La Cuadratura del Círculo es un espacio producido por IIG – Infraestructura institucionalidad y Gestión, con la colaboración de Lampadia como media partner.

Presentamos el siguiente video sobre cambiar la Constitución no resuelve nada.

Participa como invitado Carlos Oliva, presidente del Consejo Fiscal, junto con Gonzalo Prialé, Fernando Cillóniz y Rodrigo Acha, asociados de IIG.

Reflexiones de Carlos Oliva

Las proyecciones del MEF delinean una senda de recuperación fiscal. Pero parecen ser más una aspiración que un pronóstico realista. Tiene dos grandes supuestos:

• que vamos a crecer más del 4% a partir del año 2022, hasta el año 2030.
• Que vamos a conseguir 0.7% de PBI en ingresos tributarios permanentes

Si se dan estos supuestos, podríamos llegar a un nivel de deuda de 36% de acá a 5, 6 años.

Pero estos supuestos son muy grandes.

En el tema tributario hay muchas cosas que se pueden hacer sin subir tasas. Quizás la única tasa que se puede subir es la del IGV. Un punto del IGV no causaría mucho daño.

En la lucha contra la evasión se puede tratar de regresar al nivel de evasión de 2014. Nos puede dar casi un punto de mayor recaudación. Bajar la tasa de evasión del IGV de 33% a 28%, y en el impuesto a la renta bajar 4 o 5 puntos.

Hay pues un camino trazado. La gran pregunta es si el próximo gobierno será capaz de materializar esto.

Sobre la Constitución, se puede decir que gran parte de las ganancias económicas y parcialmente sociales, se deben a lo establecido en la Constitución.

La autonomía del banco central es angular. La iniciativa de gasto en el Congreso es una medida indispensable en nuestro país, aunque recientemente vulnerada. La autonomía de la SBS. El rol subsidiario del Estado es clave.

Yo no veo la necesidad de hacer un cambio en ese capítulo (el económico). Quizás otros temas sí, como establecer dos cámaras en el Congreso.

En el ámbito económico no veo la necesidad de hacer ningún cambio. ¿Por qué?. Porque los resultados están a la vista.

• Se ha aumentado el PBI
• La tasa de crecimiento de los últimos 20 años ha sido en promedio casi 5%
• El PBI percápita en dólares, se ha triplicado
• La pobreza ha disminuído
• La desigualdad también ha disminuído en 3 o 4 puntos.

Por otro lado la Constitución establece donde sí debe estar el Estado. Promoción del empleo, educación, salud, seguridad ciudadana, servicios públicos, etc. Y justamente en esto es que hemos avanzado menos.

Claramente, el tema es mejorar la eficiencia del Estado. No es darle más responsabilidades. Ni siquiera con lo que está en la Constitución puede, entonces como le quieres dar una mayor preponderancia en el capítulo económico.

• Promoción del empleo: informalidad 70%
• Educación: últimos en la prueba Pisa
• Salud: anemia 42%
• Seguridad ciudadana: tasa de victimización 60%
• Servicios básicos: gente sin agua potable

Donde miremos, lo que es responsabilidad del Estado, no lo estamos cumpliendo.

Por lo tanto, el análisis para mejorar tendría que ser al revés. Pásale a otros lo que no puedes hacer.

Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia

La reforma del sistema de pensiones tenía que priorizar la falta de cobertura, el mayor problema actual. El 70% de los peruanos no tienen respaldo para la vejez.

Pero la bendita ‘comisión especial multipartidaria encargada de evaluar, diseñar y proponer el proyecto para la reforma integral del sistema previsional peruano’, se dedicó a malograr lo que mejor funciona, el Sistema Privado de Pensiones (SPP).

Actualmente, el SPP da una pensión promedio de S/. 1,181, a diferencia de los S/. 784 que da el sistema público de la ONP, que solo cubre a los que hayan aportado 20 años (el 60% se queda sin nada).

Además, es muy notorio que, a la fecha, de los 100,000 millones de soles que se han generado en el SPP, dos tercios son producto de la rentabilidad acumulada, gracias al efecto ‘mágico’ de la tasa de interés compuesto. (Por ejemplo, 10 soles aportados a los 18 años, con un rendimiento anual de 7%, genera 240 soles a la edad de 65 años).

Fuente: AFP Horizonte

Todos los intentos de llevar a los informales a afiliarse a un sistema de pensiones, han fracasado. Por esta razón, en Lampadia, en enero del 2014, propusimos un modelo de generación de pensiones que no se basara en la renta, como actualmente, sino en el gasto. La idea es usar los pagos individuales de IGV como fuente de aportes individuales para la formación de fondos previsionales.

El sistema establecería que todos los ciudadanos, desde la edad de 18 años, aporten a su fondo individual de pensiones una parte de lo que paguen por IGV cada vez que consuman. En otras palabras, cada vez que un ciudadano consuma, el Estado le devolvería para su fondo individual, digamos cinco puntos de los 18 pagados por IGV.

Veamos una simulación de rangos de aportes:

Estos cálculos están basados en que una persona con un ingreso mensual de S/. 1,500, que consume el 80% de su ingreso, podrá obtener, con sus consumos realizados entre los 20 y 65 años, destinando un punto de IGV (1 de 18) de sus compras a su fondo individual, con una rentabilidad real anual de 7%, una renta vitalicia equivalente de S/. 181. Esto le daría una tasa de reemplazo (es decir la pensión obtenida como fracción del ingreso obtenido durante la etapa laboral) de 12.1%. Con 5 puntos de aporte, la pensión llegaría a 905 soles y la tasa de reemplazo sería del orden de 60.5%.

Este modelo previsional permitiría lograr un sistema Universal, Voluntario, Formalizador y Autofinanciado. Ver en Lampadia: Pensión para todos.

De esta manera, los trabajadores independientes, informales o no, que no cuentan con ingresos por planilla, pueden tener acceso al sistema de pensiones. El incentivo de recibir una pensión por pagos de IGV ya efectuados (a pérdida desde el punto de vista del ciudadano), debe ser suficiente para que todos pidamos comprobantes de pago, formalicemos el empleo y aumentemos la recaudación efectiva de IGV, que hoy no pasa de 10%.

El sistema previsional no es un juego. Es un tema que determina la calidad de vida de nuestros ciudadanos después de su vida laboral y, además, la salud fiscal del Estado.

En general los sistemas pensionarios son un fracaso en la gran mayoría de países, incluyendo a los países más ricos. El modelo tradicional para el manejo de las pensiones es el sistema de reparto. Un sistema en el que los trabajadores mantienen con sus aportes corrientes a los jubilados, una suerte de ruleta, en la cual ellos también serán mantenidos por los futuros trabajadores.

Más allá de la ineficiencia de los estados para administrar fondos, todo funcionaba teóricamente hasta que se empezó a alargar la esperanza de vida. Todos los modelos de reparto entraron en déficit, creando inmensos huecos fiscales que muchas veces superan el PBI de sus economías, o en países más pobres dejando a los jubilados con pensiones miserables.

Afortunadamente, hace unos 40 años, en Chile, se creó el sistema de cuentas individuales de ahorro para pensiones sujetos a capitalización individual, manejados por especialistas financieros privados.

Esto transformó el tema de las pensiones y lo hizo sostenible financieramente. Este modelo fue adoptado por muchos países, con distintas variantes, entre ellos el Perú desde 1993.

Pero en el Perú, sobre la base de un desconocimiento generalizado del tema pensionario, y por la natural preferencia de lo actual sobre lo futuro, nuestros políticos han encontrado un espacio para hacer populismo con propuestas engañosas. Entre el retiro del 95.5% al momento de la jubilación, los retiros anticipados, y las devoluciones de aportes, se está condenando a millones de peruanos a no tener pensiones, y eventualmente al Estado, a tener que responder con alguna variante de la limitada pensión 65.

La comisión de reforma ha recibido múltiples recomendaciones, que han tirado en saco roto. En lugar de construir sobre lo avanzado y de mejorar el sistema, pretende regresar a pensiones administradas por el Estado con un componente importante de reparto, con una canasta común financiada por aportes individuales. Ver en Lampadia: Se viene un camello para el manejo de las pensiones.

La propuesta de la comisión de reforma es regresiva, anti moderna y empobrecedora de la calidad de vida de los peruanos. Tenemos que salir al frente para evitar semejante despropósito. Lampadia

Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia

Bien dicen que “un camello es un caballo diseñado por un comité”. Frase fue atribuida a Sir Alec Issigonis, célebre diseñador del Mini.

El proceso es más o menos así: unos pocos diseñan un buen producto -> es exitoso -> la empresa crece -> se incorporan expertos en cada aspecto del problema -> el próximo producto es diseñado por un comité de treinta expertos -> el nuevo producto es una catástrofe.

Fuente: https://danielrabinovich.com/2012/12/05/un-camello-es-un-caballo-disenado-por-comite/

CABALLO 1993, CAMELLO 1991, SCHLEICH (Alemania)

La comisión parlamentaria responsable responde al pomposo título de: COMISIÓN ESPECIAL MULTIPARTIDARIA ENCARGADA DE EVALUAR, DISEÑAR Y PROPONER EL PROYECTO PARA LA REFORMA INTEGRAL DEL SISTEMA PREVISIONAL PERUANO

Está presidida por Carmen Omonte Durand (Alianza para el Progreso) y se encuentra compuesta por los congresistas Jorge Vásquez (Acción Popular), María Teresa Céspedes Cárdenas (Frepap), Martha Chávez (Fuerza Popular), Rubén Pantoja (Unión por el Perú), Cecilia García (Podemos Perú), Jorge Pérez (Somos Perú), José Núñez (Partido Morado) y Enrique Fernández Chacón (Frente Amplio).

La comisión ha tomado varios meses para desarrollar su trabajo y ha entrevistado a todas las autoridades vinculadas al tema pensionario, como la SBS, el BCRP, el MEF; además de la ONP, las AFPs, gremios empresariales, analistas peruanos y consultores internacionales.

A la fecha ya ha divulgado su esquema, que podemos apreciar en las siguientes láminas:

Como se vió durante todo el proceso de la comisión, con el fin de acoger a todos los trabajadores se crearían tres pilares: en la base, uno dirigido a proteger a los más pobres, una evolución de Pensión 65; luego, un pilar contributivo, que agrupa a lo actualmente atendido por la ONP y las AFPs; y un pilar para aportes adicionales voluntarios. Como veremos más adelante, el problema está en el muy importante pilar contributivo.

El primer pilar es de carácter no contributivo, está a cargo del Estado y sus beneficios pensionarios dependerán de las capacidades fiscales del Estado.

Este pilar establece contribuciones a cuentas individuales, obligatorias para los trabajadores dependientes, a cargo del trabajador y el empleador.

Parte de los aportes irían a una cuenta común de carácter redistributivo, administrado por el Estado. Un retroceso gravísimo, sabiéndose que la mejor manera de multiplicar los aportes es con un sistema privado de cuentas individuales, donde el afiliado puede optar por distintos niveles de riesgo de los fondos que sustentan su ahorro pensionario. Por lo demás, la solidaridad debe ser una tarea del Estado, a cargo de los impuestos que se recaudan de ciudadanos y empresas. Con este mecanismo se estaría disminuyendo drásticamente la tasa de reemplazo, o sea, el volumen de las pensiones en relación a los ingresos individuales, anteriores a la jubilación.

Se supone que uno de los principales objetivos de la reforma era el universalizar el sistema de pensiones, pero no se establece ningún incentivo importante para conseguir que los independientes se afilien. Por lo tanto, la mayoría de ellos terminará en Pensión 65.

Se ha hecho caso omiso de las múltiples sugerencias de usar parte de los pagos por IGV como fuente de aportes individuales, como incluso llegaron a sugerir algunas de las autoridades consultadas. El uso del IGV fue la propuesta de Lampadia de enero del 2004. Ver: Sin politiquería – Pensión para Todos.

En una entrevista en Gestión, la presidente de la comisión menciona el posible uso del IGV, pero el documento de la comisión no lo menciona. En todo caso, los aportes via IGV debieron ser la base del sistema de acogimiento de los trabajadores independientes.

Este último pilar no tiene mayor importancia, pues es básicamente un sistema de ahorro voluntario de menor impacto social.

También se habla en la comisión de la posibilidad de que el Estado pueda dar un capital semilla a cada ciudadano, pero esto es más costoso que el uso del IGV sin el beneficio formalizador de este.

De lo que se ha podido conocer, la comisión estaría recomendando multiplicar el número de agentes pensionarios para la parte privada individual. En Lampadia no creemos que esta es una buena idea. Es mejor tener instituciones especializadas donde se eviten conflictos de interés.

En resumen, podemos decir que la comisión ha desaprovechado múltiples consejos y se ha dedicado a inventar lo que peyorativamente podemos calificar como un camello, en vez del diseño de un caballo, como se les encargó.

Reiteramos que lo más importante era buscar un modelo de cobertura universal, que solo se puede lograr asegurando la afiliación de los independientes; como se puede hacer, por ejemplo, aprovechando los pagos de IGV, con el beneficio colateral de formalizar el trabajo. Lampadia

Víctor Shiguiyama
Exjefe de la SUNAT
Para Lampadia

Recientemente, el Ministro de Hacienda de Chile, Ignacio Briones abrió la posibilidad de generar un nuevo mecanismo para financiar las pensiones a través del consumo. Plantea la posibilidad de generar un ahorro individual a partir de los consumos de cada ciudadano.

Esta es una idea que tuvimos la oportunidad de plantear desde Sunat[1], cuando se inició el proceso de generalización del comprobante de pago electrónico, que es sin duda el medio tecnológico que permitiría este cambio paradigmático en el sistema de financiamiento de la protección social de nuestro país.

Con la crisis sanitaria desencadenada desde comienzos de año, queda claro que mantener al 70% de la población excluida de un sistema de protección social hace poco viable el desarrollo y bienestar sostenible del Perú. Adicionalmente a generar una mayor informalidad laboral, se está convirtiendo en un impresionante catalizador para la adopción de la transformación digital que ya estaba en curso (y que ni los más optimistas visionarios de la Cuarta Revolución Industrial hubieran soñado).

La informalidad, la pérdida de mercados, la economía de encargo (gig economy), los cambios en los modelos empresariales como las economías de plataforma, nos obliga a repensar los escenarios para brindar protección a la población. Finalmente, recordemos que la tributación y los diferentes sistemas de gobierno tienen como objetivo último la protección y el bienestar de las personas.

Una propuesta para derivar la demanda de bienes y servicios hacia los mercados formales, es proporcionar un beneficio en base al consumo, donde podríamos aplicar por ejemplo una fórmula como el 1,2,4 donde 1 punto porcentual (pp) del IGV pagado se le devuelve al consumidor (cash back) o permite una reducción inmediata (a lo Uruguay) para los pagos con medio electrónico; 2pp al fondo de salud y 4pp al fondo de pensiones. Todos estos aportes a cuenta individual y gestionados automáticamente por Sunat, basados en la boleta electrónica.

El 1pp de cash-back podría ser empleado para pago a cuenta del impuesto a la renta, incluso podría estudiarse un mayor reconocimiento si fuera así, de tal manera que el valor percibido de este monto sea mayor para aquellos contribuyentes que reportan la totalidad de sus ingresos y están dispuestos a un cumplimiento cabal de sus obligaciones tributarias. Podría incorporarse mecanismos para que estos puntos del IGV sirvan como pago de servicios esenciales o para el pago de impuestos al patrimonio como el predial, siendo aun muy bajo, resulta muy complicado elevarlo en el corto plazo.

Además, a vista de la pandemia, es fundamental encaminarnos hacia la universalización del seguro de salud, otorgando al 100% de peruanos un acceso a capa universal, no importando si aporta o no (actualmente tenemos más del 90% con algún sistema: 20 millones con SIS, 11 millones con ESSALUD y 1 millón en FFAA y PNP). Pero también debe quedar claro que para sostener este deseo, es fundamental incrementar los ingresos fiscales.

Las aportaciones para la protección social universal, tendrían tres fuentes de origen: las tradicionales en base a los aportes por ser un trabajador dependiente (que debieran ser menores al 9% actual de ESSALUD o sus prestaciones ser mucho mejores, porque la capa básica sería universal), por aportes o pagos voluntarios como los que actualmente sucede con seguros privados, y la tercera (2pp del IGV) en base a las compras formales que realiza un ciudadano (al pedir boleta con su DNI).

Los 4pp planteados para fondo de pensiones, deberían ser una nueva formulación de aportes donde el fondo queda en manos del Estado para obras de infraestructura. Una primera idea es que capitalice a tasas similares a bonos o deuda pública, considerando que sería una cuenta por pagar del Estado a favor del futuro pensionista. Este fondo podría capitalizarse (transferirse) al fondo de pensiones de elección del ciudadano cada determinado tiempo (por ejemplo, cada 5 ó 10 años).

Aún hay muchos detalles por discutir aún, como los mecanismos para reducir la regresividad (aunque planteando la universalización, se garantiza la cobertura esencial), el rediseño o coordinación de los sistemas de salud, pensiones, y la masificación de medios digitales de pago.

Sin duda existe un riesgo de pérdida inicial de recaudación, como todo proceso de transición, pero es indispensable moverse rápido y cambiar el modelo actual que ha demostrado absoluta ineficacia, y pensar en las mejoras sostenibles de largo plazo. Y más aún cuando una crisis como la desencadenada por el Covid y que bien podría volver a ocurrir cada cierto tiempo, ha desnudado innumerables limitaciones, debilidades, riesgos y vulnerabilidades de las actuales políticas públicas y arreglos institucionales de nuestro país.

El impacto en la caja fiscal puede ser acotado, especialmente si consideramos que actualmente las pensiones y la salud dependen de recursos corrientes, pero el cambio que se puede generar en el comportamiento de los ciudadanos puede ser fundamental, para lograr un mayor bienestar y desarrollo del Perú.

En esencia podríamos desarrollar un programa de fidelización del ciudadano que compra formal, donde lo que paga por IGV tendría un mayor valor percibido que el propio cash, de tal manera que se genere competencia real contra la informalidad. Así, a más formalidad, mayores beneficios. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 12 de junio de 2020
Para Lampadia

Proponer – como proponen muchos – que “hay que formalizar a los informales” es una verdad de Perogrullo. Una tautología. En otras palabras… una estupidez. ¡Claro que hay que formalizar a los informales! La cuestión es ¿cómo?

Espero que no lo tomen a mal, pero proponer “formalizar a los informales” es como aquel letrero colgado en la puerta una tienda de Palencia – España que dice: “Abrimos cuando llegamos, cerramos cuando nos vamos, y si vienes y no estamos, es que no coincidimos”. Así son las perogrulladas.

Bromas aparte… más allá de las implicancias tributarias y laborales, la informalidad hizo fracasar la cuarentena. Obvio. La informalidad – por definición – opera al margen de la legalidad. No acata las disposiciones del Estado. Por ello fracasó la cuarentena. Por otro lado, el programa Reactiva Perú fracasó porque el financiamiento no llegó a los informales. Y así por el estilo.

El problema de la informalidad es muy grave. De su solución depende el bienestar y progreso de millones de peruanos. Por ello hay que tomar al toro por las astas, y resolver este tremendo problema nacional.

Entonces ¡vamos a eso! En primer lugar, hay que simplificar – y digitalizar – muchos trámites burocráticos en todos los estamentos del Estado… municipalidades, ministerios, poder judicial, etc. Incluso, en muchos casos hay que eliminar trámites inútiles. Efectivamente, hay muchos trámites que sólo sirven para que funcionarios corruptos chantajeen a los informales.

Segundo. Hay que bajar la tasa del Impuesto General a las Ventas (IGV). El 18% vigente es muy alto para formalizar a los informales. Un IGV de 10% facilitaría mucho el proceso de formalización. Y no me vengan con que caería la recaudación tributaria. ¡Falso! En economía hemos estudiado – hasta la saciedad – que cuando bajan las tasas tributarias, aumenta la actividad económica, se formaliza la economía, y al final se recauda igual – o incluso más – que con altos niveles de impuestos.

Simultáneamente, hay que reducir – mejor dicho, eliminar – los gastos estatales innecesarios. Al pan, pan; y al vino, vino. El Estado está atiborrado de Richard Swings que cuestan un montón de plata, y lo único que hacen es maltratar y chantajear a la ciudadanía. Y particularmente a los informales.

Tercero. ¡Hay que flexibilizar la legislación laboral! Pongamos en práctica el clamor de miles de pequeños empresarios… incluso de millones de trabajadores; sobre todo jóvenes. Seamos objetivos y pragmáticos… además de sinceros. La Ley General del Trabajo es un fracaso. Si no ¿cómo explicar el 70% – y más – de informalidad laboral en nuestro país? Y todo por las rigideces absurdas de la ley de marras.

¡No a la estabilidad laboral absoluta! La flexibilidad laboral formaliza el empleo, lo multiplica, y mejora las condiciones laborales y remunerativas en favor de los trabajadores. El Régimen Laboral Agrario es una muestra de ello.

Cuarto. Hay que propiciar la bancarización del sector informal mediante líneas de financiamiento a plazos y tasas competitivas. ¿Cómo? Abriendo el mercado local a empresas financieras internacionales especializadas en microfinanzas. Las tasas de interés que cobran los bancos locales a los pequeños empresarios son muy altas. Sobre todo, las tasas por el uso de tarjetas de crédito. Sin embargo, cabe aclarar… ¡Dios nos libre de una ley que ponga topes a las tasas de interés bancarias! Eso sería lo peor. Las tasas bancarias deben bajar como producto de una mucho mayor competencia entre la banca local con instituciones financieras del exterior.

Quinto. Capacitación. El Estado debería propiciar la capacitación técnica y administrativa a todo nivel, a través de instituciones de excelencia como SENATI, TECSUP, y otras similares. Capacitación en todo tipo de disciplinas productivas, comerciales, contables, financieras, informáticas, etc. En síntesis, capacitación en administración de negocios.

Por último – o sea, sexto – disponer de una fracción del IGV como fuente de aportes individuales para las pensiones de los respectivos compradores. En realidad, se trata de una propuesta de Lampadia, y de algunos especialistas en sistemas pensionarios que merece ser implementada. Una propuesta innovadora, justa, súper inclusiva, y claramente formalizadora.

Además de todo lo anterior, el Estado debe propiciar un vasto programa de inversiones en todos los ámbitos de la economía peruana – recursos naturales, industrias manufacturas, servicios y turismo, innovación y creatividad, infraestructura, salud, educación, vivienda, agua y saneamiento, etc. – para generar millones de puestos de trabajo… y mercados formales para pequeños y microempresarios.

¿Cómo formalizar a los informales? Pues ahí está mi propuesta. Lampadia

EDITORIAL DE LAMPADIA

La propuesta de Lampadia

Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia

Nuestro nuevo Congreso está en medio de un populismo exacerbado, y como no podía ser de otra manera, uno de los temas predilectos del desenfoque parlamentario es el de las pensiones.

Ya han legislado sobre el nefasto retiro del 25% de los fondos privados acumulados en el Sistema Privado de Pensiones (SPP). Han rechazado la propuesta del Ejecutivo para formar una comisión que estudie una posible reforma integral del sistema, y ya anunciaron su intención de apurar una reforma, seguramente desencaminada, dados los comentarios que se han adelantado.

Mientras tanto el MEF ha adelantado algunas ideas de reforma, que entre otras cosas habla de un modelo integral, sin la deficitaria e inconveniente ONP.

La verdad es que el sistema de pensiones sí necesita una reforma de raíz. No pensamos que este sea el mejor momento para emprenderla, pero ante la soltura de huesos de los congresistas para abocarse al tema, tenemos que reiterar nuestras propuestas al respecto.

Actualmente, el 70% de los trabajadores están excluidos de la cobertura de un sistema mínimo de pensiones. El 40% pertenece el SPP, pero menos de la mitad cotiza; el 27% pertenece el Sistema Nacional de Pensiones (SNP), pero solo el 7% tiene beneficios. Además, un 1% pertenece a otros regímenes.

La República. Elaboración: Kevin Zuñiga. Fuente: Consejo Evaluador de Pensiones/MEF

La cobertura de pensiones es largamente insuficiente. En buena medida porque el sistema está basado en los asalariados, los formales que deben aportar parte de su renta, cuando el 70% de los trabajadores son informales y no tienen obligación de cotizar.

Todos los intentos de llevar a los informales a afiliarse a un sistema de pensiones, han fracasado. Por esta razón, en Lampadia, en enero del 2014, propusimos un modelo de generación de pensiones que no se basara en la renta, como actualmente, sino en el gasto. La idea es usar los pagos individuales de IGV como fuente de aportes individuales para la formación de fondos previsionales.

El sistema establecería que todos los ciudadanos, desde la edad de 18 años, aporten a su fondo individual de pensiones una parte de lo que paguen por IGV cada vez que consuman. En otras palabras, cada vez que un ciudadano consuma, el Estado le devolvería para su fondo individual, digamos cinco puntos de los 18 pagados por IGV.

Veamos una simulación de rangos de aportes:

Estos cálculos están basados en que una persona con un ingreso mensual de S/. 1,500, que consume el 80% de su ingreso, podrá obtener, con sus consumos realizados entre los 20 y 65 años, destinando un punto de IGV de sus compras a su fondo individual, con una rentabilidad real anual de 7%, una renta vitalicia equivalente de S/. 181. Esto le daría una tasa de reemplazo (es decir la pensión obtenida como fracción del ingreso obtenido durante la etapa laboral) de 12.1%. Con 5 puntos de aporte, la pensión llegaría a 905 soles y la tasa de reemplazo sería del orden de 60.5%.

Este modelo previsional permitiría lograr un sistema de las siguientes característica:

• Universal
• Voluntario
• Formalizador
• Autofinanciado

Universal

Al definirse que los aportes se den mediante devoluciones de una parte de los pagos de IGV por parte de todos los ciudadanos desde los 18 años de edad, se supera la exclusión de los trabajadores independientes y se alargan los aportes al empezar a darse con anterioridad.

Voluntario

Algunos analistas criticaban que los aportes sobre la base de planillas de remuneraciones fueran obligatorios. Pues los aportes vía IGV no necesitan ser obligatorios, pues el incentivo del canje es más que suficiente para su adopción universal.

Formalizador

Una de las grandes ventajas del sistema propuesto es que propende a una acelerada formalización, puesto que, bastando el DNI, todos los ciudadanos mayores de 18 años pueden pasar a formar parte de los registros de aportantes y llevar la evasión del IGV hacia su eliminación. El canje de IGV por aportes individuales a fondos privados de pensiones, es muy atractivo para que se deje de hacer y, por lo tanto, que se deje de exigir comprobantes por todas las transacciones de los ciudadanos. Un aporte de 10 Soles a los 18 años, con un rendimiento promedio de 7% anual, representa 240 Soles a los 65 años.

Autofinanciado

Este es el tema que le cuesta más entender a la mayoría de economistas. Veamos:

• Actualmente se evade IGV por aproximadamente 6.5 puntos (de 18), algo que disminuiría sensiblemente.
• Con el sistema propuesto se puede cerrar el defectuoso sistema de la ONP que tiene un déficit fiscal de S/. 70,000 millones. Ver en Lampadia: ONP: Inclusión o Exclusión 
• El nuevo sistema permite que se vayan eliminando las exoneraciones de IGV, generando otra fuente de compensación financiera.
• Nuestro IGV nominal es muy alto, 18%. El IGV real no pasa de 8%, entre evasión e inafectaciones.
• Si asumimos una recaudación neta de IGV de 10% como sostenible a largo plazo, tendríamos espacio para promover el canje por aportes pensionarios.

Por lo tanto, puede estimarse que, en el largo plazo, el canje de IGV por pensiones individuales puede ser de una buena parte de 8 puntos del IGV nominal, suficiente para establecer un incentivo poderoso y volúmenes adecuados de pensiones. Ver en Lampadia: El IGV y las Pensiones.

Esta propuesta tiene seis años, solo ha sido recogida por algunos economistas y ha sido descartada por las AFPs, que prefieren seguir con un sistema cojo como el actual, que ya nos ha llevado a reacciones y normas equivocadas, como la del 95.5% y las que se airean estos días.

La propuesta de Lampadia debe ser complementada con una pensión mínima que compense a quienes no lleguena acumular suficientes aportes.

En su ámbito de vigencia, el SPP, para los afiliados aportantes, ha sido muy exitoso en rentabilidad y pensiones. Demos pues rescatar lo bueno que se ha logrado y llevarlo de manera realista hacia una cobertura universal.

Analicemos seriamente los aportes pensionarios individuales vía IGV. Lampadia

Álvaro Díaz Castro
Abogado en Derecho de la Empresa y Minero
Para Lampadia

“A veces no es cuestión de tener ideas nuevas, sino de dejar de tener ideas antiguas” Edwin H. Land

Hay consenso en el sentido que la exploración minera formal tiene importancia gravitante para asegurar el crecimiento del sector y del país, a la par que se van consolidando los sectores industriales, de servicios, turísticos, agrarios, innovación y pesqueros. De igual forma, estamos de acuerdo con que todas las actividades productivas y de servicios deben ser social y ambientalmente responsables. También se sabe que “de cada 1000 depósitos con presencia de mineral, 100 se convierten en prospecto minero, 10 se convierten en proyectos mineros y uno se convierte en mina” (Ing. Henry Luna C. -hoy Presidente de INGEMMET- – Lampadia 25 de mayo 2015). Son, sin la menor duda, emprendimientos de altísimo riesgo de inversión.

Si se halló ese uno en mil, lograr poner en operación una mina tiene su propia historia que requeriría no otro artículo sino algunos libros, para explicar los cientos de permisos requeridos para ello.

Volvamos a la exploración minera formal; es una labor de alto riesgo, costosa, temporal y bajo impacto ambiental y social, muy localizada (poca área) y controlada. No utiliza ni genera extraños reactivos o materiales peligrosos, excepto algunos comunes como combustible o bentonita (especie de cemento sellador).  Emplea equipos de perforación, palas, picos, depósitos impermeabilizados, camionetas, carpas y cocinitas portátiles. Claro que esto, más la mano de obra, permisos y logística, demanda algunos millones de dólares en inversión por cada exploración.

Y cuesta más porque, aun cuando es de mínimo impacto ambiental y de bajo riesgo en términos de seguridad, los gobiernos (en especial el del anterior quinquenio) han venido imponiendo trámites y requisitos complicados, además de plazos reales interminables para cada paso administrativo, solicitando también opiniones de aquí, de allá y de más allá, en una vorágine de desconcierto total. Por ejemplo, en alguno de esos momentos, querían que se presente una constancia de Registros Públicos, sin reparar que esta entidad no estaba facultada para emitirla (pero alguien pensó que era buena idea). Se tuvo que convencer a Registros Públicos para que diera algún tipo de certificación para satisfacer al burócrata que hacía tal requerimiento impulsado por “consultores-tramitólogos” o algún promotor del empleo en tramitomanía.

La realidad es la que señala Miguel Cardozo – CEO de Altura Minerals “Usted no puede pedir que un inversionista venga aquí y tenga que pasarse dos años para obtener un permiso y perforar…”; agrega Eugenio Ferrari presidente de la pasada proEXPLO “Hubo una secuencia de cambios y contracambios que se dieron en los últimos 10 años, que lamentablemente no ayudaron a que la exploración se dinamice…” (diario Gestión del 31 de mayo 2017).

Pero, si se logra iniciar la labor de exploración es necesario buscar un equivalente al libro de álgebra de Baldor frente a problemas antitécnicos o imprecisiones que aparecerán. No hay tablita de respuestas correctas al final del libro. Solo queda el persignarse y contar con ingenieros, abogados y técnicos que ayuden a salir de este” leguleyesco” laberinto: “nosotros hemos sentido que la legislación de exploraciones no ha tenido relación con la realidad de las exploraciones…. La regulación actual es muy inflexible, muy restrictiva y toma mucho tiempo” declaró Luis Marchese – presidente de la SNMPE.

Pongamos un ejemplo de la extraña forma de promocionar las inversiones en exploraciones: el Impuesto General a las Ventas (IGV) tiene la característica de que se aplica con el “efecto cascada”; es decir, uno paga el IGV al proveedor de bienes o servicios (a quien se le compra algo); este IGV pagado es un crédito fiscal a deducirse del IGV que a la empresa le paguen por los bienes que venda (la fórmula sería: IGV cobrado en la venta menos IGV pagado en las compras). Resulta, sin embargo, que en exploraciones sólo se compra y nada se vende.   Recién se venderá cuando el yacimiento se construya como mina y opere; recordemos, será sólo un caso de cada cien proyectos de exploración.

En todos los casos existe un crédito fiscal (dinero inmovilizado) que no se puede usar.   Para ello, se habilitó la devolución definitiva del IGV. Más que un beneficio es una equidad tributaria. 

El único tema es que para poder aplicar a la aprobación de dicha devolución uno debe tener el estudio de factibilidad de la exploración hecho y presentarlo, pero no podrá hacer valer ninguna compra efectuada para el proyecto de exploración hasta que no se apruebe el contrato de inversión correspondiente (por el cual autorizan la devolución definitiva del IGV). Este trámite dura algunos meses, tiempo en el cual es muy probable que el proyecto se ejecutó y cerró (recordemos que los proyectos de exploración son temporales). Por tanto, carece de objeto tener el contrato de inversión aprobado a destiempo. Cierto es que permiten se traslade a otra fase del proyecto y otro proyecto, pero quién sabe si habrá otra fase o proyecto, lo que no habrá es recuperación del IGV.  

Tal supuesta facilidad, que no es sino un acto de trato justo con el IGV, no resulta tan eficiente como se indica en los manuales para atraer la inversión minera al Perú.

Pero con todas sus deficiencias, ahora, tampoco existe. La comisión de economía del Congreso, haciendo gala de las mejores prácticas taurómaticas “chichuelinas” y “verónicas”, dice que ha concluido la posibilidad de este régimen de devolución del IGV, porque ningún ministerio lo sustentó como ellos desean, pese a tener clara conciencia de la importancia y trascendencia del tema, simplemente no saben / no opinan y dejan que, aunque hago daño al futuro del país, allí termina la vigencia de la norma. Actualmente se está tratando de revivir la norma, pero nadie puede ver con claridad el futuro de tal paciente.

Por supuesto, en el corto plazo, la larga fila de proveedores y trabajadores formales vinculados a las exploraciones serán directamente afectados con la muy probable reducción de estos proyectos. En el mediano y largo plazo, no habrá más proyectos nuevos que impulsen la economía formal peruana.

Nuestro vecino del norte, Ecuador, se ha puesto como objetivo más que duplicar la actividad minera al 2021, para ello lo primero que ha determinado, entre otras medidas, es la devolución del IGV.  Chile ha proyectado que recibirán inversiones mineras por más de 65 mil millones de dólares.

Recordemos que, al 2011, sólo el 0.28% del territorio peruano se había explorado y sólo se había explotado 0.82% de las reservas minerales, es decir, los rangos de producción son mínimos (Guía de negocios e inversión en el Perú 2014/2015 – Ministerio de Relaciones Exteriores/EY/Proinversión – pág.71), y lo más probable es que con las políticas y normativa existentes no cambié mucho el panorama.

Sin embargo, el crecimiento del PBI peruano en los últimos 20 años ha sido el mayor de América Latina con un 151.1% y con una de las más bajas inflaciones (Paulo Pantigoso – El Comercio 01 diciembre 2018). La actividad minera es la que explica gran parte de estos buenos 20 años y puede sustentar muchos años más si se dejara de trabarla. En realidad, en Perú, nunca ha habido un “boom minero”, de haberlo habido estaríamos produciendo y exportando no menos que Chile que nos duplica, por ejemplo, en exportación de cobre.

Siempre me ha dejado esa sensación de que la ubicación a media tabla de Perú en el Índice Fraser (que mide la competitividad de los países/estados mineros en el mundo) es el resultado del discurso de un Estado, gobierno tras gobierno, diciendo “sí; pero no”. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 6 de marzo de 2020
Para Lampadia

Si tuviéramos un Estado honesto y eficiente el tema sería debatible. Pero no. Nuestro Estado es todo lo contrario. Nuestro Estado es inoperante, abusivo, corrupto, ineficiente… y todo lo demás.

En realidad, hay muy pocos Estados honestos y eficientes en el mundo. Suecia, Noruega y Finlandia – quizás – sean algunos de ellos. Pero no hay muchos más. En términos generales, los Estados – en todo el mundo – son una carga muy pesada para sus conciudadanos.

Ergo… los peruanos deberíamos preguntarnos ¿para qué tributamos? ¿Para que algunos sinvergüenzas se roben nuestra plata? O – en el mejor de los casos – ¿para que la malgasten en obras sobrevaluadas? ¿O en elefantes blancos que no sirven para nada? ¿O para que nos atiborren de trámites que no tienen razón de ser… previas coimas de por medio?

Milton Friedman (Premio Nobel de Economía – 1976) decía: “Estoy a favor de reducir impuestos bajo cualquier circunstancia, por cualquier excusa, por cualquier razón, en cualquier momento en que sea posible” ¡Y eso que se refería al Estado Norteamericano! Y argumentaba: “Los grandes avances de la civilización, ya sean en arquitectura o pintura, en ciencias o literatura, jamás han venido de un Gobierno Central”.

Entonces… parafraseando al célebre Nobel podríamos decir: Los grandes logros peruanos en agroindustria, minería y energía, turismo y comercio, innovación y creatividad, arte y deporte, etc. jamás han venido del Estado. Todo ha sido esfuerzo privado. Mejor dicho… todo ha sido esfuerzo ciudadano.

Pues bien, eso que es real y objetivo, pareciera que no ha calado en la clase política de nuestro país. Tanto que la política tributaria ha devenido en un tema tabú para muchos políticos. Nadie toca el tema. Y si lo tocan, es para proponer aumentar los tributos… en vez de reducirlos. O sea, para quitarle más recursos a la población, y dárselos al Estado. ¡Están locos!

La riqueza de un país – digamos… el dinero – genera muchísimo más bienestar cuando está en manos de la ciudadanía, que cuando está en manos del Estado. ¿O no? Por eso preguntémonos ¿para qué aumentar los tributos?

Al contrario. Lo mejor – en nuestro caso – sería reducir la burocracia estatal inoperante y corrupta. Y traducir una parte de ese ahorro burocrático en rebajas tributarias para beneficio de la población. Conste que me refiero a la burocracia inoperante y corrupta… y no a la buena burocracia que – ciertamente – debe merecer nuestro aprecio y gratitud.

Entonces… ¡vamos! Bajemos el Impuesto General a las Ventas (IGV). Bajemos el Impuesto a la Renta (IR) a las empresas que generan empleos. Incluso, eliminemos los demás tributos que no recaudan casi nada. Bajemos los sobrecostos y cargas laborales. Bajemos los impuestos y tasas municipales y judiciales. ¡El Estado peruano es un pésimo administrador de nuestra riqueza!

Dicho sea de paso, la riqueza de nuestro país es una. Y crece o decrece – en el tiempo – de acuerdo al devenir de nuestra economía. Nuestra riqueza está distribuida entre el Estado y la ciudadanía. Entonces, en vez de agrandar el Estado en desmedro de la ciudadanía, lo sensato sería que la riqueza quede más en manos de la ciudadanía, y menos en manos del Estado.

A menor tributación… mayor bienestar ciudadano. Muchos políticos dirán lo contrario. Pero ¡así es la nuez! Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 17 de enero de 2020
Para Lampadia

Muchas personas despotrican contra la informalidad en nuestro país. Políticos, periodistas, académicos… la informalidad tiene muchos detractores. ¿Qué dicen estos sabelotodo al respecto? Pues que la economía del Perú es 70% informal… y que ese es el principal problema del país.

La pregunta es ¿por qué tantos compatriotas compran y venden sin factura? Mejor dicho ¿por qué evaden el IGV? que – como se sabe – es el 18% del valor del producto o servicio en cuestión.

Muchos despotrican – también – de la informalidad laboral. O sea, de las empresas que no pagan “beneficios sociales” a sus trabajadores. La pregunta es ¿por qué evaden los aportes a las AFP y a Essalud? los cuales suman alrededor del 23% de las remuneraciones (14% a las AFP, y 9% a Essalud). ¿Por qué evaden los pagos por vacaciones (1 mes al año), gratificaciones (2 meses al año), y CTS (1 mes al año)? ¿Por qué?

A ese respecto, pregunto: ¿sabrán esos criticones que hay casos en que los “beneficios sociales” superan a las remuneraciones efectivas que perciben los trabajadores? O sea, si un trabajador gana como 100 ¡el costo para las empresas es como 200… o más!

Sí pues… es muy fácil hablar – desde la tribuna – en favor de la formalidad y la estabilidad laboral. Pero ¿por qué no les preguntan a los pequeños empresarios… qué opinan de ello? ¿Por qué no se ponen en su pellejo? ¿Qué pasa si caen las ventas? Y si caen ¿de dónde sacarían la plata para pagarles a los trabajadores?

Bueno pues. Eso que no es mayor problema para las grandes y medianas empresas, sí lo es para miles – y miles – de pequeñas empresas que son la gran mayoría en nuestro país. Reconozcámoslo. Nuestra legislación laboral es muy onerosa – y rígida – para los pequeños empresarios.

Ahora veamos el caso desde otro ángulo… ¿acaso el Estado es un buen administrador de nuestros impuestos? ¿Cómo están los servicios de agua, salud, educación, seguridad y limpieza pública? ¿Y en cuanto a la corrupción en el Estado… acaso no abundan los casos de funcionarios corruptos que abusan – precisamente – de los pequeños empresarios?

Entonces ¿qué esperábamos? ¿Formalidad con alta tributación, rigidez laboral, y corrupción estatal? No pues. Había que ser muy ingenuo para esperar formalidad bajo esa nefasta trilogía.

Pero ahí no terminan los males de los informales. Las altísimas tasas de interés bancarias son un problema. La ausencia de Institutos Superiores Tecnológicos especializados en los rubros “informales” también. Y mil carencias más.

CONCLUSIÓN: El Estado tiene una gran responsabilidad en la problemática de la informalidad en nuestro país. Efectivamente, aparte ser honesto y eficiente, debería bajar el IGV. También debería flexibilizar – e incluso abaratar – el empleo formal. Por otro lado, debería promover una mayor competencia entre empresas bancarias especializadas en el financiamiento de pequeñas y microempresas, para que bajen las tasas de interés. Asimismo, debería asumir un rol mucho más proactivo en el tema de la capacitación requerida por los empresarios informales.

Seamos sinceros. Dejémonos de hipocresías. Si no fuera por los pequeños empresarios informales, el desempleo en el país sería una bomba de tiempo. Y la economía estaría en estado ruinoso. Por todo ello – y por mucho más – el país está en deuda con los informales. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 8 de noviembre de 2019
Para Lampadia

El dinero del país lo generamos todos los peruanos con nuestro trabajo. Y una parte de dicho dinero se lo entregamos al Estado – a través de la Sunat – en forma de impuestos. El Impuesto General a las Ventas (IGV), y el Impuesto a la Renta (IR) son los principales… y los más conocidos. Pero también hay otros impuestos de menor cuantía, como el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) y otros más.

El IGV lo pagamos todos – ricos y pobres – cuando adquirimos un bien o un servicio. Puede ser una camisa, una lata de atún, una entrada al cine, o un pasaje en bus. Cada vez que compramos un bien o un servicio, pagamos 18% de IGV. El IGV es el impuesto que más ingresos le representa al Estado. Después le sigue el Impuesto a la Renta que lo pagan – principalmente – las empresas. El IR asciende a 30% de las ganancias de las empresas. Aparte del IR que pagan las empresas, los profesionales y los trabajadores también pagamos IR.

Ahora bien ¿para qué pagamos impuestos? Pues para que el Estado nos brinde – básicamente – salud, educación y seguridad. Además, para que nos de agua potable. También para que construya infraestructura pública como carreteras, puertos, escuelas, hospitales, comisarías, cárceles, etc.

La pregunta es ¿el Estado nos cura, nos educa, y nos da seguridad? ¿Nos da agua potable y limpieza pública? ¿Cómo está la Carretera Central? ¿Cómo están las comisarías y cárceles del país?

La verdad, la verdad… la respuesta a todas las preguntas anteriores es NO. El servicio de salud pública es pésimo. La educación pública deja mucho qué desear. La delincuencia está cada vez peor. Y la infraestructura pública… igual. El Estado – a quien le pagamos nuestros impuestos para que nos brinde dichos servicios – NO nos está atendiendo bien.

Pero ¿quién es el Estado? El Estado son las Municipalidades, los Gobiernos Regionales, y los Ministerios. El Estado son – también – la policía y los jueces. Incluso, los médicos y maestros de los hospitales y escuelas públicas.

Pregunta ¿cómo nos tratan las cerca de 1,800 municipalidades distritales que hay en todo el país? ¿Acaso no están llenas de burócratas inoperantes y corruptos? ¿Quién no ha sido chantajeado por un funcionario municipal para obtener una licencia de funcionamiento o – peor aún – una licencia de construcción?

¿Cómo así hemos terminado con cerca de 50 burocracias distritales entre Lima y Callao? ¿Porqué no mejor una sola autoridad municipal para toda la metrópoli, tal como tienen ciudades – tanto o más grandes que Lima – como Bogotá, Buenos Aires, Barcelona o Nueva York?

Y pasando a otras esferas del Estado ¿cuántos contratos de concesión suscribió Proinversión en lo que va del 2019? ¡Cero! ¿Cuánto nos cuesta Proinversión a todos los peruanos? ¡Más de S/. 200´000,000 al año! Mejor cerremos Proinversión y nos ahorramos ese platal.

Y así por el estilo. Hay cualquier cantidad de instituciones públicas que están por las puras. No brindan ningún servicio mínimamente idóneo, y cuestan un ojo de la cara. Y encima nos chantajean cada vez que requerimos – de ellos – un certificado, permiso, o lo que sea.

No hay derecho. ¡Basta ya de burocracias estatales inoperantes, maltratadoras y corruptas! Lampadia

Podremos aportar parte del IGV que pagamos a cuenta individual de pensión y salud, pero se necesitan reformas

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Una buena noticia que llamó la atención hace unos días fue la revelación de que el 2018 la recaudación tributaria volvió a crecer luego de tres años de caídas y creció nada menos que en 13.8% en términos reales, muy por encima del crecimiento de la economía. Con ello la presión tributaria subió de 13% del PBI a 14.1%.

En la siguiente entrevista el ex jefe de la Sunat, Víctor Shiguiyama, explica que eso se debió, en parte, a la transformación digital que está viviendo la Sunat, que permitirá incorporar a la gran base informal. No obstante, advierte que se necesitan reformas para simplificar los regímenes tributarios y hacer que las personas puedan aportar parte del IGV a su cuenta de pensiones y a su seguro de Salud, ayudando así a ampliar la base y formalizar la economía.

Lamentablemente, el gobierno del presidente Vizcarra suspendió los servicios de Shiguiyama en la SUNAT, cortando innecesariamente una gestión reformadora e innovadora. Esperemos que Claudia Suarez, su sucesora, continúe y profundice en la misma línea. Ver en Lampadia: El gobierno maltrata a los funcionarios públicos.

El incremento de la recaudación el 2018 ha sido notorio. ¿Hay acciones de la Sunat que explican ese crecimiento?

Los resultados del 2018 han sido muy positivos. La recaudación ha crecido tres veces más que el crecimiento del PBI.

• La primera explicación es sin duda el crecimiento económico.
• Luego, una mejor gestión de los datos, logrando generar una sensación en los contribuyentes de mayor riesgo, es decir, de que serán detectados.
• Un trabajo más cuidadoso en la gestión judicial, gracias a la procuraduría.
• También un impulso al trabajo digital, como la factura electrónica. Ya estamos en casi 65% del monto facturado en electrónico.

• Además, cruces masivos de información, muchos realizados por primera vez en la Sunat.
• El desarrollo de un trabajo integrado tributos – aduanas que, aunque no lo creas, no se hacía.
• También ha jugado un papel importante complementar el marco de fiscalidad internacional BEPS (intercambio de información, secreto bancario).
• Y usos de información corriente, es decir, de los últimos meses, cosa que se hace por primera vez también.

¿Qué significa “uso de información corriente”?

Sunat suele trabajar con la información tributaria luego de 1 año como mínimo. Usualmente 3 o 4 años después. El año 2017 y especialmente 2018, la Sunat empezó a trabajar con información del mes anterior, lo que resulta mucho más impactante para el contribuyente. Que Sunat le observe una compra del mes pasado, le generó una sensación de riesgo mucho más alta.

¿Han usado big data, inteligencia artificial?

Así es, también se empezó a emplear modelos con big data y machine learning para cruces más precisos, además de incorporar indagaciones y cruces de gente sin RUC. Por ejemplo, a partir del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), información que no se usaba para los cruces. Estos solían hacerse sólo entre los que tenían RUC.

Llegaron a gente que estaba fuera del radar…

Todo esto generó, creo yo, la sensación de una Sunat más tecnificada, con mayores capacidades de detección. Lo que permite el objetivo central de toda administración tributaria moderna: mejor cumplimiento voluntario debido a un mayor riesgo de ser detectado por incumplimiento. En múltiples ocasiones fuimos dando el mensaje a gremios y líderes que la Sunat iría ganando mejores capacidades por la transformación digital.
En realidad, sacamos a la Sunat de su zona de confort y varios aspectos se hicieron por primera vez.

Entonces, ¿este año también vamos a tener un crecimiento de la recaudación claramente por encima del crecimiento del PBI?

Confío en que sí. Hay mucho potencial, pero hay una cultura interna que debe cambiar. Requerimos reformas, pero el continuo cambio de ministros en el MEF dificulta tener un plan de reformas. Esperemos que el gobierno desarrolle un plan de transformación digital del Estado, que construya procesos totalmente nuevos, y continúe la consolidación de una Sunat más simple y justa.

Con las reformas te refieres a la complejidad o multiplicidad de regímenes tributarios, eliminar el RUS y el RER por ejemplo, ¿no?

Así es, una simplificación del modelo, pensando en las posibilidades que te da la transformación digital en curso. Y además simplificar los procesos y procedimientos. Con el tiempo, se han redactado demasiados procedimientos que hacen muy burocrática la relación entre el contribuyente y la administración. Fuera de eso, hay que incentivar desde la demanda, es decir, beneficios para gente que compra formal. El camino para una consolidación de la recaudación está 100% claro, es cuestión de ejecutar. Y hay por ejemplo asuntos más técnicos, como la escalabilidad de la factura electrónica. Al pasar a la nube y a los Operadores de Servicios Electrónicos (OSE), como en el modelo mexicano, dicha escalabilidad está garantizada.

¿Qué es escalabilidad de la factura?

La masificación de la factura electrónica. Como te comenté, el monto facturado electrónicamente ya está en 65%, pero son solo los grandes contribuyentes. Falta la masificación en términos de número de contribuyentes. Y eso podría traer problemas de arquitectura y equipamiento, pero como se optó por nube, la escalabilidad (crecimiento) se dará sin mayores problemas. Es lo que el mundo moderno hace hoy en día. La vieja idea de realizar faraónicos proyectos, para tener grandes centros de cómputo y desarrollar todo internamente, obedece a la vieja economía.

Se publicó que en marzo se vuelve obligatoria la factura electrónica para los que venden más de 159 UIT, con lo que alrededor del 85% de las ventas totales de los contribuyentes se realizarán a través de la factura digital.

En marzo empieza el proceso obligatorio para los que venden más de 159 UIT (S/. 667,800). En julio se eliminan las máquinas registradoras, es decir, los que emiten ticket simple sin envío a Sunat. El 2020 entran los servicios públicos y la banca, que en realidad sólo es pasarlos al formato XML de factura electrónica. El portal gratuito seguirá operando.

La masificación de los comprobantes electrónicos permitirá ampliar considerablemente la base tributaria, ¿no es así?

Sin ninguna duda. Y debiera ser base para la reforma tributaria, así como la cuenta única que ya está en proceso de construcción, ya está diseñada y ahora pasa a construcción. Con miras a que sea en nube también. Estará lista a mediados del 2020.

¿Qué es la cuenta única?

Es el proyecto que permitirá a la Sunat controlar el estado tributario de cada contribuyente, empresa o persona. Es decir, posición única de todos los tributos, y tener un estado de cuenta en línea. Eso te permitirá, junto a la factura electrónica, una revolución en la gestión de tributos para pequeñas empresas y personas. A finales del 2020 podrías tener una Sunat 100% digital, con procesos simplificados. Y ya hay un equipo que trabaja ciencia de datos, así es que la explotación del big data también está en ejecución.

¿Con esto la base se debe ampliar muchísimo no?

Sin duda, pero como es un escenario sin precedentes en Perú, nadie quiere aventurar números. Y claro, con esas dos tecnologías o procesos digitales en acción, las políticas públicas pueden ser híper creativas y muy diferentes a las actuales. Las leyes de reforma serán el cuello de botella. Por primera vez las capacidades tecnológicas estarán delante. Ahí está la verdadera transformación digital. Nada me haría más feliz que Sunat lo logre y que el MEF/Congreso den las nuevas leyes requeridas.

¿Te refieres a que los ciudadanos puedan, desde los 18 años, aportar parte del IGV que pagan cada vez que compran algo, a su cuenta individual de pensiones o de seguro de salud, y la propuesta de un seguro de salud básico universal pagado con la tributación?

Sí, incluso los niños con su DNI amarillo podrían aportar desde su nacimiento, con las compras de pañales, por ejemplo. Y también leyes sobre la factura electrónica, factoring y libros. Y por supuesto las de reformas del sistema: simplificación tributaria y uso de IGV para personas, lo que mencionas. Además de poder diseñar una contabilidad simplificada para las pequeñas empresas, de tal manera que el costo de cumplimiento se reduzca drásticamente y estos emprendedores puedan concentrarse en gestionar sus negocios y no distraerse en lo tributario, como ocurre hoy.

La SBS se adelantó en esta idea (resolución N° 00010-2019), permitiendo que los afiliados a una AFP puedan aportar a sus cuentas los descuentos en los precios de ciertos productos en las tiendas. En el caso de la Sunat sería usar parte del IGV para aportar a mi cuenta de AFP, como propuso Lampadia, o a Essalud. ¿Por qué no se hace?

Lo importante es pasar a las acciones. El camino de incentivar la demanda es el correcto. Es parte de las políticas tributarias, pero toca al MEF y no a SUNAT qué hacer. Yo propongo la idea que el ciudadano reciba un incentivo directo para comprar formal, que pueda aportar 1, 2 y 4 puntos del IGV de sus compras para:

• 1% cash back por pago mediante algún medio electrónico,
• 2% para su seguro médico, y
• 4% para sus pensiones.

La idea es motivar al comprador, al consumidor final, los porcentajes son referenciales. Debería discutirse gradualidad, los números y tasas y si efectivamente logra cambiar el comportamiento de las personas, que es lo importante.

Supongo que eso traerá una disminución de los ingresos en un primer momento. Pero luego se ampliarían porque todos pedirían factura. ¿En cuanto tiempo se superaría el bache?

Efectivamente, en cualquier reforma siempre existen riesgos. Pero tenemos que buscar un cambio en el comportamiento de los contribuyentes, y eso se hace con incentivos, no con el garrote. Ya es hora de hacer propuestas que respondan al plazo medio y no sólo a cubrir las necesidades inmediatas. Tal vez un referente sea el cinturón de seguridad, ¿2 ó 3 años ?, o la misma reforma de Sunat que lideró Manuel Estela en los 90. Un cambio sustantivo que se tradujo en resultados en 3 años. Hay que atreverse y no ser tan complacientes.

¿La masificación de comprobantes electrónicos tiene que estar al 100% para hacer esto?

Por supuesto que no. De hecho, ya hoy se tiene más del 65% del monto facturado mediante comprobantes de pago electrónico. Considerando la información de libros y planillas electrónicas, la información de SBS y otras fuentes, la Administración Tributaria cuenta con la capacidad de realizar modelos muy sofisticados basados en Big Data, que explican en parte el salto de recaudación que se vio en 2018. Y para lograr un mayor impacto y mayores beneficios para los negocios formales, el uso de la boleta electrónica con beneficios para el consumidor final es una herramienta muy poderosa que ya está disponible hoy.

Y acá radica el verdadero poder de la tecnología. La transformación digital en curso en la Sunat no es pasar la factura o boleta del papel a digital. El verdadero poder reside en re-imaginar las políticas tributarias y por lo tanto el funcionamiento del modelo económico en su conjunto gracias a las tecnologías. No estamos hablando de mejoras de procesos o de reingenierías como sucedía en los 90. Estamos hablando de transformaciones que afectarán para bien, cómo tributamos, y cómo logramos beneficios directos por ser formales.

Mencionaste que un factor del incremento de la recaudación ha sido “un trabajo más cuidadoso en la gestión judicial, gracias a la procuraduría”. Pero ha habido mucho cuestionamiento a la Sunat por la arbitrariedad de esas acotaciones y los intereses excesivos por tiempo transcurrido atribuible a la administración.

En efecto ha habido críticas, sobretodo en litigios muy antiguos. Diría que la pertinencia de las acotaciones la deberá determinar el juez (y bueno, sabe Dios qué determinará). Los juicios antiguos deben culminar, sea cual sea el veredicto. Pero este tema hace daño a ambas partes. El cobro de intereses en tiempos extras ha sido corregido por ley, y sobre los casos antiguos, muchos contribuyentes han interpuesto su causa en el TC.

Los mecanismos de resolución de conflictos también requieren una reforma sustantiva, en procedimientos, plazos y capacidades de los órganos responsables (la propia Sunat, Tribunal Fiscal, y el Poder Judicial). Ojalá se pudiera dotar a la Sunat, de capacidad de negociación, reconocimiento y pago para evitar el largo camino judicial.

Sería ideal que tengamos mecanismos que puedan resolver cualquier controversia en muy corto plazo, considerando que, si queremos un buen comportamiento, necesitamos que las consecuencias económicas de los actos, se tengan de manera inmediata. Lampadia

Recientemente, la Comisión de Economía del Congreso aprobó la exclusión de la devolución del IGV y del Impuesto de Promoción Municipal a las actividades de exploración mineras y de hidrocarburos, a partir de 2019.

Según diversas fuentes del Poder Legislativo, la aprobación de esta ley se da como consecuencia de un desinterés por parte del Ministerio de Economía (MEF) y del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) para sustentar una posición a favor de la prórroga de la devolución de estos impuestos, con argumentos económicos sólidos.

El desinterés mostrado por parte de las entidades competentes del Ejecutivo en este tema no se explica si consideramos que esta medida no hace más que vilipendiar y castigar la inversión de dos sectores de la economía peruana, en particular, la minería, que es uno de los pilares de nuestro modelo de desarrollo actual [Ver en Lampadia: El sorprendente valor agregado de la minería].

Esta medida es muy alarmante por su impacto en el crecimiento futuro del país. Entendemos que se ha producido porque el Perú ha perdido la línea de gobernanza, y hoy nos debatimos en una enajenante confusión de la pequeña política.

Tal como indicó recientemente Carlos Gálvez, ex presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), en Gestión, la actividad de exploración tanto en minería como en hidrocarburos es de alto riesgo y por ende, no correspondería gravársele con el IGV en caso no se encontrara recurso natural alguno.

Sin embargo, ahora que ya no existirá la devolución de este impuesto, es altamente probable que muchas de estas inversiones en exploración, por su naturaleza riesgosa, ya no sean rentables y por ende la medida resulte ser un fuerte desincentivo a la actividad exploratoria de ambos sectores. Máxime, si los países que compiten con nosotros por inversiones mineras y petroleras, si lo hacen.

Esto se agrava aún más si consideramos que la exploración es aquella fase de la actividad que permite el descubrimiento de nuevos pozos petrolíferos o minas, y por ende, la formulación de nuevos proyectos y la expansión de nuestro potencial minero y de hidrocarburos.

Pero más importante aún, esta medida nos quita competitividad global ya que otros países mineros como Canadá, Chile y Australia, cuentan con este beneficio tributario e inclusive están realizando avances en torno a este. Por ejemplo, recientemente el Gobierno de Chile, en el marco de su reforma de tributaria, ha propuesto un proyecto de ley en el que plantea una reducción del plazo para recuperar el IVA -homólogo del IGV en Perú- por inversiones realizadas en activo fijo, de 6 meses a 2 meses y una reducción del plazo de respuesta de 60 a 5 días. Este tipo de medidas que buscan incentivar el crecimiento, el emprendimiento, la inversión, el ahorro, y el empleo en múltiples sectores productivos es hacia donde debemos dirigir nuestras políticas públicas.

En esta línea, este proyecto de ley no otorga certeza jurídica y ni da predictibilidad hacia los inversionistas de ambos sectores, quienes ya han comprometido enormes recursos para el año entrante. Esperemos que pueda ser observado a la brevedad posible para el bien de todos los peruanos, cuyas familias sustentan sus ingresos, directa o indirectamente, de estas actividades económicas.

Líneas abajo compartimos la nota al respecto de Gestión. Lampadia

DESDE EL 2019
El Estado ya no devolvería el IGV a la exploración minera y de hidrocarburos

El presidente de la Comisión de Economía, Carlos Bruce, dijo que esta decisión se tomó porque el MEF y el MEM no sustentaron los beneficios de la devolución de IGV a estas actividades.

Javier Prialé
Gestión
6 de diciembre de 2018

Luego de 16 años, las actividades de exploración minera y de hidrocarburos dejarían de tener el beneficio tributario de devolución del Impuesto General a las Ventas (IGV) y el Impuesto de Promoción Municipal.

Esto porque la Comisión de Economía del Congreso aprobó un proyecto de ley en el cual se excluye a estas dos actividades de la devolución de ambos tributos.

Si bien la propuesta original planteaba prorrogar la vigencia de este beneficio tributario tanto para exploración minera como la de hidrocarburos hasta el 31 de diciembre del 2021 –pues vence el 31 de diciembre de este año– durante el debate hubo oposición a que esto se dé.

El presidente la Comisión de Economía, Carlos Bruce, explicó que la razón principal para la oposición de los parlamentarios para ampliar la devolución del IGV a estas actividades es que no se tuvo la sustentación adecuada de los beneficios de esta medida por parte de los ministerios de Economía y Finanzas y de Energía y Minas.

Afirmó que estos debieron enviar una evaluación de los impactos de la medida. “Si esa evaluación no está hecha, el Congreso no puede actuar de manera autómata renovando por renovar”, dijo a Gestión.

En el predictamen elaborado por la comisión se precisa que se pidió opinión al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sobre el mencionado proyecto de ley y la respuesta fue que no se formulaban observaciones.

“No solo es opinar diciendo no tengo ningún inconveniente. Eso no es ninguna respuesta”, afirmó Bruce.

Fuentes del sector empresarial aseguraron que con esta decisión del Congreso se estaría “matando” la exploración en el país.

Responsabilidad del MEF
El ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, se pronunció sobre esta decisión del Parlamento y dijo que es un tema que lo está viendo el MEF, ya que es su competencia.

Sin embargo, consideró que sí es necesario que las actividades de exploración minera y de hidrocarburos tengan un régimen de devolución de impuestos, ya que se trata de una inversión de riesgo y una medida de este tipo permitirá para mantener la competitividad del sector frente a otros países.

“Cuando se hace una inversión de riesgo lo que se le debe permitir a la empresa minera que explora es recuperar el IGV que es un crédito fiscal, como lo recupera cualquier empresa que opera en nuestro país”, afirmó.

Se incrementa el riesgo
Para el expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Carlos Gálvez, el quitarle el beneficio de devolución de IGV a la exploración minera y de hidrocarburos le incrementa el riesgo a estas actividades.

“El IGV es un impuesto al valor agregado, es decir, se tiene que agregar valor para que exista el impuesto. Si uno explora y encuentra nada ¿qué valor se agregó? Están incrementando el costo del fondo que está poniendo a riesgo en la exploración, que es riesgo puro. Lo que va a traer como consecuencia es una reducción de la actividad exploratoria”, precisó.

AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA

Alimentos y transporte seguirían exonerados de IGV hasta el año 2021
La Comisión de Economía incluyó en su decisión ampliar la exoneración del IGV hasta el 2021 para los productos incluidos en los apéndices I y II del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, dentro de los cuales se encuentran los alimentos, el transporte, la primera venta de inmuebles, entre otros. Igualmente, se aprobó la prórroga de la devolución de impuestos que gravan las adquisiciones con donaciones del exterior e importaciones de misiones diplomáticas y otros, así como la emisión de dinero electrónico efectuada por las empresas emisoras. En ambos casos también hasta el 2021.

Todos estos cambios tributarios iban a ser debatidos ayer por el pleno del Congreso, pero se levantó la sesión y no se llegó a discutir. Si no se aprueban, los productos pagarán IGV desde el 1 de enero del 2019.

La comisión se manifestó en contra de derogar el ISC a casinos y tragamonedas.

NÚMERO CLAVE
13%
cayó la exploración minera hasta octubre 13%
Entre enero y octubre la inversión en exploración minera sumó US$ 327 millones y representó el 8.8% del total del sector.

EL DATO
Devolución. De acuerdo con el Marco Macroeconómico Multianual (MMM), para el 2019 se estimó que se devolvería por IGV a la exploración en hidrocarburos unos S/ 28.7 millones y en minería llegaría a S/ 44.8 millones. Estos montos quedarían en el Estado.

OPINIÓN
Medida va en contra de la competitividad

Pablo de la Flor
Gerente General de la SNMPE
La no renovación de este tratamiento tributario va a tener una incidencia sumamente negativa sobre las inversiones en la exploración minera y de hidrocarburos. Nosotros necesitamos reactivar estas inversiones, sobre todo en el caso concreto del sector hidrocarburos, porque sin ello no será posible incrementar la producción, de allí la gran importancia que tiene mantener las reglas de juego y no cambiarlas como estaría ocurriendo a consecuencia de esta decisión del Congreso. En el caso del sector minero, si bien hubo un incremento en la inversión en exploración en los últimos dos años, este año hubo un pequeño retroceso. Pero un cambio de reglas resulta sumamente adverso para estos flujos de inversión. Esta decisión nos hace mucho menos competitivos. Este beneficio tributario lo tienen Canadá, Chile y Australia. Estamos yendo contra la corriente. Es un total contrasentido. Lampadia