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Las preocupaciones en el Perú y el mundo

Entre las preocupaciones más importantes de la humanidad, destacan cuatro principales: corrupción, desempleo, pobreza/desigualdad social y crimen/violencia.

Entre los resultados más importantes a nivel global, China es la nación que inspira más confianza sobre la dirección que está tomando: el 92% dice que las cosas van en la dirección correcta. Arabia Saudita, con un 76%, sigue en segundo lugar, seguida de Corea del Sur (74%) e India (60%).

El estudio What Worries the World encuentra que la mayoría de las personas en las 28 naciones participantes sienten que su país va por el camino equivocado (58% en promedio), con Italia (86%), México (85%), Brasil (83%) y España (80%) citando los mayores niveles de preocupación.

Entre los países de América Latina, los puntajes dan: Chile (54/46) [(mal/bien)], Argentina (64/36), Perú (70/30), Brasil (83/17) y México (85/15).

“Lo que preocupa al mundo” es una encuesta mensual que encuesta a adultos menores de 65 años en Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, China, Francia, Gran Bretaña, Alemania, Hungría, India, Israel, Italia, Japón, Malasia, México, Polonia, Perú, Rusia, Arabia Saudita, Serbia, Sudáfrica, Corea del Sur, España, Suecia, Turquía y los Estados Unidos.

A nivel global

Por otro lado, las cinco preocupaciones principales en todo el mundo son:

  • Corrupción financiera / política (35%)
  • Desempleo (34%)
  • Pobreza / desigualdad social (33%)
  • Crimen y violencia (32%)
  • Cuidado de la salud (24%).

En el Perú

El Perú, como no es sorprendente, los temas que más afectan a nuestro país son:

  • La criminalidad y violencia (67%) – primero a nivel global delante de México
  • Corrupción política y financiera (62%) – empatado a nivel global con Malasia

La principal preocupación en el Perú es la criminalidad y la violencia en nuestras calles. No cabe duda que, hoy en día, el problema de la delincuencia marca la agenda social, política y económica del país y de casi toda la región latinoamericana. En nuestro país, el principal problema es la victimización por delincuencia, es decir, el delito común, la inseguridad ciudadana en las calles y las casas, que es la más alta en las Américas según el Barómetro de las Américas.

Para revertir esto se necesita acabar con la impunidad, poniendo más policías en las calles, mas patrullaje, mejor integración con los serenazgos, mejor coordinación entre la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial, coordinación con las municipalidades, la comunidad, y acciones preventivas.

La segunda gran preocupación del Perú es la corrupción política y financiera, lamentablemente, el Perú está en el primer lugar junto con Malasia.

Este tema es uno de los más enquistados en el Estado, al que hay que agregar los daños a la sociedad, causados por malas decisiones en leyes absurdas, además del desperdicio de nuestros escasos recursos en obras innecesarias, faraónicas e inconclusas, que malogran la capacidad del Estado de ofrecer buenos servicios y de mantener la confianza de los ciudadanos.

El tercer gran tema es la educación. Nuestros resultados PISA son históricamente bajos y hemos venido teniendo grandes problemas en el liderazgo del Minedu para repotenciar este sector. Quizás es por eso que en el ranking nos encontramos en el primer lugar con un 38% de preocupación, junto con Chile.

Esta medición no quiere decir que Chile y Perú están preocupados porque tienen la peor educación del mundo, sino porque han tomado conciencia de que es un tema crucial para su futuro y esperan acciones de gobierno acorde con esa prioridad de la sociedad.

En Lampadia hemos insistido en la necesidad de emprender una verdadera revolución educativa si queremos nivelarnos con los estándares educativos de los países más avanzados y enfrentar los retos que traerá la cuarta revolución industrial a nuestros pobres. Ver: Reflexiones sobre la educación para el futuro, la presentación de nuestro director en el último CADE, en noviembre pasado. Lamentablemente, IPAE no ha recogido el tema.

El cuarto tema es la pobreza y desigualdad. En el Perú, la inversión privada, liderada por la minería, ha permitido un crecimiento sostenido del PBI, durante más de quince años, permitiéndonos reducir la pobreza y la desigualdad. Lamentablemente, en el 2011, como hemos destacado anteriormente, el 2011 se dio el punto de inflexión, coincidiendo con el inicio del ‘gobierno de la inclusión’, tanto en aspectos sociales como económicos. Ver en Lampadia: En el 2011 se dio el Punto de Inflexión de nuestro Desarrollo.

Para poder retomar recuperar el crecimiento económico, el principal camino para la reducción de la pobreza, la generación de empleo y mejoras sociales, es necesario poner en valor nuestros proyectos y situarnos como uno de los principales exportadores mineros del mundo. Nos guste o no, la inversión minera es el mejor y más rápido camino para que podamos cerrar nuestras brechas económicas y sociales.

En el caso del desempleo y trabajo, la tasa de desempleo de Lima Metropolitana se ubicó en 8.1% en el primer trimestre del año y representa la más alta desde el mismo trimestre en el 2012 cuando se alzó en 8.7%, según el INEI. Con ello, actualmente existen 420,900 personas que buscan un empleo activamente en la capital. En los últimos meses hemos tenido una mejora, pero la política y la corrupción judicial, amenazan con desbaratar toda recuperación.

Con respecto a la salud, la reforma del sistema de salud es una tarea pendiente que ya no puede ser ignorada. La calidad de los servicios de salud no cumple con estándares mínimos de servicio para citas, operaciones quirúrgicas y procesos médicos. El sector está en crisis; tienen que trabajar en condiciones precarias, con gran parte de los equipos malogrados y con escasez de medicinas esenciales.

Otros cuadros de interés son:

Lampadia




Otra norma pensada para Noruega

Otra norma pensada para Noruega

El siguiente artículo de Jaime de Althaus que formará parte de nuestra biblioteca virtual: Estado del Siglo XXI, nos demuestra que la orientación de esta nueva norma va en contra de los intereses nacionales. Como se ha explicado anteriormente, uno de las mayores causas de los crecientes niveles de criminalidad en el Perú, es la impunidad, agravada por la falta de carcelería efectiva por los delitos menores, como producto de la laxa normativa actual.

Pues, por más increíble que pueda parecer, el proyecto del nuevo código amplía los espacios posibles para penas sin carcelería efectiva. Pareciera que el proyecto se ha escrito para ser aplicado en Noruega, donde se están cerrando las cárceles por falta de reos.

En todos los aspectos de la vida del país tenemos normas perniciosas, contradictorias, sobrepuestas y que se exceden largamente en el número de ellas, al mismo tiempo que traen un menor nivel de gobernanza. Es inaceptable que una revisión de un código tan importante sea diseñada para agravar nuestros males institucionales.

El proyecto del nuevo código penal no reduciría la inseguridad ciudadana

La discusión en torno al proyecto del nuevo Código Penal se ha centrado en problemas de inconsistencia y falta de proporcionalidad en la duración de las penas: delitos menos graves tienen penas más altas que otros más graves, y en el tratamiento benevolente a ciertas formas de discriminación, etc. Pero hay un aspecto aún más importante y en el que este proyecto retrocede reduciendo la posibilidad de dar una respuesta eficaz al problema de la inseguridad ciudadana, específicamente a la altísima tasa de victimización por delincuencia que nos asola, que es la más alta en América.

Hemos sostenido que la causa principal de tan alta tasa delincuencial radica en la impunidad: los delincuentes no son atrapados o si lo son, con frecuencia no se les castiga si el delito que han cometido tiene una pena de cuatro años o menos pues el juez tiene la facultad de suspender la ejecución de ese rango de penas, y eso es lo que hace. Pero lo que se ha olvidado es que según el artículo 29 del código penal, el juez tiene la facultad de aplicar penas privativas de la libertad efectivas de dos días o más. No lo hace porque no hay centros de detención locales o municipales donde los reos puedan cumplir penas cortas, y no tiene sentido enviar a Lurigancho a un sentenciado por una semana o un mes o tres meses.

Entonces lo que hemos propuesto es que las municipalidades construyan pequeñas carceletas para esa clase de delitos y que –en Lima- la justicia penal se descentralice a los distritos. Es decir, que en cada distrito haya cuando menos un juez, un fiscal y una pequeña carceleta, para hacer posible el castigo efectivo de los delitos menores, que son los que en mayor cantidad afectan a la población, y suprimir entonces la impunidad, que es la madre de la delincuencia. Sin impunidad, la tasa de victimización se encogería sensiblemente.  Esta es la solución que demandan, de otro lado, los juzgados de flagrancia para que se vuelvan realmente efectivos. Sin ella, caen en lo mismo: no pueden condenar a pena efectiva.

Pues bien, ocurre que el proyecto del código penal anula la posibilidad de condenar a penas privativas de la libertad cortas. Según el artículo 31.2 del proyecto “la pena privativa de la libertad tiene una duración mínima de dos años”, ya no de dos días. Increíble. No solo eso: el artículo  72 del proyecto de nuevo código penal establece que el juez puede suspender la ejecución de la pena siempre que “la condena se refiera a pena privativa de la libertad no mayor de 5 años”. Es decir, sube de 4 a 5 años la pena cuya ejecución puede ser suspendida. Con lo que la esperanza de reducir la impunidad se aleja aun más.  

Al mismo tiempo, sin embargo, el proyecto sube las penas a varios delitos  cuando de nada sirve subir las penas si estas no se ejecutan o si en la base de la pirámide delictiva lo que reina es la impunidad total y, por lo tanto, la ley de la selva. Lampadia




La inseguridad en Lima alcanza niveles alarmantes

La inseguridad en Lima alcanza niveles alarmantes

La percepción de inseguridad en la capital ha llegado a un nivel alarmante: el 90% de limeños entrevistados se siente inseguro en las calles, según la última encuesta realizada por Ipsos-Perú.

www.Perú21.pe

El informe: Encuesta sobre seguridad en América Latina, reitera algo que el Barómetro de las Américas había mostrado, que los niveles de victimización e inseguridad en el Perú son los más altos en América Latina. En este caso la comparación es con Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia  y México. El 30% de personas declara haber sido víctima de algún hecho delictivo el último año, lo que coincide con las cifras de la encuesta del INEI al respecto. Estas últimas registran una mejora en los últimos años (la victimización habría bajado 10 puntos), pero seguimos siendo el país más inseguro. Las reformas judicial-penal-policial, para las que hemos venido formulando propuestas, siguen siendo urgentes y deberían ser abordadas por el próximo gobierno.  

Además la sensación de inseguridad es alta: el 90 por ciento de los encuestados afirmaron sentirse inseguros en las calles de la ciudad. Para complementar esta encuesta, el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público anunció recientemente que en la capital se producen más de 250 robos por día.

El Observatorio registró 29,484 robos y hurtos entre enero y abril de 2015. Sin embargo, los especialistas afirman que no se notifican todos los casos y el número de casos no denunciados podrían representar 15% del total. En promedio, afirman que el 30% de los residentes de Lima han sido víctimas de un delito en el último año.

Los distritos con la tasa de criminalidad más alto son el Cercado de Lima, Callao, San Juan de Lurigancho, Ate, La Victoria, Santa Anita, San Juan de Miraflores, San Martín de Porres, Comas, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador.

Según los expertos entrevistados por Ipsos, el aumento en la percepción de inseguridad, así como la tasa de victimización, se pueden explicar por una desconfianza generalizada en las autoridades, así como por la creencia de que el Gobierno no prioriza la seguridad.

Además, el economista y ex presidente del Banco Central, Richard Webb, en un artículo de opinión en el diario El Comercio, dijo que la corrupción generalizada en el poder judicial, cuyo trabajo consiste en garantizar la justicia, es también una de las causas del aumento de la corrupción y del creciente miedo que afecta a todos los niveles de la sociedad. Este retroceso, a pesar de muchos avances económicos recientes, se debe incluir en la ecuación a la hora de evaluar la calidad de vida, dice Webb.

El clima de inseguridad en el país fomenta el desorden y la corrupción, así como los radicalismos, lo cual tiene un impacto negativo en la inversión y en el futuro económico y social del país. No permitamos que esto continúe y tomemos acciones asertivas. Lampadia