Carlos Gálvez Pinillos, Ex presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE)
Para Lampadia

El título se refiere a una antigua expresión que pretendía explicar la disposición a ejecutar cosas incorrectas sólo porque alguien tenía una necesidad.

Hoy podemos observar con preocupación que, el Estado está apelando a esta condición de necesitado para aplicar normas tributarias draconianas y sólo porque tiene una gran necesidad. El Estado al dictar normas referidas al impuesto a la renta debe observar estrictamente los principios esenciales de la tributación, entre los que se encuentra primordialmente el principio de NEUTRALIDAD del impuesto a la renta.

Lo anterior significa que; si yo te pago alguna compensación por una relación comercial, tú que percibes la renta eres obligado a pagar impuesto por tal renta y yo tengo el derecho a deducir este pago como gasto para mi cálculo del impuesto a renta. Caso contrario el Estado estaría cobrando, sin razón alguna, doble impuesto a la renta, a quien percibió y a quien pagó.

Recientemente, dentro de las facultades legislativas otorgadas al ejecutivo se han planteado dos reglas:

• La primera, desconociendo las penalidades e indemnizaciones comerciales como gasto deducible para el cálculo del impuesto.
• La segunda, poniendo límites a los gastos financieros pagados por una empresa a otra NO RELACIONADA con un tope en función de un porcentaje del EBITDA (ingresos antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) por sus siglas en inglés.

Los “fiscalistas creativos” argumentan, en el primer caso que no se debe permitir que las penalidades e indemnizaciones sean consideradas parte del negocio y consecuentemente, no hay razón para que el Estado asuma parte de ese costo. No hay forma de defender tremenda falacia, pues, quien recibe la indemnización o la penalidad impuesta reporta un ingreso gravado y paga el impuesto a la renta correspondiente.

En el caso de la limitación a los gastos financieros el asunto es más complicado aún, pues, ya no sólo se deja de reconocer el principio de neutralidad del impuesto a la renta; yo deduzco el gasto financiero que le pago al banco u otra entidad prestamista, mientras que estos últimos pagan el impuesto a la renta por el ingreso financiero, sino que, el Estado se entromete en el modelo de negocio.

Todos sabemos que cada quien debe tener la libertad de diseñar su modelo de negocio y su estructura de financiamiento, pues es sabido que cada giro de negocio tiene una modalidad de financiamiento; relación deuda/capital, deuda de corto plazo o de largo plazo. Lo anterior muchas veces obedece a la rotación de la inversión, cosa que depende del giro de negocio. No es igual financiar un supermercado que una joyería o una central hidroeléctrica.

Si permitiéramos que el Estado apliquen estas reglas tributarias, no sólo tendríamos cargos tributarios draconianos, pues el Estado cobra impuestos a quien cobra por tales ingresos (lo que es absolutamente normal), pero estaría cobrando a quien pagó por una renta inexistente, además de entrometerse indebidamente en la manera de manejar los negocios.

Como de hecho debo descartar un sesgo dictatorial en la propuesta del ejecutivo, debo si invocar al Congreso de la República que enmiende el error planteado.

Entiendo claramente que “la necesidad tiene cara de hereje”, pero nada justifica que los principios esenciales de la tributación se pisoteen, pues eso es un muy mal comienzo.  Después no nos estemos lamentando por la falta de inversión en el Perú y nuestra incapacidad para atraer el capital de riesgo. Este tipo de reglas son la cereza en la punta del helado constituido este por un sistema judicial peruano en escombros y con absoluta falta de credibilidad. Lampadia

Nos da mucho gusto que la empresa Telefónica se haya animado a decir su verdad y a compartir con los ciudadanos, los pormenores de la controversia que se ha visto forzada a mantener con la SUNAT.

Como se explica en el artículo de María Perales, Directora Fiscal de Telefónica, que compartimos líneas abajo, el reclamo de la autoridad tributaria se deriva de una interpretación de Sunat, que imputa a la empresa no haber hecho suficientes esfuerzos para cobrar a sus clientes morosos, y pretende cobrar el impuesto a la renta por los pagos no realizados por dichos clientes. A ello, se suman intereses y moras, llevando la presunta deuda a niveles astronómicos.

Esto no solo daña innecesariamente a una empresa que opera en el extremo de la formalidad, daña también la institucionalidad de la economía en conjunto y, además, les regala a los enemigos de la economía de mercado, argumentos efectistas parta atacar la inversión privada y confundir a la ciudadanía sobre las líneas matrices de las políticas públicas que deben conducirnos al bienestar general.

Lamentablemente, en Lima, donde se concentra gran parte del aparato de gobierno del Perú, se suele hablar a media voz y se prefieren las gestiones a puerta cerrada, no se comparten las opiniones, diferencias y preocupaciones con los ciudadanos, que conforman el espacio de vida en que se desenvuelven las empresas. Por ello, el ciudadano común, alimentado desde los medios de comunicación por los activistas anti-empresa, anti-inversión privada, anti-economía de mercado y anti-modernidad, ha desarrollado un sentido común distorsionado sobre el mundo moderno y el desarrollo.

Sin embargo, en los últimos meses hemos visto aparecer algunas empresas, a defenderse y compartir con la opinión pública sus aportes y las vicisitudes que se ven obligadas a padecer en el Perú. Así lo han hecho recientemente Gloria y Southern y, ahora, Telefónica. Esperamos que este sea el inicio de un continuo diálogo con los ciudadanos, a quienes estamos obligados de mantener informados sobre el marco de vida y desarrollo de nuestro país. Lampadia

Telefónica cumple con la ley

María Perales Bazalar 
Directora Fiscal de Telefónica del Perú
Diario Gestión
23 de mayo, 2018

Es imposible guardar silencio ante el trato dañino de la Procuraduría de la SUNAT que recientemente publicó un artículo sobre la existente controversia tributaria titulado “Telefónica también debe cumplir con la ley”.

Ante todo, Telefónica es un contribuyente que merece respeto, como lo merecen todos los contribuyentes, porque siempre ha cumplido con la ley y con sus obligaciones tributarias. A lo largo de estos 24 años de operación en el Perú ha pagado más de 9 mil millones de soles que le correspondían pagar por concepto de impuesto a la renta (equivalente al financiamiento de cerca de 2 mil pequeñas escuelas o la educación anual de 3.5 millones de estudiantes). Cifra que la Procuraduría omite señalar cuando desliza que se incumplió la Ley.

Es oportuno decir que Telefónica siempre ha estado entre los principales contribuyentes del Perú y que la tasa real del impuesto a la renta sobre la utilidad se encuentra por encima del 40% muy superior a la tasa nominal del 30%. Esto quiere decir que, por cada 100 soles de utilidad, 40 los destina al pago del impuesto a la renta.

Lo que se discute en los procesos, es la pretensión de la Administración Tributaria de cobrar el impuesto a la renta por recibos telefónicos que nuestros clientes tuvieron dificultades para pagar y por lo tanto la Empresa no cobró, sobre todo en el año 1998 dónde el país y los peruanos enfrentamos el terrible Fenómeno del Niño. Es decir, se pretende que paguemos impuestos por ingresos que no percibimos.

Para convalidar este actuar, la Procuraduría de la SUNAT pretende desconocer un sistema integral y efectivo de cobranza, y tras ello descartar el 100% de la llamada “Provisión de Cobranza Dudosa”. Añade que “solo” fueron objeto de reparo aquellos sistemas que no cumplían con el requisito de “intimar al pago al cliente”, el cual es necesario para que haya configurado la gestión de cobranza. Con esta afirmación, la Procuraduría pretende justificar que lo que se le pide a un contribuyente como Telefónica es lo justo y para nada arbitrario.

Telefónica es un contribuyente que presta servicios públicos de telecomunicaciones en todo el Perú, y por lo tanto para realizar una eficiente gestión de cobro a sus clientes utiliza el denominado Sistema Integral de Cobranza, el cual consiste en 9 gestiones de cobro y cuyo proceso mostramos a la SUNAT durante la fiscalización, seguros de que validaría que “sí realizamos gestiones de cobro”. Se mostró: llamada automática, llamada de una tele-operadora, notificación en el recibo telefónico, corte parcial y total, notificación de baja, gestión prejudicial, financiamiento, registro en Infocorp y carta de cobranza.

No exigir el cobro de las deudas a los clientes carece de toda lógica y razonabilidad desde el punto de vista empresarial. Es vital para toda empresa intentar cobrar para no incurrir en pérdidas. Suponer que no se implemente ningún sistema de cobranza que intime al pago, es suponer que el empresario es negligente para manejar su negocio. En este contexto debemos señalar que el sistema integral que descartan las autoridades tuvo un nivel de éxito de cobro del 92% del total de nuestros recibos.

Sin embargo, SUNAT descartó una a una cada gestión ejecutada, no descartó una de las 9 gestiones, sino que las descartó todas, y así se generó una de las crisis más serias para Telefónica.

Uno de los más emblemáticos sinsentidos de la Procuraduría de SUNAT es afirmar que la notificación de deuda que hace Telefónica en los recibos no es gestión de cobranza por la forma cordial en que termina nuestra comunicación. Como cualquier empresa e institución (incluyendo la SUNAT), junto con la advertencia de deuda también se precisa que “si se encuentra al día en sus pagos, ignore esta deuda que figura como pendiente”. Obviamente, cualquier empresa, por cordialidad y por preservar al cliente, quiere evitar el disgusto de una persona que cumplió con pagar poco antes de la fecha de emisión y envío del recibo.

Una muestra del trato diferente hacia Telefónica respecto a la evaluación de esta gestión de cobranza en el recibo, salta a la vista con Sedapal, mientras a esta institución se le reconoce como una gestión de cobro válida, a Telefónica se le desconoce por considerarla una simple “comunicación con el cliente”. Además, el órgano regulador de las telecomunicaciones, Osiptel, también reconoce como gestión de cobranza la notificación de deuda a través de los recibos telefónicos.

Un ejemplo más, mientras una sala del Tribunal Fiscal aceptó la gestión de cobro denominada “notificación de baja”, otra sala dijo que no lo era. ¿Cómo puede afirmar la Procuraduría de SUNAT que incumplimos la Ley, cuando los entes reguladores tienen dificultades para ponerse de acuerdo en interpretar lo que exige la Ley?

Es necesario alzar la voz para precisar que estas acotaciones datan desde los años 1998, 2000 y 2001. Es decir, han pasado cerca de 20 años y todavía se desconoce ¿qué es para la Administración Tributaria una gestión de cobranza que intime al pago al cliente?

Lo difícil de esta situación es que mientras avanza el proceso más requisitos exige la Procuraduría de SUNAT para calificar una gestión de cobro. ¿Cómo un contribuyente puede cumplir las exigencias de la Procuraduría de SUNAT 20 años después? Requisitos que ni están ni estaban establecidos en la Ley del Impuesto a la Renta y sin embargo ahora resulta que siempre estuvo todo muy claro e indiscutible. La norma solo exige realizar “gestiones de cobro”, ¿Es insuficiente 9 gestiones de cobro?

Después de esto, imagínese un contribuyente que cumple con pagar sus obligaciones tributarias pero que años después le desconocen la deducción de determinados gastos en los que realmente incurrió. Por esta razón, Telefónica como cualquier contribuyente, reclama predictibilidad tributaria antes las instancias correspondientes.

Hace mucho daño que las autoridades se demoren 20 años en definir ¿qué es una gestión de cobro? Esta demora perjudica a Telefónica, pues la indefinición por parte de las autoridades ha hecho que el importe en litigio se incremente de manera astronómica con unas tasas de interés entre 26 y 14%. Se afecta a la Empresa cuando se la señala como uno de los grandes deudores cuando la demora en resolver es imputable al Estado. Después de este prolongado caso, las moras e intereses representan el 80% del importe en cuestión.

La controversia en el ámbito del Poder Judicial está próxima a cumplir una década, y esperamos que este Poder del Estado finalmente resuelva conforme a ley y a favor de la predictibilidad tributaria, factor imprescindible para atraer inversiones y seguir creciendo. Lampadia

Las relaciones entre los Estados y los ciudadanos y empresas de una nación, son la caracterización más clara de la calidad de una democracia y de su economía de mercado. Ante el absolutismo de las monarquías europeas, en nuestro continente, los ‘padres fundadores’ de lo que hoy conocemos como los Estados Unidos, tomaron muchísimos cuidados para privilegiar al ciudadano sobre el poder de los gobiernos.

En América Latina, con la precariedad institucional que arrastramos desde la formación de las repúblicas, las secuelas de militarismos y caudillismos, nunca hemos llegado a afirmar la condición de un Estado al servicio del ciudadano, ni democracias sólidas, y menos aún, economías de mercado. En mayor o menor grado, sufrimos de diversas formas de autoritarismos, populismo, mercantilismo y patrimonialismo.

En el caso del Perú, se puede decir que recién a partir de los años 90, empezamos a construir una economía de mercado. Además, hasta entonces, nuestra economía era muy pequeña, el Estado era determinante para todos los acontecimientos, habiéndonos empobrecido, ciudadanos, empresas y el propio Estado.

Después de vivir unos 25 años en una insipiente economía de mercado, hemos logrado cambiar las medidas de nuestra economía. Ahora, acomodando las cifras, nuestras medidas son: 90 – 90 – 90. Ahora, el sector privado aporta aproximadamente el 90% de la inversión, 90% del empleo, y 90% de los recursos fiscales.

Pero muchos todavía no entendemos nuestra nueva realidad, lo difícil del proceso de formación de una economía de mercado, la necesidad de construir, sin retrocesos, predictibilidad de las decisiones de gobierno, el respeto de los contratos, y sobre todo, el respeto al ciudadano y sus empresas a contrastar decisiones de gobierno que pueden afectar su bienestar.

Un ejemplo de esta debilidad, lo vemos estos días alrededor de la situación fiscal. Por responsabilidad de nuestros gobiernos, especialmente el del nacionalismo instalado por Ollanta Humala y Salomón Lerner, y en menor medida por el de PPK, nuestra economía ha dejado de crecer al ritmo de nuestras capacidades y necesidades. Después de muchos años, hemos vuelto a vivir con déficit fiscal. Y esto está empezando a generar una serie de comportamientos disfuncionales que pueden debilitar, aún más, nuestra alicaída economía. Veamos:

• El primer Ministro de Economía y Finanzas, del gobierno de PPK, Alfredo Thorne, el día que dejó la cartera, recaló en la noche en un programa de RPP, donde se quejó de que las empresas enjuicien al Estado por ‘deudas’ tributarias.
• Hace pocos días, la entonces viceministra de Fernando Zavala, Claudia Cooper, ahora ministra, con un ánimo fiscalista, declaró muy suelta de huesos, que eliminarían algunas exoneraciones tributarias sin especificar cuáles ni cuándo.
• El 20 de setiembre pasado, Gestión entrevistó a Diego Sánchez-Ancochea, director del Latin American Centre de la Universidad de Oxford, Inglaterra, que despachó con: “La élite de Perú debe pagar más impuestos o acabaremos con un Trump peruanos”. Otro experto que llega al país, le dan unas cifras de promedios y hace comparaciones y asertos sin base. Habría que informarle al ‘experto’, que en el Perú no hay ‘loopholes’, que los peruanos formales pagan en promedio más impuestos que los de los países ricos, que las empresas de ‘élite’ (asumamos las mineras), pagan hasta 45% de impuesto a la renta. Que nuestro sector informal, hasta el 70% tiene muy baja productividad y no tiene capacidad de generar renta más allá del soporte de sus trabajadores. Que las distintas mafias que pululan por la economía, como la de contrabando de oro, las culebras de Puno y el narcotráfico, entre otras, no son de la élite, operan con toda impunidad, en un país donde el sujeto de fiscalización es el formal.
• Ya hay mucha gente alrededor del nuevo MEF, el de la escasez de recursos, como no teníamos hace muchos años, hablando de impuestos y tasas.
• Siguiendo con esta filosofía del MEF, el nuevo Jefe de la Sunat, Víctor Shiguiyama(según Gestión), hace suya la prédica contra el sector formal con expresiones que debemos observar.

A la fecha, Sunat mantiene cerca de 20,000 litigios por deudas tributarias valorizadas en S/ 8,000 millones, pero la mayoría de ese monto está concentrada en disputas con grandes empresas.

Así, Sunat tiene nueve juicios con grandes empresas por una deuda de S/ 7,053 millones, informó el ente tributario. El jefe de la Sunat, Víctor Shiguiyama, refirió que entre las empresas involucradas en estos litigios se encuentran Buenaventura, Backus, Telefónica del Perú y Cerro Verde.

“Estos litigios se encuentran tanto a nivel del Poder Judicial como del Tribunal Constitucional”, señaló Shiguiyama durante su presentación realizada en la Comisión de Presupuesto del Congreso, para sustentar los ingresos tributarios del presupuesto público 2018. (…) Algunos también se encuentran en la instancia del Tribunal Fiscal del Ministerio de Economía.

(…) “El desafío consiste en tener un sistema ágil de resolución de controversias”. Así, solicitó modificaciones a los procedimientos normativos para acelerar los procesos judiciales.

“Lo que tiene que quedar claro es que litigar con el Estado no debe ser un buen negocio para algunos contribuyentes. Si logramos que los procesos se resuelvan en corto tiempo vamos a cambiar su conducta”, puntualizó.

En nuestra opinión, varias de las llamadas deudas no lo son. Se originan como acotaciones de la Sunat (ver ejemplo en nuestro análisis: Herencia que la SUNAT y el MEF deben recusar). Si una empresa considera que una acotación de la Sunat, no se condice con las normas vigentes o con las buenas prácticas fiscales, tiene todo el derecho, y también la obligación, de reclamar. La obligación, porque así, como en las democracias más avanzadas, se van ajustando los procesos para beneficio de todos los contribuyentes.

Que el procesamiento de los reclamos se haya convertido en un vía crucis, dada la complejidad procesal, es responsabilidad del Estado. Por otro lado, según una apreciación generalizada, el Tribunal Fiscal habría devenido en una suerte de filial de la Sunat, lo que obliga, a quién considera justo defender su patrimonio, aquél con el que invierte, a tener que recurrir a instancias adicionales.

Desde el punto de vista fiscal, en el corto plazo es difícil aumentar la recaudación del impuesto a la renta, sin sobrecargar la mano sobre las empresas formales, dadas las dificultades para ampliar la base de contribuyentes. Pero, aumentar la recaudación del IGV es más fácil ampliando la base de contribuyentes. Lampadia propuso hace más de un año el canje de parte de los pagos de IGV por aportes a cuentas individuales de pensiones, por parte de todos los ciudadanos. Esa medida aumentaría la recaudación, pues formalizaría a todos los ciudadanos, se podría universalizar el sistema privado de pensiones, disminuiría la evasión de IGV, y se podría cerrar el déficit fiscal de la ONP. 

Como explicamos líneas arriba, en el Perú, las relaciones entre el Estado y los ciudadanos y empresas, en una economía de mercado en formación, no conllevan suficientes equilibrios y no cautelan debidamente los derechos de quienes el Estado, debe proteger. Una simple declaración de un funcionario de gobierno, puede implicar una indebida presión mediática y política, sobre los débiles procesos de resolución de conflictos que se deben enfrentar.

Invocamos pues, a los funcionarios públicos a tener mejores balances. Para empezar, la escasez fiscal es responsabilidad de los gobiernos que destruyeron o permitieron que se destruya, nuestro proceso de crecimiento económico. Recuperarlo debe ser la mayor tarea del MEF. Lampadia

En noviembre pasado, el Ministro de Economía, Alonso Segura, lanzó uno de sus paquetes reactivadores cuyo corazón era un conjunto de medidas tributarias (reducción del impuesto a la renta personal, del impuesto selectivo al consumo y otros) destinadas a dejar en manos de los ciudadanos unos 4,500 millones de soles el 2015. La idea era  reactivar el consumo y por ende la economía. Por eso, no se entiende como la Sunat (la cual depende del MEF), haya prepublicado días atrás una nueva reglamentación para el fraccionamiento de las deudas con el fisco que endurece las condiciones para acceder a esta figura. Un contrasentido total, pues el ahorcar a los contribuyentes, especialmente a los más afectados por el menor crecimiento de la economía, va en contra de la política expansiva que impulsa Segura en representación del Gobierno.

 

 

Si se reducen los plazos máximos de fraccionamiento (de 72 a 48 meses), como se indica en el nuevo reglamento y, ahora este será condicionado al pago de cuotas iniciales y garantías (carta fianza o hipoteca), dependiendo del comportamiento del contribuyente, está claro que a las personas naturales y jurídicas con problemas les será más difícil salir de ellos, pues contarán con menor liquidez o no podrán acceder a un mecanismo facilitador de la recaudación y la formalidad.

Por si fuera poco, como se ha denunciado en varias oportunidades (la más reciente, por Rosa María Palacios), “la Sunat, ¡vivísimos ellos! no reciben solicitudes [de fraccionamiento],  porque no activan los formularios para solicitar el fraccionamiento hasta dos meses después de la fecha original de pago. ¿Mientras tanto? Te mandan resoluciones de cobranza coactiva a pagar en 7 días. ¿Qué te queda? Vaciar la cuenta del banco de la EIRL, que felizmente en mi caso, está vacía porque no tengo ingresos o romper el chanchito y pagar la deuda completa. Es decir, te quedas sin fondos o capital de trabajo”. Como señalamos líneas arriba todo lo contrario a lo que aspira la política de expansión del MEF.

La denuncia, obviamente no ha sido atendida. Para la Sunat la cosa es cobrar como sea, al mejor estilo del Sheriff de Nottingham (la némesis de Robin Hood). Incluso como este personaje de la Inglaterra medieval, torciendo la Ley acosta de los ciudadanos. Como bien ha señalado Palacios: “El Fraccionamiento de una deuda tributaria no es un dádiva, un regalo, o un premio. Es un derecho otorgado por la LEY (sí, en mayúscula, a ver si la señora Tania Quispe entiende) con el que la administración tributaria no puede hacer lo que le da la gana para cercenarnos ese derecho”.

Ante las críticas a este proceso, la Sunat acaba de anunciar una flexibilización de sus nuevas normas de fraccionamiento. Lamentablemente, lo único que ha hecho es discriminar entre los que tengan deudas menores a 38,500 soles (10 UIT) y los que superen dicho monto. Esto, que puede parecer aparentemente justo, en verdad sigue condenando a los pequeños y medianos empresarios a mayores dificultades financieras y  fomentando, indirectamente, la informalidad.

Además, como ha reportado el diario Gestión el 21 de abril pasado, de ahora en adelante “Solo los gastos ineludibles serán deducibles del Impuesto a la Renta”. Según la nota de Gestión: “La Sunat desconoce como gasto de las empresas los pagos de indemnizaciones contractuales o gratificaciones extraordinarias de trabajadores, ya que considera que pueden evitarse. (…) El fisco, dispone que para aceptar un gasto como deducible del pago del Impuesto a la Renta (IR), debe ser ‘ineludible o inevitable’. Es decir, cuando no exista otra posibilidad que solo efectuar el gasto. (…) Otro ejemplo ocurre cuando una empresa contrata con otra un servicio y luego, por discrepancias entre los contratantes, llegan a un arbitraje y la primera de ellas pierde el caso. (…) En este caso, la Sunat no aceptará el pago de la indemnización [ordenado por el laudo], ya que pudo evitarse si la empresa cumplía el contrato”. Este criterio contaría ahora con un presedente de la Corte Suprema, informa Gestión.

Aparte del abuso que representan estas medidas de la Sunat, lo que se persibe son enormes contradicción es en el Gobierno. Por ello, cabe preguntarse: ¿En el Ejecutivo se coordina la política económica? ¿La señora Tania Quispe, Superintendente Tributaria, no lee los periódicos? ¿El Ministro de Economía no se entera de este tipo de cosas? ¿Están realmente comprometidos con devolverle el crecimiento al país?

¿No sería bueno, por el bien del país; la imagen de las instituciones que tienen la suerte y responsabilidad de dirigir; e incluso, por su prestigio profesional que se sentaran a evaluar los objetivos a los que aspiran?.  Lampadia

El quinto paquete reactivador aprobado por el Congreso en primera votación el 26 de noviembre (aún pendiente de segunda votación), impone cambios tributarios en las tasas del impuesto a la renta de tercera categoría y simultáneamente en la tasa del impuesto a los dividendos. Baja el impuesto a la renta, pero se compensa con el aumento del impuesto a los dividendos (personas naturales). El objetivo manifestado es incentivar la reinversión, manteniendo constante la carga tributaria (33%, considerando ambos tributos). Lamentablemente, el paquete incluye también un nuevo impuesto a los dividendos, gravando ahora a las empresas (personas jurídicas) cuando antes solo se aplicaba a las personas naturales. Esto tendrá un efecto contrario a los objetivos reactivadores de los cinco “paquetes”. 

Actualmente, el reparto de dividendos dirigido a personas jurídicas no está gravado de manera anticipada, puesto que se aplica cuando el reparto llega a las personas naturales o a las personas jurídicas no domiciliadas. El proyecto “reactivador” crea un nuevo impuesto anticipado a los dividendos aplicable a las empresas que los reciben. El proyecto de ley lo califica como un Impuesto a la Renta de tercera categoría, pero le asigna una tasa especial (la misma que grava el reparto de dividendos a personas naturales: 6.8%, 8% y 9.3% según el año correspondiente).

Sobre esto último, la preocupación del Poder Ejecutivo es evitar que las empresas operativas transfieran dividendos a empresas matrices como una estrategia para eludir el pago del impuesto a los dividendos. Es incorrecto asumir que la única razón que tiene un inversionista para trasladar dividendos de una empresa operativa a una empresa matriz es eludir el Impuesto a la Renta. Por el contrario, es perfectamente razonable y usual que un inversionista que está diversificado (o quiera estarlo) reinvierta utilidades de un negocio en otro distinto. Esto no se refiere solo al caso de empresas holding, sino que las empresas operativas pueden tener, a su vez, subsidiarias operativas.

Para ese tipo de inversionista (que no es el que “quiere eludir” el impuesto a los dividendos), sino más bien que quiere reinvertir en el país de forma diversificada, el proyecto de Ley 4007-2014-PE supone una distorsión, una “norma-contra-propósito” que afecta la eficiencia de las empresas. Es contrario a los objetivos planteados, pues generará un desincentivo para que los inversionistas reinviertan y se diversifiquen como, además, busca el Plan Nacional de Diversificación Productiva (PNDP) del Gobierno.

Adicionalmente a lo anterior, cabe mencionar que según la legislación actual, las empresas holding (cuya principal fuente de ingresos son los dividendos generados por sus inversiones), no pueden deducir para efectos tributarios gastos que no estén directamente vinculados a la reinversión de esos dividendos. Los gastos no vinculados a esa reinversión, están gravados con un impuesto de 4,1%. La razón principal por la cual existen empresas holding no es para obtener un beneficio tributario, sino para viabilizar la reinversión de utilidades de manera diversificada y eficiente.

Sería absurdo que el paquete reactivador paralice una parte importante de la reinversión de utilidades, puesto que los inversionistas diversificados preferirían, bajo las nuevas normas, repartir dividendos a los accionistas (personas naturales), en lugar de ser reinvertidos en otros negocios.

El nuevo Impuesto a los Dividendos para Personas Jurídicas, tal como está propuesto, limitará la reinversión de utilidades de una empresa operativa en otros negocios a través de sus matrices. Además, impedirá la colocación eficiente de capital, irá contra de los objetivos del PNDP, complicará innecesariamente el sistema tributario y terminará generando el efecto opuesto al que se quiere promover: reactivación económica y reinversión de utilidades.

Esperamos que el Ejecutivo y el Congreso corrijan este “lapsus” fiscalista de efectos anti-reactivadores. Lampadia

Entrevista a Luis Miguel Castilla Rubio, Ministro de Economía y Finanzas

Por: Julio Lira Segura y Luis Hidalgo Suárez

(Gestión, 31 de julio del 2014)

El último mensaje del presidente Humala en el Congreso ha generado temores de populismo y críticas de falta de audacia en adoptar algunas medidas, por ejemplo tributarias, en el Ministerio de Economía. El titular del MEF en entrevista a Gestión responder a los cuestionamientos y revela los número del mayor gasto.

Una de las críticas a las medidas reactivadoras es que es por el temor a que sean populistas. ¿Cuál es costo fiscal de dichas medidas?

Descarto, tajantemente, cualquier manejo populista de la economía peruana si de algo nos podemos preciar, en los últimos quince o más es un manejo responsable de la política fiscal, lo que nos ha valido el reconocimiento de las calificadoras de riesgo. Si hubiera algún indicio de populismo, no tuviéramos estas mejoras; y de hecho, esto hay que verlo en el contexto en que se modificaron las reglas fiscales.

¿Se refiere a los cambios que se hicieron el año pasado?

Así es. Se aprobó, el 31 de octubre del 2013, un nuevo marco de reglas fiscales que ya estará en vigencia plena en el 2015, el cual elimina el componente cíclico y da mayor predictibilidad a las fuentes de ingresos permanentes para, justamente financiar gastos permanentes.

¿Qué dice la regla?

Permite hasta un déficit estructural de 1% del PBI, como tope, lo cual fue aprobado vía decreto supremo y donde ya se ha establecido cuáles van a ser los topes de gasto de acá hasta el 2017.

¿En cuánto se incrementará el presupuesto del 2015?

Tiene un crecimiento para el 2015 de más o menos 11% en términos nominales. Son unos S/.11,000 millones de incremento, de los cuales ya se han asignado los presupuestos de educación y salud: S/.4,000 millones y S/.2,500 millones respectivamente. El resto va a ser repartido en otros sectores. Evidentemente la seguridad será el tercer pilar de esta agenda priorizada.

¿Cuál es la proyección de crecimiento económico para el próximo año?

Mantenemos una tasa del 6%, que fue el dato que se utilizó para la formulación del presupuesto inicial, los techos de gasto que se dieron en junio se mantienen.

¿Son sostenibles algunos gastos que se están autorizando a raíz de las medidas que se han adoptado?

Descarto también que muchos de los proyectos de inversión vayan a introducir gastos que no se puedan mantener en el tiempo, porque estamos dando un empuje fuerte a las asociaciones público privadas, lo cual libera recursos públicos, y son contratos de largo plazo, que permiten mantener niveles de servicio en sectores clave.

¿A cuánto asciende el Fondo de Estabilización Fiscal?

No se ha tocado un céntimo de esos recursos. Hay reglas para tomar esos recursos: que hayan trimestres que haya contracción en el PBI, o que haya un terremoto de alta dimensión o un fenómeno El Niño complicado. Somos conscientes de la necesidad de tener colchones de ahorro público, las medidas anunciadas por el presidente están en el marco de nuestra previsión.

¿Se han tomado recursos del Fondo de Estabilización Fiscal (FEF) para financiar los nuevos gastos?

El FEF actualmente está en 4.2% del PBI, en una cuenta en el Banco Central.

En esa perspectiva, ¿en cuánto se está previendo el déficit fiscal para éste año y para el próximo?

Para este año, se prevén cuentas balanceadas (0% del PBI). Para el próximo año, estamos previendo ir hacia un déficit no mayor a 1% observado, es un déficit de 0.7%, congruente con un déficit estructural de 1% del PBI.

Si se desacelera el crecimiento, cómo se explica que los ingresos fiscales, justamente cuando la actividad económica está cayendo. Por tanto, ¿no se tocará el FEF?

No puedo descartar que no se toque, pero ese fondo tiene reglas muy claras y hay que respetarlas. Estamos en una fase coyuntural de menor crecimiento, pero las fuentes de menor crecimiento se van a disipar.

Ya se comienzan a disipar, especialmente en lo que resta del año, y se espera en todo el año entrante. Entonces, mal haría en tocar nuestros ahorros para crisis, cuando no estamos en una crisis. La proyección que tenemos de los ingresos (fiscales) indica que irán de la mano con los gastos.

¿La nueva regla macrofiscal también fija un tope para el crecimiento de los gastos corrientes?

Sí, para las remuneraciones y a las pensiones, y eso se va a cumplir. El crecimiento de la planilla de remuneraciones y pensiones no puede crecer más que el crecimiento del PBI potencial.

Hay el temor que la expansión del gasto público tendrían un objetivo electoral. ¿Ud. puede descartar esto?

Tajantemente. Porque si yo tuviera problema de deuda, diría hay que ser mucho más cuidadoso. Si cerrar la brecha en capital humano se llama populismo, eso no tiene mucho asidero, porque eso no es aumentar a rajatabla los ingresos, como sería un aumento de 100% de sueldos para funcionarios públicos. No es eso. Son aumentos en el marco de las reformas que estamos haciendo.

En cuanto al crecimiento del gasto, ¿con las medidas ya estamos en el tope establecido?

No. Todo está encajado de tal manera que haya un cumplimiento de las reglas fiscales. Obviamente, hay cláusulas de salida, en casos que haya una recesión, o un fenómeno natural. Si uno desvía del techo de gasto, que es lo vinculante, existe la necesidad de poder tomar medidas correctivas, tanto a nivel de gobierno nacional como los subnacionales.

¿Cuál es la preocupación central en cuanto a la expansión fiscal?

Acá el tema central es cómo logramos gestionar el impulso fiscal, que de hecho, cuando hicimos el presupuesto para éste año ya venía con un impulso fiscal importante, de 0.7% del PBI.

¿Ahora cuánto será?

Ahora le añadimos casi un punto, estará en 1.7% (el impulso fiscal) para este año, el impulso fiscal fue 2% del PBI en la crisis financiera global del 2009). Pero, el tema central es cómo lograr la efectividad, es decir, que este impulso fiscal efectivamente se materialice.

Entonces, el diseño de los últimos decretos de urgencia ha estado dirigido a evitar ser pro cíclicos.

La vez pasada (2009) se inyectaron muchos recursos públicos a la economía, pero hubo un rezago en la ejecución y se vio recién en el 2010 cuando la economía ya creció de vuelta entre 8 y 9%, es decir, fue procíclico.

¿Cuál es el objetivo del último decreto de urgencia publicado el 28 de julio?

Tiene como finalidad varios temas, pero se trata de adelantar tramos de reformas que ya estaban establecidas. El caso más representativo es el adelanto del tercer tramo de la reforma de las remuneraciones de la Policía y las Fuerzas Armadas previsto para diciembre de este año. Lo adelantamos para agosto significa una inyección de S/.500 millones.

Pero eso no significa un mayor gasto…

Entre agosto y diciembre, pero es un impulso, es una inyección de recursos. Lo mismo ocurre con bonificaciones en el marco de la reforma de salud, y una serie de medidas en el sector de educación.

Quizá las dos medidas de costo (fiscal) permanente, pero que en términos de monto no son grandes cosas fundamentales, que es la actualización que se ha hecho de la pensión mínima para las viudas del régimen de la Ley 19990, donde se sube la pensión mínima de S/.270 a S/.350.

Inversión pública

¿Por qué se ha contraído tanto la inversión de los gobiernos regionales?

Una razón que se aplica a la inversión de gobiernos regionales y locales es la disminución de los recursos provenientes del canon.

¿En cuánto se estima que cerraremos el año en lo que se refiere al crecimiento de la inversión pública?

Queremos llegar a un grado de ejecución similar al del año pasado, que fue más o menos 75% del presupuesto de inversión pública, pero esto va a ser determinado de la forma como las regiones puedan volver al tren de gastos anterior -se están recuperando muchas de ellas-, y del retraso que hubo en algunos proyectos que estaban previstos que se implementen por parte del gobierno nacional a principios de año.

¿Qué ejemplo puede dar?

Es el caso de la Línea 2 del Metro de Lima. Inicialmente, cuando se formuló el presupuesto para este año, se preveía que el proyecto sería adjudicado en diciembre del 2013 y empezaba la ejecución.

Pero se adjudicó meses después, y se van a hacer los primeros adelantos en el último trimestre del año. Entonces se ha corrido un poco.

¿Cree que al gobierno le faltó audacia para aplicar medidas tributarias además de las anunciadas?

A veces, por ser demasiado audaces, podemos introducir elementos de incertidumbre y los inversionistas quieren reglas claras que les permita reanimar sus expectativas e invertir. Nuestro país es atractivo a la inversión y siempre lo ha sido con el marco tributario que tenemos. Los problemas pasan por la permisología y los trámites que pueden ser muy onerosos. Hasta hace muy poco no estuvo en discusión la tributación, salvo la corrección que estamos haciendo a algunos temas. El proyecto de ley que hemos enviado al Congreso tiene cuatro medidas tributarias muy puntuales.

¿Por qué no rebajar, por ejemplo, un punto porcentual el IGV, o el Impuesto a la Renta?

Tenemos que son muy consecuentes en no reducir nuestra base de ingresos permanentes, que son los que se gastan, y no los ingresos transitorios, que son los que se ahorran. Hay que ampliar la base tributaria, no gravar a los mismos contribuyentes. Hemos empezado a racionalizar todo el esquema de percepciones y detracciones, no se puede hacer de golpe sino de manera gradual porque representan un monto importante de la recaudación.

Pero tenemos que ser un país competitivo para captar inversiones, lo que implica una revisión de nuestro marco tributario y otras regulaciones.

Tuvimos una misión hace poco del FMI a quienes les solicité que revisaran las tasas tributarias y su competitividad. Según el estudio, las tasas están en el promedio y debemos procurar seguir luchando contra la evasión.

¿Somos más competitivos que Chile o Colombia entre los países de la Alianza del Pacífico?

Si Chile aprueba su reforma tributaria vamos a ser más competitivos que ellos, con Colombia estamos en los mismos niveles de competitividad tributaria.

Pero tenemos que proyectarnos más allá de los países de la Alianza, por eso vamos a revisar no solo para las personas jurídicas sino también naturales, pero eso no es parte de una política de reactivación sino una reforma estructural porque estamos viendo cómo pueden cambiar los ingresos permanentes hacia el futuro.

Esta revisión requiere un consenso político importante porque pasa por el Congreso, no se puede sacar decretos de urgencia en materia tributaria, debe haber un proyecto de ley.

¿Cree que eso se pueda hacer en este gobierno?

Estamos en la fase de evaluación pero donde pensamos que puede haber un efecto reactivador es en las medidas que hemos aprobado y las que presentamos al Congreso, que tienen un efecto inmediato.

¿Cómo se van a mantener los ingresos tributarios si la economía se está desacelerando? ¿Se va a usar el Fondo de Estabilización Fiscal (FEF)?

El FEF tiene reglas muy claras y estamos en una fase coyuntural de menor crecimiento, pero las fuentes de menor crecimiento se están comenzando a disipar y especialmente lo harán en los últimos meses del año, y en todo el año entrante.

Mal haría en tocar los ahorros para crisis ahora que no estamos en crisis. Estamos en una fase del ciclo en el que se han alineado un conjunto de factores que hacen que el crecimiento esté por debajo de lo que debería.

¿La Sunat va a presionar más?

No es que la Sunat vaya a presionar más, la proyección de ingresos que tenemos va a ir de la mano del gasto. Hay cuentas balanceadas, lo que nos da un poco de espacio es que se ha subejecutado la inversión pública, pero al final vamos a tener ingresos del sector público no financiero al igual que los gastos cumpliendo la regla fiscal que tenemos para este año de transición.

Uno de los reclamos empresariales es hacer cambios en la legislación laboral

Hay una revisión de todas las regulaciones que impiden que las empresas puedan crecer, no queremos que incentiven el enanismo porque finalmente pongo la valla baja e incentivo que se partan en dos o tres empresitas para poder cumplir la legislación.

En el marco del Plan de Diversificación Productiva, en el pilar de la productividad y desregulación, hay normas y estamos haciendo evaluaciones, se requiere consenso político pero también una propuesta que sea viable.

¿Qué están trabajando al respecto?

El MEF, con los ministerios de Trabajo y de la Producción, estamos planteando cambios que serán anunciados en su oportunidad.

En el tema tributario y laboral trabajamos en algunas reformas pero reconociendo que estamos en el año cuatro del gobierno y el capital político que uno tiene es menor que en el año uno.

No nos vamos a correr a los desafíos y, por lo menos, comenzaremos el debate de estos temas.