Por Gino Costa. Presidente de Ciudad Nuestra y expositor en CADE Ejecutivos 2014

(Perú 21, 05 de Noviembre del 2014)

Hace  bien IPAE Acción Empresarial en proponer, en este CADE Ejecutivos, que se aborden los desafíos fundamentales para hacer del Perú un país del Primer Mundo. Parece que ya sabemos qué hacer para crecer, pero no tenemos tan claro qué hacer para tener las instituciones que apuntalen y sostengan ese crecimiento.

En CADE Ejecutivos 2010, Michael Porter dijo que instituciones sólidas de seguridad y justicia eran un prerrequisito para dar el salto al Primer Mundo. Si ya en el 2010 teníamos

un déficit importante en la materia, hoy la situación ha empeorado, como lo muestran los indicadores del Foro Económico Mundial. Ello no hace sino reflejar el deterioro de las condiciones de seguridad.

A una de las más altas tasas de victimización en el continente americano se le ha sumado un sostenido incremento de la violencia, especialmente homicida, asociada a las extorsiones de todo tipo. Han prosperado también otras formas de criminalidad organizada –como la minería ilegal del oro, el tráfico de terrenos y la corrupción en los gobiernos subnacionales–, como lo demuestran el drama de Madre de Dios y el espectacular poder adquirido por personas como Rodolfo Orellana y César Álvarez.

Quizá el aspecto más preocupante es la penetración del crimen organizado en las instituciones de seguridad y justicia, y en la propia política. Dan cuenta de lo primero las investigaciones que tienen a punto de la destitución al actual fiscal de la Nación y a su antecesor por supuestas complicidades con criminales de alto vuelo; los responsables de investigar y denunciar a los criminales podrían estar comprometidos con ellos. En cuanto a la infiltración en la política, las últimas elecciones nos dieron diversas muestras de la amenaza que este fenómeno representa.

La infiltración de instituciones ya de por sí débiles es el mayor indicador de una descomposición que es urgente e indispensable revertir, porque perder la batalla contra el crimen es perder la del desarrollo y la prosperidad. Es preciso recuperar nuestras instituciones de los corruptos que le hacen el juego al crimen, razón por la que resultan tan alentadoras las actuales investigaciones del Consejo Nacional de la Magistratura y del Congreso de la República contra Ramos Heredia y Peláez Bardales, que deberían concluir en su destitución.

Si el crimen organizado prosperó en los últimos años, fue gracias a la complicidad de sujetos como estos y de otros fiscales, policías y jueces. Por eso, el primer desafío es purgarlos y fortalecer los núcleos sanos de estas instituciones, que felizmente existen, aunque normalmente arrinconados y desatendidos, por no decir abandonados.

El segundo desafío es construir, a partir de estos núcleos sanos, un subsistema de justicia penal con profesionales adecuadamente capacitados y bien remunerados. Esto exige la unificación de los esfuerzos de inteligencia, equipos electrónicos de última generación, debidamente utilizados bajo control fiscal y judicial, además de peritos y laboratorios forenses de primer nivel. En cuanto a la inteligencia financiera, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) debe contar con la prerrogativa de levantar el secreto bancario y la reserva tributaria de sus investigados, como lo recomienda Gafisud, organismo internacional rector contra el lavado de activos.

Este subsistema necesita, además, de un componente penitenciario con la infraestructura, el equipamiento y el personal capaz de garantizar el necesario aislamiento de los presos de alta peligrosidad, bajo un severo régimen que las mejores prácticas internacionales aconsejan.

El tercer desafío, y quizá el más importante, es contar con el liderazgo político y la capacidad de gestión para hacer realidad este proyecto en un plazo relativamente corto, con lo que se asegura que esté debidamente blindado contra la corrupción. La conducción del esfuerzo debe venir del más alto nivel y exige un acuerdo político básico que le dé sostenibilidad. Se trata de una apuesta para los próximos 30 años, que dote al país de la herramienta de combate contra el crimen organizado que hoy tienen las naciones democráticas más avanzadas del mundo.

Informalidad

Últimamente se está discutiendo sobre el tema de la informalidad, muchas veces calificándola como un problema o como “un elefante que todavía no hemos sacado del closet” y hasta dándole un tinte delictivo. Otras veces se le confunde con actividades abiertamente delictivas como el narcotráfico asociado al terrorismo, la tala ilegal, la minería ilegal y el contrabando armado.

El 70% del empleo es informal según las cifras oficiales, pero eso no nos hace un país informal. El empleo adecuado llega al 65% de la PEA (se ha duplicado durante los años de crecimiento de la economía). Más allá del proceso histórico que dio origen a este fenómeno, es evidente que ha llegado el momento para superar esta situación que tiene más que ver una “formalidad excluyente” y con normas laborales que están entre las más rígidas del planeta.

Pero también tiene que ver con la naturaleza de los peruanos, con su vocación por ser independientes, empresarios o emprendedores. En el siguiente cuadro podemos ver que el 93% de la élite universitaria, recientemente convocada por IPAE al último CADE Universitario, desea ser empresario:

Ver aqui encuesta del CADE Universitario 2014

Otro ángulo de las recientes discusiones, es que se sigue creando mitos sobre la supuesta incultura, falta de respeto por las normas y tolerancia de los peruanos con la corrupción. Esto es solo producto de análisis superficiales que se entretienen en los aspectos negativos, sin mirar el conjunto de la sociedad e información que amplíe el horizonte de análisis. Por ejemplo, veamos un reciente editorial de El Comercio que comentamos en Lampadia, ver: Roban pero hacen obra.

El Comercio comentó: “Aún una tercera explicación puede tener que ver con la informalidad. Una especie de “a mí no me importa lo que ese señor haga con mis impuestos porque yo no pago impuestos”.  (…) Naturalmente, caben varias explicaciones más. Pero una cosa es segura en todas las opciones: esta desvalorización de – o este cinismo frente a– la decencia significa, por un lado, un problema para nuestra democracia. Pocos incentivos hay en nuestra política para que las personas realmente rectas entren en ella, (…) al menos como sociedad, (…) no parecemos tener mucho autorrespeto. (…) el hecho es que no aspiramos a tener como líderes a personas que podamos realmente respetar”.

En Lampadia agregamos. “¿Qué reflexión habría que agregar al comentario del editorial, sobre los peruanos (3´000,000) que viven en el extranjero? Ellos no se pasan las luces rojas; cumplen las leyes; son solidarios, pues remiten unos US$ 3 mil millones anuales a sus familiares en el Perú. Incluso, algunos de ellos llegan a ser alcaldes y representantes políticos, sin que nadie los tilde con él: “roban pero hacen obra”.

Lo que está muy mal en el Perú no es el ciudadano, sino el sistema: La estructura política, el sistema electoral, la desacreditación de los partidos políticos (que se la ganaron solos), una pésima regionalización, ausencia de un servicio civil meritocrático que se aleje del compadrazgo y el favor político de turno, un buen sistema de control que no debe ser un impedimento a las buenas decisiones públicas, superar los niveles de corrupción y la impunidad en los estamentos del Estado.

Veamos otros datos de la encuesta que hizo IPSOS en el CADE Universitario, que reflejan que nuestros jóvenes están listos para superar las limitaciones comentadas:

La informalidad debería ser analizada desde una perspectiva más amplia, tal vez desde el siguiente enfoque: “Formalidad Excluyente e Informalidad Limitante”.

Un apagón de 30 años

Algo parecido sucede cuando se compara al Perú con otros países sin reparar que acá se “apagaron las luces” durante 30 años (60s, 70s y 80s). Se prohibió la inversión privada en el campo, la minería, la pesca y hasta en el turismo. Se condenó a las regiones a la exclusión y se empobreció a todo el país: ciudadanos, empresas y Estado. Por esta razón es que tenemos agendas pendientes que todavía no hemos podido superar a pesar de los grandes avances de los últimos 20 años.

Tenemos una agenda pendiente que podríamos llamar “social”, pues abarca a la educación, salud, instituciones, infraestructuras, tecnología y pobreza. Pero también tenemos otra agenda pendiente, que podríamos llamar “productiva”, que explica el atraso productivo en la puesta en valor de nuestros abundantes recursos naturales en minería, pesca, energía, forestería y biodiversidad.

En resumen se puede decir que hablar de los problemas y oportunidades del Perú, requiere miradas amplias y profundas. Nuestro país está destinado a ser uno muy exitoso, sin pobreza y con bienestar general, solo tenemos que hacer las cosas relativamente bien. Por eso es muy importante hacer un esfuerzo para entenderlo y explicarlo mejor. Lampadia

En los últimos 25 años, Polonia ha dejado atrás el lastre de su pasado soviético y se ha embarcado en tres oleadas de reformas profundas: económica, educativa e institucional. Adoptó, sin complejos, las normas europeas y se integró a la Unión Europea, y sin hacer mucho ruido se ha convertido en “el niño dorado de Europa”, como asegura Marcin Piatkowski, economista senior para Polonia del Banco Mundial. Hoy este exuberante país muestra un pujante sector manufacturero de tecnología intermedia, números macroeconómicos sobresalientes, altísimos niveles educativos (Top Ten en Pisa a nivel global) y buenos  ingresos  personales. Recientemente, The Economist le dedicó un elogioso artículo en el que señala que el PBI per cápita (ajustado por poder de compra) es el 67% del promedio del de la Unión Europea (proporción que, en 1989, llegaba apenas al 33%). El Perú tiene mucho que aprender de este espectacular desarrollo, por eso después de leer la entrevista de Piatkowski, creemos importante profundizar el análisis de sus reformas.

Primera reforma: liberalización de la economía

Aunque parezca mentira, Polonia como el Perú han pasado, del noventa a la fecha, procesos bastante similares. Tras la caída del muro de Berlín, el sindicalista Lech Walesa se convierte en Presidente de Polonia (1990). La economía era un desastre, colonizada por Moscú y totalmente planificada sus burócratas, con una gran escasez y una inflación que bordeaba el 500%. Ante esta situación se aplicó una política de ajuste y paquete de reformas liberalizadoras del mercado, conocido como el “Plan Balcerowicz”, por el Ministro de Finanzas que lo implementó. Sus puntos más salientes son el fin del control de precios, reducción de subsidios, liberalización del tipo de cambio y tasas de interés y privatizaciones de las empresas públicas. La liberalización económica se consolidó con el cambio de Constitución en 1997, en la que se consagran definitivamente los cambios realizados en el aparato productivo, así como las libertades democráticas, civiles y empresariales. ¿Suena familiar? Este proceso estuvo dirigido a su eventual acceso a la Comunidad europea.

En vista que Polonia no cuenta con recursos naturales y que limita con Alemania, su sector de industrial se convirtió en su locomotora de crecimiento al acoplarse con su potente vecino, del mismo modo en que México se benefició de su cercanía con EEUU (después del NAFTA). Entre 1991 y 1998, duplicó su producción.

La transición implicó cambios estructurales en la composición del producto industrial, pues la apertura al mundo y la liberalización del trabajo les permitieron tornarse competitivos, ayudados por grandes flujos de inversión extranjera directa, provenientes de la UE. Si bien el sector manufacturero sigue siendo importante; hoy, el de servicios es la punta de lanza de su actual expansión económica. Por eso The Economist los denomina “el subcontratista de Europa”.

Segunda reforma: la educativa

Entre 1998 y 1999, se dio impulso a una Reforma Educativa para permitir que un mayor número de personas accedan a educación secundaria y superior, se asegure la igualdad de oportunidades y elevar sustancialmente la calidad.

Un aspecto importante de la reforma educativa fue la consagración de la educación obligatoria por doce años (seis de primaria, tres de secundaria media y tres de secundaria). En el Perú, apenas se llega a 11 años de escolaridad obligatoria.

Se decidió usar el PISA 2000 para sentar una línea de base de la calidad educativa y poder realizar seguimiento a la evolución de la Reforma. Si bien los resultados del año 2000 no fueron los mejores, en el 2003 habían mejorado en más de 10 puntos, y para el 2006 superaron el promedio de los resultados de la OECD (¡en solo seis años mejoraron radicalmente!) y hoy están entre los 10 primeros del mundo.

El costo de esta reforma es uno de los aspectos más saltantes: el gasto en educación en Polonia es “la mitad de lo que se gasta en Europa Occidental”, según Piatkowski. En términos porcentuales, Polonia destina el 5.2% de su PBI a la Educación, mientras que Noruega gasta el 6.9% (hoy el Perú ya gasta el 6% del PBI en educación, pero la mitad por el sector público y el resto por el sector privado, muy similar a lo que sucede en Chile). No sería entonces una cuestión de equiparar mayor gasto con mejores resultados, pero tampoco se puede afirmar que no existe un gasto mínimo necesario para obtener resultados adecuados.

Tercera reforma: institucional

La tercera gran reforma de Polonia fue su revolución institucional, para la cual trajeron del exterior 8,000 páginas de normas europeas que adoptaron en su integridad. Además les ayudó el proceso de “convergencia” para su ingreso como miembro pleno de la Unión Europea. Si bien este objetivo se trazó casi desde que cayó el bloque comunista, demoró catorce años. En Mayo 2004, recién se convirtió formalmente en parte de la UE.

Como mencionamos en Lampadia, la humildad de los polacos en aceptar que no era necesario reinventar la pólvora sino que simplemente era necesario seguir el buen ejemplo de sus vecinos es admirable. Ojalá los peruanos tuviéramos la misma capacidad.

El ingreso a la UE, además de representar un enorme mercado (en conjunto la mayor economía del Mundo al contener a cuatro de los diez principales países: Alemania, Francia, el Reino Unido e Italia), le significó a Polonia el inicio de un programa de transferencias directas significativo. A la fecha han recibido 102 billones de euros de transferencias, y se tienen programados otros 106 billones para el 2020.

En el Perú debiéramos revisar cómo en solo seis años han podido mejorar tan sustancialmente su calidad educativa hasta, incluso, superar a sus socios europeo. Esta extraordinaria experiencia ha demostrado que en corto plazo se puede hacer la diferencia. Solo se necesita una buena clase dirigente. Lampadia

Por 45 años (1960 a 2004) el crecimiento promedio de la productividad en el Perú fue de 0.1%, una tasa insignificante comparada con la alcanzada por otras economías emergentes que crecían a tasas superiores al 2%. Sin embargo, el giro en el modelo económico dela década de 1990 con la Constitución del 93, hizo posible que el Perú  lidere en los últimos años el crecimiento de la productividad en Latinoamérica (2.3% para el periodo 2005-2011). La tarea no está completa, ahora hace falta promover las reformas que nos permitan mantener el mismo ritmo.

Primer tiempo (1960-2004): estancamiento de la productividad

Por 45 años (de 1960 a 2004), mientras que economías de similar ingreso al Perú (como Corea del Sur) elevaban su productividad a un ritmo de 2% anual, nuestro país lo hacía apenas en 0.1%, es decir nos empobrecíamos año tras año en relación con otras economías emergentes. La intervención del Estado en el mercado, la prédica anti inversión privada y las políticas proteccionistas, iniciadas en la década de 1960 condujeron al Perú, al estancamiento de la economía y al empobrecimiento general que nos sacó de la senda del desarrollo por décadas.

Experimentos como el Modelo de Sustitución de Importaciones, Capitalismo de Estado y Populismo Macroeconómico llevaron al país a perder su capacidad de crear riqueza, lo que se  acentuó en la década de 1980, donde nuestra productividad cayó en promedio 3.5% por año.

Las reformas en los años 1990, centradas en la reinserción de nuestra economía en el mundo global, la apertura comercial, privatizaciones, una cierta liberalización del mercado laboral y en menores regulaciones estatales, lograron elevar la productividad del país. Las inversiones en infraestructuras permitieron reducir los costos del comercio exterior, elevando la competitividad. Por su parte los servicios públicos privatizados, se tornaron más eficientes, con mayor cobertura y calidad a  menores precios. Mejoró la conectividad del país a través de nuevas redes de telecomunicaciones, se incrementó la generación, transmisión y distribución de energía y se favoreció el desarrollo del sector industrial. De esta manera se empezó a recuperar la productividad, cerrando la década con un crecimiento promedio de 0.8%, después de la caída de la década anterior.

Segundo tiempo (2005-2011): la recuperación de la productividad

En la segunda mitad de la década del 2000 las reformas fueron madurando, las inversiones  privadas (83%) y públicas (17%), alcanzaron niveles record, superando el 28% del PBI (en 2013) y las empresas peruanas empezaron a aparecer en los rankings de las más grandes corporaciones de la región. Para el periodo 2005-2011 la tasa promedio de crecimiento de la productividad fue de 2.3%, liderando con ello, según de The Conference Board, el crecimiento de productividad de Latinoamérica que decreció en 0.3% y superando el promedio de los países emergentes de 1.6%. Sin embargo, aún nos encontramos lejos de países como China, que, tuvieron que incrementar su productividad en 3.4% cada año para poder sostener un crecimiento promedio de su economía a una tasa de 10%.

Tercer tiempo (2012 – 2021): mayor crecimiento de la productividad

Para que el ingreso medio per cápita pueda converger a los niveles de los países desarrollados (OECD), no es suficiente con lo realizado hasta ahora. El Gobierno debe enfocar sus esfuerzos para concretar las reformas que den un mayor impulso al crecimiento de la productividad. Debiéramos crecer a tasas similares a las de los tigres asiáticos en su larga fase de despegue. El Banco Mundial (2006) ha identificado que ningún país ha logrado mantener un crecimiento alto y sostenido sin tener altas tasas de inversión en infraestructura y educación. En el caso del Perú, para lograr un crecimiento más pronunciado de la productividad, es preciso avanzar en las siguientes reformas:

Estado eficiente: contar con un poder judicial eficaz e independiente, derechos de propiedad bien delimitados, agilidad en los trámites burocráticos.

Infraestructuras: reducir la brecha de en infraestructuras, vía concesiones y Asociaciones Público Privadas (APP). Existe una importante oportunidad de financiamiento externo para este tipo de proyectos.

Educación: mejorar la calidad de la educación. Además alentar la formación de carreras tecnológicas.

Tecnología: incrementar la colaboración de las empresas y las universidades. Alentar las carreras de ingeniería y ciencias. Generar incentivos para que las empresas incrementen su presupuesto en innovación.

Instituciones: mejorar las reglas de juego para facilitar una mejor convivencia de los ciudadanos, su protección contra el abuso del Estado, el clima de inversión y una mejor gobernanza.

Hasta ahora hemos trazado exitosamente el camino inicial para alcanzar el desarrollo, por ende no debemos desandar lo avanzado ni caer en la complacencia. Todavía (hermanos), hay mucho por hacer. Los resultados del Reporte de Competitividad del Word Economic Forum, nos ofrecen luces sobre el trabajo pendiente. En 2013 el Perú se encuentra a la cola en todas las reformas mencionadas, siendo las tareas más complicadas el desarrollo de innovación (puesto 122) y en el mejoramiento de las instituciones (puesto 109). Podemos implementar estas reformas adaptando a nuestra realidad los casos de éxito económico como, por ejemplo, el de Nueva Zelanda, que se  ubica en la lista del Top 10 en los indicadores de los temas que constituyen nuestra agenda pendiente. Lampadia

La reciente renuncia de Gladys Echaíz a su cargo como Fiscal Suprema revela la escasa predictibilidad y transparencia en la elección del Fiscal de la Nación. La desinstitucionalización y desprestigio del sistema judicial peruano es un grave problema para el desarrollo de largo plazo del país.

Para que una economía de mercado funcione debidamente se requiere de un Estado sólido, eficiente, predecible y por supuesto, carente de corrupción. Lamentablemente, el Estado peruano está muy lejos de esta aspiración. 

Sin luz roja: Es urgente reconstruir nuestras instituciones

En los últimos años hemos asistido al creciente descrédito de las instituciones clave del país. En especial las que tienen que resguardar el orden interno y velar por el normal funcionamiento de la justicia en el país. Nos referimos a la Policía Nacional y al Sistema Judicial formado por el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y el Colegio de Abogados. Ni que decir del Congreso.

Tras el escándalo López Meneses, se renovó la percepción de que la policía está muy corrompida, aunque para la mayoría de ciudadanos que día a día sufren su actuación, no es sorprendente lo ocurrido. La Policía lejos de cumplir con sus funciones, controlar la criminalidad y dar seguridad a la sociedad, se preocupa por obtener ingresos indebidos exigiendo sobornos y prebendas.

La reciente renuncia de Gladys Echaíz al Ministerio Público revela las oscuras formas y las presiones políticas que se producen entre bambalinas a la hora de elegir a los fiscales y en especial, al Fiscal de la Nación.

El Poder Judicial es rechazado mayoritariamente por la población y en vez de ser una fuente de intermediación y solución de conflictos, en muchos casos, actúa agravándolos. Sentencias, resoluciones, amparos y fallos suelen estar motivadas por oscuros intereses y son un factor que enrarece el clima de inversión.

En realidad la desinstitucionalización por la que atraviesa nuestra nación alcanza a los colegios profesionales (cada vez más desprestigiados) y a los clubes de fútbol. Si el fútbol no es un negocio como en otras partes es porque los clubes, sus jugadores y dirigentes nos ofrecen un espectáculo cada vez más carente de interés, en especial si se le compara con lo que se entrega en Europa.

¿Cómo se puede invertir en nuestro país sin seguridad jurídica? Es imprescindible un pacto social que permita una reinstitucionalización del país en todos sus ámbitos y en especial en lo que respecta al sistema judicial y el Poder Legislativo. Lampadia.