Jaime de Althaus
Para Lampadia

¿Tiene sentido el “Pacto Perú” propuesto por el Presidente de la República? Creemos que sí, pero con otra finalidad, menos temas, quizá más actores. Y antes que eso, el pacto inmediato y urgente es el de una agenda legislativa conjunta con el Congreso.

Comencemos con la finalidad. El Presidente la definió así: “Este pacto debe ayudarnos a todos los peruanos a transitar este proceso de transición en paz con acuerdos mínimos que den marco al debate necesario que se dará en la próxima campaña electoral”. En realidad, un proceso electoral es una competencia, una contraposición de ideas y programas. Entonces pedirles a los que están compitiendo a que se sienten a acordar, equivale a forzar un poco la naturaleza de las cosas.

Pero, pese a ello, sí hay una razón, de fuerza mayor, para buscar un acuerdo. Nace del hecho de haber tenido los peores resultados en el mundo en la lucha contra la pandemia, en lo sanitario y en lo económico. La causa de esos pésimos resultados no estuvo solo en los errores del gobierno, sino en que se confabularon además dos problemas estructurales: la precariedad de la salud pública y la altísima informalidad. Tienen en común que se trata de dos formas de exclusión social masiva. Por lo tanto, sí tiene sentido sentarse a llegar a acuerdos sobre cómo resolver, de una vez por todas, esos problemas estructurales. No podemos correr el riesgo de volver a fallar nuevamente.

Y hay una razón adicional para buscar un acuerdo en torno a esos temas: que son aquellos en torno a los cuales precisamente no hay acuerdo. No tiene sentido sentarse a buscar acuerdo en torno a temas en los cuales todos estamos de acuerdo. Eso es lo que ocurre con por lo menos dos de los cinco temas propuestos por el Presidente: calidad educativa y lucha contra la pobreza.

En cuanto a calidad educativa, el Consejo Educativo Nacional acaba de publicar el Proyecto Educativo nacional al 2036,[1] que es en cierto sentido el acuerdo nacional por la educación. Eso ya está. Las mejoras que puede haber son de gestión y énfasis, y dependen del programa de cada gobierno. Salvo que se acuerde algo como lo que propone Fernando Cillóniz: una institución autónoma de los gobiernos -tipo BCR- que maneje la educación pública. Pero eso debería formar parte de otro pacto, que no ha sido planteado: uno sobre la reforma del Estado, que incluye una reforma de la descentralización.

Estos son los cinco temas propuestos por el Presidente:

La lucha contra la pobreza tampoco requiere acuerdo. Se sabe que la pobreza se reduce principalmente con el crecimiento. Cambios en los programas sociales tales como transformar Juntos en Juntos Productivo, por ejemplo, no requiere un acuerdo. Es una mejora que entra dentro de la discreción gubernamental.

De los cinco puntos, solo el primero coincide con los problemas estructurales que afectaron la eficacia de la lucha contra el virus, aunque habría que plantearlo mejor, lo que no es motivo de este artículo. El segundo tema planteado por el Presidente podría contener en alguna medida el problema de la informalidad o, dicho de otro modo, la reforma de la formalidad, para que sea incluyente, para incorporar a los peruanos al Estado legal. Pero está centrado en temas como eliminar prácticas anticompetitivas, que no requieren acuerdo nacional.

El “Pacto Perú”, entonces, debería concentrarse solo en esos dos temas: cómo incluir a los peruanos en una buena Salud Pública y cómo incluirlos en la formalidad, en el Estado legal. En el fondo es un solo tema: la inclusión de los peruanos en el Estado nacional. Si lo resolvemos, habremos dado un paso gigante hacia nuestra conformación como república.

Y esos sí necesitan acuerdo por una sencilla razón: las soluciones que requieren para ser resueltos generan resistencias en los grupos beneficiarios del statu quo. Por eso son políticamente complicados. Y por eso cabe preguntarse por los actores de esos acuerdos: ¿sólo los partidos políticos, como plantea el Presidente, o también los sectores involucrados y la sociedad civil?. Lo segundo entraña el riesgo de que, precisamente, no se llegue a acuerdo alguno, como ocurre siempre, por ejemplo, en el Consejo Nacional del Trabajo cuando se plantea cualquier reforma. Pero debe intentarse, con toda la seriedad del caso. Quizá se pueda manejar en dos pisos, dejando a los partidos como la última instancia.

Si queremos agregar más temas relevantes, tenemos el de la reforma del Estado y la descentralización, antes mencionado, que también requiere de un acuerdo para ser ejecutable. O un mandato claro solicitado por el candidato que gane las elecciones presidenciales.

Y tenemos por último el tema de la reforma política y de la justicia, que sí fue propuesto por el Presidente. Pero este asunto debería ser tratado en otro marco: el de la gestación de una agenda legislativa común entre el Ejecutivo y el Legislativo, tarea insoslayable de Cateriano, tanto para contener la hemorragia populista como para acordar efectivamente las reformas que se requieren para que el próximo gobierno tenga un Congreso que le permita gobernar. Es decir, en este caso el escenario es el Congreso, y los actores, las bancadas allí representadas.

En suma, el Pacto Perú debería reducirse a las dos reformas estructurales ya impostergables sobre las que no hay acuerdo: la salud y la informalidad, agregando quizá la reforma del Estado y de la descentralización. Fuera de eso, el acuerdo sobre la reforma política debe formar parte de la construcción de una agenda legislativa común, que es el pacto político de necesidad inmediata y urgente. Lampadia

EDITORIAL DE LAMPADIA

El discurso del presidente Vizcarra en el Congreso tuvo algunos anuncios positivos, pero pecó de una falla fundamental: no se hizo cargo del hecho de que el país ha tenido uno de los peores resultados sanitarios y económicos en el mundo, no evaluó las razones de ello y por lo tanto no se enfocó en lo que se requiere hacer para remontar esos resultados.

No hubo planteamiento alguno acerca de cómo se mejoraría la estrategia sanitaria para contener un rebrote de la pandemia que puede terminar de arruinar la reapertura de la economía. Quizá no ve salida porque no concibe una alianza con el sector privado para llevar adelante con éxito, por ejemplo, una estrategia de identificación, aislamiento y abastecimiento de los contagiados y sus contactos, para cortar la cadena de contagio. O una estrategia conductual para infundir hábitos. O de distribución de alimentos para que la gente salga menos.

En lo económico-social anunció que por fin, después de más de tres meses, se terminará de repartir el primer bono universal, y luego, el próximo mes, se distribuirá uno segundo, algo que aliviará a las familias y de paso ayudará a reactivar el consumo, aunque no explicó si se hará con inclusión financiera (billeteras electrónicas).

Pero no mencionó los más de 3 millones de empleos formales que se han perdió solo en Lima, sin contar los empleos informales, ni qué se va a hacer para recuperarlos a la mayor velocidad posible. Esa es una tragedia con la que no ha empatizado. Entonces no habló de la necesidad de simplificar radicalmente las normas sectoriales, laborales y municipales para que los emprendimientos puedan volver a levantar vuelo y a contratar gente; es decir, una formalidad mucho más ligera e inclusiva.

Tampoco otorgó la prioridad máxima a las inversiones mineras, incluyendo Tía María, que por supuesto no fue mencionada. Sí destacó la cartera de proyectos por 57 mil millones de dólares, pero no puso el énfasis suficiente en la importancia estratégica de esas inversiones en este momento, más aún considerando que son las únicas que tienen mercado, financiamiento y productos con buen precio internacional. Tenía que explicar, persuadir.

Si hubiese evaluado los errores cometidos en lo sanitario y en lo económico, hubiese visto que la causa principal de los malos resultados ha estado en la ausencia de una alianza con el sector privado para llevar a cabo las estrategias, aprovechando la capacidad tecnológica, logística y de planeamiento de las empresas. Se esperaba entonces que ahora sí planteara dicha alianza, para reconducir con mayor eficiencia lo que viene. Pero, lejos de eso, repitió dos o tres acusaciones de malas prácticas anticompetitivas. ¡El gobierno puede prescindir del actor que maneja el 80% de la economía nacional!

El otro gran error cometido por el gobierno estos últimos meses, ha sido haber descuidado su relación con el Congreso, permitiendo una incontenible hemorragia populista. El Presidente no llamó la atención sobre la manera en que esos proyectos y leyes socavan el futuro del país y entorpecen la recuperación. Debió en todo caso demandar la elaboración de una agenda legislativa común, algo que por lo demás es un mandato contenido en el artículo 29 de la ley del Congreso. No lo hizo.

Sí planteo lo que llamó el “Pacto Perú”, convocando a todas las fuerzas políticas que van a participar en el proceso electoral. Cierto es que se requiere de un espacio en el que se pueda discutir y consensuar soluciones a problemas estructurales que vayan más allá de la coyuntura, precisamente para encauzar los impulsos populistas del Congreso, pero 5 grandes temas son demasiados y algunos innecesarios.

La pandemia ha puesto en evidencia dos grandes problemas: la precariedad de los servicios públicos de salud, y la informalidad. Concentrémonos en acordar soluciones para esos dos grandes temas. El segundo, la informalidad -o la reforma de la formalidad- ni siquiera figura entre los 5 temas. Y por lo menos dos de ellos son obvios y no necesitan acuerdo porque ya existe: lucha contra la pobreza y calidad educativa.

Necesitamos conversar sobre aquello sobre lo que no estamos de acuerdo, para salir del entrampamiento que nos agobia. Lampadia

Víctor Shiguiyama
Exjefe de la SUNAT
Para Lampadia

Recientemente, el Ministro de Hacienda de Chile, Ignacio Briones abrió la posibilidad de generar un nuevo mecanismo para financiar las pensiones a través del consumo. Plantea la posibilidad de generar un ahorro individual a partir de los consumos de cada ciudadano.

Esta es una idea que tuvimos la oportunidad de plantear desde Sunat[1], cuando se inició el proceso de generalización del comprobante de pago electrónico, que es sin duda el medio tecnológico que permitiría este cambio paradigmático en el sistema de financiamiento de la protección social de nuestro país.

Con la crisis sanitaria desencadenada desde comienzos de año, queda claro que mantener al 70% de la población excluida de un sistema de protección social hace poco viable el desarrollo y bienestar sostenible del Perú. Adicionalmente a generar una mayor informalidad laboral, se está convirtiendo en un impresionante catalizador para la adopción de la transformación digital que ya estaba en curso (y que ni los más optimistas visionarios de la Cuarta Revolución Industrial hubieran soñado).

La informalidad, la pérdida de mercados, la economía de encargo (gig economy), los cambios en los modelos empresariales como las economías de plataforma, nos obliga a repensar los escenarios para brindar protección a la población. Finalmente, recordemos que la tributación y los diferentes sistemas de gobierno tienen como objetivo último la protección y el bienestar de las personas.

Una propuesta para derivar la demanda de bienes y servicios hacia los mercados formales, es proporcionar un beneficio en base al consumo, donde podríamos aplicar por ejemplo una fórmula como el 1,2,4 donde 1 punto porcentual (pp) del IGV pagado se le devuelve al consumidor (cash back) o permite una reducción inmediata (a lo Uruguay) para los pagos con medio electrónico; 2pp al fondo de salud y 4pp al fondo de pensiones. Todos estos aportes a cuenta individual y gestionados automáticamente por Sunat, basados en la boleta electrónica.

El 1pp de cash-back podría ser empleado para pago a cuenta del impuesto a la renta, incluso podría estudiarse un mayor reconocimiento si fuera así, de tal manera que el valor percibido de este monto sea mayor para aquellos contribuyentes que reportan la totalidad de sus ingresos y están dispuestos a un cumplimiento cabal de sus obligaciones tributarias. Podría incorporarse mecanismos para que estos puntos del IGV sirvan como pago de servicios esenciales o para el pago de impuestos al patrimonio como el predial, siendo aun muy bajo, resulta muy complicado elevarlo en el corto plazo.

Además, a vista de la pandemia, es fundamental encaminarnos hacia la universalización del seguro de salud, otorgando al 100% de peruanos un acceso a capa universal, no importando si aporta o no (actualmente tenemos más del 90% con algún sistema: 20 millones con SIS, 11 millones con ESSALUD y 1 millón en FFAA y PNP). Pero también debe quedar claro que para sostener este deseo, es fundamental incrementar los ingresos fiscales.

Las aportaciones para la protección social universal, tendrían tres fuentes de origen: las tradicionales en base a los aportes por ser un trabajador dependiente (que debieran ser menores al 9% actual de ESSALUD o sus prestaciones ser mucho mejores, porque la capa básica sería universal), por aportes o pagos voluntarios como los que actualmente sucede con seguros privados, y la tercera (2pp del IGV) en base a las compras formales que realiza un ciudadano (al pedir boleta con su DNI).

Los 4pp planteados para fondo de pensiones, deberían ser una nueva formulación de aportes donde el fondo queda en manos del Estado para obras de infraestructura. Una primera idea es que capitalice a tasas similares a bonos o deuda pública, considerando que sería una cuenta por pagar del Estado a favor del futuro pensionista. Este fondo podría capitalizarse (transferirse) al fondo de pensiones de elección del ciudadano cada determinado tiempo (por ejemplo, cada 5 ó 10 años).

Aún hay muchos detalles por discutir aún, como los mecanismos para reducir la regresividad (aunque planteando la universalización, se garantiza la cobertura esencial), el rediseño o coordinación de los sistemas de salud, pensiones, y la masificación de medios digitales de pago.

Sin duda existe un riesgo de pérdida inicial de recaudación, como todo proceso de transición, pero es indispensable moverse rápido y cambiar el modelo actual que ha demostrado absoluta ineficacia, y pensar en las mejoras sostenibles de largo plazo. Y más aún cuando una crisis como la desencadenada por el Covid y que bien podría volver a ocurrir cada cierto tiempo, ha desnudado innumerables limitaciones, debilidades, riesgos y vulnerabilidades de las actuales políticas públicas y arreglos institucionales de nuestro país.

El impacto en la caja fiscal puede ser acotado, especialmente si consideramos que actualmente las pensiones y la salud dependen de recursos corrientes, pero el cambio que se puede generar en el comportamiento de los ciudadanos puede ser fundamental, para lograr un mayor bienestar y desarrollo del Perú.

En esencia podríamos desarrollar un programa de fidelización del ciudadano que compra formal, donde lo que paga por IGV tendría un mayor valor percibido que el propio cash, de tal manera que se genere competencia real contra la informalidad. Así, a más formalidad, mayores beneficios. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Construir un sistema de salud eficiente y resolver el problema de la informalidad se han convertido en los dos grandes objetivos nacionales a partir de la pandemia. Alcanzarlos requiere de un diagnóstico certero acerca de lo que impide avanzar en ambos temas. En un pequeño ensayo recientemente publicado[1], Alberto Vergara señala que “en los últimos 20 años teníamos un Estado hábil para administrar la macroeconomía del país y defectuoso para gobernarlo”, muy bueno para acumular ahorros, malo para gestionar servicios y soluciones.

Eso es cierto, y la descripción es muy buena, pero en lo que falla, a mi juicio, el ensayo, es en la explicación, en la asignación de responsabilidades. Algo clave, porque una equivocación en eso puede agravar los problemas en lugar de ayudar a resolverlos.

Su argumento es, de un lado, una versión sofisticada de la conocida imputación ideológica de la izquierda en el sentido de que la respuesta del Estado ante el COVID ha fracasado porque el neoliberalismo precarizó los servicios de salud para beneficiar a los negocios privados. Vergara no llega a ese extremo, pero escribe: “somos una región donde se deja a los pobres una salud, seguridad y educación pública de pésima calidad, mientras los ricos y las clases medias pagan por esos servicios. Con un pacto de ese estilo, no había forma de actuar como Alemania, Corea del Sur o Singapur”. Explica que tenemos un gasto público en Salud muy bajo y que ha crecido solo en términos brutos, con el crecimiento del PBI, pero no como proporción del PBI. Y agrega: tenemos “un Estado que puede tener dinero, pero desvinculado del país. Ni lo extrae de su ciudadanía, ni lo invierte en su desarrollo”.

Es verdad que la calidad de la salud pública es muy mala, pero ello no se debe a falta de recursos. No es cierto que el Estado peruano no haya invertido Salud ni que haya abandonado presupuestalmente ese sector.

Como mostré en artículo anterior sobre la base de cálculos del IPE,[2] no es solo que el sector salud ha tenido más dinero porque la economía creció, sino que lo ha tenido en una proporción mucho mayor al crecimiento nacional. El gasto público en salud se ha multiplicado nada menos que por 7 en términos reales (soles constantes) en los últimos 20 años. ¡Por 7! Y se ha multiplicado por 3 como porcentaje del PBI y por 2 como porcentaje del presupuesto nacional. Según el INEI la cobertura de los seguros de salud subió del 42% de la población en el 2007 al 85% el 2019. Y el número de médicos por habitante subió en 50% entre el 2010 y el 2018.[3] En el sector ha habido una evolución incremental que debe reconocerse.[4]

Cierto es que la ampliación de la cobertura no significa incremento de la calidad, pero el hecho es que el gasto en Salud no creció inercialmente, sino por voluntad política.[5] El sector fue priorizado.

Entonces no es cierto que “quienes defendieron las políticas económicas favorecieron también la mediocre inercia de todo el resto”, como argumenta. No son ellos quienes forman parte de ese “pacto” de pobres servicios. Los “defensores de las políticas económicas” no solo autorizaron más presupuesto, sino que crearon instrumentos para mejorar la calidad de los servicios, tales como presupuestos por resultados y la ley del Servicio Civil (SERVIR) para implantar la meritocracia y la gestión de desempeño. Si, pese a todo ello, las mejoras fueron limitadas, lo que debemos hacer es identificar bien el mecanismo que traba las reformas e impide el cambio.  

Un par de ejemplos sirven para ello. A instancias del MEF, se aprobó la mencionada ley que crea el régimen de la Ley del Servicio Civil. Un gran avance para pasar de un Estado patrimonialista (y corrupto) a uno profesional y eficiente. Pero ante un reclamo de los sindicatos de Essalud, el Congreso anterior pasó los CAS no al régimen Servir sino a la 728, que atornilla en el puesto sin evaluación ni posibilidad de exigir rendimiento. Y el Congreso actual ha consagrado la propiedad absoluta de los puestos de trabajo y el ascenso automático en todo el sector Salud. ¿Es posible conseguir una salud pública eficiente en esas condiciones?

En los 90 se crearon los comités locales de administración de salud (CLAS), con médicos contratados y participación de la comunidad en el directorio. Las postas funcionaron mucho mejor porque se exigía más rendimiento y horas de trabajo. Pero luego de un paro el Congreso de Toledo nombró a los médicos, y los CLAS perdieron toda capacidad de exigir desempeño.

El mecanismo que traba las mejoras es una alianza natural entre el clientelismo político en el Congreso y las demandas de privilegios patrimonialistas por parte de los sindicatos del sector. Una cosa son las demandas remunerativas justas -que también han ayudado a incrementar el presupuesto- y otra rechazar la introducción de regímenes de gestión modernos, exigentes y meritocráticos.

Lo que esa alianza produce es una pésima gestión patrimonialista sin metas ni evaluaciones y organizada en torno a la corrupción, que ha impedido que los mayores recursos se transformen en calidad del servicio.

El propio Vergara parece por momentos darse cuenta de ello: “…la avalancha de dinero llegado al Estado en los últimos años lo engordó, encareció y ayudó a la propagación de la corrupción”, reconociendo, en esta parte del ensayo, que sí hubo más recursos. “Teníamos muchos recursos, pero la crisis de salud vino a reconfirmar, una vez más, que la plata no compra eficacia gubernamental”.

Se convertiría entonces en un eficaz aliado de la reforma si profundizara en esa línea para identificar con precisión los factores que la han impedido una y otra vez. En cambio, si insistimos en poner en la mira a los “defensores de las políticas económicas”, vamos a sacar del tablero a los únicos que intentan introducir principios y modelos de gestión modernos y eficientes y vamos a empeorar aún más la situación.

Esto es clave porque neutralizar el mecanismo que impide mejorar los servicios requerirá de un fuerte consenso nacional, que solo puede basarse en una conciencia clara de la existencia de dicho mecanismo. 

Y es mas o menos el mismo que está detrás de nuestros niveles tan altos de informalidad. Pues esta formalidad tan costosa y farragosa que excluye a los informales, expulsa a los formales, impide el crecimiento de los pequeños y mantiene bajos los salarios, se ha formado también en parte a punta de presiones de grupos de interés recogidas en leyes y normas. 

El asunto no es fácil porque se trata del interés difuso de la sociedad, que no puede defenderse, versus el interés rentista de grupos organizados, que tiene a su favor la precaria institucionalidad política que tenemos, tremendamente proclive a favorecer las presiones patrimonialistas. Un sistema de muchos partidos, híper fragmentado hasta el delirio con el voto preferencial, solo sirve para que cada partido busque apuntalarse ofreciéndole alguna ventaja a algún bolsón electoral. Fomenta la irresponsabilidad, la entrega de beneficios presentes a costa del futuro. En el otro extremo, un sistema bipartidista fomenta la responsabilidad, porque el partido que está en la oposición sabe que en el próximo periodo puede ser gobierno, y entonces no socava el futuro.

Tenemos que entender el sistema que bloquea cada vez más la transformación de los servicios públicos en el Perú. De lo contrario, nunca podremos mejorarlos. Lampadia

Recientemente el gobierno de España viene compartiendo sus experiencias en el manejo de la pandemia con los líderes políticos de nuestra región, a la vez que ata cabos para unificar la ayuda internacional hacia esta parte del mundo, un imperativo muy necesario para nuestro país, donde los bonos y las colocaciones de préstamos del Reactiva aún no dan abasto a todo el universo de hogares y empresas más afectadas por la crisis.

Como publicó recientemente The Economist en un artículo que compartimos líneas abajo, la importancia de esta iniciativa no solo es grande por la alta fragilidad de los sistemas sanitarios e informalidad de las economías latinoamericanas sino porque estas se encuentran altamente fragmentadas a nivel político, sin un rumbo claro que permita generar consensos en torno a la lucha contra el covid.

Lamentablemente, como señala el popular medio británico estos esfuerzos también se ven limitados por factores ideológicos de la misma alianza socialista liderada por Pedro Sánchez, la cual se ha hecho muchas veces de la vista gorda con los abusos cometidos por el régimen dictatorial de Maduro en Venezuela. Por su parte, la presencia de un populista como AMLO en México, que exacerba los prejuicios entre ambos bloques alegando a un conflicto de hace medio milenio, tampoco ayudan a un buen relacionamiento.

Más allá de estos impasses igual consideramos que toda ayuda hacia la región por parte de países que llevan más tiempo lidiando con esta crisis son siempre positivas y bienvenidas. Esperamos pues que las disputas políticas no limiten a las autoridades españolas a demostrar todo el expertise que han aprendido en estos duros meses de pandemia, cuyo alcance no tiene límites en el mundo. Lampadia

La complicada relación de España con América Latina

El antiguo poder colonial quiere jugar un papel útil, pero socava su propia influencia

The Economist
11 de julio, 2020
Traducida y comentada por Lampadia

Han ganado pocos titulares y apenas se han notado incluso en España. Pero en las últimas semanas, el gobierno español ha organizado seis reuniones ministeriales virtuales con sus homólogos en América Latina para compartir experiencias sobre cómo enfrentar la pandemia que ha afectado tanto a sus países. Estas reuniones culminaron en una reunión de video el 24 de junio en la que se unieron nueve presidentes a Pedro Sánchez, el primer ministro de España. Acordaron trabajar juntos para tratar de asegurar que las instituciones financieras internacionales tengan más dinero para prestar a América Latina mientras lucha por apoyar sus economías.

Este es un capítulo nuevo y útil en una relación que a menudo ha prometido más de lo que ha entregado. En muchos sentidos, España y América Latina están cerca. Comparten lazos de idioma, cultura e historia (aunque esto no se aplica en la misma medida al Brasil de habla portuguesa). Pero el diálogo político entre ellos ha tenido altibajos en los últimos 40 años. La transición de España a la democracia a fines de la década de 1970 influyó en América Latina, ya que también sacudió la dictadura. Felipe González, primer ministro socialista de España de 1982 a 1996, forjó lazos estrechos con los líderes de la región. Junto con México, en 1991, España lanzó la primera de las cumbres regulares “iberoamericanas”, que también incluyen a Portugal. Las empresas españolas se amontonaron en América Latina, a menudo comprando empresas privatizadas. En 2005, España estableció una secretaría iberoamericana (conocida como SEGIB) para implementar iniciativas acordadas en las cumbres.

Es un equipo discreto que hace cosas útiles, como organizar la portabilidad de los títulos profesionales y la seguridad social, y actúa como vehículo para proyectos de ayuda a pequeña escala por un valor de € 23 millones (US$ 26 millones) al año, a los que los países contribuyen como ellos desean. De una manera modesta, funciona.

Para América Latina, donde EEUU y China cobran gran importancia, los lazos con España son una forma de diversificar las amistades. El corazón de la oferta política de España a América Latina es presentarse como el defensor de la región en Bruselas, lo que aumenta su propio peso allí. De hecho, los grandes países como Brasil y Argentina a menudo no necesitan un intermediario. Pero España fue importante para aliviar los requisitos de visa para el área Schengen para los latinoamericanos y para cerrar un acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, el bloque con base en Brasil y Argentina. En mayo, la ministra de Asuntos Exteriores de España, Arancha González Laya, organizó con Josep Borrell, su predecesor que ahora es el jefe de política exterior de la UE, una exitosa conferencia de donantes para apoyar las necesidades de los migrantes venezolanos.

Pero el pasado arroja una sombra. Cuando el año pasado el presidente populista de México, Andrés Manuel López Obrador, exigió que España se disculpara por su invasión de 1519, los españoles se enojaron mientras que muchos latinoamericanos vitorearon en privado. Diplomáticos latinoamericanos dicen que España tiende a dar por sentada la región. SEGIB a veces ha parecido un vehículo a través del cual externalizar la política hacia la región, o no tener una. Una vez un gran donante para América Latina, España recortó la ayuda al desarrollo después de su depresión económica de 2009-12. Algunas de sus compañías ahora se están retirando de América Latina.

El mayor fracaso diplomático de España ha sido la caída de Venezuela en la dictadura bajo Nicolás Maduro. Se dejó a Noruega tratar de negociar un acuerdo el año pasado entre el gobierno y la oposición. España se ve obstaculizada por los disparates de José Luis Rodríguez Zapatero, un ex primer ministro socialista, que afirma ser un mediador en Venezuela. La oposición del país lo considera un títere para Maduro. Gracias a Zapatero, España “ha perdido mucho prestigio”, dice un ex canciller latinoamericano. Podemos, el miembro de extrema izquierda de la coalición de Sánchez, también es amigable con el régimen de Maduro. Por lo tanto, la política interna socava la diplomacia española en uno de los temas más importantes en una región que, según afirma, es una prioridad.

Rebeca Grynspan, la jefa de SEGIB, señala que las cumbres iberoamericanas son el único lugar donde todos los gobiernos de América Latina se sientan juntos. Eso refleja una región que está más dividida que durante décadas, en la que los presidentes de Argentina y Brasil no se hablan entre sí y sobre lo que a López Obrador no le importa. Es un incumplimiento del deber que los líderes de América Latina no hayan logrado llegar a una posición conjunta sobre muchos de los problemas apremiantes de la región, comenzando por cómo obtener apoyo internacional para reconstruir sus economías. Para el crédito de España, al menos en eso, ha entrado en esta ruptura. Lampadia

Rafael Venegas
Director Independiente de Empresas; Senior Advisor Spencer Stuart
Para Lampadia

El análisis FORD (o FODA) es un ejercicio simple pero muy útil que suelen hacer las empresas, como base de su proceso de planeamiento estratégico. Esta metodología se comenzó a utilizar a partir de un estudio dirigido por el profesor Albert Humphrey del Stanford Research Institute, a fines de los años 60. Como parte de este, el SWOT Analysis fue aplicado a las empresas mas importantes de USA (Fortune 500) y posteriormente publicado. El SWOT (o FORD como se conoce en español) fue inmediatamente adoptado por las principales consultoras de management y a través de ellas, por las principales empresas del mundo. Hoy 50 años después, sigue siendo práctica habitual en casi todas las empresas formales que elaboran periódicamente un Plan Estratégico.

Normalmente este proceso se inicia definiendo (o reafirmando) el Propósito de la empresa y luego continua con el FORD. Ambos elementos componen la base que sirve para definir las estrategias, tácticas y planes de acción, que en su conjunto conforman el Plan Estratégico.

El análisis consiste en hacer una revisión cándida y profunda de las Fortalezas, Oportunidades, Riesgos y Debilidades de la empresa y determinar que es lo principal en cada una de estas categorías. Este es un ejercicio colectivo y por lo tanto debe contar con la participación de los mas importantes ejecutivos de la empresa. El proceso resultará mas efectivo aún si es facilitado por un especialista, para que guíe al grupo con neutralidad y consiga llegar a un consenso.   

Es aconsejable que el número de ítems en cada categoría sean lo mínimo posible (3 es lo ideal). De esta manera el grupo se obliga a enfocar en lo mas importante. Si no se limita, se corre el riesgo de crear un documento muy largo que no será ejecutable. Enfoque, veracidad y consenso son claves para que el ejercicio sea eficaz.

El análisis FORD, no solo es aplicable a empresas. También se usa para cualquier tipo de institución pública o privada, grande o pequeña, proyectos, nuevos negocios o productos y hasta para temas personales.

¿Entonces, por qué no usarlo para analizar a nuestro complicado país y así tener las bases para un plan nacional? Vamos a intentarlo.

Como vimos, el primer paso es definir el Propósito. Esto, en el caso de un país es mas sencillo y no es necesario inventar la pólvora. Solo basta revisar cual es el que tienen los países mas exitosos del mundo y este es: ¨Bienestar para la población y progreso para el país¨. Esta frase sintetiza lo que cualquier gobernante con buenas intenciones, debería tratar de conseguir para su país.

Una vez definido esto iniciamos el análisis. Obviamente no pretendo hacerlo solo, ya que lo recomendable es que sea colectivo y consensuado. Lo que haré es referir dos o tres ítems que, a mi parecer, son los principales en cada categoría. Esto les podrá servir de base para elaborar las suyas.

En cuanto a Fortalezas, nuestro país tiene muchas y muy importantes. No tengo dudas que la principal es su gran riqueza en recursos naturales, tanto en la tierra como en el mar. En este frente el Perú podría ser líder mundial en minería, pesquería, agroindustria y en las industrias complementarias a estos frentes. Sin embargo, debido a temas políticos, sociales, medio ambientales, de informalidad o de corrupción, se han desaprovechado grandes oportunidades y nunca hemos logrado la estabilidad. Esto a pesar de haber existido siempre un gran interés de inversionistas de todo el mundo. El resultado: muchos puestos de trabajo e ingresos de divisas desperdiciados.

Otra gran fortaleza es nuestra geografía (costa, sierra y selva), con grandes bellezas naturales y también nuestra excelente ubicación geográfica, cerca de la línea ecuatorial y con mas de 2200 kilómetros de costa. Al igual que la anterior esta fortaleza está mal aprovechada, pudiendo tener una industria de turismo muchísimo mas desarrollada, así como ser el hub regional y la puerta de entrada y salida del comercio regional con Asia. Nuevamente, muchos puestos de trabajo y muchas divisas desperdiciadas, en este caso por nuestra limitada y precaria infraestructura.

Finalmente considero que las sólidas condiciones macroeconómicas del país, forjadas con mucho esfuerzo en los últimos 20 años, es (o era) otra fortaleza reconocida como una de las mas sólidas del continente. Sin embargo, esta fortaleza lamentablemente está en altísimo riesgo de perderse debido a las irresponsables acciones políticas populistas y también por la pandemia que enfrentamos actualmente.

En cuanto a Debilidades, lamentablemente tenemos muchas y muy complicadas y seguramente llenaríamos varias hojas con ellas. Sin embargo, si queremos enfocar en las que mas daño nos hacen, yo pondría como número uno a la corrupción. Mal de males, enquistado en todos los frentes y niveles, que además es aliado de la burocracia y la informalidad.

La segunda es la irresponsable y vergonzosa inestabilidad política, jurídica y legal. Ésta, además de ser la gasolina para la corrupción, ahuyenta las inversiones locales e internacionales.

Finalmente, en esta categoría se encuentra también la precaria infraestructura que tenemos a nivel nacional. Esto, incluye carreteras, trenes, puertos, aeropuertos, agua y saneamiento, red de salud pública, colegios, vivienda popular y redes digitales.

El reconocimiento de nuestras fortalezas y debilidades genera la tercera categoría, que son las Oportunidades y que en nuestro caso son enormes. Lamentablemente esto tampoco lo aprovechamos. Una legislación simple, clara y de apoyo a nuestras fortalezas, como la minería, la pesquería, el turismo y el agro, no solo nos consolidaría como líder global en la explotación y exportación mundial en esos campos, sino que generaría trabajo y bienestar a la población de las zonas donde se ejecutarían estos proyectos, además del un gran incremento de divisas. ¿Que se hace hoy? Todo lo contrario, trabas legales, normas y reglas confusas anti-negocio y un encubierto apoyo a la informalidad y a la corrupción.

La segunda gran oportunidad es el diseño y ejecución de un plan nacional de infraestructura. Si esto se enfoca y ejecuta profesional y limpiamente, no solo se conseguiría bienestar para la población y progreso para el país, sino que generaría una gran cantidad de puestos de trabajo y serviría de eje para el desarrollo de todas nuestras fortalezas. El actual gobierno hace unos meses dio un primer paso, al lanzar el plan nacional de infraestructura. Sin embargo, planes tenemos muchos, lo que nos falta es la gestión y ejecución profesional y limpia y eso lamentablemente es muy escaso.

En todos los frentes que hemos descrito en los párrafos anteriores, se tendría un gran incremento en puestos de trabajo, esto nos genera la tercera gran Oportunidad, que es poder balancear de manera mas efectiva la fuerza laboral del país. Si se incrementan las posiciones laborales en todos estos frentes y proyectos, se podrá reducir el tremendo exceso que existe actualmente en la planilla del sector público y que nos cuesta a todos los que pagamos impuestos.

Finalmente, en cuanto a los Riesgos, el mas peligroso a mi parecer es el combo de populismo barato, irresponsabilidad política y lucha de poderes, que están destrozando todo lo que con mucho trabajo se venía consiguiendo.

Luego está el riesgo del deterioro macroeconómico, como resultado de la pandemia y sus efectos en la microeconomía, así como también el posible colapso del precario sistema nacional de salud.

Este es mi rápido análisis FORD del Perú, pero como comenté antes se trata de un ejercicio colectivo, por eso los invito a que tomen este como base, hagan el ejercicio individual y me lo envíen al correo (mas abajo), así lo podré consolidar en un solo Análisis FORD del Perú, para posteriormente publicarlo.

analisisfordperu@gmail.com

Lampadia

Entrevista de Lampadia
Liliana Rojas-Suárez
Directora de la Iniciativa Latinoamericana: Center for Global Development

Para Liliana Rojas-Suárez, la única forma de reactivar la economía es mejorar la confianza en que la situación se va a manejar de la mejor manera posible. La crisis es fiscal. El gobierno tiene que compensar a la gente con bonos, transferencias directas, no con moratorias o controles de tasas de interés, medidas que distorsionen el sector privado y financiero y que pueden afectar el acceso a financiamiento externo, que es vital. Debería planificarse un segundo bono, pues para los pequeños los mecanismos de garantías a los bancos no funcionan.

Pero se necesita que el sector privado sea mucho más proactivo, que comparta la carga. Debe plantearse qué hacer para ayudar al país a salir del problema, por su propio bien. Podría proponer un plan de recuperación, un listado de proyectos de inversión. El Perú no tiene cultura de reuniones público-privadas, pero esa no debería ser una restricción para el sector privado, no necesita la convocatoria. 

“No veo sentido de unidad, como ayudo. Sólo veo críticas”.

Añade que el proceso electoral será positivo si los partidos confluyen hacia lo que la gente demanda: inversiones en salud, resolver la informalidad. La gente se formaliza cuando siente el beneficio de la formalidad. Con los bonos la gente ha visto los beneficios de formalización digital. Hay que construir sobre esos beneficios.

Rafael Venegas
Director Independiente de Empresas; Senior Advisor Spencer Stuart
Para Lampadia

Hartos que se apliquen medidas contra la crisis para un país formal, cuando somos un país tremendamente informal. Hartos de una gestión ejecutiva improvisada, indecisa, soberbia e incapaz de corregir errores. Hartos de un consejo de ministros sin liderazgo, descoordinado, con agenda propia y con claro sesgo anti-empresa. Hartos de los irresponsables proyectos individualistas y populistas del nuevo congreso. Hartos de la burocracia y corrupción estatal. Hartos que el empresariado actúe individualmente, desde la tribuna y con tibia solidaridad. ¡Hartos!

Así se siente una gran cantidad de peruanos, entre los que me encuentro yo. Este hartazgo, en plena cuarentena, es un gran generador de stress y para evitar esto, lo mas recomendable son los hobbies. Yo felizmente tengo varios y para evitar seguir amargándonos, les cuento algo que aprendí uno de mis hobbies: La investigación de temas futuristas tecnológicos.

Hace unos días participé en el seminario EmTech (Emerging Technologies), que es organizado anualmente por la revista MIT Technology Review y que este año contó con la participación de Harvard Business Review. Fueron tres días (8, 9 y 10 de junio) de presentaciones y foros virtuales, donde expusieron mas de 30 expertos en tecnología y participamos unas 250 personas de todo el mundo, entre profesionales y algunos curiosos como yo.

Se discutieron temas muy interesantes y de gran actualidad que fueron contrastados con la crisis global que vivimos actualmente y con el impacto que esta generará en el futuro. Se habló mucho de lo importante que será la resiliencia empresarial ante la nueva normalidad y también sobre los nuevos formatos de trabajo. Quedó claro que las empresas mas exitosas serán las que enfoquen en un propósito único, que tengan muy claras sus prioridades y que tengan una gran capacidad para adecuarse rápidamente a los cambios. En cuanto a los ejecutivos exitosos del futuro, serán los que tengan mas desarrolladas competencias en tecnología, arte (creatividad) y liderazgo. Otro tema que quedó evidente es que esta crisis ha hecho que los proyectos tecnológicos que se venían desarrollando, se aceleren de manera importante, para cumplir con los requerimientos urgentes de esta nueva normalidad.

Albert Einstein decía que la crisis es el momento para las oportunidades y las grandes inventivas. Este concepto estuvo muy presente en el foro, llegándose a concluir, cuales serían los principales frentes donde la tecnología y la nueva normalidad generaría mayores cambios y oportunidades para nuevos desarrollos. Aquí les resumo los mas importantes:

1. TRABAJO VIRTUAL. Este tema vino para quedarse. Los resultados que se han conseguido ¨gracias¨ a la pandemia, han superado las expectativas. El home office, será un cambio importante que formará parte de la nueva normalidad. Otro gran impacto se dará en los viajes de negocio, los cuales se reducirán de manera importante en la nueva normalidad. Por otra parte, las reuniones de trabajo como directorios, comités o capacitaciones ganarán mucho en efectividad y practicidad, al hacerse de manera virtual, cuya efectividad ha sido comprobada durante la pandemia. Todo esto generará nuevas ofertas de servicios y acelerará mejoras importantes en las tecnologías actuales. En suma, mucho mayor efectividad y menor costo para las empresas e instituciones.
2. TELEMEDICINA. En este frente ya existían avances, pero aún incipientes. Sin embargo, la crisis ha servido para acelerar su desarrollo y muy pronto será la nueva normalidad. El principal uso es la consulta médica remota. Esto, además de ser mas cómodo y eficiente, servirá para mejorar la prevención y las urgencias. Por ahora solo se conversa con el médico, pero en un futuro cercano, éste podrá constatar los signos vitales del paciente, mediante dispositivos tecnológicos especiales, que se conectan a través del Smartphone. Además, el médico tendrá acceso automático a la historia clínica del paciente, en cualquier lugar donde se encuentre. Esto se complementa con un sistema de delivery de las medicinas recetadas, lo que cerrará el círculo de la consulta.
3. PAGOS VIRTUALES (Contactless Payments). Esto ya está muy avanzado, inclusive en nuestro país. En muy poco tiempo los monederos y las monedas virtuales serán la nueva normalidad y solo se requerirá de un Smartphone para que se concreten las transacciones de movimiento de dinero, sin necesitar cuentas bancarias. Aquí el principal riesgo es la cyber seguridad, tema muy especializado e importante, del que se discutió mucho en el evento.
4. EDUCACIÓN REMOTA. Esto se encontraba a niveles muy básicos cuando se inició la pandemia, pero ha tenido que acelerarse mucho para cubrir las necesidades generadas por la imposibilidad de la asistencia física. Aunque la tecnología y la conectividad estaban presentes, los instructores no estaban preparados y tampoco contaban con programas diseñados para este formato. La crisis los hizo improvisar y mal que bien, se vienen dando clases virtuales a todo nivel. En este campo hay muchísimo por hacer y se tiene que conseguir aceleradamente. Tecnológicamente lo mas necesario es mejorar la conectividad, pasando a una tecnología mas potente. Esta tecnología ya existe, es la 5G que es 20 veces mas potente que la actual 4G. El problema serán las antenas, que, a pesar de ser de menor tamaño se requieren muchas mas. Por ahora con G4 se puede, pero pronto se tendrán problemas de saturación. Definitivamente en este campo hay muchísimas oportunidades de desarrollo y de negocio en muchos frentes.
5. E-COMMERCE / DELIVERY. Este formato de venta ya existe hace muchos años, pero como una segunda opción. A partir de ahora, se convertirá en la nueva normalidad del comercio. Aquí Amazon es el rey absoluto, desde hace muchos años. Para que tengan una idea de la dimensión de Amazon, en el 2019 distribuyó mas de 3,500 millones de paquetes en todo el mundo. Para ello cuenta con su propia flota de delivery, pero también utiliza a experimentados courriers como Fedex, UPS y DHL, a quienes controla milimétricamente. Esta nueva forma de vender se extenderá a muchos otros rubros que hoy no lo hacen y que tendrán que adecuarse. Aquí el gran diferenciador es la calidad del servicio. Esto significa que ya no se podrá enfocar únicamente en la calidad del producto y el precio, sino que tendrán que tomar en cuenta otros tres factores, que tendrán el mismo peso: (1) La recepción del pedido (order-entry), que podrá ser una App. (2) Empaque, aseo y sanidad y (3) El delivery a tiempo (o pickup en tienda o en lockers). Cualquiera de estos que falle, generará insatisfacción al cliente (hoy en día mucho mas exigente) y podrá poner en riesgo la imagen de la empresa. En este frente las oportunidades para desarrollar procesos, aplicaciones y servicios innovadores es muy grande y serán en beneficio del usuario.

En resumen, la nueva normalidad significará reuniones de trabajo, conferencias, consultas médicas y educación remotas; restaurants, cine y shows en casa; pagos y cobros sin efectivo y sin cuentas bancarias y compras sin salir de casa. Esto podrá generar una reducción del número de automóviles circulando por las calles y por ende la mejora del tráfico y el aumento de vehículos menores.

¡Pronto veremos con cuánta fuerza se instalará esta nueva normalidad, o si seguimos sumergidos en nuestro modus vivendi (caos) habitual! Lampadia

Úrsula Letona Pereyra
Abogada, Ex congresista
Para Lampadia

Los ciclos económicos a los que nos ha expuesto nuestro proceso histórico parecen retornar siempre a un mismo punto de origen, nos confirman al finalizar cada uno, determinadas tasas de crecimiento, las cuales en el interregno no fueron capaces de gestar aquellos cambios necesarios que permitan al país, en su conjunto, emprender el camino al desarrollo o sentar bases sólidas en ese propósito.

Lo que viene en el lustro 2021-2025, sin duda será un periodo de crisis económica, con todo lo que viene aparejado, especialmente en lo social. Incremento significativo de la pobreza, en la medida que buena parte de la población incorporada a la clase media en el último ciclo de crecimiento retornará al círculo oscuro de la pobreza, afrontaremos problemas más severos en materia de desempleo e informalidad, y una larga lista larga de otros problemas.

Es importante analizar estos ciclos históricos de crecimiento y los problemas irresueltos en el interregno de los mismos. Para no ir muy lejos, evaluemos el periodo del auge económico que tiene un inicio tenue en el gobierno de Bustamante (1945); un impulso fuerte por parte de Odría a finales de los 40; alcanza consolidación en el gobierno de Prado en el periodo de los años 50, especialmente por las políticas económicas promovidas por su primer ministro Pedro Beltrán; que se extienden hasta el primer gobierno de Belaunde (1963-68) – en este último sólo como cola de viento. Contrariamente, es en el gobierno de Belaunde donde empiezan a desmontarse parte de las reformas instaladas en los gobiernos anteriores, influenciada por las políticas económicas de la Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI), tesis gestada por la CEPAL.

Los resultados de estos ciclos económicos fueron espacios de crecimiento temporal, pero no permitieron sentar las bases para el desarrollo de la colectividad del país. Si observamos las tasas de crecimiento del periodo de los años 50 – 60 del siglo pasado, resultan superiores en promedio, a las tasas de crecimiento del periodo 1991-2015, ciclo este último que se extiende hasta el 2019, igualmente por cola de viento o lo que hemos denominado “piloto automático”.

Es innegable que el crecimiento de los últimos años ha permitido una significativa disminución de la pobreza, hemos pasado de tasas del 50% a finales de los 80, a 20% en el 2019, con una caída pequeña en el lustro 2015-2019. Igual, el periodo de crecimiento de los años 50-60 permitió incorporar parte de la población migrante en puestos de trabajo gestados en el proceso de urbanización en nuestro país, pero no pudo resolver los problemas de insatisfacción social de la sociedad rural, que conformaba el 60% de la población peruana, ubicada predominantemente en la sierra, derivando en el fenómeno de gran migración, especialmente hacia Lima, que hasta la actualidad mantiene una constante –la pobreza- que transgeneracionalmente permanecen en las mismas familias, los migrantes que fueron atraídos a la urbe en búsqueda de mejores oportunidades – a falta de ellas en sus lugares de origen-, son en gran parte las familias  que en la actualidad enfrentan la pobreza y que viven en los cascos urbanos de las diversas ciudades del país.

Lamentablemente los ciclos de crecimiento económico generosos de nuestra historia no han permitido consolidar los cimientos para una sociedad desarrollada, que pasa esencialmente por tener servicios de educación y salud de calidad, una mejora significativa en la infraestructura que demanda el país para ser competitiva, entre otros. En materia de educación y salud – solo para graficar los problemas que explicamos-, es evidente el significativo incremento presupuestal de los últimos años, tanto como porcentaje del PBI y más gráfico en lo nominal, donde incluso nos acercamos a los niveles recomendados por la OCDE-, sin embargo, tal incremento no ha venido aparejado en una mejora de estos servicios, como lo evidencia con énfasis la crisis actual.

En este contexto, cabría preguntarnos: ¿qué ha determinado que los ciclos de crecimiento económico no hayan sido capaces de generar desarrollo? Sin duda muchos historiadores, economistas, sociólogos y antropólogos han abordado y explicado diversas causas, creo que algunas devienen en comunes, pero también enrostran nuestra sociedad actual.  Sin duda, merece nuestra atención en la coyuntura actual y de cara a superar la crisis que enfrentamos, el faccionalismo histórico en el que se encuentra inmersa nuestra sociedad. Se remonta a la independencia, la misma que muchos historiadores -nacionales y externos-, reseñan como una independencia concedida por ejércitos extranjeros y no ganada por los peruanos, debido a la división de la sociedad de la época. En la Guerra con Chile, no solo se presentaron problemas de división de las clases dirigentes, pugnas al interior del ejercito, los intereses económicos y regionalistas, pero de forma esencial la exclusión social de la población de la sierra- no obstante ser mayoritaria-, absolutamente desvinculada de la sociedad moderna de la costa. Así también, en la época de crecimiento que abordamos de los años 50-60 del siglo pasado, el faccionalismo que se generó en torno a la participación política de un determinado partido político y su líder. Y ha seguido hasta la fecha. 

La profundidad de la crisis demanda la concurrencia de todos los peruanos para superarla, y parece no haber sido un tema de primer orden para nuestras autoridades, con la crisis se ha ido incrementando, superando largamente lo que viene ocurriendo en países vecinos, quizá ello ha generado que recientemente -forzados por la situación- se invitó a ser parte de la discusión a la sociedad civil, al sector empresarial, que permita contar con perspectivas distintas para enfrentar a un enemigo común- la crisis. Existe hoy la necesidad de dejar de lado los faccionalismos históricos, que han sido sin duda de los elementos que ha erosionado las posibilidades de desarrollo en épocas de auge económico de nuestro país. En estos días se han gestado diversas voces en el tal sentido, ojalá resuene en nuestra clase dirigente: política, económica y social, para, mediante reformas, encaminar el país hacia el desarrollo, EL PERU LO DEMANDA. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 12 de junio de 2020
Para Lampadia

Proponer – como proponen muchos – que “hay que formalizar a los informales” es una verdad de Perogrullo. Una tautología. En otras palabras… una estupidez. ¡Claro que hay que formalizar a los informales! La cuestión es ¿cómo?

Espero que no lo tomen a mal, pero proponer “formalizar a los informales” es como aquel letrero colgado en la puerta una tienda de Palencia – España que dice: “Abrimos cuando llegamos, cerramos cuando nos vamos, y si vienes y no estamos, es que no coincidimos”. Así son las perogrulladas.

Bromas aparte… más allá de las implicancias tributarias y laborales, la informalidad hizo fracasar la cuarentena. Obvio. La informalidad – por definición – opera al margen de la legalidad. No acata las disposiciones del Estado. Por ello fracasó la cuarentena. Por otro lado, el programa Reactiva Perú fracasó porque el financiamiento no llegó a los informales. Y así por el estilo.

El problema de la informalidad es muy grave. De su solución depende el bienestar y progreso de millones de peruanos. Por ello hay que tomar al toro por las astas, y resolver este tremendo problema nacional.

Entonces ¡vamos a eso! En primer lugar, hay que simplificar – y digitalizar – muchos trámites burocráticos en todos los estamentos del Estado… municipalidades, ministerios, poder judicial, etc. Incluso, en muchos casos hay que eliminar trámites inútiles. Efectivamente, hay muchos trámites que sólo sirven para que funcionarios corruptos chantajeen a los informales.

Segundo. Hay que bajar la tasa del Impuesto General a las Ventas (IGV). El 18% vigente es muy alto para formalizar a los informales. Un IGV de 10% facilitaría mucho el proceso de formalización. Y no me vengan con que caería la recaudación tributaria. ¡Falso! En economía hemos estudiado – hasta la saciedad – que cuando bajan las tasas tributarias, aumenta la actividad económica, se formaliza la economía, y al final se recauda igual – o incluso más – que con altos niveles de impuestos.

Simultáneamente, hay que reducir – mejor dicho, eliminar – los gastos estatales innecesarios. Al pan, pan; y al vino, vino. El Estado está atiborrado de Richard Swings que cuestan un montón de plata, y lo único que hacen es maltratar y chantajear a la ciudadanía. Y particularmente a los informales.

Tercero. ¡Hay que flexibilizar la legislación laboral! Pongamos en práctica el clamor de miles de pequeños empresarios… incluso de millones de trabajadores; sobre todo jóvenes. Seamos objetivos y pragmáticos… además de sinceros. La Ley General del Trabajo es un fracaso. Si no ¿cómo explicar el 70% – y más – de informalidad laboral en nuestro país? Y todo por las rigideces absurdas de la ley de marras.

¡No a la estabilidad laboral absoluta! La flexibilidad laboral formaliza el empleo, lo multiplica, y mejora las condiciones laborales y remunerativas en favor de los trabajadores. El Régimen Laboral Agrario es una muestra de ello.

Cuarto. Hay que propiciar la bancarización del sector informal mediante líneas de financiamiento a plazos y tasas competitivas. ¿Cómo? Abriendo el mercado local a empresas financieras internacionales especializadas en microfinanzas. Las tasas de interés que cobran los bancos locales a los pequeños empresarios son muy altas. Sobre todo, las tasas por el uso de tarjetas de crédito. Sin embargo, cabe aclarar… ¡Dios nos libre de una ley que ponga topes a las tasas de interés bancarias! Eso sería lo peor. Las tasas bancarias deben bajar como producto de una mucho mayor competencia entre la banca local con instituciones financieras del exterior.

Quinto. Capacitación. El Estado debería propiciar la capacitación técnica y administrativa a todo nivel, a través de instituciones de excelencia como SENATI, TECSUP, y otras similares. Capacitación en todo tipo de disciplinas productivas, comerciales, contables, financieras, informáticas, etc. En síntesis, capacitación en administración de negocios.

Por último – o sea, sexto – disponer de una fracción del IGV como fuente de aportes individuales para las pensiones de los respectivos compradores. En realidad, se trata de una propuesta de Lampadia, y de algunos especialistas en sistemas pensionarios que merece ser implementada. Una propuesta innovadora, justa, súper inclusiva, y claramente formalizadora.

Además de todo lo anterior, el Estado debe propiciar un vasto programa de inversiones en todos los ámbitos de la economía peruana – recursos naturales, industrias manufacturas, servicios y turismo, innovación y creatividad, infraestructura, salud, educación, vivienda, agua y saneamiento, etc. – para generar millones de puestos de trabajo… y mercados formales para pequeños y microempresarios.

¿Cómo formalizar a los informales? Pues ahí está mi propuesta. Lampadia

Rafael Venegas
Director Independiente de Empresas y Senior Advisor de Spencer Stuart
Para Lampadia

Mi primer trabajo apenas terminé los estudios de ingeniería industrial y de sistemas, fue en una firma consultora internacional. Allí trabajé en proyectos de optimización de procesos operativos y administrativos, en diversos tipos de industria y en diferentes países. Una gran experiencia, ya que tuve la oportunidad de ver muy de cerca cómo se puede mejorar significativamente el servicio interno y externo de las empresas y cómo esto repercute claramente en la satisfacción de sus usuarios (clientes) y por ende en sus resultados económicos.

En esa época recién se comenzaba a utilizar la tecnología y la mayoría de los procesos eran aún manuales. Hoy los procesos manuales son casi inexistentes y la eficiencia de estos depende de la tecnología que se utilice. Esto lamentablemente no es cierto en el sector público de nuestro país, donde a pesar de invertirse en tecnología, los procesos están subordinados a un enjambre de requisitos manuales que no hacen otra cosa que hacerlos muy lentos, ineficientes e irracionales. Además, la interconectividad es casi inexistente. La tristemente célebre tramitología estatal.

Esto se conoce como burocracia, del francés ¨bureau¨ que significa escritorio y del griego ¨krátos¨ que significa poder. La burocracia es el poder detrás de un escritorio y burócrata es quien ejerce a su antojo este poder.

Esta burocracia es la principal causa de dos de los peores males que aquejan a nuestro país: la informalidad y la corrupción.

En el Perú la informalidad es practicada por mas del 70% de la población económicamente activa (PEA). Este excesivamente alto número de personas, no tributan, pero tampoco tienen acceso a los servicios estatales. Por su parte la corrupción existe en todos los frentes y a todo nivel, desde la ¨gran corrupción¨ que involucra a todos los poderes del estado, las autoridades civiles y militares y hasta a los empresarios, hasta la llamada ¨corrupción hormiga¨ que es igualmente maligna y que está enquistada en gran parte de la población, especialmente en los que tienen algún tipo de poder, como los burócratas.

Burocracia es lo contrario a eficiencia y es el común denominador en todos los entes públicos. Estas instituciones, que se deben a la población y que deberían servirla en la forma mas eficiente posible, hacen exactamente lo contrario, generando un tremendo malestar, frustración y pérdida de tiempo. Instituciones como los ministerios, las municipalidades, los entes que ¨imparten justicia¨, las comisarías, entre otros, son claros ejemplos de esta maligna burocracia que erosiona nuestro bienestar.

Esta se genera porque quien la ejerce (el burócrata), no tiene ningún incentivo para hacer su trabajo eficientemente. Por el contrario, al tener el poder de hacerlo lento o mal, se le presentan grandes oportunidades de conseguir ventajas personales: la corrupción. Además, esta ineficiencia, que es creada adrede, genera una exagerada contratación de personal a costa del erario nacional. Se calcula que hay mas de 2 millones de empleados públicos, cuando solo es necesario menos de la mitad. Burocracia, corrupción y desmedido gasto público. ¡La combinación perfecta de un aparato estatal nefasto!

La pregunta es: ¿Hay alguna posibilidad de solucionar o por lo menos mejorar esto? La respuesta es: Si, pero solo si se tiene muy claro el propósito, se le asigna una alta prioridad y se usa adecuadamente la tecnología.

Esto, que suena a imposible, tiene grandes posibilidades de conseguirse en nuestro país, aunque parezca mentira. La razón es que el Perú cuenta con los principales requisitos para enfrentarse a un proyecto de esta naturaleza, como veremos mas adelante. ¿Entonces por qué no lo hemos hecho? La respuesta es muy simple: ¡Porque se le terminaría el negocio a la burocracia y por consiguiente a la corrupción!

¿Se imaginan un estado digital, donde todas las entidades públicas estén interconectadas para darle el mejor y mas rápido servicio a todos los ciudadanos? Esto incluiría, no solo los entes que emiten permisos y licencias, sino también los que imparten justicia, salud, educación, seguridad, entre otros. Además, los trámites se harían desde casa y sin papelería. Esto en nuestro país, no solo serviría para eliminar la tramitología y mejorar la eficiencia y el servicio a los ciudadanos, sino que reduciría drásticamente la informalidad y la corrupción. ¡Eso sería lo verdaderamente trascendente!

Esto que parece un propósito imposible, no lo es. Sino miremos el caso de Estonia, un país que se independizó de la Unión Soviética a comienzos de la década de los 90s. Ellos enfocaron en un claro propósito: Convertirse en un país digital, para servir mejor a sus ciudadanos. Hoy, algunos años después, es el país más digital del mundo. El proyecto denominado e-ESTONIA, ha logrado que el 99% de los procesos estatales estén digitalizados e interconectados. Además de estos casi tres mil procesos, se incluyen frentes como salud, educación, finanzas, impuestos y hasta los procesos electorales. Como podrán imaginarse, la burocracia es inexistente y los ciudadanos están muy satisfechos con los servicios que les brinda su estado. ¡Como debe ser!

Un ejemplo puntual, pero que en el Perú serviría muchísimo para reducir la informalidad, es la creación formal de nuevas empresas, incluyendo todas las licencias y permisos necesarios. A través de e-Estonia, este proceso toma menos de una hora y se hace desde casa.

e-Estonia tiene un claro propósito: Conseguir la satisfacción de sus ciudadanos, brindando servicios estatales eficientes y libres de molestias. Para esto tiene un plan nacional centralizado, que es transversal a todos los sectores y empresas estatales y que es dirigido por un CDO (Chief Digital Officer), con rango de ministro de estado.

Según la experiencia de e-Estonia, lo que mas les costo para la implementación, fue conseguir que la mayoría de la población contara con una ¨llave¨, o sea la tarjeta única de identidad. Esto lo consiguieron, poco a poco y actualmente ya cuentan con mas del 98% de sus ciudadanos con llave. La buena noticia, es que en el Perú ya se cuenta con este requisito fundamental, ya que la Reniec ha conseguido que mas del 99% de los peruanos contemos con nuestro DNI. ¡Gran logro!

Otros requisitos importantes son la cantidad de celulares y la conectividad. En el tema de dispositivos estamos bastante bien, ya que en el Perú hay mas de 40 millones de celulares y mas de 25 millones de conexiones de internet. En cuanto a la conectividad, el proyecto de la Red Dorsal de Fibra Óptica está media trabada y requiere de decisiones estatales (¿Les suena conocido el tema?), pero existen líneas privadas de buen nivel. Además, el tema de 5G esta en la puerta y podría ser una gran oportunidad para ser pioneros en la región. Otro tema que está a favor es que en el Perú existe muy buen talento en el frente de tecnología y sistemas, por lo que no sería complicado armar buenos equipos, para que trabajen en este proyecto. Además, podrían crearse incentivos tributarios o similares, para que las universidades y/o los consultores de tecnología dediquen equipos a determinados proyectos, del Plan Nacional de Digitalización (e-PERÚ).

Como vemos, si tenemos muchos de los requisitos para poderlo hacer, solo falta la voluntad del gobierno y las agallas para enfrentar a los que harán la guerra para que esto no prospere: La burocracia y la corrupción.

En las próximas elecciones, hay que fijarnos en los planes que tengan los candidatos en este frente. Para mi está claro que quien no tenga el tema de digitalización del Estado (e-PERÚ), como un objetivo central, es porque quiere que siga reinando la burocracia y, por ende, la informalidad y la corrupción. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Una vez más, la política y la economía marchan por caminos divergentes. Mientras en la política se multiplican las ofertas populistas e intervencionistas, la economía requeriría de la mayor libertad económica posible para recuperarse. El fenómeno se agrava porque el proceso de recuperación económica correrá paralelo al proceso electoral.

La tentación política inmediata es ofrecer subsidios, controles de precios, suspensiones de pagos e intervenciones contra el capital, con la idea de brindar un alivio temporal, una droga que luego tendrá consecuencias peores.  Pero en la población angustiada y desempleada no solo hay una demanda por recibir ayudas -que se justifican si son alivios temporales fiscalmente atendibles-, sino que también y sobre todo hay una demanda por empleo, por progreso, por libertades y medios para crecer. Por una formalidad accesible y atractiva.

Sería extraordinario un populismo de las libertades, no de los regalos con dinero ajeno. Un populismo de las palancas para crecer. Uno que lleve a una nueva formalidad, inclusiva, con menos barreras, que permita a los informales acceder al crédito formal (más barato que el informal) y a las empresas en general invertir con menos regulaciones improductivas y contratar trabajadores en un mercado laboral con reglas mucho más flexibles.

La velocidad de la recuperación dependerá de eso. De la medida en que quitemos amarras a la economía, a la iniciativa individual, a los emprendimientos. Y los dejemos volar.

La recuperación, para que sea más rápida, deberá ser, en ese sentido, una “recuperación con cambios”. Es decir, una recuperación con reglas más simples, con formalización.

Se desaprovechó entrega de bonos para bancarizar

La propia pandemia tiene el potencial para acelerar algunas tendencias que van en ese sentido. La entrega de bonos, por ejemplo, era una oportunidad para dar un salto en inclusión financiera. Lamentablemente esa oportunidad se ha perdido por el momento. En efecto, al 2 de junio se había entregado el bono de 760 soles -que incluye a los dos primeros bonos de 380 soles y el bono independiente- a 4,726,228 hogares, distribuidos en las siguientes modalidades de pago:

Como vemos, solo el 1.4% ha sido otorgado vía billetera electrónica y no se ha abierto cuentas básicas en los bancos para dar los bonos, pese a que el DU 056-2020 permitió que bancos y empresas emisoras de dinero electrónico pudieran abrir cuentas a nombre de beneficiarios de bonos. ¿Por qué no se usó? A un 53% de los beneficiarios se les ha entregado vía banca celular (una clave en el celular para ir a un cajero y cobrar), pero eso no bancariza. Los depósitos en cuenta se hacen en cuentas que los beneficiarios -sobre todo de los programas sociales como Juntos- ya tenían abiertas.

En billetera electrónica se usó la aplicación Tunki de Interbank, que tiene una cobertura limitada. Yape del BCP tiene 2.5 millones de usuarios y, según Luis Alfonso Carrera, se espera llegar a 5 millones de usuarios a fin de año con Yape Card, que tiene la ventaja facilitadora de que no está atada a una cuenta bancaria. En la actualidad, 200 mil negocios aceptan pagos con Yape. Quieren llegar a 500 mil a fin de año. También 70 mil taxis y 15 mil bodegas. Planean llegar a 30 mil bodegas en diciembre. El foco ahora está puesto en puestos de mercado y mototaxis. Lo interesante, además, es que pronto se ofrecerá microcréditos por medio de esta aplicación.

Es claro, entonces, el potencial. Todavía queda la esperanza de que, si vamos a un segundo bono universal, pues se use exclusivamente billetera electrónica y cuentas básicas.

Esto es muy importante. Muchos informales trabajan sin crédito o con crédito informal, muy caro. Acceder al crédito formal, más barato, es acceder a una palanca que puede levantar y modernizar los negocios populares. Pero recibir crédito del sistema financiero implica algún grado de formalidad. De poco servirá acceder al crédito y crecer si acceder y mantenerse en la formalidad resulta muy oneroso y complicado. La formalidad tiene que permitir el crecimiento de los emprendimientos.

Avances en simplificación administrativa y digitalización del Estado

En ese sentido ha habido avances en algunos temas y en otros no. Por ejemplo, existe ahora un Tupa estandarizado para la licencia de funcionamiento que las municipalidades deberían aplicar. Esa tupa se ha simplificado recientemente aún más. Por ejemplo, la licencia de funcionamiento es ahora automática para locales de riesgo bajo y medio. Para julio, en 20 municipalidades de Lima se podrá a realizar ese trámite on line.

Otra buena noticia es que la pandemia ha llevado a adelantar la digitalización del Estado. Para el 31 de diciembre, todos los trámites de los ciudadanos y empresas ante el Estado deberán ser on line. Esto ha sido dispuesto por el DL 1497. Es interesante notar que los trámites que se están digitalizando son los que sobrevivieron al proceso de Análisis de Calidad Regulatoria (ACR), que hace unos meses terminó de reducir en un 30% los procedimientos administrativos del Ejecutivo.

Análisis de Impacto Regulatorio (RIA) sin prioridad

Pero no se trata de avanzar solo en simplificación administrativa. Más importante aun es la eliminación de normas que regulan la actividad y que imponen más costos que beneficios. Es decir, aligerar la sobre regulación que ahoga a las empresas, reducir ese intervencionismo de baja intensidad que se ha reimplantado en el Perú desde hace una década. Para eso hay un programa en la PCM financiado por el BID que debe aplicar un Análisis de Impacto Regulatorio (RIA) a todo el stock de normas regulatorias en ocho sectores del Ejecutivo, para derogar las que crean más problemas que los que resuelven.  La impresión, sin embargo, es que no tiene la prioridad política ni el impulso necesario considerando las circunstancias. Hace meses que viene elaborando una metodología que estará lista recién el último trimestre de este año. A este programa debe ponérsele mucha mas potencia.

Simplificación tributaria y laboral

Por supuesto, tan o mas importante que lo anterior es un sistema tributario y laboral que permita el crecimiento de los emprendimientos y el aumento de su productividad. Y eso no ocurre. Es una barrera casi imposible de saltar para todo aquel que quiere formalizarse o que habiéndose formalizado quiere crecer.  

Macroconsult (Elmer Cuba y Claudia Cooper) propusieron hace unos meses un “combo formalizador” que consistía básicamente el eliminar los regímenes especiales tributarios y laborales y reemplazarlos por una escala única gradual y progresiva, de modo que la empresa que crece no sufra un castigo cuanto logra más utilidades o tiene mas trabajadores. Es decir, un sistema que elimina los saltos mortales que desalientan el crecimiento y fomentan el enanismo y la informalización.  

Ya es hora de poner esta propuesta en el debate y aprobarla en el Congreso o vía delegación de facultades. Por supuesto, resulta indispensable resolver el problema de la estabilidad laboral absoluta creado por el Tribunal Constitucional en su sentencia del 2001. El Congreso debe apresurarse en reemplazar a 6 de los 7 miembros del Tribunal cuyo mandato ya lleva alrededor de un año de vencido.  

Pensiones y seguridad social

La reforma del sistema de pensiones es también una vía para la inclusión formal de todos si adoptamos la propuesta de Lampadia de que todo ciudadano a partir de los 18 años pueda contribuir a su cuenta pensionaria individual con una parte del IGV que paga cuando compra algo. Todos querrán pedir factura. Si desatamos el aporte pensionario y la seguridad social de la condición de empleado, entonces las empresas tendrán menos costos no salariales y podrán contratar más personal.    

Si hacemos todo esto, no solo la recuperación económica será mucho más rápida, sino que resolveremos, de paso, el problema estructural fundamental de nuestra sociedad: el dualismo económico, la informalidad, la exclusión del Estado legal, que se manifestó en esta crisis como el impedimento principal para aplicar estrategias efectivas de combate al virus. Lampadia