Las amenazas contra los fondos de pensiones, los tratados de libre comercio y las instituciones.

Jaime de Althaus
Para Lampadia

La crisis política generada por el pedido presidencial de adelanto de elecciones está produciendo comportamientos paradójicos en los dos bloques que se encuentran enfrentados. Al mismo tiempo que el fujimorismo, tradicionalmente poco apegado a la democracia formal o liberal, empieza a esgrimir argumentos constitucionales relacionados a los límites al poder inherentes a la democracia liberal o representativa, para rechazar el adelanto de elecciones, los sectores progubernamentales, supuestamente “republicanos”, defensores de la democracia liberal, se amparan en argumentos de naturaleza populista para fundamentar el mencionado adelanto de elecciones.

Como bien ha precisado Carlos Meléndez en artículo publicado en Perú 21, “no hay nada más populista que solicitar el adelanto de elecciones en aras de una presunta renovación de la clase política”. Lo del populismo político del presidente Vizcarra lo venimos advirtiendo desde que el 28 de julio del 2018 lanzara el referéndum para aprobar la no reelección de los congresistas. El mecanismo clásico del líder populista consiste en dividir la sociedad en dos campos: el pueblo, lleno de virtudes, y los enemigos del pueblo, en este caso los políticos, los congresistas, el Congreso, a los que hay que atacar y, de ser posible, anular o eliminar. En este escenario, como se ha dicho tantas veces, no hay adversarios políticos sino enemigos, y el líder moviliza al pueblo contra ellos.

Fue precisamente lo que hizo Alberto Fujimori en los 90, con el clímax de la disolución del Congreso en 1992, aunque en circunstancias muy distintas a las actuales. Ahora las posiciones se invierten y mientras los fujimoristas, acorralados por la arremetida populista, descubren el valor de la democracia liberal y los límites constitucionales, los anti-fujimoristas o “republicanos” descubren el poder de la palanca populista para forzar al Congreso a adoptar decisiones legales (o ilegales). El presidente Vizcarra llegó a argumentar en su discurso del 28 de julio, y lo ha repetido luego, que el pueblo le pide el cierre del Congreso, y por eso la necesidad del adelanto de elecciones.

El problema es que el populismo es una enfermedad que está avanzando en el globo y que puede terminar con la democracia. Su éxito es inversamente proporcional al mantenimiento de los límites constitucionales al Poder. Apunta a eliminar los controles horizontales propios de toda democracia liberal, a concentrar el poder.

Lo explicó perfectamente Yasha Mounk en su libro “El pueblo contra la democracia, por qué está en riesgo nuestra libertad, y como salvarla”. Allí escribió: “Estamos atravesando un ‘momento populista’. La pregunta es si este se tornará en una ‘era populista’, poniendo en duda la sobrevivencia de la democracia liberal”. Un reciente artículo en The Economist pasa revista al avance de este fenómeno en Europa (Hungría, Polonia, Gran Bretaña, Italia) y en el propio Estados Unidos. Para no hablar de Turquía y Venezuela, donde el populismo es, además, económico y los enemigos no solo son los políticos y el Congreso, sino también la “oligarquía” y el imperialismo norteamericano.

El fujimorismo está aprendiendo a la fuerza (esperemos) las virtudes del republicanismo, de las instituciones, de la democracia liberal. Y los anti-fujimoristas, demócratas liberales, están sucumbiendo a la tentación populista. También es posible que los razonamientos constitucionales de los primeros y las justificaciones políticas de los segundos no sean sino armas de ocasión, recubrimientos utilitarios, racionalizaciones oportunistas en la guerra sin cuartel que vienen librando desde hace años, y en particular desde hace tres años.

Pese a todo, hemos sostenido que un acuerdo de gobernabilidad en torno a una agenda conjunta es la única salida. Y es posible, por la sencilla razón de que no hay diferencias ideológicas importantes entre el Ejecutivo y la mayoría congresal, y porque la agenda país está dada, a la mano, disponible. Incluye las reformas políticas pendientes que deberían ayudar a que no se vuelva a presentar un escenario de confrontación entre poderes, y por las reformas contenidas en el Plan Nacional de Competitividad, que son e importantes para relanzar el crecimiento nacional a tasas más altas. Y cualesquiera otros puntos que puedan negociarse.

Hay que insistir, De lo contrario tendremos el triunfo de la pasión irracional sobre la razón. El libre albedrío es posible. Lampadia

El Índice de Competitividad Regional – INCORE elaborado por el IPE es una herramienta muy útil para identificar las fortalezas y los cuellos de botella que enfrentan las 24 regiones del país en su desarrollo económico, social e institucional – necesarios para alcanzar una mayor competitividad. Siguiendo la metodología ideada por el economista Xavier Sala i Martín para el Índice de Competitividad Global publicado por el Foro Económico Mundial, el IPE construye un indicador compuesto que pondera seis pilares para determinar la competitividad de cada región: Entorno Económico, Infraestructuras, Salud, Educación, Laboral e Instituciones. La edición del 2019 se publicó recientemente, por lo que a continuación repasamos y analizamos las principales conclusiones del mencionado informe.

Regiones que mejoraron

En primer lugar, como se puede apreciar en el gráfico líneas abajo, Lima ostenta el lugar de la región más competitiva del país, seguida de Arequipa, Tacna y Moquegua, por mencionar algunas. Por otra parte, entre las regiones menos competitivas se encuentran Huancavelica, Cajamarca, Huánuco y Loreto.

Fuente: IPE

Fuente: IPE

Los 16 primeros puestos no han registrado cambio alguno respecto a la edición del 2018; sin embargo, a partir del puesto 17, se puede destacar el avance de dos regiones. Así, Ucayali pasó de ocupar el puesto 20 al 17 y Loreto, del puesto 24 al 22. En el caso de Ucayali la mejora en su posición se ha dado principalmente por avances en el pilar de salud – 4 posiciones – y laboral – 3 posiciones. En relación al avance de Loreto, este quedó explicado principalmente por su avance en el pilar de instituciones, concretamente, un incremento de 18 posiciones en el indicador referido a la ejecución de la inversión pública.

Apurímac y Junín entre las regiones que más empeoraron

Por otra parte, es menester señalar que Apurímac, región que registró el mayor avance en el INCORE el año pasado (ver Lampadia: Apurímac avanza en su potencial de desarrollo), se encuentra – junto a Junín – entre las regiones que más empeoraron en el ranking general de competitividad – cayendo del puesto 17 al 20.

Tabla 1. Índice de Competitividad Regional de Apurímac

Fuente: IPE

Esta caída se ha dado principalmente por el descenso de 9 posiciones en el pilar instituciones, 5 posiciones en el pilar laboral y 3 posiciones en el pilar entorno económico. Es de destacar la caída del pilar instituciones, explicada por descensos en los indicadores de resolución de expedientes judiciales y percepción de la gestión pública. Asimismo y en relación a este mismo pilar, la región se ubica como la segunda con mayor tasa de conflictividad social, reflejo, entre otras cosas, de un agravamiento en los últimos meses del conflicto minero del gran proyecto cuprífero Las Bambas. Como explicamos en Lampadia: Esfuerzo Intelectual Anti-minero, este hecho responde a los ausentes esfuerzos anticipados por parte del Gobierno y del sector minero para estructurar un discurso que permita detener el creciente avance del movimiento anti-minero de los últimos años, promovido por ONG’s y diversos académicos asociados a ellas.

El proyecto Las Bambas – que actualmente se encuentra amenazado con otro bloqueo en su corredor minero, para impedir la salida de la producción de cobre para ser exportada – significó a Apurímac una inversión total de US$ 10,000 millones en una vida útil de 18 años, con una producción de 453,000 toneladas al año. Los ingresos fiscales producto de tal actividad hubieran significado sendos avances en los ámbitos de infraestructura, educación y salud, tan importantes para que más hogares de la región escapasen permanentemente de la pobreza e indigencia. Por otra parte – aunque no se menciona en el informe – este paro indudablemente ha debido estar asociado a las ya mencionadas caídas en los pilares de entorno económico – traducido en un menor gasto real por hogar – y en el laboral – concretamente por una reducción de la creación de empleo formal.

Otro caso a destacar, como mencionamos, es el de Junín que registró también una caída de tres posiciones en el ranking general de competitividad, pasando del puesto 11 al 14. Este retroceso estuvo explicado por notables caídas en los pilares de salud y laboral – 4 posiciones – así como también en los pilares de entorno económico e instituciones – 3 posiciones.

Tabla 2. Índice de Competitividad Regional de Junín

Fuente: IPE

Es de destacar la caída en el pilar de salud, la cual está explicada por un incremento en la incidencia de desnutrición crónica en menores de 5 años – situando a la región en el puesto 22 – y una mayor prevalencia de la anemia infantil – situando a la región en el puesto 19 – ambas enfermedades que – como se explica en el informe de Macroconsult: La anemia infantil, un enemigo silencioso – generan efectos irreversibles en el desarrollo del cerebro temprano de los niños, comprometiéndolos a un bajo rendimiento tanto escolar como universitario.

Esperemos que los resultados de este informe puedan ser tomados en cuenta por los hacedores de política para enfocar mejor sus intervenciones en las regiones, priorizando las necesidades y oportunidades de mejora en cada una de ellas y considerando además que el presupuesto público hacia los gobiernos regionales, como todo presupuesto, cuenta con una restricción de recursos que debe ser usada de manera eficiente y eficaz para hacer frente a los problemas que aquejan – en este caso – a los peruanos al interior del país. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 10 de junio de 2019
Para Lampadia

Este año la Universidad de Piura cumple 50 años de vida institucional… ¡nada menos! 50 años educando, creciendo, y sirviendo.

La UDEP… bueno fuera que más universidades peruanas sean de su talla. No hay, sino que poner un pie dentro de sus instalaciones para respirar el aire inconfundible de excelencia e integridad – tan propios – de la Universidad de Piura. Pasar del mundanal ruido a cualquiera de sus campus, produce una sensación de bienestar especialísima… que hay que vivirla para contarla.

Efectivamente, el campus Piura, el campus Lima, y el PAD – la Escuela de Dirección – en Monterrico, tienen una atmósfera especialísima que – aparte de paz y bien – propicia el estudio, la innovación, la amistad… y un profundo amor por el Perú. Yo doy fe de ello.

La excelencia se da en todas sus instalaciones y en todas sus carreras. Todos los niveles de estudio – pregrados, maestrías, y doctorados – son excelentes. Los cursos de extensión, diplomados, congresos y eventos… todo es excelente en la UDEP. En educación, economía y administración, comunicaciones, derecho, humanidades, ingeniería, medicina… la Universidad de Piura hace – tal cual reza su lema – mejores personas, mejores profesionales.

Es impresionante ver cómo ha crecido la UDEP desde que inició actividades en 1969. Recuerdo – como si fuera ayer – cuando algunos amigos emigraron a Piura para estudiar sus carreras profesionales en la – entonces – novísima universidad. Yo acababa de ingresar a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Y por ello doy gracias a Dios. Porque ¡vaya que la UNI abre puertas a sus egresados! ¡Y qué puertas!

Pero la UDEP es también una gran abre-puertas. Conozco a muchos estudiantes y profesionales egresados de la Universidad de Piura – jóvenes o no tan jóvenes – que vienen aportando grandemente al país con sus valores y conocimientos.

La semana pasada estuve por allá con ocasión del XXII Simposio Internacional de la Uva de Mesa (SIUVA Norte 2019). Y la verdad – como siempre – la pasé muy bien en Piura. Sin embargo ¡qué fea herida está dejando la fallida “Reconstrucción con Cambios”! La imagen del Estado inoperante, indolente, corrupto – y todo lo demás – es decepcionante. Eso de priorizar la confrontación entre el Gobierno Central, el Congreso, y el Poder Judicial; y desatender la reconstrucción del Norte es una ofensa a los miles de damnificados del Niño Costero del 2017.

En fin. Esperar poco – o nada – del Estado. A esa conclusión llegamos en el SIUVA Norte 2019. Nosotros mismos somos. Me refiero a la ciudadanía organizada y empoderada. El Estado no lo va a hacer. La reconstrucción de la infraestructura dañada por el Niño Costero 2017 va a tardar una eternidad. Mientras tanto, a arreglárselas como puedan.

A ese respecto, el sector agroexportador norteño se ha recuperado estupendamente. Y sin ninguna ayuda del Estado. Después de la tremenda caída en las exportaciones de uvas de mesa en la temporada 2017 / 2018 – precisamente por el desastre del Niño Costero – la campaña 2018 / 2019 denota una asombrosa recuperación.

En resumen, Piura va muy bien en lo privado. Pero mal – muy mal – en lo público. Muy bien en fruticultura de exportación. Excelente en educación universitaria, con la Universidad de Piura a la cabeza. Pero pésimo en asuntos del Estado. ¡Una lástima! Lampadia

Recientemente se publicó el último informe INCORE (Índice de Competitividad Regional) elaborado por el IPE. Según el informe, los resultados indican una relación directa entre competitividad y desarrollo económico y social.

Este indicador cuantifica la posición de las 24 regiones del país mediante seis pilares: Entorno Económico, Infraestructuras, Salud, Educación, Laboral e Instituciones. Cada uno de los cuales está compuesto por varios componentes que dan como resultado un total de 46 indicadores. Con esta información se puede evaluar el desarrollo integral de cada región, así como identificar sus principales fortalezas y debilidades.

Entre los resultados más importantes tenemos que Lima continúa liderando la competitividad del país. Además, una de las regiones que ha avanzado es Arequipa, que desplazó a Moquegua del segundo lugar que vino ocupando en los últimos tres años. Dicho avance se debe a que Arequipa obtuvo mejores cifras en el pilar Laboral debido a la mejora en creación de empleo formal, pero registró un retroceso de una posición en el pilar de Instituciones.

Les siguen las regiones de Moquegua, Ica y Tacna. Estas cinco regiones se ubican en el tercio superior en más del 60% de los 45 indicadores evaluados, lo que muestra una notable ventaja respecto al resto de regiones.

Por otro lado, Cajamarca, Puno y Loreto son las regiones menos competitivas del país por quinto año consecutivo, y se ubican en el último tercio en más de la mitad de los 45 indicadores del INCORE.

Cajamarca, específicamente, es un caso trágico porque hasta hace pocos años, era la región con mayor potencial de crecimiento del país y, de haber consolidado una vocación pro inversión y desarrollado, los cuatro grandes proyectos que estaban en marcha antes de la caída de los precios de los minerales, pudo haberse convertido en la región más rica del Perú.

El sorprendente salto de Apurímac

Quizás lo más revelador del informe es que Apurímac fue la región que registró el mayor avance, que subió del puesto 19 al 14, gracias al mejor desempeño de los pilares instituciones, laboral, infraestructura y entorno económico.

Según el IPE, Apurímac es la región que escaló más posiciones en el INCORE (cinco puestos) debido al avance sustancial de los pilares Instituciones y Laboral. El primero mejoró ocho puestos, por una caída importante en el número de homicidios por cada 100 mil personas y una mayor resolución de expedientes judiciales. El segundo avanzó seis puestos, debido principalmente a la mayor creación de empleo formal y a la reducción de la brecha de género en los ingresos laborales.

Es importante remarcar que gran parte de los avances que se pueden ver en Instituciones y Laboral tienen que ver con las mejoras de entorno económico que, aunque el informe no lo destaca, pasó del puesto 16 en el 2016 al 12 en el 2017. Estas mejoras económicas que dan inicio a las mejoras en los demás pilares fueron impulsadas por el inicio de las operaciones del proyecto Las Bambas.

En anteriores ocasiones hemos presentado información sobre la evolución del crecimiento y reducción de la pobreza en la región Apurímac, que en los últimos años se ha dinamizado notoriamente, como producto del gran proyecto minero de cobre de Las Bambas, el proyecto minero de mayor envergadura actualmente operativo en el país y representó una inversión de 10,000 millones de dólares, tiene una vida útil de 18 años y representa una producción de 453,000 toneladas de cobre al año.

Es importante recalcar que este proyecto ha estado asociado a conflictos sociales, pero, a pesar de todo, el proyecto pudo ir adelante iniciando sus embarques de exportación que ha brindado una gran mejora económica y social a la región, que se debe, fundamentalmente, al crecimiento de la producción minera. En Lampadia ya hemos podido comparar cómo Apurímac aprovechó la inversión minera para dar un salto adelante en las condiciones de vida de la región. Ver en Lampadia: Apurímac: Un nuevo testimonio del aporte de la minería.

Apurímac, al igual que otras regiones con un alto puntaje como Arequipa, Ica, y Tacna son parte de la zona cuprífera donde se ubican las principales unidades mineras productoras de cobre a gran escala: Toquepala, Cuajone, Cerro Verde, Tintaya, Antapacay, Constancia y el Proyecto de Las Bambas.

Esto debe dejar claro que la inversión minera ha traído consigo un impacto altamente positivo. La minería moderna usa tecnología de punta y se integra adecuadamente con sus espacios sociales y ambientales. La recuperación del sector minero ha traído consigo el desarrollo de un sector industrial que ahora puede calificarse como el más grande, sólido, competitivo y exportador de nuestra historia. Además, se han construido carreteras y aumentando la cobertura eléctrica y de telecomunicaciones, mejorando la calidad de vida de los pueblos aledaños. (Ver en Lampadia: Al menos 80% de la reducción de la pobreza es por el crecimiento).

La minería ha creado puestos de trabajo bien remunerados e importantes ingresos fiscales. (Ver en Lampadia: Informe del Efecto de la minería sobre el empleo, el producto y recaudación en el Perú elaborado por el IPE). Este estudio demuestra que, por cada empleo generado por la minería, se crean nueve empleos indirectos en otros sectores (el sector agrícola solo crea 1/6 de empleo indirecto por cada empleo directo de su sector). Esto se puede ver en los buenos resultados de Apurímac en este último INCORE.

El INCORE es un buen indicador para identificar el nivel de competitividad de las regiones y tomar las decisiones correctas en las agendas políticas para lograr retomar su crecimiento. Como afirma el IPE, “definirá la ruta que seguirán las regiones en el futuro y las condiciones responsables no solo de su crecimiento sino también de su desarrollo, atraso o estancamiento y de las diferencias regionales.”

Para retomar la senda del crecimiento y el ciclo virtuoso del Perú, urge seguir promoviendo un alto nivel de inversión, sobretodo en el sector minero. Esta es nuestra fuente principal de crecimiento de la economía, empleo y encadenamiento con los demás sectores. Hoy, sin embargo, estamos atrapados entre la tramitología y el caos político. Lampadia

El panorama político en América Latina es muy preocupante, tanto en lo económico como en lo político, dejando vulnerables las democracias de la región. Un indicador claro del estado y la percepción de los ciudadanos con respecto a su gobierno es el Latinobarómetro. En 2018, la sensación de progreso en el país se ha reducido en 8 % a nivel Latinoamérica y, quizás más grave aún, menos de la mitad de los latinoamericanos apoya la democracia.

De acuerdo a este estudio, para el que se entrevistó a 20,000 latinoamericanos de 18 países, nunca se ha tenido esta percepción de retroceso tan grande en los 23 años que Latinobarómetro ha medido la región y el apoyo a la democracia en América Latina se encuentra en su nivel más bajo desde el año 2001. “Hay que parafrasear a la reina Isabel para describir lo que le ha pasado a América Latina, y decir que 2018 ha sido un annus horribilis para la región”, asegura la chilena Marta Lagos, directora de Latinobarómetro.

Los resultados de este año (cuadro superior) confirman que los latinoamericanos están como nunca antes insatisfechos con la salud de sus democracias, sin embargo no aumenta el apoyo a regímenes autoritarios. Según el informe, “los ciudadanos de la región que han abandonado el apoyo al régimen democrático prefieren ser indiferentes al tipo de régimen, alejándose de la política, la democracia y sus instituciones”.

Cabe recalcar que Perú y Honduras han tenido una variación porcentual tan pequeña (- 2% en ambos casos) que se considera que no hay cambio. Sin embargo, esto no quita que debería ser un motivo de preocupación la tendencia generalizada hacia un ambiente crítico o indiferente con el régimen democrático, que puede ser motivo para que surjan liderazgos autoritarios que, según la evidencia en varios países, luego de llegar al poder por la vía legal, utilizan las propias instituciones de un estado de Derecho para socavar a la democracia. 

Lo positivo es recatar que el 43% de la población todavía confía en una democracia total. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que al 27% de los peruanos les “da lo mismo un régimen democrático que uno no democrático” y que el 18% considera que “un gobierno autoritario puede ser preferente”. Esta crisis de confianza se puede ver en los niveles de aprobación, donde el Congreso peruano tiene un 82% de desaprobación.

Percepción de situación económica

La buena situación económica es escasa, viene cayendo de manera sistemática desde 2013 donde alcanzó un 25% para disminuir de manera constante y continua a 12%, menos de la mitad, en 2018.

Es importante tomar en cuenta que, según el Latinobarómetro, el Perú se ubica en la séptima posición de esta clasificación con un 11% de personas calificándola de “buena o muy buena”. Por otro lado, Chile es el país que encabeza la lista de los países que más declaran “buena” situación económica con un 26%, le sigue Uruguay con 21%, Bolivia con 18% y Ecuador con 17%.

¿Y qué tan satisfechos estamos con el funcionamiento de la economía en nuestro país? Según el cuadro superior, solo el 9% se considera satisfecho. ¿Por qué? La corrupción y la falta de información sobre el manejo de las agendas hace que se creen mitos y falsedad que terminan perjudican a la democracia a los gobiernos. En su diagnóstico, el informe detecta un bajo estado de ánimo social “alimentado por una creciente discrepancia entre las mayores demandas de los ciudadanos y la falta (real o percibida) de capacidad para resolver los problemas por parte de las élites políticas, cuya reputación se ha visto mermada por escándalos de corrupción en los últimos años”.

Tendencia global

Es lamentable que el racional sobre el debilitamiento de la democracia liberal y la economía de mercado (que viene de EEUU y Europa) se haya generalizado hasta América Latina. Esto ha permitido que se vayan construyendo mitos que son aprovechados por los políticos populistas, que están desestabilizando el mundo de nuestros días, cuando la realidad, como lo demuestran Hans Rosling y Stephen Pinker, entre otros pocos investigadores serios, es todo lo contrario.

La verdad, como hemos explicado anteriormente es que, durante las últimas décadas, en los países emergentes, se ha producido un aumento sustancial del bienestar y la desigualdad se ha reducido dramáticamente. Ver en Lampadia: 7 ensayos sobre la prosperidad, Las dos caras de la desigualdad en el mundo y Contundente reducción de la desigualdad.

Como hemos afirmado en Lampadia, hay una realidad política que tiene que ser enfrentada, con una propuesta de cambio que necesariamente tiene que abarcar:

• El refrescamiento de la democracia
• La limpieza del manejo de la cosa pública
• La participación de los jóvenes en el diseño del mundo de la Cuarta Revolución Industrial.

En esencia, en lugar de cementar apuradamente una nueva realidad política, hay que invitar a las juventudes, empresarios, académicos y políticos a participar en la búsqueda de un camino positivo que nos permita crecer y nos brinde el bienestar general que todos añoramos. Lampadia

La encuesta del latinobarómetro
Los latinoamericanos están desalentados por la democracia

Los votantes de la región están cada vez más insatisfechos con la política en sus países. Eso es preocupante

The Economist
8 de noviembre, 2018
Traducido y glosado por Lampadia

La democracia en América Latina está en problemas. Ese es el mensaje de la encuesta de opinión de este año en 18 países realizada por Latinobarómetro, un encuestador con sede en Santiago, Chile. La proporción de personas que no están satisfechas con el funcionamiento de la democracia ha aumentado del 51% en 2009 al 71%. La participación de los que están contentos ha bajado del 44% al 24%, su nivel más bajo desde que comenzó la encuesta hace más de dos décadas (ver cuadro 1 y cuadro 2).

Eso no significa que la mayoría de los latinoamericanos estén listos para deshacerse de la democracia, que se ha convertido en la norma en toda la región desde los años ochenta. Más de la mitad dice que es mejor que cualquier otro sistema, aunque se ha reducido en 13 puntos porcentuales en los últimos ocho años. Demócratas desilusionados se inclinan hacia la indiferencia. La proporción de personas neutrales ha aumentado del 16% en 2010 al 28%, mientras que el apoyo al gobierno autoritario es constante, alrededor del 15%. “A la gente no le gusta la democracia que están experimentando”, dice Marta Lagos, la jefa de Latinobarómetro.

En los dos países más grandes de América Latina, Brasil y México, ese sentimiento ha resultado en la elección de presidentes este año, quienes hasta hace poco habrían sido considerados demasiado radicales para dirigir a sus países. Si la desilusión se profundiza, las elecciones futuras podrían traer presidentes que prueben las normas democráticas de la región.

La mayoría de los latinoamericanos viven en países donde sus votos se cuentan con precisión. Eso no significa que estén contentos, como lo demuestran las 20,000 entrevistas de Latinobarómetro, realizadas desde mediados de junio hasta principios de agosto de este año.

Los votantes tienen muchas razones para quejarse. El crecimiento en el PBI por persona ha disminuido considerablemente desde la crisis financiera mundial de 2009. La economía de Venezuela se ha desplomado y Brasil ha sufrido la peor recesión de 2014 a 2016. La percepción de que los ingresos se distribuyen de manera justa se ha desplomado del 25% en 2013 al 16%. Esa creencia puede estar equivocada. El coeficiente de Gini, una medida de la desigualdad, ha estado cayendo en los países más grandes. Pero, a nivel individual, la percepción de la desigualdad de una persona se encuentra entre los factores más fuertes para predecir su descontento con la democracia.

Las preocupaciones económicas son de las principales de los ciudadanos en la mayoría de los países. Solo en Venezuela, más de la mitad de la gente dice que no tiene suficiente para comer. El promedio regional, sin embargo, es todavía un sorprendente 27%. La delincuencia es la segunda queja principal, liderando la lista de preocupaciones incluso en algunos países relativamente seguros, como Chile y Uruguay. La corrupción es otra gran queja. Dieciocho ex presidentes y vicepresidentes han sido implicados en escándalos de corrupción, incluso en Argentina, Brasil, Ecuador y Perú. La proporción de latinoamericanos que piensan que sus países van en la dirección equivocada excede la proporción de quienes piensan que están progresando en ocho puntos, la brecha negativa más grande desde 1995.

Esto ha golpeado la credibilidad de las instituciones. Solo las fuerzas armadas y la iglesia, instituciones poderosas antes del advenimiento de la democracia de masas, conservan mucho respeto (ver gráfico 3). La mitad de los latinoamericanos cree que todos o casi todos los presidentes y legisladores están involucrados en la corrupción. La proporción de personas que piensan que las élites gobiernan para su propio beneficio ha aumentado constantemente durante la última década; en ninguna parte cae por debajo del 60%. Cada vez más, los votantes se desvinculan de la política. Por tercer año consecutivo, el número que dice que no votará por ningún partido político es mayor que el número que dice que votará por uno.

Los pobres están más alienados que los ricos y la clase media. Las personas que están muy atrás se quedan rezagadas con respecto a las personas prósperas en más de diez puntos porcentuales en su nivel de apoyo a la democracia. Los jóvenes son más escépticos que los viejos, lo que es un mal presagio para el futuro de la democracia. Cerca de 200 millones de latinoamericanos con bajos niveles de educación, alrededor del 30% del total, son los votantes más propensos a arremeter contra políticos y partidos establecidos, y elegir líderes que prometen resolver problemas con una “varita mágica”, escribe Latinobarómetro en una nota analítica que acompaña los resultados. La encuesta, que tiene un margen de error del 3% por país, es publicada exclusivamente por The Economist.

En Brasil, donde la satisfacción con la democracia es la más baja entre los 18 países, la desilusión abrió el camino para que Jair Bolsonaro, un antiguo paracaidista que exalta la dictadura de 1964-85, gane la presidencia el mes pasado. Tenía un fuerte apoyo de brasileños bien educados.

En julio, México eligió a Andrés Manuel López Obrador, un populista de izquierda cuyo partido Morena tuvo su primera elección en 2015. No es partidario de la dictadura, propone cambiar la forma en que funciona la democracia al entregar más decisiones a los votantes a través de referendos. A Lagos le preocupa que la democracia en Argentina sea vulnerable. Su economía está entrando en recesión y la proporción de personas que se llaman clase media se redujo en 14 puntos desde 2013 hasta 2018, la mayor caída de este tipo en la región.

En los países cuyos líderes están desmantelando la democracia, los ciudadanos la aprecian más. Aunque solo el 12% de los venezolanos están contentos con la forma en que funciona su “democracia”, el 75% prefiere la democracia a cualquier otro sistema. En Nicaragua, donde el régimen cada vez más dictatorial de Daniel Ortega ha estado reprimiendo las protestas desde abril, la satisfacción con la democracia cayó del 52% el año pasado al 20%, pero más de la mitad de las personas aún apoyan el sistema. Alentadoramente, el buen gobierno también refuerza el apoyo a la democracia. Los prósperos Uruguay, Costa Rica y Chile, donde el estado de derecho está relativamente bien establecido, son los países más satisfechos con el funcionamiento de la democracia. Lampadia

Hay quienes afirman que el Perú es una “Republica Empresarial” en la que las políticas públicas se dan en función de los intereses de los empresarios. Se han planteado edulcoradas teorías respecto de cómo los supuestos “Dueños del Perú”, son los grandes empresarios, que tendrían bajo su control las políticas públicas, que dirigirían según sus intereses. Esta hipótesis es utilizada para identificar a los grandes empresarios,como los culpables de los múltiples problemas del país, figurándolos alejados del mercado y de la democracia.

En realidad, este supuesto control empresarial es una influencia vaga, volátil, con muchas indefiniciones y niveles intermedios. En múltiples ocasiones los sectores hostiles a la inversión privada consiguen avanzar en políticas públicas sumamente nocivas para la actividad empresarial y para los supuestos “Dueños del Perú”. Estas políticas públicas no amenazan únicamente las fortunas personales de algunos individuos, sino también el dinamismo económico del que depende la reducción de la pobreza en el país. Por ello implican un riesgo para los intereses empresariales, y para el bienestar de la inmensa mayoría de peruanos.

Como ejemplo de la lejanía o incapacidad de la defensa de intereses empresariales, por parte de los supuestos dueños del país, podemos mencionar tres casos frente a los cuales los empresarios y sus gremios no han sido capaces de tomar medidas oportunas, relevantes y concertadas, acordes con los intereses del país ni con los suyos propios.Tres casos de prevalencia de las agendas de los anti-mineros, sobre las del país:

1. El mito de las cabeceras de cuenca
2. La “indigenización” de la población rural
3. La “Justicia Intercultural”

Veremos cómo en estos tres ámbitos los anti-mineros han mostrado un avance sostenido que no ha sido evitado, por quienes consideran que la minería puede ser un motor de desarrollo para el país. Esas tres líneas de incidencia van minando gradualmente el potencial minero del país y pueden hacer que el Perú sea, literalmente, “un mendigo sentado en banco de oro”.

El mito de las cabeceras de cuenca

El caso de las cabeceras de cuenca fue alertado desde Lampadia, una vez promulgada la ley de “Protección de las Cabeceras de Cuenca” que da a la ANA la potestad de declarar intangibles, áreas del territorio nacional. A esto se agrega que se brinda legitimidad pública a la anticientífica creencia, al mito de la existencia de “zonas generadoras de agua” que desconoce el ciclo del agua y los patrones de precipitación en los diversos pisos ecológicos del país. Esta falacia es uno de los pilares discursivos de los activistas anti-mineros. En Lampadia hemos tratado los múltiples aspectos negativos y tendenciosos de esta ley. Ver: Deroguemos norma sobre ‘cabeceras de cuenca’, Centrando el debate sobre las cabeceras de cuenca.

El debate público respecto a esta ley nos muestra que, al momento que la misma era materia de discusión en el Congreso, no hubo participación relevante del sector minero para contrapesar los esfuerzos de incidencia de los anti-mineros en los agentes decisores. Como se puede apreciar, las instituciones hostiles a la minería, tales como AIDESEP (Celebre promotor del “Baguazo”) fueron escuchados por los congresistas frente a la inacción del sector privado que no hizo llegar ningún parecer criticando los supuestos falsos de la ley, ni evidenciando a la opinión pública, los riesgos que su aprobación traería para la minería metálica en los pisos alto andinos. 

Finalmente, la ley fue aprobada por un Congreso con mayoría de Fuerza Popular y promulgada por un Ejecutivo de Peruanos Por el Kambio, firmada por Fernando Zavala y por el mismo Pedro Pablo Kuczynski, a pesar de las opiniones previas, contrarias de la PCM y del Ministerio del Ambiente. Ambas fuerzas políticas (legislativo y ejecutivo) se asumen como defensoras del rol de la inversión privada, pero terminaron aprobando una ley concebida y promovida por instituciones y personas directamente involucradas en la promoción de conflictos sociales en contra de la minería.

Para nuestra sorpresa, hemos escuchado a algunas personas del sector público, defender una ley que ha sido considerada como un gran avance por los enemigos de la minería.  Esto nos señala los resultados del esfuerzo discursivo hegemónico de los anti-mineros frente a la inacción del empresariado y de sus gremios. ¿Cuántos eventos, estudios, apariciones en medios, o presentaciones frente al Congreso desplegó el sector privado para impedir que se promulgara semejante ley? La élite empresarial ha regalado a los anti-mineros un instrumento de política y de discurso de gran importancia para sus objetivos de impedir el desarrollo minero del Perú.

“Indigenización” de la población rural

Otra de las líneas de incidencia desplegadasha sido la “indigenización” de la población rural. ONGs y movimientos políticos hostiles a la minera han realizado esfuerzos sostenidos encaminados a que el mayor segmento posible de la población sea considerado por el Estado como parte de los “pueblos originarios”.

Por ello,diversas organizaciones hostiles a la minería, y del Ministerio de Cultura, realizaron un gran esfuerzo que para incluir una pregunta de auto-identificación étnica en el reciente Censo. Para los anti-mineros los “indígenas” constituyen un potencial “sujeto histórico” dado que, gracias a sus peculiaridades culturales, es menos sensible a los sentidos comunes del neoliberalismo.

Podemos estar seguros que los resultados de la pregunta de auto-identificación podrían desencadenar una dinámica política muy funcional a los grupos anti-mineros, pues en aquellas áreas en las cuales una mayoría de la población se haya identificado como indígena podría ser políticamente más viable el exigir que las mismas sean reconocidas oficialmente como territorios indígenas y jurídicamente especiales. Esto debería ser preocupante para el sector minero puesto que se puede deslegitimar los acuerdos entre las empresas y la población local. Se podría argüir, inclusive a posteriori, que dichos acuerdos no reúnen los estándares nacionales e internacionales de relacionamiento con pueblos indígenas, tales como la Consulta Previa y el Acuerdo 169 de la OIT.

Tanto en el Censo como en el caso de la Ley de Cabeceras de Cuenca, los anti-mineros realizaron años de esfuerzos con el fin de impulsar en primer lugar la presencia de preguntas específicas en el formato y en segundo para que la formulación de la misma sea la más afín posible a sus intereses. Desde el año 2015, organizaciones como ONAMIAP -de clara vocación anti-minera- han participado en mesas de trabajo conjuntas con el INEI, y posteriormente desplegando una intensa campaña de promoción de la auto-identificación indígena. Por el lado del sector privado, se han empezado a visibilizar los graves defectos técnicos en el diseño de la pregunta; pero en menor medida los riesgos sociales que se derivan de la misma. Tampoco se dio incidencia directa con el INEI como la que fue realizada por las organizaciones anti-mineras.

Justicia Intercultural

La justicia intercultural es otra de las líneas de incidencia permanente por parte de los grupos anti-mineros. Este enfoque impulsa un separatismo jurídico en la población rural y urbana que tenga modalidades de organización paralelas al Estado. Considera que existe una justicia originaria que preexiste a aquella del Estado Peruano. Para quienes impulsan este enfoque las rondas campesinas, comunidades campesinas y pueblos nativos tienen derecho a administrar justicia en “sus territorios” sin interferencia del sistema judicial nacional excepto en caso de graves violaciones de derechos humanos.

Justicia ordinaria y justicia indígena, justicia alternativa, justicia comunal, justicia rondera
Fuente: SERVINDI – Comunicación intercultural para un mundo más humano y diverso

Este enfoque es defendido por una muy activa coalición en diversos estamentos. Por un lado, el presidente del Poder Judicial está plenamente comprometido con impulsar la justicia intercultural. Es especialmente relevante que se hayan creado múltiples cursos de “pluralismo jurídico” en las que se forma a los jueces. Desde la sociedad civil, el principal actor es el Instituto Internacional de Derecho y Sociedad que se dedica a dar la batalla de ideas, brinda apoyo legal a movimientos anti-mineros y divulga sus ideas entre los movimientos sociales. La justicia intercultural tuvo entre sus aliados a la ex ministra de justicia Marisol Pérez Tello, quien hizo lo posible por fortalecer esta corriente.

La justicia intercultural significa un grave riesgo para el sector extractivo. Brindaría a organizaciones sociales,que pueden ser fácilmente capturadas ideológicamente por los anti-mineros -como lo son las rondas campesinas-, prerrogativas semejantes a las del Poder Judicial. Es difícil pensar que un inversionista considere que tiene seguridad jurídica si sus operaciones dependen de los “fallos” que brinden organizaciones rurales, atomizadas, inestables y potencialmente ideologizadas.

Quienes han estudiado la conflictividad social ligada a la minería saben que los grupos promotores de conflictos se aprovechan de las debilidades del Estado en las provincias alejadas para crear zonas de impunidad para el uso de la violencia. La fragmentación jurídica del Estado incrementaría notablemente las zonas en donde grupos locales podrían volverse autónomos para ejercer la justicia al margen del sistema jurídico nacional.

Quienes impulsan la justicia intercultural realizan eventos académicos, enseñan diplomados, dictan capacitaciones a jueces, inciden sobre funcionarios públicos y coordinan con organizaciones sociales. Mientras tanto, la mayoría del sector privado ni siquiera es consciente de esta amenaza. En un campo de juego abandonado por una de las partes solo se puede esperar un resultado, la victoria de quien está en la cancha.

Como podemos ver los anti-mineros tienen líneas de acción en las que han logrado avances sistemáticos mientras que el sector minero no toma las medidas correspondientes. Es posible que, en algunos años, ya con los hechos consumados, esta sea una decisión de la que se arrepientan los empresarios, con profundas consecuencias para el país en su conjunto.

Los grupos anti-mineros avanzan en su agenda política conuna militancia activapara hacerla realidad en Perú.

¿Cuándo es que las élites empresariales y sus gremios van reaccionar y asumir una postura más activa en la formulación de las políticas públicas? La realización o frustración del potencial minero y la reducción de la pobreza en el Perú dependerá de ello. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
Gobernador Regional de Ica
Ica, 13 de setiembre de 2017
Para Correo Ica y Lampadia

Todo el mundo conoce el refrán… “del amor al odio hay solo un paso”. Pero ¿qué significa – realmente – el famoso refrán? ¿Qué vincula a una situación con la otra, a pesar de estar – cada cual – en las antípodas? ¿Es que se puede pasar del amor al odio, así como así… de buenas a primeras? 

La respuesta es sí. Veamos – si no – lo que está pasando en la Beneficencia Pública de Chincha. De buenas a primeras… la institución ha dejado de ser beneficencia… y se ha convertido en maleficencia. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué – aparentemente, sin ton ni son – la institución emblemática de los pobres de Chincha, ha pasado del bien al mal?

Muy sencillo… hay un ton y un son que la han aletargado. El ton y el son que ha producido este letargo… tienen nombre y cargo. El nombre es Alberto Oliva, y el cargo… Congresista de la República. La pregunta es ¿qué hace un Padre de la Patria en la gestión – por lo bajo – de una institución asistencial, tan importante para la gente pobre? ¡Clientelismo político pues… ese es el tema!

Estamos ante un grave atropello. Los testimonios de los funcionarios removidos recientemente son – recontra – comprometedores. El directorio ha dejado de funcionar con la fluidez de siempre. Las nuevas designaciones de cargos administrativos se están haciendo de manera arbitraria. Cero meritocracias. Los típicos emisarios – “del padrino” – están requiriendo información de obras – léase nichos – que están por hacerse, y relaciones de cargos – con remuneraciones asignadas – para ver cómo repartir la torta entre “los ahijados”.

¿Y los pobres… que son la razón de ser de la institución? Mal… muy mal. Los niños desamparados, los indigentes, los menesterosos… a quienes la beneficencia asistía con comida, vestido, medicinas, techo, y – hasta – sepultura están sufriendo las consecuencias. ¡No hay derecho!

Aunque – de hecho – lo va a negar, Oliva ha puesto recientemente a 3 – de los 5 – directores de la Beneficencia Pública de Chincha. Al presidente y vicepresidenta… ambos en representación del Ministerio de la Mujer, y a la representante del Ministerio de Vivienda. Obviamente, las resoluciones de nombramiento provienen del Ministerio de la Mujer y del Ministerio de Vivienda… como corresponde.

Pero lo que Oliva no puede negar, es que los personajes en cuestión son “sus patas”. El común denominador es la Universidad Inca Garcilaso de la Vega – filial Chincha – donde Oliva era el mandamás, hasta que fue elegido congresista.

Y ¿qué vela tengo yo en este entierro? Pues la tengo; 2 directores de la beneficencia son designados por el Gobierno Regional… uno en representación de la Dirección Regional de Salud, y otro de la Dirección Regional de Educación. De modo que no solo tenemos injerencia en la gestión de la beneficencia, si no – también… y, sobre todo – responsabilidad.

En realidad, no es la primera vez que Oliva hace gala de su “poder” congresal. La designación de “su pata” Renzzo Sotelo como Prefecto de Ica, fue patética. Sí… Renzzo con doble “Z”. Pero le salió el tiro por la culata. Aquel badulaque que dijo – públicamente – que el epicentro del Terremoto del 2007 no fue en Pisco, sino en Chincha; y que la intensidad del sismo no fue de 7.9° sino 8.3°, duró – gracias a Dios – muy poco en el cargo. Habló tanta insensatez en tan poco tiempo que – como tenía que ser – su resolución de destitución salió sin siquiera un “gracias” de por medio.

Pues bien… así estamos. He aquí mi opinión crítica… y mi protesta. ¡Pobres… los pobres de Chincha! La Beneficencia Pública está siendo avasallada. Veremos en qué termina todo este embrollo. Pero ahí estaremos nuestros directores y el Gobierno Regional para luchar – en minoría – contra el clientelismo político. Eso que tanto hace Oliva… pero que tanto le molesta cuando alguien se lo enrostra. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

La presentación de la presidenta del Consejo de Ministros en el Congreso este jueves para buscar el voto de investidura no debe consistir en más de lo mismo con dos o tres pequeñas ideas nuevas, sino que debe ir al fondo de los problemas que bloquean nuestro desarrollo y debe hacer cuestión de confianza en torno a la necesidad de abordarlos de una vez. Claro que para eso habría sido mejor haberlos planteado en las conversaciones que ha tenido con las distintas bancadas, pero aun cuando no lo haya hecho, no es razón para no plantearlos directamente en el Pleno, porque son verdad y la verdad no podría ser objeto de censura en una democracia.

No vamos a entrar aquí en el detalle de los temas, que ya son conocidos. Hablamos de la reforma política, de una profunda reforma del sistema judicial, de la descentralización, del servicio civil, del sistema de protección social que incluye salud, el sistema de pensiones y la reforma laboral, principalmente. Pero, como he señalado en una columna en El Comercio, algunas de estas reformas son kryptonita para los legisladores y para el propio Ejecutivo, porque se cree que pueden ser impopulares y en medio de tanta precariedad del sistema político, lo último que se quiere es sucumbir ante eventuales movilizaciones.

El caso paradigmático es el de la reforma laboral. Se le huye como al cuco. Y esto ocurre pese a que los beneficiarios de tal reforma serían las grandes mayorías, que podrían tener ahora sí la esperanza de acceder a empleos formales con beneficios y derechos. Sin embargo, en la medida en que esas mayorías carecen de “conciencia de clase” en este tema y más bien una pequeña parte de las minorías protegidas por el sistema sí están organizadas y pueden movilizarse, no hay quien quiera desafiar al tigre de papel.

Esto tiene una solución, que vamos a describir más adelante. Mientras tanto la experiencia nos dice queel discurso de que la reforma laboral pretende recortar derechos, precarizar el empleo y despedir gente, tendría alguna llegada incluso entre las mayorías desprovistas de todo derecho alguno y que viven en la precariedad laboral más absoluta. Aparentemente porque querrían alcanzar el status de los privilegiados y suponen que la reforma laboral les negaría el sueño.

Entonces hay un problema serio de comunicación, cuya batalla ha sido ganada largamente por la izquierda y por los sectores interesados. Pero ese problema tiene solución, precisamente con una estrategia de comunicación bien diseñada, que debería ser aportada como una contribución gratuita por las empresas de comunicación conscientes del problema.

La reciente encuesta de Ipsos (setiembre) sobre estos temas nos dan clave de lo que está ocurriendo, y podrían sugerir pautas para tal estrategia. Cuando se pregunta si, para promover el empleo, ¿estaría de acuerdo con una legislación que proponga “facilitar la libre contratación y el despido de trabajadores”?, el 60% se manifiesta en desacuerdo (ver cuadro).

Fuente: Ipsos

Como vemos, solo en el sector A son más los que están de acuerdo. En todos los demás, y particularmente en el C y E, el desacuerdo es mayoritario. Eso ocurre en mayor medida incluso en el sector E, donde probablemente muy pocos sean formales en planilla. Quizá precisamente porque al no estarlo pueden ser despedidos en cualquier momento, o porque su trabajo es muy inestable y precario, añoran una situación de más estabilidad.

La tarea de una campaña de comunicación sería persuadir de que la reforma planteada permitirá que todos puedan acceder a una mayor estabilidad y a otros beneficios, como veremos.

Por lo demás, la pregunta se formula en los mismos términos que usa el discurso político para desacreditarla: que la reforma laboral sería para facilitar el despido de trabajadores. Ese discurso probablemente ha calado, y empata paradójicamente con la situación precaria de los excluidos de la legislación laboral.

Pero cuando la misma encuesta pregunta: “Si una empresa decide despedir a un trabajador, ¿cree que la empresa debería…?”, sólo un 23% responde: “No debe despedirlo. Si lo despide solo porque no trabaja bien, el Estado debe ordenar su reposición en la misma empresa”. Es decir, lo contrario de la pregunta anterior. Más bien un 13% responde que la empresa debería “darle una indemnización de medio sueldo por año de servicio”, un 36% que debería “darle una indemnización de un sueldo por año de servicio”, un 17% “darle una indemnización de un sueldo y medio por año de servicios” …

Fuente: Ipsos

Es decir, la gran mayoría precarizada es en el fondo realista y tiene sentido común. Sabe que es absurdo que el Estado imponga la permanencia de un trabajador que no trabaja bien. Y si, en lugar de eso, el despedido recibe una indemnización justa, eso es mucho mejor que no recibir nada que es lo que ocurre en el mundo de la mayoritaria informalidad. Ni siquiera es la indemnización más alta la que tiene más preferencia.

Las mayorías que viven en la precaria informalidad laboral desearían la estabilidad absoluta, por supuesto. Pero saben que es imposible.Y saben que más realista y mucho mejor que su situación actual sería una indemnización adecuada. Es por allí que tendría que ir una campaña de comunicación.

Es decir, cuando la pregunta plantea las opciones concretas ante una situación concreta, y no usa los términos del mito, del discurso político, la respuesta cambia por completo y más que se invierte. Ese 23% que prefiere la definición operacional de la estabilidad laboral absoluta, es incluso algo menor al porcentaje de trabajadores formales en nuestro país.

No solo eso, la encuesta permite desmontar otros mitos en torno a la legislación laboral. Como podemos ver en el siguiente cuadro, la población, por ejemplo, estaríalargamente de acuerdo con que las gratificaciones de Fiestas Patrias y Navidad sean pactadas libremente entre empresas y trabajadores, en lugar de que sean obligatorias y fijadas por ley. Lo curioso aquí es que la proporción de los que están de acuerdo con esto es aún mayor en los niveles socio económicos inferiores, donde las gratificaciones, por supuesto, no existen en la práctica.   

Fuente: Ipsos

Lo mismo ocurre cuando se pregunta si estaría de acuerdo con una legislación que proponga que el número de días de vacaciones sean pactados libremente por empresas y trabajadores. La gran mayoría prefiere eso seguramente porque querría vendersus vacaciones.

Fuente: Ipsos

Podríamos decir que lo mismo ocurre con los políticos: una mayoría de los congresistas de Fuerza Popular y de las demás bancadas, salvo por supuesto las dos de izquierda, saben que la legislación laboral es hondamente excluyente y necesita ser reformada, y que es necesario que el Tribunal Constitucional cambie su interpretación del artículo 27 de la Constitución, o que el propio Congreso precise ese artículo en el sentido de que la indemnización constituye protección adecuada al despido. Lo saben, y saben que es un tema que debe ser resuelto, pero no lo abordan por temor político.

La manera de disipar ese temor es exponiéndoles una campaña de comunicación que logre presentar la reforma en los términos que señalan las preguntas que hemos analizado y que la gente aprueba, y que explique bien las ventajas que todos obtendrán de una reforma como esa.

Algo así ya se hizo con ocasión del tratado de libre comercio de Estados Unidos. La opinión mayoritaria era contraria. Pero se organizó una campaña bien estructurada que incluyó televisión, prensa, publicidad, comunicación social y conferencias en universidades, entrevistas en radios, etc., y al final la opinión pública se volteó ampliamente a favor.

Lo mismo debe hacerse ahora, incluyendo esta vez las redes sociales. He conversado con un empresario líder en el área de comunicación y me dijo que a él le encantaría dirigir una campaña así, y lo haría ad honorem. Muchos podrían sumarse ad honorem, como una contribución a una causa social y nacional de gran trascendencia. Podría ser asumida por una universidad o un grupo de universidades y centros de investigación que, de paso, organicen debates al respecto.

Es hora de la movilización de las fuerzas interesadas en el desarrollo del país y en la inclusión legal y económica de las grandes mayorías. Alguien tiene que tomar la iniciativa.

La construcción de instituciones sólidas y el respeto hacia ellas por parte de los ciudadanos, es una de las más importantes tareas pendientes del país. Su atraso y muchas veces su deterioro, ha sido incluso aprovechado para desmerecer nuestros avances sociales y económicos desde que regresamos al mundo global con la Constitución de 1993.

El pasado domingo primero de octubre, El Comercio publicó el estudio de IPSOS. ¿En qué instituciones confían los peruanos?, que queremos compartir y analizar.

ENCUESTA NACIONAL URBANO-RURAL realizada por Ipsos Perú
Número de registro: 0001-REE/JNE. Sistema de muestreo: Probabilístico polietápico. Muestra: 1.276 entrevistados. Fecha de aplicación: del 13 al 15 de setiembre del 2017. Margen de error: ± 2,7%. Nivel de confianza: 95%. Universo: Hombres y mujeres de 18 años a más. Página web: www.ipsos.pe. Email: Guillermo.loli@ipsos.com

Además de la constatación de debilidades muy importantes, hay, sin embargo, algunos desarrollos muy positivos, especialmente en el ámbito del Estado. Entre las que destacan la Reniec y el Banco Central de Reserva (BCR).

La Reniec ha logrado modernizar sus sistemas y acercarse a los ciudadanos con servicios accesibles y eficientes. El caso del BCR encierra mensajes que debemos analizar con cuidado. Por su naturaleza, el BCR está, evidentemente, muy alejado de los ciudadanos, tanto del conocimiento general, como de una relación de servicio. ¿Qué puede entonces, explicar su alta valoración?

En nuestra opinión, el BCR es el depositario del reconocimiento de los ciudadanos, de la aprobación de la estabilidad macroeconómica que eliminó 25 años de inflación. Una de las peores de la historia mundial, que arrancó a inicios de los años 70 con la dictadura militar y terminó en una hiperinflación desbocada a inicios de los años 90; habiendo destrozado, en el camino, los ingresos de todos los peruanos, especialmente de los sujetos a ingresos fijos, como los servidores del Estado y de los jubilados. Un verdadero crimen del que aún no hemos hecho un buen balance.

Pero la intuiciónde nuestro pueblo, beneficiario del gran cambio que se produjo, desde el estancamiento y empobrecimiento que nos impuso la aventura izquierdista de Velasco, hasta el crecimiento, reducción de la pobreza y de la desigualdad, con el advenimiento de nuestra incipiente economía de mercado; tal como hizo en las elecciones de abril 2016, sabe que su futuro de prosperidad depende de mantenerel crecimiento y la estabilidad económica.

Ver en el siguiente cuadro, como el BCR ha pasado de un nivel de aprobación de solo 28% en 1989, a 64% este año. Este cuadro, gentilmente proporcionado por IPSOS, nos muestra la evolución del indicador de confianza desde 1989 para varias instituciones.

En Lampadia hemos graficado (con la misma escala) la información de algunas instituciones representativas de un período especialmente importante de nuestra historia económica y social, pues entre 1989 y 2017, pasamos del ensayo ‘estatista-izquierdista-anti-inversión-privada’ de ‘Velasco-Morales-Belaunde-García’, al Perú de las clases medias, del desarrollo rural, de las nuevas exportaciones, y de la multiplicación del PBI per cápita. Veamos:

Como podemos ver, más allá deReniec y del BCR, las Empresas Privadas, las Municipalidades Provinciales, el Poder Ejecutivo, la CGTP, el Congreso, la Confiep y los Partidos Políticos, comparten niveles de aprobación absolutamente decepcionantes, que deben llamarnos a una profunda reflexión.

Algo importante de destacar, es que el estudio de IPSOS recoge reacciones de la opinión pública muy asertivas. Por ejemplo, en el caso de Confiep, pasó de 21% (2010), a 29% (2011), y a 20% (2012); un salto y caída significativos, que la población recogió cuando Confiep hizo, el 2011, su campaña en pro de la difusión y defensa de la economía de mercado.

Es evidente que nuestros ciudadanos, desde la lejanía de su pensamiento individual, están muy cerca de medir, reaccionar, valorar y rechazar, la calidad de las instituciones que están llamadas a defenderlos y darles predictibilidad para el desarrollo de sus vidas. Lampadia

La respuesta a esta pregunta es más complejo de lo que parece ya que hay varios factores que interactúan en un entorno dinámico y cambiante. Para entender todas las diferentes piezas del rompecabezas de la riqueza y cómo encajan, queremos compartir con nuestros lectores un video de Marginal Revolution University, una institución que crea videos interactivos sobre distintos temas económicos.

Este video explica por qué algunos países son ricos y otros pobres con cuatro piezas esenciales:

1. La productividad
   Aquí se explica cómo el capital físico, el capital humano, el conocimiento tecnológico y los emprendedores encajan entre sí para estimular una mayor productividad en una población. El video se enfoca en mostrar el crecimiento económico como una función de los factores de producción de un país y qué inversiones se puede hacer para mejorar y aumentar estos factores de producción.
    
2. Los incentivos
   Se muestra cómo diferentes incentivos producen resultados diferentes en distintos sectores de la economía.
    
3. Las instituciones
   Las instituciones, mediante herramientas como los derechos de propiedad, normas culturales, leyes confiables y estabilidad política, crean incentivos de diferentes tipos.
    
4. La riqueza
   Porque la pieza final del rompecabezas es la combinación de la historia, las ideas, la cultura, la geografía, etc.

En Lampadia queremos compartir con nuestros lectores este video para ayudar a explicar por qué algunos países siguen siendo relativamente pobres, mientras que otros son exitosos en la transición de ingresos medios y de ahí a la situación de ingresos altos. Esperamos que las lecciones sean iluminadoras y logren transmitir las necesidades de nuestro país para poder retomar la senda de crecimiento. Lampadia

Hoy en día está en proceso de desarrollo ‘la buena SUNAT’ que ofreció el gobierno de PPK y encargó a Víctor Shiguiyama. Durante el gobierno del nacionalismo, se dio rienda suelta a los fiscalizadores para que encontraran nuevos pozos de eventuales recursos fiscales. Esto llevó a comportamientos disfuncionales, pues el personal del ente recaudador tenía beneficios monetarios directos vinculados a la recaudación.

La Metamorfosis de la SUNAT

Así fue que durante los últimos años, los fiscalizadores de la SUNAT empezaron a cuestionar todo tipo de normas tributarias y prácticas de supervisión, que al reinterpretarse por ellos, podían generar nuevas fuentes de recaudación. Lo mismo pasó con acciones de control menores, por las que se empezaron a cuestionar y observar multiplicidad de gastos.

Estas prácticas determinaron que por algún tiempo, las empresas terminaran pagando más impuestos que los determinados por las tasas  nominales del impuesto a la renta. Pero, además, en algunos casos (como el que analizamos líneas abajo), se generaron conflictos mayores por la incidencia de cambios de  reglas de juego que tenían altos impactos económicos en una serie de empresas.   

El sistema de incentivos que se estableció en la SUNAT distorsionó completamente la gestión de la institución y contrarió su misión.

La SUNAT ha llegado incluso a poner en entredicho la sacrosanta vigencia de los contratos de estabilidad tributaria, que en contra de los relatos de los enemigos de la economía de mercado, no exoneran del pago de ningún impuesto, solo establecen que las  normas tributarias vigentes a la firma del contrato se mantengan por el plazo de los mismos. En otras palabras, si los impuestos suben, las empresas con convenios seguirán pagando lo establecido al momento del contrato y, si los impuestos bajan, las empresas seguirán pagando las tasas más altas, a no ser que renuncien a los contratos. Estos contratos establecen garantías que promueven la inversión privada y no pueden ser modificados ni dejados sin efecto unilateralmente por el Estado.

La siguiente sumilla explica la importancia de dichos contratos:

Contratos de estabilidad tributaria

A inicios de los años 90, el Reino Unido (RU) devaluó la Libra Esterlina en 15%, los inversionistas consideraron que el ajuste había corregido los desbalances y se volcaron a invertir.

Al mismo tiempo, Brasil hizo una devaluación de 15%, pero ésta fue considerada el inicio de un problema mayor, y los inversionistas salieron de sus posiciones.

¿Qué explicó la diferencia en el comportamiento de los inversionistas? – La historia. Mientras el RU tenía una reputación impecable y merecía la confianza de los inversionistas, Brasil llevaba atrás una larga historia de incumplimientos que lo hacían un país no confiable.

Como sabemos los peruanos, cuando en los años 90, en el Perú se crearon las condiciones internas para atraer inversiones mineras y otras, teníamos que establecer un mecanismo que permitiera que nuestra mala historia crediticia, no inhibiera inversiones de largo plazo. Solo en los años 80 tuvimos dos cortes del pago de la deuda externa, primero con Belaunde el 82, y luego con García el 86.

Fue así como el Perú recurrió a establecer ‘Convenios de Estabilidad Jurídica’ y ‘Contratos de Estabilidad Tributaria’, que permitieron una gran dinamización de las inversiones y toda la recuperación económica y social del Perú hasta la primera década del 2000.

Hasta hace pocos años, el respeto de estos contratos ha sido clave para mantener el prestigio del Perú como un serio receptor de inversiones extranjeras.

Si esta anotación no es suficiente para hacer notar la necesidad de garantizar predictibilidad tributaria a los inversionistas, veamos el primer antecedente histórico en el Perú:

Velasco Alvarado hizo el primer contrato de estabilidad tributaria en el Perú  con Southern Copper Corporation, entonces propiedad de la compaña estadounidense, Asarco, para el desarrollo del proyecto de Cuajone en Moquegua.

Hoy día, producto de la ‘mala SUNAT’, uno de los casos contenciosos más importantes y notorios es el de la compañía minera Cerro Verde. Veamos:

• En los últimos 20 años se celebraron 24 convenios entre el Estado e inversionistas.
• Estos trajeron inversiones superiores a US$ 17 mil millones.
• Cerro Verde firmó su contrato en 1998 con vigencia hasta el 2013.
• El 2004, se crearon las regalías mineras.
• Las regalías mineras no eran aplicables a Cerro Verde, pues su contrato tenía vigencia hasta el 2013.
• Desde el 2013, la SUNAT le exigió a Cerro Verde el pago de las regalías supuestamente dejadas de pagar.
• Cerro Verde inició procesos judiciales para que se declare la nulidad de las resoluciones que desconocían el Contrato de Estabilidad.
• El Juzgado Constitucional de Arequipa desestimó una acción de amparo de Cerro Verde.  
• Los procesos judiciales están pendientes.
• Los gobiernos de García II y Humala comprometieron a Cerro Verde a realizar aportes adicionales mediante el Programa de Solidaridad con el Pueblo, llamado Aporte Voluntario y el Gravamen Especial Minero (GEM), además del impuesto a la renta y del reclamo de las regalías.
• El Aporte Voluntario se diseñó para que las compañías con Contrato de Estabilidad no sujetas al pago de las regalías, las compensaran.
• Lo mismo sucedió con el Gravamen Especial Minero.

Lógicamente, el cobro de regalías, pretendido por el fiscalizador, en adición a los pagos del Aporte Voluntario y del Gravamen Minero se convertían en un pago doble.

Vista de las instalaciones mineras con el Misti, Chachani y Pichu Pichu al fondo. Fuente: www.mineriaonline.com​

Además de las obligaciones tributarias, Cerro Verde desarrolló un importante programa de ‘inversiones sociales’ en Arequipa como una Planta de Agua Potable, el cofinanciamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para el Cono Norte de Arequipa, la construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR La Enlozada). En los diversos programas de inversión no productivos, desarrollados en la Región Arequipa, entre el 2005 y 2016, Cerro Verde aportó hasta US$ 190 millones.

Planta de agua de La Tomilla

En los documentos adjuntos se puede apreciar la descripción de las operaciones de Cerro Verde, el detalle de sus aportes no productivos y el impacto del proyecto en Arequipa y el Perú:

Más allá del caso específico de Cerro Verde, es importante hacer notar que este tipo de litigios hacen mucho daño a todas las partes:

• Impacto directo en las empresas involucradas en los largos y complicados reclamos judiciales.
• Dañan de manera muy importante el prestigio del país, lo que determina un mal ambiente de inversión que redunda en menores inversiones y mayores costos de inserción global.
• Daña importantemente la consolidación de la  ‘la buena SUNAT’ en proceso de desarrollo. 

Es muy claro que el Estado necesita recursos fiscales para afrontar las muchas tareas pendientes en su mochila, pero estos no se pueden obtener de cualquier manera, y menos dañando el largo plazo del sector productivo y el prestigio del Perú como un buen destino de inversiones. Ojalá, la actual dirección de ‘la buena SUNAT‘ se avenga a colaborar en la resolución de este tipo de conflictos, no originados por sus actuales directivos. Lampadia