Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 8 de mayo de 2020
Para Lampadia

Nunca había visto al mundo en cuarentena. Me refiero al mundo de los seres humanos. Hago la aclaración porque en el agro las cuarentenas son muy comunes. Efectivamente, las cuarentenas agropecuarias se realizan en estaciones cuarentenarias – invernaderos o establos – donde las plantas o animales vivos permanecen confinados durante un tiempo, para ser observados y controlados respecto de ciertas plagas o enfermedades exóticas, que no queremos introducir al país.

Ahora bien, al contrario de las cuarentenas agropecuarias, la cuarentena humana que estamos viviendo la estamos haciendo cada uno en nuestras casas. De allí el famoso hashtag #YoMeQuedoEnCasa. Bueno pues, eso que parece razonable y sencillo para muchos, no lo es para cerca de 10 millones de peruanos (1´600,000 familias) que – literalmente – podrían retrucar #YoNoTengoCasa.

Antes de la pandemia, pocos hablaban del tema. Sobre todo, las autoridades gubernamentales. Entonces uno se pregunta ¿Para qué tenemos Ministerio de Vivienda? ¿O de Desarrollo e Inclusión Social? ¿Para qué sirve el Ministerio de Justicia? Incluso ¿para qué tenemos 1,800 Municipalidades Distritales en todo el país? ¿No se suponía que los alcaldes son las autoridades más cercanas a la población? Realmente, muchos ministerios y municipios – y otras tantas instituciones estatales – están por las puras. No hacen nada útil… excepto clientelismo político. ¡Para eso si son buenas!

En fin… lo real y concreto es que muchos compatriotas viven en sucuchos hechos con esteras o pedazos de cartón y plásticos usados. Incluso hay muchos que ni siquiera tienen eso… y viven en las calles. Y si se tratara de agua y desagüe – ¿de qué nos hablan? – preguntaría esa pobre gente. Entonces – con 1´600,000 familias peruanas sin casa – ¡cómo esperar que la cuarentena tuviera éxito! ¿Cómo van a quedarse en casa?… ¡si no tienen casa!

Hasta aquí… la cruda y dura realidad. Pero ¿qué hacer? ¿Cómo corregir esta brutal injusticia? A ver… ¿no será que el tema de las invasiones y tráfico de terrenos tenga mucho que ver en el asunto? Y a ese respecto ¿acaso no hay alcaldes y regidores municipales involucrados? ¡Claro que sí… y muchos! En realidad, muy pocos alcaldes – en todo el país – están limpios. Sobre todo, en el ámbito de los distritos.

Entonces, si tenemos identificados a los cabecillas ¿por qué no les cortamos la mamadera? He ahí el detalle. Muchos funcionarios del Estado – del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, y del Poder Judicial – son también parte de estas mafias. Ellos – coludidos con avezados maleantes – son los que propician las invasiones y el tráfico de terrenos. ¡He ahí el problema!

Por eso, no queda otra que empoderar a la ciudadanía para luchar frontalmente contra la corrupción en el Estado. Claro que hay muy buenos funcionarios públicos en el país. Pero arriba – bien arriba – el Estado está dominado por la corrupción. Entonces es utópico esperar que la corrupción se combata a sí misma. La ciudadanía empoderada, incluida cierta prensa responsable y objetiva, somos los llamados a luchar contra la corrupción con decisión y valentía. ¡No hay forma!

El gran objetivo debiera ser quitarle a los Municipios Distritales la competencia de otorgar títulos de propiedad a los invasores de terrenos. ¡Ahí está la madre del cordero! Y crear una autoridad nacional autónoma – especializada en la materia – que se encargue de otorgar títulos; y de llevar a cabo un programa masivo de construcción de urbanizaciones populares en todo el país – con todos los servicios básicos bien puestos – y que prohíba y sancione drásticamente a los cabecillas de las mafias de las invasiones y tráfico de terrenos.

Por otro lado, el Gobierno debería fomentar la competencia en el sector financiero – a nivel internacional – para reducir las tasas de interés hipotecarias. Y alargar los plazos de dichos préstamos. ¡Ese debiera ser el otro gran desafío!

La idea es dignificar – y masificar – la vivienda en el país. ¡No a los sucuchos de cartón y plásticos usados! Es cuestión de justicia elemental. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 20 de diciembre de 2019
Para Lampadia

La justicia es un don. Y como tal, debe estar al servicio del bien. La justicia debe estar basada en la verdad, solo la verdad, y nada más que la verdad. Abusar de ella sería desnaturalizarla. Sencillamente, porque todo lo abusivo es – en esencia – injusto. ¿Acaso podría haber justicia injusta?

En ese sentido, mucho de lo que estamos viendo en nuestro país no es justicia. Los más de 35,000 presos sin sentencia – muchos de los cuales ni siquiera han sido acusados – constituyen la máxima expresión de la injusticia en nuestro país. Por más que la cantidad era mayor en el pasado, el número de presos sin sentencia sigue siendo aterrador. ¿Cuántos serán inocentes?

Por otro lado ¿qué decir de la inoperancia del Estado en materia de administración de justicia? Belaunde Lossio saliendo de la cárcel impunemente – por exceso de carcelería, sin haber sido acusado – es un escándalo. Cinco años preso y la Fiscalía… no pasa nada. Ahora resulta que Belaúnde Lossio es una víctima de la justicia. Por todo ello, ese fiscal – el del caso Belaúnde Lossio – merece una drástica sanción.

Pero sigamos. Además de basarse en la verdad, la justicia debe ser misericordiosa. Está claro que la justicia debe castigar al delincuente. Pero – a la vez – debe tratar de rehabilitarlo. Y esto último no está ocurriendo.

La corrupción enquistada en la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial, y el Instituto Nacional Penitenciario ha destruido el concepto de justicia en nuestro país. No sólo por las coimas que van y vienen como Pedro en su casa en casi todas nuestras instituciones públicas. Tampoco por el abuso de autoridad, tan propio de muchos malos funcionarios. Sino – sobre todo – para la falta de misericordia.

O sea, por la inexistencia de un genuino propósito de rehabilitación de los delincuentes. Como que nuestro sistema de justicia vive de la delincuencia. Y – peor aún – la alimenta para medrar de ella.

El odio y sed de venganza que denotan algunos fiscales respecto de sus presas – también – desnaturalizan el concepto de justicia. Lo acontecido recientemente entre el Fiscal José Domingo Pérez y la Asociación Reflexión Democrática así lo demuestra.

¡Cómo puede ser posible que becar y capacitar a postulantes al Congreso de la República resulte – para el Fiscal Pérez – criminalidad organizada! Una causa noble, una loable iniciativa, pluralidad y neutralidad comprobadas, buena fe por donde se le mire… todo ha sido trastocado y desnaturalizado por la obsesión justiciera del señor Fiscal.

¡Qué problema! Muchos peruanos vimos en él – y su equipo – una esperanza. ¡Por fin aparecía la justicia para luchar contra la corrupción… caiga quien caiga! La juventud – íntegra y valiente – salvaría al Perú. ¡Esa era la esperanza! Pero no. Una vez más, parece que ese no es el caso. Lo del Fiscal Pérez y Reflexión Democrática es puro odio justiciero. Eso no es justicia.

Es evidente. Estamos muy lejos respecto de un buen sistema nacional de justicia. Pero por algo había que empezar. Y ese algo era el equipo especial del caso Lava Jato. Pero, así como van las cosas… hasta en ello vamos a fracasar.

Repito. La justicia es un don. Vamos por el bien y la verdad. Vamos por el castigo a los delincuentes. Pero sin abusos, ni odios justicieros. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Un foro organizado por el Instituto de Estudios Internacionales de la PUCP y por la Fundación Konrad Adenauer sobre la crisis chilena produjo explicaciones interesantes acerca de qué explica la explosión social que estamos viendo en el país más desarrollado de Sudamérica que no solo casi ha eliminado la pobreza, sino que ha reducido la desigualdad y ha masificado bienes de consumo de estatus.

Esa fue la pregunta que se formuló Carlos Peña, rector de la Universidad Diego Portales de Chile. Y su respuesta se resume en cinco factores:

La paradoja del bienestar

En las últimas 3 décadas Chile ha experimentado un acelerado proceso de modernización capitalista. El PBI per cápita pasó de $3 mil en 1989 a $24 mil en la actualidad. El consumo de estatus (automóviles, viajes, etc.) se ha masificado. ¿Entonces, por qué quieren incendiarlo todo? Una parte de la respuesta es la siguiente: cuando las sociedades mejoran su bienestar cambian y aumentan sus expectativas. El logro de un deseo engendra otro deseo mayor, anulando la satisfacción que produjo el logro anterior. Se trata de “bienes posicionales”: proveen bienestar en tanto pocos los tengan. Desde el momento en que su disfrute se masifica, dejan de dar bienestar.

Por ejemplo, en Chile el 70% de los universitarios son hijos de padres que no fueron a la universidad. Al ingresar a la universidad y profesionalizarse, esperaban encontrar un estatus de prestigio, de alta renta, de privilegio. Pero en la medida en que la asistencia a la universidad es masiva, ese efecto se pierde.

Entonces se busca otros bienes, mayores. Se engendran nuevas expectativas. Si no se pueden alcanzar, hay problemas.

La Paradoja de la desigualdad

Todas las sociedades son desiguales. El problema no es la desigualdad, sino la falta de legitimación de la desigualdad. Las fuentes de legitimidad de la desigualdad son:

• la promesa de la expansión del consumo y del bienestar, pues en la medida en que sigo mejorando no presto atención a los mayores bienes de otros
• y la meritocracia, en el sentido de que, si me esfuerzo, obtengo lo que quiero.

Lo que ha ocurrido en Chile es que ambas fuentes de legitimación han sido afectadas. La expansión de consumo se ha vuelto más lenta debido a la desaceleración económica que ya tiene varios años. Y la crítica al sistema educativo, por ejemplo, base de la meritocracia, agudiza la percepción de una desigualdad inmerecida, producto del privilegio y la cuna. Deja al descubierto la herida de la desigualdad.

Peña citó a Alexis de Tocqueville, quien sostenía que en las sociedades democráticas hay dos pasiones: por la igualdad y por el consumo. Pero ambas son contradictorias, pues se consume para diferenciarse.

Falta de Modernización (¿y tamaño?) del Estado

La sociedad, según Peña, ha evolucionado más rápidamente que el Estado, que no se ha modernizado. Sigue siendo básicamente el mismo Estado del siglo pasado. El economista de Macroconsult, Elmer Cuba, en la discusión, aportó un cuadro que indicaba que Chile, teniendo el PBI per cápita más alto de Sudamérica tiene, sin embargo, el segundo gasto público como porcentaje del PBI más bajo.

En palabras de Cuba, lo que estamos viendo en Chile es un reclamo por más gasto público. Por un cierto Estado de bienestar. El propio Cuba advirtió, sin embargo, que el elevado gasto público de varios otros países de Sudamérica es claramente deficitario e inviable (Brasil, Argentina, Ecuador, Venezuela y Bolivia), y deberá ajustarse. De otro lado, el PBI per cápita chileno, si bien es el más alto de Sudamérica, es todavía la mitad del que gozan las economías avanzadas que tienen, en promedio, un PBI per cápita de US$ 50.4 mil y un tamaño de Estado de 40% del PBI.

Anomia generacional

Carlos Peña señaló como otro factor detrás de los sucesos de Chile la “anomia” de la generación nacida en los 90. Es decir, una generación que no se orienta por valores y normas dadas por la sociedad o la cultura o los padres, sino que riñe con la autoridad y las reglas. Lo que hay es un proceso de individuación en que cada uno se construye su propia visión, sus propias normas. Y esto, agrega Peña, es una gigantesca fuente de generación de nuevas expectativas sociales.

Desanclaje o ruptura con la política

Un quinto factor, vinculado al anterior, es, según Peña, la “pérdida de la política”. Explicó que en décadas pasadas las preferencias políticas eran influenciadas por la posición de las personas en la estructura social. Si se era pobre, era probable que votara por la izquierda, por ejemplo. Pero ese clivaje ya no existe. La clase social ya no es un predictor del voto. Grupos medios de pasado proletario, por ejemplo, votaron por Sebastián Piñera en la última elección. Las preferencias se han vuelto veleidosas, líquidas. La narrativa de la liberación de clase ha perdido vigencia.

Habría que ver, sin embargo, cómo juega esta constatación con el hecho del aparente triunfo de la narrativa “anti modelo neoliberal” en Chile. De hecho, el propio Peña reconoció que la izquierda chilena que ha estado en el gobierno varios lustros se avergüenza de su propia obra y deja el espacio a la izquierda pre moderna antimperialista de los 60 y 70s.

Carlos Meléndez, por su parte, reforzó en cierto sentido la tesis de Peña al presentar cuadros que mostraban un desapego y rechazo crecientes a las grandes opciones partidarias que hasta hace poco rigieron la política chilena.

En el siguiente cuadro se observa como los partidos vienen perdiendo enraizamiento en la sociedad chilena. Así, la identificación de la población con las dos grandes coaliciones en Chile fue disminuyendo hasta el 2015 e incrementándose hasta un 60% aquellos que no se identifican con ninguna de las dos opciones políticas.

Y en el siguiente cuadro se observa cómo las identidades negativas el 2015 eran bastante más numerosas que las identidades positivas. Es decir, el porcentaje de personas que rechazaban o detestaban a la “Alianza”, por ejemplo, era mucho mayor a los partidarios de esa coalición. Y lo mismo con la “Concertación” o “Nueva Mayoría”. Y los que se encuentran en la intersección, que rechazan a ambas coaliciones, serían personas antisistema, explica Meléndez.

Carlos Peña termina diciendo que es un error moralizar el problema. Se moraliza cuando no sabes cómo explicarlo. Lo de Chile no es un asunto de justicia o injusticia. Tampoco constituye un rechazo a modelo neoliberal o a modernización capitalista. No. Es la expresión de las contradicciones inherentes a los procesos modernizadores. Citó a Raymond Aron que sostenía que la modernización es una dialéctica de progreso y desilusión, es un proceso ciclotímico. El Perú todavía está aún en fase de progreso.

Carlos Peña concluyó advirtiendo que en América Latina en general el eje izquierda – derecha tiende a ser sustituido por la oposición populismo – anti populismo (populismo como la oposición entre una pequeña elite corrupta y abusiva y el pueblo virtuoso y estafado). Esta es hoy la mayor amenaza a la democracia en América Latina. Lampadia

“El Perú ha ido más lejos que cualquier otro lugar, excepto Brasil, en la investigación de la corrupción propagada en América Latina por las empresas de la construcción.

• Un ex presidente, Ollanta Humala, y su esposa pasaron nueve meses en “detención preventiva”.
• Dos días después de la muerte del señor García, un juez ordenó el encarcelamiento preventivo de otro, Pedro Pablo Kuczynski, de 80 años y en el hospital, durante 36 meses.
• Un tercero, Alejandro Toledo, quien supuestamente recibió US$ 20 millones en sobornos, se resiste a la extradición de los EEUU.
• Keiko Fujimori, una líder de la oposición, ha estado en la cárcel durante seis meses por obstruir una investigación sobre la financiación de su partido.

Todos los sospechosos niegan haber cometido algún delito.

Estas investigaciones son un intento atrasado de responsabilizar a los poderosos. Por trágico que sea, el suicidio de García no es una razón para detenerlas. Pero debería provocar un cambio de métodos.

Lanzar a la gente a la cárcel sin cargos, juicio o sentencia es la práctica de los dictadores, no de las democracias. (El hecho de que unos 35,000 peruanos ordinarios se encuentren en prisión preventiva es un escándalo, no una justificación). El desfile de ex presidentes con esposas ante los medios de comunicación, que fue el destino del Sr. García, viola la presunción de inocencia, una distinción crucial entre el Estado de Derecho y la Inquisición. Solo en ese sentido, la muerte de una figura política gigante por su propia mano debería provocar un replanteamiento por parte del poder judicial peruano”.

The Economist, 27 de abril, 2019

Hay tres figuras de la justicia peruana que caen en excesos: la prisión preliminar, la prisión preventiva y la imputación de organizaciones criminales. Ver en Lampadia ‘Prisión Preventiva’, donde detallamos que este mecanismo abarca a muchos ciudadanos.

Prisión preliminar

Bajo este entendido se ha llegado a encarcelar a sujetos que no habían sido siquiera notificados de la apertura de investigaciones.

Prisión preventiva

El mecanismo por el cual ‘primero te encarcelo y después te investigo’, que, como dice The Economist viola la presunción de inocencia, una distinción crucial entre el Estado de Derecho y la Inquisición.

Bajo esta modalidad persecutoria se han afectado los derechos de Ollanta Humala y su esposa, Keiko Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski, Alan García, y varios otros personajes. En el caso de los Humala, pasaron nueve meses en la cárcel y hasta ahora no se les ha abierto la acusación.

Al respecto se han pronunciado el Tribunal de Garantías Constitucionales, la Corte Suprema, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo así como el presidente Vizcarra, el premier y los analistas que no adolecen de compromisos políticos extremos.

Las organizaciones criminales

Un mecanismo judicial diseñado para perseguir actividades criminales de mafias, que viene siendo forzado como instrumento de persecución al ámbito de la política peruana, lo que permite procesos severos y hoy, abusivos.

Por ejemplo, en el caso del fujimorismo, se ha acusado al partido de Fuerza Popular de organización criminal por el feble caso llamado ‘cocteles’. De igual manera, para complicar el caso de PPK, se ha imputado una organización criminal a la supuestamente formada por el propio PPK, su secretaria, la señora Gloria Jesús Kisic, y su chofer, el señor José Luis Bernaola.

Como dice The Economist, “la muerte de una figura política gigante [Alan García] por su propia mano debería provocar un replanteamiento por parte del poder judicial peruano”.

Pero los líderes de las persecuciones se resisten a enmendar los excesos judiciales. El fiscal Domingo Pérez le respondió al presidente Vizcarra exigiendo que se respete la independencia de la administración de justicia desde el Ejecutivo, declaraciones por demás exageradas puesto que nunca se pretendió entrar en conflicto con la autonomía de poderes, sino hacer énfasis en seguir el debido proceso.

El absurdo al que se ha llegado, ha permitido que en el caso del ex presidente Kuczynski, después de haber pretendido enmarrocarlo dentro de la UCI, se le conceda prisión domiciliaria.

Perseverar en estos errores no hará más que desprestigiar el accionar de la justicia, que necesitamos que avance a paso firme para castigar a quienes resulten culpables de los horrorosos delitos de corrupción. Lampadia

En los últimos días diversas autoridades provenientes tanto de instituciones públicas autónomas como del mismo Poder Ejecutivo se han pronunciado respecto a las órdenes de prisión preventiva dictadas por el Poder Judicial y solicitadas por el Ministerio Público, a propósito de los recientes intentos de detención de los ex presidentes Alan García – fallecido el pasado 17 de abril tras cometer suicidio en su vivienda – y Pedro Pablo Kuczynski – quien permanece internado en una clínica por un problema cardíaco. Veamos:

• Martín Vizcarra –  Presidente de la República del Perú (Entrevista en TV Perú el pasado 21 de abril): “Lo que estamos diciendo es que se está aplicando una medida que es excepcional casi en la totalidad de los casos. Ahora [la prisión preventiva] tiene ese carácter de extraordinaria. Entonces, que se haga la reflexión y la evaluación correspondiente en estos entes autónomos [Ministerio Público y Poder Judicial], que son los que solicitan y dan las medidas preventivas”.
• Salvador del Solar – Presidente del Consejo de Ministros (Entrevista en RPP Noticias el pasado 22 de abril): “¿Estamos haciendo de una medida excepcional como la prisión preventiva, sin que alguien haya sido juzgado, una moneda corriente que se ha vuelto de uso cotidiano? Creo que hay un espacio para que se reflexione al respecto y creo que el Poder Judicial y el Ministerio Público deben hacer esa reflexión”.
• Ernesto Blume – Presidente del Tribunal Constitucional (Entrevista en Agenda Política – Canal N el pasado 21 de abril): “Hay una suerte de uso excesivo, y yo diría en algunos casos, abusivo de esta figura, y no lo digo yo, lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha emitido dos informes. El primero es del año 2013, y se llama ‘Medidas para reducir la prisión preventiva, y el segundo es del año 2017, que se refiere a informes del uso de la prisión preventiva”.
• Walter Gutiérrez – Defensor del Pueblo (Publicado en El Comercio el 22 de abril): “Claramente hay excesos ¿qué parte del principio que refiere que la restricción de la libertad es una excepción no se ha entendido? No es la regla ¿Qué parte de la limitación de la libertad debe ser gradual y siempre debe ser motivada no se ha comprendido?”

Así, dichas declaraciones constituyen el punto de ebullición de los excesos cometidos hacia la privación de la libertad en nuestro país a partir de una medida que, vale la pena reiterar, es de carácter cautelar y excepcional, y que para su implementación debe ser correctamente sustentada con circunstancias como el peligro de fuga, la obstaculización de la justicia, entre otras. Prueba de estos abusos por ejemplo se han dado bajo esta modalidad con ex presidentes y notables personajes políticos en los últimos años y meses. Veamos:

• La ex pareja presidencial Humala fue detenida en julio del 2017 para comparecer 18 meses de prisión preventiva; sin embargo, fue liberada en abril del 2018, tras un fallo del Tribunal Constitucional.
• Keiko Fujimori y 10 personas asociadas al partido Fuerza Popular fueron condenadas a 36 meses de prisión preventiva el pasado 31 de octubre por delitos que no eran tales en el 2011. Ya llevan 4 meses en prisión.
• El dos veces presidente Alan García Pérez intentó ser detenido bajo la misma modalidad el pasado 17 de abril, allanando también su vivienda, ante especulaciones respecto a una supuesta vinculación en una entrega de dinero hecha a su ex secretario Luis Nava en el caso Lava Jato. Se suicidó antes de ser esposado.
• El mayor abuso se dio con el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski – requerido también a 36 meses de prisión preventiva – cuando se pretendía enmarrocarlo mientras se encontraba muy delicado de salud en la clínica Angloamericana el pasado 19 de abril.

Pero lo realmente peligroso de los abusos de esta medida es que ya están afectando al resto de la población peruana, más allá de los políticos. Así, del total de 91,0000 presos en el Perú, cerca del 30% están sin sentencia, muchos de ellos con prisión preventiva. Ello muestra la incompetencia absoluta de los funcionarios del Poder Judicial que han hecho suya una medida en base a un abuso extremo e injustificable.

Todo este contubernio político, producido en su mayoría por las cuatro declaraciones mencionadas al inicio del artículo, ha suscitado inclusive que la misma Presidencia del Poder Judicial emitiera un comunicado el pasado 22 de abril señalando que existen vías procesales idóneas – como las apelaciones – para anular sus decisiones judiciales asociadas a las prisiones preventivas. Lamentablemente este no es el caso del Ministerio Público, puesto que el fiscal José Domingo Pérez, uno de los principales artífices del abuso de estas medidas en los últimos meses, ha pedido respeto a la independencia de la administración de justicia hacia al Ejecutivo, siendo dichas declaraciones una exageración puesto que en ninguna de las declaraciones anteriormente mencionadas se pretendió entrar en conflicto con la autonomía de poderes.

Ya es hora de parar esta herramienta inquisitorial. Eso no es justicia, es ensañamiento que puede estar motivado por la rabia o inclusive por ideologías perversas. No podemos permitir que uno de los principales derechos de una sociedad democrática, como es el derecho a la libertad, se vea pisoteado por tales funestos sentimientos. En ese sentido, esperamos que estas declaraciones desde el Ejecutivo, TC y Defensoría del Pueblo, que establecen los correctos lineamientos, así como un adecuado proceder para los investigados por casos de corrupción, calen en el accionar de los funcionarios que integran ambos órganos rectores de la justicia, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Lampadia

Una de las primeras obligaciones de cualquier institución que tenga personal a su cargo, es velar por su cuidado y respeto. Cuando el Estado contrata personal, esta obligación es doble, pues muchas veces los buenos funcionarios públicos deben sacrificar ingresos para trabajar por el Estado; asumir riesgos de función (Contraloría) por procesos absurdos e injustos; deben también aceptar el escrutinio público y mediático; y, finalmente, asumir los riesgos de la volatilidad de la política.

Pues nuestro gobierno maltrata a sus funcionarios públicos, no solo porque no vela por ofrecerles un ecosistema meritocrático y normativas transparentes y objetivas, sino que muchas veces, ante el devenir de la política, actúa desaprensiva e injustamente.

Veamos dos ejemplos clamorosos, ambos sobre un cargo de máxima confianza en la SUNAT:

• Cese (efectivo) de Víctor Shiguiyama

Shiguiyama es eminentemente un técnico que asume el reto de dotar a la Sunat de sistemas digitales que permiten, por ejemplo, generalizar los convenientes comprobantes electrónicos.

Pues el gobierno, desde el más alto nivel, pide su renuncia y exige que se haga durante su permanencia en el extranjero, sin importarle la imagen de una renuncia abrupta que se ha prestado para comparaciones despectivas.

Pero ¿a qué se debe el pedido de renuncia? A la aparición de una publicación, una semana antes, sobre un aporte de Shiguiyama a Fuerza 2011 por US$ 20,000, algo que no implica la menor falta de proceder.

Al gobierno no le importa el prestigio de su funcionario, ni el desarrollo inconcluso de sus aportes al país.

• Abrupta interrupción del nombramiento de Jorge Estrella

Ante la salida de Víctor Shiguiyama de la Sunat, el gobierno ve conveniente reemplazarlo con el economista Jorge Estrella, un funcionario de mucho prestigio y de muchos años de servicio en el BCRP, que a la fecha se desempeña como Jefe de Estudios Económicos de esa institución.

Pues el gobierno, ante la toma de conocimiento de que el señor Estrella nació en Chile, el Primer Ministro suspende el nombramiento, ya anunciado.

Resulta ser, que Estrella nació en Chile de padres peruanos y está registrado desde su nacimiento como peruano. Pero el gobierno se permite maltratar a un funcionario de primer nivel, por una simple cobardía, para evitar que alguien haga algún comentario incómodo. La tranquilidad del funcionario no les importó nada.

Vale el dato de que actualmente, nada menos que el Presidente del Banco Central de Gran Bretaña, es un extranjero, un canadiense.

Siendo tan importante atraer funcionarios valiosos al servicio del Estado, este tipo de actos son muy criticables y atentan contra la salud de todo el aparato del Estado. Los gobernantes no son dueños del Estado, solo son los administradores temporales.

Pero este no parece ser el entendido de ciertas autoridades del gobierno. Por ejemplo, la vicepresidente Mercedes Aráoz, acaba de declarar una perla:

“Creo que sí hay que escuchar [al sector privado],
pero eso no significa rendirse ante el sector privado”.
Gestión, 21 de noviembre, 2018

O sea, el sector privado peruano ¿es una suerte de fuerza de invasión extranjera?

No señora vicepresidente, el sector privado es socio del Estado, el socio más importante. No se olvide que hoy, las medidas del Perú son: 90 – 90 – 90.

El sector privado genera aproximadamente:

• El 90% de la inversión
• El 90% del empleo, y
• El 90% de los ingresos del Estado

¿Qué pasa con el gobierno? ¿Además de descuidar la gobernanza, descuida a sus funcionarios y desconoce el aporte de millones de peruanos? Lampadia

Fernando Cillóniz B.
Gobernador Regional de Ica
Ica, 11 de mayo de 2018
Para Lampadia

En los bajos mundos de la corrupción en el Estado, los de arriba les cobran a los empresarios. Los de abajo les cobran a los ciudadanos. Y los periodistas le cobran a los de arriba. Los únicos que no le cobran a nadie son los ciudadanos. Así es la nuez.

A los hechos me remito.

• Un presidente de la República corrupto le cobró a un contratista corrupto. En realidad, no fue un solo presidente… fueron más. Pero, en fin. El de arriba le cobró a un empresario. Check.
• Un servidor público abusivo le cobró a un ciudadano que no tenía porqué pagar por un servicio público gratuito. El de abajo le cobró a un ciudadano. Check.
• Y un periodista chantajista le cobró a un alcalde coimero para no delatar sus corruptelas. El periodista le cobró al de arriba. Check.

Así es la nuez.  

En los bajos mundos de la corrupción, las cosas suceden por algo. El corrupto es un animal racional. El fin justifica los medios. El de arriba recupera lo que le paga al periodista con lo que le cobra al empresario. El empresario recupera lo que le paga al de arriba con los sobrecostos que le cobra al Estado. El de abajo y el periodista se la llevan fácil sin tener que pagarle a nadie.

El chantaje – burocrático y periodístico – es un negocio muy lucrativo… lo cual no implica que no sea sucio. El único pagano que no le cobra a nadie es el sufrido y maltratado ciudadano. Así funciona la corrupción en el Estado. Así es la nuez.

El punto es que la corrupción es ilegal. Además – y, sobre todo – es injusta, inmoral… y cruel. Me refiero – obviamente – ante la ciudadanía. Para muchos la corrupción es repugnante. Pero para los corruptos… nada que ver. Así es la nuez. Sin embargo, ha llegado a tales niveles de podredumbre que se ha tornado insostenible y explosiva.

Ojo. Los de arriba no son – sólo – los presidentes de la República corruptos. Los de arriba son – también – los funcionarios que cobran coimas a empresarios corruptos. Por ejemplo, los Congresistas, Consejeros Regionales, o Regidores que cobran 5% por gestionar obras para sus regiones; o por promulgar leyes o normas con nombres propios. Los de arriba son – también – los ministros, gobernadores, o alcaldes que cobran 10% – o más – por adjudicar a dedo obras a contratistas corruptos. También los Policías o Jueces que cobran cupos a traficantes ilegales de tierras, drogas, madera, oro, etc. Todos esos – y muchos más – son los corruptos de arriba.

Los de abajo son todos los funcionarios y servidores públicos que cobran indebidamente a los ciudadanos de la calle. Pueden ser médicos o maestros que cobran coimas a pacientes o estudiantes. Servidores que “venden” todo tipo de licencias o permisos. Policías o Fiscales que cobran cupos a delincuentes callejeros en vez de denunciarlos de acuerdo a ley.

Los corruptos de arriba son menos, pero cobran más. Incluso, cobran en dólares. Los corruptos de abajo cobran menos, pero son más. Y los periodistas chantajistas son unos cuantos que cobran más o menos. Al final – dólares o soles… coimas más, coimas menos – todos son la misma porquería.

ACLARACIÓN: En nuestro país hay autoridades honorables y capaces, a quienes hay que identificar y defender para que nos gobiernen con eficiencia y dignidad. Hay – también – muchos servidores públicos honestos y serviciales a quienes hay que agradecer y – sobre todo – respetar. Y estupendos periodistas que buscan insistentemente historias relevantes basadas en la verdad, y que denuncian la corrupción con objetividad y valentía. Es cuestión de identificarlos y respaldarlos para que los peruanos progresemos en lo moral y en lo material.

Pero también hay de los corruptos… a quienes hay que desenmascarar públicamente y denunciar como corresponde. Tolerancia cero con esos miserables. Así debería ser la nuez. Lampadia

Pareciera que las autoridades peruanas intentan solucionar un problema distorsionando la realidad con otro. Quieren un distrito sin estacionamientos para una ciudad sin transporte público organizado. Quitan estacionamientos de vías públicas y pretenden remplazarlo con uno subterráneo que cuesta más. Este atropello de reformas que está ocurriendo en los distritos de Miraflores y San Isidro parece ser una pantalla al verdadero ‘negociazo’: la empresa privada de estacionamientos Los Portales.

Desde hace unos meses, sin consulta ni información alguna, han empezado a aparecer decenas de macetas que impiden el uso del espacio como estacionamiento para los residentes y trabajadores que transitan diariamente estos distritos. Su raciocinio pareciera tener una noble causa: “un gran plan de urbanismo”, distritos modernos y con conciencia medio ambientalista.

Fuente: Carlos Soto

Pero, en una ciudad de casi 9 millones de personas; con un parque automotor que continúa aumentando (hubo un crecimiento de 100,000 nuevas unidades en 2016 y cerró el año en 2.6 millones de vehículos) y un transporte público que deja mucho por desear, esto es un caos. Y es que, dada la escasez de estacionamientos en San Isidro y Miraflores, pareciera que lo que los alcaldes de estos distritos realmente desean es promocionar a Los Portales, forzando a los vehículos a estacionarse en sus estacionamientos (algunos recientemente inaugurados).

Fuente: Carlos Soto

¿En algún momento se han puesto a pensar en el perjuicio que le están ocasionando a los residentes y negocios que se encuentran en la zona y que han apostado por pertenecer al distrito? ¿Se han puesto a pensar en las facilidades para alguna embarazada, con hijos pequeños, ancianos o persona con discapacidad? ¿En la gente que maneja de otros distritos para venir a trabajar y que ahora será obligada a pagar un mayor monto por estacionar? En el caso de Miraflores, por ejemplo, Los Portales ha establecido una tarifa de S/0.12 el minuto o S/7.20 la hora, dos soles más que el promedio en las playas aledañas, las cuales también dicen estar siendo perjudicadas.

Por donde se le mire no tiene ninguna intención de mejora y beneficio para los vecinos que conforman sus distritos, sino todo lo contrario, se convierte en una excusa perfecta para el negocio redondo de unos cuantos, camuflada en el tristemente célebre discurso de urbanismo. Y Los Portales no duda en abusar de sus servicios, aumentando los costos por hora en distintas zonas y la penalidad por pérdidas de Ticket de Ingreso, algo que los usuarios ya se han quejado en las redes sociales por su precio exorbitante.

Fuente: Facebook

Y es que Los Portales es casi un monopolista que controla la cantidad de producción y el precio. Su competencia, Central Parking, casi ni figura en los estacionamientos de las zonas más concurridas de Lima. Uno pensaría que, dado el exorbitante monto que cobra por hora, al menos mantendría un servicio impecable. Pero no es así. Los baños, como se ve líneas abajo, dejan mucho que desear (en sus múltiples localidades). Están rotos y sucios. ¿Este es el servicio que nos ofrecen?

Locales de Av. Álvarez Calderón 180 y Av. Camino Real Nro. 348

Hay que apreciar además el tipo de cambio que ofrece a sus clientes. Como se puede apreciar en la siguiente foto, cuando el tipo de cambio ya superaba los 3 soles por dólar, Los Portales seguía y, sigue, dando una cotización abusiva.

Su mal servicio no se limita a estos servicios, sino también a su sistema de cobro. En algunas localidades, como el Óvalo Gutiérrez, ya ni siquiera ponen personal para el cobro del estacionamiento a la salida del cine de noche. En vez, fuerzan a los carros a hacer una larga fila para pagar, creando smog en un lugar cerrado y sin un sistema de ventilación apropiado, que es dañino para la salud de los clientes.

Algo muy llamativo de estos desarrollos es que los alcaldes simplemente los imponen en contra de los ciudadanos. Lo mismo pasa en San Isidro con los cambistas, que al prohibir sus operaciones, los ciudadanos ven encarecidas sus negociaciones de divisas en los bancos. También se ha prohibido el lavado de carros en la vía pública. En esencia, se está creando un ambiente menos pueblerino y más frío. Antes tenías tu cambista, la comodidad de estacionar donde necesitabas y el joven que lavaba tu carro.

Queda claro, entonces, que existe un grave problema con el abuso de poder de los alcaldes y de empresas como Los Portales, al contar con el protagonismo de estacionamientos en Lima y generando mayor incomodidad y problemas a los ciudadanos. Además, la conducta de las autoridades que permiten y facilitan estas “reformas” muestra que, lamentablemente, el bienestar de todos los ciudadanos no está dentro de sus objetivos. Lampadia

Ingenioso análisis descriptivo de las debilidades sociales que encierra el socialismo para la producción de riqueza y bienestar.

Un profesor de economía dijo que nunca había reprobado a un solo estudiante, hasta que una vez debió reprobar a una clase entera.

Esta clase particular había insistido en que el socialismo realmente funciona con un gobierno asistencialista que intermedie sobre la riqueza, entonces nadie sería rico, todo sería igual y justo. El profesor entonces dijo: “Está bien, vamos a hacer un experimento socialista en esta clase. En lugar de dinero, usaré las notas de sus pruebas. “Todas las calificaciones se otorgan en base al promedio de la clase, y por lo tanto sería” justo”. Todos reciben las mismas notas, lo que significa que, en teoría, nadie va a fallar, así una “A”. Después de calculada la media de la primera prueba, todos recibieron una “B”. Quién había estudiado con dedicación se indignó, pero los estudiantes que no se habían esforzado estaban muy contentos con el resultado. Cuando se tomó la segunda prueba, los perezosos estudiaron aún menos, ya que esperaban obtener buenas calificaciones de todos modos. Aquellos que habían estudiado bastante anteriormente, decidieron que ellos también se aprovecharían de las notas de otros. Como resultado, el promedio de la segunda prueba fue una “D”. A nadie le gustaba ella. Después de la tercera prueba, el promedio general fue una “F”. Las notas no han vuelto a los niveles más altos, pero los desacuerdos entre los estudiantes, la búsqueda de culpables y malas palabras se han convertido en parte de la atmósfera de esa clase. La búsqueda de la “justicia” de los estudiantes había sido la causa principal de las quejas, el odio y el sentimiento de injusticia que han pasado a formar parte de esa clase. Al final, nadie quería estudiar para beneficiar al resto.

Por lo tanto, todos los estudiantes repiten el curso… Para su sorpresa total. El profesor explicó: “el experimento socialista fracasó porque cuando la recompensa es grande el esfuerzo por el éxito individual es grande. Pero cuando el gobierno quita todos los premios a la hora de tomar las cosas de los demás para dar a los que no lucharon por ellos, entonces nadie va a tratar o querer hacer lo mejor posible. Tan simple como eso”.

1. No se puede llevar a la prosperidad a los más pobres, sólo sacando la prosperidad de los más ricos para que algunos reciban algo sin tener que trabajar.

2. El gobierno no puede dar nada a nadie que no lo haya tomado de otra persona.

3. Al contrario de lo que se cree, es imposible multiplicar la riqueza, tratando de dividirla

4. Cuando la mitad de la población cree la idea de que no tienen que trabajar porque la otra mitad  va a apoyarla, y cuando la otra mitad cree que no vale la pena trabajar para mantener a la primera mitad, entonces llegamos al principio del fin de una nación.

Fuente: Facebook, post no precisado

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