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La filantropía en América Latina

La filantropía en América Latina

Líneas abajo reproducimos un interesante artículo publicado recientemente por The Economist en el que se reseña cómo se ha desenvuelto la filantropía en nuestra región en el complicado escenario de la pandemia y los obstáculos que ha encontrado en el camino para proveer ayuda a los más afectados por la crisis tanto por el lado sanitario como económico.

Más allá de las razones culturales, y coyunturales de la propia pandemia que limitan el acopio de recursos de las ONG y de otro grupos sin fines de lucro, The Economist destaca a la asfixiante carga burocrática, tanto para crear como para direccionar libremente los fondos de ayuda, como una de las principales causales de que la filantropía en la región no pueda despegar plenamente, cosa que sí pasa en el mundo desarrollado, en el que inclusive, como comentamos recientemente en Lampadia: Filantropía en tiempos de pandemia, será determinante para proveer de vacunas masivamente.

Es pues indispensable generar mecanismos desde la política pública que no restrinjan, sino por el contrario, liberalicen los fondos filantrópicos en la región, más aún en el Perú en el que claramente se ha visto cómo el estado ha fallado en su batalla contra el covid, mientras que el empresariado y la sociedad civil siempre se han mostrado propositivos a ayudar a la gente más necesitada son sus cadenas de distribución, a través del apoyo y donaciones de diversa índole, como se ha visto en los gremios con los ventiladores mecánicos y la iglesia católica – a través de Caritas Perú – con kits de alimentos básicos, aseo y limpieza.

En el Perú, contrario a lo que se cree, sí existen personas acomodadas y de clase media con ganas de ayudar solo que no se visibilizan lo suficiente desde el sector público, tal vez por razones ideológicas, pero también porque no se ofrecen facilidades para el desarrollo de estas iniciativas privadas. Lampadia

Las dificultades para hacer el bien en América Latina

La región tiene muy poca filantropía

The Economist
5 de noviembre, 2020
Traducida y comentada por Lampadia

Después de que la pandemia azotó a Chile, diez organizaciones benéficas formaron el Fondo Respuesta Comunitaria para aliviar el hambre y la pobreza. Proporciona dinero para unos 200 proyectos, en su mayoría ollas comunes (comedores populares). En Colombia, la Fundación Santo Domingo está dando 100,000 millones de pesos (26 millones de dólares) para pagar alimentos y una línea directa para casos de abuso doméstico, entre otras cosas. La Fundación Carlos Slim, respaldada por el hombre más rico de México, destinó 1,000 millones de pesos (47 millones de dólares) para tratar el covid-19 en ese país.

La pandemia ha dado un impulso a la filantropía en América Latina, pero también es una amenaza. Los donantes tienen menos dinero para dar o lo están transfiriendo a la salud pública por otras buenas causas. Casi la mitad de las ONG en Chile pueden no sobrevivir, teme Sylvia Eyzaguirre del Centro de Estudios Públicos (CEP), un think tank. Las perspectivas son igualmente sombrías en Colombia, donde muchas organizaciones benéficas dependen de eventos como galas y noches de bingo, que no pueden suceder en tiempos de covid. En demasiados países, la burocracia y la política se suman a las cargas. Por el bien de su salud política y social, América Latina necesita más actividad caritativa, no menos.

La filantropía es frágil en parte porque está menos arraigada que en otros lugares, especialmente en EEUU y Europa. En la época colonial, la iglesia católica curaba a los enfermos y ayudaba a los pobres. Los estados centralizadores asumieron esas responsabilidades, aunque no con tanta eficacia como en el mundo rico. “La filantropía y las asociaciones [de la sociedad civil] eran una especie de tributaria menor y no formaban parte de la historia principal del desarrollo de esas naciones”, dice Michael Layton del Centro Johnson para la Filantropía de la Grand Valley State University en Michigan.

Los países latinoamericanos con mayores sectores filantrópicos son México y Colombia, según un estudio publicado en 2018. Allí los activos de las fundaciones valen el 1% del PBI anual, frente al 4.8% en EEUU. La gente común parece menos altruista que en otras regiones, aunque la tradición de dar limosna a través de la iglesia sigue siendo fuerte. En un índice global de donaciones elaborado por Charities Aid Foundation, el único país latinoamericano entre los 20 primeros es Haití.

La región paga un alto precio por los bajos niveles de generosidad. La población de universidades sin fines de lucro, museos, clubes de observación de aves y similares es escasa. A diferencia del mundo rico, los gobiernos no les dan mucho dinero. A nivel mundial, las organizaciones sin fines de lucro representan el 5.7% del empleo; en México, Colombia y Perú eso es 3% o menos, según Lester Salamon de la Johns Hopkins University en Maryland.

América Latina tiene muy pocos grupos que canalicen las quejas de los ciudadanos en propuestas que los gobiernos podrían adoptar, lo que aumenta la probabilidad de conflictos. Si los ricos, que están subestimados, regalaran más dinero, los altos niveles de desigualdad podrían molestar menos.

Recientemente, se han vuelto más generosos. Más de la mitad de los grupos filantrópicos de la región se han fundado desde 2000, según un estudio publicado por la Universidad del Pacífico en Perú. Pero la ley, y cada vez más la política, ponen obstáculos. En muchos países, registrar una organización benéfica es difícil. Chile tiene unas 60 leyes que rigen el tratamiento fiscal de las donaciones. Los donantes pueden dar dinero libre de impuestos a instituciones culturales, pero no a grupos ambientalistas o de derechos humanos.

Hay un impulso para cambiar eso en Chile, hecho más urgente por las violentas protestas del año pasado contra la desigualdad y los servicios públicos deficientes. Los think-tanks de izquierda y derecha están presionando juntos por una ley que facilite las donaciones.

Donde gobiernan los autoritarios, la vida se vuelve más difícil para los grupos que se benefician de la filantropía. Jair Bolsonaro, el presidente de derecha de Brasil, ha hecho una guerra retórica contra los defensores del medio ambiente. El presidente de izquierda de México, Andrés Manuel López Obrador, ha atacado a grupos ambientalistas que se oponen a los proyectos de infraestructura para mascotas, como el tren maya en la península de Yucatán. Este mes, el Senado de México aprobó una ley para quitar la exención de impuestos a los grupos que obtienen la mayor parte de sus ingresos de actividades no relacionadas con sus objetivos caritativos. Eso perjudicaría a grupos como las universidades que llegan a fin de mes, por ejemplo, operando librerías. El proyecto de ley es “un profundo ataque a la independencia de las organizaciones sin fines de lucro”, dice Layton.

El debilitamiento de los bienhechores puede hacer la vida más cómoda para presidentes prepotentes como Bolsonaro y López Obrador. Pero una región traumatizada por la pandemia y la pobreza en aumento necesita más filantropía, no menos. Lampadia




APPs en salud: Poniendo a la población por delante

APPs en salud: Poniendo a la población por delante

En un país con incontables necesidades de infraestructuras sociales (escuelas, hospitales, etc.) y económicas (puertos, carreteras, reservorios de agua, etc.), donde el Estado no tiene la capacidad económica ni de gestión para cubrirlas en un plazo razonable, las APP (Asociaciones Público Privadas), las OXI (Obras por Impuestos) y las IP (Iniciativas Privadas) son una excelente opción para priorizar las demandas de la población antes que los estigmas ideológicos y políticos o la preservación de los espacios de poder de la burocracia y del clientelismo.

Efectivamente, en el Perú se ha avanzado bastante en la generación de proyectos en las tres modalidades, pero lamentablemente, muchas APP concesionadas no se concretan en proyectos ejecutados por expropiaciones no terminadas y mil otras causas. En el caso de las OXI y las IP, son cada vez más los rechazos y demoras por excusas ‘fiscales’ y otros.

Además, especialmente en el tema de salud, hay una oposición a promover más APP adecuadas, como las de ‘bata blanca’ que desarrolló recientemente Essalud en dos hospitales: en el Callao y en Villa María del Triunfo. Ver en Lampadia: Gran éxito de APPs peruanas en salud es reconocido mundialmente – Las APP han generado servicios de salud de alta calidad.

Los hospitales Alberto Leopoldo Barton Thompson y el hospital Guillermo Kaelin de la Fuente funcionan desde el 30 de abril del 2014. Cada uno tiene asignada una población nominativa de asegurados de 250,000 personas y son operados por la empresa española IBT Group bajo la modalidad de “bata blanca”, que incluye toda la operación, desde la logística a los servicios médicos.

El concepto bajo el cual se han desarrollado estas APP crea incentivos muy positivos que determinan un modelo “Ganar-Ganar”. El contrato establece una asignación o pago fijo al operador por cada asegurado sin importar el número o tipo de atenciones. De esta manera se crea la necesidad de que el operador promueva que su población (de clientes) sea lo más sana posible, pues a mejor salud de su población, habrán menos asistencias y por lo tanto mayores ingresos para el operador. Un esquema brillante: muy positivo para la población, pues recibirán atención de salud preventiva y de buena calidad; positiva para el operador, pues podrá generar mayores márgenes con una mejor salud y satisfacción de sus clientes; y muy positivo para ESSALUD (que se debate en una gravísima crisis de servicio), pues con un costo fijo puede generar una gran calidad de servicio sin correr el riesgo de los sobrecostos que generan la imprevisión, la ineficiencia y/o la corrupción.    

A pesar de las indudables ventajas del modelo, copiado por otros países, aún existen fuertes resistencias al uso de APPs para la atención de salud, al punto que en lugar de que se siga replicando el modelo, aún recibe críticas desde distintas instancias. Las APP, sin embargo, están demostrando que este es el camino a seguir en salud.

A pesar del éxito del modelo, donde aparte de costos adecuados, se tienen estándares de operación largamente superiores a los logrados por Essalud, su presidenta Virginia Baffigo, ha anunciado la licitación para tres nuevos hospitales, pero bajo la modalidad de ‘bata gris’, o sea, serían operados por el propio Essalud, con sus mismos desastrosos estándares, para satisfacer a su cuerpo médico que prefiere mantener sus privilegios antes que resolver los problemas de salud de los asegurados.

No solo eso, el modelo también está siendo debilitado por Essalud al estar cambiando exageradamente la relación la relación de las poblaciones asignadas a cada centro de salud, lo que impide desarrollar el vital componente del esquema, la labor de prevención como establece el modelo de concesión. 

Esperamos que el peso de la realidad y la consecuencia con las necesidades de la población, lleven a Essalud a fortalecer la operación de ambos hospitales indicados y a optar por el esquema de “bata blanca con el fortalecimiento de las acciones de prevención”. Lampadia

Ver líneas abajo el artículo propiciado por el BID, sobre las ventajas de las APP en los servicios de salud:

¿Ahorra el estado con las asociaciones público-privadas en salud?

Escrito por Ignacio Astorga y Diana Pinto.

Publicado en el blog del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el 20 de noviembre de 2015

Datos de la Encuesta Mundial de Salud que incluyen países de América Latina y el Caribe muestran que el sector privado se constituye en un importante y creciente proveedor de servicios sanitarios, proporcionando más de 40% de las consultas ambulatorias.

En  nuestra región hay un consenso respecto a la pertinencia de usar asociaciones público-privadas, para enfrentar las demandas de infraestructura, transportes y comunicaciones, contando con una historia de más de 20 años, sin embargo, al momento de plantear su uso en el área social, especialmente de salud, surgen dudas, en particular, alrededor de un mito recurrente: las asociaciones público-privadas (APP) son más caras que el modelo de inversión y gestión tradicional. Despejar este mito implica aplicar el concepto de  “valor por dinero” (VpD), que simplemente significa que se esta obteniendo el mejor resultado posible para la inversión realizada.

El uso de APP en salud no es nuevo ya que lleva más de 15 años de aplicación en el mundo y a la fecha se cuenta con cerca de 300 contratos adjudicados de los cuales más de la mitad está en fase operativa, incluyendo proyectos de bata blanca, gris y especializada (ver video). Estas experiencias han generado un volumen creciente de publicaciones que buscan evaluar sus resultados y comparar las APP con el modelo tradicional.

https://www.youtube.com/watch?v=scIwguIu184

A partir de estas evidencias se preparó la tercera nota de una serie sobre APP con el fin de dar luces sobre si efectivamente este modelo de gestión genera más VpD que los esquemas tradicionales.

Una  limitación para comparar los proyectos utilizando el concepto de VpD, es que éste incluye un conjunto de variables cuantitativas y cualitativas, cuya ponderación puede variar de proyecto en proyecto. Para poder avanzar en este análisis se vio necesario “de-construir” el indicador de VpD en las variables que lo componen y  analizarlas de manera separada. Para ello se recopilaron las publicaciones disponibles a enero 2014 y se analizaron los resultados observados en relación a cada variable, identificando cómo era el desempeño de los modelos (APP y modelo tradicional), caracterizándolos como mejor, peor o neutro.

Un elemento central a tener presente en la comparación fue la diferencia en los tipos de contratos y esquemas de gestión de proyecto, ya que el contrato de APP, es de largo plazo. Este es de los escasos tipos de contrato en los que el estado establece un compromiso plurianual. La regla es que los presupuestos públicos están regulados por la Ley de Presupuesto de carácter  anual. Los niveles de servicios son auditados por diversos interesados (empresa, estado, comunidad, financistas).

Por otra parte, los contratos tradicionales son de corto o mediano plazo, sin integración de servicios en un punto, con contratos sujetos a la disponibilidad presupuestaria anual y a la estabilidad de los equipos directivos. Ello evidencia que se pueden dar contratos más volátiles, con estándares de servicios parciales y un nivel de auditoría y una rendición de cuentas más limitada.

¿Qué se puede concluir entonces respecto al VpD  de las APP versus el modelo tradicional?

A partir de lo ya publicado se puede señalar que sin perjuicio que las APP tengan un costo financiero mayor, el precio final que paga el estado termina siendo  similar al del modelo tradicional. Sin embargo, las APP presentan mayor eficiencia (menores plazos de construcción, mayor eficiencia productiva) y satisfacción de los usuarios.

De la revisión de la literatura, quedan aún numerosos temas donde interesaría ver una comparación entre APP y modelo tradicional en términos de: la celeridad que puede tener un programa de inversiones; la generación de un punto de referencia (benchmark) en ámbitos como mantenimiento de  edificios y equipos, estandarización servicios, o la disponibilidad de información para la gestión y la rendición de cuentas; y la rigidez en la gestión de los contratos, que los hace difíciles de modificar.

Con esta serie de Notas Técnicas queremos invitarte a reflexionar y compartir las experiencias que puedan contribuir a la generación de una política  pública de inversiones y gestión de salud basada en la evidencia, teniendo como meta mejorar la calidad, oportunidad y eficiencia de los servicios de salud. Comparte tus comentarios en la sección de abajo o mencionando a @BIDgente en Twitter.

Si quieres acceder a todas las notas técnicas sobre asociaciones público-privadas en salud, puedes obtenerlas aquí: Nota 1, Nota 2, y Nota 3. L




“El Estado aún está aprendiendo a concesionar sus proyectos”

“El Estado aún está aprendiendo a concesionar sus proyectos”

El titular del MTC anuncia nuevas concesiones portuarias para este año y explica lo avanzado para viabilizar algunos de los proyectos viales más importantes del país.

Comentario de Lampadia

 

¿Es tan difícil aprender más rápido?

 

Por Silvia Mendoza Martínez

(El Comercio – Portafolio, 26 de Febrero de 2015)

El sector Transportes es el que concentra el grueso de la inversión pública y buena parte de la privada. Consciente de ello, el ministro Gallardo hace un balance de los avances logrados para destrabar grandes proyectos de infraestructura.

Hace unos meses anunció un grupo de adendas para destrabar proyectos importantes. ¿Cuánto se ha avanzado realmente?

Desde julio [pasado] estaban acumuladas 23 adendas. De este grupo ya hemos avanzado con las de los proyectos más grandes, que son la red dorsal, la línea 2 del metro de Lima, red vial 6, una de la IIRSA Norte, las dos de la Carretera Central, una de la IIRSA Sur para la doble calzada del tramo Puno-Juliaca. Además las adendas de las redes viales 4 y 5 y de la línea 1 del metro para traer más vagones están encaminadas.

¿Se puede decir que las demoras acumuladas se deben a errores cometidos durante el proceso de concesión?

Creo que sí, pero como Estado hemos ido aprendiendo y mejorando. Por ejemplo, Chinchero es el primer aeropuerto que se concesiona sin tener problemas con las expropiaciones. Sin embargo, tienes a los otros operadores, Aeropuertos del Perú y Aeropuertos Andinos, que aún tienen problemas. Con las concesiones viales pasa lo mismo, hay que tener en cuenta que este tipo de concesiones recién se comienzan a hacer desde la década del 2000, antes lo que se hizo fue recuperar la red vial destruida.

Hay varias propuestas para enfrentar las demoras por las expropiaciones. Desde crear una dirección de expropiaciones en Pro Inversión, no concesionar mientras no se tengan los terrenos o dejar en manos del privado esa labor. ¿Cuál es el mejor camino?

Creo que en algunos casos se debería concesionar solo cuando están disponibles todos los terrenos, por ejemplo en el caso de aeropuertos, puertos o colegios. Sin embargo, no puede ser el caso de las carreteras, porque hablamos de cientos de kilómetros y esperar a tener todos los terrenos retrasaría el proyecto muchos años. Sobre las capacidades de los privados, algunos definitivamente sí podrían asumir la tarea, pero no es el caso de todos.

La disputa contractual por la puesta a punto de las carreteras es otro de los problemas recurrentes en varias redes viales ¿Cómo evitar que pase lo mismo en las futuras concesiones?

La mayor lección de este tipo de problemas es que se tienen que tomar decisiones. Por ejemplo en el caso de la Carretera Central, el proyecto no se destrabó con algo muy complicado, sino que dijimos que si estábamos de acuerdo en el 95% de la discusión, entonces que la primera adenda sea separar el otro 5% para ir avanzando.

Mencionó el metro de Lima. ¿Qué pasó con la IPC para ampliar la línea 1 que fue rechazada por Pro Inversión?

Sí, la propuesta fue rechazada como iniciativa privada porque implicaba solo la construcción y no la operación. Entonces si la aceptábamos, hubiese sido raro tener un ramal de 4 km con un operador y lo demás con otro. Ahora los técnicos están evaluando cómo hacer porque el proyecto tiene sentido, pues vamos a tener en Pachacámac el Museo Nacional. Además, hay un proyecto para construir un tren de cercanías que iría desde Chincha a Lurín.

¿Bajó qué modalidad entonces se haría?

Ahora estamos analizando como una extensión y operación, pero vía una adenda con el actual operador porque aparentemente es lo más viable. Lo mismo va a pasar con la línea 2 y el ramal de la línea 4.

¿Por qué?

Es que todo el mundo piensa cómo se va a terminar la línea 4, pero también hay que pensar en cómo ampliar ese ramal para que los pobladores de Ventanilla tengan salida.

En ese caso también vas a tener el problema de cómo manejan dos operadores una misma línea cuando licites la construcción del resto de la línea 4…

Por eso te decía que hay que ver las adendas, porque es probable que en un futuro para el resto de la línea 4 se presente el actual operador.

¿Cómo se pueden acelerar las decisiones para evitar nuevas demoras?

Creo que a veces se generan discusiones cuando hay premisas que nos deben guiar. Por ejemplo, como parte de la diversificación productiva este año debemos pasar de tener 3 puertos [concesionados] en la costa [Paita, Callao y Matarani] a ocho para que cada zona exportadora tenga su puerto de salida. Ya tenemos las iniciativas privadas para Salaverry, Chimbote, Ilo, hay un puerto privado en Chancay, otro potencial puerto de Lomas y Corío.

También tenemos puertos fluviales, como el caso de Yurimaguas, que está complicado por la demora en la hidrovía…

Lo que ha pasado es que en octubre del 2014 presentaron una acción de amparo y me informaron que se podía seguir con el concurso e concesión mientras el juez no se pronuncie. Pero en enero la situación era distinta y la organización que impulsó la acción no se presentó al diálogo. Ahí se toma la decisión [de parar el concurso]. Creo que la comunicación del proyecto no ha sido la mejor porque si no cómo se entiende que la población no vea que la hidrovía les va a cambiar la vida. Ahora tienen un transporte muy caro y que se realiza en horas y otro barato pero que hace la ruta en días. Con la hidrovía vas a tener la posibilidad de desarrollar el servicio de ferris para dar el servicio rápido a precios accesibles.

¿Y el puerto?

La hidrovía es un proyecto muy grande que no solo está pensada para el puerto. Pero tenemos claro que es un proyecto que tiene que salir, ya hemos avanzado un par de conversaciones y tenemos previstas otras para los próximos dos meses.

El Muelle Sur: desde enero se sabe que ya hay un acuerdo con el concesionario DP World, ¿qué falta para firmar la adenda?

Las adendas tienen un recorrido que deben hacer y ahora están en eso. Entidades como el MEF y Ositrán tienen que opinar. Tenemos que hacer las cosas bien para que las adendas salgan blindadas. Nosotros estamos en proceso de aprendizaje y aún falta agarrar rapidez.