Bjorn Lomborg
Presidente del Consenso de Copenhague y miembro visitante de la Institución Hoover de la Universidad de Stanford
Philippine Daily Inquirer
22 de febrero de 2023

Uno de los mayores logros de la humanidad en el siglo pasado fue lograr un enorme aumento en la producción de alimentos. De 1900 a 2000, hubo un aumento de seis veces en las cosechas de cultivos, mientras que la población mundial aumentó menos de cuatro veces, lo que significa que, en promedio, las personas hoy en día tienen alrededor de un 50 por ciento más de alimentos disponibles que sus tatarabuelos.

La mayor parte del aumento de la producción provino de los agricultores que cultivaban más alimentos por cada hectárea de tierra. El extraordinario progreso se debe a la Revolución Verde que impulsó los insumos modernos para la agricultura.

Se ha estimado que el agrónomo ganador del Premio Nobel de la Paz Norman Borlaug, quien encabezó la intensificación de los métodos agrícolas modernos, salvó más de mil millones de vidas del hambre. Además de alimentar a la gente, la Revolución Verde enriqueció mucho a las sociedades. Y, a medida que la agricultura se vuelve más eficiente, las personas se liberan del trabajo agotador y pueden participar en una gama mucho más amplia de actividades productivas.

La Revolución Verde fue un logro extraordinario. Sin embargo, el mundo necesita una segunda Revolución Verde para extender los beneficios a los más pobres del mundo y reducir el hambre global.

Es especialmente necesario hoy en día, ya que nos estamos quedando atrás en la alimentación del planeta. Desde 2016, los líderes mundiales han hecho grandes promesas de desarrollo para todos los países para 2030, denominadas Objetivos de Desarrollo Sostenible. Uno de los objetivos más cruciales se centra en las formas de impulsar la agricultura, desde acabar con el hambre hasta garantizar una mejor nutrición y una agricultura más sostenible.

Desafortunadamente, estamos fallando en nuestras promesas, y no solo porque el COVID descarriló el progreso. Un rastreador muestra que, incluso con base en el progreso antes de la interrupción de la pandemia, las promesas de alimentos de los políticos no se cumplirán para 2030, sino más de 80 años después, a principios de 2100. De hecho, el mundo entero se retrasará en todos sus principales compromisos. En 2023, ahora estamos en el medio tiempo de nuestras grandes promesas, pero no estamos ni cerca de la mitad del camino. 

Es por eso que mi grupo de expertos, el Consenso de Copenhague, ha estado trabajando con algunos de los mejores economistas del mundo para identificar las políticas más efectivas para el tiempo restante. Si no podemos hacer todo, debemos centrarnos en las soluciones más inteligentes en cada área, incluida la agricultura y el hambre.

Nuestros investigadores analizaron muchas políticas agrícolas, como subsidiar fertilizantes y aumentar la irrigación. Todos estos brindan beneficios moderados a la sociedad, pero por peso invertido, los efectos no son asombrosos. Sin embargo, existe una clara oportunidad para la humanidad: un gran aumento de la inversión en investigación y desarrollo (I+D) agrícola.

Todavía hay un gasto insuficiente significativo en I+D agrícola para los países más pobres. Es comprensible que las grandes corporaciones gasten más en los países ricos, donde los agricultores a gran escala tienen mucho dinero. Por eso, en 2015, el 80 % de la financiación mundial de I+D agrícola se destinó a países ricos y de ingresos medios altos, mientras que los países de ingresos medios bajos, como Filipinas, recibieron solo el 20 %, y los países más pobres del mundo no obtuvieron casi nada.

Esta inversión desigual ha sido persistente durante más de medio siglo. Es una de las principales razones por las que la Revolución Verde no ayudó tanto a los países más pobres como a los más ricos. Los rendimientos de cereales en los países de altos ingresos casi se triplicaron entre 1961 y 2018, mientras que los países de bajos ingresos experimentaron un aumento mucho menor del 50 %.

El potencial sin explotar es enorme. La investigación publicada esta semana por Copenhagen Consensus demuestra que el mundo solo necesitará gastar una pequeña cantidad más cada año para generar grandes beneficios. Estima que el costo adicional de I+D de esta década es de unos 5,500 millones de dólares anuales, una suma relativamente pequeña, menos incluso de lo que los estadounidenses gastan en helados cada año.

Esta inversión generará mejores semillas y cultivos de alto rendimiento que también pueden manejar mejor los cambios climáticos como los que veremos por el cambio climático. Crear cosechas más grandes y resistentes beneficiará a los agricultores, y producir más alimentos ayudará a los consumidores con precios más bajos.

El beneficio neto total durante los próximos 35 años tanto para los agricultores como para los consumidores asciende a más de $2 billones. Cada dólar gastado genera la asombrosa cantidad de $33 en beneficios sociales, lo que hace de esta una inversión espectacular.

Para 2050, esta financiación adicional impulsará la producción agrícola en un 10 %, reducirá los precios de los alimentos en un 16 % y aumentará los ingresos per cápita en un 4 %. La inversión aumentará el producto interno bruto en los países en desarrollo en $ 2,2 billones para 2030 y $ 11,9 billones para 2050, un aumento del 2 por ciento y del 6 por ciento en los ingresos per cápita, respectivamente. Y una agricultura más eficiente reducirá las emisiones climáticas globales en más del 1 por ciento.

La I+D agrícola es una inversión fenomenal porque no solo hacemos que los trabajadores agrarios sean más productivos, sino que también permitimos que más personas sean productivas e innovadoras en otros sectores. Conduce a que menos personas pasen hambre y reduce los costos de los alimentos para todos.

No podemos cumplir todas nuestras promesas para 2030. Pero debemos cumplir con la I+D agrícola para la mitad más pobre del planeta porque es una de las mejores inversiones que puede hacer la humanidad.

Esto es parte de una serie exclusiva de Inquirer del Centro de Consenso de Copenhague sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Lampadia

Alejandro Deustua
24 de febrero de 2023
Para Lampadia

A un año del inicio de la invasión rusa de Ucrania, la guerra no parece tener horizonte de solución. Menos cuando los aliados de la OTAN han asegurado que seguirán apoyando, material e incondicionalmente, a Kiev hasta la victoria mientras el presidente Putin afirma que el conflicto ha devenido en “existencial” para su país y ha suspendido el último tratado de limitación de armamentos suscrito con Estados Unidos (New SART).

En efecto, en la Conferencia de Seguridad de Munich (17-19 de febrero), los participantes occidentales han reiterado públicamente sus motivaciones y compromisos con la defensa de Ucrania y una vocera de los organizadores estableció los parámetros de futuro. El triunfo (sin definición alguna) es el único resultado posible para la estabilidad europea. Una victoria rusa, en cambio, sería catastrófica para ese continente y el mundo mientras que un resultado intermedio es una receta para el desorden permanente, dijo.

En ese marco, la vicepresidente de Estados Unidos Kamala Harris expuso las razones morales (no dejar impunes los crímenes de guerra) y de interés nacional (la defensa de principios democráticos y de integridad de los Estado, de la OTAN y de las normas del sistema internacional) para asistir a Ucrania “por todo el tiempo necesario”.

En esa vena el Primer Ministro británico redobló su compromiso de aprovisionamiento militar (eventualmente, material aéreo) mientras el canciller ucraniano reclamó, con la autoridad del agredido, más armamento (ya logró 6 de 7 tipos de armas) y su entrega con rapidez y “sostenibilidad” asegurando que Ucrania no comprometería territorio para lograr un resultado final.

Y si bien el Canciller alemán no matizó el cambio radical de su política de defensa, su ministra de Relaciones Exteriores dejó entrever un tautológico anuncio de paz:  la guerra terminaría de inmediato si Rusia emprende la retirada sin prever que el presidente Putin afirmaría inmediatamente después que es “imposible una derrota rusa en el campo de batalla”.

Entre los occidentales, sólo el presidente de Francia consideró que era necesario preparar, aunque no en el corto plazo, el escenario de la paz.

En total contraste, el Canciller chino invocó a los asistentes meditar sobre la necesidad de finalizar la guerra, sobre una paz durable en Europa y sobre el rol que debía ejercer ese continente con “autonomía estratégica”.  Ese planteamiento, que pudo entenderse como divisionista de la alianza occidental, tendría luego un desarrollo de doce puntos en la visita que el Canciller realizó, de inmediato, a Moscú al tiempo que el presidente Biden se encontraba en Kiev con el presidente Zelensky confirmando su solidaridad.

En efecto, el deseo chino de consolidar un rol en el teatro europeo que previniera la proyección de esa circunstancia bélica en Asia, fortaleciera la “amistad sin límites” con Rusia y su rol global lo llevó a plantear el des-escalamiento inmediato del conflicto, el cese de hostilidades y el inicio de conversaciones de paz. La propuesta incluyó la disminución del riesgo nuclear, el abandono de la “mentalidad de Guerra fría”, el término de las sanciones económicas y el inicio de la reconstrucción.

Sin embargo, poniendo en duda su propuesta y resguardando su pretendida neutralidad, China votó contra una Resolución de la Asamblea General de la ONU que demandó ese mismo día, el retiro inmediato de las fuerzas rusas, justicia para las víctimas y atención al impacto global de la guerra (seguridad alimentaria, energética, financiera y ambiental).

Dado que este aporte de la Asamblea tiene apenas carácter de recomendación y que sus suscriptores (141 de 193 países) serían los mismos que, en marzo pasado, exigieron el retiro de las fuerzas rusas, éste no parece un indicador cierto de una solución rápida.

Aunque la propuesta china tampoco lo es, sí tiene el peso de una potencia de calado sistémico. Para empezar, el presidente Zelensky anunció su interés de reunirse con representantes chinos para considerar la materia.

Pero la tendencia matriz sigue siendo la beligerante. A la espera de enfrentamientos aún más sangrientos a fines del invierno, debe tenerse en cuenta que el conflicto se ha escalado en el año, que su carácter complejo se ha intensificado en mayor número de ámbitos y con más actores (tradicionales y no tradicionales) y con la incorporación de armamento que hace indistinguible su carácter defensivo u ofensivo.

Si lo único constante en el conflicto es la identidad del agresor (Rusia) y del agredido (Ucrania), su efecto global ha devenido en un schock permanente que debilita la economía internacional mientras los alineamientos no occidentales se incrementan y la tendencia al desorden sistémico se complica.

De otro lado, el hecho de que la “operación militar especial” rusa (que en realidad empezó en Crimea el 2014) para desnazificar y desmilitarizar Ucrania (o parte de ella) haya devenido en una “guerra existencial” para el presidente ruso, es una señal más de que ésta será prolongada y de mayor riesgo.

En tanto los beligerantes han consolidado un posicionamiento de suma 0, el rol de los que saben bien quién es el agresor, pero no han tomado parte en el escenario militar, debe manifestarse mediante iniciativas plurilaterales de solución a ser planteadas directamente a los beligerantes resguardando los derechos del agredido. Aún con fuerzas sistémicas en movimiento, ello no puede ser más urgente. Lampadia

NOURIEL ROUBINI
Project Syndicate
21 de febrero de 2023

La formulación de políticas sólidas ha ayudado a India a modernizarse y lograr un sólido crecimiento económico, posicionándola para convertirse en un actor cada vez más importante en el escenario mundial. Pero los acontecimientos recientes, y los escándalos, muestran que el gobierno debe abordar algunos problemas importantes si quiere sostener el ascenso global de la India.

India está lista para convertirse en el país más importante del mundo a mediano plazo. 

Tiene la población más grande (que sigue creciendo), y
con un PIB per cápita que es solo una cuarta parte del de China,
su economía tiene un enorme margen para aumentar la productividad.
Además, la importancia militar y geopolítica de la India no hará más que crecer, y
es una democracia vibrante
cuya diversidad cultural generará un poder blando para rivalizar con Estados Unidos y el Reino Unido.

Hay que darle crédito al primer ministro indio, Narendra Modi, por implementar políticas que modernizaron a India y respaldaron su crecimiento. 

Específicamente, Modi ha realizado inversiones masivas en el mercado único (incluso a través de la desmonetización y una importante reforma fiscal) e infraestructura (no solo carreteras, electricidad, educación y saneamiento, sino también capacidad digital). Estas inversiones, junto con políticas industriales para acelerar la fabricación , una ventaja comparativa en tecnología y TI, y un sistema de bienestar digital personalizado, han llevado a un desempeño económico sólido luego de la caída del COVID-19.

Sin embargo, el modelo que ha impulsado el crecimiento de India ahora amenaza con limitarlo. Los principales riesgos para las perspectivas de desarrollo de la India son más micro y estructurales que macro o cíclicos. En primer lugar, la India se ha movido hacia un modelo económico en el que unos pocos “campeones nacionales” (en la práctica, grandes conglomerados oligopólicos privados) controlan partes significativas de la vieja economía. Esto se parece a Indonesia bajo Suharto (1967-98), China bajo Hu Jintao (2002-12) o Corea del Sur en la década de 1990 bajo sus chaebols dominantes.

De alguna manera, esta concentración de poder económico le ha servido bien a la India. Debido a una gestión financiera superior, la economía ha crecido rápidamente, a pesar de que las tasas de inversión (como porcentaje del PIB) eran mucho más bajas que las de China. La implicación es que las inversiones de India han sido mucho más eficientes; de hecho, muchos de los conglomerados de la India cuentan con niveles de productividad y competitividad de clase mundial.

Pero el lado oscuro de este sistema es que estos conglomerados han podido capturar la formulación de políticas para beneficiarse a sí mismos. Esto ha tenido dos amplios efectos dañinos: está reprimiendo la innovación y matando efectivamente a las nuevas empresas en etapa inicial y a los participantes nacionales en industrias clave; y está cambiando el programa del gobierno “Hacer en India” en un esquema proteccionista y contraproducente.

Es posible que ahora estemos viendo estos efectos reflejados en el crecimiento potencial de la India, que parece haber disminuido en lugar de acelerarse recientemente. Así como a los tigres asiáticos les fue bien en las décadas de 1980 y 1990 con un modelo de crecimiento basado en las exportaciones brutas de bienes manufacturados, India ha hecho lo mismo con las exportaciones de servicios tecnológicos. Make in India tenía la intención de fortalecer el lado comerciable de la economía fomentando la producción de bienes para la exportación, no solo para el mercado indio.

En cambio, India se está moviendo hacia una sustitución de importaciones más proteccionista y subsidios a la producción nacional (con matices nacionalistas), los cuales aíslan a las industrias y conglomerados nacionales de la competencia global. Sus políticas arancelarias le impiden ser más competitivo en la exportación de bienes, y su resistencia a adherirse a acuerdos comerciales regionales impide su plena integración en las cadenas de suministro y valor mundiales.

Otro problema es que Make in India ha evolucionado para respaldar la producción en industrias intensivas en mano de obra, como automóviles, tractores, locomotoras, trenes, etc. Si bien la intensidad laboral de la producción es un factor importante en cualquier país con abundancia de mano de obra, India debería centrarse en industrias en las que tiene una ventaja comparativa, como tecnología y TI, inteligencia artificial, servicios comerciales y fintech. Necesita menos scooters y más empresas emergentes de Internet de las cosas. Al igual que muchas de las otras economías asiáticas exitosas, los formuladores de políticas deben nutrir estos sectores dinámicos mediante el establecimiento de zonas económicas especiales. En ausencia de tales cambios, Make in India continuará produciendo resultados subóptimos.

Finalmente, la reciente saga que rodea al Grupo Adani es un síntoma de una tendencia que eventualmente dañará el crecimiento de la India. Es posible que el rápido crecimiento de Adani haya sido posible gracias a un sistema en el que el gobierno tiende a favorecer a ciertos grandes conglomerados y estos últimos se benefician de tal cercanía mientras apoyan los objetivos de las políticas. Nuevamente, las políticas de Modi lo han convertido merecidamente en uno de los líderes políticos más populares en el país y en el mundo de hoy. Él y sus asesores no son personalmente corruptos, y su Partido Bharatiya Janata ganará justificadamente la reelección en 2024 a pesar de este escándalo. Pero la óptica de la historia de Adani es preocupante.

Existe la percepción de que el Grupo Adani puede estar, en parte, ayudando a respaldar la maquinaria política estatal y financiar proyectos estatales y locales que, de otro modo, quedarían sin financiación, dadas las limitaciones fiscales y tecnocráticas locales. En este sentido, el sistema puede ser similar a la política del “barril de cerdos” en los EE. UU., donde ciertos proyectos locales se asignan a un proceso legal (si no completamente transparente) de compra de votos en el Congreso.

Suponiendo que esta interpretación sea parcialmente correcta, las autoridades indias podrían responder que el sistema es “necesario” para acelerar el gasto en infraestructura y el desarrollo económico. Aun así, esta práctica sería tóxica y representaría un sabor completamente diferente de la realpolitik en comparación con, digamos, las grandes compras de petróleo ruso por parte de la India desde el comienzo de la Guerra de Ucrania.

Si bien esos envíos aún representan menos de un tercio de las compras totales de energía de la India, se han realizado con un descuento significativo. Dado el PIB per cápita de alrededor de $ 2,500, es comprensible que India se beneficie de energía de menor costo. Las quejas de los países occidentales que son 20 veces más ricos simplemente no son creíbles.

Si bien el escándalo que rodea al imperio Adani no parece extenderse más allá del propio conglomerado, el caso tiene implicaciones macro para la solidez institucional de la India y las percepciones de los inversionistas globales sobre la India. La crisis financiera asiática de la década de 1990 demostró que, con el tiempo, la captura parcial de la política económica por parte de los conglomerados capitalistas compinches dañará el crecimiento de la productividad al obstaculizar la competencia, inhibir la “destrucción creativa” de Schumpeter y aumentar la desigualdad.

Por lo tanto, a Modi le interesa a largo plazo asegurarse de que India no siga este camino. El éxito a largo plazo de India depende en última instancia de si puede fomentar y sostener un modelo de crecimiento que sea competitivo, dinámico, sostenible, inclusivo y justo.

Nouriel Roubini, profesor emérito de economía de la Stern School of Business de la Universidad de Nueva York, es economista jefe de Atlas Capital Team , director ejecutivo de Roubini Macro Associates , cofundador de TheBoomBust.com y autor de  MegaThreats: Ten Dangerous Trends That Imperil Our Future y Cómo sobrevivir a ellos (Little, Brown and Company, 2022).

Lampadia

Berit Knudsen
Para Lampadia

La intromisión extranjera sigue agravando la crisis del país.  Dina Boluarte respondió a las declaraciones de Gustavo Petro sobre el Perú y nuestras fuerzas armadas: “lamento que ciertos presidentes, en este caso Colombia, tengan declaraciones tristes para el Perú. No es ajena para él la situación política que estamos viviendo, y desde afuera se viene azuzando a la población peruana. Rechazamos todo tipo de injerencia (…) le digo al señor Petro que se dedique a gobernar Colombia, que sus calles se están llenando de protestas, y que nos deje a nosotros, los peruanos, resolver las nuestras”.

La reacción del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador no se hizo esperar anunciando su decisión de no entregar la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico al Perú ya que, en su opinión, el gobierno de Dina Boluarte es “espurio”. 

Cabe destacar que esta alianza –establecida en 2011– tiene por objetivo la integración económica y comercial de Chile, Colombia, México y Perú; la presidencia se alterna anualmente en orden alfabético y México debió entregarla al Perú a inicios de 2023.  El marco de esta alianza compromete al 35% del PBI, 50% del comercio y atrae al 45% de la inversión extranjera de América Latina. Hablamos de importantes intereses económicos que no pueden manipularse en forma caprichosa y des aterrizada.

El problema es la coalición de Cuba, Venezuela, Nicaragua, Colombia, Bolivia, Brasil, Argentina y Chile que actúan en bloque para defenderse mutuamente o atacar a quienes consideren adversarios.  Entre ellos se adulan, se condecoran y hacen oídos sordos a la pobreza, la corrupción y las crisis de sus países. En este escenario, el Perú se ha convertido en una obsesión, exigiendo restituir a Pedro Castillo.

Durante la última cumbre de la CELAC, desoyeron las aclaraciones de la Canciller peruana, victimizando al expresidente golpista.   Pero atacan a jueces si están en contra de Cristina Kirchner o toman partido contra el presidente Lasso en el referéndum ecuatoriano.

Organizaciones como Amnistía Internacional, agregan más leña al fuego mostrando una visión muy lejana de la realidad del país, afirmando: “Perú: La represión letal del Estado es una muestra más del desprecio hacia la población Indígena y campesina”.  Estas declaraciones no reflejan nuestro sentir, exacerban el conflicto, dificultando una solución pacífica.

El Relator de los Defensores de Derechos Humanos de la ONU, Michel Forst, dijo que había observado patrones de amenazas y ataques que se repiten en Cajamarca, Piura, Cusco, Ucayali y Madre de Dios. “Sufren de criminalización, acoso judicial, estigmatización, intimidación y uso excesivo de la fuerza policial durante las protestas sociales”.  Declaración que acrecienta la inestabilidad.

¿Y adonde esta la OEA en medio de esta crisis?  Porque no aplican la Carta Interamericana y el Articulo 19: Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de intervenir, directa o indirectamente, sea cual fuere el motivo, en asuntos internos o externos de cualquier otro.  El principio anterior excluye… cualquier forma de injerencia del Estado, elementos políticos, económicos y culturales.

No se convoca al Consejo Permanente, el secretario general Luis Almagro no se pronuncia; con flagrante injerencia se viola la Carta Interamericana y con impasividad se vulneran principios internacionales; por ello la OEA va perdiendo autoridad, se va convirtiendo en un organismo débil y difuso.

La OEA está formada por 35 estados, 14 países han firmado una carta denunciando el plan para desestabilizar al Perú.  Están incluidos Italia, Polonia y España; quiere decir que –excluyendo al bloque–, 16 países no se han pronunciado.  Ese silencio –con la OEA incluida– y falta de apoyo a la democracia es lo que sigue envenenando a nuestra región. Lampadia

J. Eduardo Ponce Vivanco
Embajador ® y Ex Vice Canciller de la República
Para Lampadia

Es chocante ver al Jefe de Estado de un importante país latinoamericano quebrantar con impavidez e ignorancia normas positivas de Derecho Internacional y obligaciones contractuales expresamente contraídas por su país en numerosos tratados internacionales, como la Carta de las Naciones Unidas o el Pacto de Bogotá. La primera establece taxativamente que “Ninguna disposición de esta Carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados” (art. 2, inc.), mientras la Carta de la OEA consagra el mismo principio en su artículo 3, inc. e).

Con intolerable prepotencia, el vulgar señor López está desmantelando la Alianza del Pacífico, un moderno y prestigioso esfuerzo de integración comercial y de inversiones (con el que Singapur firmó un TLC hace menos de un año).

El llamado AMLO cree que puede secuestrar la Presidencia Pro Tempore de la AP, porque no ha leído o no le importa, el Acuerdo Marco que México suscribió como su tratado constitutivo. Este es el texto literal de su Artículo 7: “La Presidencia Pro Témpore (…) Será ejercida sucesivamente por cada una de las Partes, en orden alfabético, por períodos anuales iniciados en enero”.  Nada estipula el tratado sobre su traspaso al Estado que le corresponde ni lo condiciona a procedimiento o protocolo alguno sobre la entrega de tan importante función.

Sirvan como ejemplo los sencillos procedimientos que siguen el conjunto de organismos nacionales que conforman el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico (CEAP).  Ellos han permitido que el 22 de febrero pasado, el señor Erik Fisher Llanos, en nombre de la Asociación de Exportadores (Adex), asuma la coordinación (o Presidencia pro témpore de la CEAP) para coordinar la febril actividad de los empresarios del ese Consejo, que sesiona normalmente en Lima.

A la luz de estos precisos antecedentes, las declaraciones y actos del presidente mexicano evidencian que su conducta como Jefe de Estado afecta el normal funcionamiento de la Alianza del Pacífico, perjudicando los derechos e intereses de todos los países miembros y de la CEAP, el organismo que coordina la importante participación de las empresas privadas que reúne.

En vista que la irresponsable tozudez demostrada por el señor López al usurpar el ejercicio de la Presidencia Pro Témpore que ya no le corresponde ejercer entorpece el funcionamiento de la organización, el cargo debería ser asumido de inmediato por el Perú, de acuerdo con la rotación anual y por orden alfabético que establece el artículo 7 del Acuerdo Marco de la AP, comunicándolo oficialmente a la los Estados Parte.

En una situación tan inédita como la que enfrenta la AP, es aconsejable que los miembros evalúen seriamente la opción de invocar el Artículo 38. 1. del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas, a las cuales deberá “aplicar: a. las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas expresamente reconocidas por los Estados litigantes” para demandar al Estado de México por su arbitrario incumplimiento del tratado internacional que constituye la Alianza del Pacífico, y que obliga a todas las Partes Contratantes – .

Al agredir a una mujer como la señora Boluarte, Presidenta Constitucional del Perú y calumniar a su gobierno  – vulnerando la célebre Doctrina Estrada sobre el principio de No Intervención acuñada por México -, López evade sus propias miserias: permisividad con el Cártel de Sinaloa y otros sindicatos del narco mexicano, las nutridas manifestaciones que lo acosan en más de 32 ciudades y las graves acusaciones que pesan sobre su gestión, que ni siquiera consigue disimular con sus diarias “conferencias de prensa mañaneras”,  regimentadas y soporíferas reuniones donde los periodistas deben escuchar la exasperante lentitud de su distorsionada retórica.

A pesar de su humilde origen, López ignora el ejemplo del gran Presidente Benito Juárez, indígena sabio que superó el analfabetismo propio del pastor de ganado que era en Oaxaca y se convirtió en el envidiable e ilustrado Jefe de Estado que tuvo México por más de un período de gobierno (1858 -1872), en las más difíciles circunstancias internas e internacionales.

Un fuerte contraste con la presidencia de AMLO que es una dolorosa deshonra para su país. Lampadia

Alejandro Deustua
21 de febrero de 2023
Para Lampadia

Los acuerdos regionales de integración, que hoy dan cuenta fundamental de parte del comercio global, fueron originalmente normados como excepciones a las reglas internacionales de comercio. Su propósito original fue el de favorecer el crecimiento de las economías menores, superar escenarios críticos (problemas de postguerra, p.e.) o, en el caso de CEPAL, ampliar el mercado para el arraigo de procesos nacionales de sustitución de importaciones.

Ellos debían generar bienestar y desarrollo en un marco de no discriminación a partir de zonas de libre comercio que transitarían a instancias superiores de integración.

Al tanto del poco dinamismo de la integración andina, que hoy registra bajísimos niveles de exportaciones intra-regionales, Perú, México, Colombia y Chile crearon, en 2011, la Alianza del Pacífico. Ésta debería promover, más flexiblemente, la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas y constituir un eficiente centro de articulación política y de generación de comercio, competitividad y proyección en la Cuenca del Pacífico.

El potencial de la Alianza quizás se debía menos a sus dimensiones que a su gran atractivo. Éste se basaba en la calidad de la membresía: democracias arraigadas (o en proceso de consolidación), eficiente libre mercado (estabilidad de las reglas de juego) y proyección geoeconómica en el escenario marítimo de mayor perspectiva.

El prestigio internacional de la Alianza se expresó en la gran proliferación de Estados observadores (eventualmente, 61) y su capacidad de atracción de inversiones (con 4.3% del total y 8o receptor mundial en 2014-2019) antes que en el volumen de su comercio intrarregional (escaso debido a economías de baja complementariedad).

Hoy, con la proyección de crecimiento de la economía mundial cayendo (2.9%) y la de Latinoamérica creciendo por debajo de la global (1.8%) (FMI), la Alianza del Pacífico debiera poder atenuar el impacto de un ciclo contractivo y asegurar un mejor futuro que el 2.1% de crecimiento que ofrece el 2024. Pero la Alianza ha decaído y se ha ensuciado.

Ello se debe a los estragos de la pandemia y de la guerra en Europa del Este. Pero también a la emergencia de gobiernos en Perú, México, Colombia y Chile (los socios de la Alianza) con vocación de romper las reglas de juego.

A ello se ha agregado la falaz recusación, por dos socios del grupo, del legítimo gobierno del Perú y a la ilegal negativa del presidente de México a entregar formalmente la presidencia pro témpore de la entidad a nuestro país. Además de ese acto irreflexivo e irracional, la actitud de ese mandatario implica la violación de la norma del Acuerdo Marco de la Alianza (que es un tratado aprobado por el Congreso) que establece ese traspaso es automático, anual y por orden alfabético.

Esclavo de su capricho e ignorancia, López Obrador no sólo pretende consultar a un fantasma (el Grupo de Río que dejó de existir) sino que el Consejo de Ministros de la Alianza (que debiera convocarse para evaluar el incumplimiento del Acuerdo por México) le importa un bledo.

Su desprecio por los principios de fiel cumplimiento de tratados y de no intervención (tan caro para la tradición mexicana de política exterior) es de tal naturaleza que pretende orquestarlo para sabotear al gobierno peruano y defender a Castillo.

Rebajado a ese nivel el respeto por un socio de la Alianza, debe recordarse que López Obrador no ejerce un gobierno suficientemente democrático (acusa de traición, como Ortega, a sus opositores -LAT-) ni es ciertamente impoluto.

En efecto, en medio de un pantano de carteles del narcotráfico, de la plaga homicida del crimen organizado (más de 72 mil asesinatos en los primeros dos años de gobierno de AMLO-El Economista-) y de la gran corrupción que envenena a México difícilmente puede decirse que López Obrador haya consolidado el Estado de Derecho en su país. En consecuencia, utilizar el caso peruano para pretender la defensa de la democracia no es más que un sangriento ardid.

Lo mismo puede decirse del Sr. Petro que pretende en Colombia -otro socio de la Alianza- la “paz total” con grupos terroristas y guerrilleros y que podría ser también un mecanismo de exculpación de propias tropelías. En efecto el Sr. Petro no sólo fue miembro activo del M19 cuando ese grupo terrorista hurtó de la espada de Bolívar que Petro exigió para su entronización, sino que su organización asaltó, en 1985, el Palacio de Justicia de su país (1985) al costo de las vidas de alrededor de un centenar de colombianos.

Estos no son detalles de baja política sino diagnóstico de criminalidad y de ausencia de Estado de Derecho en México y en Colombia.

En efecto, el Índice Global de Crimen Organizado de 2022 ubica a México y Colombia en los puestos 2 y 4, respectivamente, entre 193 países afectados por ese tipo de delincuencia (Perú aparece en el puesto 26 y Chile en el 125).

Si ello no habla bien de la Alianza del Pacífico, ciertamente descalifica a los presidentes de México y Colombia como examinadores del Estado de Derecho y la democracia en el Perú.

Sanear esos defectos sustanciales y rescatar a la Alianza, que tiene aún el potencial de beneficiar a sus integrantes en tiempos difíciles, debiera ser el trabajo prioritario de esos mandatarios. Pero su irracionalidad y deshonestidad se lo impiden. Lampadia

El Comercio, 22 de febrero de 2023

Diario Correo, 22 de febrero de 2023

ACUSA A PAÍSES OCCIDENTALES DE AVIVAR LA GUERRA

Adías de cumplirse un año de la invasión rusa a Ucrania, el presidente Vladimir Putin afirma que seguirá en guerra

El mandatario ruso, Vladimir Putin, anunció en medio de su discurso anual a la nación, que suspendió ayer el tratado de desarme nuclear Nuevo START que firmó con Estados Unidos, y aseguró que Moscú se vio “forzada” a suspender el acuerdo debido a que los países occidentales son los principales responsables de incitar el conflicto en Ucrania

“La responsabilidad de atizar el conflicto ucraniano, de su escalada, del número de victimas(..) recae por completo sobre as élites occidentales”
aseguró Putin.

Asimismo, el dirigente ruso afirmó que continuará su ofensiva a Ucrania

“Vamos a resolver paso a paso, cuidadosa y sistemáticamente, los objetivos que tenemos ante nosotros”, dijo ante los militares y la élite política del país.

En su discurso Putin también envió una advertencia a los críticos de su gobierno.

“Aquellos que se embarcaron en el camino de la traición (.) deben rendir cuentas ante la ley”, sostuvo

REACCIONES. Tras el discurso, el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Jens Stoltenberg. reaccionó de inmediato y lamentó la decisión anunciada por Rusia.

Asimismo, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken,
tildó de “muy decepcionante e irresponsable” la decisión rusa de suspender el tratado de desarme nuclear New Starte insistió en que su país seguía  dispuesto” a hablar del tema.

Por otro lado, el gobierno del Reino Unido pidió al presidente Vladimir Putin que de marcha atrás en su irreflexiva decisión” de suspender la participación rusa en el tratado de desarme nuclear, suscrito por Rusia
y Estados Unidos.

Mientras tanto, desde Polonia, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden,
aseguró que la OTAN es “más fuerte que nunca”

500 millones de dólares en equipo militar en prometió Estados Unidos a
Ucrania.

DEMANDA. Rusia exige retirada de “soldados y equipos” de la OTAN en Ucrania,

Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia

Durante los últimos dos meses se ha hecho evidente que el Perú estaba dirigido a ser parte de la estructura política del chavismo-cubano.

Esto se interrumpió por el escandaloso nivel de corrupción y la torpeza en la ejecución política del gobierno de Castillo-Cerrón-Perú-Libre y sus furgones de cola, que nos llevaron apuradamente a un fracasado golpe de estado que devino en la ruptura del régimen de la izquierda radical.

Hoy está muy claro que ese gobierno de año y medio, nunca pretendió gobernar ni cuidar el bienestar de los peruanos. Desde el primer día infiltraron el Estado con agentes políticos que formaban parte de un proceso de ocupación de las estructuras de gobierno, nombrando ministros, directores, gerentes y prefectos que en buena medida respondían, por un lado, al senderismo y a actividades ilegales, y por otro al chavismo dirigido desde Cuba.

El fracaso del proyecto político de la captura del Perú, los agarró por sorpresa, sin haber terminado de armar las estructuras de poder que les permitirían asegurar el control de los acontecimientos.

Ante el golpe de estado que pretendía cerrar el Congreso, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Tribunal de Garantías Constitucionales, y la Junta Nacional de Justicia, el Perú puso encima de la mesa sus reservas institucionales civiles y militares, haciendo abortar el propio golpe de estado y la captura permanente del poder.

Por eso es que los socios de Castillo-Cerrón-Perú-Libre, desataron una ofensiva amplia y desesperada para retomar el rumbo.

Esta ofensiva se desarrolla en tres planos, con el ataque simultáneo de tres fuerzas, el Tridente Rojo Latinoamericano, compuesto por:

• Los radicales políticos locales vinculados al senderismo y a las actividades económicas ilegales, como la minería ilegal, el narcotráfico y el contrabando.
• Los congresistas de izquierda radical que desatan en el Congreso una ola populista que pretende debilitar aún más nuestra dolida economía.
• Los presidentes de los países vecinos, disque socios del Perú, que, con sus desatinos y mentiras, han transparentado un plan político continental que responde a la inspiración del chavismo-cubano, que, como el gobierno de Castillo, se nutre del narcotráfico y otras actividades ilegales.

Pero los peruanos en Cusco, Puno, Arequipa, Junín, Apurímac, Piura y Lima, le estamos diciendo ¡NO! a la violencia, al senderismo, al crimen organizado, a la injerencia extranjera; y estamos apostando por la Libertad, por el derecho al trabajo y por la Paz.

Hoy tenemos que enfrentarnos a tres enemigos. Pero el alma del peruano de bien no puede flaquear. Si hay que luchar, pondremos el pecho, inspirados por el espíritu de Grau y Bolognesi. Lampadia

Alejandro Deustua
14 de febrero de 2023
PARA LAMPADIA

El “Estado de la Unión” presentado por el presidente norteamericano ante su Congreso es un acontecimiento anual de gran relevancia internacional. De él se espera tanto el diagnóstico de la situación de la primera potencia como su derrotero inmediato. El resultado, sin embargo, suele no corresponder a las expectativas globales.

Cargado de tintes partidarios y dirigido principalmente al ciudadano norteamericano, la atención a la situación interna debe, como es obvio, prevalecer sobre la externa. Pero en tiempos de gran inestabilidad y en medio de un gran movimiento de fuerzas sistémicas, la excesiva desatención a la situación internacional incrementa la preocupación general.

Especialmente si esa desatención se limita a mencionar, sin más, la guerra en el Este de Europa, que no ha dejado de escalar desde que Rusia invadió Ucrania y a sugerir que el conflicto sistémico con China parece estar revertiendo en beneficio norteamericano.  Pocas veces en la historia contemporánea de los Estados Unidos su presidente ha dejado de informar, tan aparatosamente, sobre su política exterior.

Entendemos que ello pueda deberse a la magnitud de los problemas nacionales de los Estados Unidos y a la afirmación de una nueva candidatura presidencial. Pero aquéllos también registran vacíos que debieron esclarecerse.

En efecto, el presidente Biden ha sostenido que su gobierno está encaminando la recuperación económica de su país con la mayor creación de empleos de la historia en menos de un período de gobierno (12 millones de puestos), que el COVID ya “no controla las vidas” de los norteamericanos y que se ha superado “la más grande amenaza a su democracia (la herencia Trump) desde la Guerra Civil”(1861-1865).

Estos logros son, sin duda, muy importantes. Pero no resaltaron que, el año pasado la economía norteamericana evitó dos grandes peligros: una fuerte recesión y una galopante inflación. En el primer caso, se detuvo la desaceleración y se recuperó en algo la senda del crecimiento (2%, FED) mientras que los 7 incrementos de las tasas de interés lograron que la inflación comenzara a declinar (6.5%).  Sin embargo, los temores recesivos forman aún parte de las expectativas y, por tanto, el FED mantendrá sus políticas contractivas (aunque sin mayores incrementos de tasas).

Mientras tanto, si la inversión no residencial creció en el año, la residencial se contrajo fuertemente y el ingreso disponible se recuperó sólo en el segundo semestre permitiendo un mayor consumo que apuntaló el crecimiento.

De otro lado, si bien el desempleo cayó en términos históricos (a 3.5%), la demanda de trabajadores no ha sido alcanzada por la oferta en medio de un indefinido cambio del mercado laboral (¿trabajo híbrido?) manteniendo un fuerte componente inflacionario (MS). 

Por lo demás, el inmenso gasto público (US$ 6.7 trillones) fue superior a la recolección tributaria (Tesoro), incrementando el déficit y la altísima deuda alimentados por Trump. Estos desequilibrios no encontraron alivio comercial en tanto el déficit correspondiente ha subido a 12.2% (NYT).

Aun si estos detalles no fueron presentados por el presidente Biden, que la economía norteamericana esté en mejor pie es una muy buena noticia para casi todos. Pero sus problemas no aseguran aún los sólidos fundamentos de largo plazo requeridos.  Y sus políticas industriales y de sustitución de importaciones corroboran que el rol del Estado va en aumento junto con el gasto social (seguridad social, médica, subsidios).

Esa tendencia parece consistente con un preocupante sesgo mercantilista: el uso sistemático de medidas coercitivas unilaterales y el recurso proteccionista que no ha cambiado en relación a su predecesor. Este fenómeno, que castiga a terceros, contribuyó a explicar la concentración del presidente en el progreso económico de su país sin tener en cuenta al resto del mundo.

Este problema es registrado por la UNCTAD que estima que el comercio global habría crecido sólo 3% en el año (por debajo de lo esperado en el 1er semestre) (ONU).

De otro lado, si la recuperación de la democracia norteamericana es esencial para Occidente, su impacto en la comunidad internacional, una vez superado ese resorte de autoritarismo que es el COVID, no es motivo hoy de exaltación pública.

Que el presidente Biden espere fortalecerla en el mundo es alentador. Pero ello no provendrá sólo de la defensa de Ucrania ni de la expectativa de su incorporación a la Unión Europea en lontananza.

Si bien el 45.3% de la población mundial vive en alguna forma de democracia, sólo 8% lo hace en condiciones de “democracias plenas” (vs 8.9% en 2015). Si bien aquéllas se han incrementado en número (de 21 en 2021 a 24 hoy), la cantidad de estados autoritarios se mantiene (y los híbridos han crecido).

Más aún, en la versión más pesimista de Freedom House 2022, los países que han “mejorado” son menos (25) que los que han “declinado” (60) en un escenario en el que las capacidades de eludir el Estado de derecho por Estados autoritarios han aumentado.

De otro lado, si el presidente Biden pretende en serio contribuir a mejorar esa realidad, el esfuerzo norteamericano bien podría diversificarse en asuntos de seguridad y de mercado.

Si en lo primero sólo el principio de la integridad territorial estuviera en juego en el conflicto de Europa del Este, Estados Unidos bien podría apoyar, por ejemplo, al Perú en recuperar fortaleza y convicción en la lucha contra el narcoterrorismo tan nocivo para los estados democráticos y su territorio. Y en lo segundo, habría sido importante que el presidente Biden tomara en serio la necesidad de integración comercial o la reorientación de inversiones norteamericanas en el formato “near shore” p.e.

Especialmente si el esfuerzo de la primera potencia en consolidar la centralidad sistémica implica también desplazar a China de escenarios próximos a Occidente y minimizar la dependencia que aquélla genera.

Y si la prevalencia sistémica y geopolítica reclama la formación de alianzas y asociaciones adicionales a las de los frentes atlántico (OTAN) y pacífico (QUAD), es extraño que el presidente Biden insista en definir su esfuerzo sólo como un incremento de las propias capacidades prescindiendo de otras formas de asociación como las que produciría una recomposición multilateral. Ese planteamiento promueve la fragmentación global y genera preocupaciones en Latinoamérica. Lampadia

Por: Aldo Mariátegui
Perú21, 15 de Febrero del 2023

“La reacción más lógica y valiente de Cancillería debería haber sido el retiro de embajadores”.

-En el Perú no debería celebrarse el Día de la Amistad cada 14 de febrero, dado que ha sido un país de notorios traidores colosales desde la Conquista (Felipillo, los almagristas y pizarristas), la Independencia (Torre Tagle, que traicionó a españoles y patriotas por igual), el siglo XIX (Gamarra con La Mar y otros, M. I. Prado en la Guerra con Chile), el siglo XX (Sánchez Cerro con Leguía, Velasco con Belaunde, Morales con Velasco) y este siglo XXI, donde hemos tenido a traidores de los más abyectos, como el abominable Daniel Salaverry y esa abominación desoladora llamada Martín Vizcarra. Y también otros menores, como esos caviares de ahora que otrora sirvieron solícitamente a Fujimori (RMP, AAR, DGS).

-Dada la magnitud del insulto del lenguaraz mandatario colombiano Petro (¡comparar a nuestra Policía con los nazis!), la reacción más lógica y valiente de Cancillería debería haber sido el retiro de embajadores. Seguramente, opinólogos internacionalistas rojimios, como los PUCP-boys Farid Kahhat u Óscar Vidarte (el canciller de Verónika Mendoza) dirán que eso nos aislaría aún más del resto de la zona. Pero no veo otra respuesta más digna (además que sospecho que el juicio de ambos está distorsionado por la simpatía por Petro y la izquierda colombiana que mantienen).

-Aquí los opinólogos y los coleguitas santifican al golpismo callejero (y ahora están temblando de miedo ante este monstruo que crearon, que les odia y repudia). Primero fue con Merino y después con Boluarte. Nos gusten o no los personajes, los dos ascendieron constitucionalmente al poder y por eso debieron completar el periodo de su antecesor. Pero aquí a los salvajes callejeros les llaman “Jóvenes del Bicentenario” o “manifestantes sociales”. Con una élite tan imbécil… ¿Qué puedes esperar del resto?

-Después de los miles de muertos que generó su incompetencia, es increíble cómo el exministro vizcarrista de Salud, Víctor Zamora, puede acusar a otros de… ¡Homicidas! ¡Plop!

Por: Lukas Hermsmeier
El Comercio, 11 de Febrero del 2023

“Todos los partidos políticos alemanes han perdido votantes en favor de AfD en los últimos años”.

En pleno debate sobre el envío de tanques a Ucrania es fácil olvidar que hace solo dos meses las autoridades alemanas detuvieron a 25 personas por planear un golpe de Estado de extrema derecha para derrocar al Gobierno Alemán.

Entre los supuestos insurgentes –seguidores del movimiento antisemita Reichsbürger, que afirma que todos los estados alemanes desde la Primera Guerra Mundial han sido ilegítimos– había soldados, policías, reservistas del ejército, un cabecilla aristocrático y, sobre todo, varios miembros del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD); entre ellos, un antiguo representante del Parlamento.

Las ideas de este grupo son extrañas y la trama parecía no tener ninguna posibilidad seria de éxito. Sin embargo, cabría pensar que el descubrimiento de un movimiento fuertemente armado cuyo objetivo es la eliminación del Estado desencadenaría un intenso debate en torno del nacionalismo y la violencia de extrema derecha. Al fin y al cabo, Alemania es famosa por haber asumido su pasado fascista. Pero no ha sido así. Tras algunas tibias especulaciones sobre una posible prohibición del partido, la cuestión ha desaparecido casi por completo del debate público.

Este desenlace es sintomático de un hecho inquietante: Alemania tiene un problema con el extremismo de derechas. En ninguna parte es esto más evidente que en el ascenso de AfD, que funciona efectivamente como el brazo parlamentario de un movimiento más amplio de extrema derecha. El partido, que cuenta con alrededor del 15% de los votos en todo el país y es la mayor fuerza electoral en algunas regiones, se fundó tan solo en el 2013. Y en una década ya ha dado un giro decisivo a la política del país hacia la derecha.

AfD es conocida por su agresiva postura antinmigración, pero este no era el tema central en sus inicios. La prioridad, inicialmente, era económica. Los 18 hombres que fundaron el partido en febrero del 2013 tenían un objetivo principal: que Alemania abandonara la moneda única de la Unión Europea o que la aboliera por completo. Se trataba, por supuesto, de una posición nacionalista.

Dos años más tarde, cuando más de un millón de personas procedentes principalmente de Siria y Afganistán huyeron hacia Europa, el partido estaba preparado para aprovechar la situación. Alexander Gauland, uno de los líderes de AfD, describió la crisis como un “regalo” para el partido. Con su incesante agitación contra la inmigración y una supuesta “islamización” de Alemania, AfD cambió el ambiente y provocó tensiones, sobre todo en el campo conservador. El Gobierno Alemán pronto empezó a retractarse de su respuesta inicialmente acogedora, endureciendo las leyes de asilo y aumentando las deportaciones.

AfD, mientras tanto, consolidó su posición en la escena política. En el 2017, se convirtió en el tercer partido más grande del Parlamento Alemán, liderando la oposición. Aunque su suerte electoral ha decaído recientemente, el partido ha ejercido una considerable influencia en la corriente dominante. Y, lejos de moderarlo, el éxito lo radicalizó. AfD se ha convertido en una fuerza cada vez más extremista y antidemocrática. Hoy está dominada por personas como Björn Höcke, un líder que, según una sentencia judicial, puede ser calificado legalmente de “fascista”.

El partido tiene sus bastiones en estados del este como Turingia y Sajonia, regiones donde el desempleo es mayor, se han desmantelado las infraestructuras públicas y los jóvenes se marchan cuando tienen ocasión. El abandono económico que afectó al este de Alemania tras la disolución de la República Democrática Alemana en 1990 es un factor importante en la popularidad de AfD.

Pero el partido no es, como a veces se asume, un mero fenómeno de Alemania oriental. AfD obtiene resultados de dos dígitos en algunos estados de Alemania occidental, como Baviera. Según un estudio reciente, el 23% de los alemanes occidentales dice creer que el país está “inundado de extranjeros” (la cifra en Alemania oriental es del 40%).

Detrás de este apoyo está el racismo generalizado y lo que el sociólogo Oliver Nachtwey llama una “sociedad en decadencia”. La promesa de movilidad ascendente de la posguerra desapareció hace tiempo. Casi uno de cada cinco empleados alemanes trabaja ahora en el sector de los salarios bajos, y la pobreza ha aumentado un 40% desde el 2010. En este contexto, en el que el Estado parece haber fracasado en su deber de proporcionar una red de seguridad social y un sentido de la solidaridad, la oposición de AfD a la supuesta extralimitación del Estado –sobre todo en torno de las medidas por la pandemia y las vacunas– encuentra adeptos.

Los resultados están a la vista. En una década, AfD se ha convertido en una importante fuerza política pangermana. Aunque los obreros y los desempleados están desproporcionadamente representados entre los votantes del partido, gran parte de su electorado son trabajadores de cuello blanco, funcionarios y autónomos. Es importante señalar que todos los demás partidos políticos alemanes han perdido votantes en favor de AfD en los últimos años.

El ascenso de AfD se ha producido en paralelo a un envalentonamiento general de la derecha radical. En los últimos años se han descubierto redes de extrema derecha en la policía y el ejército. La violencia ha llegado a las calles. En febrero del 2020, un supremacista blanco mató a nueve personas negras en la ciudad de Hanau. En los tres primeros trimestres del 2022, se produjeron 65 ataques contra instalaciones para refugiados, más de uno por semana. AfD no tiene un papel directo en estos ataques, pero es innegable que ha contribuido a crear una atmósfera política en la que la violencia mortal es más probable. En el caso del asesinato de un político proinmigrante en el 2019, el autor, un neonazi, era un activo simpatizante del partido.

Alemania ha sido generalmente elogiada por mantener a raya a la extrema derecha. Si bien es cierto que AfD no es tan poderosa como los partidos nacionalistas de Francia, Italia o Hungría, Alemania no ha logrado confinar a las fuerzas extremistas a los márgenes políticos. Incluso si AfD conserva entre el 10% y el 15% de los votos, deberíamos cuestionarnos a qué tipo de normalidad nos estamos acostumbrando.

La redada de los Reichsbürger y el décimo aniversario de AfD deberían suscitar un gran momento de reflexión en Alemania: hace tiempo que deberíamos habernos preguntado por las razones del éxito de este partido. Más allá de eso, es hora de desarrollar una nueva ‘haltung’ antifascista, un conjunto de posiciones claras. No más acomodación, no más normalización y no más colaboración.

–Glosado, editado y traducido–

© The New York Times