El Estado de Derecho distingue a las democracias de las dictaduras y lamentablemente, Donald Trump está destruyendo los fundamentos en los que se basa.

El Imperio de la Ley, o Estado de Derecho, tiene como regla básica que ninguna persona está por encima de la ley, ni siquiera un presidente. Lo que significa que un presidente no puede detener una investigación sobre sus presuntos actos ilegales. Sin embargo, en las últimas semanas, Trump despidió al fiscal general Jeff Sessions, y lo reemplazó por una persona sin experiencia, Matthew G. Whitaker, y a quien podría manipular, como afirma The Economist más abajo (en un artículo traducido y glosado por Lampadia).

El Estado de Derecho también tiene como regla tácita que un presidente no puede procesar a opositores políticos o críticos. Las decisiones sobre a quién procesar por supuestas infracciones penales deben ser tomadas por fiscales independientes de la política. Sin embargo, Trump ha presionado repetidamente al Departamento de Justicia para que presente cargos contra Hillary Clinton, su rival de 2016, por usar un servidor de correo electrónico privado cuando era Secretaria de Estado, en presunta violación de la Ley de Registros Presidenciales.

Hace casi medio siglo, otro presidente intentó destruir el Estado de Derecho, aunque no tan descaradamente como Trump. The Economist nos recuerda que esta persona fue Richard Nixon, quien trató de obstruir la investigación de Watergate, presionó al Departamento de Justicia para que procesara a sus enemigos políticos y asumió el poder judicial.

Pero Estados Unidos no lo permitió. La nación se levantó en indignación. Nixon renunció antes de que el Congreso lo destituyera. La pregunta es si esta generación de estadounidenses tendrá la fuerza y ​​la sabiduría para hacer lo mismo.

Compartimos líneas abajo el artículo de The Economist con mayor detalle:

Donald Trump está atacando el Estado de Derecho y puede que se salga con la suya

Nixon la tuvo más difícil

The Economist
24 de noviembre de 2018
Traducido y glosado por Lampadia

Según la evidencia disponible, la mayoría de los estadounidenses no creen que el presidente Donald Trump haya cometido un delito o crimen grave. Solo un tercio de los votantes dice que debería ser acusado por su supuesta complicidad en el pirateo electoral de Rusia y el supuesto esfuerzo por impedir que el Departamento de Justicia lo investigue. El asunto apenas se discutió a medio plazo, y los demócratas más prominentes que lo transmitieron, como Beto O’Rourke que buscaba postular para el Senado de Texas, perdieron.

Sin embargo, es probable que los supuestos delitos de Trump ya hayan alcanzado el estándar del ‘impeachment’ (de destitución) establecido por Richard Nixon. Esa fue la implicación de un artículo notable publicado en el blog de Lawfare esta semana por el ex asesor general del FBI, Jim Baker.

Baker y su coautor, Sarah Grant, expresaron su punto de vista, sin referirse específicamente a Trump, basándose en nuevas pruebas de la investigación de Watergate. Se centraron en el esfuerzo de Nixon para apoyarse en un funcionario del Departamento de Justicia, Henry Petersen, que lo supervisaba en ese momento. Nixon le preguntó repetidamente si estaba bajo investigación. Después de que Petersen le informara que dos de sus ayudantes principales deberían ser despedidos, el presidente los defendió como “tipos buenos y sobresalientes”. Como un esfuerzo por descarrilar la investigación para salvarse a sí mismo, la acción de Nixon representó, según uno de los tres artículos de juicio político que luego enfrentó, una “indiferencia al estado de derecho”.

Los paralelismos entre entonces y ahora son inconfundibles. Trump acosó a James Comey para decir si estaba bajo investigación en la investigación de Rusia que el entonces director del FBI dirigía. Después de que la fiscal general interina, Sally Yates, informara a la administración que el asesor de seguridad nacional de Trump, Mike Flynn, había tenido comunicaciones secretas con funcionarios rusos y había mentido sobre ellos, Trump trató de protegerlo. Según Comey, el presidente lo instó a despedir a Flynn porque era un “buen tipo”. Después de que Comey se negó, Trump despidió a su director del FBI. Significativamente, Baker fue uno de la media docena de funcionarios del FBI que Comey informó sobre estos acontecimientos en ese momento.

Si la supuesta transgresión de Trump fue tan mala como la de Nixon puede depender, en otro paralelo de Watergate, de lo que sabía sobre el complot ruso y cuándo lo supo. Robert Mueller, a quien los abogados del presidente enviaron una lista tan esperada de respuestas escritas a preguntas esta semana, está tratando de determinar eso. Se informa que el abogado especial está investigando qué sabía Trump sobre el esfuerzo de los rusos para piratear los correos electrónicos de su oponente demócrata, poco después de haberlos instado a hacerlo, y lo que sabía sobre una reunión de sus asesores principales con un grupo de expertos rusos que estaban prometiendo información sobre Hillary Clinton. Tal vez, en ausencia de pruebas, el abogado especial encuentre que Trump no tiene un caso para responder. Pero, de cualquier manera, parece poco probable que sufra el destino de Nixon.

Esto se debe en parte a que las lealtades tribales que podrían haber salvado a Nixon ahora son más feroces. El día en que renunció, luego de que se le informara que los congresistas republicanos no lo defenderían, la mitad de los votantes de su partido todavía lo respaldaban. Con el beneficio de un partidismo más fuerte, políticos más débiles y una máquina de propaganda 24/7 en Fox News, Trump podría contar con una protección republicana más dura.

Otra razón por la que parece más probable que disminuya los estándares de su cargo que ser responsabilizado por ellos se relaciona con las peculiaridades de su persona política. Nixon fue un rompe-reglas comprometido que fingió no serlo. Cuando surgió la evidencia en su contra, fue condenatoria. Por el contrario, Trump siempre ha prometido que rompería más reglas de las que ha incumplido, casi sin importar lo que Mueller pueda encontrar.

Juró encarcelar a Hillary Clinton. Sin embargo, después de que su abogado de la Casa Blanca le aconsejara que abandonara esa idea, se informó que esta semana lo hizo. Él ha amenazado con cerrar la investigación de Mueller desde su inicio. En ese contexto, sus comentarios supuestamente impropios a Comey pueden parecer modestos; o en el peor de los casos consistentes con lo que ha estado diciendo abiertamente. Trump ha enredado de esta manera las expectativas de comportamiento presidencial.

El mantra favorito de los apologistas de Trump: “Toma nota de lo que hace el presidente, no de lo que dice”, es ilustrativo de eso. Sólo tiene sentido cuando se mide contra las amenazas más dramáticas y, de hecho, inimaginables. Eso es en parte porque las palabras del presidente también tienen impacto. En el transcurso de sus ataques casi diarios a la investigación de Mueller y al Departamento de Justicia, la confianza republicana en esas instituciones se ha derrumbado.

También es una tontería porque, aunque no cumple con sus mayores amenazas, Trump está cumpliendo con las menores, lo que en tiempos normales se consideraría más allá de lo normal. “Mido la sensibilidad de un presidente al estado de derecho por sus acciones, no por sus comentarios, tweets o declaraciones”, dijo uno de sus defensores más descarados, Leonard Leo, de la Sociedad Federalista, esta semana. Esto eludió el hecho de que Trump acababa de despedir a su fiscal general, Jeff Sessions, y nombró en su lugar a un sucesor en funciones inexperto y posiblemente ilegítimo, Matthew Whitaker. Y que lo hizo, sugiere un entendimiento razonable de sus palabras, en un intento por descarrilar la investigación de Mueller sobre él y sus familiares más cercanos.

Lo que temían los framers

Si el asesor especial sobrevive a esa maniobra, no recalibrará su visión del estado de derecho como lo ha hecho Leo. Por eso el presidente le teme. Sin embargo, cualquier veredicto condenatorio sobre Trump por parte de Mueller solo sería efectivo si hay voluntad política para hacerlo cumplir. Es por eso que el asalto del presidente a la dignidad de su oficina y la falta de voluntad relacionada con el Congreso de limitarlo es tan grave. Existe una opinión razonable de que, para instigar una crisis constitucional, tendría que desafiar una orden judicial o una citación. Una visión alternativa es que el efecto corrosivo de su guerra menor pero implacable en el sistema político asegurará que la necesidad de un desafío de alto riesgo nunca surja. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Como ha señalado un reciente editorial de El Comercio, al no existir animosidad entre el presidente Martín Vizcarra y Keiko Fujimori, porque éste no ha llegado al poder luego de una contienda que los haya enfrentado, pues existe la oportunidad ahora sí de acordar y poner en marcha un plan de trabajo conjunto basado en las coincidencias programáticas entre ambas agrupaciones, que sin duda son muchas.

Ese plan, a mi juicio, debería partir de una toma de conciencia del proceso de modernización y desarrollo en el que estamos embarcados desde que abrimos y liberalizamos la economía en 1990, los avances que hemos realizado, los retrocesos que en esa progresión hemos tenido y debemos enmendar, y las tareas pendientes para seguir avanzando hacia un país cada vez más moderno e institucionalizado capaz de crecer a las tasas necesarias para desaparecer la pobreza.

Retirar “intervencionismo de baja intensidad” y digitalizar

Los avances son conocidos. Los retrocesos también: si en los 90 se liberalizó la economía y se retiró el intervencionismo estatal en los distintos mercados, haciendo posible un crecimiento acelerado, lo que hemos tenido, sobre todo a partir de la segunda década de este siglo, ha sido la restauración de lo que hemos llamado un ‘intervencionismo de baja intensidad’, consistente en la sobre regulación creciente de las distintas actividades económicas, frenando la iniciativa privada y ahogando la economía de las empresas.

El gobierno de PPK comenzó la tarea de simplificar los trámites y desregular algunas actividades. 290 procedimientos en varios ministerios han sido eliminados y 243 simplificados. Esto tiene que seguir. Además, 12 ministerios han iniciado ya el Análisis de Calidad Regulatoria de sus normas, que lleva también a eliminar o simplificar procedimientos. Es una tarea a la que debe dársele más impulso, a fin de restablecer la libertad económica que permita el florecimiento de los emprendimientos.

Hay un esfuerzo interesante de digitalización del Estado, que debe profundizarse. Hay ahora 94 servicios WEB en la plataforma de interoperabilidad y 234 entidades públicas usándolos. Se quiere ir a Cero Papel en el Estado a fines del 2019. Eso implica también, de por sí, simplificar procedimientos porque no se los puede digitalizar si no se simplifican. Por último, en la actualidad, 121 tasas (72%) se pueden pagar por internet (págalo.pe) en lugar de ir a BN. Hay que seguir avanzando en todo esto. 

Construcción institucional e islas de excelencia

Ahora bien, la gran tarea pendiente desde los 90 es la institucional, que requiere acuerdos porque en algunos casos puede afectar intereses. Hemos crecido, pero la institucionalidad general se ha quedado atrás. Tarde o temprano ese retraso afecta el propio crecimiento.

Es cierto que desarrollamos una institucionalidad de mercado, unas reglas de juego que funcionaron, hasta que han sido en algunos casos ahogadas, como decíamos, por una sobreregulación estéril que hay que desmontar. Esa institucionalidad de mercado tuvo su correspondencia en la modernización y profesionalización de ciertas entidades del Estado, que se convirtieron en islas de excelencia. Allí tenemos al Banco Central de Reserva, la Sunat, la Reniec, la ONPE, el Indecopi, los organismos reguladores, la Defensoría y, en alguna medida, algunos ministerios como el MEF, Energía y Minas y, recientemente, el MIDIS. 

Algunas de estas entidades tienen que actualizarse y re modernizarse. Se necesitaría una agenda para eso, quizá de la mano con las recomendaciones de la OCDE. Osiptel, por ejemplo, ha iniciado recientemente un proceso de adecuación en ese sentido.

Implantación de la meritocracia: ley de Servicio Civil

Pero la excelencia no debe limitarse a unas islas, sino a todo el Estado. Pues, como sabemos, esa modernización no alcanzó a casi todo el resto del Estado, donde prevalece, en mayor o menor medida, un patrón de gestión que podríamos llamar neo patrimonialista, donde se favorece en los puestos y contratos a familiares, amigos o correligionarios con poca o ninguna meritocracia. Esto también se aplica, por supuesto, al Poder Judicial y al Congreso en su parte administrativa.

La gran tarea de la reforma del Estado, entonces, consiste en avanzar hacia una burocracia profesional y meritocrática en todos los niveles e instituciones del Estado. Pues bien, para eso se dio, el 2013, la ley de Servicio Civil, para que todas las entidades revisaran y definieran bien sus procesos y los perfiles del personal que necesitaban y en función de eso convocaran a concursos dentro de la administración pública para llenar esos puestos y que luego hubiese evaluaciones de desempeño que regularan los ascensos y la salida del servicio en el caso el empleado no fuera competente.

Un bueno número de entidades, incluyendo ministerios, inició este proceso, pero solo la ONP ha llegado, hasta ahora, a la etapa de los concursos, debido a que el gobierno de PPK no le dio prioridad ni apoyo político a la implementación de esta ley clave. Al no dárselo, creó un vacío que fue aprovechado por las fuerzas del pasado para retroceder a prácticas clientelistas y parasitarias. Por ejemplo, el Congreso aprobó, hace algo más de un año, una ley que pasaba los CAS de Essalud a la 728 –estabilidad laboral absoluta sin meritocracia- en lugar de permitir que pasen al régimen la ley de Servicio Civil, precisamente, que da los mismos beneficios de la 728 pero a cambio de meritocracia, de evaluaciones, de la obligación de rendir en el puesto. Y luego aprobó hace poco la ley de carrera del trabajador judicial que excluye a dichos trabajadores de la ley de Servicio Civil y les regala una carrera en la que no hay tampoco evaluaciones ni meritocracia alguna. Un retroceso irreversible.

Con la 728 no hay manera de exigirle nada a un funcionario que no cumple ni rinde. Y eso es algo que los usuarios y los ciudadanos en general no podemos aceptar, porque pagamos aportes e impuestos para que el Estado nos sirva de manera eficiente.

Entonces la segunda definición clara del gobierno de Vizcarra debería ser la de darle prioridad y voluntad política a la implementación de la ley de Servicio Civil, que es la base de la gran reforma del Estado, de su transformación en un Estado moderno, eficiente, meritocrático y profesional.

Como consecuencia de esa definición, se debería acordar con el Congreso la reorientación del proyecto de ley que pasa todos los CAS del Estado a la 728 o a la 276, en el sentido de que pasen al régimen de la ley de Servicio Civil que, como decíamos, da los mismos beneficios y derechos que la 728, pero con meritocracia y resolviendo, por añadidura, el problema de los bajos sueldos de los segmentos altos, técnicos y profesionales del Estado, ahora muy mal pagados. En realidad, no habría que dar ley alguna, pues para eso se dio precisamente la ley de Servicio Civil. Es cuestión de aplicarla, aunque quizá se pueda aprovechar para hacerle las mejoras que requiera.

Reingeniería en entidades clave

Ahora bien, dentro del marco general de la meritocracia, hay entidades que necesitan una reingeniería profunda para reorientar su organización en función de metas y resultados dejando de lado vicios y corruptelas de naturaleza patrimonialista. El propio proceso de la ley de Servicio Civil ya es un paso hacia eso. Pero hay entidades como el Servicio Integral de Salud (SIS), por ejemplo, que requieren una reingeniería completa, sobre la base de un concepto diferente. Es lo que venía haciendo el Dr. Moisés Rosas en los últimos 10 meses en el SIS, hasta que fue cesado por el ex ministro Abel Salinas. El Premier Villanueva, felizmente, ha reconocido ese esfuerzo y ha avalado su continuidad. Significa que el SIS funcione como un seguro de riesgos, que contrate no con el establecimiento sino con la red para que los recursos se orienten a reforzar el nivel básico a fin de que haya menos gasto en el más complejo, y que se pague en la medida en que los pacientes no tengan que pagar por los medicamentos y haya menos derivaciones innecesarias a clínicas particulares. Por supuesto, concesionar la gerencia de los hospitales debería ser una reforma complementaria a la anterior, a fin de asegurar eficiencia en el servicio. 

Otro ejemplo es el reciente cambio del sistema de inversión pública. Hemos pasado al Invierte.pe. Esto debe perfeccionarse, y dar el salto al Plan Nacional de Infraestructura, para sacar los proyectos del tráfico político o colusorio. Al mismo tiempo debe avanzarse hacia una verdadera modernización y potenciación de Proinversión, que ha quedado a medias.  

También están marcha, con mayor o menos velocidad e intensidad, y con avances y retrocesos, procesos de reforma y modernización en el Poder Judicial y el Ministerio Público, en la Policía, en Educación, en Provías, la ONP, etc.

Pero hay áreas en las cuales estamos en cero: el proceso de descentralización, por ejemplo, iniciado el 2002, que ha tenido una serie de problemas y necesita una revisión profunda, no solo por los niveles clamorosos de ineficiencia estatal prevalecientes en muchos gobiernos sub-nacionales, sino porque parte importante del crimen organizado está vinculado a autoridades locales o regionales que aprovechan la cuasi feudalización del país para asaltar los recursos fiscales. 

Pues bien, necesitaríamos instancias de impulso y monitoreo de estos procesos. Sea en la PCM, sea en el MEF. Algunos presupuestos por resultados deberían incluir metas de reforma.

Por supuesto, la reforma política es fundamental para reconstruir la autoridad central y el carácter unitario del Estado, que requiere de un sistema de partidos y de representación funcional. Pero esta es una tarea del Congreso.

Imperio de la ley

Para empujar y monitorear la modernización del sistema judicial, indispensable para implantar el gobierno de la ley en nuestro país, tendríamos que retomar y fortalecer el Acuerdo Nacional por la Justicia, pero incluyendo al Ministro del Interior entre sus miembros, y especializando una oficina en el ministerio de Justicia para ese fin. La gestión de los préstamos del Banco Mundial ($100 millones) y del BID ($100 millones) para implantar el expediente digital en el Poder Judicial, el Ministerio Público y la PNP, debería ser el centro neurálgico del impulso a la reforma del sistema judicial y al propio Acuerdo Nacional por la Justicia.   

Aquí sería bueno, además, conformar una comisión de expertos nacionales e internaciones que sugieran lineamientos para la reforma del sistema judicial, que alimenten al mencionado Acuerdo por la Justicia, pero también al Congreso. Quizá la reforma clave acá es la de la Corte Suprema, que debería reducirse a pocos miembros de muy alto nivel ocupados en un número reducido de casos paradigmáticos que permitan sentar jurisprudencia predictible para, de paso, prevenir la corrupción. Si mejoramos la cabeza, el cuerpo se arregla.

Una constatación es que en nuestro país la justicia penal no ha descendido aun a niveles locales. Funciona con deficiencias para el gran delito, pero no para el pequeño. Deberíamos ir avanzando en la descentralización distrital de la justicia penal de modo de juntar en un solo local a la Policía, el fiscal, el juez y una pequeña carceleta pera penas cortas –de días o semanas- para delitos menores, a fin de terminar con la impunidad, madre de la inseguridad y la delincuencia mayor. Y retomar de esta manera los abandonados juzgados de flagrancia. Es la atención primaria de la justicia penal.

Este proyecto podría tener la colaboración económica de las municipalidades distritales, las principales interesadas en proporcionar los locales respectivos. Es un asunto de gestión y coordinación.

La gran tarea pendiente en nuestro país es el imperio de la ley. La manera de comenzar es con la pequeña delincuencia, en los barrios, castigando con penas cortas y resocializando a los infractores. Y retomado estrategias preventivas complementarias como Barrio Seguro, que habría sido increíblemente abandonada.  

Informalidad y productividad 

Pero una manifestación clara de ausencia de ley, de la inexistencia del Estado como cuerpo legal, es la extendidísima informalidad, que significa que la mayor parte de los peruanos actúa fuera de las normas del Estado. Fuera de la ley. Para resolver eso se requiere un conjunto de reformas, sobre las que ya nos explayado en otros informes, tales como la reforma tributaria, avanzando a un sistema tributario único y digitalizado que le haga su liquidación al pequeño; las reformas laborales y, en general, el impulso a la inversión privada para incrementar la dotación de capital en nuestro país, lo que a su vez requiere de las reformas anteriores. 

Un sector importante en la informalidad es la minería informal. Allí tenemos que avanzar a una verdadera simplificación que permita la formalización. Lo que hemos hecho hasta ahora ha tenido efectos muy limitados.

Los esfuerzos de relación comunitaria que han desarrollado las empresas mineras deberían sistematizarse en una doctrina, que incluya como herramienta fundamental la masificación del Sierra Productiva, ya no solo para facilitar la inversión minera, sino para sacar de la pobreza a la Sierra entera en un plazo de tres años. La alianza entre minería y agricultura debería ser el siguiente gran paso adelante. El ministerio de Agricultura debe revisar sus políticas de desarrollo rural, que no han sido efectivas, en esta línea.

El Perú saldrá adelante si toma conciencia del proceso de modernización en el que se encuentra desde los 90, de las reformas que requiere y de las grandes y pequeñas tareas pendientes para lograrlo. Si se comprende que hay un proceso y que hay avanzar. Que la mejora es continua y no puede detenerse.

Ad portas del proceso electoral para elegir a un nuevo presidente del Perú, Lampadia decide abrir esta sección destinada a debatir y proponer las reformas que se requieren para construir el Estado del Siglo XXI que necesitamos, una tarea impostergable si queremos recuperar la gobernabilidad que nos permita seguir creciendo y reduciendo la pobreza.

Pues no cabe duda que además de recuperar el ritmo de crecimiento de la economía,  esa tendrá que ser la principal labor del próximo gobierno. En los últimos 15 años hemos tenido desarrollo económico pero no desarrollo institucional. No tenemos todavía un Estado fuerte, moderno, profesional, meritocrático y eficiente. En algunos temas hemos retrocedido.

Por un lado, el Estado ha perdido control. El Estado logró reconstruirse parcialmente luego del colapso de fines de los ochenta, pero luego ha perdido control, autoridad y capacidad de gobierno. Ha crecido la economía pero también la inseguridad, el crimen organizado, las mafias y los poderes locales anti inversión. Hay zonas liberadas en el territorio y también en algunas empresas estatales. La descentralización ha alimentado el proceso de fragmentación partidaria y política, jaqueando el gobierno unitario. [sin que las propias autoridades regionales asuman sus nuevas responsabilidades y dejen de ¡reclamar la presencia del Estado’]

Por otro lado, gracias al crecimiento de la economía, hemos avanzado en inclusión social -reducido la pobreza y la desigualdad-, pero no hemos avanzado en inclusión legal, ciudadana. La informalidad es altísima. No tenemos una República de ciudadanos. Pues tenemos un Estado y una legalidad excluyentes.

Parafraseando a Madelaine Albright se puede decir que: Tenemos un sector privado que habla el lenguaje del Siglo XXI, un Estado que escucha con los oídos del Siglo XX y políticos que proponen las ideas del Siglo XIX.

Necesitamos, en ese sentido, dos grandes tipos de reformas. Unas destinadas a construir un Estado fuerte, moderno, meritocrático, capaz de garantizar el imperio de la ley en todo el territorio y brindar servicios eficientes.

Y otras destinadas a crear una república de ciudadanos, a incorporar al Estado legal, a la formalidad, a la mayor parte de peruanos, mediante una legalidad más inclusiva, flexible y consultada.

1. Reformas fortalecedoras del Estado (imperio de la ley, meritocracia y mejores servicios públicos)

• Reforma política para reconstruir sistema de partidos y canales de representación

• Reforma del sistema policial-fiscal-judicial-penal
  • Reforma del Ministerio Público y del Poder Judicial
  • Reforma de la Policía
  • Mejora de la implementación del nuevo código procesal
    • Atención primaria de la justicia penal y juicios en flagrancia
    • Concesionar penales

• Profesionalizar y meritocratizar el Estado
  • Reforma del Servicio Civil (reingeniería de entidades públicas, simplificación)
  • Presupuesto por resultados

• Reforma de la descentralización: redistribución racional de competencias y fortalecimiento de la autoridad central (capacidad de control, monitoreo e intervención en casos de falencia de algún servicio)
  • Servicio civil
  • Recaudación del predial y arbitrios

• Educación
  • Carrera magisterial meritocrática
  • Gestión: empoderamiento de directores
  • Aprendizajes en tablets con tecnologías de la información
  • Ley universitaria y Ponteencarrera.pe
  • Liberalizar Institutos y educación dual           
• Salud y Essalud: separar financiación de prestación           
• Reforma de las Empresas Públicas de Saneamiento
  • Rellenos sanitarios y plantas de tratamiento de aguas residuales                       
• Planificación urbana

2. Reformas flexibilizadoras para la inclusión ciudadana:

• Tributaria: bajar las tasas nominales y modernizar la SUNAT (simplificar y facilitar los procesos)

• Laboral: flexibilizar la extrema rigidez laboral y bajar los costos de la formalidad

• Regulatoria: disminuir requisitos y exigencias en todos los sectores. Prepublicación y estudio de impacto regulatorio
  • Simplificación administrativa
  • Fortalecer capacidad derogatoria de barreras burocráticas de   Indecopi
  • Gobierno electrónico
  • Gobierno Abierto
  • Hacer evaluaciones costo-beneficio rigurosas de las normas

• Programa de titulación individual al interior de comunidades campesinas

• Formalización de la minería informal

• Reorientación de los programas sociales hacia productivos: Sierra Productiva

Lampadia se propone desarrollar y recoger propuestas acerca de cada una de estas reformas como una contribución al desarrollo integral del Perú, al debate electoral y a la agenda del próximo gobierno. Para ello contará con el aporte especial de Jaime de Althaus y de aquellos especialistas que invite a colaborar en el debate sobre el diseño del Estado del Siglo XXI que debemos construir. 

Invitamos a nuestros lectores y a especialistas en los temas del Estado a hacernos llegar sus contribuciones, las que difundiremos fomentando un necesario debate nacional. (contacto@lampadia.com.pe). Lampadia

Ahora que nuestra economía se desacelera y, por ende, nuestro camino hacia el desarrollo se complica, parece pertinente repasar que condiciones llevaron a las naciones al progreso. El 2012, el historiador británico Niall Ferguson dio inicio a un enorme revuelo y a acalorados debates tras publicar “Civilización: Occidente y el resto”. Ferguson, en una prueba de erudición y enorme capacidad narrativa, efectúa en esta obra un repaso por la historia de los últimos cinco siglos con el propósito de  responder la siguiente pregunta: “¿Qué tenía la civilización de Europa occidental a partir del siglo XV que le permitió triunfar sobre los imperios en ‘apariencia’ superiores de Oriente?” Es decir, ¿que llevó a la que él denomina “civilización occidental” a alcanzar la hegemonía global cuando en el 1500 era más atrasada y caótica que los poderosos imperios chino, otomano y mongol? 

Ferguson inicia su amplia disquisición definiendo el término “civilización”. El historiador, aleja a este concepto de los aspectos culturales, artísticos y de refinamiento a los que se le suele vincular y lo aterriza en elementos más básicos de la vida y condición humana. “Una civilización es la mayor unidad de organización humana… Las civilizaciones son en parte una respuesta práctica de las poblaciones humanas a su entorno –a las necesidades de comer, beber, abrigarse y defenderse-, pero tienen también un carácter cultural; a menudo aunque no siempre religioso; y a menudo aunque no siempre de comunidad lingüística”, señala.

La civilización occidental tal y como la conocemos hoy se forjo en la Europa del siglo XV, fue allí que se gestaron seis condiciones que la llevaron a obtener la supremacía mundial hasta el presente siglo, en la que como señala Ferguson, empieza a ser desplazada por la civilización asiática. Occidente estaría perdiendo el monopolio de sus  “resortes de poder”, mientras el Oriente crece sobre nuevas fortalezas. 

Estas seis “complejas instituciones” fueron la clave. “Para utilizar el lenguaje del informatizado y sincronizado mundo de hoy, podríamos decir que estas fueron seis aplicaciones asesinas (lo que en inglés se conoce como killers apps), las que permitieron a una minoría de la humanidad originaria del extremo occidental de Euroasia, dominar al mundo durante casi medio milenio”. “Killer App” se usa en el mundo de las aplicaciones (Apps) para denominar aquellas que al adoptarse eliminan el uso de otras. Por ejemplo, el correo electrónico desplazó al correo tradicional. Así estas nuevas instituciones fueron adoptadas de tal forma que eliminaron antiguos comportamientos y conductas.

1. “Competencia: una descentralización tanto de la vida política como económica, que sirvió de trampolín tanto a los estados-nación como al capitalismo”. La fragmentación política de la Europa de entonces llevó a una competencia por buscar la supremacía, que permitió el surgimiento de instituciones políticas y económicas más modernas y versátiles.
2. “Ciencia: un modo de estudiar, comprender y, en última instancia transformar el mundo natural, que dio a Occidente (entre otras cosas) una importante ventaja militar sobre el resto del mundo”. El método científico permitió el desarrollo. 
3. “Derechos de propiedad: El imperio de la Ley como medio de protección para los propietarios privados y para resolver pacíficamente las disputas entre ellos, constituyó una base más estable para la formación de gobiernos representativos”. Los ciudadanos-propietarios forman y defienden a los estados democráticos. Son la base sobre la que se construyen las repúblicas.
4. “Medicina: una rama de la ciencia que permitió una importante mejora de la salud y la esperanza de vida, y que se inició en las sociedades occidentales, pero también en sus colonias”.
5. “La sociedad de consumo: una forma de vida material en la que la producción y la compra de ropa y otros bienes de consumo desempeñan un papel económico central, sin la que la Revolución industrial habría sido insostenible”.
6. “La ética del trabajo: un marco moral y un modo de actividad derivado (entre otras fuentes) del cristianismo protestante, que proporciona el pegamento que mantiene unida la sociedad dinámica y potencialmente inestable creada por las aplicaciones”.

Aunque se puede discutir sobre estas condiciones y si son enteramente occidentales o no. Lo que es cierto es que la construcciones de los modelos políticos occidentales, la forma en que se organizaron los Estados de hoy, surgieron en Europa. Su aplicación ha servido para que, incluso las naciones asiáticas salten al desarrollo.

Todos los estados del siglo XX adoptaron el funcionamiento del Estado occidental, lo imitaron y siguieron los tres modelos que surgieron en Occidente: el capitalismo liberal, el nacionalsocialismo o fachismo y el comunismo. Luego de 1945, el segundo fue descartado y entre 1989 y 1991, tras el derrumbe del imperio soviético el último entró en desuso.

Así, ni la crisis del 2008 ha generado que se adopten otros modelos, aunque del Asia aparezcan construcciones políticas que por eficiencia amenacen a la democracia liberal como la hemos concebido hasta hoy (Ver en Lampadia (L): Bienestar y buenas instituciones, fundamentales, para la democracia) . No así, el manejo económico, el sistema de libre mercado adoptado en Asia y en especial en China, luego del comunismo maoísta, ha probado con creces su capacidad para combatir la pobreza y llevar al desarrollo a las naciones (Ver en L: ¿Crisis china? ¡Miremos al monstruo sin soponcios! e Instalemos un Estado Meritocrático en el Perú).

Lo que viene está aún por definirse, como advierte Ferguson, no hay futuro, sino futuros posibles. Predecir hacia dónde va la humanidad es difícil, pero todo apunta a que Oriente recuperará la supremacía que perdió hace quinientos años.

Por ende, los peruanos haríamos bien en reflexionar en cómo nos moveremos en ese nuevo escenario global. Recordemos las palabras de Ferguson en Chile hace unos meses: “Están ejerciendo su derecho a ser estúpidos”. Definamos si estamos dispuestos a para dar un gran salto adelante: fortaleciendo nuestra economía de mercado, reformando nuestras instituciones e implantando la meritocracia y la Gobernanza en el Estado, combinando algunos de los pilares de occidente con las nuevas fortalezas públicas de oriente, como la meritocracia en el Estado. Lampadia