridades tuvieron que cerrar la semana pasada el importante destino turístico de Machu Picchu.

No está claro quién está coordinando y financiando el caos. Pero el objetivo es inequívoco: destruir el capitalismo democrático y reemplazarlo por el socialismo autoritario. Los peruanos amantes de la libertad están en una lucha por sus vidas.

Este último capítulo en la larga guerra de Perú contra el terrorismo de izquierda comenzó con el juicio político y destitución del presidente Pedro Castillo el 7 de diciembre por su intento de disolver el Congreso y apoderarse del poder judicial. También trató de arrestar al fiscal general, que estaba investigando denuncias de corrupción en su contra.

A pesar de todo lo que se habla de política disfuncional, el sistema semiparlamentario de Perú, diseñado para controlar el gobierno de un solo hombre, funcionó bien. Ni el ejército ni la policía nacional estuvieron de acuerdo con la toma de poder del Sr. Castillo y terminó en la cárcel. Según la constitución, la vicepresidenta Dina Boluarte fue juramentada inmediatamente como presidenta.

Por ley, se supone que el presidente Boluarte terminará el mandato de Castillo, que se extiende hasta 2026. Pero en un esfuerzo por sofocar la violencia, prometió adelantar las próximas elecciones a 2024. Eso no es suficiente para la extrema izquierda. Quiere que renuncie de inmediato, cierre el Congreso y celebre elecciones para una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución. El número oficial de muertos por lo que es esencialmente una respuesta terrorista a la adopción del estado de derecho por parte de Boluarte ahora supera los 50.

Los activistas acusan a la policía nacional de usar la fuerza de manera indiscriminada. Esas denuncias deben ser investigadas. Pero durante cientos de marchas pacíficas en Lima y el sur del país, no ha habido enfrentamientos.

Sin embargo, la policía ha usado la fuerza para defender la vida, la libertad y la propiedad, y ha pagado un precio. Un policía de Puno fue quemado vivo . Cincuenta y siete policías resultaron heridos en Ica cuando intentaban abrir una vía bloqueada. Uno fue golpeado salvajemente y se aferra a la vida.

Un bebé enfermo en Cusco murió cuando la ambulancia en la que se encontraba no pudo llegar al hospital. Fue la tercera muerte reportada de un menor atribuida a carreteras cerradas. Los camiones de bomberos y las entregas de combustible no pueden llegar a sus destinos.

El director del Centro de Investigación de la Asociación de Micro y Pequeñas Empresas Unidas del Perú en Lima estima que los empresarios están perdiendo $15 millones diarios y que la parálisis económica se traducirá en los próximos tres o cuatro meses en 100.000 empleos menos. El director ejecutivo de la Asociación Gremial de Productores Agropecuarios del Perú estimó la semana pasada que las empresas agroexportadoras peruanas han perdido más de $150 millones.

Los peruanos que protestan están faltando al trabajo, lo que implica que están perdiendo ingresos. Sería interesante saber si están siendo compensados ​​o coaccionados. Algunos han sido reclutados bajo amenazas contra familias, animales de granja y empresas.

Puno, donde tiene lugar gran parte de la violencia, es uno de los departamentos más pobres de Perú. Pero también es uno “que más ha progresado, en términos relativos, en los últimos 15 años. Entre 2007 y 2021, su ingreso per cápita creció 4% anual; en el resto del país creció 2,8%”, explicó el economista peruano Iván Alonso en una columna del 20 de enero en el diario peruano El Comercio. El acceso a la electricidad, el agua, las carreteras y la atención médica también aumentó significativamente. La mortalidad infantil en 2019 se redujo a 18 por cada 1000 nacidos vivos desde los 44 de 2010, escribió Alonso.

Esta es una mala noticia para los socialistas que quieren hacer del arresto legal del Sr. Castillo una cuestión de raza y clase. Su esperanza es que la agitación perturbe la economía de mercado de Perú y coloque al país en la órbita de Cuba, junto con Bolivia, Venezuela y Nicaragua. La Habana ha estado trabajando durante años para mejorar esto.

El operativo de inteligencia cubano Carlos Rafael Zamora tiene el rango de coronel en la dictadura militar de La Habana. Él y su esposa se han movido por las Américas durante décadas bajo cobertura diplomática. En diciembre de 2021, seis meses después de la toma de posesión del Sr. Castillo, el Sr. Zamora fue nombrado embajador de Cuba en Perú. En ese momento, Enrique García, un exfuncionario de inteligencia cubano que reportó a Zamora en la década de 1980 en Ecuador y desertó a Estados Unidos en 1989, advirtió sobre problemas. Hablando por experiencia, el Sr. García predijo que bajo el mando del Sr. Zamora la embajada reclutaría agentes y trabajaría con el gobierno procubano de Castillo para desestabilizar la democracia. Un año después el país explotó.

Bolivia ha declarado ilegítimo al presidente Boluarte. El presidente colombiano Gustavo Petro, ex terrorista, quiere la intervención internacional en los asuntos internos de Perú. El presidente de Chile, Gabriel Boric , un ideólogo arrogante cuya economía ha perdido 50.000 millones de dólares en inversiones desde el pandemónium de izquierda de 2019 que él defendió, está acumulando críticas a la democracia peruana. Conectas los puntos. Lampadia

Alejandro Deustua
23 de enero de 2023
Para Lampadia      

La necesaria participación de la presidente Boluarte en el Consejo Permanente de la OEA para hacer entender a los miembros del sistema interamericano la crítica situación peruana no ocurre en un escenario afable. La inédita hostilidad política y diplomática que varios de los socios suramericanos (y México) han reiterado en la CELAC, no se disipará en esa sesión hemisférica.

Para ablandar ese cerco irracional que afecta la inserción del Perú en su hábitat tradicional, la Presidente hace bien en persistir en el intento iniciado por la Canciller Gervassi en Buenos Aires aún a riesgo de que los representantes de los países hemisféricos (salvo Estados Unidos y Canadá) insistan en desconocer la realidad maciza del golpe de Estado perpetrado por Castillo y de sus secuelas.

Normalmente, la amplia brecha perceptiva entre lo que ocurre localmente y lo que se desea entender internacionalmente no debiera ser cerrada por un Jefe de Estado. Para ello están el Canciller y los embajadores (en este caso el Representante Permanente en la OEA). Pero el rango de incomprensión externa obliga a que la realidad peruana sea expuesta por la propia Jefe de Estado.

Si la naturaleza del mensajero y de su mensaje no es apreciada por los interlocutores entonces comprobaremos que el aparato perceptivo de estos últimos (especialmente el de los gobernantes de Colombia, México y Bolivia) esté tan condicionado por su ideología e intereses que confirmaría la existencia de una estrategia de predominio regional de la que ellos formarían parte.

En efecto, la persistencia en la CELAC de Petro, López Obrador (vía zoom) y Arce en omitir la realidad del golpe de Estado de Castillo evidenciada públicamente da señas de esa estrategia. Con gran soltura de huesos ellos han configurado hechos y sugerido conductas al Perú al punto de eludir el delito manifiesto y persistir en opciones de progresista y local destrucción institucional.

Entre ellas sobresale el respeto a “la voluntad de las urnas” (referencia a Castillo), el desconocimiento de la legitimidad de Boluarte, la identificación  del Congreso como golpista y  la del ex -presidente como víctima de hostigamiento y de racismo pituco (López, Petro). Por lo demás, la protesta violenta sigue siendo una lucha por recuperar la democracia (Arce) y los delitos imputados al ex -presidente son inexistentes por no probados aún (Prieto).

A ello se suma Boric que sugiere un “cambio de rumbo en el Perú” a propósito los caídos, y la de Brasil (en la OEA) que, luego de haber reconocido el gobierno de Boluarte, demanda premura en el trato judicial de Castillo.

En esta distorsión de los hechos puede reconocerse la frustración regional por la quiebra del dominio de los gobiernos de izquierda en Suramérica. Pero también mecanismos de pensamiento colectivo en estos gobernantes que no producen buenas decisiones ni llevan a buen puerto. El conjunto de esos errores de inédito impacto geopolítico (el aislamiento del Perú en la región no había sucedido en la historia contemporánea) debe ser contenido y quebrado.

En consecuencia, si luego de la presentación de la Canciller en la CELAC y de la presidente en la OEA, no hay un cambio de actitud (algo probable si las instituciones de la OEA no funcionan) el Perú, en estricta reciprocidad, debe considerar rebajar el nivel de sus relaciones diplomáticas. 

Especialmente si existen sospechas de asistencia extranjera en la organización y apertrechamiento de los manifestantes violentos que han causado destrozos en el país y agravado exponencialmente el conflicto interno.

Al respecto, debe recordarse la reacción de las potencias y organizaciones de Occidente sobre la crisis. En general, ellas han llamado al ejercicio de la libertad de protesta en condiciones pacíficas refiriéndose tanto a la contención de la fuerza coercitiva del Estado como de las personas que ejercen esos derechos.

Esas potencias (Estados Unidos, la Unión Europea) ha reconocido al gobierno de Boluarte dando cuenta de la realidad de manera diametralmente opuesta a lo ocurrido con los suramericanos y México. La ONU ha tenido un pronunciamiento similar.

Ese contraste revela no sólo la fractura regional sino la mayor relación que tienen algunos de nuestros países con Occidente.

Ello va acompañado de otra sorpresa: el recurso a los mecanismos de la “posverdad” (es decir, a la mentira) por los Estados del área y su disposición a “construir”  “narrativas”(en vez de versiones). Es decir, recurriendo a las mutaciones del lenguaje contemporáneo y de las “ciencias de la comunicación”, hoy los estadistas pueden mentir y convertir versiones de la realidad en historias con una impunidad escandalosa. Ello genera desconfianza entre los interlocutores, frustra negociaciones y crea conflictos donde no debiera haberlos. En ello han incurrido los jefes de Estado mencionados.

Bajo estos términos, que subliman la fantasía, no hay integración posible. Lampadia

Eduardo Ponce Vivanco
Ex Vicecanciller de la República
Para Lampadia

Si las oprobiosas intervenciones de los gobiernos de Colombia y Bolivia sobre la conflictiva situación social en el Perú han sido transgresiones inaceptables al principio de no intervención, las expresiones del Presidente de Chile en la Cumbre de CELAC en Buenos Aires deben ser calificadas de infraternas, desinformadas y maliciosamente concebidas. La atrevida inmadurez del Presidente Boric se evidencia cuando afirma temerariamente que “personas que salen a marchar y a reclamar lo que consideran justo terminan baleadas por quien debiera defenderlas”.

Conociendo de sobra lo que ocurre en el Perú, retuerce las dolorosas decisiones que debieron tomar la Presidenta Boluarte y la Policía Nacional para contener el vandalismo terrorista de la ola de manifestaciones que tuvieron su epítome en la tristemente llamada “toma de Lima”.

Boric ha preferido olvidar el tremendo estallido social que sacudió a Chile desde enero de 2019 hasta marzo del 2020 con el saldo de 32 muertos y 3,400 civiles hospitalizados, 12,547 policías heridos y pérdidas de 3,300 millones de dólares, además de la quema de iglesias y la profanación de imágenes que todos vimos con estupor en la TV internacional (fuente: Wikipedia).

El exceso del mandatario vecino se suma a las condenables e ignorantes intromisiones de México, Bolivia, Colombia, la Venezuela chavista y, en menor medida, el Presidente argentino, las que se suman a la despreciable Declaración de Cuba y sus aliados del ALBA en favor del ex presidente Castillo.

Esta vasta convergencia de las izquierdas evidencia su amarga resaca por haber perdido un valioso alfil al centro del Pacífico sudamericano. No es menos lo que representaba el régimen de Perú Libre y Vladimir Cerrón, heridos de muerte por la recuperación de la democracia en el Perú en la persona de la única Vicepresidenta Constitucional existente. Dina Boluarte fue elegida en la misma plancha de quien decidió protagonizar el ridículo golpe de Estado de 7 de diciembre en la televisión nacional, profiriendo temblorosamente las órdenes de cerrar el Congreso, el Ministerio Público y tomar todos los poderes e instituciones nacionales. Su único y patético efecto fue provocar risa y compasión, además de su propia destitución y la pena de cárcel que corresponde a la flagrancia de un delito tan absurdamente cometido.

Todavía sufrimos la turbulenta marea de manifestaciones violentas, estado de emergencia y toques de queda que tomará algún tiempo superar.  Pero con todos los defectos inherentes a una coyuntura tan inesperada, es evidente que la administración gubernamental mejorará progresivamente por los importantes apoyos que está logrando sumar, especialmente fuera de la región.

Frente a las agresivas posiciones de vecinos como Colombia, Bolivia y Chile, en la configuración predominantemente izquierdista de América Latina, el manejo del frente externo tiene una importancia decisiva. No solo se trata de contrarrestar su negativa convergencia, sino de compensarla con un tratamiento esmerado de nuestra relación con EEUU, la Unión Europea, China, el Reino Unido, Japón, Corea del Sur y la India, así como de nuestra política en los principales foros de la diplomacia multilateral.

La recuperación progresiva de nuestra economía, la prioridad que reclama el  apoyo del gobierno central a Puno y la macrorregión sur, el positivo relacionamiento entre el Ejecutivo y el Congreso, el aliento eficiente a la inversión privada nacional y extranjera así como la relación con gremios como la CONFIEP y las Cámaras de Comercio e Industrias – hasta ahora silentes -, son  elementos vitales a los que el gobierno de transición debería conceder la vital importancia que merecen para retomar el camino del desarrollo y restaurar la convivencia y la paz social que el Perú reclama con verdadera urgencia. Lampadia

Por: Jacinda Ardern
El Comercio, 20 de Enero del 2023

La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, causó impacto en sus 5 millones de compatriotas al anunciar por sorpresa que no tiene “más fuerzas” para seguir al frente del país y que dejará el cargo el 7 de febrero luego de más de 5 años al mando.

Conteniendo las lágrimas, Ardern dijo que había sido un lustro difícil como primera ministra y que era humana y necesitaba dar un paso al costado.

“Esperaba encontrar la manera de prepararme no solo para otro año, sino para otro mandato. No he sido capaz de hacerlo”, confesó Ardern, de 42 años, en una rueda de prensa.

“Sé que tras esta decisión se debatirá mucho sobre cuál ha sido la llamada `verdadera’ razón […] Lo único interesante es que, después de más de cinco años de grandes desafíos, soy humana”, continuó. “Los políticos somos humanos. Damos todo lo que podemos, durante todo el tiempo que podemos, y luego llega el momento. Y para mí, es el momento”.

Lo cierto es que, en los últimos tiempos, Ardern enfrentó crecientes presiones políticas en casa y un nivel de virulencia que no habían experimentado líderes anteriores de Nueva Zelanda.

Los legisladores de su Partido Laborista votarán por un nuevo líder este domingo.

–Figura que dejó huella–

Ardern irrumpió en la escena mundial en octubre del 2017 cuando se convirtió en la jefa de Gobierno más joven del mundo a los 37 años. Llevó adelante una apasionada campaña por los derechos de la mujer y por el fin de la pobreza infantil en el país.

En el 2018, se convirtió en la segunda líder mundial en dar a luz mientras ocupaba el cargo. Ese mismo año llevó a su pequeña hija al foro de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

En el 2020, Ardern fue elogiada mundialmente por la respuesta inicial a la pandemia que logró impedir durante meses que el virus ingresara al país. Pero tuvo que abandonar esa estrategia de tolerancia cero a medida que se propagaban variantes más contagiosas.

Ardern y su gobierno también enfrentaron críticas de que era grande en ideas, pero carente de ejecución. Sus opositores han dicho que no se enfocó suficiente en la economía.

El momento más duro que vivió
Ataques con 51 muertes

En marzo del 2019, Ardern enfrentó uno de los días más oscuros en la historia de Nueva Zelanda cuando un supremacista blanco irrumpió en dos mezquitas en Christchurch y asesinó a 51 fieles.

Calificó rápidamente los atentados de “terrorismo”, se vistió con un hiyab al reunirse con la comunidad musulmana un día después del ataque y prometió tomar rápidas medidas.

En el lapso de solo un mes, Ardern aprobó nuevas leyes que prohibieron los tipos más letales de armas semiautomáticas.

Estados Unidos está liderando un peligroso deslizamiento global hacia los subsidios, los controles de exportación y el proteccionismo.

Por: PBP – The Economist

La globalización y el Libre Comercio han sido fundamentales para el crecimiento de las economías emergentes como el Perú, durante las últimas décadas.

Ese ambiente permitió traer inversiones y ayudó a salir de la situación de ‘Estado Fallido’ de fines de los 80s, después de 30 años de políticas absurdas y empobrecedoras, como la sustitución de importaciones, el proteccionismo industrial y la permisología y control de precios.

Lamentablemente, desde la guerra comercial de Trump contra China, el ascenso de los demócratas al gobierno con Biden y la re-ideologización de China con Xi Jinping; se está perdiendo el espacio adecuado para nuestro desarrollo.

Si a eso le sumamos las políticas anti-inversión internas, estamos cortando la posibilidad de construir un futuro de prosperidad y de lograr que nuestros pobres sean ciudadanos exitosos en el mundo de mañana.

Ver el artículo de The Economist sobre la perniciosa Suma Cero: 

The Economist
12 de enero de 2023

Desde 1945 la economía mundial ha funcionado de acuerdo con un sistema de reglas y normas respaldado por Estados Unidos. Esto provocó una integración económica sin precedentes que impulsó el crecimiento, sacó a cientos de millones de personas de la pobreza y ayudó a Occidente a prevalecer sobre la Rusia soviética en la guerra fría. 

Hoy el sistema está en peligro. Los países están compitiendo para subsidiar la industria verde, alejar la fabricación de amigos y enemigos por igual y restringir el flujo de bienes y capital. El beneficio mutuo está fuera y la ganancia nacional está adentro. Ha comenzado una era de pensamiento de suma cero.

El viejo sistema ya estaba bajo presión, ya que el interés de Estados Unidos en mantenerlo se desvaneció después de la crisis financiera mundial de 2007-09. Pero el abandono del presidente Joe Biden de las reglas del libre mercado por una política industrial agresiva le ha asestado un nuevo golpe. Estados Unidos ha desatado vastos subsidios, que ascienden a $ 465 mil millones, para energía verde, automóviles eléctricos y semiconductores. Estos están entrelazados con los requisitos de que la producción debe ser local. Los burócratas encargados de examinar las inversiones internas para evitar una influencia extranjera indebida sobre la economía ahora dominan los sectores que representan el 60% del mercado de valores. Y los funcionarios están prohibiendo el flujo de cada vez más exportaciones, en particular de chips de alta gama y equipos de fabricación de chips a China.

Para muchos en Washington, la política industrial vigorosa tiene un atractivo seductor. Podría ayudar a sellar el dominio tecnológico de Estados Unidos sobre China, que durante mucho tiempo ha buscado la autosuficiencia en áreas vitales mediante la intervención estatal. Dado que la fijación del precio del carbono es políticamente inviable, podría fomentar la descarbonización. Y refleja la esperanza de que la intervención del gobierno pueda tener éxito donde fracasó la empresa privada y reindustrializar el corazón de Estados Unidos.

Sin embargo, la consecuencia inmediata ha sido desencadenar una peligrosa espiral hacia el proteccionismo en todo el mundo. 

Construya una planta de fabricación de chips en la India y el gobierno pagará la mitad del costo; construya uno en Corea del Sur y podrá beneficiarse de generosas exenciones fiscales.

Si otras siete economías de mercado que han anunciado políticas para sectores “estratégicos” desde 2020 igualaran el gasto de Estados Unidos como porcentaje del pib, los desembolsos totales alcanzarían los 1,1 billones de dólares. El año pasado, casi un tercio de los acuerdos comerciales transfronterizos que llamaron la atención de los funcionarios europeos recibieron un escrutinio detallado. Los países con las materias primas necesarias para fabricar baterías están considerando los controles de exportación. Indonesia ha prohibido las exportaciones de níquel; Argentina, Bolivia y Chile pronto podrían colaborar, estilo-opep, sobre la salida de sus minas de litio.

El conflicto económico con China parece cada vez más inevitable. A medida que China se integró más profundamente en la economía global a principios de este siglo, muchos en Occidente predijeron que se volvería más democrática. La muerte de esa esperanza, combinada con la migración de un millón de empleos de manufactura a las fábricas chinas, hizo que Estados Unidos se desenamorara de la globalización. Hoy, la administración de Biden se preocupa por el peligro de depender de China para las baterías de la misma manera que Europa dependía de Rusia para el gas antes de la invasión de Ucrania. Tanto a los demócratas como a los republicanos les preocupa que la pérdida del liderazgo de Estados Unidos en la fabricación de chips avanzados a favor de Taiwán socave su capacidad para desarrollar inteligencia artificial, en la que, predicen, se basarán los ejércitos del futuro para planificar la estrategia y guiar los misiles.

Algunos simplemente quieren evitar que China se vuelva demasiado rica, como si empobrecer a 1.400 millones de personas fuera moral o garantizara la paz. Otros, más sabiamente, se centran en aumentar la resiliencia económica de Estados Unidos y mantener su ventaja militar. Argumentan que una reindustrialización del corazón reavivará el apoyo al capitalismo de mercado. Mientras tanto, como potencia hegemónica mundial, Estados Unidos puede capear las quejas de otros países.

Este pensamiento es erróneo. Si las políticas de suma cero fueran vistas como un éxito, abandonarlas solo sería más difícil. En realidad, incluso si rehacen la industria estadounidense, es más probable que su efecto general cause daños al corroer la seguridad global, frenar el crecimiento y aumentar el costo de la transición verde.

Un problema son sus costes económicos extra. The Economist estima que replicar las inversiones acumuladas de las empresas en las industrias globales de hardware tecnológico, energía verde y baterías costaría entre 3,1 y 4,6 billones de dólares (entre el 3,2 y el 4,8 % del pib mundial). La reindustrialización elevará los precios, perjudicando más a los pobres. La duplicación de las cadenas de suministro ecológicas hará que sea más costoso para Estados Unidos y el mundo liberarse del carbono. La historia sugiere que grandes cantidades de dinero público podrían desperdiciarse.

Otro problema es la furia de los amigos y aliados potenciales. 

El éxito de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial fue darse cuenta de que sus intereses radicaban en apoyar la apertura del comercio mundial. Como resultado, persiguió la globalización a pesar de que, en 1960, representaba casi el 40% del pib mundial en dólares.

Hoy, su participación en la producción ha caído al 25% y Estados Unidos necesita amigos más que nunca. Su prohibición de exportar a los fabricantes de chips de China solo funcionará si la firma holandesa asml y la japonesa Tokyo Electron también se niegan a suministrarles equipos. Las cadenas de suministro de baterías también serán más seguras si el mundo democrático opera como un solo bloque. Sin embargo, el proteccionismo de Estados Unidos está irritando a los aliados en Europa y Asia.

Integración y diferenciación

Estados Unidos también debe cortejar a las potencias emergentes. Para 2050, India e Indonesia serán la tercera y cuarta economía más grande del mundo, proyecta el banco Goldman Sachs. Ambos son democracias, pero no amigos cercanos de Estados Unidos. Para 2075, Nigeria y Pakistán también habrán ganado peso económico. Si Estados Unidos exige que otros países congelen a China sin ofrecer suficiente acceso a sus propios mercados, entonces será rechazado por las potencias emergentes.

Una preocupación final es que cuanto más prolifera el conflicto económico, más difícil se vuelve resolver los problemas que exigen la colaboración global. A pesar de la carrera para asegurar la tecnología verde, los países están discutiendo sobre cómo ayudar al mundo pobre a descarbonizarse. Está resultando difícil rescatar a países con problemas de deuda, como Sri Lanka, debido a la obstrucción de China, un gran acreedor. Si los países no pueden cooperar para abordar algunos problemas, estos se volverán imposibles de solucionar y el mundo sufrirá en consecuencia.

Nadie espera que Estados Unidos regrese a la década de 1990. Es correcto buscar preservar su preeminencia militar y evitar una peligrosa dependencia de China para insumos económicos cruciales. Sin embargo, esto hace que otras formas de integración global sean aún más esenciales. Debe buscar la más profunda cooperación entre países que sea posible, dados sus respectivos valores. Hoy en día, esto probablemente requiera una serie de foros superpuestos y acuerdos ad hoc. Estados Unidos debería, por ejemplo, unirse al Acuerdo Integral y Progresista para la Asociación Transpacífica, un pacto comercial asiático basado en un acuerdo anterior que ayudó a redactar pero que luego abandonó.

Salvar la globalización puede parecer imposible, dado el giro proteccionista de la política estadounidense. Pero la ayuda del Congreso a Ucrania muestra que los votantes no son insulares. Las encuestas sugieren que la popularidad del libre comercio se está recuperando. Hay señales de que la administración Biden está respondiendo a las preocupaciones de los aliados sobre sus subsidios.

Sin embargo, rescatar el orden global requerirá un liderazgo estadounidense más audaz que una vez más rechace la falsa promesa del pensamiento de suma cero. Todavía hay tiempo para que eso suceda antes de que el sistema se derrumbe por completo, dañando innumerables medios de vida y poniendo en peligro las causas de la democracia liberal y el capitalismo de mercado. La tarea es enorme y urgente; difícilmente podría ser más importante. El reloj está corriendo. Lampadia

Por: Aldo Mariátegui
Perú21, 12 de Enero del 2023

“Si una pelea está perdiendo el Perú en estos momentos, esa es la mediática. Y sobre todo en el exterior…”.

Si una pelea está perdiendo el Perú en estos momentos, esa es la mediática. Y sobre todo en la exterior; eso básicamente porque el 90% de corresponsales en el Perú son rojos. Ejemplos: el diario caviaronazo gringo New York Times subtitula “Lo que pasó ayer fue realmente una masacre”, en su nota sobre Perú, recogiendo una frase de una activista zurda de estas de derechos humanos. En El País, de España, escribe ahora un Renzo Gómez (también periodista deportivo). Si bien este Gómez es bastante mejor que su inefable antecesora Jacqueline Fowks, ayer escribió, con bastante ligereza, que “mientras el Ejecutivo no decrete un alto al fuego, Perú se seguirá desangrando”. ¡Está loco! ¿Un “alto al fuego”, cual guerra? Los uniformados solo disparan cuando estas turbas salvajes se desbordan. Es más, el error del policía asesinado fue no haber cogido su fusil contra quienes se le venían encima (igual como ocurrió en la estación de Petroperú durante “el Baguazo”). A Univisión de Miami (los amigotes de la Ospina) no se le ocurre mejor idea que entrevistar sobre Perú a Javier Maza, un rojito medio que reside por allá. Paola Ugaz, la que es increíblemente la corresponsal roja del añejo diario madrileño de derechas ABC, entrevista solamente a un rojito desconocido llamado Omar Coronel, quien le suelta el típico palabreo “progre” que distorsiona todo como si Boluarte fuera una fascista, mientras que la TV alemana de la DW acude a un Raúl Tecco de la Ebert, que habla de una violencia policial que “evidencia odio y racismo, porque casi todos los muertos son de ascendencia andina y de origen indígena” (¡Claro, en Juliaca y Ayacucho no son teutones o africanos, dummy!).

A nivel local, la palma se la lleva el resentido social de César Romero, reportero de La República, que afirma que la élite blanca busca exterminar al “serrano” por elegir a Castillo… ¿Y nuestras embajadas en el exterior por qué no responden nunca a estas falacias?