Jaime de Althaus
Para Lampadia

Ya van 16 días del nuevo bloqueo contra Las Bambas en el corredor minero, y el gobierno simplemente, como sabemos, no existe. La empresa ha tenido que informar a la Bolsa de Hong Kong que, de continuar el bloqueo, tendrá que paralizar totalmente las operaciones el 20 de febrero, porque se quedará sin insumos. Esto, por supuesto, agrava la imagen del Perú como un país ingobernable en el que la minería es crecientemente inviable.

Lo que tenemos aquí es sencillamente un acto delictivo en el que concurren por lo menos dos delitos: bloqueo de carreteras y extorsión. Hay, además, reincidencia y contumacia, porque el gobierno había llegado ya a un acuerdo con las comunidades de Chumbivilcas, que por eso levantaron el anterior bloqueo, pero luego 4 de ellas, las de Ccapacmarca, rechazaron el acuerdo para plantear otras demandas que están fuera de la órbita de la empresa y del propio gobierno.

Piden la descategorización de la carretera de nacional a vecinal, y la incorporación a la zona de influencia de la mina. Lo primero se está ventilando en el Poder Judicial de Cusco y lo segundo depende de criterios establecidos en normas. Y definitivamente esas comunidades están muy lejos del área de influencia. Saben que sus demandas son inviables, porque se los explicó la propia ex premier Mirtha Vásquez, pero se mantienen en su actitud extorsiva.

Aquí la única salida es aplicar la ley y restablecer el orden público. Cuando en años pasados se ha decretado el estado de emergencia y ha ingresado la Fuerza Armada acompañando a la Policía, los bloqueos, que -dicho sea de paso- son de apenas 20 o 40 personas en el peor de los casos, se disuelven automáticamente sin resistencia alguna. Se trata, repetimos, de delitos que no se pueden tolerar.

Debería dictarse el estado de emergencia en todo el corredor minero, como se hizo durante varios meses en años anteriores. La ex primera ministra no creía en esta solución y propició el diálogo, pero ya vemos que fue infructuoso, fuera de condonar y hasta justificar los delitos. El nuevo ministro del Interior debería tomar la decisión, pero no lo hará mientras no haya presidente del consejo de ministros y éste y el presidente Castillo den su venia. Lo que parece casi imposible.

Lo que Castillo debe aprender es que el caos y la ley de la selva solo llevan a la miseria del pueblo, y que, por el contrario, orden y desarrollo van de la mano. Sobre todo, si junto con el estado de emergencia se instala una institucionalidad que permita convertir las regalías y el canon en desarrollo, previniendo de paso los conflictos. Un vicepremierato en el corredor, que coordine al Estado en todos sus sectores y niveles, y un fideicomiso o proyecto especial que canalice las regalías y el canon.

El gobierno ha creado la Zona de Atención Especial, que en realidad es solo una mega comisión integrada por ministerios, comunidades y gobiernos subnacionales, encargada de formular un plan de desarrollo en 90 días, sin órgano ejecutivo alguno. Todavía no se ha producido reunión alguna. Podría ser el germen de la institucionalidad que mencionamos, si adquiriese una forma mucho más ambiciosa.

También se requiere que el sistema judicial establezca una jurisdicción nacional para estos delitos, porque lo que ocurre es que dirigentes y asesores acusados por estos crímenes terminan absueltos, por presión social, lo que alimenta la impunidad y idea de que estas acciones no son delito. Si no hay imperio de la ley, la inversión será cada vez más escasa e involucionaremos a la pobreza irremisible.

Es hora de restaurar el orden y el imperio de la ley, y de instaurar una institucionalidad que permita el desarrollo de la minería y de los pueblos de las zonas mineras, y del país entero. Es un crimen desperdiciar los fabulosos precios de los minerales, que permitirían financiar mejores servicios públicos e infraestructuras en el país para avanzar hacia el desarrollo. Lampadia

Y la propuesta de la Defensoría es buena pero parcial
Institucionalidad para prevenir los conflictos
Jaime de Althaus
Para Lampadia

El desarrollo de la minería en el Perú requiere de una institucionalidad que permita convertir los recursos que genera la minería en desarrollo local y regional y prevenir los conflictos sociales que en ocasiones toman la forma de una extorsión que puede hacer inviable la inversión minera. 

Al respecto, la Adjuntía de Prevención de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo acaba de publicar un buen documento de análisis y propuestas sobre los procesos de diálogo y, de otra parte, la PCM emitió el domingo en El Peruano una resolución ministerial que crea la “Zona de Atención Especial” en la provincia de Chumbivilcas, para dar respuesta a los bloqueos allí generados. 

El informe de la Defensoría señala que “Los procesos de diálogo para resolver conflictos sociales se han constituido con los años en un mecanismo legitimado por las partes…”, pero el problema es que “…el incumplimiento de acuerdos debilita los espacios de diálogo, afecta la legitimidad de las entidades estatales, deteriora las relaciones de confianza entre Estado y ciudadanos o profundiza la desconfianza, y abre las puertas al reinicio de acciones colectivas de protesta que podrían intensificarse a partir de la frustración experimentada (p.79). De hecho, al 2019 había 2,050 compromisos pendientes de cumplimiento, lo que representaba el 54.5% de los acuerdos firmados.

El informe constata que no hay en los ministerios ni en los gobiernos regionales procedimientos establecidos para asegurar el monitoreo y cumplimiento de los compromisos, y entonces formula recomendaciones precisas al respecto. Muy bien. Es interesante y alentador que en una entidad pública se analice un problema y se formule propuestas de solución. Deberían implementarse.

Pero el documento tiene una debilidad: da por supuesto que el mecanismo de las mesas de diálogo es el correcto, cuando sabemos que la gran cantidad de las mesas de diálogo generadas, que han producido miles de compromisos que no se cumplen, fueron el último recurso ante conflictos que ya habían escalado, y que justamente por eso producen compromisos muchas veces incumplibles porque las autoridades firman para salir del paso o porque tienen la pistola de la medida de fuerza en la cabeza. Y de allí el círculo vicioso: mesas de diálogo que producen acuerdos que no se pueden cumplir y que, por lo tanto, generan más conflicto. Por supuesto, también hay falta de procedimientos para el seguimiento y cumplimiento de compromisos. 

El asunto, entonces, está en establecer una institucionalidad, una gobernanza, que permita prevenir los conflictos. Porque se da el absurdo que, en las zonas mineras, que son las más pobres y ricas a la vez, el Estado nacional está ausente. Entonces en un lugar como el corredor minero del sur, por ejemplo, debería haber un vice premier encargado de coordinar al Estado en todos sus sectores y niveles para llevar a cabo un plan de desarrollo integral que permita, por ejemplo, convertir los recursos del canon y las regalías en desarrollo. Esto requeriría, de paso, reformar el canon, de modo que pudiera ser ejecutado en parte por un proyecto especial en el cual los alcaldes tengan asiento. Y gestionar el cumplimiento de la ley cuando se cometan delitos.

En lugar de algo como eso, el gobierno ha lanzado, para prevenir mas bloqueos y extorsiones en el corredor minero, la “Zona de Atención Especial Chumbivilcas”, “para efecto de la planificación” de las acciones de desarrollo sostenible que propondrá un Grupo de Trabajo integrado por ¡32 personas!, que en 90 días debe producir una propuesta de desarrollo territorial, intercultural y multisectorial. 

En esa comisión están representantes de 14 ministerios, 14 comunidades, uno del Frente de Defensa, uno del alcalde provincial (no de los distritales), uno del gobierno regional y uno de la empresa. Además, otras comunidades del corredor que lo soliciten podrán ser incluidas. Como son 71 comunidades adyacentes a la carretera, pronto tendremos a una comisión multitudinaria. Eso sin contar, como apunta Raúl Molina, las comunidades de segunda fila, las que están detrás de las ribereñas a la carretera, que también querrán incorporarse. 

Tamaña comisión no puede formular un plan de desarrollo integral en 90 días. Quizá pueda funcionar como un mecanismo de consulta y participación, pero la secretaria ejecutiva, que sería la oficina de gestión de conflictos de la PCM, tendría que tener una formidable capacidad de integración de demandas en una propuesta coherente y viable. Y definitivamente no es el caso. 

La “Zona de Atención Especial”, además, no cuenta con una instancia ejecutiva, y tampoco con una autoridad coordinadora o directiva en el terreno. Esto no va a funcionar. Solo va a despertar expectativas que luego van a generar frustración y más conflicto. Quizá lo que se busca es darles protagonismo a dirigentes locales con vistas a las elecciones. Ojalá nos equivoquemos. Lampadia

Fausto Salinas Lovón
Para Lampadia

En el Cusco hubo un periodista muy sintonizado que siempre elogiaba al gobierno de turno, sin importar si fuera democrático, autoritario, eficiente o corrupto. Cuando lo criticaban por ello decía: ¡Yo soy gobiernista, no tengo la culpa de que el gobierno cambie!

Este periodista murió hace años, sin embargo, como él quedaron muchos en nuestro medio, en el país y no sólo en la prensa, sino en la intelectualidad, la academia, las profesiones y en el empresariado. 

Estos son los que llamo: gobiernistas.

No me refiero aquí a los partidarios del gobierno, los que llegan con él al poder. Esos son los oficialistas, tienen el derecho de pensar como él y actuar para él. Esos son los partidarios abiertos, francos, que ponen el pecho por su líder.  Aquí me refiero a los que no siendo partidarios y queriendo parecer independientes, siempre ven la forma y oportunidad de estar “del lado del gobierno”.

Para ellos, no importa como sea o actúe el gobierno, lo que importa es “estar cerca de él”.

• Los hay en la prensa. Amplifican lo bueno y silencian lo malo del gobierno. Atacan sin piedad a quien contradice al gobernante. Viven de la publicidad estatal. Publican lo que conviene y callan lo que no conviene (o lo ponen en letra chica).

• Los hay entre los intelectuales. Presumen de su superioridad intelectual e imparcialidad. Se ubican en un pedestal superior de conocimiento, por encima del debate político. Sin embargo, sus opiniones, ideas y alegatos sirven para descalificar al contrario o validar lo que el gobierno necesita. 

• Entre los juristas abundan más que en ningún campo. Encuentran la interpretación adecuada que favorezca al gobernante. Siempre se ufana de ser “amigos de”.

• Los encuentras en las redes. Cierran filas por el poderoso de turno. Creen hasta la estupidez en la inocencia del gobierno, se entregan a su credo y combaten “la maldad del opositor”. Le dan mucho más que el “beneficio de la duda”.

• Entre los artistas abundan. Mejor si con ello muestran el “nivel de compromiso” del arte con las causas políticamente correctas.

• Sin embargo, los peores de todos son los que están en el empresariado. A ellos no los mueve la estupidez, la consigna, la pauta publicitaria o la vanidad intelectual. Los mueven aranceles, rebajas impositivas, exoneraciones, fondos públicos, compras estatales, proteccionismo o contratos de obras. Ensayan razonamientos intelectuales o políticos para disimilar su mercantilismo más ramplón.

En escenarios democráticos e institucionales, esto es feo. En escenarios de ruptura institucional como el que estamos viviendo, esto es grave.

Las dictaduras no se construyen sólo con partidarios. Las dictaduras no las erigen solamente unos cuantos miserables que llegan al poder con el afán de destruir el país. Las dictaduras se construyen, se hacen posibles en estos tiempos porque hay, en la prensa, en la intelectualidad, en las profesiones, en las redes, en el arte, en la empresa y en muchos otros ámbitos, los gobiernistas que los hacen posible.

Tengamos cuidado de ellos. Lampadia

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

Es común encontrar en la prensa, entrevistas a personajes, que por mantenerse vigentes y en titulares de periódicos, hacen afirmaciones sin sustento o porque así lo suponen. Por ejemplo: “Estimación de Exjefe de la SUNAT: El 50% de evasión y elusión tributaria es por operaciones de grandes empresas”.

Me pregunto, ¿tiene esta persona bases suficientes para hacer tamaña afirmación? Sería conveniente que sustente sus afirmaciones o revise y explique los criterios que está siguiendo para decirlo. Los contribuyentes ya estamos cansados de ver la actitud prepotente de la SUNAT a ese respecto.

Es conveniente mostrar algunos ejemplos y luego sacar conclusiones.

1. Una compañía de telefonía emite mensualmente un sinnúmero (varios millones) de recibos de menor cuantía (entre 40 y 100 soles) por el servicio de comunicación fija o celular, incluyendo IGV. Cuando esos recibos no son pagados, en el siguiente recibo la compañía indica que hay una cuota impaga y que, de persistir la situación, se cortará el servicio.  Si esto se repite en el mes siguiente, el servicio es realmente interrumpido. La compañía tiene derecho a provisionar esa deuda y de persistir la situación, a “castigar dicha deuda”, con los efectos sobre IGV e Impuesto a la Renta. Pero no, para la SUNAT, el contribuyente debe demostrar que ha agotado sus esfuerzos de cobranza, aún en la vía judicial, para merecer tal derecho. ¿Ha pensado la autoridad tributaria que cada juicio cuesta más de 100 soles y que es un absurdo exigir tales juicios? Obviamente los juicios de cobranza no se han realizado, pues carece de sentido económico hacerlos, en consecuencia, la SUNAT no reconoce la reducción de los ingresos y la no cobranza del IGV, por lo que, acota los impuestos del IGV y a la Renta de un “ingreso” que nunca se dio y a partir de ahí, aplica multas e intereses draconianos. ¡Ahí si no cuenta la primacía de la realidad económica! Para la SUNAT y ante el público, la empresa es una “evasora”.
2. Una empresa minera, suscribe, de buena fe, un “contrato de estabilidad jurídica” con el Estado Peruano, que es válido por 15 años y que aplica a las operaciones de explotación sobre una “Unidad Económico Administrativa” (léase un área específica debidamente delimitada). El Estado peruano, en medio de la vigencia de tal contrato, crea las “Regalías Mineras”, que no son otra cosa que el derecho del Estado a recibir un pago sobre el material extraído del yacimiento. Obviamente NO LE SON APLICABLES, pero ante la consulta de un congresista al Viceministro de Minas de la época, sobre su opinión al respecto, éste contesta que “en su opinión” sí se le debiera aplicar y pretenden cobrar. No sólo eso, sino que, en el tiempo, el propio Estado crea el Impuesto Extraordinario al sector Minero (IEM), aplicable a las empresas sin contrato de estabilidad y el Gravamen Extraordinario al sector Minero (GEM), a ser acordado mediante contrato voluntario por las empresas con “Contrato de Estabilidad Jurídica” (el GEM tiene tasas más altas que el IEM, porque reconoce que estas empresas no pagan Regalías). Obviamente el Estado suscribió con la empresa “estabilizada”, los contratos requeridos para iniciar la cobranza. No obstante, el Estado persiste, a pesar de haber cobrado el GEM, en la cobranza de la Regalía, y no sólo eso, sino que NO reconoce la posibilidad de deducir como gasto la Regalía exigida, tal como permite la ley.  En consecuencia, el Estado está cobrando el doble de lo que debía, aplica multa, recargos e intereses draconianos. A esto se le llama exacción y un abuso que, ciertamente, espanta a la inversión.
3. Se ha convertido en una práctica común que la SUNAT gestione la emisión de normas tributarias, vía Ley, DL, DS o DU, o bien, emita normas internas, que luego interprete y aplique de manera retroactiva. Por ejemplo; las empresas y en particular las empresas mineras, tienen desde siempre (digo eso porque en los 60s y 70s del siglo pasado, ya se ejecutaban vía MINPECO), la posibilidad de utilizar instrumentos de mercado para, en momentos atractivos de mercado, fijar precios a futuro en mercados internacionales. Esta práctica, a la que se le llama “hedge”, se puede ejercer vendiendo el producto físico, a precio fijo a un comprador final o mediante instrumentos financieros derivados, vía la banca de inversión internacional. Un día la SUNAT gestionó un dispositivo, para que los resultados negativos de estas transacciones (entiéndase precio fijado vs precio obtenido por el producto vendido, según contrato de venta), sólo se puedan compensar contra utilidades de operaciones de fuente extranjera, sabiendo que las operaciones regulares generan renta de fuente nacional. Otro día, tomó indebidamente una norma de contabilidad internacional (NIIF), creada para fines de reporte, denominada “índice de eficacia” de un instrumento financiero derivado, y pretendió aplicarlo para reconocer o no los resultados negativos de una cobertura (ciertamente los resultados positivos sí los reconoce, los negativos los evita). Finalmente, más adelante dispuso que sólo reconocería los resultados de venta física con fijación anticipada de precio con el cliente, pero no los provenientes de la aplicación de Instrumentos Financieros Derivados. Obviamente, la persecución de recaudación tributaria, ha venido en cada oportunidad, dando efecto retroactivo a cada una de los dispositivos emitidos, cada cierto tiempo y en la secuencia comentada.

Todo lo anterior, es una clara muestra de la falta de institucionalidad en el Perú, que usa como criterio; “la caja gana”, sin importar la lógica tributaria y empresarial, ni aplicando debidamente la ley y los principios constitucionales en la materia.

Entiendo que la necesidad es mala consejera, pero en nuestro país, se cambian los criterios de aplicación de la ley, a renglón seguido generan el mensaje y la imagen de las “empresas evasoras y elusoras”, a base de sus interpretaciones de cosas, que no todos entienden y finalmente, entrevistan a esta gente que, por mantenerse vigente en la prensa, son capaces de atropellar la legalidad y las reglas, sin sustentar, ni explicar su afirmación.

Recordemos que la presión tributaria en el Perú, es de sólo 14%, pero que los impuestos se aplican sólo al 30% de la ciudadanía y empresas, en consecuencia, para quienes tributan, la presión tributaria es del orden del 40%, sin olvidar que, para los principales contribuyentes (PRICOS), la SUNAT es “omnipresente”, pues tiene oficina permanente en la mayoría de estas empresas. Ver en Lampadia: Datos y no prejuicios – Cuidado con el fiscalismo desorientado.

Por todo lo dicho, cuando uno evalúa la competitividad del Perú, no sólo debe leer las leyes, sino ser consciente de las prácticas de la SUNAT y de “los grados de libertad”, con los que ella interpreta las normas y ahí, salimos jalados. Lampadia

La Cuadratura del Círculo es un espacio producido por IIG- Infraestructura Institucionalidad y Gestión, con la colaboración de Lampadia como media partner.

Presentamos el siguiente video sobre peajes viales.

Participan Fernando Cillóniz y Gonzalo Prialé.

Lampadia

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

Para que una nación pueda desarrollarse adecuadamente, es fundamental que todos sus ciudadanos (y las autoridades no son de una especie diferente) respetemos la institucionalidad.

Nuestra Constitución establece que contamos con tres Poderes del Estado; el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Adicionalmente contamos con organismos con rango constitucional y funciones específicas. Si bien las instituciones a que nos queremos referir no son sólo las mencionadas, es importante este ejercicio descriptivo para que todos podamos comprender que cada quien tiene sus fueros, funciones establecidas, responsabilidades y forma de interrelacionarse.

Nuestra estructura de poderes se asemeja mucho, en el fondo, a las establecidas alrededor del mundo y el respeto a tal estructura y a las relaciones que debe darse entre ellas, se le denomina institucionalidad.

En cualquier institución es fundamental tener claro qué debe hacer, pero lo más importante es que sus miembros tengan más claro; qué NO debe hacer y así concentrar sus esfuerzos para el logro de sus objetivos.

Por ejemplo, el Poder Judicial tiene sus responsabilidades con una mirada enfocada en el pasado. A partir del trabajo, seriedad y probidad con la que sus miembros, jueces y fiscales se conduzcan, generarán no sólo un efecto punitivo y correctivo a los ciudadanos que hayan delinquido, sino que sus investigaciones, acusaciones y sentencias, generarán un impacto educativo en la ciudadanía y conciencia colectiva de la Nación. Por eso es tan importante que sus miembros sean de la mejor calidad moral y preparación profesional. Es universal el concepto que, a los fiscales se les conoce por la calidad de sus investigaciones, la solidez de sus acusaciones y, a consecuencia de estas, por el número de sentencias logradas. Del mismo modo, a los jueces se les conoce por la debida y equilibrada evaluación de las pruebas y la justa aplicación de la ley. De ahí que se repite que; ¡un Juez habla a través de sus sentencias!

Lo inadecuado es que fiscales y jueces se expongan mediáticamente, filtren información, discutan los casos a su cargo con los periodistas y pretendan jugar un rol político. Lo peor es que lo dicho anteriormente ha dado pie a “periodistas”, con apoyo de dueños de medios, a influir con sus comentarios en la opinión pública, para luego hacer pequeñas encuestas que, oh cosa curiosa, van en la dirección de lo reiterado por los comentaristas, para finalmente presionar a los tribunales en uno u otro sentido en sus sentencias. Más criticable aún, si los miembros del Ejecutivo y del Legislativo hacen de su comidilla con los “periodistas”, una inadecuada generación de corriente de opinión política sobre un caso judicial. Claro ejemplo de lo que NO se debe hacer. No es casualidad que en países desarrollados esté ABSOLUTAMENTE PROHIBIDO grabar, tomar fotos y menos filmar los juicios, cosa que en el Perú es práctica común y parece cosa de gracia.

El poder Legislativo cuyas funciones son; representar, legislar y fiscalizar, tiene la obligación de respetar y hacer respetar sus fueros. Los legisladores deben, entre otras cosas, estudiar seria y profundamente las oportunidades de mejora de la Nación en su conjunto y de los distintos grupos de interés de la sociedad. Plantear iniciativas legislativas que promuevan el crecimiento de nuestro país y la posibilidad de mejora de los ciudadanos con menores oportunidades; cerrando brechas de infraestructura para mejorar la salud, educación, seguridad e impartir justicia.

El poder Legislativo debe también fiscalizar al Ejecutivo en el manejo de los recursos; económicos, humanos y logro de resultados. Los legisladores deben actuar como un Directorio que verifique una adecuada ejecución de los planes y logro de los objetivos planteados, aplicación correcta y oportuna de los recursos económicos bajo estrictas normas legales, morales y éticas. Pero lo que NO debe hacer, es dedicarse a investigaciones que pretendieran competir con las atribuciones propias del sistema judicial. La fiscalización que les corresponde es la de la conducción del país y no la fiscal-policial, pero claro, eso no da cámaras ni notas periodísticas.

Mención especial merece la situación anómala que vive el Perú desde que se disolvió el Congreso y quedó en funciones la Comisión Permanente del Congreso. De un lado por el ATREVIMIENTO del Ejecutivo de “ningunear” a la Comisión Permanente, como si nosotros los ciudadanos y nuestros representantes hubiéramos dejado de existir y no tuviésemos nada que opinar respecto de los actos del Ejecutivo. Pero, no menos grave es la posición asumida por los miembros de la Comisión Permanente, de no analizar los “Decretos de Urgencia” aprobados por el Ejecutivo y discutirlos y ventilarlos ante la opinión pública, para que todos seamos conscientes de lo que este Ejecutivo está haciendo.

Si además incluimos el mamarracho de reforma política que se trata de introducir, después de una campaña de destrucción de la imagen de la clase política (como si los del ejecutivo no fueran parte) y del Congreso durante un año y medio, hasta su disolución. No nos sorprendamos hoy del absoluto desinterés de la ciudadanía por estas tontas elecciones congresales.

El poder Ejecutivo por su parte, tiene fundamentalmente la responsabilidad de fijar los objetivos nacionales y planes de ejecución para el periodo de su mandato y llevar a cabo tal ejecución, con reporte periódico del avance del plan. Ya se ha dicho que, “un objetivo sin un plan es sólo una ilusión” y debe ser medible para poder controlar su avance. Sin lo anterior es imposible premiar o sancionar a los responsables.

¡Aquí tenemos otro vacío de institucionalidad! El presidente se ha paseado por meses pechando al Legislativo, mientras lo tuvo al frente, y está tratando de construir, vía elecciones convocadas, un Congreso más débil, pusilánime y obsecuente que el anterior. Tiene embobada a la población, que aún no se da cuenta que la han utilizado como a un niño cuando le muestran y ocultan las figuritas. El presidente no ha fijado objetivos de su gobierno, no ha diseñado un plan para ejecutarlo y menos ha fijado un cronograma de ejecución para rendir cuentas…, al punto que, al final del año 2019 ha reducido el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), para reducir la meta de inversión pública y no quedar tan en ridículo por su incapacidad para ejecutar los proyectos públicos (su tarea principal) que tanta falta hacen a los más pobres del Perú. Hasta la fecha lo único que ha hecho es criticar al Legislativo y al Judicial; a los primeros por “obstruccionistas”, como si, por ejemplo, la no reconstrucción con cambios del norte, tras casi tres años del evento les fuera atribuible, o al Judicial politizando la labor de jueces y fiscales.

Más lamentable aún es que no hayamos sido capaces de avanzar en estos años, ni siquiera con la fijación de objetivos para un progreso económico que permita asegurar que seguiremos reduciendo pobreza a nuestro ritmo potencial. No hemos sido capaces de generar confianza en los agentes económicos, para atraerlos al Perú, aprovechando la debilidad de los demás países del continente. El mensaje auto-complaciente ha sido, en cambio, el denominador común desde el inicio del gobierno de Humala, seguido de una increíble incapacidad de gobernantes y legisladores desde el año 2016 hasta la fecha, para construir un Perú más próspero para nuestros hijos y nietos. A estas alturas ya no sé quiénes fueron más incapaces desde el año 2011 a la fecha, pero son responsables tanto Ejecutivo, como Legislativo y Judicial.

A falta de ideas claras, no se les ocurre mejor cosa que tontear con la mala e inconclusa reforma política mencionada y una (quisiera equivocarme) peor reforma judicial, que, tras un año y medio y dos procesos fallidos, no logra seleccionar siete miembros aceptables para la Junta Nacional de Justicia. Nuevamente, el Ejecutivo no ha actuado en lo que debía, sino que ha intervenido y mal, en lo que no debía.

Peor aún, no sólo este gobierno sino los de un par de décadas atrás, no han sido capaces de plantear una visión al 2050, consensuada con los actores relevantes del país, no tenemos definida una estrategia de largo plazo y no hemos sido capaces de convocar y promover inversión conducente a ella, para continuar reduciendo la pobreza, dar oportunidades de educación, salud y trabajo y además brindar seguridad y justicia.

En el ejecutivo no hay vocación de gobierno y el presidente y sus ministros no saben para qué ocupan los puestos que ocupan y no comprenden siquiera sus roles. Pero, en fin, creo que es tiempo de seguir a Sócrates y aplicar su mensaje; “El secreto para el cambio es concentrar toda tu energía, no en la lucha contra lo viejo, sino en la construcción de lo nuevo”.

Creo que, a menos que el presidente haga un claro; examen de conciencia, dolor de corazón, propósito de enmienda, confesión de boca y satisfacción de obra (cosa de la que dudo tenga capacidad), todo lo que estamos soñando no tiene sentido. De ser así, a la ciudadanía del Perú no le queda otra que aplicar lo de Sócrates, ¡olvidarnos de lo viejo (léase este gobierno por inútil e incapaz) y construir algo nuevo! Lampadia

Entrevista al jurista venezolano Allan Brewer Carias, realizada en Buenos Aires, durante el XIV Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional[1], por Fausto Salinas Lovón para Lampadia y Democracia y Poder (programa radial de Radio Universal – Cusco).

FSL: Estamos en Buenos Aires con el doctor Allan Brewer Carias, constitucionalista muy reconocido de Venezuela, que hace más de 15 años vive asilado en Nueva York, una de las tantas víctimas de la dictadura chavista.

Doctor Brewer, usted llevó su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sin embargo, allí no tuvo el resultado esperado y lamentablemente hubo también un protagonismo peruano en esa decisión.

ABC: Si. El caso Brewer Carias contra Venezuela, resuelto en el 2014, lamentablemente tuvo influencia de Venezuela. El canciller de Venezuela de entonces denunció la Convención Americana de Derechos Humanos (Maduro en ese momento), es decir que Venezuela salió de la Convención Americana y del ala protectora de la Corte Interamericana, pero había unos casos pendientes y el señor Maduro con toda insolencia en su carta de denuncia de la Convención se refirió expresamente a casos pendientes, tratando de presionar a la Corte. Denunció el caso Brewer Carias que estaba pendiente diciendo que en este caso la Comisión había actuado favorablemente a Brewer Carias porque se había admitido la denuncia (decía el canciller, actual usurpador de la presidencia), que no se habían agotado los recursos internos.

FSL: Es decir, ¿le exigían a usted que vaya previamente a un canal interno en medio de un gobierno autoritario?

ABC: Eso es un absurdo porque la propia Comisión Interamericana ha dicho desde su primera sentencia que cuando en un país no hay Poder Judicial confiable no se puede exigir que se agoten recursos internos.

FSL: Pero, ¿cómo en otros casos daban la medida cautelar, actuaban de manera preventiva y en este caso le dicen -vaya a las mazmorras del Sebin y luego viene a reclamar?

ABC: Por eso en este caso la Corte ignoró su propia sentencia, ignoró que sí había agotado efectivamente el único recurso disponible que era un amparo y decidió no entrar a conocer y no entrar a decidir que en Venezuela no había Poder Judicial, que era lo que se denunciaba, que no había garantía judicial. ¿Y quién decide esto? Una mayoría de jueces que lamentablemente en ese momento estaban condicionados e influenciados por Venezuela, que había votado por su elección y que por esa vía presionaban. Jueces nacionales de Brasil, de Uruguay, de Colombia que en ese momento consideraban a Chávez como su nuevo mejor amigo y el juez nacional de Perú Diego García Sayán que como juez se puso de candidato a la Secretaría General de la OEA, sin retirarse de su condición de juez, lo que aceptó incorrectamente el Presidente de la Corte que era el juez de Colombia y García Sayán empezó a hacer campaña para buscar los votos de algún Estado que supuestamente el como juez estaba juzgando y por tanto esa justicia no era confiable, y en efecto terminaron  declarando archivado el expediente y no conociendo de las denuncias fundamentadas. Todo eso, en mi criterio, fue producto de una gran corporación de corrupción que montó Venezuela con la factura petrolera, influyendo en la OEA y presionando a la OEA, hasta el punto que el propio ex canciller del Perú, (Gonzales) Posada, en un momento determinado, denuncie que la OEA era un organismo controlado por el chavismo, contralado por la factura petrolera, el cual hacía presión indebida sobre los estados controlando los puntos de la Asamblea en contra de muchos principios democráticos.

FSL: Es decir, usted ha sido dos veces víctima, víctima de la dictadura y luego de la propia Corte y del sistema que no acogía su caso.

ABC: Que se sometió a la presión de la dictadura, ese fue el problema. El canciller denuncia la Convención y cita con fundamento para su denuncia el caso Brewer-Carías y les dice a los jueces: “Ese caso es muy importante para Venezuela”, el caso que más molestaba a Chávez que era el caso Brewer-Carias. Por tanto, no entró a conocer y simplemente abandonando su jurisprudencia, me quitó el derecho al acceso a la justicia internacional.

FSL: Usted podría retroceder un poquito más allá. Porque la destrucción de Venezuela no ha sido automática ni ha sido producto de un minuto, entonces ¿no cree que hay muchos cómplices a lo largo de esto, que han ido tolerando este desmontaje institucional primero de ciertos poderes del Estado, luego de la actividad productiva privada y que finalmente ha decantado ya en lo que hoy tenemos, que es un Estado casi fallido? ¿a lo largo de 20 años esto tiene cómplices?

ABC: Tiene todos los cómplices que han estado en el Gobierno y que han apoyado este Gobierno desde el año 99. El mismo día en que se editó la Constitución se comenzó a violar por el Estado Venezolano. El Estado Venezolano comenzó a desmantelar todas las instituciones del Estado, empezó a controlar el Poder Judicial, empezó a destrozar toda la institucionalidad democrática y es todo un proceso de 20 años. Ahí la complicidad ha sido total por parte de los países que han arropado al Chavismo durante todo este tiempo en América Latina e internamente todas las instituciones que se sometieron y se plegaron a esa conducción autoritaria, que simplemente acabó con todo, porque afortunadamente en otros países todavía hay Poder Judicial, todavía hay Ministerio Público autónomo. Por eso es que el caso de Odebrecht todavía sale porque el Brasil a pesar de todos los problemas de corrupción hubo un Ministerio Público que intentó acciones. El mismo caso del Perú hubo un Poder Judicial que en definitiva tomó decisiones y se pudieron saber. En Venezuela eso no existe, hoy es el país que más obras inconclusas de Odebrecht que están sembradas en el territorio nacional, el cementerio más grande de hierro y de concreto de obras inconclusas y nadie habla de Odebrecht. Es como si nunca hubiera pasado por Venezuela.

FSL: Esto me lleva al tema que fue materia de su conferencia hoy día en el XIV Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, que es el tema de la corrupción. Lula Da Silva viajaba de la mano de un conjunto de empresarios brasileños a visitar a todos los países del ALBA. Él encarnaba el engranaje político de los dictados del Foro de Sao Paulo, pero la labor económica la desarrollaban un conjunto de empresas brasileñas para las cuales América Latina se había convertido en su coto de caza privado. La asociación entonces que hace López Obrador entre neoliberalismo y corrupción, ¿va en contra de lo que la historia y la evidencia latinoamericana nos dice? Es decir, ¿más bien arropados en el Foro de Sao Paulo desde Brasil, desde Venezuela, se ha generado la más grande corrupción de la historia y esto no puede ser atribuido al neoliberalismo?

ABC: Por supuesto me parece absolutamente errada la preposición que hace López Obrador, vinculando corrupción con neoliberalismo. Pensé al inicio como un tema campaña electoral el año pasado, pero ahora lo corroboró cuando se refirió al lamentable fallecimiento de Alan García y vinculó de nuevo corrupción con neoliberalismo. Creo que López Obrador está absolutamente errado porque justamente lo que hemos evidenciado en América Latina es que es lo contrario. La corrupción ha sido producto del desmantelamiento de la democracia, hecho precisamente por gobiernos que han controlado la economía, que se han apoderado de la economía, que han destruido la economía privada; es decir, la antítesis del liberalismo ha sido la fuente más importante de corrupción en el continente.

FSL: Para concluir, ¿cuál sería su mensaje a aquellos países y aquellas sociedades que a veces ven con cierta afinidad y afecto a las medidas populistas de cuestionar el parlamento, de modificar las reglas sobre la inmunidad parlamentaria (cosa que se está discutiendo en el Perú), que antes de hacer caso a la tradición constitucional, a la historia del constitucionalismo, le hacen caso al termómetro de las encuestas o a la temperatura de las redes sociales Ustedes ya fueron víctimas de eso, ¿cuál sería su consejo respecto a la preservación de las instituciones en nuestros países?

ABC: El consejo fundamental va dirigido a las dirigencias políticas. Que aprendan que, si no conservan sus instituciones democráticas, si no velan por la autonomía del Poder Judicial, si no velan por que haya un Congreso que realmente controle, si no velan porque haya un Ministerio Público que actúe, si no velan porque haya jueces independientes, todo se desmorona. De manera que por más oferta populista que pueda haber, lo más importante ante todo es que los dirigentes sean los que velen por preservar de sus instituciones políticas. Cuiden sus constituciones, cuiden su Poder Judicial, cuiden la autonomía de sus jueces. No pretendan que, por vía del populismo, el control que se haga sobre el Poder Judicial va beneficiar a nadie, todo lo contrario. Perjudica y destroza la democracia y con eso destroza los derechos. ¿Qué pasa cuando se destroza la institucionalidad democrática? Desaparece la posibilidad de tener derechos y garantías a derechos, es decir, se afecta directamente al ciudadano por más que haya cantos de sirena que le ofrecen cosas que en definitiva no van a tener y van a perder todo.

FSL: Muchas gracias doctor Brewer Carias

Lampadia

Fausto Salinas Lovón
Desde Cusco
Para Lampadia

En medio siglo, desde mi óptica, he visto muchas irresponsabilidades en la política peruana: la dictadura estatista de Velasco que llega con el respaldo de cierto sector oligárquico por su odio al APRA y se sustenta en el libreto que le crea la izquierda. La tibieza belaundista frente a Sendero que le permite crecer y jaquear al país. La nefasta heterodoxia económica de Alan García que nos llevó a la hiperinflación. El saltó al vacío del elector peruano en los 90. El retorno de Alan (aunque tenga el atenuante de haber demorado otra irresponsalidad peor), la elección de Humala.

Sin embargo, todas estas irresponsabilidades cometidas por alguien o por un sector del país, tenían fuerzas de contención, dialécticas o contra fuerzas que las atenuaron o las corregían, así sea en el mediano plazo.

Nunca había visto que la irresponsabilidad estuviera concertada. Que a la irresponsabilidad de uno le siguiera la del otro y que, una a una, compitan por ser la más audaz.

Me refiero a la irresponsabilidad de quienes ganaron la elección el 2016. Ninguno de ellos y en particular los del gobierno entendieron la responsabilidad del mandato conferido. Habían derrotado a la izquierda y no se dieron cuenta de lo que ello implicaba. Obtuvieron el 80 % del voto y no lo entendieron. En lugar de dialogar, pelearon. En lugar de sumar, se restaron mutuamente. En vez de aliase, se distanciaron y hoy día, sus líderes están detenidos.

Pero la mayor irresponsabilidad ha sido dejar que los perdedores, que usan la democracia como mera coartada burguesa para llegar al poder, que los seguidores encubiertos de Maduro, los beneficiados de Odebrecht que hoy desconocen a sus benefactores o los revolucionarios de cocktails y consultorías, pongan la agenda, decidan y marquen la pauta, con la lamentable complicidad de un sector de la prensa y una parte del establishment empresarial.

Destruir la credibilidad del Congreso por la imagen de unos de sus miembros no es más que la última irresponsabilidad que nos toca ver. Alterar el equilibrio de poderes y buscar el sometimiento del Congreso es eso mismo. Pedir su cierre o hacer cuestión de confianza para lograrlo, por cualquier causa, solo es consecuencia de lo anterior. Es tirar por la borda el mandato popular para entregárselo al efímero aplauso de las redes sociales. Es desconocer el mandato de las urnas y proclamar ganador al derrotado. Es permitir que por la ventana se consiga lo que no se consiguió en la elección popular.

Vizcarra y sus válidos, pasarán a la historia como aquellos que abrieron la puerta para que entre el enemigo y el caos. Tremenda irresponsabilidad que la historia juzgara.

El Congreso tiene la oportunidad de asumir el rol de contrapeso que le toca. Debe contener el exabrupto. En el camino debiera sacrificar algunos peones de baja calidad para tener más legitimidad en su cometido y demostrar que es un poder del Estado y no una banda de amigos. No puede sumarse al concierto de irresponsabilidades.

La nuestra es la responsabilidad de hablar en voz alta. De no ser cómplices con nuestro silencio, aun a riesgo de parecer defensores de una clase política menos que mediana. Aquí, en esta columna, no nos sumaremos al concierto de irresponsabilidades. Bregaremos por la institucionalidad y la Constitución, mientras quede un carácter disponible para escribir. Lampadia

Líneas abajo compartimos otro informe de Bjørn Lomborg, uno de los pocos (pero poderosos) analistas globales que nos demuestran con cifras, con hechos y con la verdad, los indicadores sobre el progreso de la humanidad en los planos económicos, sociales, ambientales e institucionales. Para una mejor ilustración sobre nuestra realidad, ver en Lampadia: 7 ensayos sobre la prosperidad

Las noticias malas nos ganan el ojo todos los días y por eso es que hay que hacer un cierto esfuerzo consciente para no dejar de ver los procesos de mejora de la humanidad en los planos indicados. Lampadia

Vivimos en un mundo mejor
16 de agosto, 2018
Bjørn Lomborg
Profesor Visitante del Copenhagen Business School, director del Copenhagen Consensus Center
Project Syndicate
Glosado por Lampadia

Es muy fácil formarse la opinión de que el mundo moderno se está desmoronando. Nos enfrentamos constantemente a un ataque de negatividad: titulares que amedrentan, resultados de investigaciones alarmantes y estadísticas miserables.

En verdad, existen muchas cosas en el planeta por las que deberíamos estar profundamente preocupados. Pero obsesionarnos con las historias de terror significa que nos perdemos el panorama más amplio.

Las Naciones Unidas se centran en tres categorías de desarrollo: social, económico y ambiental. En cada categoría, mirando en retrospectiva los últimos 25 años, tenemos muchos más motivos para celebrar que para alarmarnos. Por cierto, estos años han sido un período de progreso extraordinario.

A nivel social, el indicador más importante es cuántos años vive cada uno de nosotros. En 1990, la expectativa de vida promedio era de 65 años. En 2016, subió a 72.5 años. En apenas 26 años, ganamos 7.5 años de vida.

Un pesimista podría sugerir que esto significa que tenemos 7.5 años más para estar enfermos y sentirnos miserables, pero no es el caso. En 1990, pasábamos casi el 13% de nuestra vida enfermos, y ese porcentaje no ha aumentado. Y si bien se habla mucho sobre que la desigualdad está peor que nunca, en esta medición más vital, la desigualdad está disminuyendo: la brecha entre la expectativa de vida en los países pobres y ricos se ha achicado drásticamente.

En términos de desarrollo económico, uno de los indicadores más importantes es el porcentaje de personas que viven en la pobreza. Hoy mucha menos gente vive en una condición de necesidad deplorable. En 1990, el 37% de la gente vivía en condiciones de extrema pobreza; hoy es menos de una persona de cada diez. En apenas 28 años, más de 1.250 millones de personas han sido sacadas de la pobreza –un milagro que recibe demasiado poca atención.

Si miramos el medio ambiente, uno de los principales asesinos es la contaminación del aire en lugares cerrados causada por gente pobre que utiliza estiércol y madera para cocinar y mantenerse abrigados. En 1990, esto causó más del 8% de las muertes; ahora es el 4,7%. Eso equivale a que son más de 1.2 millones de personas menos que mueren por contaminación del aire en lugares cerrados cada año, a pesar de un incremento de la población.

Existe una tendencia similar en muchas otras estadísticas de desarrollo ambiental. Entre 1990 y 2015, el porcentaje del mundo que practicaba defecación al aire libre se redujo a la mitad, al 15%. En el mismo período, 2,600 millones de personas más tuvieron acceso a mejores fuentes de agua, alcanzando un porcentaje del 91%. Más de un tercio de toda la población del mundo ganó acceso a un agua de mejor calidad.

Las mejoras no terminan ahí: el mundo está más alfabetizado; el trabajo infantil ha venido cayendo; vivimos en uno de los momentos más pacíficos de la historia, y la mayoría de los gobiernos del mundo son regímenes democráticos.

Max Roser de la Universidad de Oxford ha creado un sitio web integral para explorar datos como estos. Curiosamente sugiere que podríamos pensar en estos cambios que se produjeron en 25 años en términos de lo que sucedió en las últimas 24 horas. Visto de esta manera:

• Sólo en el último día, la expectativa de vida promedio aumentó 9.5 horas
• 137,000 personas salieron de la pobreza extrema
• 305.000 tuvieron acceso a agua potable más segura.

Los medios podrían haber contado cada una de estas historias todos los días desde 1990.

Pero las buenas noticias no son tan noticiosas como las malas noticias. Esto no es sólo culpa de los medios. Es más difícil contar una historia positiva. En muchos casos, la “noticia” no es que sucedió algo, sino que algo malo ya no está sucediendo. No capta nuestra imaginación de la misma manera. Un estudio interesante de 2014 determinó que inclusive cuando los participantes decían que querían leer historias positivas, su comportamiento revelaba una preferencia por el contenido negativo (una preferencia de la que ni siquiera eran conscientes).

Todos deberíamos proponernos prestar más atención a los hechos positivos. Cuando a la gente se le pregunta si las condiciones de vida en el mundo serán mejores en 15 años, el 35% cree que sí, y el 29% cree que empeorarán –esencialmente un cincuenta-cincuenta-. Pero entre la gente que entiende que muchas cosas en el planeta ya están mejor que antes, el 62% cree en el progreso. Ese porcentaje cae a apenas 17% entre quienes desconocen los hechos. La percepción de que todo está empeorando pinta un panorama distorsionado de lo que podemos hacer, y nos hace sentir más temerosos.

Consideremos el escenario bastante frecuente en el que los políticos y los medios despiertan el miedo a la delincuencia, inclusive cuando las estadísticas demuestran que las tasas de criminalidad a nivel nacional son bajas o están cayendo. Finalmente, se puede terminar dedicando la atención y los recursos escasos a solucionar un desafío equivocado, y ponemos más policía en la calle o reducimos las libertades civiles, en lugar de implementar más políticas que favorezcan el bienestar –pero que son menos noticiosas- como mejorar la pre-escolaridad o la atención médica.

Mientras que entender mal los hechos puede resultar fácilmente en políticas equivocadas basadas en el miedo, un reconocimiento más equilibrado basado en los hechos de lo que la humanidad ha logrado nos permite centrar nuestros esfuerzos en aquellas áreas en las que podemos obtener los mejores resultados (muchas veces donde ya nos está yendo bien). Esto garantizará que el futuro pueda ser aún más brillante. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Como ha señalado un reciente editorial de El Comercio, al no existir animosidad entre el presidente Martín Vizcarra y Keiko Fujimori, porque éste no ha llegado al poder luego de una contienda que los haya enfrentado, pues existe la oportunidad ahora sí de acordar y poner en marcha un plan de trabajo conjunto basado en las coincidencias programáticas entre ambas agrupaciones, que sin duda son muchas.

Ese plan, a mi juicio, debería partir de una toma de conciencia del proceso de modernización y desarrollo en el que estamos embarcados desde que abrimos y liberalizamos la economía en 1990, los avances que hemos realizado, los retrocesos que en esa progresión hemos tenido y debemos enmendar, y las tareas pendientes para seguir avanzando hacia un país cada vez más moderno e institucionalizado capaz de crecer a las tasas necesarias para desaparecer la pobreza.

Retirar “intervencionismo de baja intensidad” y digitalizar

Los avances son conocidos. Los retrocesos también: si en los 90 se liberalizó la economía y se retiró el intervencionismo estatal en los distintos mercados, haciendo posible un crecimiento acelerado, lo que hemos tenido, sobre todo a partir de la segunda década de este siglo, ha sido la restauración de lo que hemos llamado un ‘intervencionismo de baja intensidad’, consistente en la sobre regulación creciente de las distintas actividades económicas, frenando la iniciativa privada y ahogando la economía de las empresas.

El gobierno de PPK comenzó la tarea de simplificar los trámites y desregular algunas actividades. 290 procedimientos en varios ministerios han sido eliminados y 243 simplificados. Esto tiene que seguir. Además, 12 ministerios han iniciado ya el Análisis de Calidad Regulatoria de sus normas, que lleva también a eliminar o simplificar procedimientos. Es una tarea a la que debe dársele más impulso, a fin de restablecer la libertad económica que permita el florecimiento de los emprendimientos.

Hay un esfuerzo interesante de digitalización del Estado, que debe profundizarse. Hay ahora 94 servicios WEB en la plataforma de interoperabilidad y 234 entidades públicas usándolos. Se quiere ir a Cero Papel en el Estado a fines del 2019. Eso implica también, de por sí, simplificar procedimientos porque no se los puede digitalizar si no se simplifican. Por último, en la actualidad, 121 tasas (72%) se pueden pagar por internet (págalo.pe) en lugar de ir a BN. Hay que seguir avanzando en todo esto. 

Construcción institucional e islas de excelencia

Ahora bien, la gran tarea pendiente desde los 90 es la institucional, que requiere acuerdos porque en algunos casos puede afectar intereses. Hemos crecido, pero la institucionalidad general se ha quedado atrás. Tarde o temprano ese retraso afecta el propio crecimiento.

Es cierto que desarrollamos una institucionalidad de mercado, unas reglas de juego que funcionaron, hasta que han sido en algunos casos ahogadas, como decíamos, por una sobreregulación estéril que hay que desmontar. Esa institucionalidad de mercado tuvo su correspondencia en la modernización y profesionalización de ciertas entidades del Estado, que se convirtieron en islas de excelencia. Allí tenemos al Banco Central de Reserva, la Sunat, la Reniec, la ONPE, el Indecopi, los organismos reguladores, la Defensoría y, en alguna medida, algunos ministerios como el MEF, Energía y Minas y, recientemente, el MIDIS. 

Algunas de estas entidades tienen que actualizarse y re modernizarse. Se necesitaría una agenda para eso, quizá de la mano con las recomendaciones de la OCDE. Osiptel, por ejemplo, ha iniciado recientemente un proceso de adecuación en ese sentido.

Implantación de la meritocracia: ley de Servicio Civil

Pero la excelencia no debe limitarse a unas islas, sino a todo el Estado. Pues, como sabemos, esa modernización no alcanzó a casi todo el resto del Estado, donde prevalece, en mayor o menor medida, un patrón de gestión que podríamos llamar neo patrimonialista, donde se favorece en los puestos y contratos a familiares, amigos o correligionarios con poca o ninguna meritocracia. Esto también se aplica, por supuesto, al Poder Judicial y al Congreso en su parte administrativa.

La gran tarea de la reforma del Estado, entonces, consiste en avanzar hacia una burocracia profesional y meritocrática en todos los niveles e instituciones del Estado. Pues bien, para eso se dio, el 2013, la ley de Servicio Civil, para que todas las entidades revisaran y definieran bien sus procesos y los perfiles del personal que necesitaban y en función de eso convocaran a concursos dentro de la administración pública para llenar esos puestos y que luego hubiese evaluaciones de desempeño que regularan los ascensos y la salida del servicio en el caso el empleado no fuera competente.

Un bueno número de entidades, incluyendo ministerios, inició este proceso, pero solo la ONP ha llegado, hasta ahora, a la etapa de los concursos, debido a que el gobierno de PPK no le dio prioridad ni apoyo político a la implementación de esta ley clave. Al no dárselo, creó un vacío que fue aprovechado por las fuerzas del pasado para retroceder a prácticas clientelistas y parasitarias. Por ejemplo, el Congreso aprobó, hace algo más de un año, una ley que pasaba los CAS de Essalud a la 728 –estabilidad laboral absoluta sin meritocracia- en lugar de permitir que pasen al régimen la ley de Servicio Civil, precisamente, que da los mismos beneficios de la 728 pero a cambio de meritocracia, de evaluaciones, de la obligación de rendir en el puesto. Y luego aprobó hace poco la ley de carrera del trabajador judicial que excluye a dichos trabajadores de la ley de Servicio Civil y les regala una carrera en la que no hay tampoco evaluaciones ni meritocracia alguna. Un retroceso irreversible.

Con la 728 no hay manera de exigirle nada a un funcionario que no cumple ni rinde. Y eso es algo que los usuarios y los ciudadanos en general no podemos aceptar, porque pagamos aportes e impuestos para que el Estado nos sirva de manera eficiente.

Entonces la segunda definición clara del gobierno de Vizcarra debería ser la de darle prioridad y voluntad política a la implementación de la ley de Servicio Civil, que es la base de la gran reforma del Estado, de su transformación en un Estado moderno, eficiente, meritocrático y profesional.

Como consecuencia de esa definición, se debería acordar con el Congreso la reorientación del proyecto de ley que pasa todos los CAS del Estado a la 728 o a la 276, en el sentido de que pasen al régimen de la ley de Servicio Civil que, como decíamos, da los mismos beneficios y derechos que la 728, pero con meritocracia y resolviendo, por añadidura, el problema de los bajos sueldos de los segmentos altos, técnicos y profesionales del Estado, ahora muy mal pagados. En realidad, no habría que dar ley alguna, pues para eso se dio precisamente la ley de Servicio Civil. Es cuestión de aplicarla, aunque quizá se pueda aprovechar para hacerle las mejoras que requiera.

Reingeniería en entidades clave

Ahora bien, dentro del marco general de la meritocracia, hay entidades que necesitan una reingeniería profunda para reorientar su organización en función de metas y resultados dejando de lado vicios y corruptelas de naturaleza patrimonialista. El propio proceso de la ley de Servicio Civil ya es un paso hacia eso. Pero hay entidades como el Servicio Integral de Salud (SIS), por ejemplo, que requieren una reingeniería completa, sobre la base de un concepto diferente. Es lo que venía haciendo el Dr. Moisés Rosas en los últimos 10 meses en el SIS, hasta que fue cesado por el ex ministro Abel Salinas. El Premier Villanueva, felizmente, ha reconocido ese esfuerzo y ha avalado su continuidad. Significa que el SIS funcione como un seguro de riesgos, que contrate no con el establecimiento sino con la red para que los recursos se orienten a reforzar el nivel básico a fin de que haya menos gasto en el más complejo, y que se pague en la medida en que los pacientes no tengan que pagar por los medicamentos y haya menos derivaciones innecesarias a clínicas particulares. Por supuesto, concesionar la gerencia de los hospitales debería ser una reforma complementaria a la anterior, a fin de asegurar eficiencia en el servicio. 

Otro ejemplo es el reciente cambio del sistema de inversión pública. Hemos pasado al Invierte.pe. Esto debe perfeccionarse, y dar el salto al Plan Nacional de Infraestructura, para sacar los proyectos del tráfico político o colusorio. Al mismo tiempo debe avanzarse hacia una verdadera modernización y potenciación de Proinversión, que ha quedado a medias.  

También están marcha, con mayor o menos velocidad e intensidad, y con avances y retrocesos, procesos de reforma y modernización en el Poder Judicial y el Ministerio Público, en la Policía, en Educación, en Provías, la ONP, etc.

Pero hay áreas en las cuales estamos en cero: el proceso de descentralización, por ejemplo, iniciado el 2002, que ha tenido una serie de problemas y necesita una revisión profunda, no solo por los niveles clamorosos de ineficiencia estatal prevalecientes en muchos gobiernos sub-nacionales, sino porque parte importante del crimen organizado está vinculado a autoridades locales o regionales que aprovechan la cuasi feudalización del país para asaltar los recursos fiscales. 

Pues bien, necesitaríamos instancias de impulso y monitoreo de estos procesos. Sea en la PCM, sea en el MEF. Algunos presupuestos por resultados deberían incluir metas de reforma.

Por supuesto, la reforma política es fundamental para reconstruir la autoridad central y el carácter unitario del Estado, que requiere de un sistema de partidos y de representación funcional. Pero esta es una tarea del Congreso.

Imperio de la ley

Para empujar y monitorear la modernización del sistema judicial, indispensable para implantar el gobierno de la ley en nuestro país, tendríamos que retomar y fortalecer el Acuerdo Nacional por la Justicia, pero incluyendo al Ministro del Interior entre sus miembros, y especializando una oficina en el ministerio de Justicia para ese fin. La gestión de los préstamos del Banco Mundial ($100 millones) y del BID ($100 millones) para implantar el expediente digital en el Poder Judicial, el Ministerio Público y la PNP, debería ser el centro neurálgico del impulso a la reforma del sistema judicial y al propio Acuerdo Nacional por la Justicia.   

Aquí sería bueno, además, conformar una comisión de expertos nacionales e internaciones que sugieran lineamientos para la reforma del sistema judicial, que alimenten al mencionado Acuerdo por la Justicia, pero también al Congreso. Quizá la reforma clave acá es la de la Corte Suprema, que debería reducirse a pocos miembros de muy alto nivel ocupados en un número reducido de casos paradigmáticos que permitan sentar jurisprudencia predictible para, de paso, prevenir la corrupción. Si mejoramos la cabeza, el cuerpo se arregla.

Una constatación es que en nuestro país la justicia penal no ha descendido aun a niveles locales. Funciona con deficiencias para el gran delito, pero no para el pequeño. Deberíamos ir avanzando en la descentralización distrital de la justicia penal de modo de juntar en un solo local a la Policía, el fiscal, el juez y una pequeña carceleta pera penas cortas –de días o semanas- para delitos menores, a fin de terminar con la impunidad, madre de la inseguridad y la delincuencia mayor. Y retomar de esta manera los abandonados juzgados de flagrancia. Es la atención primaria de la justicia penal.

Este proyecto podría tener la colaboración económica de las municipalidades distritales, las principales interesadas en proporcionar los locales respectivos. Es un asunto de gestión y coordinación.

La gran tarea pendiente en nuestro país es el imperio de la ley. La manera de comenzar es con la pequeña delincuencia, en los barrios, castigando con penas cortas y resocializando a los infractores. Y retomado estrategias preventivas complementarias como Barrio Seguro, que habría sido increíblemente abandonada.  

Informalidad y productividad 

Pero una manifestación clara de ausencia de ley, de la inexistencia del Estado como cuerpo legal, es la extendidísima informalidad, que significa que la mayor parte de los peruanos actúa fuera de las normas del Estado. Fuera de la ley. Para resolver eso se requiere un conjunto de reformas, sobre las que ya nos explayado en otros informes, tales como la reforma tributaria, avanzando a un sistema tributario único y digitalizado que le haga su liquidación al pequeño; las reformas laborales y, en general, el impulso a la inversión privada para incrementar la dotación de capital en nuestro país, lo que a su vez requiere de las reformas anteriores. 

Un sector importante en la informalidad es la minería informal. Allí tenemos que avanzar a una verdadera simplificación que permita la formalización. Lo que hemos hecho hasta ahora ha tenido efectos muy limitados.

Los esfuerzos de relación comunitaria que han desarrollado las empresas mineras deberían sistematizarse en una doctrina, que incluya como herramienta fundamental la masificación del Sierra Productiva, ya no solo para facilitar la inversión minera, sino para sacar de la pobreza a la Sierra entera en un plazo de tres años. La alianza entre minería y agricultura debería ser el siguiente gran paso adelante. El ministerio de Agricultura debe revisar sus políticas de desarrollo rural, que no han sido efectivas, en esta línea.

El Perú saldrá adelante si toma conciencia del proceso de modernización en el que se encuentra desde los 90, de las reformas que requiere y de las grandes y pequeñas tareas pendientes para lograrlo. Si se comprende que hay un proceso y que hay avanzar. Que la mejora es continua y no puede detenerse.

Cada cierto tiempo los huaycos recuperan sus causes y solo atinamos a pasar de alguna manera la crisis para que todo quede igual. Los damnificados, unos más que otros, quedarán en la miseria, se volverán a construir viviendas precarias y las infraestructuras quedarán dañadas en buena parte.

Mientras tanto, la tecnología avanza. Tenemos hasta un novísimo satélite y hay múltiples mecanismos de registros geo-referenciados, como para poder hacer un buen levantamiento de las áreas de riesgo y reubicar definitivamente a las poblaciones afectadas en viviendas adecuadas, a mucho menor costo que tener que enfrentar las recurrentes crisis, como lo muestra líneas abajoLeopoldo Monzón, de PROESMIN.

Más allá de la necesidad de afrontar de una vez por todas el manejo de aguas, su represamiento, infiltración y encausamiento, superando el mito de que el agua no cuesta y que tenerla es un derecho (que no se hace realidad), tenemos que actuar sobre el desarrollo urbano en zonas de riesgo.

En el siguiente artículo, Monzón nos propone soluciones específicas para las zonas de Chaclacayo y Chosica. Veamos:  

Desastres naturales por inundaciones, ¿Una oportunidad?

Leopoldo Monzón Ugarriza
Gerente General de PROESMIN
Para Lampadia

Situación Actual

Las inundaciones en el Perú se han vuelto parte del común del transcurrir de la vida del poblador de la costa, sierra y selva, es más, el Estado y los pobladores disponen de cuantiosos recursos en: reconstrucción de infraestructura, ayuda social, recuperación de cultivos, asistencia de salud, obras de contención, etc. Hemos estimado que los recursos dispuestos por el Sector Publico Privado en los últimos años han sido del orden de S/20,000MM y solo en las quebradas de Chaclacayo, Chosica y Lima más de S/1,000 MM, además de más de 50 pobladores fallecidos, más de 1,000 Heridos y 20,000 casas colapsadas. Siendo lo más grave, que a pesar de las adversidades, se siguen construyendo edificaciones en estas zonas. (ver Imagen 1).

Imagen 1: Crecimiento sin control de viviendas en las Quebradas, Fuente INGEMMET

Imagen 2: Fuente: Diario El Comercio

Imagen 3: Fuente Diario El Comercio

Debido a esta problemática, en los últimos meses hemos venido estudiando las razones que llevan a los pobladores a vivir cerca de las quebradas. Hemos identificado las siguientes: Agua cercana, desagüe cercano que son las mismas quebradas, la infraestructura vial desarrollada casi siempre cercana a quebradas, suelos fértiles para desarrollar actividades económicas, facilidad para desarrollar actividades comerciales de diferentes tipos, sumado a esto un Estado que no planifica y provee de colegios, infraestructura y postas médicas  en estas zona vulnerables y finalmente  que,  ante la emergencia, dispone de recursos para reconstruir en la misma zona, lo que solo termina agrandando el problema.

Imagen 4: Zonas de alto riego quebradas de Chosica Fuente: Proesmin S.A.C.

Lo expresado se transforma en un círculo vicioso en donde: se consume agua directamente de pozos o de los ríos sin tratamiento causando enfermedades como la desnutrición crónica, se arroja gran cantidad de residuos sólidos a las quebradas causando un daño ambiental sin precedentes, se utilizan detergente para lavado de ropas o de autos, se genera un alto riesgo a la vida de los pobladores en caso de avenidas y huaycos, además de la destrucción de infraestructura y de sembríos.

Las soluciones planteadas en los últimos años son más de lo mismo por lo que es importante una mirada diferente con un enfoque integral que involucre los conocimientos de ingeniería, de  planificación e información circundante valiosa como, Topografía, Suelos, Climas y Precipitaciones.

Desarrollo de la Propuesta

Desde hace algunos años hemos venido mapeando integralmente las cuencas afectadas y hemos identificado que zonas contiguas a estas áreas afectadas tienen las siguientes características: Pendientes menores de 20 grados, Zonas de suelo estable roca, zonas de suelos para agricultura y ganadería , zonas no vulnerables a un sismo y/o a los efectos de las inundaciones; en estas áreas proponemos la implementación de ciudades satélites (ver imagen 5 y 6) las cuales tendrán : agua potable, desagüe, accesos a las carreteras principales, energía eléctrica con capacidad para albergar en lotes de 150m2 al total de pobladores amenazados por las fuerzas de la  naturaleza, las mismas que satisfacen  largamente las necesidades de los pobladores, corroboradas por las encuestas realizadas por nuestro equipo de investigación.

Imagen 5: Ubicación para Ciudades Satélites Planeadas, Fuente Proesmin S.A.C.

Las zonas pintadas de rosado en la imagen 5 acogerían el total de la población en peligro inminente.

Imagen 6: Cuidad Satelite, Fuente: Proyecto Olmos

En estas ciudades satélites se construirán plantas de tratamiento de capacidades de 3,000 lt/día a 1’000,000 lt/día, para dotar de agua de 10 a 3,000 casas respectivamente, dependiendo de la zona de intervención y los daños ocurridos y además cada una de ellas tendrá un tanque para almacenar agua y un biodigestor para el tratamiento de los sólidos y líquidos que ahora terminan en los ríos del Perú. El agua tratada en el biodigestor se podrá utilizar para riego de jardines que circundarán las casas y los residuos sólidos se podrán utilizar como abono cerrando un circulo virtuoso nuevo con servicios ambientales cercanos a países del primer mundo. (ver imágenes 7 y 8).

Imagen 7: Diagrama de Agua Potable Segura Fuente: PROESMIN

Imagen 8: Diagrama Tratamiento de Agua Fuente MCVS

Propuesta

El número de damnificados en los últimos años se estiman en 20,000 familias es decir 100,000 personas, las cuales planteamos dotar de una vivienda con todos los servicios, la infraestructura para accesos a las zonas urbanas, además de parques industriales conexos para crear empleo; todo esto con una inversión estimada será de S/3,000MM en viviendas y S/600MM en servicios, sumando S/3,600MM, lo cual representa menos de 5 veces de lo invertido en reconstruir los desastres una y otra vez.

Para el financiamiento se tiene a la mano los mecanismos de Techo Propio convocando a entidades privadas a desarrollar los proyectos, ampliando el Bono de Buen Pagador a un 50% del valor de la inversión y financiando el resto a 20 años con tasas de interés muy bajas, tratándose de soluciones de este tipo.

El capital público y privado intervendrían incorporando centros comerciales, parques industriales, Colegios, Centros de Salud, etc. en estas ciudades satélites generando puestos de trabajo para los pobladores de la zona.

Con lo expuesto la plusvalía de los terrenos y de las casas construidas deberá incrementarse en 5 años en un 250%, en base al estudio de benchmarking de crecimiento de valor realizado en zonas sostenibles. (Proesmin 2015).

Tareas y Tiempos Estimados

Las actividades estimadas son las siguientes:

1. Declaración de la emergencia y contratación para el desarrollo del proyecto (30 días).
2. Ubicación y planificación de ciudades satélites, zonificación y ordenamiento territorial de cuencas afectadas a nivel nacional (60 días).
3. Desarrollo de ingeniería integral (60 días).
4. Promoción de la solución con los pobladores (90 días).
5. Estudios ambientales (60 días).
6. Plan de traslado de pobladores (60 días).
7. Desarrollo del modelo financiero (60 días).
8. Construcción e implementación de la solución (180 días).

Según el cronograma anterior, se puede garantizar que dentro de un año se haya reubicado a las poblaciones de todas las zonas de alta vulnerabilidad. Lampadia

Pareciera que las autoridades peruanas intentan solucionar un problema distorsionando la realidad con otro. Quieren un distrito sin estacionamientos para una ciudad sin transporte público organizado. Quitan estacionamientos de vías públicas y pretenden remplazarlo con uno subterráneo que cuesta más. Este atropello de reformas que está ocurriendo en los distritos de Miraflores y San Isidro parece ser una pantalla al verdadero ‘negociazo’: la empresa privada de estacionamientos Los Portales.

Desde hace unos meses, sin consulta ni información alguna, han empezado a aparecer decenas de macetas que impiden el uso del espacio como estacionamiento para los residentes y trabajadores que transitan diariamente estos distritos. Su raciocinio pareciera tener una noble causa: “un gran plan de urbanismo”, distritos modernos y con conciencia medio ambientalista.

Fuente: Carlos Soto

Pero, en una ciudad de casi 9 millones de personas; con un parque automotor que continúa aumentando (hubo un crecimiento de 100,000 nuevas unidades en 2016 y cerró el año en 2.6 millones de vehículos) y un transporte público que deja mucho por desear, esto es un caos. Y es que, dada la escasez de estacionamientos en San Isidro y Miraflores, pareciera que lo que los alcaldes de estos distritos realmente desean es promocionar a Los Portales, forzando a los vehículos a estacionarse en sus estacionamientos (algunos recientemente inaugurados).

Fuente: Carlos Soto

¿En algún momento se han puesto a pensar en el perjuicio que le están ocasionando a los residentes y negocios que se encuentran en la zona y que han apostado por pertenecer al distrito? ¿Se han puesto a pensar en las facilidades para alguna embarazada, con hijos pequeños, ancianos o persona con discapacidad? ¿En la gente que maneja de otros distritos para venir a trabajar y que ahora será obligada a pagar un mayor monto por estacionar? En el caso de Miraflores, por ejemplo, Los Portales ha establecido una tarifa de S/0.12 el minuto o S/7.20 la hora, dos soles más que el promedio en las playas aledañas, las cuales también dicen estar siendo perjudicadas.

Por donde se le mire no tiene ninguna intención de mejora y beneficio para los vecinos que conforman sus distritos, sino todo lo contrario, se convierte en una excusa perfecta para el negocio redondo de unos cuantos, camuflada en el tristemente célebre discurso de urbanismo. Y Los Portales no duda en abusar de sus servicios, aumentando los costos por hora en distintas zonas y la penalidad por pérdidas de Ticket de Ingreso, algo que los usuarios ya se han quejado en las redes sociales por su precio exorbitante.

Fuente: Facebook

Y es que Los Portales es casi un monopolista que controla la cantidad de producción y el precio. Su competencia, Central Parking, casi ni figura en los estacionamientos de las zonas más concurridas de Lima. Uno pensaría que, dado el exorbitante monto que cobra por hora, al menos mantendría un servicio impecable. Pero no es así. Los baños, como se ve líneas abajo, dejan mucho que desear (en sus múltiples localidades). Están rotos y sucios. ¿Este es el servicio que nos ofrecen?

Locales de Av. Álvarez Calderón 180 y Av. Camino Real Nro. 348

Hay que apreciar además el tipo de cambio que ofrece a sus clientes. Como se puede apreciar en la siguiente foto, cuando el tipo de cambio ya superaba los 3 soles por dólar, Los Portales seguía y, sigue, dando una cotización abusiva.

Su mal servicio no se limita a estos servicios, sino también a su sistema de cobro. En algunas localidades, como el Óvalo Gutiérrez, ya ni siquiera ponen personal para el cobro del estacionamiento a la salida del cine de noche. En vez, fuerzan a los carros a hacer una larga fila para pagar, creando smog en un lugar cerrado y sin un sistema de ventilación apropiado, que es dañino para la salud de los clientes.

Algo muy llamativo de estos desarrollos es que los alcaldes simplemente los imponen en contra de los ciudadanos. Lo mismo pasa en San Isidro con los cambistas, que al prohibir sus operaciones, los ciudadanos ven encarecidas sus negociaciones de divisas en los bancos. También se ha prohibido el lavado de carros en la vía pública. En esencia, se está creando un ambiente menos pueblerino y más frío. Antes tenías tu cambista, la comodidad de estacionar donde necesitabas y el joven que lavaba tu carro.

Queda claro, entonces, que existe un grave problema con el abuso de poder de los alcaldes y de empresas como Los Portales, al contar con el protagonismo de estacionamientos en Lima y generando mayor incomodidad y problemas a los ciudadanos. Además, la conducta de las autoridades que permiten y facilitan estas “reformas” muestra que, lamentablemente, el bienestar de todos los ciudadanos no está dentro de sus objetivos. Lampadia