Recuperando las heridas económicas de la Pandemia

Ing. Raúl Delgado Sayán
Para Lampadia

Los efectos dañinos de la Pandemia desde el punto de vista sanitario y económico han sido muy severos no solo en el Perú sino en todo el mundo. En el caso de nuestro país que adoptó una cuarentena prácticamente total desde un inicio, se paralizó inicialmente cerca del 60% del aparato productivo nacional durante los primeros 45 días para luego progresivamente iniciar, por fases, un reinicio lento de actividades, luego de cumplir exigentes y complejos protocolos de seguridad. El BCR estimó durante la fase inicial de la cuarentena, en su etapa más severa, que los costos por semana de producción y servicios paralizados eran del orden de $2,500 millones. Proyecciones del efecto final en el PBI para el año 2020, tanto de organismos multilaterales como instituciones locales, varían entre -14% a -19%-

Durante todo este lapso de tiempo se han perdido también alrededor de 2 millones de puestos de trabajo formales que es imprescindible revertir. Aun cuando persiste la declaración del Estado de Emergencia y confinamiento obligatorio para la población vulnerable estimada en cerca de 3 millones de la PEA; sin embargo a partir del 1 de julio de 2020 la mayoría de actividades han sido autorizadas a reiniciarse transfiriendo el deber de auto cuidarse a los individuos y a las empresas, no obstantes que la informalidad y la densidad poblacional de servicios en: mercados, transportes, atención masiva al público mantienen sus elevadas condiciones de riesgo de contagio.

El Estado asumió la compleja tarea de implementar un auxilio a la población más afectada mediante entrega de bonos; créditos para proteger de alguna manera el empleo y evitar romper la cadena de pagos; subsidio a los menores sueldos en planilla y otras medidas de apoyo y subsidio temporal. Lo prolongado de este confinamiento por 3 ½ meses ha hecho que se empleen en ello una buena cantidad de nuestro fondo de contingencia adquirido con mucho esfuerzo a través de los años, así como incrementado nuestro endeudamiento. La cuantificación total de estos efectos no es materia del presente artículo sino antes bien las medidas que permiten la pronta recuperación de la marcha económica productiva y de servicios del País para recuperar nuestra economía.

Conscientes que durante todo este lapso de tiempo el sector privado, que representa el 80% de la actividad económica del país, se ha encontrado ante un escenario totalmente perjudicial e imprevisto, con mucha angustia e incertidumbre y sin conocer a ciencia cierta cuando el país superará efectivamente a la Pandemia con la vacunación muy mayoritaria,  enfrenta un reinicio con comprensible cautela deteniendo y postergando sus inversiones hasta verificar el control de la Pandemia y analizar los efectos de cambios de hábitos de consumo y un menor gasto de la población que ha consumido sus propios ahorros. Ante dicho escenario lo correcto es que el Estado lance un programa agresivo de inversiones y promueva la recuperación del empleo para mejorar el consumo, ya que solo a través de sus inversiones, es el Estado quien asume tanto oferta como demanda que activa el proceso económico ya que asume el rol de inversionista y consumidor.

Con mucho acierto y para dar actividad y empleo en las diversas regiones y gobiernos locales del país, se ha lanzado el programa Arranca Perú, que con una inversión prevista en un periodo de 12 meses empleará en operaciones y mantenimiento un total de S/. 6,436MM (millones de soles), de los cuales en lo que queda de este año gastará alrededor de S/.3,897MM en mantenimiento periódico y rutinario de 58,000Kms de la red vecinal y nacional a un costo promedio estimado de S/.11,198 Km/mes. Este programa involucrará mantenimiento de transitabilidad con niveles de servicio para faenas de: parchado de baches; limpieza de cunetas; desbroce y visibilidad y donde se requiera un perfilado de la subrasante, ya que una gran cantidad de estos caminos vecinales son sin afirmar y otros afirmados. Este programa es para contratación principalmente de Mypes y se llevará a cabo en 190 municipios; generará alrededor de 500,000 puestos de trabajo y estará bajo la supervisión de Pro Vías Descentralizado del MTC para el control de ejecución física y económica. También se ha previsto invertir en el sector Vivienda S/.535MM en construcción de 20,000 viviendas que generarán 80,000 empleos y S/. 937MM para construcción y mantenimiento de pistas y veredas que a su vez generaran 57,000 empleos.

ACELERA PERU

El Sector de la construcción es sin lugar a dudas uno de los más grandes dinamizadores de la Economía, no solo por la importancia en si del mismo, sino porque da trabajo, cruza otras inversiones y construye eficiencias en todos los otros sectores de la Economía. El COVID 19 lo convirtió en uno de los más afectados, estimándose que al fin del año cerrará con una caída de -30.3% que es la más fuerte en los últimos 40 años. A la fecha se encuentran paralizados un 40% de las obras en infraestructura como en vivienda. Han paralizado 1,750 proyectos de vivienda de los cuales un 49% es vivienda social.

Si bien es cierto el programa Arranca Perú se orienta a promover el empleo en población necesitada de un ingreso; sin embargo el impacto y los beneficios más importantes del Sector Construcción  para el desarrollo y crecimiento eficiente de la Economía, se encuentran indiscutiblemente en el destrabe y reactivación efectiva de los grandes proyectos, muchos de ellos ya contratados y en proceso de ejecución, incluso bajo la modalidad de APPs, con financiamiento otorgado pero que; por motivos de terrenos; interferencias de servicios públicos, discrepancias en interpretaciones contractuales entre Concedente Estado y Concesionario; arbitrajes y cambio de Contratista por diversas razones; entre otros , se encuentran trabados generando perjuicios indudables al País. Si bien esta es una situación negativa bajo cualquier circunstancia, en situaciones como la actual de Emergencia ya se convierten en intolerables.  

La Emergencia y la necesidad de levantar la economía del país amerita implementar decisiones urgentes e importantes. Se debe priorizar sobre cualquier discrepancia el no detener el avance de la obra puesto que el costo/beneficio de paralizar las obras es tremendamente negativo. Se debe avanzar por encima de la discrepancia y esta se resolverá posteriormente por el mecanismo de solución previsto, el cuál determinará finalmente a que parte corresponderá el resarcimiento económico, si lo hubiera.  Así por ejemplo si la discrepancia es por terrenos se debe priorizar la inmediata posesión del mismo para avanzar. La compensación justa se decidirá después. Si se tratara de discrepancias técnicas, se optará por aquella que de las mayores garantías de seguridad y durabilidad. En toda circunstancia se deberá respetar la experiencia y criterio profesional de quien deba tomar la decisión, siempre que no sea una decisión que pone en riesgo la integridad de la obra y en los casos de APPs, ambas partes, pero de manera especial el Concesionario, deben comportarse como socios de manera proactiva más que como simplemente contratistas.

La mayoría de estos grandes proyectos se encuentran dentro de la lista de 52 proyectos priorizados por el Plan Nacional de Infraestructura y Competitividad (PNIC) para una inversión de S/.100,000 millones, de los cuales un 50% se encuentran en Lima y el otro 50% en el resto del País. El Sector transporte concentra el 83% de las obras y un 65% son APPs. 50% están contratados y en fase de ejecución, pero trabados lamentablemente. Mencionaremos algunos ejemplos de estos proyectos para que visualicemos su importancia:

1. Chavimochic III su componente principal es la Presa Palo Redondo. Es una parte del mayor proyecto de agro exportación del Perú. Mejorará el riego de 48,000 Ha y agregará 63,000 Ha nuevas. Con una inversión de apenas $700 millones, de los cuales ya se invirtió $200 millones, se obtendrá cuando esté terminado y operando un ingreso por exportaciones de $1,200 millones anuales; generará inversiones adicionales del sector privado por $1,000 millones para el desarrollo de tierras agrícolas y generará 150,000 empleos formales. La obra está detenida desde hace 3 ½ años y prácticamente en abandono.
2. Majes Sihuas II irrigará 38,500 Ha y generará $ 360 millones en exportaciones anuales y hará crecer el PBI agrícola en $ 850 millones anuales.
3. La Línea 2 del Metro de Lima y Callao y el ramal de la Línea 4 con una extensión total de 35Kms de metro subterráneo que va desde ATE hasta el puerto y el aeropuerto del Callao. Es la obra más importante del país, que una vez culminada transportará 1 millón de pasajeros/día de este a oeste y conectará con la Línea 1 actualmente en operación y con capacidad de transporte de hasta 750 mil pasajeros/día. Conectará también con los otros sistemas de transporte del Metropolitano y corredores complementarios. El Contrato se firmó a finales de abril hace 6 años y de haberse cumplido el programa inicial debió estar terminado a la fecha y en pruebas de operación. Urge tomar decisiones para imprimir un ritmo vigoroso de avance.
4. Ampliación del Aeropuerto Jorge Chávez que consta de la segunda pista de aterrizaje; obras del lado aire, incluyendo la torre de control y un nuevo terminal que concentrará todas las operaciones nacionales e internacionales de pasajeros y que podrá crecer modularmente hasta una capacidad de 35 millones de pasajeros anuales con una inversión estimada de S/. 4,950 millones.
5. Ampliaciones del Muelle Norte del Callao (S/. 3,000 millones) y el Muelle Sur (S/.2,100 millones).

Lo anterior es tan solo una muestra de las inversiones que deben ser activadas en un Programa Acelera Perú, que solo requieren destrabe y decisiones, para así cambiar la imagen del País y con ello activar todas las industrias y demás actividades de proveedores de estas obras e innumerables puestos de trabajo.

No quisiera terminar este artículo sin dejar de mencionar la importancia que tiene para el Perú el destrabe de los proyectos mineros que nuestra economía requiere con urgencia, porque representan la manera más rápida de equilibrar las cuentas fiscales que han sido deterioradas fuertemente en esta Pandemia que ha obligado en todo el país a consumir un gran porcentaje de nuestros ahorros del fondo de contingencia y a recurrir a endeudamiento que aumentará nuestro coeficiente deuda con relación al PBI que constituía el gran soporte y fortaleza de nuestra macroeconomía.

Siendo que estos proyectos pertenecen como patrimonio nacional al Perú y no a las regiones donde ellos se encuentran y producidos los grandes efectos negativos de la Pandemia que probablemente continúen hasta el fin del año, es patriótico reflexionar y apelar a la solidaridad con el País de las autoridades locales y las comunidades, para que de manera responsable y concertada, destrabar proyectos de grandes inversiones y empleo como: Tía María ( $ 1,400 millones); Pampa de Pongo ($2,200millones); Zafranal ($ 1,157 millones); Yanacocha Sulfuros ($ 2,100millones); Conga ($4,800 millones); Rio Blanco ($2,500 millones); Cañarico ($ 1,437 millones). El Perú los necesita con suma urgencia.

Estimados lectores si la Pandemia nos da una oportunidad para repensar nuestro futuro y llevar adelante todos los Proyectos antes nombrados al unísono, nos daremos cuenta a la vuelta de los próximos 5 años que esta Pandemia -que esperamos pronto pase a ser historia- nos enseñó que juntos podremos desarrollar  un Perú grande, solidario y próspero que genere progreso y bienestar ; que ofrezca oportunidades de trabajo a nuestra población ; ingresos para dejar atrás los índices de pobreza y obtener los recursos necesarios para inversiones en servicios básicos: salud; educación; seguridad; vivienda y saneamiento para nuestras clases más necesitadas. El labrar un futuro próspero está ahora en nuestras manos. Lampadia

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

En febrero 2019 escribí el artículo “Yo no fui fue Teté”. En esa oportunidad me estaba refiriendo, entre otras cosas, a las obras que una multitud de autoridades municipales y “regionales” (en realidad departamentales), ejecutaban a partir de una ignorancia supina respecto a las zonas de riesgo y criterios de ingeniería o simplemente por una actitud delictiva.

En esa oportunidad proponía, al igual que ahora, sancionar penalmente a esas autoridades sub-nacionales y nacionales, por invertir (en realidad botar nuestros impuestos) nuestros recursos fiscales en zonas críticas de riesgo, quebradas o zonas que ofrezcan riesgos de la naturaleza que, al activarse, puedan destruir vidas y obra física ejecutada por el Estado. Igual sanción debiera recaer sobre las autoridades que otorguen permiso municipal de construcción a particulares en tales quebradas, o bien en áreas de riesgo eléctrico (debajo de líneas de alta tensión donde la ley lo prohíbe explícitamente, pero que tales alcaldes “prefieren ignorar”).

Pero lo que no estaba en mi libro es que el “Presidente ingeniero”, siendo gobernador regional de Moquegua, iba a ejecutar la construcción del Hospital Regional de Moquegua en una quebrada, que al activarse destruiría su “obra emblemática”. Es importante resaltar que el Colegio de Ingenieros de Moquegua le hizo la advertencia oportunamente, pero tanto él como su Gerente Regional (recientemente ministro de diversas carteras), ignoraron dicha advertencia y “tiraron para adelante” ejecutando el proyecto. Supongo que no puedo responsabilizar a los personajes mencionados por los cinco años que tardaron en construir el hospital (ya sabemos que un hospital capaz de atender a diez veces el número de pacientes que el de Moquegua fue construido en China, por solo 30% más de presupuesto y en diez días de plazo). El hospital fue inaugurado por el Presidente-ingeniero el 22 de noviembre de 2019, por supuesto sin equipamiento completo, con filtraciones demostradas (por las lluvias del año anterior) y sin personal asignado para su operación, pero eso sí “con bombos y platillos”. Lamentablemente, lo que estaba anunciado ocurrió en febrero 2020, se activó la quebrada Centenario produciendo estragos en los accesos del hospital y ciertas instalaciones…

No quiero ser demasiado suspicaz, pero cuando uno junta lo mencionado en párrafos anteriores, con el hecho que “soltaron” centenas de cheques en el último día de gestión en el gobierno regional, para el pago del adelanto de un alto porcentaje del presupuesto de la obra, el mismo que aún no contaba con el expediente técnico correspondiente aprobado, me suena a corrupción pura y dura.

Como “lloviendo sobre mojado”, debo reiterar que el Presidente-ingeniero pretende acelerar la regionalización, transfiriendo más recursos para que sean ejecutados por los alcaldes y gobernadores, con la mayor celeridad posible. Hemos repetido hasta el hartazgo que los proyectos de infraestructura deben tener un claro propósito, un diseño e ingeniería de calidad que resuelva el problema de manera permanente, con una vida útil de al menos 50 años y para su ejecución debemos contratar con una compañía responsable, cuya ejecutoria sea demostrada, así como una empresa supervisora también de calidad. Tanto las empresas de ingeniería, construcción y supervisión, deben ser empresas con calidad profesional y técnica, que tengan un prestigio que cuidar y que garanticen la duración de las obras que ejecuten.

La prueba ácida de lo dicho anteriormente, debería quedar certificada con una póliza de seguros internacional que nos garantice que cualquier acto de la naturaleza o acto de Dios, que fortuitamente exceda los límites razonables y previsibles por la mejor ingeniería, serán resarcidos para salvaguardar el interés nacional.

Pero no, aquí hacemos hospitales como el mencionado, puentes y carreteras diseñados, construidos y supervisados por sabe Dios quien. Contratados por alcaldes, gobernadores regionales e incluso funcionarios del gobierno central, como el de Ilabaya en Tacna, inaugurado en diciembre de 2019 por el Presidente-ingeniero quien “hinchaba pecho” por el pronto cumplimiento de su compromiso, pero que colapsó en febrero 2020. Otro ejemplo es el puente ejecutado en Huaylillas, Pataz, construido durante este gobierno y colapsado en diciembre 2019, solo por mencionar unos pocos.

Estimado lector, un capítulo aparte merecería la ya famosa “Reconstrucción con Cambios” del norte, pero no tocaré el tema porque después de tres años de ocurrido el fenómeno del niño (marzo 2017) y la miserable ejecución a estas alturas del partido (marzo 2020), se ha regado ríos de tinta sobre el asunto y no les entran balas, pues resulta que ahora están descubriendo que los PMO (Project Management Office), debieran hacerse cargo de esta reconstrucción, cosa que se le sugirió a la PCM en marzo 2017. Mejor no insistir… Lampadia

Raúl Delgado Sayán
04.10.2019
Para Lampadia

Los sismólogos, quienes como geofísicos estudian los sismos y la transmisión de las ondas elásticas sísmicas sobre la superficie de la tierra, ya hicieron su trabajo para Lima y Callao, y han determinado luego de mediciones de la subducción de la Placa Nazca por debajo de la Placa Sudamericana Continental del orden de 5,6 cm por año (Ver Fig. 1), así como  de un silencio sísmico desde 1746 (hace 273 años) y conociendo las zonas de ruptura frente al litoral costero de Lima, concluya que el próximo gran sismo, que de todas maneras va a sufrir Lima y Callao, será de una magnitud de 8.5 a 8.8 Mw con una altísima probabilidad del 75% en los próximos 50 años. Puede ocurrir ya en cualquier momento.

Fig. 1 Subducción de Placa Nazca debajo de Placa Sudamericana en 6.3 cm/año. En el caso de Lima y
Callao hay 273 años de silencio sísmico para un mega sismo del orden de 8.5 Mw a 8.8 Mw.

Ahora toca a los ingenieros civiles estructurales determinar cuáles son las medidas de prevención más importantes a realizar para que, conociendo la realidad de Lima y Callao; la alta informalidad en el 60% de la construcción de viviendas (Ver Fig. 2) y las zonas más críticas de la ciudad por calidad de suelos y geología, recomienden la ejecución de las obras a realizar y conductas a seguir para contrarrestar las pérdidas materiales y de vida de la población que va a estar expuesta a este fenómeno natural extremo.

Fig. 2 Foto muestra la realidad de viviendas informales en muy alto riesgo.

¿Qué significa una magnitud sísmica de 8.5 Mw – 8.8 Mw?

Para expresarlo en medidas cotidianas equivalentes, un sismo de 8.5 Mw significa la súbita liberación muy cercana a la costa y entre 30 a 35 kilómetros de profundidad, de la energía equivalente a 85 millones de toneladas de dinamita o 5,660 bombas de Hiroshima. Una magnitud sísmica de 8.8 Mw equivale a 240 millones de toneladas de dinamita o 16,000 bombas de Hiroshima.

El 31 de mayo de 2019 se realizó un simulacro de sismo seguido de tsunami para una magnitud de 8.5 Mw a una profundidad de 35 km; una corta duración de 1 minuto (creo que por la cantidad de energía liberada hubiera sido más apropiado minuto y medio); con una altura de ola y masa de agua de 10 metros que llegaría a la costa de Lima y Callao en apenas 15 minutos. Según el reporte de la Municipalidad de Lima y con información de las Entidades encargadas del simulacro, este potencial mega sismo habría causado: 41,600 fallecidos, 248,553 heridos y 777,581 damnificados en la parte de personas, y en la parte material 66,123 viviendas colapsadas, 131,308 viviendas inhabitables.

Un estudio realizado por el sistema de seguros a nivel mundial encargado por la Reaseguradora Lloyds de Londres a la Universidad de Cambridge en el año 2014, determinó que para el sistema asegurador mundial Lima ocupa el 1er. Lugar en el mundo como ciudad de mayor riesgo sísmico con una pérdida material probable del orden de US$36,000 millones (la mitad de todas nuestras Reservas Internacionales Netas), solo por efecto del sismo, sin considerar un tsunami, y superando en riesgos a ciudades como Teherán, Estambul, Taipéi​, Tianjin, Tokio y Los Ángeles.

¿Qué hacer entonces para protegernos ante un fenómeno extremo de esta naturaleza?

Si bien esta es tarea de ingenieros civiles expertos antisísmicos, los factores a tener en cuenta para enfrentar los daños que pueda causar un sismo de estas características son fundamentalmente 4. La magnitud del sismo a la cual ya nos hemos referido; la profundidad hasta el hipocentro, que es donde se libera toda esa gran energía; la duración del sismo; y la calidad del suelo. Las 3 primeras características son iguales para todos los que nos encontramos en la misma ciudad. La única variación por daños será por la calidad del suelo. El suelo es el apoyo de cualquier estructura a través de la cimentación y el sismo la obligara a moverse al unísono con ella (salvo que exista un elemento aislador en la cimentación).

Para ello la primera tarea es estudiar los suelos y el entorno circundante para determinar un mapa de zonificación sísmica que identifique los riesgos desde el punto de vista de los suelos (Ver Fig. 3) y es así como para el caso de Lima y Callao se han determinado 5 zonas de riesgos de menor a mayor, siendo por ejemplo la Zona I de peligro bajo los distritos centrales de San Isidro, San Borja, Breña, Jesús María, Miraflores, Lince, entre otros; y de allí seguimos por ejemplo a la Zona IV de peligro muy alto donde se encuentran depósitos de arenas eólicas de gran espesor y sueltas, depósitos marinos y suelos pantanosos, como por ejemplo los distritos de Lima Sur, SJL, La Molina, entre otros; y como Zona V de Zonas Puntuales de altísimo riesgo, los depósitos de rellenos sueltos de desmontes  en depresiones naturales o excavaciones realizadas (rellenos sanitarios), algunas áreas en los distritos del Rímac, Surquillo, San Juan de Miraflores y San Juan de Lurigancho, entre otros. (Fuente: Plan de Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres de Lima Metropolitana emitido por la Municipalidad Metropolitana de Lima). Los suelos sueltos tienen la característica de amplificar las ondas sísmicas.

Fig. 3 Zonas más vulnerables por calidad suelo en Lima y Callao (Distritos de Villa El Salvador,
Chorrillos, Pachacamac, Lurín, La Molina, Puente Piedra, Ventanilla, La Punta, Callao)

La necesidad de tener que soportar un numero alto de réplicas tiene que ser tomado en cuenta de manera muy cuidadosa por los ingenieros, puesto que ellas ocurrirán en gran número luego de esta gran liberación de energía y como tal encontrarán edificaciones o casas que aun sin colapsar hayan sufrido daños de consideración como consecuencia del sismo principal. Un porcentaje importante de estas replicas serán también de gran magnitud. Por ejemplo, en el Terremoto de Concepción de Chile en febrero de 2010, que fue de magnitud 8.8 Mw, tuvo en las 24 horas siguientes alrededor de 100 réplicas, siendo la más fuerte a 2 horas del sismo principal con 6.9 Mw y 4 días después habían ocurrido 203 réplicas. El balance total después de 3 años fue de 8,500 réplicas, de las cuales fueron 3 de 7,0 Mw y 29 mayores a 6 Mw. Demás está decir que las réplicas que se generan en el lapso corto de 1 semana a 15 días no dan oportunidad para reforzar estructuras dañadas. De este modo tenemos que pensar que las edificaciones deben ser capaces desde un inicio no solo de soportar el sismo principal, sino que, aun habiendo sufrido algunos daños, ser capaces de resistir en buenas condiciones las réplicas hasta que puedan ser plenamente reforzadas. Lo recomendable es que ese reforzamiento se realice aun antes de que ocurra el sismo principal de manera de disponer en las edificaciones de una capacidad resistente de seguridad superior a la necesaria para este tipo de mega sismo.

¿Cómo prepararnos para salvar la vida y disminuir las pérdidas materiales?

Ciertamente la alta informalidad de construcciones de viviendas en la ciudad de Lima y Callao y el haber construido en zonas de alto riesgo y en algunos suelos blandos o en laderas de cerros o sobre acantilados de gran altura como el caso de la Costa Verde llaman, con carácter de urgencia a tomar acciones inmediatas para estar preparados realmente frente a un evento de esta magnitud. Desde hace algún tiempo el INDECI programa simulacros para toda la población donde anuncia sismos de gran magnitud y aventura calcular cifras de pérdidas humanas y materiales. Ello es útil para alertar a la población y generar conciencia del peligro que se enfrenta, pero no necesariamente ilustra lo suficiente para que la población en general haga de inmediato lo correcto en el momento de ocurrencia del mega sismo. El simulacro carece de dos elementos básicos que ocurren en el sismo: el pánico y el hecho que el piso se sacude y mueve con mucha intensidad. Los primeros 15 a 20 segundos desde que se siente el sismo hasta que alcanza su máxima intensidad son críticos (Fig. 4), y la población debe conocer de inmediato qué hacer y cómo guarecerse.

Fig. 4 Lectura acelerograma Sismo de Concepción, Chile del 27.02.2010. Nótese que entre
la percepción del sismo (20 seg.) y las ondas de alta intensidad (40 seg.) ocurren 20 seg.

Para ello lanzamos una iniciativa para aplicarse a todas las zonas vulnerables en el sentido de que así como se hace un censo nacional poblacional visitando a cada persona en su vivienda, se programe que los estudiantes de último año de ingeniería civil, debidamente adiestrados, visiten en un día determinado a la población en sus viviendas y de acuerdo a la realidad de cada uno, les enseñen cómo proteger su vida y ponerse a buen recaudo; identificar físicamente en la vivienda las zonas menos vulnerables y señalarlas con un código de seguridad y sobre todo enseñarles a proteger la cabeza, que es el órgano más sensible del ser humano. Siempre recomendar la evacuación hacia el exterior cuando exista esa posibilidad, pero en caso contrario identificarles la zona más segura y si fuera menester, recomendar un reforzamiento de esa zona en particular, para lo cual el Ministerio de Vivienda pudiera generar un fondo de ayuda específico para este fin.

Medidas necesarias de protección y reforzamiento de infraestructura básica de producción y servicios

Aparte de las viviendas, es obligación tanto del Estado como de los operadores de infraestructura básica de producción y servicios, el garantizar a toda la población de Lima y Callao que sus instalaciones no colapsen y puedan seguir brindando sus servicios con seguridad luego de ocurrido el mega sismo. Entre estas instalaciones básicas ciertamente se encuentran: los hospitales; los centros educativos; los estadios; coliseos o iglesias; todas ellas que pueden ser eventualmente lugares de refugio para acoger a los más damnificados. Asimismo, carreteras y puentes; plantas de generación de energía eléctrica, de transmisión y distribución; plantas de tratamiento de agua potable; puertos; aeropuertos; instalaciones industriales de importancia como refinerías; redes de agua y de alcantarillado; electricidad y gas; entre otras que constituyen sistemas que no pueden colapsar.

Para ello, será importante que cada Entidad o Propietario establezca un programa que contemple la revisión por ingenieros civiles estructurales especializados en diseño antisísmico, de la situación de estas instalaciones críticas para reforzarlas debidamente. Deberán iniciar con una inspección visual acompañada de la recopilación de planos de estructuras de la obra, conforme construida, que les permita realizar un cálculo de capacidad resistente actual e identificar zonas críticas que deberán ser reforzadas. La experiencia demuestra que, en la mayoría de los casos, pequeñas inversiones del orden del 8 al 10% de lo invertido inicialmente podrían hasta duplicar la capacidad sismo resistente de estas instalaciones. A nivel global ¿Cuánto podría costar este esfuerzo en toda la ciudad? Estimo que para estas instalaciones básicas de servicio esencialmente público podría estar en el orden de 1,500 a 2,000 millones de dólares, cifra que no necesariamente tendría que programarse en un solo ejercicio presupuestal, sino que podría ser dividida en 3 o 4 ejercicios dependiendo de un orden de prioridad crítica en cada una de las instalaciones. Aun en el caso de utilizar la cifra más alta de US$2,000 millones; esta cifra solo en pérdidas materiales representaría apenas el 2.8% del potencial de las pérdidas versus lo invertido, sin considerar el costo bastante mayor de no operar y brindar servicios a la población por todo un período largo que demore su reforzamiento o eventual nueva construcción en caso de haber colapsado totalmente.

Conclusiones:

1. Los ingenieros enfrentamos con instrumentos que nos da la ciencia: fórmulas; modelos matemáticos; de física, entre otros que son de naturaleza elástica y homogénea, los efectos producidos por fenómenos naturales extremos de la naturaleza para prevenirlos y derrotarlos salvaguardando la vida y la integridad de lo que diseñamos y construimos.
2. Nuestro ejercicio profesional se basa en: a) Conocimiento; b) Experiencia, y c) Criterio profesional. Los conocimientos y experiencias pueden y podrán en un futuro ser acumulados en un computador y procesados en base a Algoritmos de Inteligencia Artificial (AI). Lo que nunca podrá ser expresado y modelado es el Criterio Profesional, que es lo que prevalecerá en nuestras decisiones de ingeniería y construcción, para que tomando en consideración todo lo que ocurrirá en un futuro: fenómenos naturales extremos; inadecuados usos y costumbres que generen condiciones de carga mayores a las previstas; inadecuados mantenimientos, etc., aquello que diseñamos y construimos no ponga en riesgo a la vida humana; se mantenga a través de los tiempos durante toda la vida útil prevista sin perder su valor de rescate, cumpliendo con los parámetros básicos de: funcionalidad; resistencia; durabilidad y seguridad, dentro de un equilibrio económico aceptable para la inversión. El Criterio Profesional es finalmente “Cognitivo” y pudiera ser distinto entre cada profesional de ingeniería y es precisamente esta característica la que hace que el profesional de ingeniería jamás pueda ser reemplazado por un robot o por un Algoritmo de Inteligencia Artificial.
3. Todas las Normas de Carácter Técnico de Ingeniería y especificaciones técnicas basadas en conocimientos y experiencias, siempre se expresan como “Requerimientos Mínimos” (y así lo señalan) que el ingeniero debe cumplir y por tanto son solo de cumplimiento obligatorio en aquello de lo mínimo, pero dejan a criterio profesional del ingeniero el que sopesando los riesgos conocidos y desconocidos que afecten a su infraestructura, y por lo tanto a la vida e integridad de la misma y de las personas usuarias, pueda decidir superar lo señalado por la norma y optar por un mayor factor de seguridad para sus diseños, dentro de criterios de lógica racionalidad, y ello no puede jamás ser objetado por otro profesional de ingeniería, ni menos aún por otro profesional no ingeniero ni de la especialidad.

El presente artículo nos muestra una realidad que se desprende de todo lo antes expresado. Tenemos un inmenso desafío de la naturaleza. Sabemos incuestionablemente que vamos a tener pronto un Mega Sismo con potencial tsunami de 8.5 Mw a 8.8 Mw que va a poner en riesgo de vida en toda la ciudad entre 150,000 a 200,000 personas; pérdidas materiales probables entre US$36,000 a US$50,000 millones, y daños muy severos en infraestructura básica de servicios básicos a la población de Lima y Callao y que si no hacemos algo al respecto nos va a tardar varias decenas de años recuperarnos. El Artículo 1ro. de nuestra Constitución señala que: “El ser humano es el fin supremo de la sociedad y del Estado”. Sabemos cuáles son las áreas más críticas de la ciudad y qué hacemos (?) Puede existir algo más importante y prioritario que esto (?) Por qué no prevenir y actuar ya sin pérdida de tiempo, preparándonos para ello sabiendo lo que hay que hacer y que los costos de atenuarlos apenas podrían llegar a ser un 2.8% de las pérdidas potenciales y así no arriesgar la pérdida del 100% de lo invertido. Es responsabilidad de todos el no permitir que ello ocurra. Lampadia

¿Estamos hablando de un delito o de algo de común ocurrencia en obras públicas y privadas?

Raúl Delgado Sayán
11.04.2019
Para Lampadia

Quizás una de las palabras más vilipendiadas en el lenguaje común de los últimos dos años y utilizada en forma incorrecta por personas ajenas a la profesión de la ingeniería con una connotación muy equivocada es la palabra Sobrecosto. Si realizamos una investigación muy sencilla con el buscador Google o uno similar y simplemente escribimos la palabra Sobrecosto, vamos a encontrar la siguiente definición: “Un sobrecosto, también conocido como un incremento de costo o sobrepasar el presupuesto, es un costo inesperado que se incurre por sobre una cantidad presupuestada debido a una subestimación del costo real durante el proceso de cálculo del presupuesto” [sic]. También agrega lo siguiente: “Un sobrecosto es algo común en los proyectos de infraestructura, construcción de edificios y tecnología” (sic).

“Un comprensivo estudio de los sobrecostos publicado en el Journal of the American Planning Association en el año 2002 encontró que 9 de 10 proyectos de construcción habían subestimados los costos. Sobrecostos de 50% a 100% fueron muy comunes. La subestimación de costos fue encontrada en cada una de las 20 naciones y 5 continentes cubiertos por el estudio, y la subestimación de los costos no ha disminuido en los 70 años para los cuales había disponible datos” [sic]. Más adelante se muestra una lista de proyectos emblemáticos de la ingeniería mundial de todo tipo que han incurrido en importantes sobrecostos y una frondosa bibliografía de investigadores muy prestigiados, entre ellos los profesores Bent Flyvbjerg de la Universidad de Oxford, Mette Skamris Holm y Søren Buhl, así como Martin Wachs de la Universidad de California, Los Ángeles, e igualmente instituciones multilaterales de financiamiento de obras que coinciden con esta definición. Las publicaciones de Bent Flyvbjerg, Mette Skamris Holm, y Søren Buhl muestran interesantes datos de sobrecosto en infraestructura de 258 proyectos de transporte valorizados en US$90,000 millones, estudio que concluye lo siguiente:

1. Los costos están subestimados en 9 de cada 10 proyectos. Para un proyecto seleccionado aleatoriamente, la probabilidad de que los costos reales sean mayores que los costos estimados inicialmente es del 86%, %. La probabilidad de que los costos reales sean menores o iguales a los costos estimados es del 14%.
2. Los costos reales son en promedio 28% más altos que los costos estimados, aunque varían desde 44.7% para Metros y ferrocarriles; 33.8% para Puertos y túneles y 20.4% para Obras viales de carretera.

Inexactitud de las estimaciones de costo del proyecto de transporte por tipo de proyecto (precios fijos)

También una segunda tabla a continuación muestra el mismo detalle para los tipos de obras de infraestructura de transporte, pero de acuerdo a la ubicación geográfica desglosado entre Europa, América del Norte y Otras Áreas Geográficas, y en cada uno de ellos se señala la muestra analizada que le corresponde y el aumento de costo promedio. Si bien es cierto la muestra es integral, los de mayores incrementos en la muestra corresponden a ferrocarriles urbanos (metros) y de alta velocidad. Lo expresado como enlace fijo son elementos de conexión como puentes y túneles, y en la parte vial fundamentalmente a carreteras de todo tipo.

Inexactitud de las estimaciones de costos de proyectos de transporte por ubicación geográfica (precios fijos)

Ciertamente invito a los lectores realmente interesados en saber la verdad de los Sobrecostos a que examinen esta fuente de información que tiene una frondosa bibliografía de estudios y casuística muy seria a nivel mundial y con altos niveles de análisis y precisión, incluso utilizando teorías de probabilidad para hacer lo que se conoce como la técnica de “overshooting”, que es el realizar estimados previos sobre una determinada probabilidad de sobrecostos antes de iniciar las obras para fines de previsión presupuestal, sin que ello necesariamente implique la posibilidad de la no existencia de un sobrecosto final.

El Sobrecosto, por tanto, no es otra cosa que la diferencia existente entre el costo final de la inversión necesaria para realizar un proyecto versus el estimado inicial del mismo con el cual se firma el contrato y que corresponderá a un estudio previo cuyo nivel será de perfil; factibilidad o estudio constructivo que será contrastado con la realidad en el momento de la ejecución de las obras.

No olvidemos que la tendencia de construcción en obras privadas y obras públicas bajo cualquier modalidad, incluyendo APPs, está requiriendo de procesos “Fast Track”, que partiendo de un nivel bajo de estudios (Perfil, Ingeniería Básica o Factibilidad) contratan el desarrollo de los Expedientes Técnicos de Construcción en forma paralela y con un muy ligero desfase de las operaciones de construcción. El nivel de precisión de estos estudios con los cuales se contrata es por tanto bajo en comparación con la realidad.

El lector que ha realizado proyectos de inversión bastante sencillos como por ejemplo la construcción de su propia vivienda e inversiones en su negocio de cualquier tipo: agricultura, industria, minería, hidrocarburo, o actividades comerciales incluyendo adquisición de maquinaria y equipo, sabe que el costo final de su inversión siempre sobrepasa su estimado inicial, y si ello ocurre en proyectos más comunes como no va a ocurrir en megaproyectos y proyectos de mayor complejidad.

Cuando en el sector privado se prioriza el no sobrepasar una determinada cifra meta presupuestal, el cliente por lo general contrata a una empresa gerente para que supervise sus obras y lo empodera para que ante aumento de costos inesperados que generen adicionales, aplicando una ingeniería de riesgos, redimensione el proyecto generando a su vez deductivos que se posterguen para más adelante y así balancean la cifra presupuestada. En el sector público, este procedimiento no es permitido puesto que una vez preparado y aprobado el Expediente Técnico con los alcances señalados en el contrato, no se permite aplicar ingeniería valorativa de riesgos que redimensionen las metas y que dejen de ejecutar una parte de los alcances contratados; salvo que existan muy contadas excepciones como casos que aplicando otras legislaciones foráneas facultan el uso de Gerencias de Proyecto PMOs o similares que permitan la realización de este balance. Un caso notorio reciente es el de los Juegos Panamericanos, donde según expresiones de su Director Ejecutivo, los aumentos inesperados en parte de sus edificaciones principales han sido ajustados en base a ahorros realizados con la utilización de infraestructura deportiva existente y/o cambios de ubicación de otras.

Conforme lo antes descrito, el lector: ingeniero o no ingeniero, podrá darse cuenta que los sobrecostos de ingeniería existen inevitablemente en todas partes del mundo y para cualquier tipo de inversión, y de ninguna manera constituyen delito si es que están justificados e incorporados en las obras para beneficio y seguridad del propietario y de los usuarios del servicio que brindan, y por consiguiente deberán correr a cargo del dueño o propietario del bien, salvo que se hayan generado por una negligencia punible de quién diseña que no garanticen las condiciones de funcionalidad, resistencia, durabilidad y seguridad, o que no hayan sido incorporados al proyecto, esto último sí sería sin lugar a dudas un delito.

La normatividad peruana aplicable a la ingeniería desde tiempos inmemoriales ha reconocido la existencia de los sobrecostos y los tiene perfectamente normados en la Ley y en el Reglamento de Contrataciones en muchos artículos, y es más se establece como garantía de la correcta ejecución, además de las opiniones de los muchos ingenieros de las distintas especialidades que intervienen en el control de las obras, que aquellos sobrecostos que sobrepasen el 15% del valor de contratación deberán ser previamente a su ejecución y aprobación, revisados y aprobados por la Contraloría General de la República (CGR) y eso conlleva por cierto una mayoría de obras públicas, siendo que estas auditorías de la CGR no se refieren únicamente a la contabilidad de costos, sino también a la evaluación de todo lo invertido en la obra y no solo el exceso sobre el 15%. La formalización de estos sobrecostos o adicionales y su incorporación al contrato se realiza a través de una Adenda que contiene el presupuesto adicional suscrito y acordado por ambas partes, utilizando para ello los análisis de costos de partidas presupuestales que existen en el contrato o de nuevas en caso de no existir.

Tanto de la lectura de lo anteriormente expresado vinculado a sobrecostos disponibles en la web como en el artículo titulado: “Adendas y adicionales: Separando la paja del trigo” publicado en la revista institucional del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lima, Edición # 84 de Marzo 2018, muestran una lista de varios proyectos emblemáticos de la ingeniería mundial como: la Opera de Sidney (Australia); el Burj Khalifa (Edificio más alto del mundo en Emiratos Árabes Unidos); el Aeropuerto Internacional de Hong Kong; Presa de las 3 Gargantas (China); Túnel Ferroviario de San Gotardo (Suiza); la Gran Excavación de Boston (EE.UU.); el Euro túnel; el Plan Delta (Holanda), indicando en cada caso el costo inicial del año de inicio de la obra y el costo final del año de culminación de la obra y puesta en operación.

En conclusión, los sobrecostos existen en todas las obras de ingeniería puesto que provienen de caracterizaciones aproximadas de los proyectos antes del inicio de los mismos versus la realidad del terreno, el entorno y los factores de diverso tipo que se presentan durante la ejecución y si ellos son necesarios y están incorporados en la obra no constituyen delito. Las obras realmente ejecutadas pueden ser verificadas numéricamente y con todo detalle confrontando la liquidación final de la obra versus lo realmente ejecutado en el terreno; y de otro lado, existen los mecanismos de control a través de comparaciones con “benchmarks” internacionales de obras semejantes ejecutadas en terrenos similares o peritajes de auditorías técnicas que puedan realizarse luego de concluidas las obras.

El no darle el verdadero sentido a la palabra Sobrecosto y el generalizado estigma generado sobre los instrumentos de su formalización contractual reconocida por ley, se están constituyendo en uno de los principales elementos de traba de los proyectos de inversión, puesto que quienes participan en ellos con honestidad y profesionalismo no quieren correr el riesgo en un futuro de verse perjudicados por actos correctos efectuados en el ejercicio de su profesión. Lo incorrecto y delictivo que haya ocurrido en la obra debe sancionarse, pero solo cuando existan las pruebas fehacientes de dolo y negligencia y no son objeto de sanción cuando obedezcan a opiniones profesionales serias basadas en: conocimientos, experiencia y criterio profesional para garantizar la inversión y la vida de los usuarios, respetando los principios de funcionalidad, resistencia, durabilidad y seguridad que mandatoria y éticamente debe garantizar el ejercicio profesional de la ingeniería.

Una nota final sobre la materia de los Sobrecostos. Si bien es cierto existen los Sobrecostos productivos que generan beneficios y seguridad necesarias en los proyectos y sobre lo cual he tratado en extenso en el presente artículo, también existen Sobrecostos improductivos –y hay que evitarlos- que son aquellos que ocurren como consecuencia de la pérdida de tiempo y trabas por no tomar decisiones. Los Sobrecostos improductivos solo ocurren en obras públicas y no en las privadas por obvias razones. Si consideramos que los costos de construcción escalan naturalmente entre 3.5% a 4.5% anualmente, una postergación o demora de 3 años, que no es infrecuente implica un escalamiento de costos del orden del 11% al 12% sobre la inversión, amén de los costos y perjuicios por no disponer de la infraestructura ni contar con el servicio que prestan durante todo este lapso de tiempo perdido. Ese si es un Sobrecosto improductivo que en el sector público debería sancionarse como se hace en el sector privado.

Hace muy bien la Contraloría General de la República en haber llamado la atención recientemente sobre el inmenso número de proyectos que están trabados y generando este perjuicio grave al Estado y a los ciudadanos, y proponiendo medidas de excepción para reactivar y concluir proyectos de inversión que hayan avanzado más del 80% y que estén trabados para que se culminen. Particularmente pienso que el umbral debía ser menor y aplicarse a partir del 66% (2/3 ejecutado), y por cierto también hacer un trato especial a aquellos proyectos de gran impacto que no alcancen estas cifras y cuyo no destrabe resulte siendo muy crítico para el país. Lampadia

Casos de Adendas y Adicionales; Comparación con Benchmarks Nacionales e Internacionales y Control de la Contraloría

Raúl Delgado Sayán
11.04.2019
Para Lampadia

En las dos notas anteriores de esta serie hemos definido a la ingeniería como la profesión que utiliza instrumentos de la ciencia para la preparación de sus proyectos; que plantea soluciones a sus proyectos inicialmente en base a información primaria y muestral, que no es precisa hasta que se contrasta con la realidad del terreno y del entorno en el momento de su ejecución y que está basada en 3 atributos de sus profesionales que son: a) sus conocimientos; b) experiencia; y c) criterio profesional.

Es una profesión que se expresa de manera objetiva; numérica y está totalmente documentada. Que inicialmente sus proyectos, con información preliminar, buscan caracterizar obras que cumplan adecuadamente con los requerimientos de: funcionalidad; resistencia; durabilidad y seguridad, y que sobretodo protejan la inversión frente a los requerimientos que le plantean los usos y abusos durante la vida útil del proyecto y garanticen la seguridad y vida de los usuarios. En síntesis, proyectos que inicialmente reflejen la información que se posee según niveles de estudios con los cuales se contrata (Perfil, Factibilidad y Diseño Constructivo), y que tendrán que sufrir modificaciones al contrastarlos con la realidad del terreno durante su ejecución, tanto en obras públicas como en privadas bajo cualquier modalidad y que finalmente estas modificaciones se materialicen en los denominados adicionales y/o deductivos, formalizados a través de adendas u órdenes de cambio, según sean requeridas.

Pues bien, si esto ocurre en normalmente todas las obras públicas y privadas, ¿qué mecanismos de control tienen las entidades y/o clientes para tener la plena certeza de que lo que invierten en las obras finalmente sea lo correcto? En primer lugar, debemos partir de la premisa que estas modificaciones cumplan con las siguientes condiciones:

• Que sean imprescindibles para corregir y/o complementar lo establecido inicialmente en el proyecto para lograr que la obra cumpla adecuadamente en su servicio con los fines previstos para toda su vida útil.
• Que el adicional, en caso de producirse, haya sido verdaderamente incorporado en la obra física en todos sus componentes con la calidad y procedimientos constructivos que se requieren para estas obras (lo cual es muy fácil de constatar), y
• Que el monto que significa el Adicional haya sido calculado correctamente en costos y en tiempo.

Si se cumple estas tres premisas anteriormente anunciadas, el Adicional y/o deductivo está plenamente justificado y el Cliente se beneficiará con la modificación que motivó el Adicional.

¿Qué elementos de control existen para la verificación correcta de los Adicionales y/o Deductivos?

En el caso de las inversiones privadas, normalmente los clientes en proyectos de importancia contratan bajo la modalidad EPCM (“Engineering, Procurement, Construction Management”) o PMO (“Project Management Office”), ambas por sus siglas en inglés, y bajo tercerización a una empresa privada especializada que vele por sus intereses y a quienes en idioma inglés se les conoce como Owner’s Representative (Representante del propietario).

En el caso de las obras públicas, la Entidad contratante retiene para si el control a través de sus funcionarios de las áreas especializadas, quienes tienen la decisión definitiva y emiten los resolutivos de aprobación, y quienes a su vez, a través de concursos públicos, eligen a una empresa supervisora de consultoría de obras para un apoyo y control más detallado, quedando también como instancia auditora por parte del Estado las propias oficinas de control en las entidades adscritas a la Contraloría General de la República (CGR), y/o finalmente a la propia CGR en sus funciones de realizar acciones de control concurrentes simultáneas y acciones de control posterior de cumplimiento.

Cabe mencionar que de acuerdo a nuestra legislación, para el caso de obras públicas, cuando el monto de los adicionales supera el 15% de la suma inicialmente contratada, lo cual ocurre en la gran mayoría de las obras, se requiere de manera obligada el informe previo de aprobación de la CGR antes de su ejecución, siendo que la revisión del máximo órgano de control del Estado no se centra únicamente por la suma en exceso del 15%, sino es de carácter integral para toda la obra a ejecutar. Cuando se trata de una inversión de obra pública considerada como de gran envergadura o de mucho interés público, la CGR audita de oficio aun cuando no se haya pasado la meta del 15%.

¿Cómo se podría tener un indicio sobre si una obra es sospechosa de incurrir en sobrecostos sin justificación o en exceso?

Evidentemente no existen dos obras que sean idénticas en todos sus parámetros para que puedan ser comparables entre sí con mucho nivel de precisión; pero sí existen indicadores (Benchmarks) tanto nacionales como internacionales, que de manera aproximada nos pueden dar indicios sobre si los valores por parámetros del tipo de construcción proyectada; las condiciones geológicas o del entorno (costa, sierra o selva); condiciones naturales o de riesgo ante fenómenos extremos (sismos, lluvias, huracanes, etc.), y descontando elementos que puedan incidir en los costos y que no estén vinculados a la naturaleza constructiva como por ejemplo financiamiento; modelo de contrato (Obra pública tradicional o concesión APPs), o cargas tributarias directas en caso de benchmarks internacionales, haga posible comparar los parámetros por costo unitario. Con esto quiero decir que si se trata de una obra de edificación ya sea para oficinas, viviendas, uso industrial o el que fuera, el parámetro de comparación sería el costo por m². Si se trata de obras extendidas como por ejemplo una carretera, o una obra de irrigación con canales madre y secundarios, o un tren o metro, o un puente o túnel, o una línea de transmisión de alta tensión, entre otros, tendremos como parámetros el costo/km; si se trata de teatros, coliseos deportivos, tendremos un costo por butaca; si se trata de obras de saneamiento (agua y desagüe) tendremos costos por m3; en el caso de centrales hidroeléctricas costo por kW de generación eléctrica, y así sucesivamente. Cada entidad o cliente que realice este tipo de inversión tiene su propia estadística o acceso a ellas para saber si el rango de sus costos está dentro de estos parámetros indiciarios correctos que le permitan tener una primera apreciación antes de hacer las verificaciones detalladas correspondientes.

Si como resultado de efectuar una comparación con parámetros obtenidos de otras obras similares en entornos y realidades muy parecidas no se diera la satisfacción o confianza del caso, se puede pasar a la siguiente etapa, la de realización de un peritaje técnico sobre la obra ejecutada, peritaje por cierto que solo podría ser realizado por peritos especializados y preferible institucionalmente, vale decir realizado por personas que además tengan una vasta experiencia en la ejecución de proyectos similares; respetando a su vez la racional discrecionalidad de las opiniones profesionales de aquellos ingenieros que diseñaron y construyeron las obras y si ellas tenían justificación, puesto que solamente serán ellos  -quienes diseñaron y construyeron- quienes tengan la total responsabilidad de lo diseñado y construido, teniendo en cuenta su criterio profesional y el cumplimiento de los requerimientos de funcionalidad, resistencia, durabilidad y seguridad antes mencionados.

Es menester finalmente señalar que no se pueden emitir juicios de valor sin contar previamente con opiniones y peritajes serios realizados por especialistas de ingeniería en la materia, tal y conforme lo estable la Ley 16053 de febrero de 1966 y la Ley Complementaria 28858 de julio de 2006 y sus Reglamentos, que autorizan a los Colegios de Arquitectos y al Colegio de Ingenieros del Perú para normar el ejercicio de la ingeniería en el Perú y supervisar la práctica y actividades de los profesionales de arquitectura e ingeniería en toda la República, señalando expresamente que solo tendrán validez aquellos informes, documentos técnicos y peritajes, entre otros, realizados por profesionales especialistas hábiles para ejercerlo. Lampadia

Raúl Delgado Sayán
05.04.2019
Para Lampadia

Seguramente el lector ha escuchado la palabra Expediente Técnico y la primera impresión es pensar que se trata de un conjunto de documentos, planos y presupuestos, entre otros, muy técnicos y precisos y que inequívocamente conducen a señalar todo aquello que debe ser ejecutado en la obra y que no admite ninguna modificación. No se menciona que existen varios tipos de Expedientes Técnicos, que, de acuerdo al nivel de profundidad de los estudios, requieren de modificaciones para ser adecuados a la realidad.

Antiguamente los ingenieros otorgábamos una clasificación más precisa a los estudios o expedientes técnicos, lo llamábamos nivel de perfil (o pre-anteproyecto) aquellos que en realidad eran en base a datos muy generales obtenidos de mapas o cartas geográficas y que más que nada eran estudios de escritorio; el segundo nivel era el de factibilidad (anteproyecto), que consistía en estudios orientados a evaluaciones económicas, financieras, sociales y ambientales y como parte de uno de sus capítulos contempla la estimación del nivel de inversiones necesarias que servían para determinar si se abandonaba por no ser viable o se mejoraba para continuarlo y pasar a la siguiente etapa que era el del estudio definitivo o final, la ingeniería de detalle o constructiva que constituye el proyecto que normalmente se utiliza para licitar la obra, donde el estudio desarrolla un diseño para  la construcción y que ya tiene más muestras de información de campo. En síntesis, todo lo anteriormente descrito comprende documentos de un proyecto con distintos niveles de información, que inicialmente de manera aproximada, intentan caracterizar la realidad con la cual nos vamos a encontrar durante la ejecución de las obras y que necesariamente tendrán que ser reajustados a dicha realidad.

Finalmente, existe normalmente en todas las obras públicas y privadas, un último nivel del estudio que se llama el de post construcción, en inglés se conoce como “As built”, y que se presenta a las entidades y/o clientes, como liquidación de obras; y que como su nombre lo indica, contiene planos y documentos de todas las obras conforme han sido construidas, incluyendo todas las pruebas y ensayos de calidad y las valorizaciones de obra ajustada y ejecutada en cada uno de los periodos mensuales hasta el final. De entre todas las profesiones existentes, la ingeniería se caracteriza por ser la más: objetiva; numérica y totalmente documentada. Así en los estudios y obras ejecutadas no existe subjetividad alguna puesto que todo lo que se realiza tiene que cumplir el objetivo pre establecido; todo es expresado numéricamente; no solo los costos sino también la calidad de los materiales de la obra en sí y finalmente todo lo ejecutado está plenamente documentado para permitir en el momento que se desee la constatación física y peritaje pertinente.

El Colegio de Ingenieros del Perú (CIP), institución representativa de la ingeniería por ley en el Perú, en muchas oportunidades se ha referido a la correcta aplicación de normas sobre adicionales de obras, siendo la más clara y precisa la publicada el 15.08.2006 en el Diario El Comercio – página A13 en el cual se señala, entre otros aspectos, todo lo anteriormente expresado sobre los cambios que necesariamente ocurren entre el momento en que se diseña la obra y el momento en que se ejecuta debido a factores de distinta naturaleza, y que es obligación de los ingenieros el adecuar y/o modificar los proyectos y presupuestos originales de acuerdo a lo que resulta imprescindible realizar, generando los presupuestos adicionales y/o deductivos para adecuarse a las exigencias de la realidad, y que ello de modo alguno significa falta para los profesionales que hayan formulado y/o aprobado el Expediente Técnico en alguno de los niveles antes mencionados (Se adjunta copia de dicho comunicado).

La normatividad mundial, así como la peruana, reconocen en extenso a través de varios artículos en la Ley y en el Reglamento de Contrataciones sobre estos impredecibles eventos de los proyectos iniciales que se presentan necesariamente durante su ejecución, puesto que obviamente si no se modifican oportunamente, lo construido adolecería de deficiencias que en el extremo podrían conllevar al colapso.

La ingeniería, los riesgos y los factores de seguridad

Tanto el ingeniero que construye como particularmente el que diseña obras de ingeniería saben que para el desarrollo de su trabajo debe emplear sus conocimientos, experiencia y criterio profesional para tomar decisiones que le permitan, con los debidos factores de seguridad, proteger la inversión realizada y sobre todo garantizar la seguridad y la vida de las personas que se constituyen como usuarios de la misma, no solo en la etapa de diseño y construcción, sino durante toda la vida útil del proyecto, y como tal utilizarán su criterio profesional que les permita avizorar tanto los riesgos de fenómenos naturales extremos predecibles como los usos y abusos a los que pueda prever que su proyecto va a estar expuesto durante su vida útil; como son por ejemplo la falta oportuna de mantenimiento preventivo y de rehabilitación; el no control de pesos y cargas sobre su estructura; el cambio de uso de una edificación; la necesidad de ciertos factores de redundancia para proteger la estructura final ante decisiones del propio usuario; entre muchas otras.

Otros riesgos muy importantes además de la integridad y resistencia del proyecto

Existen una serie de riesgos adicionales en aspectos técnicos que pueden presentarse durante la ejecución, entre los cuales mencionaremos las variaciones geológicas/geotécnicas; la incompleta identificación y cuantificación de interferencias con servicios públicos; los hallazgos de restos arqueológicos significativos no previamente identificados; deficiencias imprevistas en el EIA (Estudio de Impacto Ambiental) o riesgos generados en el entorno de la entidad contratante como pueden ser las demoras en la expropiación y liberación de terrenos; demoras en obtención de permisos y licencias; el incumplimiento de compromisos sociales pactados; incremento de las expectativas sociales frente a las identificadas en el EIA; y finalmente riesgos dentro del ámbito de contratistas y proveedores como son los riesgos inherentes de construcción o ambientales; los riesgos vinculados a accidentes de construcción y daños a terceros; aquellos derivados de eventos de fuerza mayor, y riesgos por cambios regulatorios o normativos que ocurran durante la ejecución de las obras. Muchos de estos riesgos podrán ser identificados como riesgos potenciales, pero no pueden ser incluidos inicialmente en su componente de costos porque son potenciales y por lo tanto no se conoce la medida en la cual puedan o no ocurrir, aunque otros sí se encontrarán dentro de lo inicialmente identificado. Lo que sí todos ellos tendrán una incidencia clara en modificar el Presupuesto Referencial y el Expediente Técnico con el cual se contrató la obra, generando inevitablemente al final de la misma los denominados “sobrecostos” que universalmente no son otra cosa que la diferencia entre el valor real final de las obras y el valor inicial aproximado con el cual estas fueron inicialmente contratadas.

La identificación de estos riesgos de manera oportuna debe conllevar dentro del ámbito de la entidad contratante a tratar de evitarlos o mitigar en alguna forma los costos y demoras en el proyecto, pero nunca jamás podrá evitarlos en caso ellos ocurran. La modalidad correcta del contrato deberá identificar en cada caso a cuál de las partes le corresponderá enfrentar y subsanar estos riegos, siendo por cierto, en los casos, que corresponderá a los contratistas y/o proveedores, el asumirlo si es que se generan en el ámbito de su responsabilidad, pero en la mayoría de los casos le corresponderá a la propia Entidad contratante en su calidad de dueño el asumirlos sea por estar dentro de su ámbito o por ser de naturaleza impredecible.

En suma, ojalá el presente artículo sirva para aclarar por qué no existe en el país ni a nivel mundial la posibilidad de que el costo final de una obra sea el mismo que el costo aproximado referencial con el cual fue contratada. Esta diferencia será mayor si se considera como base para la contratación un Expediente Técnico de nivel de perfil o de factibilidad, y menor si el Expediente Técnico es de nivel definitivo; pero siempre existirá diferencia.

Es importante destacar que con el incremento de las modalidades de construcción Diseño-Construcción (Fast Track) y de APPs, los proyectos se están contratando apenas con el nivel de factibilidad (Anteproyecto) ya que se invierten en estudios previos apenas un 0.5% del valor de la inversión y ello conllevará por su bajo nivel a incrementos significativos durante su ejecución al tener que adecuarlos a la realidad.

El enfrentar en mejor medida la optimización de costos en estas circunstancias dependerá de que exista un modelo de contrato que permita que tanto en el ámbito técnico de la Entidad contratante, los Contratistas y la Supervisión de la obra el que puedan tomar decisiones óptimas que impidan la demora en resolver estas situaciones imprevistas y para ello es muy importante que los profesionales involucrados en esta tarea cuenten con las suficientes garantías de confianza, predictibilidad y discrecionalidad donde se respeten y valoren sus criterios profesionales y los factores y medidas de seguridad que hayan tomado para proteger la vida de los usuarios, teniendo en cuenta que según la normatividad existente la responsabilidad recae en el profesional que realiza el diseño y no en quién opina o audita posteriormente esta decisión sin que ello le acarree responsabilidad alguna. Lampadia

Transcripción al español hecha por Lampadia:

Más de dos mil millones y medio de personas no tienen acceso a saneamiento. Le pedimos a unos brillantes ingenieros que nos ayuden a resolver este problema, y uno de estos ingenieros ha propuesto una solución en la que hasta los residuos son valiosos.

El Omniprocessor convierte los desechos humanos, bastante desagradables, en agua potable, electricidad y cenizas. Los residuos entran a la máquina, suben por una cinta transportadora, y luego son introducidos en estos grandes tubos que llamamos “la secadora”. Ahí es donde hervimos los desechos, y es durante el proceso de ebullición que se separa el vapor de los sólidos. Los sólidos ahora están completamente secos y pueden alimentar el fuego. Una vez que tenemos este fuego muy caliente, podemos crear una alta presión de vapor a alta temperatura. Podemos tomar este vapor y enviarlo a una máquina de vapor, que a su vez acciona el generador que produce electricidad, la cual utilizamos para el procesador. El exceso de electricidad puede ser entregado a la comunidad. Luego, el vapor que fue creado en el proceso de ebullición pasa a través de un sistema de limpieza numerosas veces, hasta que se obtiene el agua potable más limpia imaginable.

El sistema de saneamiento que se conoce en el mundo desarrollado no funciona en los países en desarrollo. Por lo tanto, lo que necesitamos para ellos es un sistema muy simple.

Al empresario que posee este procesador se le paga por el input (los residuos que se alimentan a la máquina), y a ese mismo empresario también se le paga por el output: la electricidad, el agua y la ceniza.

Estoy muy impresionado con la solución que estamos viendo aquí. Genera electricidad, y a su vez genera agua limpia. Funcionará en todos los rincones de la tierra donde sea necesario, ya que produce dinero todos los días.

¡Es agua!

Bill Gates